La detención de Gerardo Sosa Castelán por presuntos movimientos ilícitos a través de empresas fachada y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pone fin, en apariencia, a la impunidad de la que gozó desde sus tiempos como dirigente de la organización porril de esa casa de estudios. Aunque los cargos son por probables delitos financieros, los manejos ilícitos del cacique de la UAEH datan de hace cuatro décadas y algunos están documentados en los archivos de los macabros cuerpos de seguridad del régimen priista que lo protegió.

El exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, detenido por presunto lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal, tuvo dos padres políticos: Jorge Rojo Lugo, gobernador que subsidió el porrismo en dicha institución educativa para usar a los estudiantes como grupo de choque, y José Antonio Zorrilla Pérez, sentenciado por el asesinato del periodista Manuel Buendía.

La formación del grupo La Sosa Nostra –como lo llamó el fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa en alusión a la mafia siciliana La Cosa Nostra, por la corrupción desde la entraña de la universidad, que Gerardo Sosa ha controlado durante más de cuatro décadas– así como la violencia impune de este personaje fue documentada por los servicios de espionaje del viejo régimen priista, en dos expedientes de las extintas direcciones Federal de Seguridad (DFS) y de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS).

El primer perfil político que la DIPS elaboró sobre él, en 1980, refiere sus nexos con Rojo, quien, narra, solapó la violencia de los integrantes de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) –origen de La Sosa Nostra–, y con Zorrilla, también acusado de brindar protección a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo, líderes del Cártel de Guadalajara, quienes portaban placas de la DFS.

Sosa nació en 1955 en Acaxochitlán, Hidalgo, poblado rural en el que su parentela mantiene control político y donde en 2008 la Procuraduría General de la República aseguró dos ranchos de Jesús Reynaldo El Rey Zambada, hermano del capo del Cártel de Sinaloa Ismael El Mayo Zambada.

En el mismo municipio de sólo 238 kilómetros cuadrados, donde se refugió El Rey, Sosa tiene una finca, Yemila, de 27 hectáreas, según uno de sus parientes que pidió no ser identificado. Su hermano Damián, actual candidato de Morena a la presidencia de Tulancingo, tiene ahí otra propiedad de cuatro hectáreas, en tanto que Agustín, el menor de los hermanos y actual secretario general de la UAEH, posee otra de aproximadamente tres hectáreas.

La DIPS sólo documentaba una propiedad de Sosa: un automóvil Valiant Súper Bee, modelo 1980. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera imputa movimientos ilícitos por 151 millones de dólares a través de empresas fachada y universitarias, bajo el control de Gerardo Sosa.

El congelamiento de cuentas de la UAEH data del 27 de abril de 2019 y ocurrió tras un requerimiento de la estadunidense DEA, que además de presunto lavado señala posible relación con un cártel del narcotráfico y el huachicol. La universidad tiene una gasolinera: Servi Garza, que forma parte de la investigación.

Proceso
Áxel Chávez
Ciudad de México
Sábado 5 septiembre 2020.

En la vieja casona de Xicoténcalt  el líder del Senado, Luis Miguel Barbosa entregó dicha presea y diploma en reconocimiento a su trayectoria.

El poeta Eraclio Zepeda, ganador de la Medalla Belisario Domínguez 2014, expuso que la protesta social se ha llenado de violencia, luego de los hechos ocurridos en septiembre pasado en Guerrero, mismos que la sociedad rechaza y padece.

Destacó que la falta de solidez en la actuación del Poder Ejecutivo de algunos estados ha desembocado en la corrupción de las policías locales y su infiltración por la delincuencia organizada.

Eso ha provocado una estela de crímenes, los delincuentes se han repartido el país y cuando entran en contradicción la guerra y la crueldad se acrecientan y laceran a las comunidades”, destacó.

Las manifestaciones de protesta van creciendo en violencia, “es dolorosa e inaceptable la desaparición de los jóvenes normalistas, sin embargo –dijo- que por grande que sea el dolor, “el crimen no se combate con más crimen”, y que son inaceptables la arbitrariedad, la violencia, la destrucción de instituciones y de propiedades de particulares, el acoso de los trabajadores y de la ley.

En este momento se debe fortalecer en México la lucha contra la corrupción, contra el crimen, contra la violencia.

El ambiente político está preñado de acusaciones entre los partidos, entre los gremios, entre los ciudadanos; como ciudadanos podemos tener diferencias con el gobierno, debe haber diferencias entre partidos, pero éstas no deben impedir que sumemos las fuerzas capaces de avanzar hacia la democracia”, aseveró.

A todo el Poder Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, exigimos transparencia en sus decisiones, oídos atentos a la opinión popular, protección a la convivencia nacional, combate a la ilegalidad y a la corrupción en todos los niveles, y respeto a los derechos humanos”, enfatizó Eraclio Zepeda.

Añadió que estas mismas actitudes se esperan de todas las agrupaciones partidarias, y si los ciudadanos que buscan el orden, la paz y la justicia coinciden con acciones del gobierno, también hay que manifestarlo.

Excélsior
Ciudad de México
Lunes 15 de diciembre de 2014.

 

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