Puebla, el Estado con más universidades en el país, sufre un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto

Puebla ya no es la misma. El feminicidio de Mara Castilla, que fue violada y estrangulada tras pedir un servicio de Cabify el pasado 8 de septiembre, ha estremecido a una comunidad que se consagró por años como una ciudad estudiantil y que en las últimas semanas ha dado el salto a las portadas de la prensa nacional e internacional por la violencia y la inseguridad contra sus estudiantes y académicos. Ante la ola de criminalidad, los jóvenes de Puebla aún buscan las respuestas para entender lo que está pasando, para hacer algo antes de que sea demasiado tarde, para defender su libertad, para vivir. “Antes no lo pensabas demasiado, tomabas, te vestías como querías y hacías lo que querías, hoy piensas que haría tu familia si mañana no amaneces”, confiesa Simone, una universitaria de 19 años.

“El día después de que Mara murió me regalaron un gas pimienta”, cuenta Sofía, de 19 años. “¿Salimos hoy?”, se preguntaban Liliana y Katia, de 22, en la mesa de al lado. “No dejas de pensar que te pudo haber pasado a ti”, confiesa Delcy, de 24, antes de prender el próximo cigarrillo. “Te sientes más vulnerable como mujer, es triste pero es la realidad de esta ciudad y de este país”, asegura Elizabeth, de 21. No es una manifestación, es una noche de fiesta. Las luces bailan entre el humo del tabaco, el reggaeton retumba en todos los rincones y ríos de estudiantes inundan los bares y los antros de moda. Hay perreo, hay ligue, hay desmadre. Son las once de la noche en San Andrés Cholula, un paraíso de la fiesta universitaria en la zona metropolitana de Puebla.

La fiesta no ha parado, pero entre los terremotos del 7 y el 19 de septiembre y el miedo a la inseguridad, la clientela se ha venido abajo. “Las propinas han caído un 50% en las últimas dos semanas”, asevera Conny Santín, una camarera. “El control del Gobierno a los bares ha sido mucho más estricto, pero ellos son los responsables y los que tienen que tomar cartas en el asunto”, reclama Santiago Gabián, un empresario español que abrió un bar en Cholula hace dos años.

En la última década, tras el estallido de la guerra contra el narcotráfico, jóvenes de los Estados más afectados por la violencia llegaban por montones para buscar oportunidades en las aulas y para recuperar las libertades perdidas fuera de ellas. Ahora, Cholula y Puebla viven su propia crisis. El Estado con más universidades en el país ha sufrido un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto de este año, según datos oficiales. Se denuncian 145 delitos al día y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria calcula que la cifra negra de los ilícitos alcanza el 93%.

Los poblanos no solo han percibido un aumento cuantitativo, sino también en el modus operandi de la delincuencia. La comunidad universitaria que, en gran medida y en palabras de sus miembros, se asumía dentro de una burbuja, lejos de los problemas sociales del Estado y del país, ahora sufre el embate de la criminalidad. Minerva Hernández, una estudiante de 26 años de la Universidad Iberoamericana, fue apuñalada el pasado 21 de marzo al negarse a ser novia de su feminicida. El rector de la Universidad Angelópolis, Roberto Corvera, fue acribillado el pasado 5 de agosto en su oficina. Mariana Fuentes, una alumna de 20 años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), murió de un balazo en la cabeza la semana pasada cuando intentaban quitarle su teléfono móvil.

El Gobierno estatal, que inició funciones en febrero, ha priorizado el combate contra la delincuencia, pero descarta que Puebla sea un Estado inseguro, afirma que el aumento de la incidencia delictiva responde a un problema nacional y sostiene que no peligra el estatus de la capital del estado como una ciudad estudiantil. “El fenómeno [de la inseguridad] no es nuevo (…) Lo que no podíamos era hacernos tontos”, acepta el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco.

“Nunca se había vivido algo así en Puebla y mi lectura es que el exgobernador Rafael Moreno Valle, que aspira a ser presidente de la República, no quiso que se ventilaran los resultados de sus políticas de Seguridad Pública porque han sido un fracaso”, sentencia Alejandro Guillén, profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). “Se ha destapado una cloaca”, agrega el académico, que en los últimos meses dejó sus antiguas líneas de investigación sobre el sistema político mexicano para estudiar el fenómeno de la inseguridad.

“Una chica me dijo viólame, pero no me mates”, relata José Andrés García, un conductor de Uber. Anotan sus placas, le toman fotografías. Las conversaciones dentro del auto son mínimas y las precauciones que toman las usuarias son máximas. El escrutinio es la nueva realidad. “Las niñas están asustadas y lo entiendo, pero el que nada debe, nada teme”, cuenta el chófer, que dejó su taxi en enero después de casi 30 años detrás del volante. Lo asaltaron tres veces en 30 días. Reacio a las minucias tecnológicas, se cambió a Uber en abril porque era más seguro.

García dice que en las últimas semanas la clientela ha bajado un 20%, aun con Cabify, el mayor competidor, fuera del mercado después de que el Gobierno suspendió su licencia en el Estado tras el caso de Mara Castilla. “Me parece injusto porque están pagando cientos de familias por lo que hizo un loco, ¿esa era la solución? Cuántas cosas han pasado en los taxis y en los autobuses… ellos siguen funcionando”, revira. “No fue una decisión impulsiva ni caprichosa”, responde Carrasco ante las críticas.

 “El feminicidio de Mara fue la gota que derramó el vaso”, afirma Fernando Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y uno de los principales críticos del exgobernador Moreno Valle. “Hay una estructura de Gobierno que está cada vez más destruida y la población ya no está dispuesta a seguir tolerando promesas vacías y estériles de los gobernantes”, añade Fernández, que encabezó las marchas junto al rector de la UPAEP para afrontar la crisis de violencia. El padre jesuita reconoce que el Gobierno actual está “genuinamente preocupado”, pero denuncia que hay intereses que están “detrás y por encima de las autoridades” para frenar la corrupción y la impunidad, lo que impide que se haga justicia.

“Esto nos está pasando a todas las universidades, pero no todos han reaccionado igual”, lamenta Guillén. “La respuesta de la rectoría de la BUAP ante el asesinato de Mariana Fuentes ha sido muy débil, no se ha hecho lo suficiente”, acusa Juan Carlos Canales, profesor de esa casa de estudios. Aun así, las barreras entre los alumnos de la UPAEP y la BUAP, protagonistas de una rivalidad que se ha prolongado por décadas, se han difuminado y han marchado juntos.

La inseguridad es ya un problema que preocupa a casi tres de cada cuatro habitantes de la capital del Estado, según datos oficiales. Las antiguas discusiones teóricas, llenas de supuestos y alejadas de la praxis, han perdido terreno y los académicos han organizado foros sin precedentes sobre los problemas de su comunidad. Los estudiantes se han comprometido a que ningún candidato a gobernador gane las elecciones sin presentar una propuesta para combatir el machismo y la violencia.

“No podemos ofrecer una imagen falsa ni promesas que no se van a cumplir ni una protección en una esfera de cristal a nuestros estudiantes, al contrario, tenemos que formarlos para que como ciudadanos asuman el reto”, sentencia Fernández. “Si no hacemos nada hoy, si no reaccionamos, si no cerramos filas como Estado, corremos el riesgo de dejar de ser una ciudad de estudiantes”, afirma Guillén. En medio de la indignación, el miedo y la impotencia, la Universidad ha abierto los ojos.

El País
Elías Camhaji
Cholula, Puebla
Domingo 8 de octubre de 2017.


Un juez de control dictaminó auto de vinculación a proceso en contra del chofer de Cabify, Ricardo Alexis “N”, por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la estudiante universitaria Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido el viernes 8 de septiembre.

En la audiencia llevada a cabo en la Casa de Justicia de la Zona Centro de Puebla, el representante del MP amplió las imputaciones contra Ricardo Alexis, pues hasta ahora sólo se le habían presentado cargos por el delito de privación ilegal de la libertad de la joven, quien fue encontrada muerta el 15 de septiembre en un paraje ubicado en Xonacatepec.

Luego de que el juez Aarón Hernández Chino determinó que existen indicios suficientes para iniciar el proceso en contra del ahora exchofer de Cabify por el asesinato de la joven, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió un plazo de cuatro meses para conjuntar las pruebas que sustenten sus imputaciones, además de solicitar la prisión preventiva contra el procesado.

Este término fue aprobado, por lo que será hasta el 4 de febrero próximo cuando continúe el juicio en contra el presunto responsable del feminicidio de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), de 19 años. También el juez decretó la prisión preventiva oficiosa de Ricardo Alexis.

En la audiencia quedó en claro que la mecánica del homicidio fue asfixia por estrangulamiento, y que el cuerpo de la joven presentaba huellas de haber sido violado por la vía anal y vaginal, además de que la necropsia señala que, al ser localizada la víctima, el 15 de septiembre, tenía entre 4 y 7 días de haber sido asesinada.

Ricardo Alexis, por su parte, hizo uso de su derecho a reservar su declaración en esta etapa del proceso.

El Ministerio Público detalló los datos de prueba que se tienen hasta ahora para señalarlo como el presunto responsable del delito de feminicidio, entre ellos las declaraciones de los amigos que la acompañaban la madrugada del 8 de septiembre y que atestiguaron cuando Mara abordó el carro Cabify para dirigirse a su casa a las cinco de la mañana.

Otra evidencia mencionada fue el testimonio de su hermana y del guardia de seguridad del fraccionamiento Torres de Mayorazgo, así como de los videos de vigilancia, que dejan en claro que el carro de alquiler llegó a la entrada del lugar a las 5:48 horas, pero que no existe evidencia de que la joven haya bajado de la unidad.

También se dieron a conocer los testimonios de las empleadas del Motel del Sur, ubicado a sólo unas cuadras de la entrada del fraccionamiento, que confirman que ese mismo día, a las 6:47, Ricardo Alexis ingresó con su carro a ese lugar y le fue asignada la habitación 25, la cual desocupó alrededor de las 8:15 horas.

Entre las pruebas aportadas se menciona la declaración de la camarista del motel, quien ese día reportó que, a la salida de Ricardo Alexis de la habitación 25, había un faltante de una sábana y una toalla.

Concatenado a esto, el representante de la Fiscalía mencionó que el 15 de septiembre el cuerpo de la joven fue localizado en un camino conocido como El Ocotal, ubicado en la Junta Auxiliar de Xonacatepec, en el municipio de Puebla, y que estaba envuelto en una sábana que tenía el logotipo del Motel del Sur.

En la audiencia, el MP hizo mención de que, al momento de ser localizado, el cadáver de la joven tenía puesto una blusa rosa y un pantalón negro que se encontraba puesto al revés, además de que a su lado estaba una bolsa tipo cartera que contenía un llavero y su credencial del INE.

Al practicarle la necropsia, se estableció que la joven presentaba huellas de estrangulamiento, así como de violación anal y vaginal, y que su muerte se había registrado de cuatro a siete días antes de su localización.

En su turno, el abogado defensor Tlahuicole Hernández hizo mención de algunas inconsistencias en los elementos de prueba que presentó el MP pero, de acuerdo con el juez, no aportó pruebas para desvirtuar los elementos expuestos por la Fiscalía.

Hernández aseguró que la representación social no tiene aún elementos para establecer en modo, tiempo y lugar la participación del exchofer de Cabify en el asesinato de la joven.

Entre los señalamientos que hizo mencionó destaca un testimonio del guardia de seguridad del fraccionamiento, que señala haber visto alrededor de cinco vehículos estacionados a las afueras de la caseta de vigilancia entre las cuatro y seis de la mañana.

Esto, según el defensor, sería congruente con la primera declaración que hizo el chofer de que al momento de concluir el servicio la joven le pidió que la bajara antes de llegar a su destino, y que en el lugar estaban estacionados tres vehículos, entre ellos una camioneta negra Suzuki.

También reclamó que el MP no hubiera investigado a las personas que, según los testimonios de los amigos de la joven, hostigaron y tomaron fotos a Mara Fernanda cuando estaban en el bar donde se divertían en San Andrés Cholula.

Otro de los puntos que observó fue la declaración de la empleada que asigna la habitación del hotel, que se acercó al chofer y que incluso dialogó con él y que no pudo ver si alguien iba en la parte posterior del carro, porque tenía vidrios obscuros.

Además, Hernández hizo mención al resultado de la necropsia, el cual establece un periodo entre cuatro y siete días la fecha de fallecimiento de la joven, el cual no da una certeza de temporalidad que lo relacione con el momento en que presuntamente Ricardo Alexis estuvo en el Motel del Sur y cuando presuntamente asesinó a la joven.

Al exponer su dictamen, el juez destacó el hecho de que en su primera declaración que presentó de manera voluntaria al día siguiente de la desaparición de la joven, el ahora exchofer de Cabify mantuvo oculto el hecho de haber estado en ese motel.

Al salir de la audiencia, la madre de la víctima, Gabriela Miranda, dijo tener confianza en la actuación de la Fiscalía General de Puebla, dependencia que ha señalado a Ricardo Alexis como único responsable del asesinato de su hija.

Miranda lamentó que en Puebla se sigan presentando otros asesinatos de mujeres jóvenes, como el cometido el pasado fin de semana contra la estudiante Mariana Fuentes, quien fue víctima de un asalto al llegar a la casa de una amiga con la que saldría a divertirse.

En este sentido, la madre de Mara Fernanda se pronunció por que se decrete de una vez por todas la Alerta de Género en Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 4 de octubre de 2017.


El asesinato de Mara Fernanda “se trata de un caso más en una cadena de impunidad, torpeza, ineficacia e indolencia”: universidades


Puebla.- Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Puebla (FGEP) apuntan a que el chofer de Cabify, Ricardo Alexis “N”, secuestró a la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, la llevó a un motel de esta ciudad, donde presuntamente la asesinó el mismo viernes 8 de septiembre.

Según la hipótesis que dio a conocer este viernes la dependencia, tras matarla, el presunto feminicida tiró el cuerpo de la joven en una barranca entre los límites de Puebla y Tlaxcala.

Mara Fernanda, de 19 años, alumna de tercer semestre de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), fue localizada sin vida este mediodía, envuelta en una sábana en un predio de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, municipio de Puebla capital.

En rueda de prensa, el fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, informó que por el seguimiento que se hizo del celular de Ricardo Alexis, se pudo establecer que el día de la desaparición de la joven estuvo en el Motel del Sur, ubicado en la calle 11 Sur de esta ciudad, entre las 6:47 y las 8:15 horas del viernes.

“En dicho lugar se obtuvieron imágenes (de las cámaras de vigilancia) de Ricardo “N” y su vehículo ingresando a la habitación 25, el registro correspondiente y la identificación de quienes tuvieron contacto con él en el mismo”, explicó el funcionario.

En esa habitación del motel, agregó, los empleados reportaron el faltante de una sábana y una toalla; además, se realizaron pruebas de Blue Star que resultaron positivas respecto a rastros hemáticos, de los que se obtuvieron muestras para confrontar la genética.

De ese lugar, indicó Carrancá Bourget, el chofer condujo su vehículo por el Periférico hacia la autopista México-Puebla y de dicho punto, regresó a la ciudad, donde realizó otras actividades.

“La Agencia Estatal de Investigación, con peritos y equipos caninos, inició la búsqueda en la zona ya precisada, ya que los elementos recabados permitían suponer que Mara Fernanda había sido privada de la vida en el motel de referencia y su cuerpo abandonado en dicha zona”, continuó.

Una semana después, este viernes a las 13 horas, se encontró el cuerpo de la joven envuelto en una sábana blanca con el nombre de Motel del Sur.

“Con base en estos elementos probatorios, la Fiscalía General del Estado realizará la ampliación de los cargos correspondientes, al delito de feminicidio y los que resulten una vez que concluyan las pruebas periciales que deberán desahogarse a partir de este momento”, añadió.

Aunque el fiscal reconoció que la fecha exacta de la muerte de la joven sólo será precisada hasta que se realice la necropsia de ley, dijo que todo indica que fue asesinada el mismo día de su secuestro.

Por ahora, añadió, no se puede precisar tampoco la mecánica del homicidio, ni si el chofer abusó sexualmente de ella. No obstante, se presume que esto pudo haber ocurrido y que fue el motivo por el cual la mató.

Originaria de Xalapa, Veracruz, Mara Fernanda desapareció la madrugada del viernes 8, cuando pidió el servicio de un carro de alquiler de la empresa Cabify para trasladarse desde la Recta a Cholula hasta el fraccionamiento Torres de Mayorazgo, donde vivía con su hermana, también estudiante de la UPAEP.

El fiscal Carrancá confirmó que los videos de las cámaras de vigilancia del fraccionamiento muestran que, al llegar a la casa de Mara Fernanda, Ricardo Alexis estacionó su carro Chevrolet Sonic, placas UAY 6418, por casi media hora, sin que la estudiante bajara de la unidad.

Otro elemento de prueba que se tiene contra el chofer, añadió, es que su teléfono celular y el de Mara Fernanda estuvieron en los mismos lugares después de su desaparición, incluso en el domicilio en Tlaxcala de Ricardo Alexis.

Carrancá Bourguet indicó que con estos hallazgos quedan descartadas las hipótesis que se manejaron desde la desaparición de Mara Fernanda de que se pudo tratar de un caso de trata de personas.

Antes de la conferencia de la Fiscalía, el juez de Control de Detención dictó prisión preventiva oficiosa contra el chofer de Cabify, quien fue detenido el 12 de septiembre en Tlaxcala, bajo el cargo de privación ilegal de la libertad de la joven.

Sin embargo, se prevé que mañana la Fiscalía aumentará los cargos por feminicidio y posiblemente abuso sexual, de acuerdo con los resultados que arroje la necropsia.

Aunque según la contabilidad que llevan los medios de comunicación de Puebla, este sería el feminicidio número 83 cometido en lo que va de 2017 en la entidad, Carrancá Bourget afirmó que las estadísticas de la Fiscalía lo marcan como el número 59.

El pasado 5 de mayo, la joven ahora asesinada twitteó en su cuenta @MaraMiranda25: “#SiMeMatan es porque me gusta salir de noche y tomar mucha cerveza…”. Así se sumó a la campaña nacional que surgió a raíz del asesinato de Lesvy Berlín Osorio, el 3 de mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Buscarán responsabilizar a Cabify

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró que el gobierno de Puebla buscará fincar responsabilidades también contra la empresa Cabify que, supuestamente, hizo pruebas de confianza para aceptar a Ricardo Alexis como chofer de ese servicio.

“No va a haber impunidad, no hay impunidad. Estamos revisando también qué medidas podemos tomar en contra de la empresa. Vamos a actuar con toda la fuerza y el poder de la ley del estado de Puebla”, recalcó.

Por su parte, la empresa Cabify México, a través de su cuenta Twitter, emitió un comunicado por la muerte de Mara Fernanda:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mara Fernanda. Como expresamos anteriormente, todo nuestro equipo se solidariza con su familia y los acompañamos en este momento. Para ellos nuestras condolencias. Cuentan con todo nuestro apoyo. Exigimos todo el peso de la ley para quien o quienes resulten responsables”.

Exigen seguridad para estudiantes

También por las redes sociales, el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, condenó el asesinato de la alumna de esa institución y se solidarizó con su familia.

“Las pérdidas de #MaraCastilla y de tantas víctimas de la violencia no pueden quedar impunes, y exigen acciones claras por la seguridad. Estos hechos son reflejo del México que nos duele y que nos interpela. Todos tenemos que cambiar”.

La Universidad Iberoamericana (UIA) campus Puebla también difundió un comunicado para ofrecer sus condolencias a la familia y pidió a las autoridades tomar acciones contra los hechos de violencia que afectan a la entidad.

“Es inadmisible que estos hechos queden impunes, por ello exigimos a las autoridades acciones inmediatas que aclaren éste y otros actos de violencia que afectan a la Entidad. Invitamos a la sociedad a defender nuestro derecho a una vida digna y segura”, aseguró la institución.

Asimismo, las coordinaciones de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero hicieron un pronunciamiento en el que reprobaron que los jóvenes y el resto de la población en esta entidad no cuenten con condiciones de seguridad para divertirse y hacer “lo que les toca”.

“Las aspiraciones de Mara fueron truncadas de forma cobarde y alevosa. Reclamamos recuperar el clima de tranquilidad de esta ciudad que alberga a miles de estudiantes que, como Mara, encuentran en las universidades de Puebla una alternativa para su desarrollo personal y profesional”.

El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) también emitió un boletín en el que hizo una serie de cuestionamientos al gobierno de Puebla al que acusó de practicar una política de “omisión, corrupción y desinterés sobre la vida de las mujeres”.

Dijo que el asesinato de Mara Fernanda “se trata de un caso más en una cadena de impunidad, torpeza, ineficacia e indolencia”.

La organización cuestionó la razón por la que el gobierno de Puebla no ha aplicado el Protocolo Alba en el caso de desaparición de mujeres y, por el contrario, sigue empujando a las familias a investigar los casos por ellas mismas, además de que se recurre sistemáticamente a sugerir que las mujeres desaparecidas “se fueron con el novio”.

Y reiteró: “¿Cuántas muertes más de mujeres que se pueden prevenir con investigaciones adecuadas vamos a tolerar en Puebla? ¿Le interesa al gobernador la seguridad y la justicia en Puebla, entonces por qué se ha recortado personal y los recursos de la Fiscalía, aumentando la carga de trabajo de los agentes y dándoles condiciones precarias para su trabajo?”.

Por su parte, el gobernador Antonio Gali Fayad anunció esta noche que suspendió el tradicional brindis que ofrece el gobierno estatal posterior al Grito de Independencia.

“Debido a la dolorosa pérdida de Mara y en solidaridad con las familias de Chiapas y Oaxaca, he decidido cancelar el cóctel después del grito”, anunció en su cuenta Twitter.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 16 de septiembre de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Información reciente

Síguenos en Twitter