Colombia pide 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar una crisis financiera en medio de la pandemia


El Gobierno de Duque reconoce, tras prolongar la cuarentena hasta el 27 de abril, que la emergencia pone en riesgo la estabilidad del sector


El fantasma de la crisis financiera sobrevuela la economía colombiana. El Gobierno de Iván Duque anunció este martes la solicitud de una línea de crédito de 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus en ese sector. El encargado de dibujar el panorama, un día después de que el presidente decidiera prolongar hasta el 27 de abril una cuarentena obligatoria que se inició el 25 de marzo, fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. “Tenemos reservas internacionales, tenemos unas luchas permanentes por conseguir recursos adicionales, el Fondo Monetario Internacional en este momento está estudiando nuestra solicitud de que tengamos acceso como país a los 11.000 millones de dólares de lo que se llama la facilidad de liquidez”, afirmó.

El horizonte, es un país golpeado por la caída de los precios del petróleo, que suponen más del 9% de los ingresos estatales, es proceloso. Y el ministro utilizó precisamente el símil de la tormenta para describir la situación. “Este es un río caudaloso, se nos cayó un puente, tenemos que hacer un puente provisional pero vamos a llegar al otro lado”, dijo durante su intervención en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, realizada por videoconferencia. “Por fortuna”, agregó Carrasquilla, “no ha llegado ni esperamos que llegue, pero pueden empezar a surgir unos problemas en el sector financiero y que la crisis económica pueda derivar en una crisis financiera”.

Colombia representa la cuarta economía de América Latina y el año pasado creció un 3,3%, por encima de la media regional, mientras la divisa nacional se comportó de forma estable. La epidemia sacudió las previsiones incluso antes de que Duque decretara el confinamiento. El Banco de la República rebajó las expectativas de crecimiento mientras la moneda ha alcanzado tasas de cambio históricas frente al dólar, por encima de los 4.000 pesos. “En circunstancias tan complejas, sabemos que es indispensable que el banco suministre a los mercados financieros la liquidez necesaria para facilitar el crédito y asegurar el buen funcionamiento del sistema de pagos”, declaró el gerente del ente emisor, Juan José Echevarría en vísperas del comienzo de la cuarentena.

En cualquier caso, el ministro de Hacienda trató de transmitir serenidad. “Hay que tener todos los mecanismos de cobertura que se han creado para manejar estas situaciones”, consideró. Recordó algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atender la sanidad pública y paliar los efectos del Covid-19 -que ha provocado casi 1.800 contagios y 50 muertes en el país andino- entre los más vulnerables. El mandatario prometió inicialmente un ingreso de 160.000 pesos, unos 40 dólares, a los trabajadores informales, esto es casi la mitad de la población activa, un 47%. La exposición de esos millones de colombianos, que viven al día, se suma a la de los casi dos millones de migrantes venezolanos radicados en el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también anunció hace dos semanas un bono de poco más de 100 dólares destinado a 350.000 familias sin recursos residentes en la capital.

Carrasquilla habló este martes también de “un tercer anillo [...] para el cual el Gobierno ha decidido compartir los riesgos crediticios, para las empresas micro, pequeñas y medianas, en primera instancia". Sin embargo, añadió, se trata de una preocupación que afecta "a todo el sector empresarial colombiano y sus necesidades para poder pagar la nómina”. “Hay empresas y microempresas que tienen unas dificultades enormes de flujo de caja”, aseguró. El escenario es desalentador, como en la mayoría de los mercados mundiales, y en ese contexto Duque recurrió a una de las palabras más empleadas por los colombianos, que acaban de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, y quizá también desgastada: resiliencia. “Tenemos que salir de la idea de calamidad y entender que este es el gran momento de la resiliencia en nuestro país, donde nuestra innovación, nuestra creatividad y nuestra inteligencia colectiva es lo que nos va a permitir salir adelante”, manifestó el presidente.

El País
Francesco Manetto
Bogotá / Ciudad de México
Martes 07 de abril de 2020.


La captura de Genaro García Luna, el estratega del combate contra el tráfico de drogas entre 2006 y 2012, promete un juicio de alto voltaje por sus repercusiones políticas


Hace once años, por estas fechas, México despertó con decenas de mensajes del narcotráfico colgando de puentes y farolas en puntos clave de seis Estados del norte y sur del país. Era una de las formas de comunicación de la delincuencia organizada: “Genaro García Luna es el narcotraficante con más poder, él y su grupo de sicarios que están en la Policía Federal Preventiva… son sicarios al servicio del Cartel de Sinaloa”, decía una pancarta supuestamente firmada por el cartel del Golfo de 15 metros de ancho por cinco de alto que colgaba sobre el mercado principal de la capital de Oaxaca. Agentes de policía ocultaron el texto y nadie le dio demasiada importancia. Era el enésimo intento de los criminales por manchar la reputación del todopoderoso secretario (ministro) de Seguridad del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, el gran estratega del combate a los carteles entre 2006 y 2012.

Esta semana una acusación similar sobresaltó al país que suma más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos por la violencia. Esta vez no fue anónima. Estados Unidos detuvo el domingo 8 de diciembre en Texas a García Luna, un ex espía y supe policía de 51 años que gustaba de las Harley Davidson y los Mustang y reconocido por crear en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el FBI mexicano. La Fiscalía que sentó al capo Joaquín El Chapo Guzmán en el banquillo de los acusados para lograr tras cuatro meses de juicio una sentencia de cadena perpetua acusa ahora al exministro de haber recibido “decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años” para brindar protección al cartel que lideraba El Chapo, el de Sinaloa, una de las organizaciones que debía combatir. Las autoridades también lo acusan de planear la entrada de varios kilos de cocaína en el país.

La caída de este Ícaro de altos vuelos en el mundo del espionaje y la seguridad es especialmente dura. El poderoso golpe que ha cortado las alas de García Luna fue asestado por las mismas manos que durante años lo avalaron: el Gobierno de Estados Unidos. La guerra mexicana contra el narco tiene su mito fundacional en el Operativo Michoacán, la decisión de Calderón, en diciembre de 2006, de enviar a 6.000 efectivos a un Estado que cerraba aquel año con más de 600 asesinatos. México, sin embargo, se encontraba en ese momento con la cifra más baja de homicidios de su historia moderna.

Otra versión indica que el inicio de la guerra ocurrió un par de meses antes en Cuernavaca, cerca de la capital mexicana. Karen Tandy, la administradora general de la Agencia Antidrogas de Washington, la DEA, y su encargado para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis, se reunieron en octubre con García Luna y Eduardo Medina, los pilares de la política de seguridad del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). El académico Luis Astorga considera en “¿Qué quería que hiciera?” (2015) este momento como uno de los que forjaron el combate al narco. Con Calderón, García Luna se ocuparía de la Secretaría de Seguridad y Medina Mora de la Fiscalía General. Los dos desarrollarían los designios de la DEA, que alertaba de la descomposición de algunas regiones de México. Ambos exfuncionarios viven hoy horas muy bajas. El primero espera su juicio en Estados Unidos. El segundo abandonó, en medio de un escándalo, su cargo de 15 años como miembro del Tribunal Constitucional después de que llegaran a conocimiento público depósitos millonarios en sus cuentas bancarias.

Tras la reunión en Cuernavaca, García Luna amasó más poder y se convirtió en un influyente instrumento. En enero de 2008 pasó varios días en Washington convenciendo a funcionarios y legisladores de que aprobaran un paquete millonario de ayudas. En su viaje, el señor de la guerra al narco se reunió con miembros del Gabinete de George W. Bush, el FBI y el Servicio Secreto. La presión funcionó y el grifo se abrió. 400 millones de dólares fueron transferidos en la polémica Iniciativa Mérida, destinada a mejorar la profesionalización de su cuerpo policíaco, la Policía Federal, que creció bajo su tutela de 5.000 elementos a más de 35.000. A finales de 2008, el veterano general Barry McCaffrey, encargado de escribir un informe sobre la situación mexicana, defendió la inversión, que aumentaría hasta los 1.400 millones en los años siguientes. “El gasto propuesto en apoyo del Gobierno de México es una gota en un cubo en comparación con lo que se ha gastado en las guerras de Irak y Afganistán, que han consumido 700.000 millones de dólares. Lo que está en juego en México es enorme. No podemos permitirnos tener un narcoestado como vecino”, escribió el militar a coroneles de la academia de West Point.

La buena relación de García Luna con sus contrapartes estadounidenses continuó. En 2009 se reunió con Hillary Clinton, secretaria de Estado. Era confidente de los embajadores de Washington. En 2011 viajó al norte para presentar su libro Para entender: el nuevo modelo de seguridad para México a pesar de tener poco que celebrar. El país había pasado de 10.000 homicidios en 2006 a 27.000 en 2011. Al concluir el Gobierno de Calderón, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami, a la lujosa zona de Golden Beach. Soñó con un retiro dorado y el año pasado comenzó los trámites para convertirse en estadounidense. Ignoraba que su anfitrión llevaba años investigándolo. “Las autoridades obtuvieron informes financieros relacionados con el acusado que reflejan que, al momento de su llegada a Estados Unidos, en 2012, había amasado una fortuna personal que era incompatible con el salario de un funcionario público en México”, asegura la acusación del distrito Este de Nueva York.

Las señales estuvieron siempre allí para quienes quisieran verlas. “Era un secreto a voces que García Luna estaba involucrado con la delincuencia”, asegura el ex comisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles. Este policía de 64 años fue la gran voz crítica a los operativos “sin dirección ni trabajo de inteligencia” que orquestó la cúpula de García Luna desde el Ministerio de Seguridad. La decepción de operaciones pobremente planeadas, que buscaban principalmente tener eco en los medios de comunicación, lo llevó a detallar la situación a Felipe Calderón. “Pensé ingenuamente que no estaba informado”, señala. Herrera describió al presidente la situación de la policía en dos cartas, en febrero y mayo de 2008. “Lo más preocupante para la seguridad pública de nuestro país es que el ingeniero García Luna continúa sin dirección en la policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer de una coordinación que no existe”, asegura un largo texto que documenta diversas irregularidades protagonizadas por los seis hombres de confianza del secretario.

La única respuesta que Herrera Valles recibió entonces llegó seis meses después, cuando fue detenido y golpeado por agentes de la Fiscalía. Los supuestos testimonios de un testigo protegido lo mantuvieron en prisión tres años, diez meses y veintiún días. El mensaje fue claro. “García Luna tuvo una protección institucional durante dos sexenios y contaba con el cobijo de la Fiscalía General. El presidente Calderón estaba coludido”, añade Herrera. Ahora, más de una década después, el expresidente Calderón ha dado respuesta pública a las quejas de Herrera Valles. En Twitter, dijo que los textos no hacen ninguna acusación específica respecto al vínculo de García Luna con Sinaloa. “No tenía conocimientos de los hechos de los que es acusado”, reiteró Calderón.

El juicio a García Luna comenzará en 2020. No será tan mediático como el de El Chapo, pero en México será de alto voltaje. Su sentencia será también la de una estrategia de seguridad que ha dejado centenares de miles de víctimas y que tiene dos rostros públicos: el de García Luna y el propio Calderón.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Domingo 15 de diciembre de 2019.


Chilapa, Guerrero. -La ex precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al distrito 25, con sede en Chilapa, Guerrero, Dulce Anabel Rebaja Pedro de 28 años de edad, fue encontrada muerta esta mañana en un camino que conduce a la comunidad de Atzacualoya.

Junto con el cuerpo de la ex precandidata estaba su familiar Crescencio Rebaja Bello.

En menos de una semana en Chilapa han sido asesinadas dos aspirantes a la diputación local. El miércoles, dentro de su restaurante, El Toreo, de cuatro tiros dos hombres mataron a la perredista, Antonia Jaimes Moctezuma.

Jaimes Moctezuma formaba parte de la corriente del expresidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez; fue regidora y presidenta del PRD en Chilapa.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana fueron encontrados dos cuerpos en la cajuela de una camioneta estacionada en la carretera Atzacoaloya-Chilapa.

Los dos cuerpos tenían señales de impactos de bala.

Tanto la ex precandidata como su acompañante, de acuerdo a versiones, fueron privados de su libertad durante la madrugada.

Dulce Rebaja se registró como aspirante a la candidatura del PRI en el distrito 25, sin embargo, la comisión de procesos internos de este partido, nombró como candidata a Alicia Zamora Villalva, expresidenta municipal de Chilapa, exdiputada local y federal y recientemente secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Héctor Astudillo Flores.

Dulce Rebajas apenas había sido nombrada como coordinadora de Movimiento Territorial del PRI en Chilapa

El Universal
Chilapa, Guerrero
Domingo 25 febrero 2018.

El territorio tlaxcalteca ha sido entregado a criminales: PAN

El Gobierno de Tlaxcala cesó del cargo al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Orlando Zaragoza Ayala, y advirtió que la decisión no lo exime de la investigación que realiza la Procuraduría local por el delito de secuestro.

La destitución del funcionario, se registra seis días después de que fuera detenido su segundo a bordo, Jorge López Pérez, a quien él contrató como director de la Policía Estatal Acreditable (PEA). La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lo investiga por el delito de secuestro.

Desde el pasado 21 de enero, López Pérez, fue capturado junto con el delegado de policía en Apizaco, Juan Carlos Yáñez Osornio, y cinco elementos operativos, por el delito de secuestro en la modalidad exprés. Los siete fueron consignados ante el juez de causa.

En un comunicado de prensa, este día la Administración estatal que encabeza el priista, Mariano González Zarur, informó que por instrucción del Secretario de Gobierno, Ernesto Ordóñez Carrera, fue cesado Zaragoza Ayala.

Como encargado del despacho de la CES, estará Francisco Galindo Bocardo, quien se desempeña en la CES como director operativo.

Ordóñez Carrera puntualizó que el cese de Zaragoza Ayala no lo exime del curso que puedan tomar las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza en torno al delito de secuestro, en su modalidad exprés, por el que han sido consignados dos mandos de la Policía Estatal Acreditable y cinco personas más, que eran sus subordinados, cita el comunicado.

Las propuestas de quién será el nuevo comisionado de seguridad en la entidad, ya se analizan en el despacho del Poder Ejecutivo.

Este martes en sesión ordinaria, diputados locales del PRD y el PAN demandaron a González Zarur la destitución del ahora ex comisionado porque de lo contrario reflejaría su protección y complicidad con los mandos investigados por secuestro.

Por ejemplo, el panista Humberto Macías, manifestó en Tribuna que el territorio tlaxcalteca ha sido entregado a criminales, e incluso pidió que la PGR atraiga el caso de los jefes policiales.

Es una mentira que Tlaxcala sea segura, es un estado repartido entre criminales y autoridades omisas que quieren defender lo indefendible, apuntó.

La diputada perredista, Eréndira Jiménez, conminó a González Zarur a dejar la soberbia porque, en su opinión, él requerirá del respaldo de las fuerzas políticas de oposición para superar la crisis por inseguridad en la entidad.

Debe dejarse del lado las poses y los discursos de soberbia del gobierno, porque si le apuestan a ellos más pronto que tarde estarán rebasados por la situación, los partidos de oposición podemos y debemos respaldar la lucha a favor de la tranquilidad de las familias tlaxcaltecas, acotó.

Reforma
Ana Laura Vázquez
Ciudad de Tlaxcala
Miércoles 28 de enero de 2015.

El senador declinó de ser el candidato del PRD, al menos durante el 2015; “no quiero ser parte de una continuidad en donde prevalece la corrupción”.

El perredista Armando Ríos Piter declinó ser el candidato del PRD a la gubernatura de Guerrero, también afirmó que la situación en Iguala y Ayotzinapa había sido un golpe muy fuerte para los partidos políticos y para México.
 
Pese a ir adelante en las encuestas, el senador decidió no buscar la gubernatura de Guerrero, “porque las cosas que venimos denunciado desde hace tres meses no han tenido respuesta y no quiero ser parte de una continuidad en donde prevalece la corrupción”, dice.
 
He decidido no buscar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática. No veo que haya la intención seria, responsable y real de cambiar las cosas

“Hoy PRD no está tomando cartas en el asunto reales, más allá de los discursos, hoy los otros partidos tampoco lo están haciendo”.

Cuestionado sobre su posición como favorito en las encuestas, dijo que decidió no participar en la contienda electoral porque “no quiero caer en la lógica de la inercia, en la cual ser candidato o llegar a ser gobernador sea ser partícipe o cómplice, incluso, de lo que se está haciendo mal”.
 
Ayotzinapa, Iguala, fue una sacudida para Guerrero y para el país, y pareciera ser que no lo ha sido para quienes tendrían que estar actuando y tomando decisiones

También señaló que no puede ser parte de un gobierno “indolente” que no se inmuta con el sufrimiento de padres de familia, que lo único que piden son respuestas.

“No puede ser que tengas un grupo de padres enfrente estirándote el brazo para que le saques la sangre y se compruebe si los restos encontrados son de sus hijos. No puedo caer en la inercia de lo que se está haciendo mal”, dijo Piter.

Le pidió el PRD encubrir corrupción del gobierno de Aguirre

En conferencia de prensa el senador Armando Ríos Piter reveló que de manera implícita le solicitaron cubrir la corrupción del gobierno perredista saliente, encabezado por Ángel Aguirre como "acuerdo oscuro" para acceder a la candidatura.

"Me insinuaron desde distintos ámbitos los tomadores de decisiones y por tratarse de incongruencia con mis convicciones decidí abandonar el proceso interno", señaló el legislador por Guerrero.

En este sentido dijo que pese a su posicionamiento favorable en las encuentras decidió abandonar la candidatura para no incorporarse a una dinámica inercial de encubrimiento que le demandaba el partido, asimismo agregó que hay quienes piensan que para alcanzar el poder hay que construir un acuerdo pragmático a costa de lo que sea, con el fin de alzarse con el triunfo electoral y no comparte esa visión.

 “Promover ese acuerdo, es olvidar que no hay política sin principios, y que al margen de ellos, no hay izquierda posible, un partido de izquierda es para la transformación social y esa no se pacta con la corrupción y la impunidad”, sustentó Ríos Piter.

Aseveró que a lo largo de su proyecto político ha sido apoyado por ciudadanos que confían en un mejor estado, sin embargo, señaló que la corrupción en Guerrero impide materializarlo, siendo ésta la peor forma de violencia que mantiene en vilo la seguridad de los guerrerenses.

"Hoy este proyecto es inviable por la corrupción que asegura, estoy seguro que a los jóvenes los desapareció la corrupción y la impunidad imperante”, apuntó el legislador por Guerrero, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa.

En este mismo contexto, el senador subrayó que hoy en Guerrero la corrupción significa desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos y miles de familias perdiendo su patrimonio, negocio y empleo.

"La corrupción en Guerrero se ha convertido en la peor forma de violencia, es traición de la autoridad a la confianza de los gobernados", apuntó.

Finalmente, descartó su salida del sol azteca y adelantó que buscará reunirse con la sociedad civil guerrerense que se oponen a llevar a cabo el proceso electoral a fin de conciliar diferencias, pues se dijo convencido de que las elecciones en la entidad deben llevarse a cabo.

Acapulco necesita 10 mil policías en escuelas: Guerrero

El secretario de Educación de Guerrero, Salvador Martínez della Roca, aseguró que se requieren al menos 10 mil elementos policiacos que vigilen las escuelas de Acapulco, municipio azotado por la violencia.
 
Para garantizar la seguridad en todos los planteles, reiteró el funcionario estatal que se necesitan dos policías de la Gendarmería en cada escuela, además de tres patrullas vigilando en los alrededores, “es lo mínimo que se requiere”. En cálculos propios, dijo,  se necesitan al menos unos 10 mil efectivos de las policías federal, estatal y de la Gendarmería.
 
 En entrevista, anunció que el martes sostendrá una reunión con mandos de la Gendarmería, la Policía Federal, militares, Policía del Estado, funcionarios estatales, los directores de las escuelas en paro e invitará al presidente municipal Luis Walton, para analizar la estrategia de seguridad a seguir en las escuelas y sus alrededores.

Hasta hoy una centena de planteles educativos del puerto se mantienen cerrados, debido a los diversos hechos de violencia que se han registrado en el municipio.
 
Consultado vía telefónica para conocer la fecha de regreso de estas escuelas, Martínez della Roca expresó que esto ocurrirá una vez que existan las condiciones y garantías de seguridad. Sin embargo dijo que desde el viernes los militares comenzaron a resguardar escuelas de la periferia del puerto.
 
El secretario manifestó que con esa seguridad se garantizaría el regreso de los estudiantes y maestros a clases quienes son acosados y extorsionados por integrantes de la delincuencia, “que trabaja de manera sorpresiva, los tienen detectados, los siguen y pues tenemos que meter mucha vigilancia”.
 
En este contexto dijo que fue muy grave lo que ocurrió  los asesinatos cometidos con violencia extrema de los maestros que se resistieron a ser asaltados, en dos hechos distintos, porque el primer profesor sólo trató de defender a su mamá que salía del banco del centro de la ciudad y en el segundo donde dejaron una cartulina de amenaza a los maestros. “Pusieron cartulinas donde decían, sabemos que va a cobrar el aguinaldo, que se les va a pagar el lunes y más vale que se mochen o ya sabrán”.

Eje Central /El Sur / Quadratín
Vanessa Alemán
Chilpancingo, Guerrero
Lunes 12 de enero de 2015.

Padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos protestaron en inmediaciones de Los Pinos.

Bajo una torrencial lluvia, padres de los 43 estudiantes de Guerrero, probablemente masacrados hace casi tres meses, se congregaron esta Nochebuena afuera de la residencia del presidente Enrique Peña Nieto para "darle una lección de fortaleza" y "mostrarle que jamás" dejarán de buscarlos.

"Estamos aquí para darle una lección de fortaleza, para mostrarle que jamás dejaremos de buscarlos aunque sea solos, dado que su gobierno no ha podido encontrarlos a pesar de tener los recursos para hacerlo", dijo la noche del miércoles Felipe De la Cruz, padre de uno de los estudiantes.

Usando improvisados impermeables hechos con bolsas de basura, los humildes padres y madres de los estudiantes se apostaron a metros de las puertas principales de la residencia oficial con enormes fotografías de los jóvenes colgando de sus cuellos. Decenas de antimotines les impidieron acercarse más a las entradas de la residencia oficial Los Pinos, que tiene una extensión de unos 56.000 metros cuadrados.

"Tú estás en tu casa tranquilo, festejando la Navidad, comiendo, pero nosotros como madres y padres de familia estamos sufriendo por nuestros hijos... ¡fueron policías los que se los llevaron!", desgañitó en el breve mitin la madre de José Eduardo Bartolo, de 19 años, uno de los estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa, Guerrero.

"Los desaparecidos... ¡toda la sangre que corre en este país, todo es tu culpa!", añadió la mujer dirigiendo su mirada al interior de la residencia de Peña Nieto, que solo se ha reunido una vez con los padres de familia.

"Que no se pretenda darle carpetazo al caso ¡Este dolor no lo podemos superar!", gritó otro padre.

La manifestación tuvo como finalidad demostrar "el tamaño de nuestro inquebrantable espíritu", arremetió.

El 30 de octubre, Peña Nieto prometió en persona "que se redoblarían esfuerzos para buscarlos, o que en el peor de los casos, íbamos a tener noticias... le recordamos hoy que no ha cumplido", prosiguió De la Cruz.

Triste Navidad

"Nuestra Navidad es negra y triste como está el cielo ahora, y la de él debe ser igual, aunque esté con su familia festejando esta noche, los rostros de nuestros jóvenes van a seguir desfilando cerca de él", sentenció afónico De la Cruz.

Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, a 200 km de Ciudad de México, después de ser baleados por policías locales corruptos. La investigación de la fiscalía -basada en declaraciones de sicarios detenidos- apunta a que los policías entregaron después a los jóvenes al cártel Guerreros Unidos, que los habría asesinado e incinerado sus cadáveres. Sin embargo, por el momento solo han sido identificados los restos de uno de los estudiantes.

Esta Navidad, dijo De la Cruz, los padres de los jóvenes que vivían en la empobrecida escuela de Ayotzinapa, la pasarán en instalaciones de una organización de derechos humanos de la capital mexicana, donde también se les ha atendido de múltiples enfermedades que por cansancio han sufrido desde que inició su calvario la mañana del 27 de septiembre pasado.

Los desesperados y visiblemente agotados padres volverán a marchar el viernes en Ciudad de México, cuando se cumplan tres meses del brutal crimen, que detonó la peor crisis para el presidente desde que asumió la presidencia a finales de 2012.

AFP
Ciudad de México
Jueves 25 de diciembre de 2014.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto también continúan acumulándose los cuerpos sin nombre

Ciudad de México.- El silencio como estrategia para disminuir las ejecuciones, secuestros y desapariciones, no le funcionó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Ni el discurso oficial que pregonan los funcionarios peñistas aquel de “incidencia delictiva a la baja”.

Semanario >Zeta< actualizó el registro de ejecuciones en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto y los resultados son desalentadores.

Se documentó que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014 sucedieron en el país 41 mil 015 homicidios dolosos, cifra que incluye las “ejecuciones”, “enfrentamientos”, “homicidios-agresiones”, los homicidios dolosos producto del narcomenudeo y los asesinatos intencionales cometidos con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia; evidentemente, los datos duros son superiores a las 33 mil 239 “averiguaciones previas” por homicidio doloso que reporta el gobierno federal en el mismo lapso.

Los cinco estados más violentos durante los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto son: En primer lugar se ubica el Estado de México con 5 mil 450 homicidios dolosos; el segundo lugar corresponde a Guerrero con 3 mil 680; le sigue

Chihuahua con 3 mil 357; y Jalisco y Michoacán, con 2 mil 650 y 2 mil 649, respectivamente, ocupan el cuarto y quinto lugar como los estados más violentos del país. Por cierto, Baja California continúa en noveno lugar con mil 612.

Es en el corredor que conforman el estado de México, Guerrero, Jalisco y Michoacán concentra 14 mil 429 homicidios intencionales, es decir en esas cuatro entidades sucede el 35 por ciento. Y mientras en el sexenio de Felipe Calderón Semanario >Zeta< documentó 83 mil 191 ejecuciones, el gobierno de Enrique Peña Nieto lleva ya 41 mil 015 en solo 23 meses; en otras palabras, a ese ritmo el gobierno peñista superará evidentemente al calderonista.

En el gobierno de Enrique Peña Nieto también continúan acumulándose los cuerpos sin nombre: En diciembre de 2012 el Secretariado Ejecutivo registró 29 “averiguaciones previas” de homicidios dolosos “sin datos”; 306 en 2013 y 570 en 10 meses de 2014; en total la administración peñista desconoce la identidad de por lo menos 905 muertos.

En cuanto a la visión internacional del conteo de homicidios en México, José Antonio Ortega presidente del Consejo Ciudadano de seguridad Pública y Justicia Penal ejemplificó con una reunión que tuvo con los embajadores de Japón, el de Bélgica y el ex embajador de Francia cuando Florence Daniel Parfait:

“…los tres me dijeron, lo que pasa es que ahora no se están reflejando los homicidios porque ahora los entierran, refiriéndose a las fosas. Entonces me parece que es otro factor que haya que tomar en cuenta que los grupos criminales recurren con mayor frecuencia a estos procedimientos.

“En septiembre con el caso Ayotzinapa todo se le vino abajo al Presidente…y toda la mugre sale y ahorita, todo el mundo la está viendo, y ahorita ya nadie les cree, de por si no había credibilidad, los porcentajes de aceptación del presidente han bajado tremendamente”.

Entrevistado respecto al trabajo del gobierno federal en el tema de inseguridad, Santiago Roel Rodríguez del Semáforo Delictivo habló de una reducción en la incidencia criminal: “Como va el 2014 con el 2013, hay una reducción del 6 por ciento en el tema de homicidios, eso no quiere decir que esté bien, solo que esta mejor que el año pasado”.

Al analista, consideró que el descontento social se debe a que no se han corregido las causas de la inseguridad: “Y prueba de ello es que estamos ante una nueva crisis y el presidente tiene que salir anunciar un plan emergente ante la situación cuando se suponía que ya lo había resuelto”.

EDOMEX EL MÁS VIOLENTO: CIFRAS OFICIALES

El Estado de México, la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas, se ha mantenido durante los diez primeros meses de este 2014 como la entidad con el mayor número de homicidios en todo el país. A octubre de este año se contabilizaban al menos 3 mil 703. Mientras que en Guerrero, un estado inmerso en una coyuntura de violencia, con el asesinato y desaparición de estudiantes normalistas, registra también una de las tasas más altas en este ilícito, contabilizando al menos mil 869 en lo que va del año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo, actualizado el 21 de noviembre pasado, de enero al 31 de octubre de este año, el Estado de México registra el mayor número de homicidios culposos, en estos diez meses se han contabilizado unos mil 895. Mientras que sólo en octubre se contabilizaron en la entidad 191 denuncias por este ilícito. Lo que significa un aumento en comparación con el mes de septiembre con 174 casos.

Seguido por el estado de Guerrero, con mil 268 asesinatos en el mismo periodo de este 2014. Unos 118 en octubre lo que significó un ligero descenso en comparación con septiembre cuando se contabilizaron 121.

En el tercer lugar se encuentra Chihuahua con mil 072 asesinatos de enero a octubre de 2014. Al menos 102 en septiembre y 95 en octubre.

Según el reporte de la dependencia federal encargada de informar las estadísticas con base en las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público y enviadas por las procuradurías estatales, Guerrero continúa siendo uno de los estados más violentos del país. Se registra como la entidad con la mayor tasa, el 35.75 por ciento, de asesinatos por cada 100 mil habitantes, estas cifras y las movilizaciones mantienen a la entidad envuelta en una crisis social.

Seguido de Sinaloa con una tasa de 27.71 por ciento de asesinatos por cada 100 mil habitantes. Y en tercer lugar se encuentra Chihuahua, con una tasa de 24.69 por ciento.

COMPLICADO VER AVANCES EN SEGURIDAD

El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró a la prensa que resulta “complicado” hablar de avances en seguridad.

“Hoy en las condiciones que tenemos, en las condiciones de cuestionamiento, cuestionamiento incluso autocrítico de lo que estamos haciendo, resulta complejo, resulta complicado hablar de avances pero me parece que estas cifras deben de ponerse en el centro”, afirmó en un evento del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, subrayó que las cifras de delitos como el homicidio doloso van a la baja y este año cerrará con cerca de 15 mil de ellos, “son muchos, pero son 7 mil menos de los que se tuvo cuando arrancó la administración”.

Las cifras dejan claro que hay un avance muy importante en la estrategia de seguridad que propuso y que está implementando el gobierno de la República”, declaró.

Campa Cifrián afirmó que “en algunas regiones hay condiciones distintas” como, mencionó, en Chihuahua, Nuevo León, Durango, Coahuila o Colima.

Sin Embargo
Ciudad de México
Lunes 8 de diciembre de 2014.

Se centra, obligado, en la seguridad, tema que esquivó para cambiar la imagen del país

La oposición y los ciudadanos, escépticos con sus últimas medidas anunciadas

Escépticos. Así están los mexicanos ante las nuevas promesas de su presidente, Enrique Peña Nieto, quien, según el influyente 'Economist', ha perdido el rumbo. Cuando cumple dos años en el poder, Peña pasa por sus horas más bajas: crisis social, económica, de seguridad... Y muchos hoy volverán a salir a la calle para mostrar su hartazgo y reclamarle que se vaya.

Atrás queda la etapa de reformas estructurales -muchas a medio ejecutar todavía- tan alabadas por la comunidad internacional como polémicas en el interior del país. Ahora, el presidente ha tenido que reordenar su prioridades porque "la agenda de seguridad fue ampliamente insuficiente", como reconoció el jefe de la oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, en un encuentro con corresponsales extranjeros.

En este ámbito, las acciones más destacadas fueron fuertes despliegues de fuerzas en Michoacán y Tamaulipas y la puesta en marcha de un nuevo cuerpo policial el pasado verano, cuyo alcance todavía se desconoce.

Pero también parece insuficiente el paquete de medidas destinadas a reforzar el Estado de derecho y la seguridad anunciadas el jueves pasado porque las críticas no se hicieron esperar, tanto desde los partidos de oposición como desde la sociedad civil. Fueron tan unánimes que, al día siguiente del discurso, el propio Peña tuvo que dar la razón a quienes decían que había anunciado propuestas viejas. "Varios temas de los que anuncié pudieron haber sido postulados en el pasado. Sin embargo, ninguno es una realidad. (...) Estamos comprometidos a cumplirlos todos", dijo. Pero no dijo cómo, la gran duda de propuestas importantes que han fallado en otras ocasiones, como la de la reestructuración de los cuerpos policiales locales bajo un mando único estatal.

Crecen las dudas y no hay respuestas

Por eso las dudas crecen. Y Peña Nieto las alimentó al no ofrecer respuestas. No hubo contundencia, no hubo cambio de tono, no hubo dimisiones, no hubo autocrítica, coinciden la gran mayoría de analistas. Un ejemplo es que hablara de medidas anticorrupción pero ni una sola referencia a la polémica de la 'casa blanca' (la vivienda de su esposa que está a nombre de una constructora que tuvo jugosos contratos cuando él era gobernador) lo que hubiera demostrado que estaba dispuesto a predicar con el ejemplo.

Tampoco hubo explicaciones o compromisos concretos en el 'caso Iguala'. De hecho, aunque hubo 800 invitados al anuncio del presidente, las familias de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no fueron invitadas. Ellos también calificaron las propuestas de "insuficientes" y recordaron que un Plan Nacional de Búsqueda (como el anunciado por Peña el pasado jueves) ya había sido presentado el 9 de julio de 2014 y no impidió la desaparición forzada de sus hijos.

"Pareciera ser que el Gobierno no hace más que reeditar el mismo producto con un nuevo envoltorio", dijo el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivancos. "La efectividad del Gobierno está en su capacidad de mostrar resultados, y no en los anuncios y promesas de lo que va a hacer, que en teoría debía ya haber hecho."

Un dirigente cuestionado internacionalmente

Pero esos resultados faltan y la comunidad internacional observa a un presidente que llenó portadas como 'el Salvador de México' ('Time') y ahora está más que cuestionado por su compromiso con los derechos humanos.

La incertidumbre y crispación actual pasan, además, factura a la economía, prioridad absoluta para el presidente Peña Nieto durante estos dos años. Lo dijo el Banco de México cuando redujo las previsiones de crecimiento del 2,8% al 2,5% para este año. "México no crece porque la inversión privada es poca y la del Gobierno incluso se encuentra en 'números rojos'", explica el periodista económico Eduardo Esquivel.

Las manifestaciones, sin embargo, amenazan con continuar porque bajo el grito de "Justicia para Ayotzinapa" o "Fue el Estado" se suman nuevos abusos y dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. De hecho, los padres de los 43 desaparecidos pidieron al Gobierno que investigue a la Policía Federal y el ejército sobre su posible colusión en el crimen, porque tienen sospechas.

Además, las denuncias continúan. El sábado quedaron en libertad sin cargos 11 activistas encarcelados en una prisión de máxima seguridad hace una semana por participar en los disturbios de la manifestación del pasado 20 de noviembre. Al margen de lo extremo de la detención, el auto de liberación demuestra que las acusaciones fueron infundadas porque los testimonios de la policía eran inverosímiles, sin pruebas y no se ajustaban "a las reglas de lógica básica". Los jóvenes ya han anunciado que exigirán responsabilidades porque, dicen, fue un claro intento de criminalizar la protesta social mayoritariamente pacífica y en la que suelen llegar infiltrados del gobierno para generar violencia y justificar la represión policial.

Este abuso que se une a la detención arbitraria de otro estudiante el pasado fin de semana durante unas horas, Sandino Bucio, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a manos de agentes federales que le amenazaron con 'desaparecerlo' como a los de Ayotzinapa. La Comisión Nacional de Seguridad anunció el cese de los agentes implicados, que están siendo investigados.

El Mundo
María Verza
Ciudad de México
Lunes 1 de diciembre de 2014.

Nueva York.- El diario The New York Times dijo hoy en un editorial que México aún no corrige un sistema penal incapaz de investigar delitos, eliminar la corrupción o frenar asesinatos.

El matutino dedicó la mayor parte de su comentario a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a las repercusiones del caso, dentro y fuera del país.

Recordó que hace dos años, al tomar posesión del cargo, el presidente Enrique Peña Nieto prometió revisar el código penal, dar más atención a las víctimas y se concentró en el crecimiento económico de México como una vía de reducir la violencia derivada del narcotráfico.

Pero los “progresos limitados” en esa línea no han producido resultados en el sistema de justicia, señaló el Times.

El diario recordó las protestas callejeras por el caso, como reacción de personas “razonablemente ultrajadas” por un gobierno que ha fallado en su obligación de ofrecer seguridad y respeto al estado de derecho.

El caso de los normalistas, “trágicamente, apenas es el último ejemplo del quebranto de la ley y el orden”, dijo el editorial y recordó la muerte de 22 personas en Tlatlaya, a manos del Ejército.

Agencias
Ciudad de México, Mx.
Miércoles 12 de noviembre de 2014.

 

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