El exgobernador Mario Marín Torres desmintió que le hubieran otorgado un amparo para descongelar sus cuentas bancarias, como lo aseguró la periodista Lydia Cacho.

Además, el despacho E&E Consultoría Corporativa de México, que lleva el caso de Marín, reclamó que el tuit de Cacho donde se menciona la cantidad de 800 millones de pesos pone en riesgo la seguridad de la familia del exgobernador.

“Dicho Twitter confunde y exacerba a cualquiera por la cantidad que se maneja (800 millones de pesos) y sobre todo pone en riesgo a su familia de ser objeto de algún delito, si alguien piensa que cuenta con esa cantidad”, apuntó en un comunicado.

De acuerdo con el exmandatario, no ha promovido ningún amparo en contra de la inmovilización de sus cuentas bancarias, y la resolución judicial en torno al desbloqueado de dinero que fue congelado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo, fue concedido exclusivamente a favor del empresario textilero Kamel Nacif.

“En tal virtud, la afirmación de la señora Cacho es falsa e incurre en una falta de respeto absoluta, al realizar acusaciones de corrupción totalmente infundadas hacia los titulares del Poder Judicial de la Federación”, remarcó el despacho.

El pasado lunes 21, la autora del libro ‘Los Demonios del Edén’ publicó en su cuenta de Twitter este mensaje: “La corrupción del poder judicial de México sigue igual. Dos jueces de #Puebla liberan las cuentas congeladas de los prófugos torturadores y tratantes de niñas. El ex gobernador #MarioMarin y #KamelNacif 800 millones. Libres para moverse a su antojo; buscados por Interpol”.

Proceso
Puebla, México
Gabriela Hernández
Miércoles 23 septiembre 2020.


Dos jueces federales con sede en Puebla ordenaron el descongelamiento de las cuentas bancarias del exgobernador de la entidad Mario Marín Torres (2005-2011) y del empresario textilero Kamel Nacif, quienes actualmente se encuentran prófugos señalados por el delito de tortura.

Así lo dio a conocer la periodista Lydia Cacho, quien lamentó la corrupción que prevalece en el poder judicial del país y que permite que ambos personajes puedan hacer uso de 800 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado desde marzo pasado.

La también autora de Los demonios del Edén reveló que fue el Juez Primero de Distrito de Juicios Federales de Puebla, Miguel Arroyo Herrera, quien ordenó descongelar las cuentas del gober precioso, mientras que el Juez Octavo de Distrito de Juicios Federales de Puebla, Pedro Arrollo Soto, falló a favor del empresario Kamel Nacif.

“La corrupción del poder judicial de México sigue igual. Dos jueces de #Puebla liberan las cuentas congeladas de los prófugos torturadores y tratantes de niñas. El ex gobernador #MarioMarin y #KamelNacif 800 millones. Libres para moverse a su antojo; buscados por Interpol”, tuiteó la periodista.

Desde abril de 2019, María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, ordenó la aprehensión de Marín Torres y de Nacif, así como de Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla, y Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales, todos acusados por el delito de tortura en contra de Cacho presuntamente cometido en 2005.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 23 de septiembre de 2020.



Lydia Cacho acusa que la defensa puso de pretexto su edad para que no lo detengan en Puebla

La defensa del ex gobernador Mario Marín Torres recurrió hoy a un amparo para que no sea detenido por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, bajo el argumento de que es población de riesgo ante el Covid-19.

Así lo dio a conocer esta tarde la agraviada en una publicación en la red social de Twitter en la que además acusa sobornos del ex mandatario a los tribunales.


Lydia Cacho

@lydiacachosi
Este es el ex gobernador #MarioMarínPrófugo por tortura, encubridor de tratantes de niñas. Acaba de solicitar un amparo para no ser detenido en Puebla “Porque es población en riesgo por #Covid19 “ Soltando dinero en tribunales ? @lopezobrador_  @FGRMexico @M_OlgaSCordero

Ver imagen en Twitter
3.903
17:57 - 24 abr. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
3.628 personas están hablando de esto

De acuerdo con Cacho Ribeiro, los abogados de Marín Torres plantearon que a sus 60 años no debe ser arrestado en Puebla pues corre el riesgo de enfermarse.

Al presentarse el amparo en el Segundo Tribunal Unitario de Circuito en Cancún, agrega, la petición tuvo un primer visto bueno del magistrado Óscar Rodríguez Álvarez, quien manifestó su preocupación por el mandatario.

"Dice el Magistrado Oscar Rodríguez Alvarez de Cancún que “Le preocupa mucho la salud del ex gobernador Marín”. ¿Y mi derecho como víctima de tortura? ¿ y el derecho de las niñas y niños víctimas de pornografía infantil? ", cuestionó la periodista.


Lydia Cacho

@lydiacachosi
 · 5h
Este es el es gobernador #MarioMarínPrófugo por tortura, encubridor de tratantes de niñas. Acaba de solicitar un amparo para no ser detenido en Puebla “Porque es población en riesgo por #Covid19 “ Soltando dinero en tribunales ? @lopezobrador_  @FGRMexico @M_OlgaSCordero

Ver imagen en Twitter

Lydia Cacho

@lydiacachosi
Dice el Magistrado Oscar Rodríguez Alvarez de Cancún que “Le preocupa mucho la salud del ex gobernador Marín”. ¿Y mi derecho como víctima de tortura? ¿ y el derecho de las niñas y niños víctimas de pornografía infantil? @CarlosJoaquin @ArturoZaldivarL

977
18:34 - 24 abr. 2020
Información y privacidad de Twitter Ads
564 personas están hablando de esto
En sus publicaciones Cacho Ribeiro pide la intervención del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La orden de aprehensión contra Marín Torres fue dictada el 15 de abril del año pasado luego de que se reabriera el caso de tortura contra la periodista y su defensa ya había recurrido a otros amparos.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Viernes 24 de abril de 2020.


Presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, exgobernador de Puebla, del empresario textilero Kamel Nacif, y de Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, quienes se encuentran prófugos de la justicia por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

El sitio Aristegui Noticias dio a conocer que la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado, pero además se espera que la medida ayude a las autoridades a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes por los ataques a la periodista.

Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que a su vez pidió a las instituciones bancarias informar las cuentas y montos vinculados a los presuntos criminales.

Según primeras investigaciones, el exgobernador de Puebla es titular de cuentas en Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander.

Las autoridades también solicitaron congelar cuentas de miembros de la familia del exgobernador que le acercan recursos para mantenerse prófugo.

Las autoridades mantienen la hipótesis de que el exgobernador se encuentra en Puebla, en zonas alta plusvalía.

Sobre el empresario textilero Kamel Nacif, conocido como “El Rey de la Mezclilla”, las autoridades solicitaron congelar el acceso a cuentas donde es titular y de su círculo familiar, pero también de 12 empresas donde figura como representante legal o ‘tercero relacionado’.

La UIF detectó cuentas a Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, en BBVA, HSBC y Santander.

En 2005, Kamel Nacif, conocido como el ‘‘Rey de la mezclilla’, pidió a los exfuncionarios de Puebla detener a la periodista Lydia Cacho en Quintana Roo en represalia por exhibir su participación en una red de pederastia en el libro “Los Demonios del Edén”.

Mediante una llamada telefónica a finales de 2005, Kamel Nacif agradeció a Mario Marín su intervención y le ofreció enviarle dos botellas “bellísimas” de coñac. El entonces gobernador le dijo: “acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad”.

Artículo 19 informó en un comunicado que hay procesos judiciales contra cinco policías judiciales (hoy ministeriales) del estado de Puebla, uno del estado de Quintana Roo, el ex director de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam; el ex gobernador del mismo estado, Mario Marín Torres; y el empresario textilero Kamel Nacif.

Durante prácticamente 15 años, Lydia Cacho ha buscado justicia en tribunales locales, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instancias de la ONU, sin que los principales acusados hayan llegado al banquillo de los acusados.

e-consulta
Puebla, México
Domingo 22 de marzo de 2020.


Los magistrados aclararon que la resolución que dictaron no implica poner en libertad al condenado, pero la nueva sentencia tampoco podrá superar los 112 años de prisión; Jean Succar Kuri fue detenido en 2004 por pederastia

Un tribunal federal revocó la sentencia por 112 años de prisión dictada contra Jean Succar Kuri por pederastia, debido a que consideró que existieron vicios en su proceso penal, sin embargo, no saldrá libre.

El Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo ordenó emitir una nueva resolución en el que se tenga por demostrado el delito de pornografía infantil y abuso sexual cometido en contra de siete menores.

Es decir, que se determine si las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la agresión cometida por Succar Kuri contra siete menores de edad entre el 5 de noviembre de 2000 a noviembre de 2003 fue de manera individual o si se cometió en algunas ocasiones estando dos o más menores juntos.

Esta es la segunda ocasión que la condena de Succar Kuri debe ser modificada, el 21 de julio de 2016 el Tribunal Unitario de Quintana Roo, hoy Primer Tribunal Unitario, modificó su condena por 70 años emitida por el juez Segundo de Distrito para incrementar la pena a 112 años de cárcel.

Contra esta resolución, Succar Kuri presentó un amparo directo en el que ahora el Primer Tribunal Colegiado le dio parcialmente la razón pues ordenó al Unitario analizar el concurso real de los hechos conforme a la legislación Penal Federal vigente al momento de los mismos.

Los magistrados también ordenaron la aplicación de una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que si “efectivamente en el caso, de acuerdo a la mecánica de los hechos, se actualizan los elementos esenciales del concurso real de ilícitos”.

Los magistrados aclararon que la resolución que dictaron no implica poner en libertad al acusado, pero la nueva sentencia condenatoria tampoco podrá superar los 112 años de prisión que le fueron impuestos en el fallo impugnado.

“La anterior determinación no implica la libertad del ahora quejoso. Sólo resta decir que, atento al principio de non reformatio in peius, no podrá incrementar el grado de culpabilidad que estableció -medio- y tampoco imponer una pena que supere la determinada con anterioridad en la resolución que constituye el acto reclamado”, precisaron.

En su amparo, Succar Kuri alegó que la sentencia por la que fue condenado a 112 años de prisión es tendenciosa porque no se realizó un adecuado análisis de los medios de prueba que obran en el expediente.

“Da la impresión de que solamente se está reproduciendo el dictado del auto de formal prisión. Se impone una sentencia que carece de ese estudio jurídico”, señaló.

Succar Kuri fue detenido el 5 de febrero de 2004 en Chandler, Arizona por agentes del U.S. Marshals Service (Regional Task Force).

El 11 de marzo de 2004 la extinta Procuraduría General de la República en Quintana Roo ejerció acción penal en su contra por el delito de pornografía infantil agravada.

El Universal
Diana Lastiri
Ciudad de México
Lunes 10 de febrero de 2020.


Esta es la historia de Raúl Martins, el proxeneta más buscado por un gobierno extranjero en México. Su ascenso, sus padrinos políticos y su estrepitosa caída explican las redes de poder detrás del negocio global del sexo forzado.


Roberto Borge, con un vaso de whisky en una mano y una sonrisa instalada en la cara, baila al ritmo de una cumbia en la pista de un salón cercano al Centro de Convenciones del paradisiaco Cancún. Es una calurosa noche de primavera en 2010 y el joven licenciado en Administración de Empresas es el anfitrión de una lujosa fiesta que lo celebra como candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, donde su partido nunca ha perdido una elección estatal.

La guayabera blanca contrasta con el rostro enrojecido que delata su ligera embriaguez. Roberto Borge, de apenas 31 años, saluda efusivamente a sus invitados y agradece su asistencia. No es para menos: la celebración es, en realidad, una cena de recaudación para financiar su campaña electoral. Un centenar de personas atestiguan el convite.

Cada entrada cuesta mil euros, pagados voluntariamente por amigos y familiares, como su tío, el exgobernador Miguel Borge Martín, o su primo, el empresario Kamel Nacif Borge, acusado de tortura por la periodista Lydia Cacho. Pero en el salón hay un hombre que donó y que donará mucho más que mil euros a la campaña de “su queridísimo amigo”: el ex espía argentino y conocido zar de la prostitución forzada en Cancún, Raúl Martins.

El argentino eligió Cancún para instalarse y abrir su primer prostíbulo en México.

Su cercanía es tal que aquella noche, Raúl Martins, con un fino traje italiano negro, cruza la pista, toma a Roberto Borge de los hombros y le da un efusivo abrazo. Hay confianza entre ellos. Mejor dicho: complicidad.

Una de las invitadas contará años después que “Beto” era, desde hace años, un cliente frecuente de Raúl Martins, quien lo trataba como rey a cambio de protección. La mujer que, aquella noche, viste un entallado vestido azul que combina con un pañuelo rojo, observa desde el fondo del salón. Memoriza esa cena que es clave para entender esta trama de sexo, corrupción y poder.

“¡Mi querido amigo! ¡El próximo gobernador del estado!”, grita el argentino y los asistentes aplauden. Tendrá razón: Roberto Borge ganará cuatro meses después la elección y gobernará la entidad entre 2011 y 2016.

Lo que no saben es que el entramado de protección que se brindan mutuamente no resistirá el paso del tiempo: en 2017, el priista será detenido, y encarcelado, por corrupción y lavado de dinero, mientras que Raúl Martins caerá dos años más tarde que su amigo, por trata de personas.

Pero eso será después. Por ahora, los dos se abrazan y lucen como los reyes del mundo. Cada uno ocupa un lado de la misma moneda: poder político y poder económico.

Lorena, la mujer del vestido azul y acompañante del ex espía argentino, recordará en 2019 esa noche con una contundente oración que secunda un empresario cancunense que también asistió a la cena: “El PRI era el guardaespaldas de Raúl Martins”. Ambos, Lorena y el empresario, cuentan a EMEEQUIS la historia que les tocó atestiguar. Las huellas de corrupción y abuso de poder que fue dejando el espía que sedujo a Roberto Borge también quedaron plasmadas en expedientes judiciales de Argentina y México.

Los pininos del proxeneta

Raúl Martins Coggiola, ahora de 71 años, fue un hombre ordinario durante el primer cuarto de su vida. Luego, un hombre pesadilla. A los 25 años le gusta beber mate, leer sobre Derecho e Historia, escuchar rock en español y pasearse por la ciudad de la mano de su esposa Cristina Susana. Como muchos que nacieron en Santa Fe, Argentina, es un hincha devoto del Club Atlético Colón. Pero su sueño no es ser futbolista. Es algo, incluso, más infantil: él anhela ser espía.

Gracias a un teniente amigo de su suegro, Martins ingresa sin cumplir todos los requisitos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 1974. Es un año definitivo para la historia de su país y la suya: el presidente Juan Domingo Perón fallece y deja una nación convulsa. El joven debe aprender el oficio, y rápido, si quiere servir con eficiencia a sus amigos militares, quienes ven en la muerte del mandatario la oportunidad perfecta para, dos años más tarde, robar el poder e instaurar una dictadura.

Así que el joven Raúl Martins se despoja de su identidad. Ahora se hace llamar Aristóbulo Manghi y se hace pasar por profesor de Historia para ubicar a jóvenes de izquierda que pelean contra la dictadura. Su ojo es implacable: apunta hacia líderes estudiantiles, casi de su edad, que terminarán asesinados o desaparecidos. Su dureza atrae a los altos mandos de la dictadura y le ofrecen ser jefe de la Base Billinghurst, una especie de campo de concentración del terrorismo de Estado.

Raúl Martins aprende dos dudosas habilidades en esa enorme mazmorra en pleno barrio de Palermo: a torturar sin perder el sueño y a tratar con criminales. Absorbe de ellos toda la malicia que no obtuvo de joven. E, incluso, se enamora de una: Norma Oviedo, “La Negra”, quien le ofrece sus contactos en la Policía Federal para empezar un negocio de baja inversión y altos rendimientos.

Para 1979, Raúl Martins ya no solo es un espía. Es el flamante dueño de su primer prostíbulo, The One, en la ciudad de Buenos Aires. Se hace adicto al comercio sexual, al dinero, a las drogas y al poder de tener un local así. Renuncia al gobierno y en los próximos años abrirá varios negocios más, donde recibe a amigos, socios y cómplices de una poderosa red cuidadosamente tejida por sus manos expertas en inteligencia militar y contrainteligencia: su ojo experto ubica a mujeres argentinas, brasileñas, chilenas, que son generosas en curvas, pero pobres en recursos, y las lleva a sus locales con engaños de un trabajo decoroso y sencillo. Luego aplica una técnica propia que él llama “el rompimiento”: las encierra en casas de seguridad, les inventa deudas estratosféricas por viajes, hospedaje y comida y las obliga a bailar y ser violadas para saldar sus adeudos; si no lo hacen, las deja en la calle, amenaza con fabricarles cargos con sus amigos policías y las golpea, según un modus operandi denunciado por la organización civil argentina La Alameda, ante la jueza federal María Romilda Servini.

Cada exclusivo club que abre está a nombre de un testaferro. Cada nuevo local tiene su propia nómina en la que incluye a poderosas autoridades locales. Pero, sobre todo, cada prostíbulo de cinco estrellas tiene algo que le enseñó su jefe en la central de inteligencia, Jaime Stiuso: un circuito cerrado de televisión con el que filma a sus mejores clientes frente a sillones y mesas repletas de mujeres secuestradas, armas, cocaína y dinero en efectivo. Ese es su seguro de vida.

Por sus cámaras desfilan deportistas, actores, empresarios, policías, jueces y políticos. Nadie sabe que es filmado. Lo sabrá en 2012 un millonario empresario futbolero que luego incursionará en la política, cuando su fotografía en un antro donde había mujeres esclavizadas, propiedad de Raúl Martins, llegue a las primeras planas de los diarios de su país: sentado en un sillón de cuero blanco aparece el exalcalde de Buenos Aires y expresidente de Argentina, Mauricio Macri.

Si eso hizo en su patria, ¿a quiénes filmó en México?

Un explotador sexual llega a México

La suerte en Argentina no es eterna para Raúl Martins. Perseguido por su creciente fama como el “zar de la prostitución”, decide ponerse a salvo y huir de su país. Elegir su destino es sencillo: un tratante como él solo podría aterrizar en “la Bangkok latinoamericana”, el país número dos en turismo sexual a nivel mundial, México.

Datos de la investigación en su contra, obtenidos por EMEEQUIS, dan cuenta que el ex espía entra por Tijuana el 19 de mayo de 2002 con una visa de turista. Lleva pocas maletas, pero cuenta con la lealtad de amigos, como el priista Jorge Hank Rhon, y amigos de sus amigos. Uno de ellos es el hoy detenido por trata de personas, Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, fundador de la página de explotación sexual Divas.com, que más tarde se renombrará como ZonaDivas.com, ya con Raúl Martins como socio. Ambas páginas ya han sido dadas de baja de internet por ofrecer mujeres secuestradas con cargo a una tarjeta de crédito.

El argentino elige Cancún para instalarse. No pierde tiempo: abre su primer prostíbulo en México, The One, mismo nombre que su primer local en Buenos Aires, pero ahora a unas calles de la playa. Luego abre Divas, Ellegance y Mix Sky Lounge. Se expande a Playa del Carmen e inaugura Maxim. Ninguno está abierto ahora, pero en aquel año el funcionamiento es el mismo que afinó en Argentina: trae a México mujeres de Sudamérica, las “rompe”, las obliga a vender sexo y las ofrece a clientes VIP, quienes ignoran que son videograbados. Según la periodista Lydia Cacho, en su libro Esclavas del Poder, para blindar su negocio hizo una poderosa alianza con Los Zetas, a quienes entrega mujeres secuestradas y, a cambio, se convierten en su guardia armada.

Sus clientes incluyen regidores, alcaldes y políticos locales en Quintana Roo, casi todos del PRI y el PVEM, que son los partidos que dominan el territorio en aquellos años. También legisladores y jueces; empresarios y narcotraficantes, según los testimonios de las mujeres que narraron el funcionamiento de los negocios de Raúl Martins ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Argentina. A ellas les cuesta recordar nombres, pero no olvidan que los clientes entraban con sus cargos por delante y fajos de billetes por detrás.

Una muestra del pacto de complicidades que tejió Raúl Martins en México ocurre en 2004, cuando la Secretaría de Gobernación abre el expediente SDRM-6495 por el estatus migratorio irregular del argentino. Pero el ex espía ni se despeina: el juez federal Alfonso García Lanz le obsequia un amparo para protegerlo de la deportación. Años más tarde, ese polémico juez será vinculado a Los Zetas por periodistas locales.

Sus poderosos amigos lo protegen porque escuchan sobre su videoteca y les llega el rumor de que, si Raúl Martins cae, el cajón de los secretos se abrirá. Pero ni así dejan de asistir a sus prostíbulos. La tentación es demasiado grande. Así que la cadena de favores crece: Martins recibirá, al menos, seis amparos judiciales para impedir su arresto y cateo y cierre de sus locales; también le avisan de operativos y verificaciones estatales y municipales. A cambio, replica lo que hizo en Argentina: financia campañas políticas. Se asegura que sus clientes queden en puestos claves de la administración pública local y les da costosos regalos, como documentó La Alameda.

Sin embargo, su imperio de prostitución forzada recibe un golpe demoledor desde donde menos lo espera. Su mano derecha y abogado en México y Argentina, Claudio Lifschitz, confiesa quiénes son los protectores más influyentes de su cliente a cambio de que se cancele una orden de aprehensión en su contra: Martins tiene en su celular el número personal, entre otros, del delegado estatal de la Procuraduría General de la República, Pedro Ramírez, y recibe protección del entonces gobernador priista de Quintana Roo Félix González Canto, el antecesor de “Beto” Borge, por instrucciones del exmandatario, también priista, Joaquín Hendricks.

Los dichos de Lifschitz llegan hasta la primera plana del diario Reforma el 11 de enero de 2007. El titular es contundente: “Regentea ex espía prostitución VIP”. La noticia sorprende a las autoridades mexicanas y da tiempo a Raúl Martins de esconderse, pero no le resta protección. Aunque tiene investigaciones federales en su contra, en los meses siguientes es común verlo en los hoteles y restaurantes más lujosos de Cancún, seguro de que sus amigos lo cuidan.

Nada parece cambiar en su mafioso estilo de vida. Hasta que llega otro golpe desde adentro de la organización.

La investigación de la denunciante

Lorena, la acompañante de cenas de Raúl Martins, toma un vuelo desde Argentina a México para reencontrarse con el ex espía, pero ya no lo ama. Todos los días se va agotada a la cama porque fingir amor le roba energía. Pese a su cansancio, es imparable en su investigación. Después de abrazarlo se mete al cubículo de la oficina que comparten y ella hurga, a prisas, todo lo que puede ayudarle a comprobar que sus negocios son una fachada para una red de trata de personas. Transcribe y fotografía libros contables, facturas, correos electrónicos. Anota citas y contactos.

Cuando conoció los negocios de Raúl Martins, al principio no notó que eran ilegales. Eso ocurrió con el tiempo. Poco a poco se le develó una maquinaria que se lubricaba con el dolor ajeno y que generaba millones de pesos. Cuando por fin lo confronta, la reacción de Raúl Martins fue tan violenta que ella y su familia huyeron del país para escapar de su ira. Por un tiempo eso le dio tranquilidad, pero después Lorena no podía dormir sabiendo que conocía las venas entrañas de ese negocio criminal y que estaba abandonando a su suerte a decenas de muchachas secuestradas. Tenía que hacer algo, incluso si eso significaba volver a tocar a ese hombre que ahora le repugna.

Por eso, Lorena está de vuelta con él en 2011. Está absorbiendo todo como una esponja: la historia de una joven mexicana a la que ataron a una silla y le destrozaron los pómulos por querer escapar del tabledance. La de la joven argentina que yace voluptuosamente sobre una cama de hotel horrorizada por su primera violación. La de la chica que ya no quiere seguir bebiendo whisky con un cliente violento y Raúl Martins la castigó obligándola a comer su propio vómito. La de la joven a la que le muerden los pechos como escarmiento por no juntar la cuota del día.

Una historia le cala por encima de todas: la de la joven que, sabiendo que está secuestrada por la red de Raúl Martins y que será entregada para prostituirse con Los Zetas, se avienta de un automóvil en movimiento en la carretera que conecta a Cancún con Playa del Carmen. Al caer se parte la cabeza y un automóvil rueda encima de ella.  Sus captores la abandonan creyendo que ese amasijo de huesos rotos y carne molida ya no tiene pulso. Increíblemente, la chica sobrevive y a los tres días sus captores van por ella a un hospital. La encierran y la torturan por semanas en un cuarto ubicado en el kilómetro 84.5 en la Avenida Kukulcán, de donde la joven escapa para contar a Lorena cómo es vivir bajo el yugo de Raúl Martins.

“Todo eso lo hizo él, ¿cómo podría amarlo después de eso? Tenía que denunciarlo”, me cuenta Lorena con la voz deshilachada de miedo. “¿Y qué relación tenías con él?”, le pregunto, no porque ella no lo haya contado antes, sino porque necesito que lo diga.

Lorena carraspea la garganta. Hay un largo silencio del otro lado de la línea. Parece que ha colgado. Estoy a punto de bajar el teléfono, pero de pronto la escucho.

“Por denunciar todo eso también me quiso matar a mí”, dice. “Raúl Martins es mi padre”.

“Mi papá financió campañas del PRI”

Después de hacer un enorme acopio de información y de testimonios, Lorena Martins denuncia en 2012 a su propio padre ante el fiscal Marcelo Colombo, jefe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos de la Procuración General de la Nación en Argentina. Sus dichos se unen a los del abogado Claudio Lifschitz y decenas de víctimas que relatan sus historias entre llantos incontrolables y golpes en la mesa: ellas recuerdan que el ex espía les aplicaba las torturas que aprendió durante la dictadura militar, como ahogarlas, darles toques eléctricos en genitales o privarlas del sueño. Algunas eran menores de edad.

El coro de denuncias ahora tiene más volumen que el pacto de silencio de Raúl Martins. La justicia argentina decide que ya tiene evidencias suficientes para procesarlo por delitos que van desde trata de personas hasta lavado de dinero. El problema es que su acusado vive en México y el gobierno sudamericano necesita de las autoridades mexicanas para arrestarlo. Pero el sospechoso tiene una red protectora que le anticipa cada movimiento en su contra.

    “Yo fui testigo de cómo mi papá financió campañas políticas del PRI en Quintana Roo. Pagaba miles de dólares. Mucha gente, mucha, le debía favores a mi padre”, recuerda Lorena Martins. “Es un tipo sin ningún respeto por la vida. Yo lo escuché ordenar el asesinato de varias personas”.

Son años de altibajos para el ex espía. Su vida a todo lujo continúa solo que con un perfil más bajo. Se ausenta de los prostíbulos VIP, pero no deja de recibir regalías por la prostitución forzada de su red, como la de ZonaDivas.com, que terminará por convertirse en la proveedora de mujeres al cártel de La Unión Tepito en Ciudad de México.

El mito de Raúl Martins crece como espuma de champaña: es el proxeneta más buscado del país, pero nadie lo toca a pesar de que todos saben que vive en el condominio Residencial Maralago frente al mar turquesa de Cancún.

Un empresario nocturno en Cancún –pidió anonimato–, quien fue testigo de la cena de recaudación que unió a “Beto” Borge con Raúl Martins, me cuenta que, en varias ocasiones, el argentino dijo que mientras la mancuerna PRI-PVEM estuviera en Los Pinos, él estaba a salvo. Como ejemplo ponía el presunto suicidio en 2011 de la joven búlgara Galina Chankova, traída a México por la red de Raúl Martins, y quien cayó del piso 19 de la Torre Emerald, en Cancún, durante una fiesta a la que habría asistido el exlíder nacional del PVEM, Jorge Emilio González. Aunque ha insistido en negar su vínculo con esa muerte, Raúl Martins aseguraba que, si él contaba la verdad de esa fiesta, “El Niño Verde” tendría serios problemas con la justicia. Numerosas investigaciones periodísticas lo contradicen.

“Atraparme significa para Enrique Peña Nieto destapar a corruptos en su partido y amigos. Y eso es lo último que quiere el presidente”, repetía, como mantra, según el empresario nocturno.

Pero la elección federal de 2018 da un vuelco a su blindaje. La misma corrupción que lo cobijó expulsa del poder a la coalición PRI-PVEM y el opositor Andrés Manuel López Obrador gana los comicios a la Presidencia de la República, con la promesa de acabar con el viejo régimen. Y una triple combinación amenaza a Raúl Martins: las presidencias municipales de Solidaridad, donde está Playa del Carmen, y Benito Juárez, que alberga a Cancún, ahora están en manos de Morena, y Quintana Roo es gobernado desde 2016 por Carlos Joaquín González, un viejo priista que cambió de bando y ahora es parte de la coalición PRD-PAN.

Con el priismo barrido del poder federal, estatal y municipal, Raúl Martins se mantiene en libertad apenas 11 meses más. Tras años de evadir la justicia, el 3 de octubre de 2019 le llega un final vergonzoso: mientras renguea hacia la frontera con Belice, agentes de la Fiscalía General de la República lo detienen. El espía espiado es detenido con una inverosímil peluca negra que tapa su calvicie, lentes oscuros y un falso acento mexicano con el que quiere convencer a sus captores que tienen al hombre equivocado. Nada funciona: Raúl Martins es encerrado días más tarde en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y lo ponen a esperar noticias sobre su orden de extradición.

Al llegar a su celda, acostumbrado al clima de Cancún, pide tímidamente una cobija. Los días de sol se han terminado.

La caída y sus últimos deseos

Actualmente, Raúl Martins espera la resolución de una petición de extradición a Argentina, su peor miedo. Allá le persiguen una docena de expedientes que lo pondrían en prisión hasta su muerte. Además, ya no tiene protección política: sus viejos aliados han muerto, se han jubilado o puestos en prisión; su conocido Mauricio Macri no logró la reelección presidencial y la vicepresidenta electa, Cristina Fernández, quiere continuar el legado contra la trata de personas de su exesposo, el fallecido presidente Néstor Kirchner, quien es recordado como un aliado contra la prostitución forzada por influyentes activistas de su país, como Susana Trimarco.

Para evitarlo, Raúl Martins Coggiola usa un recurso legal desesperado: según él, en 2014 el gobierno mexicano le otorgó la ciudadanía. Sus víctimas apuntan a que, si es cierto, se logró con corrupción y por lo tanto ese documento debería ser revocado. Por el momento, el argumento ha funcionado y Raúl Martins ha frenado su proceso de extradición gracias a los consejos legales que le dan sus amigos de la poderosa firma Gabino Andrade en Cancún, quienes han abogado por el presunto pederasta Jean Succar Kuri y por el exgobernador Mario Marín, el “Gober precioso” del priismo, ente otros clientes.

El espía que sedujo a Roberto Borge y otros priistas ahora mismo está luchando por quedarse a vivir en México. Su deseo es pasar sus últimos días en nuestro paraíso caribeño.

@oscarbalmen

Emeequis
Óscar Balderas
Ciudad de México
Jueves 28 noviembre de 2019.


Crescencio Marín, padre Mario Marín Torres, falleció el jueves, pero el exmandatario no asistió a los servicios funerarios debido a la orden de aprehensión que hay en su contra por el caso de Lydia Cacho.

El velorio se llevó a cabo en la Funeraria de Valle de los Ángeles, en la colonia El Mirador, donde se pudo observar la presencia de militares y policías municipales que presuntamente vigilaban si Marín Torres se presentaba en el lugar, pero eso no ocurrió.

En abril, la magistrada María Elena Suárez, del primer Tribunal Unitario con sede en Quintana Roo, ordenó al Ministerio Público federal aprehender a Marín, al empresario Kamel Nacif, al exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y al excomandante, Juan Sánchez Moreno, por el delito de secuestro y tortura en contra de Lydia Cacho, ocurrida en 2005.

Aunque días antes el exmandatario poblano había aparecido públicamente en actos de campaña de su excolaborador y en ese momento candidato a gobernador por el PRI, Alberto Jiménez Merino, desde que se supo de la orden de aprehensión ya no se supo de su paradero.

En agosto, se manejó la versión de que el exgobernador había acudido a una fiesta en Atlixco ofrecida por el empresario Rafael Forcelledo, sin que fuera detenido.

Se preveía que el sepelio del padre de Marín Torres, quien murió a los 96 años de edad, se llevaría a cabo en Santa María Nativitas Cuautempan, junta auxiliar del municipio de Coyotepec, de donde es originaria la familia.

A la funeraria acudieron los exfuncionarios marinistas, como Valentín Menéses, y Alberto Jiménez Merino, entre otros.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 8 noviembre 2019.


 Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Miguel Mora Olvera, exagente de la Policía Judicial del estado de Quintana Roo, por su probable participación en el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

En el año 2005, época en que ocurrieron los hechos, Mora Olvera ocupaba el cargo de agente de esa corporación policiaca, adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia del estado.

La comunicadora fue detenida y torturada en 2005 por la supuesta comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por José Kamel Nacif Borge, conocido como “El Rey de la mezclilla”, a causa de la publicación del libro, “Los Demonios del Edén”, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad.

La orden de detención se efectuó en Cancún, Quintana Roo.

Lo anterior luego que el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, solicitó y obtuvo el mandamiento judicial llevado a cabo por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM).

De acuerdo con la FGR, Miguel Mora, quien fue detenido sin uso de violencia ni afectación a terceros, quedó interno en el Centro de Reinserción Social Cancún, Quintana Roo, a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

Su detención se suma a la captura de otros tres probables responsables de los hechos: José Montaño Quiroz, Alejandro Rocha Laureano y Juan Sánchez Moreno.

José Montaño Quiroz, excomandante de la Policía Estatal de Puebla, fue detenido en 2014 y sentenciado en octubre de 2017 a cinco años y tres meses de prisión.

Alejandro Rocha Laureano, al momento de su detención, en diciembre de 2018, era elemento activo de la Fiscalía del Estado de Puebla; fue aprehendido en un domicilio ubicado en la avenida Puebla.

Y, Juan Sánchez Moreno, quien en diciembre de 2005 ocupaba el cargo de comandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Fue detenido en abril de 2019 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

Detienen a expolicía implicado en tortura contra Lydia Cacho

Figura dentro de la lista de exfuncionarios públicos en contra de quienes se libró una orden de aprehensión por la tortura en contra de la periodista

    
El exagente de la Policía Judicial en Quintana Roo, Miguel "N", implicado en la detención y probable tortura a la periodista Lydia Cacho, en diciembre del 2005, fue detenido en Cancún, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia informó este miércoles que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Miguel "N", por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura, en perjuicio de una periodista.

La orden de aprehensión fue concedida a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la FGR, que la cumplimentó este miércoles.

Miguel "N" fue llevado al Centro de Reinserción Social de esta ciudad, para ponerlo hoy a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

El exjudicial figura dentro de la lista de exfuncionarios públicos en contra de quienes se libró una orden de aprehensión en abril, por la tortura cometida en agravio de Cacho Ribeiro, cuyo domicilio fue allanado y sus mascotas, envenenadas en agosto pasado, lo que motivó su desplazamiento forzado de México, para salvaguardar su seguridad.

Extraoficialmente se menciona a nivel local que Mora Olvera fungió como escolta de la entonces fiscal especial en Delitos contra la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón, cuando intentó ser detenido por primera vez en noviembre del 2018, en esta ciudad, lo cual fue impedido por la propia funcionaria.

La propia funcionaria negó en su momento que se tratase de un intento de secuestro - como se manejó-- y explicó que la policía Federal se había "confundido" al detener su camioneta, pensando que a bordo se encontraba un expolicía judicial.

La detención de Mora Olvera se suma a la captura de otros tres probables responsables de los hechos: José "N", excomandante de la Policía estatal de Puebla, detenido en octubre de 2017 y sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel y Alejandro "N", quien era policía en activo en la fiscaliza poblana cuando fue detenido en 2018.

El tercero es Juan "N", quien en diciembre de 2005 ocupaba el cargo de Comandante de la Unidad Especializada en Cumplimiento a Mandamientos Judiciales, de la Procuraduría General de Justicia de Puebla y fue aprehendido en abril de 2019 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.

El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida y torturada por elementos de la policía de Puebla y de Quintana Roo, debido a que enfrentaba una acusación por la supuesta comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por el empresario textilero José Kamel Nacif, conocido como "El Rey de la mezclilla".

Kamel Nacif es citado en el libro "Los Demonios del Edén", escrito por Cacho, como parte de una red de pornografia infantil, encabezada por el pederasta Jean Succar Kuri, condenado a más de 100 años de prisión por ese y otros delitos, y quien fue trasladado en este año a la cárcel de Cancún.

El textilero es acusado de confabularse con el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, para "dar un escarmiento" a la periodista, de acuerdo con audios que se hicieron públicos en febrero de 2006.

Ambos, junto con Adolfo Karam Beltrán, también figuran dentro de la orden de aprehensión girada en abril pasado por autoridades judiciales y son buscados por la Interpol, que emitió una tarjeta roja internacional para su búsqueda.

Proceso
El Universal
Patricia Dávila
Cancún, Quintana Roo
Miércoles 16 octubre 2019.


Lydia Cacho denuncia inoperancia del Estado para defender a periodistas y actuar contra Marín


Washington. - La periodista mexicana Lydia Cacho denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la inoperancia del Estado mexicano para defender a los periodistas y actuar contra el exgobernador Mario Marín.

“No ha cambiado absolutamente nada con respecto a delincuentes que han cometido actos de pornografía infantil, explotación sexual comercial, trata de niñas y niños”, dice Cacho, víctima de ataques y persecución política por hacer tales denuncias.

En entrevista con Proceso, la escritora asegura que los perpetradores de los delitos contra menores de edad, quienes además la siguen acosando, “son los mismos” que también actuaron en su contra cuando sufrió un secuestro y ataque físico ordenado por el exgobernador priista del estado de Puebla, Mario Marín, actualmente fugitivo de la ley.

“Son los mismos los que una y otra vez han contratado (gente) para atacarme por seguir siendo parte del equipo de abogados y ser testigo principal contra todos ellos”, resalta la autora de ‘Los demonios del Edén’ y ‘Esclavas del poder’, donde denuncia la pederastia y explotación sexual en México.

En su queja ante el órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cacho destaca que “sigue la venganza”, de parte de los intereses afectados, sobre los periodistas e investigadores que denuncian los delitos de horror contra menores de edad, sin que las autoridades hagan algo para impedirlo.

Ella y quienes denuncian esos crímenes, agrega, han estado en contacto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entregando información de los casos pendientes y las acciones que en su contra han realizado los afectados como resultado de su trabajo.

Precisa que también han estado en contacto con la Fiscalía para la Protección y Defensa de Periodistas, y las secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, pero no se comunican entre las mismas entidades y otras no responden.

“Dentro del gobierno y las instituciones hay una división impresionante entre los grupos de poder que están peleando por el poder, y en eso estamos atrapados no solamente yo, sino miles y miles de mexicanos”, se queja la reportera.

La falta de atención a sus denuncias –añade– implica, por ejemplo, que la justicia mexicana no le eche el guante al exgobernador priista de Puebla, Mario Marín, pese a que su orden de aprehensión fue girada por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 12 de abril.

“Nunca tienen explicación clara de por qué no pueden ir por ellos y, por otro lado, tenemos información de la propia Interpol que nos dice que, aunque hay ficha roja, no han recibido los documentos adecuados por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para poder actuar al interior de México”.

El sentir de la periodista e investigadora es que en las entrañas del Estado mexicano no hay interés por encontrar a Marín y a quienes protegen y colaboran con el político priista.

“Tenemos ya la evidencia y los datos claros y contundentes que también tiene la Fiscalía, sobre el hecho de que el exdirector de la Policía de Puebla está vinculado y es propietario de cuatro empresas de seguridad privada en las que tiene a ex policías expulsados de la propia policía poblana, que están trabajando con el gobierno del estado”, abunda.

Al ser cuestionada sobre quién o quienes protegen a Marín y dónde se encuentra el exgobernador fugitivo, la periodista responde sin el menor titubeo:

“Ahorita, hasta la última vez que supe, la semana pasada, fue que Marín seguía en Puebla, que se está moviendo de un lugar a otro, y quien lo está protegiendo es el expresidente del Poder Judicial de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, que estuvo a punto de ser parte del gobierno de (Miguel) Barbosa, entre todo un grupo importante de jueces y juezas a quienes benefició durante su gobierno, y todo eso se lo hemos entregado a la Fiscalía”.

Proceso
J. Jesús Esquivel
Ciudad de México
Miércoles 25 septiembre 2019.


José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud en la administración de Mario Marín Torres y quien se convirtió en el primer marinista detenido por la administración de Rafael Moreno Valle, tras siete años de persecución, ganó la batalla legal que lo llevó a estar encarcelado cerca de un año.

Este miércoles, a unas horas de que tome protesta Miguel Barbosa Huerta, se confirmó que el exfuncionario obtuvo una sentencia definitiva del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con lo publicado por el periodista poblano Armando Álvarez, la sentencia quita a Alfredo Arango la sanción de mil 904 millones 448 mil y su inhabilitación para ejercer como funcionario público.

Lo anterior debido a violaciones a los derechos humanos a retrasar injustificadamente la emisión de la sanción por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La historia

Durante su campaña el primer gobernador emanado del PAN en Puebla prometió combatir la impunidad, por lo que tres días antes de que rindiera su primer informe de gobierno, durante la madrugada del 12 de enero de 2012 el exfuncionario fue detenido en su domicilio.

Horas más tarde, Víctor Carrancá Bourget, entonces procurador y aún hoy fiscal (con licencia) general del estado, anunciaba que la orden de aprehensión se libró desde el jueves 5 de enero y se hizo efectiva luego de que el juez octavo otorgó una orden de registro.

Dentro del proceso judicial 11/2012 al marinista se le acusaba de un enriquecimiento ilícito por un monto de 54 millones de pesos, desfalco por el cual también podría ser castigado con dos o hasta 11 años de prisión por no comprobar el origen de sus propiedades.

Con un Arango detenido, conforme continuaba el proceso siguieron apareciendo acusaciones en su contra, según comprobó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Uno de ellos fue por el uso de 60 millones de pesos del Seguro Popular para el pago de la seguridad social, retiro y seguros privados de la burocracia.

El informe también advirtió del pago a aviadores por 26 millones de pesos, y la compra de medicamentos no autorizados y con sobreprecio. En total, la ASF estima un daño probable al erario por un total de 89 millones de pesos.

Al informe se le sumaría el señalamiento por el subejercicio del 43 por ciento de los recursos destinados al cuidado de la salud de los poblanos, “ya que al 31 de diciembre de 2010 no había ejercido 1 mil 084 millones 263 mil pesos”.

El funcionario pasaría más de un año en prisión y conforme continuaba el proceso, el exfuncionario acumularía sanciones por daño patrimonial y administrativo en su cuenta pública de 2010, hasta llegar a sumar 13 mil 317 millones de pesos.

Sin embargo, a través de varios recursos Arango García lograría reducir y ajustar las sanciones, siendo en 2017, casi al finalizar el periodo de Moreno Valle cuando lograría el reajuste más significativo gracias a un recurso de revocación que interpuso en octubre de 2016.

Ante un Congreso morenovallista, el marinista logró que la sanción económica se redujera a 1 mil 723 millones 743 mil 143 pesos, quedando obligado a restituir 2 mil 585 millones 614 mil 715 pesos, más una inhabilitación de 12 años.

Pese a ello y tras el fallecimiento de Moreno Valle y la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, este miércoles la autoridad judicial determinó que los injustificados retrasos de la Auditoria Superior el Estado (ASE) -que hasta hace unos días encabezó el morenovallista David Villanueva Lomelí-, para emitir una sanción constituyeron una violación a los derechos humanos de Arango por lo que las sanciones quedan sin efecto.

Cabe recordar que después de Arango, continuó la “limpia” morenovallista la cual apuntó a Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública; David Villa Issa, ex subsecretario de Finanzas y Administración; Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la administración marinista e incluso Víctor Manuel Hernández Quintana, entre otros.

De todos ellos Javier García Ramírez fue el único que libró cualquier proceso en su contra pues hasta la fecha es un prófugo de la justicia.

Periodismo Hoy
Ciudad de Puebla
Miércoles 31 de julio de 2019.

Página 1 de 3

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Información reciente

Síguenos en Twitter