FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de Osorio Chong


La Secretaría de la Función Pública (SFP) habría detectado un incremento de más de 14 millones de pesos en el patrimonio de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El monto habría sido revelado en el amparo que el hijo del exfuncionario, Miguel Ángel Osorio Vargas, promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo, y al que tuvo acceso el diario Reforma.

De acuerdo con el texto del periodista Abel Barajas, la SFP habría detectado que Osorio Chong aumentó su patrimonio en 14 millones 057 mil 404 pesos, sin poder explicar o justificar el origen del mismo.

Probable denuncia

El hecho derivó en que la SFP remitiera, el pasado 24 de junio, el expediente de investigación a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la presentación de la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Al saber de la intención de la SFP, reseña el diario de circulación nacional, el hijo del actual legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovió un amparo que fue desechado por el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo.

En este sentido, Osorio Vargas especificó que la SFP investiga los ingresos del titular de la Secretaría de Gobernación, durante el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017.

Dentro de las indagatorias se encuentra la residencia de Osorio Chong en Paseo de Las Palmas, en la Ciudad de México, así como otras propiedades en el estado de Hidalgo.

FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de Osorio Chong

Los exfuncionarios laboraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Control, con sede en Almoloya, Estado de México, girar órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios que laboraron durante la gestión del senador por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación, en la administración de Enrique Peña Nieto.

Personal de la extinta Policía Federal y Seguridad Ciudadana entre los señalados

Entre los acusados se encuentran la exsecretaria general de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora, cercana a Osorio Chong, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, quien se desempeñó también como secretario general de la PF, entre 2012 y 2014, oficina encargada del manejo de los recursos económicos de la corporación, y como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informaron fuentes federales.

La FGR los vincula con el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, detectados en diversas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También son señalados Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Arma[...] por el presunto desvío de recursos públicos.

Sobre estos presuntos hechos de corrupción, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Reforma
SinEmbargo
El Universal
Ciudad de México
Sábado 8 de agosto de 2020.


Investigaciones se destinan sobre la adquisición de bienes

El actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR) que le fue negado.

De acuerdo a un medio nacional, a dicho recurso se suma el presentado por su hijo, Miguel Ángel Osorio Vargas contra la indagación que realiza la Secretaría de Función Pública (SFP) a su familia, para evitar que se investiguen sus bienes o se inicie un procedimiento en su contra.

Las indagatorias se destinan sobre la procedencia de recursos utilizados para la adquisición de bienes, entre ellos una propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México), que se sospecha fue habitada cuando Osorio Chong era titular de Gobernación en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Indagan bienes de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga "inconsistencias" en el patrimonio del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

En mayo de 2014, Laura Vargas dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal.
 
En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

Osorio confirmó que la SFP inició la verificación patrimonial por la residencia en Lomas de Chapultepec, y explicó que pagaban una renta por habitar en esa casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, éste fue cancelado.

Cuestionó que ahora la SFP lo está considerando como un ingreso no justificado.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

"La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto", dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por un millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa de Osorio, presentó el 9 de julio el amparo 620/2020 ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.

 El acto que reclama es el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.

La jueza Laura Gutiérrez de Velasco admitió ayer a trámite el amparo de Vargas Carrillo, pero se negó a conceder una suspensión provisional contra consecuencias o actos derivados del acuerdo impugnado.

Vargas alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.

Agencias
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.


El exsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, falleció este miércoles tras sufrir un infarto cerebral el lunes pasado.

El exfuncionario público se encontraba en el hospital ABC de Observatorio desde el lunes 30 de marzo y estaba próximo a cumplir 71 años el 22 de abril.

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en Twitter para dar la noticia de su muerte y extender sus condolencias públicas a la familia de Ruiz Esparza, luego de meses alejado de esta red social.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD”, publicó el expresidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter.

Enrique Peña Nieto

@EPN
Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y excolaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia; responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Mi más sentido pésame y abrazo solidario a su familia y amigos. QEPD

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15:04 - 1 abr. 2020
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La última vez que Peña Nieto publicó un comentario fue en 2019 cuando rechazó cualquier relación con la compra-venta de la planta chatarra de fertilizantes Fertinal.

Por su parte, el excandidato presidencial por el PRI y exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, también expresó sus condolencias vía Twitter.

“Mis oraciones y condolencias a la familia y amigos de @ruizesp por su sensible fallecimiento”, escribió Meade.

José Antonio Meade??

@JoseAMeadeK
Mis oraciones y condolencias a la familia y amigos de @gruizesp por su sensible fallecimiento.

2.645
15:39 - 1 abr. 2020
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Mientras que Miguel Ángel Osorio Chong publicó: “Lamento el fallecimiento de Gerardo Ruiz Esparza. Mis sentidas condolencias para su familia y seres queridos. Que en paz descanse”.

Hombre cercano a Peña Nieto, como extitular de la SCT estuvo involucrado en escándalos de corrupción como en la llamada Estafa Maestra, en la que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) documentó un esquema de triangulación de recursos vía universidades públicas, que derivó en una amplia investigación periodística a once dependencias del gobierno federal.

También su gestión frente a la SCT durante todo el sexenio peñista quedó marcada por el trágico accidente en 2017 del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca a 5 meses de inaugurada la obra, con saldo de dos muertos. Tras indagatorias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la SCT era la principal responsable de las irregularidades en la planeación y ejecución del Paso Exprés.

Ruiz Esparza era investigado por actos de corrupción ligados a la empresa constructura OHL, según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien reveló en 2019 que la unidad a su cargo había interpuesto dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por contratos asignados a OHL.

Ruiz Esparza se desempeñó también como secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno del Estado de México de 2005 a 2011, en ese entonces encabezado por Peña Nieto.

Proceso
Neldy San Martín
Ciudad de México
Miércoles 1 abril 2020.


•    Se trata de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas

•    Son cuatro convenios por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos

Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada "Estafa Maestra".

Se trata de Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, quienes ya fueron requeridos para una audiencia de imputación.

Los presuntos implicados iban a comparecer esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el Covid-19, la audiencia fue pospuesta para después del 20 de abril.

De acuerdo con informes del PJF, será el primer caso en el que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores sólo ha imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.

Este caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.

La Universidad debía entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

En marzo y abril de 2016, la Sedatu pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Argumentado que no tenía el tiempo suficiente para un procedimiento de licitación, la UPCH subcontrató los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos.

La empresa subcontratada por la Universidad cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, el 56 por ciento de los recursos que recibió de Sedatu.

Según las pesquisas, la empresa también subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.

De acuerdo con la imputación, los más de 104 millones no sólo no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con Sedatu, sino que la UPCH usó ese dinero para adquirir una solución tecnológica Big Data y dos camionetas, lo que presuntamente evidencia que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados, es decir, constituye el desvío o peculado.

El 6 de abril de 2017 el Rector de la UPCH comunicó por escrito a la ASF que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la Sedatu, por lo que no tenían experiencia y manifestó que "fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la titular de la Sedatu (Rosario Robles)".

Reforma
Ciudad de México
Sábado 21 de marzo 2020.


El ex Secretario de Gobernación está en la mira de las autoridades; el dueño de las casas que habitaba fue beneficiado en obra asignada con sobornos a Odebrecht. También rastrean contratos que dio Nuvia Mayorga, actual compañera de Osorio en el Senado.


Las autoridades federales investigan al ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, según consta en documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

En el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos transferidos por Odebrecht, se detectaron pagos al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec.

Los pagos de Odebrecht a la empresa hidalguense fueron por supuestos servicios como subcontratista en la modernización de la refinería de Tula, obra que fue asignada por Pemex en 2013 mediante sobornos, según han confesado ex directivos de la constructora brasileña.

El esquema de la UIF incluye una conexión del Grupo Constructor Tulancingo con contratos públicos asignados en el anterior sexenio por organismos federales cuyos titulares eran estrechos colaboradores de Osorio Chong desde hace 15 años.

Lee: Casero de Osorio Chong, beneficiado con obras subcontratadas por Odebrecht: MCCI

Entre las dependencias que otorgaron contratos a la constructora del casero de Osorio Chong estuvieron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas -CNDI, organismo que dependía de Gobernación- y el centro Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ambas dependencias las encabezaban dos colaboradores de Osorio desde los días en que fue Gobernador de Hidalgo, entre 2005 y 2011: al frente de la CNDI estaba Nuvia Mayorga, quien fue su Secretaria de Finanzas en la gubernatura, mientras que el director del centro de la SCT en Pachuca era Alberto Salomón Bulos, su ex Subsecretario de Obras.

Nuvia Mayorga, además, había sido invitada por Osorio para colaborar, desde el PRI nacional, en la campaña presidencial de 2012; él era Secretario de Operación Política y ella se integró como titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización.

Actualmente Osorio y Nuvia Mayorga son senadores por el PRI y gozarán de fuero constitucional hasta el año 2024.

Esta no es la primera vez que se involucra a Nuvia en el caso Odebrecht. En agosto de 2017 el columnista Salvador García Soto afirmó que el propio Emilio Lozoya llegó a comentar a personas cercanas que él no había recibido el dinero de Odebrecht y que esos recursos llegaron a través de “una operadora financiera de un gobernador” y mencionaba en concreto el nombre de Nuvia Mayorga, ex secretaria de Finanzas de Hidalgo.

El 31 de enero de 2018, el periódico Reforma publicó que Nuvia estaba en la mira de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la que incluso solicitó informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre sus cuentas, ante las sospechas de que pudiera haber recibido fondos de Odebrecht en la campaña de 2012.

En ambos casos, Nuvia Mayorga negó las acusaciones y ofreció renunciar al secreto bancario para que los manejos de sus cuentas sean conocidos.

Crece constructor de la mano de Osorio

Cuando Osorio Chong dejó la gubernatura de Hidalgo, en marzo de 2011, se mudó a la Ciudad de México para participar en la campaña presidencial de Peña Nieto. Primero ocupó una casa en Bosques de las Lomas y luego se mudó a una vivienda en Paseo de las Palmas, en Lomas de Chapultepec; ambos inmuebles estaban escriturados a nombre de las constructoras de Aniano Sosa, según reveló la revista Proceso en su edición del 11 de abril de 2015.

En respuesta al reportaje de Proceso, Osorio Chong reconoció que habitó las dos residencias, pero que fue mediante un contrato de arrendamiento, el cual nunca mostró ni dijo cuánto le pagaba mensualmente al constructor de Hidalgo.

Grupo Constructor Tulancingo y su filial Construcciones Sky –ambas, propiedad de su casero- tuvieron su despegue como contratistas cuando Osorio Chong fue gobernador de Hidalgo entre 2005 y 2011, periodo en el que sumaron asignaciones por 1,700 millones de pesos en aquella entidad.

La buena fortuna de las constructoras continuó en el pasado sexenio, cuando obtuvieron contratos en el gobierno federal por 785 millones de pesos.

Uno de los mayores contratos, por 132 millones de pesos, lo asignó el centro Hidalgo de la SCT en enero de 2013, en los primeros días del gobierno de Peña, a favor del Grupo Constructor Tulancingo, para modernizar la carretera Pachuca-Huejutla.

El contrato lo firmó Alberto Salomón Bulos, director del centro SCT, quien había sido Subsecretario de Obras durante la gubernatura de Osorio Chong.

En abril de 2014, la misma constructora recibió la asignación de un contrato por 14 millones de pesos de la CNDI -encabezada por Mayorga, también ex funcionaria de Osorio- para ampliar un camino en Hidalgo.

Esa misma dependencia integró a la constructora en procedimientos de invitación restringida en Oaxaca y le otorgó más contratos en Hidalgo.

Le ceden obra de sobornos

El 24 de noviembre de 2017, MCCI reveló que el contrato para la modernización de la refinería de Tula, que Pemex había asignado a Odebrecht mediante el supuesto pago de sobornos, terminó parcialmente en manos del casero de Osorio Chong.

El contrato original asignado a Odebrecht en Tula fue de 1,666 millones de pesos (IVA incluido), pero se elevó a 2,686 millones de pesos, debido a que se subcontrató prácticamente toda la obra, de acuerdo con el expediente al que MCCI tuvo acceso.

Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky Universal, propiedad del empresario hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco, aparecen como subcontratistas de Odebrecht en el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-414.

Para ejecutar la obra en la refinería de Tula, las dos constructoras del casero de Osorio Chong se aliaron con Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA), que ha sido señalada por un delator de Odebrecht de haber sido recomendada por Emilio Lozoya, actualmente preso en España.

“En 2011, había sido Lozoya quien recomendó a Odebrecht que se asociara a una empresa local, la contratista Construcciones Industriales Tapia, para participar en la futura licitación de la construcción de una nueva refinería en Tula”, publicó el 13 de agosto de 2017 el diario brasileño O’Globo, al revelar la delación jurada que había presentado ante la Procuraduría de Brasil el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll.

“El dueño de CITAPIA, Juan Carlos Tapia, era de la ciudad de Tula y transitaba entre todo el espectro político y en las tres esferas de gobierno, siendo capaz de, asociado a la experiencia de Odebrecht, conquistar la millonaria obra que se avecinaba”, abundó O’Globo al parafrasear la delación de Weyll.


Aristegui Noticias
Por Raúl Olmos/ MCCI
Ciudad de México
Miércoles 26 de febrero de 2020.


Los presuntos delincuentes señalaron al senador como propietario del monto; sin embargo, Osorio y su equipo de trabajo lo desmintieron.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que abrió una investigación a dos hombres de 29 y 45 años de edad, así como a una mujer de 49, detenidos por policías capitalinos por el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que fueron sorprendidos con 3.3 millones de pesos en efectivo.

En un comunicado, la PGJ capitalina indicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a esas personas en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, cuando aplicaban el operativo Rubik.

La Jornada informó que los primeros reportes policiacos refirieron que los sujetos llevaban 3.3 millones de pesos.

Ahí los policías observaron una camioneta Dodge Durango en la cual viajaban un hombre y una mujer con los vidrios polarizados, por lo que les marcaron el alto.

Así, luego de una revisión preventiva, les encontraron una bolsa de color negro con dinero en moneda nacional, cuya procedencia no pudieron acreditar.

Al momento de la detención, dos de los implicados aseguraron ser integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalaron al senador Miguel Ángel Osorio Chong como propietario del monto millonario. Más tarde, el propio senador y su equipo de trabajo desmintieron el señalamiento, informó El Universal.

Luego llegó el hombre de 45 años a bordo de una motocicleta BMW, color azul, dijo ser policía subinspector y solicitó a los policías que le dejaran retirar la camioneta y el dinero, diciendo que se haría cargo.

Ante ello, la autoridad detuvo a los tres y los trasladó a la Fiscalía Central de Investigación para realizar las indagatorias correspondientes y determinar la procedencia del dinero, así como su situación jurídica.

Notimex
Ciudad de México
Sábado 3 de agosto de 2019.


El presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, quedó sin blindaje legal luego de que el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal le negó la suspensión definitiva de amparo al no encontrar ningún pedimento de la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer acción penal en su contra.

Sosa Castelán solicitó la protección de la justicia contra cualquier orden de aprehensión, arraigo, localización, citatorio, búsqueda, presentación o arresto en su contra ante las investigaciones que vinculan a esa casa de estudios en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las investigaciones que tiene abiertas la FGR sobre el desvío de recursos de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Rosario Robles, también se involucra al presidente del patronato de la UAEH.

Con base en tales hechos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de esa institución después de detectar operaciones sospechosas y presunto lavado de dinero por un monto de 151 millones de dólares, aunque días más tarde descongeló una parte de las cuentas para que la Universidad pudiera solventar sus gastos ordinarios y sueldos.

Por esa razón, a fines de mayo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo concedió a Sosa Castelán la suspensión provisional, con una fianza de 51 mil pesos como garantía, aunque ahora le negó la suspensión definitiva tras no hallar constancia alguna de que la FGR haya promovido una solicitud de aprehensión en su contra.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 6 de junio 2019.


Moreno Valle y “El Cachetes” caso emblemático de complicidad PRI y PAN para saquear a Pemex.


En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, uno de los principales capos de la ordeña de gasolina en Puebla pactó con la PGR -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- declararse culpable por un decomiso de armas y nunca fue acusado de robo de combustible.

Othón Muñoz Bravo, alias "El Cachetes", empresario poblano a quien se le vinculó con la venta de huachicola, negoció con la PGR una sentencia de sólo 3 años con 10 meses de prisión, una multa de 6 mil 416 pesos y los beneficios legales para no pisar la cárcel.

En agosto de 2017, en un operativo especial de la Marina se logró decomisar dos rifles AR15, un cuerno de chivo AK47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Además, dos gasolineras le fueron clausuradas.

"Gracias a la coordinación entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de un importante líder dedicado al robo de combustible", celebró en aquella ocasión el entonces Gobernador de Puebla, el panista José Antonio Gali Fayad.

"El Cachetes" tuvo vínculos con dirigentes del blanquiazul en Puebla como el propio ex Gobernador Rafael Moreno Valle y con jueces como el Magistrado Carlos Loranca Muñoz, quien fue destituido meses después.

Tras su captura y luego de algunos meses de estar encarcelado, Othón Muñoz Bravo se acercó en agosto pasado a la PGR, en ese entonces bajo la responsabilidad de Alberto Elías Beltrán, para negociar un procedimiento abreviado en el cual ofreció declararse culpable por las armas que le aseguraron en su casa a cambio de una pena mínima.

Dicha terminación anticipada del proceso está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Conforme a la reducción de sanciones solicitada por el Ministerio Público de la Federación, se imponen a Othón Muñoz Bravo las penas de 3 años 10 meses de prisión y multa de 85 Unidades de Medida y Actualización, equivalente esta última a 6 mil 416.65 pesos", señala la sentencia dictada el pasado 8 de agosto.

La dependencia federal aceptó entonces que un juez de control federal de Puebla sentenciara al empresario gasolinero por portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo del Ejército.

Información del Poder Judicial de la Federación indica que "El Cachetes" se acogió al beneficio de la condena condicional, prevista para delitos que no tienen contemplada la prisión preventiva oficiosa, con penas menores a 5 años y sentenciados con buena conducta.

El día de su captura las autoridades señalaron a "El Cachetes" por presuntos vínculos con Antonio Martínez Fuentes "El Toñín", líder de una banda dedicada al robo de combustible en el Triángulo Rojo, ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México.

Pero a pesar de las múltiples menciones, hasta donde se tiene conocimiento, "El Cachetes" nunca fue imputado penalmente de robo de hidrocarburos.

De hecho, tras solicitar el cambio de medida cautelar, el 30 de octubre de 2017 obtuvo la libertad provisional, con la obligación de acudir a firmar cada 15 días al juzgado y cubrir una garantía de 1 millón de pesos.

Un huachicolero de peso

Othón Muñoz Bravo es vinculado con los huachicoleros que operan en Puebla, mediante la red de gasolineras que opera en la entidad.

Pese a ello, al menos cuatro gasolineras de su propiedad fueron regularizadas en el Municipio de Puebla y hoy operan con la marca MaxFuel, tras la cancelación de las antiguas marcas, aunque sigue recibiendo combustible de Pemex.

En enero del 2018, tras la revelación de una fotografía en la que Muñoz aparecía en un convivio con Javier Lozano y el magistrado federal Carlos Loranca Muñoz, este último fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Aunque legisladores urgieron a investigar al entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y reabrir la indagatoria contra "El Cachetes", el tema quedó archivado.

El año pasado, "El Cachetes" reapareció en una reunión privada convocada por Mario Marín para respaldar las aspiraciones de los candidatos priistas a diputados federales: Ramón Fernández, por el distrito 11 en Puebla y Ricardo Urzúa, por el distrito de Huauchinango.

En marzo de 2018, el Cártel Jalisco Nueva Generación supuestamente dejó varias mantas amenazantes en contra de "El Cachetes".

"El CJNG respeta al Gobierno, nosotros no ponemos mantas en contra de ustedes vamos por ti Otton alias El Cachetes y Bukanas, dejen de poner mantas (sic)", decía las dos mantas que fueron colocadas en zonas distintas de Puebla.

Reforma
Abel Barajas
Benito Jiménez
Ciudad de México
Viernes 1 de marzo de 2019.


Diputados revisarán Museo Internacional Barroco, Línea 2 del Metrobús, teleférico y remodelación del estadio

Con el apoyo de los diputados locales del PRI y Compromiso por Puebla, Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) aprobó la reapertura del ejercicio fiscal 2016-2017 del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
El proyecto avalado en la sesión del Congreso estatal establece solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) entregar la información relacionada con el ejercicio del ahora senador del PAN.

La diputada local de Morena, Vianey García Reyes, señaló: “Debe abrirse la coladera de corrupción que se vivió en el gobierno de Moreno Valle a través de las obras”. Los proyectos cuestionados que citó la legisladora son el Museo Internacional Barroco, emblemático de la administración pasada, la Línea 2 del Metrobús, la remodelación del Estadio Cuauhtémoc y el teleférico.

“Hay obras de todos los años de Rafael Moreno Valle: está el caso del teleférico que se pagó dos veces en la ciudad de Puebla, siendo una obra que no tiene razón de ser; hay que destapar toda la coladera de la corrupción”, dijo García Reyes.

La bancada morenista recordó que, en el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades del ejercicio 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos. A favor de Moreno Valle, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, refirió que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas fija que un ejercicio fiscal no puede revisarse dos veces, una vez que fue juzgado y abrió la posibilidad de que el ex mandatario interponga un amparo federal.

El Universal
Edgar Ávila
Corresponsal
Puebla, México
Martes / 11 / 2018.


•    La Secretaría de Gobernación fue la tapadera de todos los abusos y autoritarismos que se cometieron durante el gobierno de Moreno Valle, asegura Barbosa

•    La complicidad entre Osorio Chong y Moreno Valle también incluye la asignación de obras públicas a determinadas empresas de Hidalgo.



Luis Miguel Barbosa Huerta llamó "cínico" a Miguel Ángel Osorio Chong, quien aseguró que el aspirante a Casa Puebla fue aliado de Rafael Moreno Valle y posteriormente engañó al panista.

Para Barbosa Huerta, el priísta mostró su "insensibilidad" al tratar de deslindarse de la negativa que se dio desde el gobierno federal, en concreto desde la Secretaría de Gobernación, de la declaratoria de Alerta de Género en Puebla.

"El señor Miguel Ángel Osorio Chong es un cínico al venir a Puebla y referirse de esa manera a la ola de feminicidios que padece nuestro estado; muestra su insensibilidad y delata cómo condujo la política interna de nuestro país por más de cinco años mientras fue titular de la Secretaría de Gobernación".

"No se declaró la alerta de género en Puebla por un arreglo político entre Moreno Valle y Osorio Chong. La Segob fue la tapadera de todos los abusos y autoritarismos que se cometieron durante el gobierno de Moreno Valle y aún ahora lo está protegiendo, al venir a nuestro estado y hablar de esa forma (...) El único que ha traicionado a los mexicanos es el gobierno que el señor Osorio Chong representa y defiende de manera desesperada", señaló el senador con licencia a través de un comunicado.

La declaración de Osorio Chong en contra del candidato a la gubernatura de la coalición "Junto Haremos Historia" se dio durante los actos que encabezó al lado de los aspirantes al Senado por el PRI, Juan Carlos Lastiri Quirós y Xitlálic Ceja García.

Desde 2017, Barbosa Huerta acusó que Osorio Chong protegió al gobierno que Moreno Valle encabezó de 2011 a 2016, al ordenar que la Conavim no emitiera un dictamen favorable para la emisión de la Alerta de Género.

Además, en diferentes ocasiones, el candidato al gobierno del estado ha señalado que la complicidad entre Osorio Chong y el panista también incluye la asignación de obras públicas a determinadas empresas.

e-consulta
María Pineda
Puebla, México
Martes 3 abril 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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