En la región minera zacatecana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que desde 1983 -desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari- hasta hace un año, el gobierno entregó a empresas privadas las concesiones de 80 millones de hectáreas para la explotación minera, cerca del 40% del territorio nacional.

"Se puede decir que 200 millones de hectáreas tiene México y se entregaron 80 millones de hectáreas, como el 40% del territorio nacional. Nunca se había enajenado tanto suelo patrio en la historia de México. Se dieron esas concesiones también para especular financieramente", criticó.

Durante su tercer día de gira por Zacatecas para revisar la situación de hospitales rurales, el presidente aclaró que no cancelará las concesiones mineras actuales, pero tampoco entregará más territorio a las empresas mineras.

Sin embargo, pidió a los empresarios mineros extranjeros que apliquen las mismas normas que en sus países, es decir no destruir el territorio y cuidar el medioambiente; aumentar los salarios de los trabajadores como en Estados Unidos y Canadá; y que dejen beneficios a las comunidades donde se realiza la explotación minera.

Señaló que en el sexenio de Carlos Salinas se quitó el impuesto por la extracción de minerales, pero su gobierno regresó el impuesto y será destinado a las comunidades mineras.

"Debe utilizarse el impuesto para las comunidades y pueblos mineros. Estamos revisando como se puede hacer para que se entregue de manera directa a los habitantes de los pueblos mineros", enfatizó.

El Universal
Concepción del Oro, Zacatecas
Domingo 11 de agosto 2019.


Morena cerrará la puerta a la minería a cielo abierto o ‘proyectos de muerte’


Determina que las concesiones reclamadas son ilegales, por haberse violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

La Comunidad Nahua de Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, ganó un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Economía por haber entregado dos concesiones mineras sobre su territorio sin consulta ni consentimiento.

En un comunicado, Fundar explicó que el juicio también fue interpuesto por la comunidad contra el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República por haber emitido diversos artículos de la Ley minera cuyo contenido es contrario a los derechos de los pueblos indígenas y ejidos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución.

En su resolución, el Juzgado concede a Tecoltemi el amparo y protección de la justicia, reconociendo no solo la violación al derecho a la consulta, sino también al consentimiento previo, libre e informado, y determinando que las concesiones mineras, cuya titular es la canadiense Almaden Minerals, “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.

Debido a esa ilegalidad, el Juzgado ordena a la Secretaría de Economía declararlas insubsistentes y dar una nueva respuesta a la empresa respecto de su solicitud original de concesiones, teniendo presente que se trata de territorio indígena.

La autoridad judicial reconoce en su resolución que Tecoltemi tiene carácter indígena y que por ello cuenta con una protección jurídica específica, señalando que, con base en lo establecido por la Constitución y el Convenio 169 de la OIT, basta que la comunidad se auto adscriba al Pueblo Nahua para que se le reconozca tal calidad y protección.

En este sentido, el Juzgado rechaza las afirmaciones de la empresa minera, quien de manera reiterada aseveró durante el juicio que en el municipio de Ixtacamaxtitlán, afectado por las dos concesiones, no existe población indígena.

El juzgado estableció que el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de adecuar la Ley Minera para incorporar en ella el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado.

En este sentido, la autoridad judicial señala que el poder legislativo incurrió en omisión legislativa relativa, que generó una situación inconstitucional.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el pasado 11 de abril y está sujeta a impugnación por cualquiera de las partes involucradas en el juicio.

Juntos Haremos Historia ‘cierra’ puerta a los proyectos de muerte

Barbosa señaló que revisará de manera "escrupulosa" todas las solicitudes de las empresas que pretenden instalarse.

Bajo la antelación de que siempre en el desarrollo de su mandato, los pueblos originarios serán consultados como lo marca la Constitución, Luis Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, se comprometió en no autorizar más «proyectos de muerte» que pongan en riesgo el medio ambiente y la salud de la población en la Sierra Norte de Puebla.

Al tiempo de escuchar este tipo de demandas de un grupo de activistas de la región, encabezados por Sergio Rodríguez, aseguró que revisará de manera «escrupulosa» todas las solicitudes de las empresas que pretenden instalarse con el objetivo de ver si cumplieron con todos los requisitos.

En gira por el municipio de Zacapoaxtla, mencionó que, desde su administración, de manera indistinta se cuidará la cultura, las lenguas originarias, la tierra, al igual que el equilibrio entre el hombre y la naturaleza lo que da como resultado la felicidad.

“Así tiene que entenderse el paso por la vida, pero de igual forma en la administración pública en lugares donde la naturaleza es tan rica como en esta región”, dijo en su mensaje.

También, se pronunció a favor de cuidar el nivel de vida de los pueblos originarios, como son el acceso a la educación, trabajo y la justicia.

«No más violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas, ni más abusos como si estuviéramos en los tiempos de la conquista».

poblanerías.com
Irene Díaz
Puebla, México
Jueves 25 de abril de 2019.

 

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