Presentan denuncia contra quien resulte responsable del delito de desaparición de pruebas que presume se cometió al momento de cremar los cuerpos


El abogado Alberto Peralta Merino informó que impugnaron de manera formal la resolución de la Fiscalía General del estado (FGE), donde rechazó abrir una investigación sobre la cremación de los cuerpos de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle, quienes presumiblemente fallecieron al caer el helicóptero en el que viajaban, el 24 de diciembre de 2018.

El pasado miércoles 21, el ciudadano Guillermo Medina Álvarez presentó el escrito de impugnación ante el Juzgado de Control de la Región Judicial Centro, en contra del fallo emitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción, Silvia Emilia Marrufo Carrasco, quien dictaminó el no ejercicio de la acción penal persecutoria.

En enero de este año, Medina Álvarez presentó una denuncia contra quien resulte responsable del delito de desaparición de pruebas que presume se cometió al momento de cremar los cuerpos de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, a las pocas horas de haber ocurrido el percance aéreo en el que perdieron la vida.

De acuerdo con la denuncia, el delito estaría estipulado en el Artículo 421 fracción XXXIV del Código Penal del Estado de Puebla, que se refiere a delitos que afectan la procuración y administración de la justicia, entre los que se encuentra “alterar, destruir, perder o perturbar ilícitamente el lugar de los hechos, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso o los instrumentos, objetos o productos del delito”.

Eso, según los denunciantes, se configuró al momento que se autorizó la cremación de los cuerpos de las cinco personas que viajaban en el helicóptero, cuando apenas habían pasados unas horas del percance y cuando hasta la fecha hay una investigación abierta sobre las causas del accidente.

De acuerdo con el abogado, en la impugnación se expone que los delitos por hechos de corrupción se persiguen por oficio, y que no se circunscribe a que hayan ocasionado daño patrimonial a particular alguno, además de mencionar la obligatoriedad de denunciar cuando se tenga conocimiento de hechos que constituyan un ilícito.

Peralta Merino sostuvo que, aunque los familiares de las víctimas hubieran pedido la cremación de los cuerpos, la Fiscalía estaba obligada a negar ese procedimiento, pues con ello desaparecieron los restos de las cinco personas que viajaban en la aeronave y que podrían ser clave para ahondar en las investigaciones, en caso de que se resuelva que no había fallas en el helicóptero.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 1 de septiembre de 2019.


La Corte de Constitucionalidad frenó temporalmente la orden contra el colombiano Iván Velásquez.

Guatemala entró este domingo en una crisis política luego de que el presidente Jimmy Morales intentó expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad, que junto con la fiscalía lideran desde el 2015 una inédita lucha contra la corrupción.

La orden fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país. "Esta corte otorga amparo provisional y deja en suspenso la decisión del presidente (...) por lo tanto decimos a la ministra de Relaciones Exteriores y el ministerio de Defensa y Gobernación que se abstengan de cumplir dicha orden", dijo el presidente del tribunal, José Francisco Mata.

Sin embargo, la decisión de Morales generó manifestaciones, una ola de repudio en varios sectores y provocó la renuncia de la cúpula del Ministerio de Salud.

"Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento del Estado de derecho y la institucionalidad declaro non grato al señor Iván Velásquez (...). Ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala", dijo Morales en un breve video difundido en las redes sociales del Gobierno.

Para fundamentar la expulsión del funcionario de la ONU, el gobernante citó artículos de la Constitución guatemalteca y de la Convención de Viena sobre la prohibición a los diplomáticos para no inmiscuirse en asuntos internos del Estado.

 
Según Morales, Iván Velásquez "se excedió" en sus facultades al frente del Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) al hacer presiones "ilegítimas, ilegales e inconstitucionales" al Congreso. También matizó su posición al señalar que la Cicig es "indispensable" para Guatemala.

Velásquez es titular de la Cicig, un ente adscrito a Naciones Unidas que reforzó su presencia en abril del 2015 al destapar junto con la Fiscalía un escándalo de corrupción en las aduanas, que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez, señalado como cabecilla de una red que cobraba sobornos para la evasión de impuestos.

En Colombia, Iván Velásquez tuvo una larga carrera pública que llegó a su momento más alto durante el proceso de la 'parapolítica'. Fue la cabeza de la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar las relaciones entre políticos, principalmente congresistas, y grupos paramilitares.

Semana agitada

El viernes, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana comenzaron el trámite para retirar la inmunidad al presidente Morales, sospechoso de transacciones ilegales en el partido FCN-Nación (derecha), que lo llevó al poder en el 2015.

Según las investigaciones, Morales, cuando fungió como secretario general de la agrupación, recibió aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral varios fondos de campaña.

Se estimaron anomalías financieras por casi un millón de dólares y se esperan pesquisas más profundas si la justicia y el Congreso levantan los fueros.

Con la orden de expulsión a Velásquez, el gobernante guatemalteco también destituyó al canciller Carlos Raúl Morales, quien el viernes negó que haya pedido la remoción de Velásquez durante una sorpresiva cita en Nueva York entre Morales y el Secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

Morales nombró a Sandra Jovel como nueva ministra de Relaciones Exteriores, quien en mayo del 2016 fue separada como vicecanciller al ser involucrada en la adopción ilegal de un niño.

El miércoles, medios locales y la fiscal Aldana alertaron que la cita en la ONU serviría para pedir la remoción del titular de la Cicig, levantando una ola de rechazo de diferentes sectores por el presunto plan de gobierno de expulsarlo, que ahora se concreta. "Iván se queda, ¡Jimmy se va!", era la consigna de unos 2.000 manifestantes que el sábado, frente al Palacio Nacional y Casa Presidencial, mostraron su respaldo a Velásquez y exigieron la renuncia del mandatario.

Aldana amenazó con renunciar al cargo si se concretaba la expulsión del jefe de la Cicig, pero tras la decisión del presidente la funcionaria judicial no se ha pronunciado.

Las reacciones

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), adscrita al Ministerio Público (MP), respaldó a Velásquez.

"Señor Iván Velásquez, nuestra admiración y agradecimiento por todo el apoyo, por refrendar nuestro sueño de una Guatemala mejor, porque la Justicia no se negocia", según un comunicado de la Feci en el que reconocen su "gran trabajo" contra la impunidad y "su indeclinable compromiso" con la justicia guatemalteca.

En la nota, la Feci también anuncia que apoyará "todas las directrices" que emita la fiscal general.

La ONU también defendió la "decisiva contribución" del jefe de la Cicig y pidió que las autoridades guatemaltecas lo traten con "respeto". En un comunicado de su portavoz, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar "impactado" por la expulsión del abogado.

Guterres "espera totalmente que Velásquez sea tratado por las autoridades guatemaltecas con el respeto debido a sus funciones como funcionario internacional", señaló el portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, la líder indígena y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú pidió agotar todas las vías legales posibles para impedir que Velásquez tenga que abandonar el país.

"Hice un llamado a la comunidad internacional para apoyar la lucha contra la impunidad. Vamos a agotar todos los mecanismos legales para que no triunfe esta decisión que me parece brutal", dijo Menchú desde Ciudad de México, donde abordará un vuelo para regresar inmediatamente a Guatemala.

Las embajadas de los Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea, lamentaron la decisión del mandatario en un comunicado conjunto en el que asegura que la Cicig ha desempeñado "un papel vital en la lucha contra la impunidad y la corrupción que socavan la seguridad y la prosperidad en Guatemala".

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó "alarma" y "preocupación" ante la decisión de Morales.

"La CIDH expresa su consternación por la falta de fundamentación de esta decisión", dijo en un comunicado la Comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Vientos de crisis
Morales, un ex comediante de televisión, ganó la presidencia en el 2015 en medio de una crisis política desatada por los actos de corrupción durante la gestión de Pérez.

Derechista y de religión protestante, el mandatario de 48 años que asumió en enero del 2016 para un periodo de cuatro años, ha ido perdiendo popularidad al no responder a las demandas ciudadanas que buscan el impulso de políticas estrictas de transparencia.

Protestas en Guatemala

Según el activista de derechos humanos Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una crisis en este país centroamericano.

"Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata, y a estas alturas estamos empezando a evidenciar nuevamente una jornada" de protestas sociales como las vividas en el 2015, dijo Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

Ordenan a la Policía reconcentrarse

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ordenó este domingo a todas sus divisiones de fuerzas especiales "reconcentrar" a todo su personal y, por ende, suspender los permisos de descanso o vacaciones.

El portavoz del instituto armado, Pablo Castillo, confirmó esta decisión. Explicó que se trata de "una medida de precaución para contar con el personal necesario a la hora de una eventualidad".

Esta orden se produce después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendiera, provisionalmente, la decisión del presidente, Jimmy Morales, de expulsar al colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

En la circular, firmada por el jefe de sección personal de división de Fuerzas Especiales de la Policía, Baltazar García Reyes, se notifica que a partir de este domingo "quedan suspendidos los permisos y descansos de todo el personal" de las fuerzas especiales, aunque no se detalla a cuántos efectivos afectará la medida.

AFP, EFE, Reuters
Iván Velásquez
Ciudad de Guatemala
Domingo 27 de agosto de 2017.

 

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