Colombia pide 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar una crisis financiera en medio de la pandemia


El Gobierno de Duque reconoce, tras prolongar la cuarentena hasta el 27 de abril, que la emergencia pone en riesgo la estabilidad del sector


El fantasma de la crisis financiera sobrevuela la economía colombiana. El Gobierno de Iván Duque anunció este martes la solicitud de una línea de crédito de 11.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tratar de mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus en ese sector. El encargado de dibujar el panorama, un día después de que el presidente decidiera prolongar hasta el 27 de abril una cuarentena obligatoria que se inició el 25 de marzo, fue el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. “Tenemos reservas internacionales, tenemos unas luchas permanentes por conseguir recursos adicionales, el Fondo Monetario Internacional en este momento está estudiando nuestra solicitud de que tengamos acceso como país a los 11.000 millones de dólares de lo que se llama la facilidad de liquidez”, afirmó.

El horizonte, es un país golpeado por la caída de los precios del petróleo, que suponen más del 9% de los ingresos estatales, es proceloso. Y el ministro utilizó precisamente el símil de la tormenta para describir la situación. “Este es un río caudaloso, se nos cayó un puente, tenemos que hacer un puente provisional pero vamos a llegar al otro lado”, dijo durante su intervención en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, realizada por videoconferencia. “Por fortuna”, agregó Carrasquilla, “no ha llegado ni esperamos que llegue, pero pueden empezar a surgir unos problemas en el sector financiero y que la crisis económica pueda derivar en una crisis financiera”.

Colombia representa la cuarta economía de América Latina y el año pasado creció un 3,3%, por encima de la media regional, mientras la divisa nacional se comportó de forma estable. La epidemia sacudió las previsiones incluso antes de que Duque decretara el confinamiento. El Banco de la República rebajó las expectativas de crecimiento mientras la moneda ha alcanzado tasas de cambio históricas frente al dólar, por encima de los 4.000 pesos. “En circunstancias tan complejas, sabemos que es indispensable que el banco suministre a los mercados financieros la liquidez necesaria para facilitar el crédito y asegurar el buen funcionamiento del sistema de pagos”, declaró el gerente del ente emisor, Juan José Echevarría en vísperas del comienzo de la cuarentena.

En cualquier caso, el ministro de Hacienda trató de transmitir serenidad. “Hay que tener todos los mecanismos de cobertura que se han creado para manejar estas situaciones”, consideró. Recordó algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para atender la sanidad pública y paliar los efectos del Covid-19 -que ha provocado casi 1.800 contagios y 50 muertes en el país andino- entre los más vulnerables. El mandatario prometió inicialmente un ingreso de 160.000 pesos, unos 40 dólares, a los trabajadores informales, esto es casi la mitad de la población activa, un 47%. La exposición de esos millones de colombianos, que viven al día, se suma a la de los casi dos millones de migrantes venezolanos radicados en el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también anunció hace dos semanas un bono de poco más de 100 dólares destinado a 350.000 familias sin recursos residentes en la capital.

Carrasquilla habló este martes también de “un tercer anillo [...] para el cual el Gobierno ha decidido compartir los riesgos crediticios, para las empresas micro, pequeñas y medianas, en primera instancia". Sin embargo, añadió, se trata de una preocupación que afecta "a todo el sector empresarial colombiano y sus necesidades para poder pagar la nómina”. “Hay empresas y microempresas que tienen unas dificultades enormes de flujo de caja”, aseguró. El escenario es desalentador, como en la mayoría de los mercados mundiales, y en ese contexto Duque recurrió a una de las palabras más empleadas por los colombianos, que acaban de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, y quizá también desgastada: resiliencia. “Tenemos que salir de la idea de calamidad y entender que este es el gran momento de la resiliencia en nuestro país, donde nuestra innovación, nuestra creatividad y nuestra inteligencia colectiva es lo que nos va a permitir salir adelante”, manifestó el presidente.

El País
Francesco Manetto
Bogotá / Ciudad de México
Martes 07 de abril de 2020.


El expresidente colombiano Álvaro Uribe negó haber recibido sobornos del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitirle usar el aeropuerto de Bogotá para exportar 10 toneladas de cocaína a México entre 2006 y 2007, según afirmó el lunes un reporte de un diario inglés.

El tabloide sensacionalista británico The Daily Mail señaló en su edición del 10 de febrero que Uribe recibió de El Chapo un millón de dólares, piedra preciosas y armas por permitirle transportar la droga desde un hangar que se construyó en el aeropuerto internacional de Bogotá para ese propósito.

La fuente del diario británico es Richard Maok, un exagente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana que se encuentra exiliado en Canadá.

En un comunicado firmado por dos de sus abogados, Uribe rechazó las acusaciones y calificó de “absurdas calumnias” pretender ligarlo con el Cártel de Sinaloa.

Maok “es un prófugo de la justica colombiana” que en Canadá “goza de privilegiada impunidad por sus delitos”, aseguró.

Según el comunicado, Uribe es reconocido a nivel mundial “como uno de los líderes más importantes en la lucha contra el flagelo del narcotráfico”.

El expresidente tiene varias investigaciones penales por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y enfrenta el riesgo de ir a la cárcel por un caso de manipulación de testigos que se ventila en la Corte Suprema de Justicia.

Proceso
Rafael Croda
Bogotá / Ciudad de México
Martes 11 de febrero de 2020.

  1. En el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explica que los individuos detenidos presentaron lesiones físicas que son compatibles con tortura

  2. La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

 

En la primera etapa de la investigación del caso Ayotzinapa, elementos federales torturaron y sometieron a tratos inhumanos y degradantes a 34 personas detenidas, concluye un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El organismo analizó los casos y entrevistó a 33 hombres y una mujer relacionados con los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, y aseguró que “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.

“El propio expediente judicial provee una amplia evidencia de estas presuntas violaciones a los derechos humanos. En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura.

"Los hallazgos encontrados a partir del expediente corroboran las declaraciones de las 34 personas detenidas entrevistadas por la Oficina”, señala el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La ONU-DH precisó que los detenidos fueron sometidos a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica por personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

“En varios casos habría amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas”, destacó.

Además, la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México subrayó que existe una serie de declaraciones autoinculpatorias “libres y espontáneas hechas por los detenidos al ante los elementos aprehensores.

Ante los hallazgos, la ONU-DH pidió a la PGR realizar “en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en el informe”.

La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

De anularse esas 34 declaraciones, la versión oficial de la desaparición de los 43, calificada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”, quedaría sin fundamento al estar basada, fundamentalmente, en esos testimonios.

Esa tesis sostiene que después de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, que los entregaron a un grupo del crimen organizado, el cual los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.

Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajaron durante un año en el país ya había desmentido en 2016 esta versión, porque a su juicio carecía de pruebas científicas que la sustentaran. Ellos habían encontrado que al menos 17 de los detenidos habían sido torturados. Ahora la ONU eleva el número de casos y aporta nuevas evidencias.

Las autoridades federales no han comentado sobre el reporte de la ONU, aunque hace un par de semanas dijeron ante la Comisión Interamericana que de todas las denuncias de tortura sólo dos casos habían arrojado resultados positivos.

AP
El Universal
Emanuel Espino
Ciudad de México
Jueves 15 de marzo 2018.

Acusan al autócrata de amenazas y piden a la PGR tomar el caso Temixco

Otro déspota que dijo “O cumplo o me voy” y ahí sigue medrando entre el malestar social

El Gobernador de Morelos enfrenta “una amplía descomposición social, con presidentes municipales, con la iglesia, con campesinos, con obreros, con organizaciones sindicales, con los maestros, con la Universidad, con el propio PRD y con medios de comunicación”, alertó ayer el rector de la UAEM. Hoy, el Grupo Parlamentario de PRD en el Senado de la República también rompió con Graco Ramírez Abreu.


Ciudad de México.– Graco Ramírez Abreu perdió también el apoyo de una fracción muy poderosa dentro de su partido, el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, que denunció hoy al Gobernador de Morelos por poner bajo amenaza la vida de un compañero.

Ayer, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien ha denunciado amenazas de muerte en su contra, exigió que Ramírez Abreu cumpla con lo que prometió: someter su mandato a referéndum. Esto porque, dijo, no ha cumplido con las promesas que lo llegaron al Gobierno y entre todas está la de la seguridad. Dijo que Graco ha perdido además el apoyo de la sociedad. “Enfrenta una amplía descomposición social, con presidente municipales, con la iglesia, con campesinos, con obreros, con organizaciones sindicales, con los maestros, con la Universidad, con el propio PRD y con medios de comunicación”.

Por medio de un comunicado desde el Senado de la República, el PRD exigió avances en la investigación sobre el homicidio de la Alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. “Nuevamente ratificamos nuestra condena por el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota y nos pronunciamos por el total esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de las responsabilidades penales en contra de los autores materiales e intelectuales”, exigió.

Pero además agregó: “Como lo hicimos en conferencia de prensa, expresamos nuestra preocupación por la seguridad personal del Senador Fidel Demédicis, de su familia y colaboradores, derivado del ambiente de linchamiento político y de odio que se ha desatado en su contra desde el Gobierno del Estado de Morelos”.

Los senadores perredistas pusieron nombre y apellido al “linchamiento político y odio” contra su militante: “Las afirmaciones hechas el día de ayer por el Gobernador Graco Ramírez en contra del Senador Fidel Demédicis, en el sentido de que existen elementos para investigarlo por el homicidio de Gisela Mota, obligan a considerar:

“1) El titular del Ejecutivo Estatal debe ser más cuidadoso al realizar aseveraciones sobre investigaciones que esté llevando a cabo la Fiscalía local.

“2) Al hacerlo, afecta la imparcialidad, objetividad, legalidad y el principio de buena fe con el que debe actuar la autoridad.

“3) En los hechos, la opinión del Titular del Ejecutivo morelense sobre el involucramiento de Fidel Demédicis en el asesinato de Gisela Mota influye sobre el destino de las actuaciones de la Fiscalía en Morelos.

“En consecuencia –dijo el Grupo Parlamentario de PRD en el Senado de la República–, solicitaremos a la Procuraduría General de la República (PGR) la atracción de la investigación del homicidio de la Alcaldesa Gisela Mota para que se preserve la imparcialidad, objetividad, legalidad y buena fe en su curso y desahogo, y no se caiga en la tentación de fabricar culpables”.

Vera Jiménez responsabilizó también al Gobierno de Graco Ramírez por la creciente crisis de violencia por la que atraviesa es estado, pues dijo que “Morelos vive desde hace años una crisis sin precedentes que ha afectado de manera grave a su ciudadanía, una crisis de violencia y miseria que lamentablemente se ha agudizado con el actual Gobierno y la falta de cumplimiento de los compromisos que había hecho con ella”.

Preciso que durante los tres años de Gobierno de Graco Ramírez se han registrado al menos mil 700 homicidios dolosos, de los cuales 33 ocurrieron en los primeros 25 días de este mes, cifra que supera los 25 asesinatos cometidos durante el mismo periodo de 2015. Esto ubica a Morelos, de acuerdo con cifras oficiales, como el cuarto lugar nacional en este delito, al que se le suma el índice de secuestros.

Durante una conferencia de prensa realizada hoy, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, recordó que en julio de 2012 el Gobernador aseguró que cada dos años se iba a someter a consulta popular y que en su administración iba a haber la posibilidad de la revocación de mandato.

“Dijo que él se iba a someter cada dos años a la consulta popular y que en Morelos iba a haber revocación de mandato. Yo creo que esa fue una de las cosas que además a la gente universitaria le atrajo mucho de su campaña que pudiéramos nosotros estar evaluando y midiendo la efectividad de sus acciones […] Es algo que atrajo mucho y que estoy seguro, le dio mucho apoyo de parte de la comunidad académica”, recordó el rector.

Piden no echarle “más gasolina al fuego”

Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, llamó a la bancada de la fuerza política en el Senado de la República y al propio Gobernador Graco Ramírez Abreu a “no echarle más gasolina al fuego” y a dejar que el caso de Gisela Mota sea investigado por la PGR en coordinación con la Procuraduría del Estado de Morelos.

“No ayuda que los integrantes del PRD en los diferentes espacios, sea la dirección a nivel del partido, estatal, grupos parlamentarios locales y federales, echen más gasolina al fuego. Lo recomendable es que se tramite un cauce legal en términos de procuración de justicia y es recomendable que la PGR en coordinación con la Fiscalía en Morelos, atraigan el caso y lo investigue”, dijo.

Sánchez Camacho indicó que ni la posición de Graco, ni la de los senadores ayudan a que se aclare el crimen de Gisela Mota.

Recordó que el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Morelos, decidió expulsar como perredistas el martes al Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, sin embargo, para que la expulsión sea una realidad el Sol Azteca local debe solicitar la expulsión a la Comisión Jurídica Nacional y a la Comisión de Ética del partido.

“Una vez que hay una solicitud formal por escrito, se hace un proceso, se notifica al nacional y de acuerdo con este proceso, se establece si procede o no”, explicó.

El tiempo que puede llevar el trámite no se puede establecer con exactitud, pues el militante expulsado puede apelar al dictamen.

“Lo que sí hay que anotar es la exigencia social de que se aclare el asesinato de la presidenta municipal Gisela Mota. Eso es lo importante”, aclaró.

Por su parte, el Diputado federal del mismo partido, Waldo Fernández González, que no es militante de ninguna corriente, detalló que las acusaciones entre el Gobernador Graco Ramírez y el Senador Demédicis, afectan el clima de incertidumbre que atraviesa el caos del asesinato de la Alcaldesa de Temixco.

“Para poder atraer una averiguación a la PGR tienen que pasar por una investigación del fuero federal. Tiene que haber elementos. Sí se acredita la participación de delincuencia organizada, ellos lo pueden atraer. Pero no se hace por una manifestación pública”, dijo.

“Ahora en el conflicto, me parece que ambos [Graco y Fidel Demédicis] pueden atender al Poder Judicial de la Federación, o ir al Ministerio Público. En vez de ventilarlo sólo en el ámbito político y a través de los medios de comunicación”, agregó.

Respecto al comunicado, el comunicación social del partido del Sol Azteca en la Cámara Baja refirió que no existe un posicionamiento sobre este tema que hasta el momento compete al Senado.

Sin Embargo
Shaila Rosagel y
Juan Luis García Hernández
Cuernavaca Ciudad de México
Viernes 29 de enero de 2016.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter