El compromiso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es revertir estos decretos como parte de las prioridades legislativas.

Ciudad de México— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, exigirá al presidente Enrique Peña Nieto la revocación inmediata de los diez decretos publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que eliminan la veda y en el que se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

Por medio de un punto de acuerdo, Monreal también solicitará al jefe del Ejecutivo abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo de estos decretos.

En su propuesta se pronuncia a favor de promover una discusión nacional sobre la administración de las cuencas hidrológicas, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

De acuerdo a un comunicado, la propuesta de punto de acuerdo acompaña el compromiso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de revertir estos decretos como parte de las prioridades legislativas.

Monreal considera en su texto que los decretos de reserva de agua superficial aprobados en junio abren la puerta para que se concedan concesiones a empresas privadas de forma poco transparente.

Argumentó que Conagua podría otorgar concesiones para que mineras, petroleras y empresas al servicio de algunos municipios accedieran a las cuencas antes que los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales.

Recordó que los decretos suprimen zonas de veda y establecen reservas de agua en zonas y ríos seleccionados, como son Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); y Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León).

También Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan- Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Señaló que diversas organizaciones académicas y sociales se advierten algunos aspectos de ilegalidad en los decretos como anormalidades en el proceso de mejora regulatoria, implementación en el contexto actual y afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

"La expedición de estos decretos es una facultad expresa que le otorga la Ley de Aguas Nacionales al titular del Poder Ejecutivo Federal, existen serias preocupaciones sobre sus alcances e implicaciones por parte de académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, particularmente sobre aquellas concesiones que, bajo el amparo de los nuevos decretos, empiecen a operar en favor de los particulares", aseveró el senador de Morena.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 13 octubre 2018.


De acuerdo con la iniciativa, publicada este jueves en la Gaceta Parlamentaria, para el ingreso o promoción de los magistrados y jueces de circuito se adiciona un artículo por medio del cual los aspirantes deberán hacer pública su declaración de intereses

El coordinador del Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propondrá una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que busca terminar con el nepotismo y sancionar a aquellos servidores públicos que realicen o gestionen indebidamente nombramientos cuando exista un interés personal, familiar o de negocios.

De acuerdo con la iniciativa, publicada este jueves en la Gaceta Parlamentaria, para el ingreso o promoción de los magistrados y jueces de circuito se adiciona un artículo por medio del cual los aspirantes deberán hacer pública su declaración de intereses.

“La cual deberá incluir, en su caso, los vínculos familiares, y de afinidad con integrantes del Poder Judicial de la Federación”.

Además, se considerada como causas de responsabilidad para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, realizar o gestionar indebidamente nombramientos, promociones o ratificaciones cuando exista un interés personal o de negocios.

“O pueda generar una ventaja para él o su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta en cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con quienes tenga relaciones, profesionales, laborales o de negocios”.

En su iniciativa, el senador Monreal señala que el nepotismo es una práctica aberrante que propicia la desigualdad de oportunidades al acceso laboral dentro del Poder Judicial de la Federación.

Recordó que según el Estudio “El déficit Meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federal”, el 51% de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito, y de ese universo, el 68% son familiares por consanguinidad, es decir, padres, madres, hermanos, hijos, tíos, nietos y sobrinos.

El 32% restante corresponde a cónyuges, suegros, cuñados e hijastros.

El Universal
Juan Arvizu y
Alberto Morales
Ciudad de México
Jueves 11 de octubre de 2018.


Es ofensivo el dispendio de recursos económicos con el que se maneja Antonio Gali, desplazándose en helicóptero, con vehículos blindados, personal y comilonas diarias con chefs y meseros, mientras la pobreza social se agudiza día con día.

Este miércoles, la bancada de Morena en el Congreso local presentó la Ley de Austeridad Republicada para el Estado de Puebla a los que deberán sujetarse los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a quienes propuso que ningún servidor público gane más de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) propuesta por el Inegi.

Es decir, si la UMA actualmente tiene un valor de 80 pesos con 60 centavos, esto significa que nadie podrá obtener más de 2 mil 15 pesos al día por salario.

El proyecto de Ley también plantea que ningún servidor público de primer nivel podrá ganar 10 veces más que otro compañero de trabajo.

La propuesta presentada por el presidente de la Junta de Gobierno, Gabriel Biestro Medinilla, fue turnado para su análisis a las comisiones de Gobernación, Hacienda y Presupuesto.

Con ello, resumió, se busca quitar privilegios y altos salarios a funcionarios de primer nivel, y deberá sujetarse no solo el Poder Legislativo, sino también Ejecutivo y Judicial.

Argumentó que se regulará el pago de viáticos y propaganda oficial, habrá transparencia en el manejo de los recursos públicos, y se prohibirá la creación de fondos que históricamente han sido usados para ocultar el erario.

En tribuna, destacó que la Ley de Austeridad es integral y no es con dedicatoria a ningún poder, pues los tres deberán integrarse para lograr la Cuarta Transformación en México que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Argumentó que López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México humanizó el ejercicio del gasto público, y en 2013 impulsó la primera legislación en la materia.

Esta medida de austeridad -dijo-  impactó y generó en beneficio un cambio de estilo de vida de habitantes y visitantes en la capital del país.

En respuesta a compromisos de campaña, Gabriel Biestro comentó que la Cámara de Diputados aprobó usos y destino de recursos de las entidades de orden federal, entre los que obliga a los funcionarios de los estados a vivir en la justa medianía de lo que se requiere para honorificar la función pública.

“La iniciativa no exime a ningún organismo del estado para su observancia y cumplimiento; no habrá más inmuebles de lujo para secretarios o miembros del gabinete a costo del erario”, advirtió.

Asimismo, propuso que los ahorros se calcularán con base a los índices del Coneval, para acabar con medidas de asistencialismo y comenzar un desarrollo eficiente para acabar con la pobreza que daña a Puebla.

Esta medida refirió que permitirá la reasignación de recursos obtenidos, a fin de que la Secretaría de Finanzas de estado deje de desviar recursos que son etiquetados para propósitos distintos.

Gabriel Biestro manifestó que existirán reglas claras que restrinjan adquisiciones innecesarias, con el objetivo que los servidores públicos puedan laborar con lo dispensable para su funcionamiento.

La Jornada de Oriente
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla, Mex.
Miércoles 10 de octubre de 2018.


Se suma el PRI a reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública


Las reformas facultarían al Congreso para elaborar un registro de los proyectos y se obligarían a transparentar la información


Reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública, crear un registro único que señale la afectación de los recursos y transparentar la información de este tipo de mecanismos financieros, es parte la propuesta presentada por las bancadas de Morena y PT en el Congreso de Puebla.

El proyecto presentado por la diputada Olga Lucía García Romero Garci-Crespo enlista reformas y derogaciones de diversos artículos de las Leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la tribuna, la diputa de Morena detalló que la intención es reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública tal como lo refiere a nivel federal en la Ley de Disciplina Financiera, pero que en Puebla se optó por aplicar el modelo sin reconocer la afectación a las finanzas del estado.

La legisladora recordó que la implementación de los PPS -figura con la que el sexenio de Rafael Moreno Valle se concretó el CIS, las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco- se logró en 2011 con la aprobación de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, la cual de manera “incipiente” regula la relación público-privada y dio facultades discrecionales al Ejecutivo para concretar obras bajo este régimen.

La morenista precisó que uno de los primeros cambios es que se reconocería que los PPS representan un compromiso financiero, tal como lo sugiere en la fracción VII del artículo 2 de la Ley de Deuda Pública: “cualquier pasivo contratado por los entes públicos; sean obligaciones o financiamientos”.

También faculta al Congreso del Estado a tener un registro único que transparenten las obligaciones contraídas, su objeto, plazo, las partes que intervienen, el monto y el contrato, tal como lo propone el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

Otro de los puntos que considera la iniciativa, es la incorporación del concepto de ingresos a libre disposición, el cual incluye los recursos federales y estatales que no son etiquetados para un fin específico, y de esta manera se limite al Ejecutivo para afectar las finanzas del estado, por lo que deberá de obtener el voto de dos terceras partes del Congreso.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”, se plantea en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

En cuanto a la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa propone que los sujetos obligados publiquen los compromisos adquiridos bajo los PPS, al precisar en la fracción XXII del artículo 77 que: “La información relativa a la deuda pública, a las Asociaciones Público Privadas y a los Proyectos Públicos de Servicios en términos de la normatividad aplicable”.

Se suma el PRI a reconocer como deuda los PPS de Moreno Valle

La coordinadora de la bancada tricolor reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar

El PRI está a favor de reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en Puebla como deuda pública, precisó la diputada Rocío García Olmedo, aunque la reforma propuesta por el bloque de Morena, Encuentro Social y PT tenga trasfondo político.

Para la coordinadora de la fracción priísta en el Congreso local, la iniciativa para que este mecanismo se reconozca como una obligación financiera del estado y se limite al Ejecutivo para hacer uso de los recursos públicos, tendrá que analizarse cuidadosamente no sólo en función de evitar un veto u observaciones, sino también para que no existan consecuencias de orden judicial.

En la anterior administración estatal se construyó el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de Audi a través de PPS, por los que la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a pagar mensualmente a empresas privadas las obras hasta por 25 años.

Sin embargo, el gobierno estatal consideró que estos compromisos no eran deuda, sino que los etiquetó como “gasto corriente” y los equiparó con el pago de una renta, por lo que los montos nunca figuraron en el reporte de deuda que envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Advierte el PRI excesos

Sin referirse de manera directa al ex gobernador Rafael Moreno Valle, la legisladora reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar, pero las modificaciones que ahora se plantean deben de ejecutarse jurídicamente y no por posibles revanchismos políticos.

“Todo se puede hacer, hay temas que nos preocupan a todos, hubo excesos que nos preocupan a todos, pero todo eso se puede ir revirtiendo jurídicamente para que se puedan generar buenos resultados y no tengamos que estar recibiendo observaciones cada vez. No se puede legislar con la víscera, así no se legisla. Hay mucho rencor, me da la impresión, percibo muchos agravios escondidos de todos contra todos, es parte de lo que todos con prudencia tenemos que tomar con sensatez y manejar las cosas como se deben hacer".

La iniciativa de reforma presentada por el PT y Morena considera que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se reconozcan como deuda pública, que el Congreso del Estado cuente con un registro único que señale las obligaciones contraídas, el monto y plazo de pago de estas, además que se transparente la información de este mecanismo financiero.

La propuesta contempla reformar y derogar diversos artículos de las leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cabe señalar que el gobierno estatal vetó apenas el 1 de octubre la abrogación de la Ley Bala y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual le devolvió al Congreso la facultad de nombrar al titular del organismo autónomo.

La administración de Antonio Gali argumentó que el Congreso, de mayoría morenista, generó un vacío legal en la regulación de la fuerza pública, vulneró la autonomía de la Fiscalía General del Estado y aplicó un criterio de retroactividad ilegal, por lo que no publicó las reformas en el Periódico Oficial del Estado.

e-consulta
María Pineda
Martes 09 de octubre de 2018.


Al cumplirse este miércoles el plazo para que el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) emita el fallo sobre la impugnación de la elección para gobernador de Puebla, el candidato Luis Miguel Barbosa, dijo tener la certeza de que el veredicto será para confirmar el triunfo de Martha Erika Alonso, candidata de la alianza Por Puebla al Frente.

Incluso, dijo tener informes de que la resolución que dará a conocer mañana el TEEP fue elaborado por los abogados de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle.

“Fíjense que se dice que ese fallo fue elaborado por los abogados de Martha Erika Alonso y que sólo se lo pusieron en las manos a los integrantes del Tribunal, de esas cosas que no hay forma de probarlas… pero todo se ha dicho y se ha presumido por la propia gente del morenovallismo en su afán de mostrar el control y el poder que tienen para todo lo que ocurre en Puebla”, afirmó.

Barbosa dio por hecho que el fallo que dará a conocer mañana será a favor de confirmar el triunfo de la candidata de Por Puebla al Frente, pero que el proceso de impugnación será entonces llevado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde confía que la resolución sea a favor de anular la elección.

“Tal parece que todo está resuelto, hemos visto el desempeño del Tribunal Estatal Electoral su parcialidad a favor de Martha Erika Alonso, ha sido evidente, ha sido pública, el sometimiento de los tres magistrados al morenovallismo en Puebla ha sido un hecho conocido”, expresó.

Calificó que la actuación de la autoridad electoral ha sido “ilegal e inmoral” en diferentes momentos del proceso electoral.

“El día de mañana sólo habrá un fallo a favor de Martha Erika Alonso, del cual nosotros, Morena y su candidato, nos hemos preparado para combatirlo”, mencionó.

Dijo que al acudir a la Sala Superior de la TEPJF, además de las pruebas que ya se presentaron sobre las condiciones generales de la elección, se agregarán otras pruebas como supervenientes, que serán análisis científicos y cruces numéricos que supuestamente demuestran las inconsistencias de los resultados.

Además, agregó que el recuento de voto por voto que llevó a cabo el Tribunal federal puso en evidencia “miles de irregularidades” que ya están a la vista de los magistrados.

“Así que no tengo duda de que Sala Superior de Tribunal Electoral anulará la elección en base a todos los elementos probatorios que ya hemos aportado y las que aportaremos como pruebas supervenientes”, expresó.

“Lo de mañana es solamente un trámite de un fallo que todos esperamos a favor de Martha Erika Alonso de un tribunal sometido, abyecto a favor de los intereses del morenovallismo”.

Al mostrarse confiado de que la elección de gobernador de Puebla será finalmente anulada, Barbosa aseguró que habrá una elección extraordinaria en los próximos meses, pero que esta será en condiciones diferentes a las que hubo el 1 de julio, pues se nombraría un gobernador interino y esta designación la hará el Congreso local, donde Morena tiene mayoría.

Nombran comisión

Este día en el Senado de la República se conformó la subcomisión Especial de Justicia para investigar el caso de la elección a gobernador en Puebla, que será coordinada por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo.

De acuerdo a un comunicado, esta subcomisión tiene como objeto atender lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral relacionado a la elección a gobernador del estado.

Entre las funciones que tendrá será analizar y elaborar opiniones de los expedientes y resoluciones del TEPJF y del TEEP, así como analizar las presuntas irregularidades que se detectaron en el nuevo escrutinio de la elección.

También formarán parte de dicha comisión los senadores Alejandro Armenta Mier, de Morena; Nadia Navarro Acevedo, del PAN; Dante Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano; Mario Zamora Gastelum, del PRI; Juan Manuel Zepeda, del PRD: Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde y Elvia Marcela Mora Arellano, de Encuentro Social.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 9 de octubre de 2018.


Es uno de los nueve puntos legislativos urgentes que propondrá a senadores; eliminar el fuero y extinción de dominio en corrupción, otros temas en su lista

El presidente del Senado, Martí Batres (Morena), presentó nueve prioridades legislativas que propondrá a los grupos parlamentarios como urgentes para el presente periodo ordinario, entre las que se encuentra elevar como delito grave el robo de hidrocarburos.

Batres Guadarrama recordó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó que se eleve a la categoría de delito grave la sustracción ilegal de gasolinas.

“Este es un tema muy delicado y una prioridad, porque creció en los últimos años de manera preocupante el robo de combustible, que además de ser un delito, tiene consecuencias patrimoniales para el Estado mexicano muy fuertes, porque una parte de las finanzas de Estado depende del sector energético”, dijo en conferencia de prensa.

El robo de combustible se convirtió en una forma de erosionar los ingresos del Estado y derivó en una nueva red de delincuencia organizada, dijo.

El presidente de la Mesa Directiva señaló que al elevar a delito grave el robo de hidrocarburos, la incidencia del mismo podría inhibirse, porque los presuntos criminales enfrentarían los cargos desde la cárcel.

“Por supuesto que ayudaría a inhibirlo, porque si hay robo de combustible, detienen a una persona y sale unas horas después libre, quiere decir que no existe la suficiente coacción para inhibir este delito”, dijo.

Esto, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer ayer que en el presente sexenio “estalló” el robo de combustible y la cifra de tomas clandestinas para sustraer el hidrocarburo podría llegar hasta las 40 mil, lo que representa pérdidas económicas de 30 mil millones de pesos.

El número de incidencias sobre la red de ductos de Pemex representa, en promedio, 18.2 tomas clandestinas por día entre el 1 de enero de 2013 y el 30 noviembre de 2018.

Otras prioridades. Entre las demás prioridades de la agenda, el presidente de la Cámara Alta incluyó la eliminación del fuero, paridad de mujeres en todos los niveles del gobierno, así como en el Legislativo, Judicial y organismos autónomos; seguridad social para parejas del mismo sexo: reconocimiento de la educación superior a nivel constitucional.

“Estamos muy cerca [de la paridad] en el caso del Poder Legislativo y el presidente electo ha anunciado un gabinete paritario, como lo tuvo cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así es que hay muy buenas condiciones para ello, y fuerzas políticas, senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, han coincidido aquí en el Senado sobre iniciativas que ya se han presentado”, dijo.

Señaló que otro de los temas prioritarios es la extinción de dominio en los casos de corrupción, así como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, el cambio de la Sedesol por Secretaría del Bienestar y la creación del Instituto de Pueblos Indígenas; el tema laboral necesita, señaló, legislación secundaria en justicia.

Recordó que está pendiente la aprobación de legislaciones en esta materia, sobre un organismo para el registro de los contratos colectivos y en materia de libertad, así como de democracia sindicales.

“La idea de fortalecer la negociación colectiva y transparentar los contratos, combatir los llamados contratos de protección, tema que es conveniente tanto para trabajadores como para empresarios, que muchas veces se ven azotados por las extorsiones de quienes promueven estos convenios de protección.

“Y hay una tercera cuestión relacionada con ésta, que tiene que ver con la libre sindicalización”, explicó.

Aunado a ello, un nuevo catálogo de delitos graves, como el robo de hidrocarburos, corrupción, falsificación de facturas y fraude electoral, entre otros.

El noveno punto es la creación de la Fiscalía General, donde hay distintas concepciones y enfoques.

“No obstante, es un tema que necesariamente debe tratarse y resolverse. La Legislatura anterior no lo resolvió y es importante que se resuelva en esta Legislatura”.

En el caso de la abrogación de la reforma educativa, Batres explicó que no está en los nueve puntos, porque es un tema que requiere un proceso interno y con la sociedad. Recordó que el tema está en consulta por el equipo del futuro gobierno.

“Son puntos sobre los que considero hay urgencia de la sociedad, consenso de las fuerzas políticas, necesidad del nuevo gobierno o son imperativos derivados de reformas constitucionales previas o de los acuerdos que ha establecido México”, dijo.

Señaló que en estos nueve puntos se recogen urgencias del presidente electo, las prioridades expuestas por los grupos parlamentarios, así como exigencias de la sociedad mexicana.

Con respecto a la propuesta del presidente electo de regresar el Estado Mayor Presidencial a la Sedena, Batres aseveró que eso se puede incluir en la nueva organización de la Administración Pública Federal.

El Universal
Alberto Morales
Ciudad de México
Martes 9 de octubre de 2018.


Por su historial, con una mancha tan llamativa como la llamada “caída del sistema” en las elecciones presidenciales de 1988, la designación de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad resume de buen modo las reservas que causa el tabasqueño a poco más de cinco semanas de su toma de protesta. Desde hace años, la incorporación de personajes polémicos al “proyecto” de López Obrador ha detonado múltiples debates que cuestionan el lado progresista de lo que llama “la cuarta transformación nacional”.

Existe un lugar común en la política nacional que Andrés Manuel López Obrador comparte con todos los demás políticos: retractarse. Después de ser un crítico férreo y visceral del sistema que gobernó durante décadas al país, los anuncios realizados para dar a conocer a su gabinete dejaron un regusto amargo incluso entre los partidarios del tabasqueño ya que el líder de Morena incluyó a personas con mucha más experiencia de lo que se esperaba. Uno de ellos es Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral en el sexenio de Miguel de la Madrid.

Durante las elecciones del 6 de julio de 1988 fue la primera vez que en México operó un sistema de resultados preliminares y el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, lideraba las encuestas de salida y aventajaba a su rival, Carlos Salinas de Gortari.

En esos días, Bartlett Díaz ya tenía una larga carrera política a cuestas, había comenzado en 1962 en el Partido Revolucionario Institucional como secretario auxiliar. En su calidad de autoridad comicial avisó a los medios de comunicación que no podrían entregar los resultados porque se habían colapsado las líneas telefónicas.

Una semana después se alzó la mano al vencedor: Salinas de Gortari había ganado con el 50.4 por ciento de los votos, si bien desde la noche del 6 de julio, Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, había declarado la victoria de su partido.

Manuel Bartlett fue señalado como artífice de la “caída del sistema”, frase que pronunció Diego Fernández de Cevallos, representante de la bancada del Partido Acción Nacional que, después, también fue señalado por brindar respaldo al fraude electoral.

Bartlett, “santo varón del peje (sic)” gracias a “otra purificación Morena” según el expresidente panista Felipe Calderón, nació en el estado de Puebla, estudió la carrera de derecho en la Universidad Autónoma de México; realizó su posgrado en Derecho Público en la Universidad de París y obtuvo un diplomado en Administración Pública por la Universidad Victoria de Manchester.

Durante el sexenio salinista fue titular de la Secretaría de Educación Pública, también ha sido gobernador de su entidad natal y senador. En 2006 fue expulsado del PRI por hacer un llamado al “voto útil” a favor de Andrés Manuel López Obrador, que en esa elección era el presidenciable del Partido de la Revolución Democrática.

SIN EXPERIENCIA

A partir del primero de diciembre de este año Alfonso Durazo (no, no es el “Negro” Durazo que estuvo al frente de la Dirección Federal de Seguridad) podrá presumir que estuvo cerca de un presidenciable llamado Luis Donaldo Colosio Murrieta y acompañó a dos titulares del Poder Ejecutivo federal que ganaron los comicios prometiendo “el cambio verdadero”: Vicente Fox Quesada y López Obrador.

Nació en Sonora hace 63 años y comenzó a militar en el PRI en 1973. En el instituto tricolor ocupó varios cargos hasta que en 1989 fue nombrado secretario particular de Colosio, entonces dirigente nacional. También estuvo con él en la Secretaría de Desarrollo Social y en su campaña por la presidencia hasta aquel día de marzo en que fue asesinado en Lomas Taurinas.

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, Durazo fue, por unos meses, vocero en la Secretaría de Gobernación. Dejó el cargo y al Revolucionario Institucional. Reapareció en el 2000, como parte del equipo de campaña de Vicente Fox. Fue su secretario particular durante cuatro años y tras renunciar hizo pública una carta en la que asentó su desacuerdo con las aspiraciones políticas de Marta Sahagún, esposa de Fox.

En el 2006 fue candidato a senador por el PRD, pero no ganó. En 2011 ocupó un cargo en el Consejo Consultivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que apenas era una asociación civil. Al año siguiente asumió la coordinación de Morena en Sonora, para después ser diputado federal por ese estado.

En el sexenio que está por comenzar, Alfonso Durazo Montaño ocupará la Secretaría de Seguridad. Según diversos analistas se trata de una Secretaría del Interior que desplazará a la Secretaría de Gobernación, incluso tendrá injerencia en las decisiones militares. De esto se deduce que su poder será mayor al de cualquier otro funcionario. Se prevé que estará bajo un intenso escrutinio toda vez que no tiene experiencia comprobable en materia de combate a la inseguridad ni en la contención de embates ya sea del crimen organizado o de grupos de choque.

Es en materia de seguridad donde AMLO ha dado a conocer decisiones llamativas como la de renunciar a una guardia de élite. El Estado Mayor Presidencial desaparecerá y la integridad física de López Obrador estará a cargo de una veintena de civiles.

¿EL SUCESOR?

Algún día, López Obrador dejará la palestra y en la estela de su ascenso son varios los que alzan la mano para tomar el relevo. Uno de los aventajados es Ricardo Monreal Ávila, exgobernador de Zacatecas, exjefe de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, hoy senador.

Antes de militar en Morena, el político zacatecano estuvo en cuatro partidos políticos (PRI, PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y nunca ha ocultado sus intenciones de ascender en la escala jerárquica de la política nacional.

A Monreal Ávila se le atribuye que el partido del tabasqueño haya cobrado fuerza en las entidades de la región centro-norte del país. En la elección del primero de julio, esa zona aportó 4 millones 292 mil 505 votos al triunfo de López Obrador, lo que significó el 14.25 por ciento de los 30 millones 113 mil 483 votos que amasó en esos comicios.

Originario de Plateros, en el municipio de Fresnillo, comenzó su carrera con el Revolucionario Institucional, donde pasó de regidor del Ayuntamiento fresnillense a Secretario de Gobierno entre 1986 y 1988. Enseguida, fue Secretario de Acción Política de la Confederación Nacional Campesina y diputado federal a los 28 años de edad; a los 31 años ya era senador. Luego, Monreal quiso ser candidato a gobernador de Zacatecas, idea que no agradó al mandatario saliente, Genaro Borrego Estrada.

En aquellas fechas (y esto es algo que no ha cambiado), Ricardo Monreal era un hombre protagonista. Andaba en la calle, visitaba colonias y pueblos, pasaba horas y horas rodeado de pueblo. Fue su protagonismo una de las razones por las que Borrego Estrada se decantó por otra opción. Enojado porque lo habían hecho a un lado, Monreal citó a los medios a una rueda de prensa en la que anunció su salida del PRI y encabezó una marcha en la ciudad de Zacatecas.

Salió directo a las filas del Partido de la Revolución Democrática y en este instituto consiguió ser nominado. La misma estructura que él creó en sus años en el PRI derrotó al tricolor y le dio a Monreal el triunfo en las urnas. Se convirtió en el primer titular del Ejecutivo zacatecano surgido de la “oposición”.

Ha sido diputado federal con los colores de Movimiento Ciudadano y del Movimiento de Regeneración Nacional, también fue senador perredista y cuando dejó al Sol Azteca se hizo petista. En 2012 fue nombrado por AMLO como coordinador general de campaña en su segundo asalto a la presidencia del país, como candidato de la coalición Movimiento Progresista.

Entre enero de 2015 y diciembre de 2017 fue jefe de la delegación Cuauhtémoc. De cara a los comicios de este año participó en la contienda interna de Morena para designar al aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La ungida fue Claudia Sheinbaum y en los medios se manejó que el zacatecano platicaba con otros institutos políticos, llegó a manejarse la idea de un “parricidio” contra López Obrador. Al final, Monreal se quedó en Morena y fue el responsable de sacar adelante la elección en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas con los resultados ya mencionados. Hoy día, el senador Ricardo Monreal es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Fue uno de los responsables, junto a uno de sus correligionarios, Martí Batres, de un golpe que escaló hasta el presidente electo con el chanchullo de la licencia otorgada a Manuel Velasco para que dejara el Senado y volviera a gobernar Chiapas.

Más allá de los escándalos que lo han salpicado, la variedad incluye contratos, audios y acusaciones contra él y sus hermanos, desde hace tiempo su nombre ha estado asociado a la sucesión en ese partido llamado López Obrador y también Morena.

MAFIA Y PODER

En entrevistas se ha descrito como un “miembro de la mafia del poder converso”. Se llama Alfonso Romo Garza, es un empresario regiomontano que le ha apostado al uso de la tecnología para conseguir mejoras en diversos cultivos.

Sobrino nieto de Francisco I. Madero, su trayectoria incluye cargos como el de Presidente Ejecutivo de empresas La Moderna, fundador de Seminis, la compañía más grande a nivel mundial de semillas de frutas y vegetales, y líder de Seguros Comercial América. AMLO adelantó que será su Jefe de la Oficina de Presidencia, desde ese lugar hará de enlace con empresarios e inversionistas de México y el extranjero.

Romo Garza relató a Forbes que conoció a Andrés Manuel López Obrador en 2011, cuando Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, lo invitó a comer a la casa del tabasqueño en la Ciudad de México.

Si bien Delgado presentó al exjefe de gobierno de la capital como el líder social más importante en los últimos 70 años y lo describió como un hombre sencillo, inteligente y culto que tenía un diagnóstico acertado de México, Romo Garza tenía sus reservas. Dudaba en apoyarlo por los escándalos de corrupción de René Bejarano, aquel video grabado por el empresario Carlos Ahumada en que el aliado del llamado “Peje” recibía fajos de dinero, y por los plantones en Paseo de la Reforma, cuando los seguidores de López Obrador desquiciaron a la megalópolis respaldando a su líder. Para tomar la decisión final de sumarse al movimiento, contrató a varias compañías financieras a las que encomendó responder una sola pregunta: ¿cómo había usado López Obrador el poder durante su periodo al frente de la Ciudad de México? Definió aliarse al experredista, después de todo, en el pasado había favorecido a Felipe Calderón y a Vicente Fox con la idea de apostarle a la alternancia.

La idea de Romo para su futuro cargo es crear una oficina que opere como un centro logístico. Su meta es convertir a México en un paraíso de la inversión donde la deuda se aminore y el déficit baje, para poder reasignar recursos a otras áreas. Su visión de un gobierno eficiente en el renglón de estimular la actividad económica pasa por tener tres millones de empresarios invirtiendo, no solamente a una veintena de grupos grandes.

Romo Garza fue jinete olímpico de salto ecuestre, participó en las Olimpiadas de 1996 y 2000.

Es Presidente del Consejo de Grupo Plenus, compañía con inversiones en biotecnología, educación y servicios financieros, entre otros sectores. También preside de forma honoraria la casa de bolsa Vector.

Dentro de sus predicciones más comentadas se destaca aquella de que la economía de México puede crecer a un ritmo de 4 por ciento al año durante el sexenio de López Obrador.

DESDE LA CUNA

El historial de Lázaro Cárdenas Batel es el de un político fuerte, ligado especialmente a la izquierda política mexicana y a la lucha de clases.

Su abuelo, Lázaro Cárdenas del Río, instaló el ejido y expropió la industria petrolera durante su periodo presidencial. Su padre, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato a Presidente de la República, fundó el Partido de la Revolución Democrática.

Las vueltas en la política quedan bien ejemplificadas con este caso: el hijo del principal afectado con la “caída del sistema” en las elecciones de 1988, Cárdenas Solórzano, es hoy compañero de partido y compartirá administración federal con quien es señalado como el rostro del fraude, Manuel Bartlett.

Cárdenas Batel será Jefe de Asesores. Su labor consistirá en elaborar proyectos y nutrir de información para la toma de decisiones al Ejecutivo.

Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, su trayectoria política inició con los esfuerzos presidenciales de su padre, primero con la integración del Frente Democrático Nacional, en 1987, y luego con la fundación del PRD. Una década después, fue electo como diputado federal de Michoacán.

Tras su paso por la diputación ocupó un escaño en la Cámara Alta y en 2001 asumió la gubernatura de Michoacán. También ha sido asesor principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), una organización que promueve los derechos humanos al sur del río Bravo.

SEGURIDAD CIVIL

López Obrador ha rechazado la protección que brinda el Estado Mayor Presidencial al mandatario electo. Aseguró que 20 ciudadanos desarmados velan por su seguridad: “Ellos me van a cuidar junto con todos los mexicanos y entre todos los mexicanos están también los soldados, que son pueblo uniformado. Sé que existe preocupación [por mi seguridad] pero a donde vaya me van cuidar policías locales, soldados, marinos y los ciudadanos”.

El elegido para estar al frente de la veintena protectora conformada con apego a la equidad (10 mujeres y 10 varones) es Daniel Asaf Manjarrez, un empresario restaurantero de origen libanés. La preparación de los civiles designados para integrar este servicio de ayudantía no se ha detallado aunque se sabe que no incluye el uso de armas.

Asaf Manjarrez es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Fue candidato de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Su lema de campaña fue: "Ya no te dejes". Con Miguel Ángel Mancera en la Jefatura de Gobierno, colaboró como asesor del titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

Daniel Asaf cobró notoriedad cuando manifestó su oposición a un proyecto de norma oficial que dañaba la producción artesanal de los destilados del maguey, situación que no se ha solucionado.

VUELTA AL RUEDO

Alguna vez fueron “rivales” en el PRD, ahora van de la mano. Marcelo Ebrard Casaubón, exjefe de gobierno de la capital, ocupará la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ebrard estuvo al menos tres años alejado de la política y regresó a las lides para realizar la operación política de la campaña de AMLO en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango.

Es hijo de Marcelo Ebrard Maure y de Marcelina Casaubón, mexicanos de padres franceses. Estudió en el Colegio de México. Se tituló en Relaciones Internacionales en 1984 con la tesis Congreso y democracia en México. Después viajó a París, Francia, para hacer una especialidad en Planeación y Administración Pública. En las aulas conoció a Manuel Camacho Solís, su mentor y colaborador cercano de Carlos Salinas de Gortari.

Ebrard Casaubón fue secretario general del PRI capitalino y colaborador en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 1992 le nombraron Secretario de Gobierno en el entonces Distrito Federal y, en 1993, ocupó la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Se integró a la Cámara de Diputados con el apoyo del PVEM, pese a que no militaba en ese instituto. En el 2000 siguió a Camacho Solís en la fundación del Partido de Centro Democrático (PCD), que lo postuló como candidato a Jefe de Gobierno, pero declinó para respaldar al entonces aspirante del Sol Azteca, Andrés Manuel López Obrador, fue así que se unió a las filas del perredismo.

López Obrador lo nombró secretario de Seguridad Pública capitalino, cargo del que fue removido en 2004 por el entonces presidente Vicente Fox luego de que tres oficiales de la Policía Federal Preventiva acabaran linchados por habitantes de Tláhuac. El ataque fue televisado en cadena nacional, los servicios de emergencia llegaron tarde, dos agentes murieron y a Ebrard se le echó en cara la escasa capacidad de reacción exhibida. Pese al escándalo, en 2005 Andrés Manuel López lo recuperó para su gabinete. Ésta vez, le entregó la Secretaría de Desarrollo Social.

Durante su periodo al frente de la capital, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, se despenalizó el aborto, se aprobó la Ley de Voluntad Anticipada y se implementó el sistema Ecobici. Aspiraba a ser el candidato presidencial de la coalición PRD-PT-MC en las elecciones de 2012, pero el bloque eligió a López Obrador. El tabasqueño prometió que, de ganar la contienda, Ebrard estaría en Gobernación.

ÁNGEL DE LA GUARDA

Tatiana Clouthier, excoordinadora de campaña del “Peje”, definió a César Yáñez como el “ángel de la guarda” del tabasqueño. No sólo eso, destacó la “lealtad y cariño” de este licenciado en Comunicación. Yáñez Centeno fue quien estuvo a su lado tras las derrotas de 2006 y 2012. Para Nicolás Mollinedo, exchofer de Andrés Manuel, la cuestión es tan simple como que César ha dedicado 20 años de su vida a la causa de su jefe.

Inició su carrera política en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas de 1988 como parte del equipo de prensa. De hecho, el equipo eran sólo dos personas: Armando Machorro y él. A Yáñez le correspondía transcribir las entrevistas y encargarse de tareas de logística.

En la próxima administración federal, el fiel escudero ocupará la Coordinación General de Política y Gobierno. Sus funciones primordiales serán atender las relaciones con los sectores sociales y coordinar las giras de López Obrador por territorio nacional. Son terrenos laborales que conoce bien, pues ha acompañado a su jefe en las tres campañas presidenciales en las que ha contendido.

A César Yáñez se le destaca por su perfil discreto y serio. Se le critican algunas muestras de arrogancia y no se pone en duda su habilidad para la operación política.

Fue director de Comunicación Social durante el periodo de López Obrador en la capital. En jornadas recientes en Morena ha sido el encargado de coordinar el área de prensa, además ha hecho de vocero del instituto político.

Es originario de Colima y estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El año pasado varios medios de comunicación difundieron audios de llamadas realizadas por Yáñez Centeno a las autoridades de Puebla. Su novia había sido recluida en el penal de San Miguel acusada de lavado de dinero. Yáñez acusó que la filtración de las grabaciones obedecía a un golpe mediático contra el movimiento lopezobradorista.

Entre los colaboradores de AMLO, el colimense es considerado como el más cercano, su mano derecha y su confidente. También se maneja que fue quien lo alentó a superar las derrotas electorales sufridas en 2006 y 2012.

MUJERES FUERTES

Con el inicio de la administración morenista, por primera vez en la historia de México, la Secretaría de Gobernación tendrá al frente a una mujer.

Olga Sánchez Cordero es licenciada en Derecho por la UNAM y participó del movimiento estudiantil de 1968. Cursó el posgrado en Política Social y Administración en Reino Unido. Fue la primera mujer notaria en la Ciudad de México. De 1993 a 1995 trabajó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, y de 1995 al 2015 fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La próxima titular de la Segob está a favor de la despenalización de las drogas y buscará fomentar el respeto a los derechos humanos y la protección del migrante. Le corresponde aclarar el controvertido tema de la amnistía a criminales ofrecida por López Obrador. Olga Sánchez ha declarado que promoverá en todo el país despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación así como la Ley de Voluntad Anticipada que versa sobre la forma en que un ciudadano prefiere ser tratado en caso de enfrentarse a una enfermedad terminal o a condiciones vitales difíciles por algún accidente.

En el círculo cercano y femenino y como titulares de dependencias del próximo presidente estarán Graciela Márquez Colín, en Economía; Rocío Nahle en Energía; Luisa María Alcalde, en Trabajo; Alejandra Frausto Guerrero en Cultura; Josefa González-Blanco en la Semarnat; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en la Función Pública; María Luisa Albores González, en Desarrollo Social y María Elena Álvarez-Buylla Roces en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La primera mujer que ocupó un cargo en un gabinete presidencial fue Rosa Luz Alegría, titular de la Secretaria de Turismo durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982). En la administración salinista encabezaron dependencias María de los Ángeles Moreno, en la Secretaría de Pesca, y María Elena Vázquez, en la Contraloría General de la Federación (hoy Secretaría de la Función Pública).

Con Ernesto Zedillo, cuatro secretarías tuvieron mujeres al mando, cifra que se repitió en el mandato de Vicente Fox; con Felipe Calderón ascendió a siete. Enrique Peña Nieto integró a cinco féminas en su gabinete: Claudia Ruiz Massieu Salinas, Rosario Robles, Arely Gómez, Mercedes Juan López y María Cristina García Cepeda.

EDADES
Andrés Manuel López Obrador recibirá la banda presidencial 17 días después de cumplir 65 años de edad. La media de edad de sus colaboradores cercanos es de 62 años. Javier Jiménez Espriú tiene 81 años cumplidos, en la parte alta, mientras que Luisa María Alcalde, en la parte baja, tiene 31 años. Respecto a su lugar de nacimiento, la mayoría es originaria de la Ciudad de México. Las excepciones son la zacatecana Rocío Nahle, Carlos Urzúa de Aguascalientes, la chiapaneca María Luisa Albores González y Alejandra Frausto de Guerrero.

SIN EXPERIENCIA

La comunidad científica nacional fue tomada por sorpresa cuando Andrés Manuel anunció, durante el primer debate presidencial, que la próxima directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sería María Elena Álvarez-Buylla. Al respecto ella declaró: “No concibo mi labor científica sin un claro compromiso social y ambiental; es nuestra obligación como investigadores tener una pierna en la sociedad y el activismo, como decía Richard Levins”.

Álvarez-Buylla recibió el Premio Nacional de Ciencias 2017 otorgado por el gobierno federal. Sus investigaciones en las áreas de genética molecular, desarrollo y evolución de plantas la han situado como una de las investigadoras más importantes del país.

Egresada de la UNAM se ha caracterizado por su defensa de las distintas variedades de maíz mexicano. Su trabajo ha sido reconocido con 26 premios, reconocimientos y becas, entre los que se encuentran los de Young Investigator Award (1994) de la Sociedad de Naturalistas Americanos; la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos (1997); el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias (categoría Ciencias Naturales, 1999); el Premio Ciudad Capital “Heberto Castillo Martínez” del Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal; y el Premio Universidad Nacional 2010 en el área de Investigación en Ciencias Naturales.

Es doctora en Genética Molecular por la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, y nunca ha ocupado un cargo público.

El Soglo de Torreón
Quitzé Fernández
Domigo 7 de octubre 2018.


Luis Banck, otro incondicional de Rafael Moreno Valle, intenta basificar a 80 trabajadores del ayuntamiento Puebla, con ello, lesiona la buena fe y confianza de la transición; a 10 días de dejar el cargo, el panista pretende generar un conflicto gremial a la nueva administración.


A 10 días para el cambio de gobierno, integrantes del Cabildo electo del ayuntamiento de Puebla, emanado de la coalición “Juntos haremos historia”, rechazaron tajantemente el intento de basificar a 80 trabajadores de la administración saliente.

Asimismo, calificaron de lesión grave a la buena fe y la confianza con la que se ha venido trabajando en el proceso de transición.

En rueda de prensa, consideraron indispensable trabajar con el gobierno saliente por un proceso de entrega-recepción transparente, honesto y eficiente, que garantice el sentido del combate frontal a la corrupción y siente las bases de la cuarta transformación de México.

En segundo término, refirieron, es del conocimiento público que esta coalición ha hecho todo lo que está a su alcance para buscar acuerdos y mecanismos que permitan una entrega recepción, bajo un ambiente de respeto institucional.

Por esta razón, dijeron han establecido acuerdos de transición con la administración saliente, uno de ellos es la no basificación de trabajadores.

En ese sentido, arguyeron que esta acción de basificar a este número de trabajadores lesiona gravemente la buena fe y la confianza con la que se ha venido trabajando en la transición.

Ante lo expuesto, rechazaron enérgicamente esta medida de basificación de trabajadores a diez días de tomar posesión la nueva administración municipal.

Por lo que exhortaron a la actual administración municipal a actuar con apego a los acuerdos de transición logrados, y a dar marcha atrás a esta medida arbitraria y deshonesta.

De igual manera, solicitaron al actual Cabildo en funciones, se abstenga de avalar esta medida precipitada y de última hora, e integre un expediente pormenorizado del listado de empleados con nombres, puestos y percepciones, con el debido fundamento legal para que de manera transparente y abierta se aborde este tema a la brevedad posible por la nueva administración municipal.

Por último, reconocieron las garantías y derechos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y manifestaron su más profundo respeto a su debida observancia, ofreciendo bajo un marco de legalidad y transparencia revisar debidamente este asunto y sea decisión de la nueva administración, el estudio de una basificación justa, sin lesionar derechos de todos y cada uno de los trabajadores.

Los regidores electos, que cuentan con el aval del alcalde Claudia Rivera Vivanco y el síndico Gonzalo Castillo Pérez, son:

Regidor Iván Herrera Villagómez
Regidora María Isabel Cortes Santiago
Regidor Jorge Eduardo Covián Carrizales
Regidora Cinthya Juárez Román
Regidor Ángel Rivera Ortega
Regidora Libertad Aguirre Junco
Regidor Edson Armando Cortes Contreras
Regidora Carmen María Palma Benítez
Regidor José Luis González Acosta
Regidora María Rosa Márquez Cabrera
Regidor Roberto Elí Esponda Islas
Regidora Ana Laura Martínez Escobar
Regidor Justino Joaquín Espidio Camarillo
Regidora Marta Teresa Ornelas Guerrero
Regidor Jorge Iván Camacho Mendoza

La Jornada de Oriente
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 5 octubre 2018.

 

Busca terminar con corrupción y nepotismo; permanecerían en cargo seis años como máximo

 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de que magistrados y jueces de circuito sólo permanezcan hasta seis años en su lugar de adscripción.

De acuerdo con la iniciativa, lo que se busca es terminar con la corrupción y el nepotismo ante la “compleja situación que actualmente rige en el Poder Judicial de la Federación”, especialmente por lo que toca a la distribución de plazas y a la independencia en la resolución de los asuntos.

El senador Monreal propuso que la adscripción por competencia geográfica de jueces y magistrados de circuito tendrá una duración mínima de tres años y una máxima de seis, misma que realizará una comisión de adscripción de la rotación correspondiente del juzgador y no por el Consejo de la Judicatura, como se hace actualmente.

“No podemos soslayar la necesidad de establecer un sistema de rotación de los juzgadores en las diversas plazas en las entidades, si se toma en consideración la existencia de casos de corrupción en el Poder Judicial, lo cual es consecuencia de la duración indefinida de jueces y magistrados, de la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y del nepotismo que subyace en múltiples casos”.

Al presentar en tribuna su iniciativa ante el pleno, Ricardo Monreal afirmó que su propuesta no es para confrontar al Poder Judicial, sino para recomponer algunos instrumentos que no son adecuados.

“Llegó la hora de tener que emplearnos a fondo en el Poder Legislativo para darle una sacudida al Poder Judicial. Sí es necesario, sí es conveniente”, dijo.

Aseguró que durante décadas en el Poder Judicial federal se han enquistado jueces y magistrados de circuito, que duran hasta más de 20 años sin rotación, lo que genera cotos de poder con litigantes, con despachos, con funcionarios y con su personal interno.

Recordó el caso de un juez de Durango que tiene 17 familiares directos (cuñados, hermanos, esposa y tíos) en el circuito donde trabaja, por ello es necesario que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que ningún juez dure más de seis años en una adscripción.

Monreal dijo que no duda que haya buenos jueces y buenos magistrados, “pero sí hay un problema severo en este proceso que se vive en México, hay un nuevo régimen, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una situación inédita en el país, y llegó la hora de que el Poder Legislativo, en un auténtico contrapeso y equilibrio de poderes, revise al Poder Judicial”.

Práctica sana

 Por separado, la senadora Olga Sánchez Cordero aseguró que la rotación de jueces y magistrados de distrito es una práctica sana para que no se arraiguen en una entidad por años.

“La rotación de jueces y magistrados no es un tema que esté fuera de la política judicial”, dijo la futura secretaria de Gobernación en el gobierno de López Obrador.

El Universal
Juan Arvizu
Alberto Morales
Ciudad de México
Viernes 5 de octubre de 2018.


El trabajo legislativo local, apenas para revertir y eliminar aberraciones y francas violaciones constitucionales, pero que al panista Moreno Valle le redituó grandes dividendos, sobre todo con las expropiaciones y apropiaciones ilegales que hoy aparecen a nombre de testaferros.

Puebla. - Con la abstención de los diputados del Frente, Morena logró la mayoría de votos en el pleno del Congreso para derogar el artículo 5 Bis de la Ley de Expropiación, el cual permitía al gobierno incautar de manera inmediata bienes y eliminó el derecho de audiencia previa para los afectados.

Al presentarse el dictamen de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Carlos Alberto Morales Álvarez aclaró que respaldaría la reforma propuesta por Morena, pero acusó que en la reunión de trabajo de los órganos legislativos se aplicó una “mordaza” a los diputados que no estaban de acuerdo con la iniciativa.

En la tribuna, el diputado de Nueva Alianza, Gerardo Islas Maldonado acusó que los procedimientos con los que Morena pretendía validar la reforma se daban de forma exprés y que la actitud de la bancada mayoritaria había sido cuestionada por el sector empresarial.

En respuesta a las críticas de MC y Nueva Alianza, Vianey García Romero (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, puntualizó que el procedimiento se dio conforme a lo que dicta el reglamento y sostuvo que en el Congreso se legisla para favorecer a los ciudadanos y no se debatía el “estilo” de la presentación de las iniciativas.

“El trabajo que nosotros estamos haciendo (…) ha sido con base al reglamento y a la Ley, la primera sesión que tuvimos en conjunto con la Comisión de Justicia buscamos que en tiempo y forma se les hiciera llegar a todos y todas las diputadas y diputados su convocatoria, 48 horas antes, se les hiciera llegar el dictamen para su estudio y revisión 24 horas antes (…) el diputado dijo que no estaba de acuerdo con el tema del dictamen, ya es cuestión de estilo, y el estilo no se viene a debatir a un Congreso, lo que se viene a debatir son los derechos de la ciudadanía (…) ya basta de hacernos mensos, ya hay que ponernos a trabajar en lo que la ciudadanía quiere y dejemos de dar vuelta a cosas sin sentido, en ningún momento se faltó al reglamento ni a la ley”.

PRI y PVEM se suman a favor

En la votación, el dictamen propuesto por ambas Comisiones tuvo el voto a favor de los diputados de las fracciones de Morena, Encuentro Social, PT, PRI, PVEM y del diputado de MC, Carlos Alberto Morales Álvarez; mientras que los legisladores del PAN, PRD, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Guadalupe Esquitín Lastiri (MC) se abstuvieron.

Las expropiaciones exprés fueron avaladas en marzo de 2014 por la LIX Legislatura, reforma que impulsó el diputado del PAN, Eukid Castañón Herrera.

El artículo 5 bis que validó la pasada legislatura señalaba que la autoridad expropiante podía emitir la declaratoria de utilidad pública, decretar la expropiación y tomar posesión provisional de los bienes afectados.

Las excepciones en las que se permitió al gobierno intervenir de manera inmediata en la expropiación de bienes son: por el establecimiento de un servicio público, la apertura de caminos, la preservación del equilibrio ecológico; la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales, y la fundación o crecimiento de centros de población.

Además, se eliminó la posibilidad de que los afectados tuvieran un plazo para manifestarse ante la autoridad judicial tras ser notificados de la incautación de sus bienes.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Lunes 1 de octubre de 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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