Mariclaire Acosta, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, cuenta sobre los esfuerzos de la sociedad civil para acabar con un problema arraigado en México


Mariclaire Acosta Urquidi (Ciudad de México, 1947) ha dedicado los últimos 40 años de su vida a la defensa de los derechos humanos en México. Ha dirigido organizaciones de la sociedad civil, ha sido investigadora, profesora universitaria y subsecretaria de Estado en materia de derechos humanos (2001-2003). Ahora su apuesta es hacer que funcionen las políticas anticorrupción en el país. Desde joven abrevó la lucha por los principios humanitarios y ahora busca imprimir ese sello en su paso por el Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia conformada por autoridades federales y locales que busca combatir este problema tan arraigado en la sociedad mexicana. “Soy de la generación de 1968, me tocó ver cómo mataban estudiantes por exigir el ejercicio de libertades democráticas básicas como el derecho a la manifestación. Lo viví en carne propia y eso te va dejando una huella muy profunda”, afirma.

Desde febrero de este año asumió la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el órgano que representa a la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA continúa en consolidación y aún le faltan piezas fundamentales como los magistrados de justicia administrativa —los que habrán de imponer las sanciones— y el fiscal anticorrupción —el encargado de investigar los hechos de corrupción. “La agenda anticorrupción y derechos humanos no va a poder avanzar si no contamos con una fiscalía independiente”, afirma Acosta. La crisis de derechos humanos y de corrupción que se vive actualmente se debe a que tenemos instituciones muy débiles en el área de justicia. “Ya no podemos seguir con una institución de procuración de justicia sometida o subordinada a intereses personales o políticos”, reitera.

Pregunta. ¿En qué está trabajando el Sistema Nacional Anticorrupción?

Respuesta. Estamos consolidando al Comité de Participación Ciudadana (CPC) en un año muy complicado. Aún le faltan muchas piezas al sistema, como el tema de la Fiscalía anticorrupción, pero no es el momento oportuno para que se complemente. Estamos trabajando en definir nuestras líneas de acción para el futuro. El comité no está sujeto a los vaivenes electorales, aunque nos afecten. Tenemos varios procesos en marcha, como la elaboración de las propuestas de formatos para las declaraciones patrimoniales, estamos acompañando el desarrollo de los sistemas locales anticorrupción y vamos a hacer propuestas de política pública a largo plazo. Uno tiene que ver con la relación corrupción-derechos humanos en el sector salud. Uno de los temas que más nos interesa demostrar y poner en el centro de la discusión es que la corrupción genera víctimas.

P. ¿Cuáles han sido las resistencias más fuertes o poderosas a las que se ha tenido que enfrentar?

R. Yo vengo de la lucha por los derechos humanos, tengo más de 40 años trabajando en esto y he enfrentado muchas resistencias: desde la sociedad civil hasta el Gobierno. A mí no me sorprende que haya resistencias para combatir la corrupción porque estamos tratando de modificar una de las cosas que están más arraigadas en nuestra clase política y en nuestra sociedad. Es muy fácil señalar con el dedo y decir que metan a la cárcel a fulano y seguir pagando mordidas. Esto es un problema mucho más integral. Además de castigar, hay otros procesos que se tienen que poner en marcha para disuadir y prevenir la corrupción antes de que se tenga que castigar y eso implica cambiar el chip de la sociedad y la clase política. Aquí no hay fórmulas mágicas para combatir la corrupción,

P- El funcionamiento del SNA depende de muchos órganos que tienen que trabajar en conjunto, pero muchos de ellos están plagados de intereses. ¿Cómo lograr el cambio si sigue imperando esta situación?

R. Presionando

P-¿Podrá funcionar el sistema si sigue operando de la forma en la que está actualmente?

R. Yo no creo en las soluciones mágicas, no va a funcionar de un día para otro, y es un gran logro que ya contemos con las leyes y las instituciones. Ahora hay que hacer que las instituciones funcionen porque tienen un cometido institucional fijado por la legislación y para ello hay que quitar de las instituciones las componendas políticas, las designaciones a modo. Se trata de construir un Estado de derecho. ¿Se va a lograr en un sexenio? No. Ahora hay que movilizar a la ciudadanía y convencer a la clase política que esa es la ruta que hay que seguir.

P. ¿El SNA es nuestra última esperanza para salir de esta crisis que estamos viviendo?

R. Yo no diría que es la última, yo diría que es una esperanza y hay que hacer que funcione cabalmente. Pero confío en que habrá otras oportunidades.

P. ¿Cómo visualiza el sistema en 5 años?

R. Vamos a ver qué pasa en esta coyuntura electoral, de ahí la importancia de que los candidatos realmente se pronuncien con seriedad y profundidad sobre el tema de la corrupción y no estén promoviendo soluciones a corto plazo, que vendan bien, pero no vayan al fondo del problema. Yo veo (en cinco años) un sistema consolidado, con una base ciudadana más firme y con una agenda que se hace cargo de los grandes problemas nacionales.

P. ¿El sistema funcionará independientemente del candidato presidencial que gane?

R. No lo sé, en todo proceso electoral de cualquier parte del mundo hay incertidumbre. Mira en Estados Unidos, procesos e instituciones que se creía que ya estaban firmemente establecidos, pues no. Vuelvo a contar mi experiencia en Colombia, donde el proceso electoral actual pone en duda si va a continuar el proceso de paz. Entonces no te puedo contestar eso ahorita, pero vamos a procurar que así sea porque tiene un mandato constitucional.

P. ¿Tiene una especie de blindaje para protegerlo contra las futuras decisiones del presidente?

R. Pues tiene el blindaje que se pueda tener: una base constitucional y dos leyes generales muy sólidas, reformas constitucionales en todos los estados. Ahí está, pero podemos volver al tema de la simulación, puede no funcionar.

P. ¿Entonces hay riesgo de que pueda fracasar?

R. No puedo entrar ahí. Yo no estoy en la profesión de los análisis de riesgo (risas).

P. ¿Qué candidato representa mayor riesgo para el sistema?

R. No voy a contestar nada que tenga que ver con los candidatos.

P. ¿Cómo puede el Comité de Participación Ciudadana, darle la vuelta a todas estas resistencias que hay o a estas trabas para poder hacer que funcione?

R. Haciendo lo que estamos haciendo: cinco miembros ciudadanos que tenemos nuestras vidas profesionales aparte y le estamos dedicando todo nuestro esfuerzo, nuestro talento, la experiencia y recursos de los que disponemos. Es una apuesta como todo.

P. El CPC tiene entre sus facultades proponer políticas públicas, lineamientos, pero no de investigar…

R. Es que la investigación la hacen los órganos de procuración de justicia, los que tienen el mandato para hacerlo. Nosotros no somos agentes del Ministerio Público.

P. Pero quedarse sólo en propuestas y políticas, ¿no le resta fuerza al CPC?

R. El sistema lo que pretende es prevenir, disuadir, corregir y eventualmente castigar. Un paquete completo. ¿Por qué crees que estamos pidiendo una Fiscalía que sirva? porque nos falta ese componente.

P. ¿Qué tanto ayudaría un eficaz combate a la corrupción para acabar con las violaciones a los derechos humanos?

R. Muchísimo. Por eso tenemos este vínculo con las organizaciones de derechos humanos. Un ejemplo: en la masacre de Allende todo tiene que ver con la corrupción. Desde que ahí operaba un cartel, y la policía y el Ayuntamiento estaban al servicio del cartel. Desde que un miembro del cartel empieza a colaborar con la DEA y la DEA se comunica con un alto mando de la Policía Federal en la Ciudad de México… eso genera la masacre. Y si te vas caso por caso encuentras esos vínculos.

P. ¿Un mejor combate a la corrupción reducirá los índices delictivos?

R. Detrás de cada acto de corrupción hay una afectación a los derechos humanos.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Miércoles 2 de mayo 2018.


En entrevista, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entidad creada por el mismo gobierno, cuentan cómo se les ha impedido investigar diversos casos y participar en discusiones sobre el combate a la impunidad en el país.

‘Es un mal chiste’: Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza


Ciudad de México. - Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país, según denuncian los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forma parte del sistema.

Los miembros de esa instancia denuncian que sus intentos de investigar el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas y acusaciones de sobornos por contratos de construcción han sido bloqueados a cada paso del camino.

Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.

Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de ese mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción —como la que llevó a que se creara el mismo sistema—, estos dicen que no han podido hacer ni los más mínimos avances.

Señalan que el SNA fue anunciado con bombo y platillo pero, desde entonces, las autoridades no han dejado que se efectúen verdaderas investigaciones sobre sus decisiones.

“Están apanicados de que quizá le demos con fuerza y encontremos algo o hallemos a individuos responsables de actos corruptos”, dijo José Octavio López Presa, uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), exdirector ejecutivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien trabajó en la Contraloría mexicana (ahora Secretaría de la Función Pública) en los años noventa, la última vez que el partido de Peña Nieto, el PRI, estuvo en el poder.

“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo López respecto al gobierno. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de que él y los demás miembros del comité ciudadano planeaban fungir con imparcialidad e independencia, López afirma que eso “no les gustó”.

“Quieren sabotear todo lo que hacemos”.

LUIS PÉREZ DE ACHA, ABOGADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esfuerzo detrás del SNA empezó hace más de un año, cuando los activistas le presentaron al gobierno más de 600.000 firmas ciudadanas en respaldo a una iniciativa de transparencia y combate a la corrupción, conocida como 3de3. El presidente cedió ante los cuestionamientos sobre la situación en esta materia y sobre posibles conflictos de interés propios —como la compra multimillonaria de una casa por parte de la primera dama a un contratista del gobierno—.

En teoría, los ciudadanos, vía el CPC, son quienes están a la cabeza del sistema anticorrupción por medio del Comité Coordinador, lo que los empodera a asegurarse de que esté funcionando a favor de la población y no de los funcionarios.

Sin embargo, en entrevistas con los cinco miembros del CPC, estos ofrecieron un recuento de los diversos obstáculos que han enfrentado por parte del gobierno.

El congreso aún no ha designado ni a uno de los dieciocho magistrados en materia de justicia administrativa que deberían revisar las acusaciones que surjan. El fiscal anticorrupción que el SNA establece como figura para la investigación independiente de casos de corrupción no ha sido nombrado. Y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dicen que frecuentemente no los convocan para las discusiones de los grandes casos de corrupción.

“Es un mal chiste”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado que forma parte del comité ciudadano. “Fui ingenuo cuando arrancó el sistema; creía y tenía la esperanza de que iba a funcionar”.

“Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, añadió.

Los integrantes del CPC señalan que, en buena medida, el problema es que sus poderes solo están en el papel. Todas las decisiones significativas tienen que tomarse en el Comité Coordinador, que junta a los encargados de siete entidades, de las cuales seis son de diferentes ramas del gobierno.

“Me dieron toda la responsabilidad y nada del poder”, dijo Jacqueline Peschard, presidenta del CPC y del Comité Coordinador.

El gobierno rechaza esas acusaciones. Asegura que ha respaldado a los integrantes del comité ciudadano y que más bien ellos han malinterpretado cuál es su mandato.

Según el gobierno, no se supone que deben investigar la corrupción, sino que deben ayudar a establecer políticas y coordinarse con varias autoridades que sí tienen la competencia para indagar los delitos relacionados.

Sin embargo, Peschard y otros integrantes del CPC señalan que les han impedido hacer justamente eso porque les retienen información, como cuando intentaron discutir el escándalo por el espionaje que cimbró al poder ejecutivo este año.

Un sofisticado programa espía que fue vendido al gobierno con la finalidad de buscar a terroristas y redes criminales fue utilizado en contra de periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad, en una posible violación de las leyes.

Cuando Peschard y el CPC solicitaron información sobre el tema, dijeron, los representantes de las seis agencias gubernamentales en el sistema lo impidieron.

Una de las personas que votó en contra de discutir la situación fue Arely Gómez, actualmente secretaria de la Función Pública y quien era la procuradora general cuando se usó el programa espía contra la sociedad civil.

“Diría que sí hay mucha coordinación en el comité”, dijo Peschard con una risa irónica. “Son ellos contra mí”.

En un comunicado, la presidencia reconoció que cualquier “intervención ilegal de las comunicaciones” es un tema de importancia. Pero añadió que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un “delito de corrupción”, por lo que los representantes del gobierno en el Comité Coordinador argumentaron que no era un tema para discutirse en el SNA.

Peschard y otros integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht, la constructora brasileña acusada de dar unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda América Latina, había pagado 10,5 millones de dólares a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos. El departamento indicó que 6 millones de esa cantidad habían terminado en manos de un solo “oficial de alto nivel de una empresa estatal mexicana”.

Documentos jurídicos de la investigación sobre Odebrecht en Brasil señalan a Emilio Lozoya, ex directivo de la petrolera estatal Pemex y un aliado cercano del presidente, de haber recibido sobornos por parte de la empresa. Lozoya, quien niega las acusaciones, también estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012.

La intriga creció aún más después de que el fiscal que estaba investigando el posible origen ilícito de los fondos de esa campaña fue despedido, lo que sucedió unos días después de que indicara que Lozoya intentó presionarlo para que lo eximiera.

Los miembros del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, mientras que el gobierno afirmó que esas solicitudes no fueron hechas. Sin embargo, en entrevistas, los integrantes del comité ciudadano citaron las cartas que enviaron a la Procuraduría General de la República para pedir actualizaciones del caso.

Según ellos, en cada oportunidad les dijeron que no podía haber informes porque la investigación estaba en curso; eso los hizo cuestionarse sobre cómo pueden hacer su trabajo si está prohibido compartir información sobre pesquisas.

“Igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

JUAN PARDINAS, ACTIVISTA QUE AYUDÓ A IDEAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y AHORA ACUSA QUE ESTÁ DESPEDAZADO

Peschard y los demás decidieron intentarlo de otro modo. Cuando una investigación periodística mostró que unos 200 millones de dólares habían sido desviados por medio de universidades públicas, el comité le mandó solicitudes a 99 de las agencias gubernamentales para intentar conseguir la información de manera directa.

Hasta el momento solo ha respondido una de esas entidades.

En otro caso, el CPC intentó que se creara un fondo único para el reparto de la ayuda monetaria destinada a las víctimas de los recientes terremotos en el país, con el fin de intentar asegurar que la rendición de cuentas fuera más sencilla. De nuevo les dijeron que desistieran.

Dado que el comité ciudadano no es técnicamente parte del gobierno, según señaló el comunicado de la presidencia, no puede coordinar recursos públicos.

Para muchos mexicanos, el SNA —y, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran voz directa dentro de esa instancia— fue una muestra de que, enfrentado a una acción concertada a partir de la indignación, el gobierno por fin tendría que luchar contra la impunidad que define tantos elementos del día a día en México.

Pero líderes de la sociedad civil, incluidos algunos que ayudaron en la creación del sistema anticorrupción, dicen que cayeron en un viejo truco: el gobierno crea un órgano para lidiar con algún tema importante solo para dejarlo sin fondos, impedir sus acciones o ignorarlo.

 “El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino para el cambio”.

Pardinas ha sido una de las figuras públicas más prominentes en la lucha anticorrupción en el país; ha denunciado el efecto nocivo de la corrupción en las instituciones democráticas y que, a veces, resulta en la pérdida de vidas. Él también fue blanco del programa espía Pegasus.

“Me maté por tres años para lograr todo esto y ahora está básicamente despedazado”, dijo sobre el esfuerzo anticorrupción. “Bueno, igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

Al sistema todavía le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción; posiblemente el cargo más importante de toda la operación. El nombramiento está atorado en el congreso, donde recientemente se detuvo ante el furor por el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República —que, a diferencia de la actual procuraduría, no sería parte del poder ejecutivo en un intento de asegurar su autonomía— al considerar que era demasiado cercano a Peña Nieto. Cervantes fue el encargado del área jurídica del gobernante Partido Revolucionario Institucional y en 2012 defendió la campaña del actual presidente ante las denuncias de otros partidos de que había superado los topes de gastos.

La propuesta de Cervantes fue retirada después de una larga batalla en el Congreso de México y de reportes periodísticos que señalaban, entre otras cosas, que era dueño de un Ferrari que fue emplacado en un domicilio en el que no vive y que estaba ubicado en un estado en el que no se paga la tenencia vehicular.

Muchos estados del país tampoco han establecido los sistemas para duplicar el SNA a nivel local.

Pérez de Acha, el abogado que forma parte del CPC, dice que presentó demandas contra los gobiernos estatales que no han cumplido con esa obligación. Los sistemas debían haber sido establecidos el pasado 19 de julio, a un año de la promulgación del SNA federal. Pérez de Acha también presentó mociones contra el Senado mexicano para que avance el nombramiento de los dieciocho magistrados de justicia administrativa.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo. “Tenemos legitimidad constitucional”.

Otros integrantes del comité ciudadano recalcaron lo mismo.

“No nos vamos a rendir”, dijo Mariclaire Acosta, también directora de la oficina en México de la organización de defensa de libertad de expresión Freedom House. “No va a haber chapuzas”.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.

 

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