En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

En México, 1,840 municipios, de los 2,447 existentes, registran porcentajes de pobreza entre 50 y 99% del total de la población, es decir, 75% de las alcaldías del país registran niveles de pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su medición de la pobreza a nivel municipal 2015.

Los datos divulgados este jueves por el órgano de evaluación de la pobreza en el país precisan que 190 municipios del país registraron pobreza en más de 95% de sus habitantes hasta el 2015.

Asimismo, comunicó el Coneval, la pobreza se redujo durante el quinquenio comprendido entre el 2010 y el 2015, en 5 puntos porcentuales o más, en 699 municipios, en tanto que en 422 se registró un aumento en la misma proporción.

En este tenor, las 15 alcaldías con el mayor porcentaje de pobreza en su población se ubicaron en el sur-sureste, es decir, entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En este último estado, el municipio de Santos Reyes Yucaná se colocó como la alcaldía más pobre del país con 99.9% de su población en dicha condición.

En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

Por número total de personas en pobreza extrema, Acapulco de Juárez, en Guerrero ocupó el primer lugar con 93,513 personas, mientras que nuevamente Santos Reyes Yucaná, en Oaxaca, se colocó como la alcaldía con mayor porcentaje de su población en esta condición con 97.4 por ciento.

Reforma
Héctor Molina
Ciudad de México
Viernes 8 diciembre 2017.


La vivienda en México, una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país.

Hace 16 años, México inició una campaña monumental para elevar el nivel de vida de sus trabajadores, aquellos que perciben el salario mínimo principalmente. El Gobierno se asoció con desarrolladores privados para construir viviendas de precio accesible a gran escala. Los inversionistas globales –como el Banco Mundial, las grandes fundaciones y las empresas financieras de Wall Street– invirtieron miles de millones de dólares en este esfuerzo, publica hoy Los Ángeles Times.

Vastos conjuntos habitacionales surgieron entre pastizales de vacas, granjas y viejas haciendas. De 2001 a 2012, se estima que 20 millones de personas –una sexta parte de la población de México– abandonaron las ciudades, barrios marginales y zonas rurales por la promesa de una vida mejor.

Fue un momento clave para México –una prueba para esta cada vez más próspera nación, con ambiciones de primer mundo. Pero México se quedó desastrosamente corto sin poder crear un suburbio ordenado.

El programa se ha convertido en una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país, según una investigación de Los Ángeles Times.

Los propietarios tienen que salir con sus cubetas en mano para buscar agua en los camiones repartidores. En los arroyos de las calles pueden verse las aguas residuales sin tratar, procedentes de tuberías rotas. Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven. En algunos desarrollos, los apagones pueden durar varios días.

Dentro de muchas casas, los techos se gotean, las paredes tienen grietas y el cableado eléctrico hace cortos circuitos, descomponiendo los aparatos electrodomésticos y en algunos casos, provocando incendios que hacen que las familias tengan que salir huyendo.

Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven.

El programa costó más de 100 mil millones de dólares, y algunos inversionistas y ejecutivos de la construcción, obtuvieron enormes ganancias, proclamándose a sí mismos como “constructores de naciones” al tiempo que se unieron a las listas de los ciudadanos más ricos de México.

Mientras tanto, trabajadores de fábricas, propietarios de pequeños negocios, jubilados y servidores públicos que compraron las casas, se quedaron atrapados con préstamos hipotecarios complejos y con pagos que aumentan a medida que sus hogares y vecindarios van decayendo.

En los 50 desarrollos de viviendas económicas visitados desde Tijuana hasta el Golfo de México, Los Ángeles Times también revisó miles de páginas de documentos gubernamentales y de la industria de la construcción, y entrevistó a cientos de propietarios, líderes municipales, expertos en vivienda, ingenieros civiles, trabajadores de la construcción y funcionarios del gobierno.

El programa, plagado de corrupción y falta de supervisión desde el inicio, ha alcanzado niveles de crisis en medio de la indiferencia y la impunidad del gobierno. Las autoridades rara vez han investigado las denuncias generalizadas de fraude. Y los desarrolladores, en algunos casos, han intentado obstaculizar los esfuerzos de los propietarios para solucionar los problemas.

La crisis de la vivienda en Estados Unidos y la recesión hace una década, también se caracterizaron por fallas regulatorias. Finalmente, la economía de Estados Unidos se recuperó. Pero la crisis en México ha sido duradera.

Si bien la gravedad de los problemas varía, y algunos desarrollos habitacionales cumplen con los estándares básicos, el rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales cerca o dentro de cada ciudad grande: Sistemas de agua que no sirven, redes eléctricas incompletas, deficientes sistemas de aguas residuales. Parques y escuelas que se prometieron pero que nunca se materializaron.

Muchos desarrollos se construyeron lejos de los centros de empleo en tierras marginales -humedales, márgenes de ríos y laderas inestables- con escaso acceso al agua corriente. Muchos funcionarios locales reescribieron las leyes de zonificación y aprobaron los desarrollos con poca o ninguna revisión.

El rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales

Los desarrolladores redujeron el tamaño de las casas, construyendo alrededor de 1 millón de unidades de apenas 325 pies cuadrados, (30.18 metros cuadrados) que es más pequeño que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos. Muchas familias de seis, siete o más personas viven en estas mini viviendas, durmiendo a un lado de la lavadora o en los pasillos.

Los desarrolladores han abandonado cientos de estos complejos sin completar la infraestructura, provocando una permanente escasez de servicios.

En los desarrollos donde no funciona el alumbrado público, los jóvenes usan linternas para navegar por las calles oscuras. En esos desarrollos sin servicio de recolección de basura, las personas queman los desechos en lotes baldíos para evitar la infestación de ratas.

Los residentes colocan avisos en los pozos de registro sin tapa, para alertar a los niños de los peligros en las vías que carecen de mantenimiento. Los residentes de los vecindarios que carecen de agua, las personas cierran con llave las tapas de las cisternas de sus azoteas, para evitar que los ladrones se lleven el preciado líquido.

Hay desarrollos no terminados por todo el país. Se estima que 300 mil personas viven en más de 40 complejos habitacionales inconclusos en las ciudades de Tijuana y Ensenada.

En el Estado de México, que rodea a la Ciudad de México, los desarrolladores han completado solo 36 de los 235 desarrollos iniciados entre 2005 y 2012, dejando entre 200 mil y 500 mil personas en el limbo, de acuerdo con los archivos del estado.

“Era un mundo de corrupción”, dijo Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, un suburbio de Guadalajara. Sus predecesores aprobaron desarrollos donde los mantos acuíferos se han secado afectando a unas 300 mil personas, dijo. Ahora el agua es racionada, y muchas familias reciben agua cada dos días.

Gran parte de las endebles construcciones son vulnerables a las inclemencias del tiempo

En septiembre, miles de hogares y calles en desarrollos mal planificados se inundaron en el Estado de México. Cientos de hogares en Ciudad Juárez se han inundado con tanta frecuencia, que se ha decidido ya su demolición. En el área de Cabo San Lucas, en agosto, una tormenta derribó dos edificios de cuatro pisos que se construyeron hace apenas ocho años.

Los residentes de urbanizaciones deterioradas durante varios años han marchado en los ayuntamientos, bloqueado las carreteras, han arrojado piedras a las oficinas de ventas, han retenido a los agentes de ventas, incluso han incendiado las casas modelo.

“Los propietarios protestan por la falta de agua corriente y la policía responde con golpes “, decía el encabezado de un medio de comunicación en junio, al reportar la intervención de la policía en el bloqueo de una autopista en un desarrollo en el estado de Veracruz.

Cientos de miles de personas han abandonado sus hogares, permitiendo que invasores y pandillas se apoderen de muchos vecindarios.

Quédese o váyase, muchos propietarios están atrapados con préstamos hipotecarios que están vinculados al índice inflacionario. Debido a que los pagos mensuales –típicamente alrededor del 25 por ciento del salario de un trabajador- se deducen directamente de sus cheques, la única forma para muchos mexicanos para escapar de la creciente deuda es renunciando a sus trabajos y emplearse en la economía informal.

El descontento de los propietarios ha sido poco efectivo; las autoridades no han responsabilizado a nadie por los problemas.

Invasores y pandillas se apoderan de muchos vecindarios

Decenas de millones de dólares en fianzas de construcción destinados a hacer reparaciones y/o terminar la infraestructura siguen sin utilizarse o no se sabe que ha pasado con ellos. No ha habido audiencias en el Congreso ni comisiones de investigación.

Sin embargo, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó en marzo a Homex, -que una vez fue el mayor desarrollador de México-, de reportar ventas “falsas” de 100 mil casas, lo que infló sus ingresos en 3 mil 300 millones de dólares. Se cree que es el mayor fraude en la historia de México.

Eventualmente, la SEC llegó a un acuerdo con Homex, sin aplicar ninguna multa, y presentó cargos civiles similares contra ex ejecutivos de Homex, los cuales permanecen pendientes. (Homex se negó a comentar sobre las acusaciones de SEC).

Las casas modelo creaban expectativas que frecuentemente no se cumplían

La Comisión Nacional de Banca y Valores de México aplicó a Homex una multa de 1.2 millones de dólares. No hay evidencia de que las autoridades mexicanas estén investigando ningún delito criminal.

En cambio, las autoridades han seguido casos contra activistas que acusan a los desarrolladores de engañar a los propietarios para aumentar sus ganancias.

El líder de propietarios más prominente del país ha estado encarcelado durante dos años sin juicio, con cargos de robo a mano armada, que varios jueces han desestimado. Otros líderes de propietarios que buscan reparaciones en sus desarrollos dicen que han sido hostigados, amenazados e incluso sobornados para que abandonen sus protestas.

El fiasco afecta a millones de propietarios que adquirieron una vivienda por primera vez, como Lucía López, de 66 años de edad.

Cuando recorrió las casas modelo en un nuevo desarrollo llamado Colinas de Santa Fe, cerca de la histórica ciudad de Veracruz, ella apreció los toques modernos: los grifos brillantes, el agua corriente, enchufes eléctricos en cada habitación.

López crió a sus hijos en una choza con pisos de tierra y un techo hecho de hojas de palma. Toda su vida vendió flores y limpió pisos para obtener ingresos. No tenía ahorros.

Sin embargo, en virtud del programa de vivienda, pudo comprar una pequeña casa de dos dormitorios por 20 mil dólares con un préstamo respaldado por el gobierno.

Su entusiasmo duró poco. El techo de su nuevo hogar se empezó a filtrar. Los frecuentes cortes de energía sumergieron al vecindario en la oscuridad. Los grifos se quedaban sin por varios días seguidos.

Hoy, López vive todos los días con el deterioro de las calles y los charcos de aguas residuales. Cuando sale a comprar o visitar a los vecinos, sostiene un limón en la nariz para bloquear el hedor de la planta de tratamiento de aguas negras que no sirve.

El año pasado se cayó en el hueco de una alcantarilla que no tenía tapa. Apoyándose contra los costados, logró salir, aunque muy golpeada y cubierta de excremento.

“Lloro cada vez que me acuerdo”, dijo. “Si me hubiera ahogado, nunca me habrían encontrado”.

El objetivo era sacar a millones de mexicanos de viviendas precarias y sobrepobladas y cumplir la garantía de la Constitución de México de “una vivienda digna y decente para todos”.

Las familias a menudo alquilaban departamentos estrechos que compartían con sus familiares. Las familias más pobres invadían terrenos en barrios marginales. Pasaban años recogiendo materiales y construyendo sus casas habitación por habitación, algunos conseguían bloques de concreto. La electricidad a menudo se robaba a través de los llamados “diablitos” y el agua corriente escaseaba.

En 2001, el presidente Vicente Fox se dispuso a abordar el problema creando una enorme sociedad entre el gobierno y la iniciativa privada.

Entonces, giró instrucciones para que el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, o Infonavit, aumentara considerablemente sus préstamos hipotecarios.

Bajo la administración de Fox y de su sucesor, Felipe Calderón, los préstamos del Infonavit aumentaron de 205 mil emitidos en 2001 a 494 mil 73 en 2008. Los nuevos préstamos estaban dirigidos a compradores que adquirirían por primera vez una vivienda, que tenían ingresos modestos y poco o ningún ahorro.

Para aumentar los esfuerzos gubernamentales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo invirtieron 2 mil 800 millones de dólares en el sector de vivienda de México.

El torrente de dinero hipotecario creó un escenario soñado para desarrolladores grandes y pequeños. Con una cartera de clientes precalificados, podrían vender casas tan rápido como pudieran construirlas. Los precios variaron de 15 mil a 35 mil dólares.

Los inversionistas extranjeros buscaron capitalizar el boom, comprando acciones en las pocas compañías constructoras mexicanas que construyeron una gran parte de los hogares, entre las que se encontraban las más grandes del país: Casas Geo, Urbi y Homex, una empresa familiar del estado de Sinaloa que creció hasta convertirse en una de las mayores constructoras de casas de América del Norte.

Casi de la noche a la mañana surgieron desarrollos de viviendas, y casi de inmediato surgieron serios problemas. Los complejos habitacionales con problemas fueron hechos por constructores regionales y nacionales, pero los más problemáticos fueron construidos por las compañías de construcción más grandes de la industria.

Un desarrollo de Homex está casi escondido en las orillas de la ciudad de Huehuetoca, a 40 millas al norte de Ciudad de México. Su nombre oficial es Santa Teresa, aunque sus residentes le llaman Santa Pobreza.

Las mujeres mayores se agachan para beber agua en las tuberías que desembocan en la acera. Los niños juegan a la pelota en los escombros de las deterioradas aceras.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”, dijo José Marín, coordinador del sistema de agua de Huehuetoca, mientras atravesaba una parte especialmente deteriorada de Santa Teresa, donde las tuberías y cables enredados sobresalen entre las calles.

Una torre de agua vacía, se eleva por encima de los techos de este complejo de más de 8 mil pequeñas viviendas. El pozo que servía a esta sección de Santa Teresa comenzó a agotarse poco después de que se abriera el desarrollo en 2007. Homex no calculó adecuadamente la cantidad de gente que iba a servir y siguieron construyendo viviendas y sobre explotaron la capacidad del pozo de agua, dijo Merin.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”

Para el verano de 2016, el pozo se había secado por completo. El agua ahora se reparte en un camión, dos veces por semana, a veces menos.

Anahid Figueroa, una dentista de 35 años, se mudó al desarrollo desde la Ciudad de México para estar cerca de su madre, que vive al lado. Ahora lo lamenta.

El camión de agua llena dos botes de agua que deja en su pequeño patio delantero. Ella y su hija de 7 años cuidan cada gota. Hay suficiente para que cada uno de ellas se bañe dos veces a la semana. “Tenemos grifos y una ducha”, dijo Figueroa, “pero no son más que adornos”.

A medida que docenas de nuevos desarrollos surgieron en las ciudades cercanas a la Ciudad de México, la población de Huehuetoca se triplicó, a 130 mil personas.

Los funcionarios que supervisan las construcciones a nivel local, no pudieron mantener el ritmo. La ciudad solo tenía dos inspectores.

Con poco escrutinio de su trabajo, los contratistas de Homex escatimaron en el asfalto cuando pavimentaron las carreteras, que rápidamente se deterioraron por el paso de los camiones de construcción, según los activistas de los propietarios.

Los ingenieros civiles aprobaron diseños defectuosos para desagües pluviales. Las fuertes lluvias arrastraron los bordes y las aceras, y convirtieron las calles en verdaderos ríos.

El fracaso de la supervisión se repitió en desarrollos problemáticos en todo el país, dijo Marco López Silva, un ingeniero civil que ha investigado la industria de la vivienda en México para el Banco Interamericano de Desarrollo.

“El gobierno federal asumió que los funcionarios harían su trabajo a nivel municipal. Que tendrían abogados para revisar las fianzas de construcción. Supusieron que la gente tomaría buenas decisiones. Todo eso falló “, dijo Silva.

Los constructores deben hacer calles, aceras y el resto de la infraestructura. Una vez terminadas esas obras, pasan a ser propiedad de las municipalidades.

Pero, en Huehuetoca, Homex no concluyó el complejo habitacional de Santa Teresa, por lo que la ciudad se negó a asumir la responsabilidad.

“No hay manera de que yo pueda aceptar esto”, dijo Merin, el coordinador del sistema de agua. “La ciudad no tiene dinero suficiente para arreglar este desastre”.

La ciudad, dijo Merin, trata de proporcionar suficientes servicios básicos y repavimentar algunas calles. para controlar las protestas.

Grupos de iracundos residentes secuestraron camiones de agua y atacaron a trabajadores de servicios públicos. Una vez, en 2014, esposaron a los empleados de Homex a un poste de luz.

“La gente quería colgarlos”, dijo Merin, pero se salvaron porque llegó la policía.

A diez millas de distancia, en el suburbio de Zumpango, en la Ciudad de México, los residentes de un conjunto habitacional de Homex llamado La Esmeralda, dependen de unos generadores diésel para la electricidad, porque la compañía no conectó grandes partes del desarrollo a la red eléctrica. Las máquinas arrojan humo y a menudo se descomponen o se quedan sin combustible.

Cuando las calles se inundan debido a una inadecuada nivelación -un problema común en el verano-, los cables del generador quedan sumergidos en el agua, enviando corrientes eléctricas a través de agua que en algunas ocasiones llega hasta las rodillas.

Las calles y las banquetas a menudo se inundan en la temporada de lluvias debido a una inadecuada planificación. Eso hace que incluso una caminata corta, de la casa a la escuela primaria, sea muy difícil para Saraí Ruby, la hija de 7 años de Montoya, quien llora cuando ve que el agua va cubriendo la calle.

Ella sabe que va a sentir los “toques” eléctricos”, dijo Montoya.

Cuando Dante Tapia, de 8 años, ve los cables chisporrotear, no puede correr lo suficientemente rápido.

“Me dolió mucho cuando sentí la corriente”, dijo. “Odio vivir aquí”.

Los bomberos corren de barrio en barrio durante los aguaceros, bombeando calles inundadas. Cuando se va la luz, los paramédicos se apresuran a llegar a los hogares de personas enfermas y ancianas que dependen de la electricidad para operar dispositivos médicos o refrigerar la insulina.

Pablo Rodríguez Méndez, un alto funcionario de la ciudad de Zumpango, compara la crisis de la vivienda con un desastre natural.

Tenemos planes de emergencia para huracanes, pero también necesitamos un plan de emergencia para lidiar con todas las fallas de vivienda “, dijo Rodríguez.

Hace cuatro años, después de que los residentes habían pasado tres días sin agua y electricidad, la frustración se desbordó.

Homex estaba en apuros financieros, y se quedó sin capital para seguir operando.

En La Esmeralda, la mayoría de las 3 mil viviendas planificadas habían sido construidas, pero gran parte del sistema eléctrico y parte de la infraestructura no estaba terminada. Ese fue uno de más de 30 desarrollos, con una población combinada de 150 mil, que Homex y otros constructores dejaron inconclusos, tan sólo en Zumpango, de acuerdo a Rodríguez.

Los manifestantes salieron del vecindario y entraron a una transitada autopista de seis carriles. Levantaron barricadas con sillas, rocas y bicicletas. Durante varias horas bloquearon el tráfico, cantaron y agitaron mantas. “Queremos respuestas de Homex”, decía una de las mantas.

“Explotamos”. ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica? “, recordó María Esther Cárdenas, madre de tres hijos. Aun así, la luz no ha regresado

“¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica?”

Cuando cayó la noche, los manifestantes se dirigieron al área de ventas, donde había casas modelo pintadas de vivos colores detrás de una cerca. Alguien entró furtivamente y encendió un cerillo. En cuestión de minutos, las llamas devoraron la zona de ventas.

“La gente se asustó cuando vieron que el fuego se estaba saliendo de control. Pero nos sentimos tristes”, dijo Mario, el esposo de Cárdenas. “Todo lo que queríamos era que cumplieran lo que prometieron”.

En Colinas de Santa Fe, parcialmente construida en un área de humedales en las afueras del norte de Veracruz, el agua de lluvia y las aguas residuales regresan a las calles y a las casas durante la temporada de lluvias. El sistema de drenaje subterráneo colapsó hace años, dejando las calles llenas de enormes baches. La planta de tratamiento de agua también se descompuso, agravando los peligros para la salud.

Los mosquitos se reproducen en charcos estancados. Funcionarios y residentes de la ciudad dicen que los moscos han infectado a decenas de residentes con la fiebre del dengue y el virus chikungunya.

Durante la estación seca, las aguas residuales se derraman en las carreteras y se secan convirtiéndose en un fino polvo. Los fuertes vientos lanzan toda esta inmundicia al aire.

“Estas personas están atrapadas en sus propios hogares”, dijo Salvador Barbes, un ex director de obras públicas de Veracruz. El desarrollo tiene solo 10 años, dijo, pero el rápido deterioro de la infraestructura y los hogares lo convierten, en efecto, en uno de los más antiguos de la ciudad.

“Tiene el tipo de problemas que vemos en los desarrollos que tienen 60 años”, dijo Barbes.

Para evitar los charcos de aguas negras, los vecinos cruzan por caminos improvisados de bloques de concreto. Aun así, los autos que pasan arrojan agua sucia a los niños y los charcos ocultan las alcantarillas abiertas de hasta 12 pies de profundidad.

“Vivimos como en un chiquero”, dijo Adela Blanco, una activista de 64 años de Colinas, “pero vivimos peor que los cerdos, porque además tenemos que pagar por esto”.

En los sectores más elevados del desarrollo, los incendios, no las inundaciones, son el problema.

Alberto García, de 33 años, y su familia llegaron a casa después de un paseo dominical en julio de 2016 y vieron humo desde la ventana de la sala de estar. Una sobretensión había fundido un interruptor de luz y prendido fuego a una cortina. Las llamas se extendieron a través del primer piso.

Ese fue el octavo incendio eléctrico en el complejo habitacional ese verano, dijeron los residentes.

García y otros residentes dijeron que sabían que la red eléctrica era inestable y que el cableado eléctrico era defectuoso. Su esposa y sus hijos usaban sólo dos artefactos a la vez, temiendo subidas repentinas de tensión. Por la noche, incluso desconectaban el refrigerador.

García dijo que su familia perdió todo en el incendio. Sin otro lugar a donde ir, todavía viven en la casa de dos habitaciones. Sus paredes están manchadas de hollín.

“Es muy triste”, dijo García, un vendedor de productos de limpieza. “Trabajamos muy duro para comprar lo que teníamos”.

Los residentes de Colinas de Santa Fe solían visitar las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en el centro de Veracruz, con montones de papeles. Sentían que Homex les había estafado y querían hacer algo al respecto.

Pero Inocencio Yáñez, un ex alto funcionario de la agencia en el estado de Veracruz, dijo que poco después de su llegada en 2013, descubrió que los abogados de la Procuraduría habían estado ocultando por años las quejas de los residentes

Puso un letrero en la recepción para decirles a los visitantes que hablaran con él directamente. Yáñez reunió docenas de casos para entablar una demanda colectiva y envió el expediente a sus superiores en la Ciudad de México. No pasó nada.

Yáñez dijo que se vio obligado a renunciar en 2014 después de dar a conocer las acusaciones de corrupción.

“Mi oficina era solo un lugar para que la gente viniera y llorara”, dijo Yáñez.

Una historia similar se repitió en todo México, dado que Homex y las agencias gubernamentales bloqueaban los esfuerzos de los propietarios para resolver sus problemas.

Después de que Aaron Montes protestó fuera de las casas modelo de Homex en el desarrollo de Hacienda Santa Fe cerca de Guadalajara en 2005, los investigadores de la Procuraduría General del estado de Jalisco lo visitaron.

“Dijeron que Homex estaba perdiendo dinero en la Bolsa de Valores debido a mis acciones”, dijo Montes, un activista de los propietarios de vivienda. “Querían que les pagara millones de pesos”.

Un año después, Montes fue arrestado después de liderar otra protesta. Fue liberado unos días después y se fue a su casa, solo para descubrir que su llave no abría la puerta de entrada.

Homex había vendido su casa a otra familia, dijo. Él y otros líderes de su grupo de propietarios finalmente se mudaron del desarrollo.

“No podía continuar así”, dijo Montes. “Fue como luchar contra un monstruo con mil cabezas”. Homex no respondió a las peticiones de hacer algún comentario al respecto.

En el desarrollo de Lomas de Santa Fe en Veracruz, el abogado Miguel Varela dijo que un representante legal de Homex le ofreció un soborno para dejar de representar a los propietarios que trataban de presionar a Homex para que terminara el sistema eléctrico.

“¿Cuánto quieres para olvidarte de esto?”, dijo Varela, relatando una reunión en 2011 en las oficinas de Homex en Xalapa, la capital del estado.

Blanco, la lideresa de los propietarios de Colinas de Santa Fe, que organiza regularmente marchas de protesta, dijo que un ejecutivo de Homex le ofreció en 2010 comprarle una casa en un desarrollo diferente, y que ella se negó.

“No se trata de dinero, se trata de nuestras vidas”, dijo Blanco.

Verónica Barrientos, una activista del desarrollo de Puerto Azul en Ensenada, dijo en una entrevista que los representantes de Homex le habían ofrecido dinero, automóviles y una expansión de su casa a cambio de que abandonara sus esfuerzos para solucionar los problemas.

Cesar Salazar, el líder de los propietarios en el Barrio de la Solidaridad en Monterrey, dijo que los representantes de Homex le ofrecieron pagar su hipoteca.

Sergio Losoya, presidente de la asociación de propietarios en el vecindario de Chula Vista en Cabo San Lucas, dijo que un representante de la compañía ofreció pagar por la terapia para su hijo con necesidades especiales.

Los líderes de los propietarios dijeron que rechazaron las ofertas. Tomar un soborno, dijo Barrientos, hubiera significado traicionar a los residentes que no han tenido agua corriente durante cinco años.

“Hay demasiadas personas que confían en nosotros”, dijo.

Un movimiento de propietarios en el desarrollo de Vistas de Palmillas en Tijuana se vino abajo después de que sus líderes aceptaran las ofertas de Homex de casas nuevas en diferentes vecindarios a mediados de la década de 2000, comentaron los residentes.

Homex declinó hacer comentarios sobre las denuncias de sobornos.

Hoy en día, los problemas relacionados con las condiciones inestables del suelo persisten en Vistas de Palmillas. Algunos residentes viven en casas marcadas con carteles que las declaran “de alto riesgo”.

“Manténgase alerta ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones”, dicen los letreros de la división de protección civil de Tijuana.

Eventualmente, las quejas sobre mano de obra defectuosa e infraestructura rota se volvieron demasiado llamativas como para seguir ignorándolas. La demanda de las casas colapsó.

En 2011, el gobierno comenzó a reducir el flujo de hipotecas. Para 2014, los mayores constructores de casas, Homex, Casas Geo y Urbi, se habían declarado en bancarrota.

Los defensores del programa dicen que, aunque imperfecto, fue un esfuerzo justificable el construir viviendas para las personas que lo necesitaban desesperadamente.

Pero sus argumentos algunas veces se han venido abajo de manera vergonzosa.

El entonces presidente Felipe Calderón grabó un video promocional en 2011, dando la bienvenida a las familias a un nuevo desarrollo llamado Paseos de la Pradera, en el estado de Hidalgo.

Para 2014, los residentes habían tenido que utilizar el agua de lluvia para satisfacer sus necesidades. Organizaron protestas y bloquearon una autopista durante varias horas. Los problemas en el desarrollo, construido por una compañía local, todavía persisten.

Homex declinó comentar sobre las condiciones en sus aproximadamente 150 desarrollos.

En un comunicado, la compañía dijo que recibió una línea de crédito de 20 millones de dólares de Infonavit para completar la infraestructura. Los expertos dicen que eso es suficiente para actualizar quizás dos de los muchos desarrollos problemáticos de la compañía.

“Homex continúa enfocándose en construir comunidades exitosas con un perfil sostenible que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población mexicana”, dijo la empresa en su comunicado.

Los representantes de Urbi y Casas Geo, declinaron comentar sobre las condiciones en sus desarrollos.

Un portavoz del Infonavit dijo que los problemas en los desarrollos han sido exagerados.

“Muchos residentes dicen que las cosas están mal, pero no es verdad que no tengan servicios”, dijo el funcionario, Nezahualcóyotl Baños Hernández.

Cuando un periodista de Los Ángeles Times describió las condiciones en algunas comunidades, Hernández dijo que el Infonavit lo verificaría

“Dígame la lista de lugares a los que fue… para que sepamos dónde investigar”, dijo. “Tal vez podamos hacer algo”. Los Angeles Times entrego la lista, pero Infonavit no respondió a las peticiones de que comentara al respecto.

Un estudio integral encargado por la agencia en 2015 describió las condiciones como “graves” en los 36 conjuntos habitacionales inspeccionados, según el autor, Alfonso Iracheta, profesor de desarrollo urbano en El Colegio Mexiquense, un instituto de investigación cercano a la Ciudad de México.

En entrevista, Iracheta dijo que el reporte solo puede ser dado a conocer por el Infonavit. La agencia no respondió a la petición de proporcionárselo.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un discurso el año pasado, intentó dejar de lado las políticas de vivienda anteriores, y calificó el incremento de la construcción como algo “absurdo”.

Peña Nieto ha promovido su política de vivienda, la cual prohíbe las casas de una recamara y ha puesto el énfasis en el desarrollo de las áreas urbanas. Pero los críticos señalan que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México de 2005 a 2011, los constructores hicieron más de 200 desarrollos, muchos de los cuales ahora son ciudades fantasmas plagadas de problemas, que han sido ignoradas por su administración.

En un discurso el año pasado Rosario Robles, secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano notó la paradoja de un gran número de hogares abandonados en un país con una grave escasez de viviendas. “Tenemos viviendas sin gente,” dijo, “y gente que no tiene vivienda”.

Cuando los drenajes pluviales se tapan, cuando las tuberías explotan o cuando las luces de las calles se apagan en Santa Teresa, la gente recurre a José Colón. Propietario de una tienda, de 37 años de edad y padre de dos niños, quien recolecta dinero con sus vecinos para pagarles a los contratistas o comprar suministros.

Esos esfuerzos de “hágalo usted mismo” se han convertido en un lugar común en estos desarrollos abandonados. Los residentes dicen que es su única opción.

Un día el año pasado, Colón se asomó a una zanja excavada por trabajadores que dejaba ver una fuga en un sello defectuoso en una tubería. El agua estaba encharcándose, malgastándose, en un complejo habitacional donde la mayoría de las casas carece de agua corriente.

Yendo de puerta en puerta él se propuso recolectar dinero para comprar un nuevo sello para la tubería.

Homex, que ya había salido de la protección por bancarrota, se había asegurado 240 millones de dólares en nuevo financiamiento.

Los Ángeles Times
El Diario de Juárez
Ciudad de México
Martes 28 noviembre 2017.



El año que está por terminar ha sido considerado por la población como uno de los más corruptos en México, de acuerdo con la consultora internacional de seguridad Kroll Inc.

Junto con la corrupción, el fraude es el principal problema que enfrentan las empresas en el país, según reveló la firma en su reporte “Fraude y riesgo global”.

En el capítulo dedicado a la radiografía del fraude y corrupción México, la consultora con sede en Nueva York señaló que 2017 dejó en claro que desastres naturales -como los sismos de septiembre pasado-, financieros y cibernéticos son difíciles de enfrentar “cuando la corrupción y el fraude han impuesto las reglas del juego”.

Con operaciones en todo el mundo en análisis de riesgo, fraude, seguridad y corrupción, y con oficinas en México, Kroll asegura que en el país empresarios y empleados han adoptado esas reglas como “normales” y las utilizan para ver afectadas sus operaciones en el país.

Un ejemplo es que más de 40% de las empresas en México admitieron haber sobornado a algún funcionario público, según la Guía de Gestión de Riesgos Empresariales elaborada por el capítulo México de la Cámara Internacional de Comercio y la firma consultora.

Según explicaron las empresas consultadas, esa práctica corrupta se debe a que su desconfianza “en las instituciones y procesos para dar seguimiento o solución a alguna solicitud de negocio”.

En el caso de los empleados, los resultados indicaron que para ocho de cada 10 los sobornos son una práctica cotidiana.

Las empresas manifestaron también que ocho de cada 10 en México han sido víctimas de algún tipo de fraude. Precisaron que 79% de los casos son cometidos por empleados de las propias empresas, y en 30%, los autores pertenecen a la llamada generación milennial; es decir, menores de 30 años.

La consultora indicó que el fraude y/o los ataques cibernéticos aumentaron en 89% tan solo en el último trimestre de 2017 medido por la encuesta.

Citó que tan solo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) ha recibido en promedio 3.3 millones de reclamos por fraudes cibernéticos, lo que ha hecho del sector financiero uno de los más vulnerables a los fraudes en México.

Kroll indicó que en el caso de México 2017 ha estado lleno de acontecimientos que han puesto a prueba la eficiencia de las organizaciones para responder a temas como la prevención de riesgos, planes de respuesta ante catástrofes y cultura de la prevención empresarial, temas en los que el país no quedó bien parado.

Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Miércoles 22 noviembre 2017.

El Cártel de Sinaloa, con la estructura al mando de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos desde enero, encabeza las organizaciones que llevan droga a 51 países

Los cárteles mexicanos con sus socios locales han conquistado el escenario de la droga a nivel mundial y el imperio que construyó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se mantiene como el de mayor influencia, a pesar de que está encarcelado en Estados Unidos. Los mercados de la cocaína, heroína, metanfetaminas y precursores químicos de 51 países en los cinco continentes son dominados por nueve organizaciones del narcotráfico que se adueñaron de las rutas para el tráfico de estupefacientes, reporta la Procuraduría General de la República (PGR).

A lo largo de los años exploraron nuevos caminos para expandir su imperio, incluido el tráfico de armas y para ello utilizan semisumergibles, aviones, barcos o vehículos terrestres. Se trata de nueve cárteles mexicanos que tienen presencia en el mundo como consecuencia de la alianza que han acordado con criminales colombianos, mafias italianas, africanas y pandillas que dominan los territorios locales. Entre ellos están el Cártel Sinaloa o Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, entre otros.

Vía marítima las organizaciones utilizan los países como Benín, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau y Senegal; vía aérea la droga llega por Cabo Verde, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania y Sierra Leona. África Occidental y la región del Sahel se han convertido en la ruta de tránsito más importante para el tráfico de cocaína desde los países latinoamericanos. “Existen dos rutas importantes para el ingreso de cocaína proveniente de países de América Latina a Europa, una enviándola directo hacia España; y otra, utilizando naciones intermediarias de África Occidental y el Sahel como lugares de almacenamiento y distribución”, menciona un reporte de la PGR.

El imperio de ‘El Chapo’

Aunque se encuentra preso en Estados Unidos desde enero de este año, el imperio de Joaquín El Chapo Guzmán se mantiene como el más grande.

Un documento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al que tuvo acceso este diario, elaborado por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), revela que el Cártel de Sinaloa tiene influencia o presencia en 43 países.

Fundado entre 1989 y 1990, esa organización tiene fragmentaciones desde la extradición a Estados Unidos de Guzmán Loera; sin embargo, la principal escisión la controlan sus hijos Iván y Alfredo Guzmán, junto con Ismael El Mayo Zambada, y recientemente, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA), se sumó a esa confrontación interna Rafael Caro Quintero.

De manera estratégica, el grupo acapara Centro, Sudamérica y parte del continente africano para llegar a Europa.

Los 43 países en los que opera son Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Además de Uruguay, Argentina, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, África Occidental, Sudán, Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, Portugal, España, Emiratos Árabes, India, China, Filipinas, Malasia, Indonesia y Australia.

Zetas, los sanguinarios

Los Zetas, grupo fundado por ex militares de fuerzas especiales, es la segunda con mayor alcance en el mundo. El texto al que se tuvo acceso menciona que esa organización tiene presencia en 20 naciones.

Sus principales líderes han sido detenidos o abatidos, como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z-40 y El Z-42; sin embargo, la organización catalogada por las autoridades mexicanas como la más sanguinaria sigue en operación.

La DEA identifica que en este momento está a la cabeza Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo. Se presume que es sobrino de los Treviño Morales y a sus 31 años es el líder de la estructura; aunque las autoridades mexicanas también identifican a Maxiley Barahona Nadales, El Contador, como un jefe.

Su zona de operación alcanza 20 países que son Estados Unidos, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Belice, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Sierra Leona, África Occidental, España, Italia, Rusia, Emiratos Árabes, China y Japón. 

Inició como brazo armado del Cártel del Golfo y cuando se independizó comenzó a buscar nuevos mercados; fue una de las que innovó en las alianzas con la mafia italiana de la Ndrangheta, así como los grupos africanos.

Cártel Jalisco, crecimiento acelerado

Con apenas 10 años de fundación, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado por las autoridades como la organización con más recursos financieros, ocupa el tercer lugar en expansión a nivel mundial. La DEA la define como la organización que creció muy rápido y se convirtió en una de las más poderosas no sólo por el despliegue interno dentro de México, conquistando plazas que controlaban otras organizaciones, sino por el tipo de armas de alto poder con capacidad para enfrentar al Ejército mexicano, lo mismo que vehículos para movilizar la droga y una estrategia de violencia en las zonas en las que tiene presencia.

Es la organización que dentro del territorio mexicano es la que tiene capacidad para enfrentar el liderazgo que tiene el Cártel de Sinaloa.

Encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y Jorge Luis Mendoza Cárdenas, La Garra, se extendió a 14 países que son Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, Belice, Colombia, Bolivia, África Occidental, India, China y Japón. Su principal actividad es la cocaína, heroína y las drogas sintéticas.

Oseguera Cervantes, originario de Michoacán, inició sus actividades a las órdenes de Ignacio Nacho Coronel; sin embargo, tras su muerte en julio de 2010 durante un enfrentamiento con militares, el Cártel del Milenio tuvo escisiones, una de ellas dio origen al CJNG.

Nemesio tomó el control y junto con su brazo financiero, identificado como Los Cuinis, operado por los hermanos González Valencia, comenzaron a extenderse, aumentar su capacidad financiera y de fuego, mientras el gobierno mexicano se centró en desmantelar otros cárteles.

En marzo pasado, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la DEA, dio un fuerte golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa al desarticular una banda que les proveía de cocaína.

Según la información de la procuraduría, “la organización estaba conformada por una escisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que mensualmente traficaban ocho toneladas de cocaína para El Mayo Zambada y Nemesio Oseguera”.

Contaban con tres rutas para el abastecimiento en altamar, una cerca de las islas Galápagos, otro a la altura de la isla Coco y uno más a 180 millas entre México y Guatemala; se detectó que se estaban sofisticando para el trasiego con una flotilla de semisumergibles y avionetas.

Las células de la Familia

La Familia Michoacana fue uno de los principales objetivos del gobierno mexicano. Tuvo una ruptura importante al crearse Los Caballeros Templarios; sin embargo, continúa en el radar mundial.

Se logró detener y abatir a sus principales líderes y fundadores, por ejemplo, Jesús El Chango Méndez; Nazario Moreno González, El Chayo; Servando Gómez Martínez, La Tuta; Enrique Kike Plancarte; Mario Alberto Romero Rodríguez, El Tucán, y Francisco Galeana Núñez, El Pantera, por mencionar algunos.

La información a la que se tuvo acceso refiere que tiene presencia o influencia en ocho países que son Canadá, Estados Unidos, Ecuador, España, Bulgaria, Holanda, India y China. De acuerdo con el informe Drogas, el Estado y la Sociedad en África Occidental, se estimó que en 2010 se traficaron 18 toneladas de cocaína pura a Europa; esa cifra pasó por naciones de África Occidental. Puntualiza que el aumento del tráfico de drogas en ese continente ha contribuido, junto con otras actividades delictivas, al aumento del lavado de dinero en esa región.

“Normalmente, los recursos del narcotráfico derivan de varias fuentes, por ejemplo, producción local o venta de narcóticos importados. También hay beneficios generados por las empresas secundarias relacionadas con el tráfico de drogas, tales como proveedores de identidad falsa, reclutadores o empaquetadores de drogas”, detalla el documento.

La expansión del Cártel del Golfo

En la guerra contra el narcotráfico otro de los objetivos era desmantelar al Cártel del Golfo, considerado en su momento uno de los más fuertes bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillen, El Mata Amigos, y Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta.

Los líderes están identificados como José Antonio Romo López, Don Chucho, y José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, aunque mermado en comparación con los otros grupos, el Cártel del Golfo opera en seis países: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador e Italia. 

En marzo de 2016, la Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria informó la detención en los estados de Lagos y Anambra, de ocho personas, cuatro de ellos de origen mexicano.

Los connacionales fueron identificados como José Bruno Cervantes Madrid, Pastiano Rivas Ruiz, Cristóbal Castillo Barraza y Pedro Partida González, supuestamente eran asesores técnicos para laboratorios clandestinos con una capacidad para producir entre tres y cuatro toneladas de metanfetamina.

Para las autoridades nigerianas, el kilo de esa sustancia se cotiza en 6 mil dólares; sin embargo, si llega al mercado asiático el precio alcanza los 300 mil dólares, según la información consultada.

Además, el 24 de noviembre de 2008 dos personas provenientes de Sudáfrica fueron detenidos en un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México; se trata de Ayissi Jean Xaveria y Albert Njalle Ekoule. Al interior de un maletín asegurado les fueron encontrados 21 paquetes de papel, de los cuales 20 contenían billetes de 100 dólares y un teléfono celular; las autoridades mexicanas habían recibido una denuncia en la que se informaba que los detenidos venían de Francia con el objetivo de comprar armas de fuego y explosivos a un miembro del Cártel del Golfo.

Arellano Félix y Beltrán Leyva

Las estructuras de la organización de Los Arellano Félix, conocida también como Cártel de Tijuana, han sido prácticamente desmanteladas; sin embargo, aún tienen influencia el mundo de las drogas con las nuevas generaciones.

El documento de la AIC menciona que “tienen presencia en cuatro países: Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina.  El Cártel de Los Beltrán Leyva también tiene influencia en Canadá y España.  Se identifica a Fausto Isidro Meza Flores, El Chapito Isidro, y a José Luis Ruelas Torres, como los jefes”.

Es una de las organizaciones que, tras la caía de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, tuvo grandes rompimientos; sin embargo, quien permaneció al frente de la organización fue su hermano Héctor, El H, hasta octubre de 2014 cuando fue capturado. El Chapito Isidro, junto con Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito, sobrino de El Chapo Guzmán, intentaron desplazar a los hijos de Joaquín para tomar el control del Cártel de Sinaloa, pero la fuerza de los hijos, con el apoyo de El Mayo Zambada, lo evitaron.

Caballeros Templarios y Carrillo Fuentes

Con menos presencia, pero aún vigentes, se encuentran Los Caballeros Templarios, una escisión de La Familia Michoacana, y el grupo de los Carrillo Fuentes, también conocidos como el Cártel de Juárez.

Ambos tienen influencia en tres países, además de México. Por una parte, Los Templarios se encuentran en Canadá, Estados Unidos y China; mientras que el Cártel de Juárez influye en los mercados de Estados Unidos, Colombia y Perú.

La DEA identifica a Carlos Arturo Quintana, El 80, y a Julio César Olivas Torres, El Sexto, como los líderes del cártel de los Carrillo Fuentes.

Quintana se encuentra dentro de la lista de los más buscados del FBI y cobró notoriedad por su forma de operar violenta junto con su grupo de sicarios. De acuerdo con las autoridades, es una pieza clave para el Cártel de Juárez.

El Universal
Dennis A. García
Ciudad de México
Sábado 11 noviembre 2017.


Ciudad de México— El embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, expresó su protesta por haber sido expulsado del país.

El diplomático leyó un posicionamiento en la Embajada ubicada en la Colonia Anzures, en el cual dijo que la medida tomada por México era ignorante.

"El problema nuclear de la Península Coreana, desde el surgimiento, el desarrollo, hasta las situaciones actuales en todos los aspectos, es el producto de la política de hostilidad de Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea y no tiene nada que ver con México.

"Por eso, protesto y expreso gran lástima por las medidas diplomáticas bilaterales tomadas por el Gobierno mexicano que profesa la política exterior soberana, sin fundamento ninguno, ni jurídicamente, ni moralmente", señaló.

Dijo que para hablar de las violaciones al derecho internacional, México primero tendría que condenar a Estados Unidos, que durante más de medio siglo ha intentado por todos los medios aplastar a un país soberano y año por año realiza abiertamente los ejercicios de guerra para agredir a Corea del Norte, incluyendo operaciones secretas destinadas a eliminar la máxima dirección de su país.

Dijo que Corea del Norte se ha visto obligada a tomar medidas auto defensivas para salvaguardar su independencia y su derecho a la existencia de su presidente, frente a la coerción y arbitrariedad de Estados Unidos, que ha venido practicando la política de extrema hostilidad y chantajes nucleares.

Recordó que su país ha declarado en varias ocasiones que las resoluciones del Consejo de seguridad de Naciones Unidas son ilegales e inhumanas por ser fabricadas forzosamente por las fuerzas hostiles a la República Popular Democrática de Corea y encabezadas por Estados Unidos.

"Hemos logrado poseer las armas nucleares más potentes, en medio de la sanciones más crueles del mundo, por lo cual no tenemos nada que temer.

"Seguiremos avanzando firmemente por el fortalecimiento, aún más, de las armas nucleares mientras que Estados Unidos no abandonen completamente la política de hostilidad contra la República Popular Democrática de Corea", manifestó.

El embajador no aceptó preguntas de la prensa.

El consejero político de la Embajada, Jong Cholhan, dijo que se quedará a cargo de la sede diplomática a partir del próximo domingo, día en que se tiene prevista la salida del Embajador.

A la conferencia de prensa llegaron los asambleístas de Morena, Ramón Jiménez y Ana Ángeles Valencia, así como Luis Guzmán Rivera, del Partido Popular Socialistas, acompañados de simpatizantes, quienes sostuvieron una reunión privada al interior de la Embajada para expresar su solidaridad.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 08 de septiembre de 2017.



Cuatro de cada diez personas encarceladas en México fueron detenidas sin orden de aprehensión, mientras que alrededor del 70 por ciento sufrió agresiones físicas o psicológicas durante su arresto, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según datos de la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), de las 211 mil personas internas en prisiones federales, estatales o municipales en octubre de 2016, 21.5 por ciento fue sustraída de un lugar privado y 20 por ciento arrestada cuando iba en la calle, en ambos casos sin orden de aprehensión.

Del total de la población interna, al momento de su detención, el 75.6 por ciento sufrió violencia psicológica, principalmente fueron incomunicados, desvestidos o amenazados con el levantamiento de cargos falsos.

Mientras que 63.8 por ciento recibió algún daño físico, como golpes con puños u otros objetos (98 por ciento), descargas eléctricas (19.4 por ciento) o violencia sexual (4.5 por ciento).

El estudio, para el cual el Inegi visitó 338 centros penitenciarios en las 32 entidades federativas, revela que en 41.9 por ciento de los casos las personas fueron recluidas después de declarar que cometieron un delito.

Tras su detención, en sólo la mitad de los casos la persona fue presentada ante el Ministerio Público (MP) en menos de cuatro horas, y ya ahí, dos de cada cinco personas recibieron patadas o puñetazos, 13 por ciento descargas eléctricas, 4 por ciento quemaduras, entre otras violencias físicas.

Ante el MP, sólo el 62.6 por ciento rindió su declaración, pero de ese porcentaje prácticamente la mitad fue presionada por las autoridades para dar otra versión de los hechos, mientras que al 37.8 por ciento le dieron a leer su declaración.

Julio Santaella, presidente del Inegi, presentó la ENPOL, que fue creada a partir de la reforma al Sistema Penal e incluida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y adelantó que estiman que se realice cada tres años.

"Los resultados que vamos a dar a conocer a continuación nos van a dar una radiografía, como nunca se ha tenido, del sistema penal mexicano", presumió.

"Intuíamos las condiciones de precariedad de la vida penitenciaria, pero ahora por primera vez las hemos medido".

Reforma
César Martínez
Ciudad de México
Lunes 31 de julio de 2017.

El exgobernador de Veracruz, encarcelado en Guatemala, expresó su “deseo” de presentarse ante la justicia mexicana para defenderse de las acusaciones de corrupción

Nueve meses después de que huyera de México por la frontera sur, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte regresará a México el próximo lunes en manos de la policía y con las esposas puestas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha confirmado el miércoles la extradición de Duarte para el 17 de julio, aunque aún están pendientes algunos detalles como la hora de la entrega y si Duarte viajará en un avión enviado por la Cancillería. El anuncio llega una vez resuelta su extradición y tras los reclamos de Guatemala para que México se lleve cuanto antes a Duarte, a quien considera un preso de "alto riesgo".

El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, alertó la semana pasada que corre peligro la vida de Duarte, contra al que podrían atentar distintos grupos criminales, confesó el ministro. "Tenerlo aquí representa un riesgo", dijo Rivas, quien pidió a México que "cumpla con su responsabilidad de venir a traerlo (buscarlo) porque es una gran responsabilidad para Guatemala: Su integridad y su vida corren peligro", insistió.

El ministro esperaba entonces que en días u horas Duarte pudiera salir del país una vez que ya había aceptado su extradición, una decisión que, finalmente, ha llegado diez días después. Paralelamente, Rivas hizo una sutil confesión que levantó la ceja de quienes ya esperan al político veracruzano para saldar cuentas, al decir que tiene información sobre corrupción "importante para México".

Entre la información que podría manejar están las relaciones de Duarte con su antiguo partido, el Revolucionario Institucional (PRI), tal y como se reveló el martes gracias a un audio difundido en las redes sociales por el entorno del actual gobernador y opositor político, Miguel Ángel Yunes. En el mismo, Duarte regaña a su extesorero, Tarek Abdalá Saad, por el retraso en el envío de 1.000 millones de pesos al PRI. El regaño de Duarte se produjo semanas antes de la elección a gobernador de 2016 y en él le recrimina a Abdalá —hoy diputado federal priista con un juicio de procedencia estancado— no haber enviado el dinero a la sede nacional del partido.

El exgobernador fue capturado el 15 de abril en la localidad guatemalteca de Panajachel y está preso desde ese día en una cárcel de máxima seguridad en la capital. Con su detención se puso fin a una sonrojante fuga para el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue la captura del político que mejor encarna la corrupción de los últimos años en los gobiernos estatales.

Duarte es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que habría cometido como gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016. En su propio Estado también tendrá que afrontar cargos por tráfico de influencias, incumplimiento de deber legal, abuso de autoridad y peculado.

"He decidido allanarme al pedido de extradición formal de México en relación con los delitos federales, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos", dijo Duarte el día que aceptó su extradición. "Es mi deseo así acreditarlo ante la Federación de mi país". Un deseo que podrá cumplir a partir del lunes.

El País
Jacobo García
Ciudad de México
Viernes 14 de julio de 2017.


•    No obstante, carece de pies de cría, pues originar una estirpe aviar requiere una fuerte inversión económica, sin ganancias por más de 10 años

•    La avicultura es tan importante en la economía mexicana, que de 10 kilos de productos pecuarios, 6.3 son de carne de pollo y huevo, señaló Pilar Castañeda, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM

México es el séptimo productor de pollo de engorda en el mundo, pero es un país con dependencia genética: carece de pies de cría e importa progenitores y reproductores, señaló María del Pilar Castañeda Serrano, investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM.

El consumo per cápita nacional al año es de 27 kilogramos. Por su precio, esta carne es más consumida que la de cerdo y res. Es tan importante la avicultura en la economía mexicana, que de 10 kilos de productos pecuarios, 6.3 son de carne de pollo y huevo, así como de sus derivados, indicó la también coordinadora académica del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola (CEIEPAv) de la FMVZ en Tláhuac, Ciudad de México.

La dependencia genética es tal, que si empresas de Estados Unidos, Francia e Inglaterra decidieran no vendernos reproductores y progenitores, "quebramos como productores", alertó.

El pollo de engorda y la gallina de postura no son especies o razas, sino estirpes o líneas genéticas generadas mediante un mestizaje, y crear una estirpe del primero (Ross, Cobb o Hybro) o de la segunda (Hy-line, Babcock o Hisex Brown) implica mucha inversión de tiempo y dinero, afirmó Castañeda Serrano.

Las empresas extranjeras que crearon estas estirpes venden a los avicultores mexicanos parvadas de progenitoras, que al cruzarse generan reproductoras, que son las mamás y los papás del pollo y gallinas que conocemos.

En nuestro país grandes empresas controlan la integración vertical de la avicultura, pero sólo cuentan con los progenitores. Hasta ahí llega la avicultura mexicana, porque los dueños de las estirpes genéticas, de los pies de cría (los papás de los progenitores), son empresas extranjeras.

Y es que tener pies de cría, una estirpe aviar mexicana, requiere se mucho tiempo de mestizaje y una gran inversión económica. Para lograr un ejemplar redondeado y que produzca rápidamente carne, hay que hacer cruzas durante al menos 10 años para fijar esas características y lograr que las transmitan. “En la avicultura industrial se debe asegurar que toda la descendencia tenga la misma carga genética, y eso se logra con programas intensivos de mejoramiento genético”.

Después del manejo del mestizaje por más de una década, se podría tener un pie de cría, pero también se debe invertir en infraestructura y tecnología para “apapacharlos” y analizarlos. Se debe tener todo su genoma, hacerles cierto tipo de estudios (rayos X para determinar densidad de huesos, por ejemplo) y probar si transmiten a su descendencia las características.

En la granja de la FMVZ se podría trabajar una línea de investigación para dejar de ser dependientes genéticamente en esta área de la avicultura, pero se requiere de una inversión fuerte para sostener el proyecto por más de 10 años y lograr una estirpe hecha en la UNAM, concluyó Castañeda Serrano.

Puebl@Media
Ciudad de México
Domingo 9 de julio de 2017.


Con Calderón mataron más, se defiende el gobierno


Ciudad de México. - Enrique Peña Nieto, el jefe de Estado, suplicó: “Les pido una cosa: ayúdenme a honrar mi palabra”.

Lo escuchaban la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Sandra Irene Herrerías; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; y el fiscal especializado en delitos cometidos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez.

Era el miércoles 17 de mayo, dos días después del asesinato de Javier Valdez Cárdenas, y minutos antes Peña Nieto había anunciado, junto con gobernadores en Los Pinos, un conjunto de acciones para combatir la violencia contra los periodistas, varios de los cuales exigieron justicia a gritos y a quienes se aproximó brevemente.

Relata Campa Cifrián: “Cuando terminó de dar su discurso y antes de acercarse a los periodistas, nos dijo enfáticamente: ‘Quiero honrar mi palabra. Ayúdenme. Cuentan con todo el respaldo del gobierno para que yo honre mi palabra’.”

Responsable de la política pública de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, a cargo de la Secretaría de Gobernación, Campa Cifrián niega que Peña sea omiso y permisivo con la violencia contra los informadores, pese a que desdeñó los más de 30 asesinatos que acumula en su mandato, incluido el de Miroslava Breach, y sólo reaccionó ante el de Valdez.

“Para el presidente es una prioridad que se resuelvan los casos pendientes”, afirma, “sobre todo estos últimos que son emblemáticos; y es también una prioridad que se fortalezcan las instancias de investigación y el sistema de seguridad.”

–Lo que deja ver su conducta es, por lo menos, insensibilidad…

–Yo no tengo esa impresión. El presidente sabe que se trata de uno de los retos principales de su administración.

CON CALDERÓN MATABAN MÁS

El primer mes del asesinato de Javier Valdez se cumplió entre protestas de periodistas y ante la indiferencia de Peña Nieto, quien ese día, el jueves 15, hizo una fiesta en Los Pinos para premiar a Rogerio Azcárraga, presidente del Grupo Fórmula, pero cuatro días después, el lunes 19, el diario estadounidense The New York Times detonó un escándalo por los señalamientos de espionaje de su gobierno a comunicadores, activistas anticorrupción y defensores de los derechos humanos.

No sólo eso: las propias cifras del gobierno acreditaron que mayo, cuando asesinaron a Valdez Cárdenas, ha sido el mes más violento en las más recientes dos décadas, con 2 mil 186 homicidios dolosos, una espiral de violencia que ha cobrado la vida de siete periodistas este año, incluyendo la del joven Jonathan Rodríguez Córdova, en Jalisco.

En este contexto, Campa Cifrián declaró a El Universal, también el lunes 19, que antes del gobierno de Peña Nieto los periodistas estaban peor, porque en el sexenio de Felipe Calderón mataron más.

"No es el peor momento para periodistas en México”, cabeceó el diario en apego a lo que el funcionario dijo y que generó repulsa.

Campa se sostiene: "Si la pregunta es cuál es el número de periodistas que han perdido la vida ahora o en el pasado, el problema tiene que ver con la aritmética. O sea, quien se pelea con eso, se pelea con la aritmética”.

Según las cifras de la ONG Artículo 19, con Calderón fueron asesinados 49 periodistas —ninguno de los cuales mereció ni sus condolencias— y van 34 con Peña, aunque la cifra del Mecanismo de Protección que encabeza Campa es superior en el caso del actual sexenio: 37.

"Ahí están las cifras de Artículo 19, están las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y están las cifras nuestras, que son más altas, porque nosotros no podíamos sacar a una persona suponiendo que el homicidio no tuvo que ver con libertad de expresión”.

Por eso, insiste en que con Peña ha habido menos asesinatos de periodistas: "Son menos de los que perdieron la vida en los primeros cuatro años de la administración de Calderón. Son más que los que perdieron la vida en los primeros cuatro años de Vicente Fox, pero sólo en el último año de éste, 2006, diez fueron privados de la vida. Esas son las cifras. Ahí están los números y dos más dos son cuatro”.

YO NO USO ESPIONAJE

Subsecretario de la entidad que tiene a su cargo la facultad de ejercer el espionaje desde el gobierno —el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, aunque también la hacen la PGR y las secretarías de Defensa y Marina—, Campa niega que él tenga conocimiento de información obtenida ilegalmente, sobre todo de periodistas y defensores de los derechos humanos a los que protege.

"Tengo comunicación con prácticamente todas las organizaciones de defensores que han manifestado su rechazo al espionaje. Trabajo todos los días con el Pro, con Tlachinollan, con Serapaz, y la única indicación que he recibido y el único esfuerzo de todos los días es para empujar y avanzar con ellos sus asuntos. Nunca he tenido información que se pueda obtener o que haya sido posible que se obtenga mediante espionaje. Confío en que van a avanzar las investigaciones y lo que el gobierno federal ha dicho es que no tiene ninguna responsabilidad en estas cuestiones.”

—¿Usted es la mano suave, el rostro amable del gobierno que espía, que golpea, por ejemplo por la vía de la publicidad oficial?

—Pues sí, mi responsabilidad puede estar vinculada con la cara amable, pero soy responsable de la interlocución con ellos en los casos más emblemáticos que tiene esta administración, como Ayotzinapa, Nochixtlán, Atenco. Pero a mí jamás me han puesto en la mesa información que me permita tener una posición de ventaja en un proceso de negociación con ellos. ¡Nunca, en ningún momento, nunca!

Campa admite que hay una agenda pendiente para garantizar que se cumpla con los estándares en materia de libertad de expresión, que involucra las condiciones laborales en los medios. "Y tenemos que garantizar también que los periodistas puedan hacer su tarea sin obstrucciones, sin espionajes”.

Campa reitera que Peña Nieto sí quiere justicia y seguridad para los periodistas y por eso comprometió su palabra ante "una situación terrible, como lo hemos reconocido y aceptado de manera reiterada”, sobre todo para capturar a los asesinos.

Y levanta la voz: "¡Estamos empeñados para que no haya un solo caso más! ¡Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para eficientar las tareas, para mandar una señal de que no habrá impunidad! ¡Confiamos en que se dé con los responsables muy pronto!”

Proceso
Álvaro Delgado
Reportaje Especial
Ciudad de México
Domingo 25 de junio de 2017.


La diputada del PAN Brenda Velázquez presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por el supuesto espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición.

La presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación acusó que la utilización del sistema "Pegasus", para infectar los teléfonos inteligentes de los afectados, violentan la libertad de expresión y el derecho a la privacidad.

Velázquez informó que argumentó la violación del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y el 16 de la Constitución de México.

"Por la gravedad y urgencia, pedimos a la CIDH solicite al Estado Mexicano que adopte medidas cautelares para prevenir actos de espionaje a periodistas, activistas y políticos de Oposición", señaló.

"De igual forma, pedimos a la CIDH que realice una visita de alto nivel a México, con el fin de constatar los hechos denunciados y de ser procedente, se designe Relatoría Especial".

Indicó que también solicitó al órgano internacional un pronunciamiento en el que se exija al gobierno mexicano que se abstenga de utilizar el espionaje en contra de los ciudadanos.

Ayer, la diputada Velázquez presentó también una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el uso ilegal del malware "Pegasus", luego de que ha sido utilizado en al menos 76 ocasiones para espiar a periodistas, activistas y políticos.

"Exigimos que se realice una investigación exhaustiva y se castigue a los servidores públicos involucrados en estos ataques a la libertad de expresión y a la privacidad de los periodistas", citó el miércoles tras presentar la denuncia.

Señaló que para el PAN tales acciones de espionaje son una táctica añeja del priismo y son un retroceso a la democracia mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 22 de junio de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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