En la región minera zacatecana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que desde 1983 -desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari- hasta hace un año, el gobierno entregó a empresas privadas las concesiones de 80 millones de hectáreas para la explotación minera, cerca del 40% del territorio nacional.

"Se puede decir que 200 millones de hectáreas tiene México y se entregaron 80 millones de hectáreas, como el 40% del territorio nacional. Nunca se había enajenado tanto suelo patrio en la historia de México. Se dieron esas concesiones también para especular financieramente", criticó.

Durante su tercer día de gira por Zacatecas para revisar la situación de hospitales rurales, el presidente aclaró que no cancelará las concesiones mineras actuales, pero tampoco entregará más territorio a las empresas mineras.

Sin embargo, pidió a los empresarios mineros extranjeros que apliquen las mismas normas que en sus países, es decir no destruir el territorio y cuidar el medioambiente; aumentar los salarios de los trabajadores como en Estados Unidos y Canadá; y que dejen beneficios a las comunidades donde se realiza la explotación minera.

Señaló que en el sexenio de Carlos Salinas se quitó el impuesto por la extracción de minerales, pero su gobierno regresó el impuesto y será destinado a las comunidades mineras.

"Debe utilizarse el impuesto para las comunidades y pueblos mineros. Estamos revisando como se puede hacer para que se entregue de manera directa a los habitantes de los pueblos mineros", enfatizó.

El Universal
Concepción del Oro, Zacatecas
Domingo 11 de agosto 2019.


A Puebla llegan transnacionales que deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano, dice legislador de Morena

El diputado federal de Morena, David Bautista Rivera busca poner fin a la “explotación descarada” de recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla, por lo que desde el Palacio Legislativo de San Lázaro impulsa un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno Federal suspenda todas las concesiones en esta región.

El representante por Puebla denunció que las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero. SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas SA de C, así como Víctor Manuel Animas Arellano, “al llevar a cabo sus actividades, violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación”.

Deploró que Puebla sea uno de los principales destinos para empresas transnacionales que “llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano”.

Señaló que estas acciones afectan directamente a los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, en concreto a quienes se encuentran en municipios comoHueyapan, Tlatauquitepec, Teziutlán, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, mismos que se reconocen como municipios con población mayoritariamente indígena.

Lamentó que el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014, permita la implementación de “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking.

Recordó que, en 2012, la minera Autlán SA de CV, requirió ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Economía el uso de suelo en la Sierra Norte, para realizar exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla.

Refirió que, aunque en un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la instalación del proyecto “El Aretón”, a fines de 2013 este proyecto de exploración fue aprobado.

Bautista Rivera advirtió que la actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña la más grande de la Sierra Nororiental Poblana.

Resaltó que Puebla es conocida en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.

De igual forma, el legislador poblano exhortó al gobierno federal para que asuma las conclusiones del estudio técnico que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que permitió identificar 53 zonas de atención territorial, con los riesgos que representa para la comunidad el hacer un uso indebido de las mismas.

También pidió al alcalde entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, defienda a los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos humanos por las concesiones a las empresas como Grupo Ferrominero SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas, SA de C, Víctor Manuel Ánimas Arellano, entre otras.

De acuerdo en el artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones en sus localidades.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, razón suficiente para la procedencia de la aplicación de la consulta en situaciones como: la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el posible reasentamiento; el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria; y los impactos negativos sanitarios y nutricionales.

Además, el artículo segundo de la Carta Magna establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Esto implica, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

e-consulta
Puebla, México
Miércoles 28 noviembre 2018.


Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, acusó a mineras canadienses de cometer violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales en México.

 
Ciudad de México— Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, se lanzó en contra de las mineras canadienses Blackrire, Excellon Resources y Torex Gold Resources, a las que acusó de cometer violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales en México.

En un comunicado, el dirigente del sindicato minero pidió al equipo del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que estas denuncias sean abordadas con el Gobierno de Canadá durante su visita a Ottawa, en los próximos días.

"En el marco de la visita de los miembros del Gabinete del Presidente electo a Ottawa pedimos que se investiguen las violaciones laborales y ambientales cometidas por algunas empresas mineras canadienses en México", dijo.

Gómez Urrutia aseguró que tanto el sindicato que representa como defensores de las comunidades afectadas han denunciado los abusos de las empresas que han contaminado el medio ambiente sin ser sancionadas por el Gobierno federal.

Recordó que en el caso de Blackfire, que está en Chiapas, se denunció el asesinato del defensor comunitario Mariano Abarca, cometido en 2009.

Detalló que, con Excellon Resources, que opera en Durango, la empresa reprimió a integrantes del ejido La Sierrita e impidió, en 2012, el intento de los trabajadores por sindicalizarse.

Sostuvo además que, en Guerrero, donde se encuentra la compañía Torex Gold Rosources, fueron asesinados tres integrantes del sindicato minero, luego de que exigieron un organismo democrático.

"Ninguno de estos asesinatos fue investigado o sancionado por las autoridades mexicanas ni por las canadienses", aseveró.

El senador de Morena señaló que, desde enero de este año, el Gobierno de Canadá anunció el nombramiento de un ombudsman que investigue los abusos cometidos por las mineras de ese país.

Sin embargo, reconoció que hasta el momento no se ha concretado la designación.

Gómez Urrutia explicó que existen presiones de las mineras para hacer creer que ningún gobierno extranjero permitirá la intromisión de un ombudsman externo para realizar una investigación en su territorio.

"Solicitamos (al equipo de AMLO) que desmienta el falso argumento de las empresas mineras en el sentido de que el Gobierno de México no permitirá que el ombudsman canadiense investigue las actividades de empresas canadienses en México", pidió.

El dirigente sindical también solicitó al equipo de López Obrador ofrecer cooperación al Gobierno canadiense para obligar a sus empresas a respetar los derechos humanos, laborales y ambientales de todos los países en los que operan.

Demandó que la nueva administración se comprometa a no dejar en la impunidad los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidos por las mineras, nacionales o extranjeras.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 22 de octubre de 2018.

 

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