El gremio muestra su poder en el país del mundo que más depende de sus carreteras con una huelga que ha dejado desabastecidos supermercados, gasolineras y aeropuertos

Es viernes al mediodía en el centro de Recife, una ciudad de más de millón y medio de habitantes en Pernambuco, al nordeste de Brasil, pero podría ser primera hora de un domingo a juzgar por lo desértico del ambiente. En lo que debería ser el apogeo del horario comercial, las calles están casi desiertas, por las calzadas apenas pasan coches y hay varias tiendas cerradas. Claudenilson Carlos da Silva, de 34 años, cuenta las mesas vacías del restaurante en el que trabaja. “Si sigue así vamos a tener a que cerrar más pronto hoy”, calcula. “Es hora de comer, esto tenía que estar lleno”.

La experiencia de Claudenilson se repite en distintas ciudades de Brasil estos días. El país entero está inmerso en una huelga de camioneros que hoy cumple una semana y que ha paralizado buena parte de su vida pública, cuando no convertido el día a día en sus 26 Estados en una pesadilla logística. Gasolineras, supermercados, hospitales y aeropuertos han ido quedando desabastecidos con el paso de los días y han retirado algunos de sus servicios; los puertos se van quedando sin nada que exportar y ciudadanos y gobiernos locales buscan desesperadamente fórmulas para salir del paso. Y, como banda sonora de todo este caos, el runrún de soluciones temporales que el Gobierno central de Michel Temer ha ido anunciando y que poco han hecho por cambiar la situación en las calles.

Cuando comenzó la huelga, el lunes pasado, nada apuntaba que iba a cobrar estas dimensiones. Los camioneros protestaban por el precio del combustible, lo cual no parecía descabellado. El valor no ha hecho más que subir desde junio de 2017, cuando la petrolera estatal, Petrobras, empezó a basarse en la oscilación internacional. Pero si Petrobras ha cambiado de política de precios es porque Temer se lo permitió en mayo de 2016, por lo que, en esos primeros días, el Ejecutivo poco pudo —o quiso— hacer. Solo que esa respuesta encerraba un fallo de cálculo: Brasil es el país que más depende de sus autopistas en el mundo. El 58% de su mercancía —y, sobre todo, el 90% de su petróleo—, se entrega por ellas (en Estados Unidos, un país de menor tamaño, solo el 43% del petróleo se mueve así). Los camioneros son el único gremio capaz de convertir al primer país latino en un rehén del tamaño de un continente.

La alarma sonó el miércoles, cuando varias ciudades empezaron a vivir la misma escena: coches agolpados en gasolineras que estaban despachando sus últimas gotas de combustible. El jueves ya se hablaba de crisis. La central de abastos de Río de Janeiro no recibió el 90% de los camiones que esperaba y todas las grandes ciudades recortaron el transporte público a la mitad. En Paraná, al sur, dos universidades cerraron sus puertas. El viernes la crisis se había convertido en un caos nacional. Los aeropuertos ya cancelaban los vuelos por docenas, incluyendo algunos internacionales. São Paulo, la megalópolis más rica del país y hogar de 12 millones de personas, se declaró en estado de emergencia: horas después, el 99% de sus gasolineras se quedaban vacías. Por sus calzadas se empezó a ver repartidores de comida a domicilio a lomos de caballos. Los Estados de Pernambuco y Sergipe también se declararían en emergencia al poco. El aeropuerto de Brasilia canceló 40 vuelos. Una asociación de exportadores de carne anunció que, con la falta de alimentos, morirían 20.000 millones de pollos y 20 de cerdos.

Mientras tanto, en autopistas de todo el país se veían piquetes de camiones con los conductores dentro. El viernes había 534. En uno de ellos, a las afueras de São Paulo, estaba Ademir Wagenknecht, de 43 años, 25 al volante de un camión. “A veces trabajo 10 horas y a veces son 20, y veo a mis hijos tres o cuatro días al mes”, explica. “Un solo neumático ya es absurdamente caro: está a 1.800 reales [490 dólares), que es lo yo cobro por llevar unas cebollas a Santa Catarina [un Estado al sur de Brasil]. ¿Qué me queda si pago tanto diésel? Tengo que pagarlo de mi bolsillo. Yo seguía la profesión de mi padre, que me pasó el testigo. Pero entonces había muchas menos dificultades”.

Durante no pocos momentos de la crisis, el Gobierno ha proyectado la imagen de que sencillamente no sabía qué hacer. No hay precedente en la historia de Brasil para este tipo de problema. La flota de camioneros nunca ha sido tan grande, el Ejecutivo nunca ha sido tan impopular (solo el 5% de la población ve con buenos ojos a Temer) y, sobre todo, el país no tiene práctica alguna tasando el petróleo de forma libre. La norma era que Petrobras modificase artificialmente su valor siguiendo indicaciones políticas, pero cuando Temer llegó al poder, en mayo de 2016, renovó a la cúpula directiva de la petrolera y les dio libertad para cambiar el sistema de precios. Ellos decidieron basarse en la oscilación internacional, la cual no está precisamente a la baja últimamente.

La respuesta del Gobierno

Hace dos semanas el barril de Brent alcanzó los 80 dólares por primera vez desde 2014. Mientras, en el resto del mundo, las economías emergentes como la brasileña sufren los vaivenes del dólar y el real está cada vez más lejos de la moneda estadounidense. O sea, el precio ha subido un 50% en un año y la moneda ha perdido un 4,3% en el último mes. La cerilla y la mecha para la bomba.

Temer intentó ser conciliador al principio. El miércoles se vanaglorió de haber convencido a Petrobras de que bajase el precio del diésel un 10% con respecto al valor internacional, y lo dejase así durante 15 días como gesto de buena voluntad para negociar. Con esto, disparó el miedo a que la política volviese a controlar Petrobras y las acciones de la petrolera se desplomaron al menos un 14%. Solo aquel gesto ya había bajado el valor de la mayor empresa brasileña en 47.000 millones de reales (unos 12.800 millones de dólares). El jueves Temer volvió a la carga. Se comprometió a pagar a Petrobras la diferencia entre el valor internacional del diésel y el precio en las calles brasileñas. Así, el precio no se movería hasta diciembre. No bastó. El viernes el presidente volvió a comparecer y, cuando apareció en televisión, en las calles de Brasilia se escuchó un bocinazo colectivo. Su solución esta vez fue más drástica: amenazó con llamar al Ejército para que despejase las carreteras.

Los piquetes se fueron disolviendo a lo largo del fin de semana. Mientras, el Gobierno aumentó aún más la tensión en su enfrentamiento con los camioneros al acusarlos de hacer locaute, o sea, cierre patronal (en Brasil se adapta el término inglés, lockout), que es ilegal; y de estar asociados con mafias y criminales para presionar a la clase política. Si la idea era enfrentar al gremio con la ira de la población, no le salió del todo bien, al menos de momento. Las pistas dadas hasta ahora indican que, por ahora, el apoyo a los camioneros es algo generalizado. Incluso Claudenilson les manda ánimos desde su restaurante vacío de Recife. “Por mí, que los camioneros sigan, hasta el fin”, dice. “Hasta que les bajen el precio del combustible”.

El País
Tom C. Avendaño
Felipe Betim
Marina Rossi
Afonso Benites
São Paulo / Brasilia
Domingo 27 mayo de 2018.


Curitiba, Brasil.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ingresó hoy en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, donde será recluido para empezar a cumplir su pena de doce años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Lula llegó a Curitiba en avión procedente de Sao Paulo, donde se entregó a la Policía Federal en cumplimiento del auto de prisión dictado el pasado jueves por el juez Sergio Moro.

Cientos de simpatizantes y detractores, separados por un cordón policial de unos 30 metros de distancia, acompañaron el histórico momento apostados en los alrededores del recinto.

La Policía Federal tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a partidarios de Lula que protestaban en la puerta de la institución en el momento del aterrizaje del helicóptero en el que el expresidente fue trasladado hasta la prisión.

Los detractores del dirigente, por su parte, festejaron intensamente su encarcelamiento con pitos, cacerolazos y fuegos artificiales.

Lula, de 72 años, se entregó hoy a las autoridades después de pasar las dos últimas dos noches atrincherado en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en la región metropolitana de Sao Paulo, arropado por simpatizantes que intentaron impedir por la fuerza la salida de su líder.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) cumplirá su prisión en una sala "especial" de unos 15 metros cuadrados y en cuyo interior hay una cama, una mesa con sillas, un baño privado y una ventana que da al patio interior de la sede policial.

Esta sala está aislada de la veintena de reclusos que están internados en la sede policial, siete de ellos por el caso de corrupción en Petrobras, por el que fue condenado Lula.

El exjefe de Estado (2003-2010) se encontrará, entre otros, con Renato Duque, ex directivo de Petrobras, y Leo Pinheiro, expresidente de OAS, la constructora que dijo haberle cedido un lujoso apartamento en el litoral paulista a cambio de contratos con la petrolera y que motivó su condena.

También estará a pocos metros de la celda donde se encuentra el exministro Antonio Palocci, uno de sus principales correligionarios que pasó de defender a Lula a acusarle de firmar un "pacto de sangre" con la constructora Odebrecht, también implicada en la trama, que incluía "un paquete de sobornos" para el PT.

En caso de que sean rechazadas las futuras apelaciones, el tornero que se transformó en presidente estará durante al menos dos años en prisión en régimen cerrado.

EFE
Curitiba, Brasil
Sábado 7 abril 2018.


•    Consejeros dicen al mandatario que presentar su renuncia es el camino menos traumático

•    Partidos de la alianza gubernamental amenazan con no aprobar reformas que exige la banca

La semana termina con Brasil a las puertas del colapso absoluto. El jueves pasado la fiscalía general de la unión solicitó al Supremo Tribunal Federal, por conducto del procurador general, Rodrigo Janot, que se abran investigaciones contra el presidente Michel Temer. Edson Fachin, ministro de la Corte Suprema encargado de deliberar, lo autorizó.

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó formalmente ayer a Temer de corrupción y obstrucción de la justicia, de acuerdo con una investigación difundida el viernes por el Supremo Tribunal Federal. En un acuerdo con la fiscalía dado a conocer como parte de varios documentos que dicho tribunal dio a conocer, un importante empresario ofreció pruebas grabadas de una conversación con Temer, en la que se constata que el gobernante recibió sobornos por 1.5 millones de dólares.

Con eso Brasil es, desde ayer, gobernado por un presidente surgido a raíz de un golpe institucional, que llegó al poder atropellando los 54 millones 500 mil votos de la destituida presidenta Dilma Rousseff. Ahora es investigado por la instancia máxima de justicia del país.

Pesan contra Temer acusaciones de intentar obstruir la justicia, corrupción pasiva e integrar una organización criminal. Además, filtrar información confidencial y otras pesadísimas cositas más.

Empieza a terminar de esa manera lo que quizá no debió haber iniciado jamás: su gobierno. Hasta aliados cercanos, quienes participaron activa y decisivamente para derrocar al gobierno electo y la consecuente asunción de Temer, comenzaron a abandonar un barco que está a la deriva y da muestras de un naufragio inminente.

Todo empezó de la manera menos esperada, a través de una voluntaria y ultrasigilosa propuesta de delación premiada, iniciativa que permite, acorde con la legislación brasileña, que un investigado negocie reducciones o hasta anulación de sentencia a cambio de confesiones. Esta acción partió de los hermanos Batista, del grupo JBS.

Los dos tienen nombres raros: Joesley Batista y Wesley Batista. Controlan JBS, empresa que nació en 1953 como un pequeño frigorífico de carne de res y creció de manera sólida y bajo el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y su política de fomentar las gigantes nacionales. Recibió gordísimas inyecciones de recursos públicos, lo que le permitió transformarse en la segunda mayor productora y la más grande exportadora de carnes del planeta, además de extender sus tentáculos a sectores que no tenían nada que ver con su objetivo inicial, como ingresar en el mercado de energía eléctrica.

Informado de que estaban bajo investigación de la Policía Federal y de la fiscalía, Joesley Batista, hermano mayor y controlador del grupo, decidió tomar la iniciativa. Grabó conversaciones con altísimas personalidades del gobierno de Temer, pidió apoyo a la Policía Federal para pinchar teléfonos de elevadas autoridades y grabar imágenes de entrega de robustísimas cantidades de dinero, lo que incluyó a emisarios de Temer, con chips en las valijas y números de serie de billetes anotados y controlados. Además, grabó conversaciones telefónicas con el principal cabecilla del golpe, ejecutado por el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual prisionero Eduardo Cunha, el senador Aécio Neves, del mismo Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y un número todavía desconocido de políticos que controlan el gobierno surgido con el golpe.

El resultado fue positivo para los hermanos Batista, quienes obtuvieron garantía de inmunidad –lo cual significa que no serán recluidos, pero están en espera de grandes multas, que ahora son negociadas– y permiso para salir de Brasil y residir en cualquier parte del mundo.

Al mismo tiempo, ese resultado ha sido irremediablemente devastador no sólo para Michel Temer, sino para el grueso de sus aliados.

Neves, por ejemplo, fue alejado de su escaño. No perdió, por ahora, el mandato, lo que le asegura un foro jurídico privilegiado. Pero no puede salir del país ni reunirse con ningún otro investigado (lo que, en su caso, significa un aislamiento casi total), vio liquidada su carrera política y, peor, cómo su hermana Andrea, verdadero cerebro detrás de cada uno de sus pasos, era conducida a una celda.

La devastación del terreno habitado por Temer recién empezó. Para que se tenga una muestra de lo que Joesley Batista entregó a la Policía Federal y, al mismo tiempo, a la justicia, vale mencionar que un emisario de Temer, debidamente autorizado por el presidente, negoció una semanada, que es como en Brasil se llama al pago que los padres suelen dar a sus hijos adolescentes, de 500 mil reales –unos 160 mil dólares– por semana a lo largo de 20 años (eso: unos 160 millones de dólares, que seguramente serían compartidos con aliados de diversos partidos), a cambio de irregularidades que favorecerían al grupo JBS.

El jueves, día siguiente a la noticia bomba, un Michel Temer visiblemente furioso hizo una breve declaración –cuatro minutos, 54 segundos– a la prensa y a los brasileños y brasileñas. Aseguró que no presentaría su renuncia, que estaba indignado, e instó a los responsables de la fiscalía general y de la Corte Suprema a que aceleren las investigaciones para que pueda comprobar su inocencia.

Al día siguiente apareció un artículo del columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, voz disonante en un periódico que respaldó enfáticamente el golpe contra Dilma Rousseff, trazando un paralelo concreto entre sus indignadas palabras y las de un igualmente indignado Richard Nixon meses antes de verse forzado a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Y pasó el día viendo cómo se acumulaban golpes y más golpes, casi cada dos horas, ahora con la divulgación del contenido de la delación premiada del más joven de los hermanos: Wesley Batista.

Basada en las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía Federal, la fiscalía general de la unión denunció indicios estridentes de que Neves y Temer maniobraban para retrasar avances de la operación Lavado rápido que afectaran a sus respectivos partidos.

Pero hay más elementos, muchos más, para complicar no sólo a Temer. También el mismo proceso parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff: en su delación, los hermanos Batista dicen haber distribuido unos 5 millones de dólares a diputados para que votaran en contra de la mandataria.

La semana termina con un país envuelto en nubes de profunda incógnita. Al menos dos partidos de la alianza gubernamental han saltado del barco, dejando dudas concretas sobre la posibilidad de aprobar, en el Congreso, las tan mencionadas reformas exigidas por la banca y el empresariado, que son, en última instancia, el único sostén de Temer.

Al mismo tiempo, aliados y consejeros tratan de convencer a Temer de que la renuncia sería el camino menos traumático. Dos de los sostenes básicos de su gobierno, la revista semanal Veja y, principalmente, las organizaciones Globo (revistas, emisoras de radio, televisión por cable y especialmente Tv Globo) piden su dimisión.

Sondeos de opinión pública, cuyos resultados fueron divulgados este viernes, revelan que 98 por ciento de entrevistados piden elecciones inmediatas.

Michel Temer no está en la más absoluta soledad, porque lo acompaña un nutrido batallón de denunciados.

La Jornada
Eric Nepomuceno /Especial
Río de Janeiro, Brasil
Sábado 20 de mayo de 2017.

 

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