MEXICO, 12 ene (Xinhua) - La pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos 30 años en México, medida por la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), es del 80,08 por ciento, reveló hoy un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el estudio "México 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora; los aumentos salariales que nacieron muertos", especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, expusieron que en 1987 se requería laborar cuatro horas con 53 minutos para obtener esta canasta básica, mientras que para el 26 de octubre de 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos.

"En 1987 le restaban al trabajador 19 horas y siete minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear y dormir, entre otras actividades, y para octubre de 2017 el tiempo necesario para comprar la canasta ha sobrepasado un día completo", remarcaron.

El crecimiento del precio de la CAR, conformada por 40 alimentos -para una familia de cuatro personas: dos adultos, un joven y un niño-, es muy rápido, por lo que los aumentos hechos al salario mínimo han nacido prácticamente muertos.

Para octubre de 2016 esta canasta -que no incluye renta, vestido, calzado o educación para los hijos- costaba 218,06 pesos y en un año se incrementó a 245,34 pesos; tuvo un aumento de 27,28 pesos, que representan una variación del 12,5 por ciento, la variación anual más grande desde mediados de la década de los 90.

"El aumento al salario mínimo en el mismo periodo fue de siete pesos y el incremento anunciado por el gobierno para 2018 es de 8,32 pesos. Si sumamos ambos dan un total de 15,32 pesos, por lo que el aumento de precios de la CAR ya se comió en un año los incrementos de dos años, e incluso parte de lo que se anuncie para 2019", advirtieron los investigadores del CAM.

Los universitarios señalaron que las propuestas de diversas fuerzas políticas para elevar el salario mínimo a 95,24 pesos diarios, o hasta 171 pesos para el próximo sexenio, son también insuficientes, pues cuestionaron qué tipo de bienestar se puede garantizar con estos ingresos considerando que se requieren 245 pesos diarios sólo para la alimentación.

Xinhua
Ciudad de México
Viernes 12 enero 2018.


     MEXICO, 26 dic (Xinhua) -- Las autoridades económicas de México consideraron hoy martes que la volatilidad en el mercado cambiario local ha propiciado un deterioro de las operaciones, por lo que anunciaron que inyectarán más recursos para fomentar su corrección.

     "Durante los últimos días el mercado cambiario en nuestro país ha registrado episodios de alta volatilidad acompañados de un deterioro de las condiciones de operación en dicho mercado", señaló un comunicado difundido por la Comisión de Cambios, integrada por el central Banco de México y la Secretaría (ministerio) de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

     La comisión venderá a partir de este martes coberturas cambiables en el mercado por 500 millones de dólares, como parte del mecanismo establecido desde el 21 de febrero pasado por un total de 20.000 millones de dólares.

     "El Banco de México renovará la totalidad de los vencimientos de estas operaciones hasta que la Comisión de Cambios lo considere pertinente", agregó la entidad.

     La medida busca propiciar mejores condiciones de liquidez, un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios, agregó.

     Indicó que desde que comenzó el programa en febrero, se han realizado subastas por un monto de 5.000 millones de dólares en el mercado de cambios y los vencimientos que hasta el momento se han presentado han sido renovados en su totalidad.

     El 25 de octubre pasado, las autoridades financieras anunciaron también medidas de apoyo a la moneda mexicana, que atraviesa por un periodo de depreciación por la incertidumbre en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

     Otros factores de inestabilidad cambiaria se atribuyen a la recién promulgada reforma fiscal en EEUU y a las próximas elecciones presidenciales que tendrá México en julio de 2018.

     El peso mexicano cerró la semana pasada con una depreciación del 3,27 por ciento, la mayor caída semanal desde el periodo comparable del 11 de noviembre de 2016, tras conocerse la victoria electoral del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

     La moneda mexicana cotizaba este martes en alrededor de 19,57 pesos por dólar, con una apreciación de 0,9 por ciento o 17,8 centavos con respecto al cierre del lunes, de acuerdo con el banco de inversión Base.

     La moneda alcanzó el lunes un máximo de 19,8 pesos por dólar en un contexto de poca liquidez, ya que la mayoría de los mercados financieros permanecieron cerrados por el feriado de Navidad, explicó Base.

Xinhua
Ciudad de México
Martes 26 diciembre 2017.


Ciudad de México- Las familias de los Santos Reyes Yucuná, localidad con el mayor número de población pobre del país, comerán en la cena de Navidad tacos de frijol, sopa, café y pan.

En esta comunidad de la Mixteca oaxaqueña la festividad no se celebra con júbilo, pues la mayoría de los habitantes viaja a la Ciudad de México y a Oaxaca para vender botanas, dulces y chicles de manera ambulante.

Las fiestas navideñas y de Año Nuevo son temporada alta para el comercio de sus productos, por eso desde principios de diciembre los pobladores salen de Yucuná.

Los comerciantes ahorran su dinero y el 3 de enero regresan a este Municipio, perteneciente a Huajuapan de León, a celebrar la fiesta patronal de los Santos Reyes.

El 24 y 31 de diciembre, en el pueblo se quedan las autoridades municipales, los hombres que prestan un servicio a la comunidad, mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas, quienes celebran la Navidad en la iglesia o hacen una cena común.

En las casas se comen principalmente tortillas, frijoles, salsa y sopa, que las amas de casa cocinan con chile seco.

"No voy hacer nada ese día porque no hay dinero. Tengo niños en la escuela. Comemos así normal, así nada más", dijo Felipa Hernández madre cinco niños.

La mujer confió que antes del domingo su esposo llegue de Huajuapan con algo de dinero para entonces sí preparar un caldo de verduras y matar una de sus gallinas que tiene en su corral.

Reyna Ceferina Cruz, quien vende dulces en Oaxaca y regresó a Yucuná a ver a sus hijos, cocinará un kilo de frijol y arroz.

"No vamos hacer nada especial. En otros lugares pues compramos, pero aquí no hay nada para hacer. No hay ni trabajo ni comida", afirmó la comerciante.

La ama de casa, Rosalina Sixto Parra, comentó que esta Navidad hará salsa o sopa, lo que comúnmente come.

"La fiesta se celebra en la iglesia. Ahí sí comemos mole, pero tengo que ir ayudar a preparar la comida. Aquí en mi casa no hacemos nada. Yo hago sopa para mí y para mis hijos".

Hortensia Hernández Amado, ama de casa, planeó hacer un pozole o tamales con café para su papá enfermo y sus dos hijos.

"Aquí no hay nada para hacer. Vamos a la iglesia y nos regalan unas galletas. Mi familia está trabajando en México y no vienen en estas fechas", expuso.

El campesino Armando Hernández comentó en su comunidad la falta de comida es evidente, porque no hay carnicerías ni tiendas para comprar alimentos.

Explicó que desde Huajuapan acude cada semana un carro a vender carne de cerdo y de res, mientras que cada 15 días llega al lugar un camión que vende pescados y mariscos.

En esta localidad hay tres misceláneas que expenden productos como jabón, azúcar, café, papel del baño, refrescos, pan, mezcal y cervezas.

Fiesta en la iglesia

Los habitantes comentaron que la Navidad se festeja en la iglesia del pueblo y para este año se espera que el mayordomo mate un toro, haga mole, regale refrescos, galletas y dulces.

Para apoyar con la comida, los pobladores dieron una cooperación y las mujeres que prestan un servicio a la comunidad son las encargadas de cocinar y atender a los asistentes.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 25 diciembre 2017.


México. - Durante el primer trimestre del 2018 se comercializarán en México los primeros medicamentos hechos con cannabis, como parte del reglamento para productos a base de marihuana, el tetrahidrocannabinol (THC), adelantó este martes el gobierno mexicano.

El comisionado federal para la Protección de Delitos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepoz, explicó en una rueda de prensa que para ello se publicará en próximo la reglamentación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dijo que 80 por ciento de los permisos de importación de medicamentos son para el tratamiento de epilepsia infantil, y el resto para cuidados paliativos y otros padecimientos, pero ahora con esa reglamentación, dijo, se podrá hacer el registro de medicamentos o importar productos de uso industrial, como bebidas, cosméticos y suplementos alimenticios, para su venta.

Con ello, "los padres de familia y los pacientes tendrán importantes ahorros porque ya no realizarán los gastos de importación", indicó.

Comentó que de 2015 a la fecha, la dependencia a su cargo recibió 431 solicitudes para uso recreativo de la marihuana y autorizó 294 permisos individuales para la importación de medicamentos con cannabidiol.

Preguntado respecto al uso lúdico de la mariguana, el funcionario mexicano mencionó que han recibido 431 solicitudes en dos años, mismas que han sido negadas porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no está autorizada para avalarlas.

Finalmente dijo que en el balance de acciones 2017, México obtuvo su ingreso al Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC/S), y se concretó la recertificación ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como Agencia de Referencia Regional Nivel IV, es decir, aval para medicamentos innovadores y vacunas.

A iniciativa del presidente mexicano Enrique Peña Nieto sobre una ley para el uso medicinal de la marihuana, se abrió un debate de discusión con académicos, médicos y legisladores, y tras ser mejorada la norma, el pasado 19 de junio se publicó el decreto por el que se modifica la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a fin de regular el uso medicinal de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana.

Xinhua
Ciudad de México
Jueves 19 diciembre 2017.

 

  • La reforma promulgada por Trump, que entrará en vigor el 1 de enero, ha generado temores en México, debido a que puede perder competitividad en la atracción de flujos de inversiones del exterior.

 

El gobierno de México y el sector empresarial del país acordaron establecer tres mesas de trabajo para delinear acciones y monitorear los efectos de la reforma fiscal de Estados Unidos, promulgada hoy viernes por el presidente Donald Trump.

El secretario (ministro) de Hacienda, José Antonio González Anaya, se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, informó hoy el organismo cúpula en un comunicado.

"Durante la reunión, las partes decidieron crear tres mesas de trabajo para monitorear el impacto de la reforma y diseñar medidas que permitan mantener el dinamismo de la economía y la inversión en México", explicó el CCE.

La primera mesa acordará medidas para impulsar en el ámbito financiero, en tanto que la segunda estudiará acciones de corte fiscal para promover la inversión, detalló el organismo.

La tercera abordará medidas económicas para aligerar la carga administrativa de las empresas, agregó.

"Estas mesas deberán operar bajo las premisas de mantener un sano balance fiscal y no incrementar la deuda en el país", indicó el CCE.

El presidente estadounidense promulgó este viernes la reforma fiscal que incluye un recorte por 1,5 billones de dólares y una iniciativa de gasto para mantener al gobierno federal en funcionamiento hasta el 19 de enero de 2018.

Se trata de la mayor enmienda al código fiscal estadounidense desde 1986 que, entre otras cosas, recortará el impuesto de sociedades de 35 a 21 por ciento.

Hacienda y el CCE coincidieron en que México debe ser prudente y no reducir impuestos a costa de elevar los niveles de endeudamiento público.

"El objetivo es generar los incentivos necesarios para atraer inversión en todos los sectores de la economía", precisó el CCE.

La reforma promulgada por Trump, que entrará en vigor el 1 de enero, ha generado temores en México, debido a que puede perder competitividad en la atracción de flujos de inversiones del exterior.

 Xinhua
Ciudad de México
Viernes 22 diciembre 2017.


•    La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse

•    Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas


México.- Los recientes escándalos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht es una muestra de que América Latina aún afronta grandes desafíos de la corrupción sistemática.

"Es una pena escuchar cada semana un nuevo escándalo en algún país latinoamericano por algún político relacionado con Odebrecht", sostuvo el investigador Jorge Sánchez Tello, de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), un centro del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En entrevista con Xinhua, el experto dijo que los sobornos de Odebrecht en una decena de países de América Latina, un caso originalmente destapado en Brasil por una pesquisa anticorrupción llamada "Lava Jato", exhibieron que la región carece de un Estado de derecho robusto.

En Perú, el mayor escándalo de corrupción en la región de los últimos años ya derivó en una orden de arresto contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), y llevó a la cárcel preventiva al ex presidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por imputaciones de recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña electoral.

La semana pasada el actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue condenado a seis años de cárcel luego de que la Fiscalía lo acusó de haber recibido sobornos por 13,5 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht con contratos del Estado en cinco proyectos de sectores estratégicos, mientras hay pesquisas en curso en Colombia, Venezuela y México, entre otros.

"Esto se debe justamente a que en América Latina no se ha construido el Estado de derecho, es la principal causa", expresó Sánchez Tello.

"América Latina ha tenido gobiernos de izquierda, derecha, centro, populistas, tecnócratas, pero la corrupción sigue porque no ha existido alguien en los últimos 50 años que realmente quiera crear instituciones para aplicar la ley", lamentó.

El investigador consideró que la debilidad institucional abre la puerta a que políticos o funcionarios aprovechen su cargo para beneficiarse con negocios ilícitos, una situación que en México ha quedado demostrada con varios casos de ex gobernadores encarcelados o buscados por presuntamente desviar recursos públicos.

La constructora brasileña contaba incluso con un departamento especializado en los sobornos a funcionarios de los países a cambio de obtener negocios en infraestructura, recordó.

Sánchez Tello expuso que es común que empresas accedan e incluso estén acostumbradas a pagar dádivas en los países de la región para trámites o permisos, como licencias para construcción, porque es algo que piden funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

La corrupción inhibe las inversiones extranjeras en América Latina porque compañías transnacionales o de otras regiones optan por no involucrarse, además de que a la par dificulta la recaudación debido a que la población desconfía que sus impuestos sean destinados a servicios, subrayó.

Al respecto, el director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, Hugo Beteta, señaló que el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones es fundamental para un desarrollo de la economía.

Instancias de transparencia y rendición de cuentas son pilares para que las economías puedan crecer, por lo que los países de la región tienen que fortalecer esos sistemas, agregó en entrevista con Xinhua.

"Las instituciones de combate a la corrupción son fundamentales para la inversión, para el crecimiento y para el funcionamiento y la sostenibilidad social de las políticas", expuso Beteta.

En tanto, para el investigador adjunto del Instituto de América Latina de la Academia China de Ciencias Sociales, Guo Cunhai, la "corrupción en América Latina ya no es un fenómeno esporádico, sino sistemático".

"La serie de escándalos de corrupción en América Latina agudizará las perturbaciones políticas de la región, lo cual dificultará la configuración de nuevas políticas económicas destinadas a estimular el desarrollo latinoamericano y seguramente dejará un impacto negativo a la economía de América Latina", expresó a Xinhua.

Guo agregó que "si bien muchos países latinoamericanos cuentan con un marco jurídico relativamente completo, la aplicación de la ley todavía es bastante débil en algunos países".

Por su parte, el analista argentino Rosendo Fraga dijo a Xinhua que la lentitud de la Justicia argentina para abordar los casos de corrupción, con procesos que demoran en promedio 14 años, genera escepticismo en la opinión pública, la que termina relegando la importancia de ese tema por detrás de cuestiones "urgentes", como la economía y la inseguridad.

Algo similar ocurre en Perú, donde la justicia ha procesado desde 2012 a 12.000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública por presuntos actos de corrupción y de ese total ha admitido denuncias contra 1.500, según informó recientemente el contralor general del país, Nelson Shack Yalta.

"En el período 2009-2017, durante el gobierno de los dos contralores que me han antecedido, se procesaron ante la Justicia penal más de 16.000 funcionarios; de éstos, solo 61 fueron condenados", anotó el funcionario.

Xinhua
Luis Brito, Pei Jianrong y Juan Manuel
Ciudad de México
Viernes 22 de diciembre de 2017.


El expresidente de Odebrecht, la empresa que protagonizó la trama de corrupción más grande de Brasil, con ramificaciones en América Latina, salió de la cárcel.

Marcelo Odebrecht, el expresidente de Odebrecht condenado en el mayor escándalo de corrupción en Brasil, seguirá purgando su condena en una mansión de 3.000 metros cuadrados en Sao Paulo tras haber abandonado hoy la celda de 12 metros cuadrados en Curitiba en la que estuvo recluido dos años y medio.

El otrora todopoderoso presidente de la mayor constructora brasileña, una gigante multinacional con negocios en decenas de países, seguirá cumpliendo su condena en prisión domiciliaria gracias al acuerdo de colaboración judicial por el que se comprometió a confesar todas las corruptelas de su empresa.

El heredero de una de las mayores empresas de América Latina ha sido condenado hasta ahora a 31 años y 6 meses de prisión en dos de los siete procesos abiertos en su contra, pero el acuerdo de colaboración redujo esa condena a 10 años.

Tras dos años y medio en unas estrechas celdas de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, pasará los próximos dos años y medio en prisión domiciliaria, otros dos años y medio en régimen semi abierto (puede salir de día a trabajar) y los últimos dos años y medio en régimen abierto (sólo tendrá que estar los fines de semana en casa).

Los siete años y medio que le quedan de pena los pasará en su residencia en Sao Paulo, una mansión con piscina, gimnasio y varias comodidades en el exclusivo barrio de Morumbí, controlado por una tobillera electrónica que oficiales de Justicia le pusieron este martes.

El empresario, de 49 años y apodado "Príncipe", abandonó las celdas de la Policía Federal en Curitiba y fue trasladado a un foro de justicia donde fue informado por un juez de las reglas que tendrá que cumplir durante la prisión domiciliaria.

Tres horas después, ya con la tobillera electrónica, salió del foro judicial en un vehículo particular escoltado por dos patrullas de policía hasta un aeropuerto privado en Curitiba, en donde abordó un avión particular que lo trasladó hasta Sao Paulo.

Su abogado, Nabor Bulhoes, el único que habló con la prensa al final de la audiencia, aseguró que la definición de la mansión que queda en un condominio de lujo a pocos metros de la gobernación de Sao Paulo como la nueva prisión es un "asunto que sólo incumbe a Odebrecht y al juez de ejecuciones penales".

Marcelo Odebrecht en prisión domiciliaria

Agregó que el empresario sólo tendrá derecho a recibir visitas de sus familiares, sus abogados y de 15 personas incluidas en una lista que le entregó este martes al juez y que sólo tendrá autorización para abandonar la casa en dos oportunidades, con fechas aún no definidas y que serían para asistir a ceremonias de graduación universitaria de sus hijas.

"El único compromiso que tiene Marcelo Odebrecht en adelante es seguir colaborando con la Justicia en los términos del acuerdo de colaboración que firmó con la Fiscalía y como reconocidamente lo viene haciendo", dijo su abogado.

"Reiteró que su gran objetivo es volver a la convivencia familiar, algo muy importante para él", agregó.

Las penas iniciales a las que fue condenado por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita fueron reducidas tras el acuerdo que la Fiscalía firmó con 76 ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht para que revelaran todas las corruptelas cometidas por la empresa en Brasil y otros países.

Además de ser uno de las principales implicadas en el gigantesco escándalo de corrupción por los desvíos en la petrolera estatal Petrobras, Odebrecht es investigada por sobornos pagados a dirigentes públicos en decenas de países para adjudicarse contratos.

Las revelaciones han provocado terremotos políticos en países como Panamá, Perú, República Dominicana y Ecuador.

Solo en Brasil, la divulgación de los testimonios de los ex directivos hizo que la Corte Suprema autorizara la apertura de 76 investigaciones contra casi 100 políticos aforados citados en las delaciones, entre ellos varios ministros del Gobierno del presidente Michel Temer.

Cuando cumpla su pena, Odebrecht todavía tendrá restricciones en el ámbito profesional, pues hasta 2025 estará impedido de ejercer cualquier función ejecutiva en las empresas de su familia, según el acuerdo que firmó con la Justicia.

Su padre, Emilio Odebrecht, ha anunciado que dejará la presidencia del Consejo de Administración el próximo abril, además de afirmar que ningún miembro de la familia volverá a presidir el grupo, en medio de un programa de reestructuración para "pasar página" de los escándalos de corrupción.

EFE
Curitiba, Brasil
Martes 19 diciembre 2019.


En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

En México, 1,840 municipios, de los 2,447 existentes, registran porcentajes de pobreza entre 50 y 99% del total de la población, es decir, 75% de las alcaldías del país registran niveles de pobreza, informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su medición de la pobreza a nivel municipal 2015.

Los datos divulgados este jueves por el órgano de evaluación de la pobreza en el país precisan que 190 municipios del país registraron pobreza en más de 95% de sus habitantes hasta el 2015.

Asimismo, comunicó el Coneval, la pobreza se redujo durante el quinquenio comprendido entre el 2010 y el 2015, en 5 puntos porcentuales o más, en 699 municipios, en tanto que en 422 se registró un aumento en la misma proporción.

En este tenor, las 15 alcaldías con el mayor porcentaje de pobreza en su población se ubicaron en el sur-sureste, es decir, entre Guerrero, Chiapas y Oaxaca. En este último estado, el municipio de Santos Reyes Yucaná se colocó como la alcaldía más pobre del país con 99.9% de su población en dicha condición.

En materia de pobreza extrema, el país registró 32 municipios en los que 70% o más de sus habitantes sobreviven bajo dichas carencias.

Por número total de personas en pobreza extrema, Acapulco de Juárez, en Guerrero ocupó el primer lugar con 93,513 personas, mientras que nuevamente Santos Reyes Yucaná, en Oaxaca, se colocó como la alcaldía con mayor porcentaje de su población en esta condición con 97.4 por ciento.

Reforma
Héctor Molina
Ciudad de México
Viernes 8 diciembre 2017.


La vivienda en México, una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país.

Hace 16 años, México inició una campaña monumental para elevar el nivel de vida de sus trabajadores, aquellos que perciben el salario mínimo principalmente. El Gobierno se asoció con desarrolladores privados para construir viviendas de precio accesible a gran escala. Los inversionistas globales –como el Banco Mundial, las grandes fundaciones y las empresas financieras de Wall Street– invirtieron miles de millones de dólares en este esfuerzo, publica hoy Los Ángeles Times.

Vastos conjuntos habitacionales surgieron entre pastizales de vacas, granjas y viejas haciendas. De 2001 a 2012, se estima que 20 millones de personas –una sexta parte de la población de México– abandonaron las ciudades, barrios marginales y zonas rurales por la promesa de una vida mejor.

Fue un momento clave para México –una prueba para esta cada vez más próspera nación, con ambiciones de primer mundo. Pero México se quedó desastrosamente corto sin poder crear un suburbio ordenado.

El programa se ha convertido en una catástrofe social y financiera en cámara lenta, infligiendo dificultades diarias y peligros a millones de personas que viven en complejos habitacionales plagados de problemas por todo el país, según una investigación de Los Ángeles Times.

Los propietarios tienen que salir con sus cubetas en mano para buscar agua en los camiones repartidores. En los arroyos de las calles pueden verse las aguas residuales sin tratar, procedentes de tuberías rotas. Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven. En algunos desarrollos, los apagones pueden durar varios días.

Dentro de muchas casas, los techos se gotean, las paredes tienen grietas y el cableado eléctrico hace cortos circuitos, descomponiendo los aparatos electrodomésticos y en algunos casos, provocando incendios que hacen que las familias tengan que salir huyendo.

Las calles se hunden, las aceras se desmoronan y las plantas de tratamiento de agua no sirven.

El programa costó más de 100 mil millones de dólares, y algunos inversionistas y ejecutivos de la construcción, obtuvieron enormes ganancias, proclamándose a sí mismos como “constructores de naciones” al tiempo que se unieron a las listas de los ciudadanos más ricos de México.

Mientras tanto, trabajadores de fábricas, propietarios de pequeños negocios, jubilados y servidores públicos que compraron las casas, se quedaron atrapados con préstamos hipotecarios complejos y con pagos que aumentan a medida que sus hogares y vecindarios van decayendo.

En los 50 desarrollos de viviendas económicas visitados desde Tijuana hasta el Golfo de México, Los Ángeles Times también revisó miles de páginas de documentos gubernamentales y de la industria de la construcción, y entrevistó a cientos de propietarios, líderes municipales, expertos en vivienda, ingenieros civiles, trabajadores de la construcción y funcionarios del gobierno.

El programa, plagado de corrupción y falta de supervisión desde el inicio, ha alcanzado niveles de crisis en medio de la indiferencia y la impunidad del gobierno. Las autoridades rara vez han investigado las denuncias generalizadas de fraude. Y los desarrolladores, en algunos casos, han intentado obstaculizar los esfuerzos de los propietarios para solucionar los problemas.

La crisis de la vivienda en Estados Unidos y la recesión hace una década, también se caracterizaron por fallas regulatorias. Finalmente, la economía de Estados Unidos se recuperó. Pero la crisis en México ha sido duradera.

Si bien la gravedad de los problemas varía, y algunos desarrollos habitacionales cumplen con los estándares básicos, el rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales cerca o dentro de cada ciudad grande: Sistemas de agua que no sirven, redes eléctricas incompletas, deficientes sistemas de aguas residuales. Parques y escuelas que se prometieron pero que nunca se materializaron.

Muchos desarrollos se construyeron lejos de los centros de empleo en tierras marginales -humedales, márgenes de ríos y laderas inestables- con escaso acceso al agua corriente. Muchos funcionarios locales reescribieron las leyes de zonificación y aprobaron los desarrollos con poca o ninguna revisión.

El rápido deterioro es evidente en muchos de los complejos habitacionales

Los desarrolladores redujeron el tamaño de las casas, construyendo alrededor de 1 millón de unidades de apenas 325 pies cuadrados, (30.18 metros cuadrados) que es más pequeño que un garaje típico de dos automóviles en Estados Unidos. Muchas familias de seis, siete o más personas viven en estas mini viviendas, durmiendo a un lado de la lavadora o en los pasillos.

Los desarrolladores han abandonado cientos de estos complejos sin completar la infraestructura, provocando una permanente escasez de servicios.

En los desarrollos donde no funciona el alumbrado público, los jóvenes usan linternas para navegar por las calles oscuras. En esos desarrollos sin servicio de recolección de basura, las personas queman los desechos en lotes baldíos para evitar la infestación de ratas.

Los residentes colocan avisos en los pozos de registro sin tapa, para alertar a los niños de los peligros en las vías que carecen de mantenimiento. Los residentes de los vecindarios que carecen de agua, las personas cierran con llave las tapas de las cisternas de sus azoteas, para evitar que los ladrones se lleven el preciado líquido.

Hay desarrollos no terminados por todo el país. Se estima que 300 mil personas viven en más de 40 complejos habitacionales inconclusos en las ciudades de Tijuana y Ensenada.

En el Estado de México, que rodea a la Ciudad de México, los desarrolladores han completado solo 36 de los 235 desarrollos iniciados entre 2005 y 2012, dejando entre 200 mil y 500 mil personas en el limbo, de acuerdo con los archivos del estado.

“Era un mundo de corrupción”, dijo Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco, un suburbio de Guadalajara. Sus predecesores aprobaron desarrollos donde los mantos acuíferos se han secado afectando a unas 300 mil personas, dijo. Ahora el agua es racionada, y muchas familias reciben agua cada dos días.

Gran parte de las endebles construcciones son vulnerables a las inclemencias del tiempo

En septiembre, miles de hogares y calles en desarrollos mal planificados se inundaron en el Estado de México. Cientos de hogares en Ciudad Juárez se han inundado con tanta frecuencia, que se ha decidido ya su demolición. En el área de Cabo San Lucas, en agosto, una tormenta derribó dos edificios de cuatro pisos que se construyeron hace apenas ocho años.

Los residentes de urbanizaciones deterioradas durante varios años han marchado en los ayuntamientos, bloqueado las carreteras, han arrojado piedras a las oficinas de ventas, han retenido a los agentes de ventas, incluso han incendiado las casas modelo.

“Los propietarios protestan por la falta de agua corriente y la policía responde con golpes “, decía el encabezado de un medio de comunicación en junio, al reportar la intervención de la policía en el bloqueo de una autopista en un desarrollo en el estado de Veracruz.

Cientos de miles de personas han abandonado sus hogares, permitiendo que invasores y pandillas se apoderen de muchos vecindarios.

Quédese o váyase, muchos propietarios están atrapados con préstamos hipotecarios que están vinculados al índice inflacionario. Debido a que los pagos mensuales –típicamente alrededor del 25 por ciento del salario de un trabajador- se deducen directamente de sus cheques, la única forma para muchos mexicanos para escapar de la creciente deuda es renunciando a sus trabajos y emplearse en la economía informal.

El descontento de los propietarios ha sido poco efectivo; las autoridades no han responsabilizado a nadie por los problemas.

Invasores y pandillas se apoderan de muchos vecindarios

Decenas de millones de dólares en fianzas de construcción destinados a hacer reparaciones y/o terminar la infraestructura siguen sin utilizarse o no se sabe que ha pasado con ellos. No ha habido audiencias en el Congreso ni comisiones de investigación.

Sin embargo, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó en marzo a Homex, -que una vez fue el mayor desarrollador de México-, de reportar ventas “falsas” de 100 mil casas, lo que infló sus ingresos en 3 mil 300 millones de dólares. Se cree que es el mayor fraude en la historia de México.

Eventualmente, la SEC llegó a un acuerdo con Homex, sin aplicar ninguna multa, y presentó cargos civiles similares contra ex ejecutivos de Homex, los cuales permanecen pendientes. (Homex se negó a comentar sobre las acusaciones de SEC).

Las casas modelo creaban expectativas que frecuentemente no se cumplían

La Comisión Nacional de Banca y Valores de México aplicó a Homex una multa de 1.2 millones de dólares. No hay evidencia de que las autoridades mexicanas estén investigando ningún delito criminal.

En cambio, las autoridades han seguido casos contra activistas que acusan a los desarrolladores de engañar a los propietarios para aumentar sus ganancias.

El líder de propietarios más prominente del país ha estado encarcelado durante dos años sin juicio, con cargos de robo a mano armada, que varios jueces han desestimado. Otros líderes de propietarios que buscan reparaciones en sus desarrollos dicen que han sido hostigados, amenazados e incluso sobornados para que abandonen sus protestas.

El fiasco afecta a millones de propietarios que adquirieron una vivienda por primera vez, como Lucía López, de 66 años de edad.

Cuando recorrió las casas modelo en un nuevo desarrollo llamado Colinas de Santa Fe, cerca de la histórica ciudad de Veracruz, ella apreció los toques modernos: los grifos brillantes, el agua corriente, enchufes eléctricos en cada habitación.

López crió a sus hijos en una choza con pisos de tierra y un techo hecho de hojas de palma. Toda su vida vendió flores y limpió pisos para obtener ingresos. No tenía ahorros.

Sin embargo, en virtud del programa de vivienda, pudo comprar una pequeña casa de dos dormitorios por 20 mil dólares con un préstamo respaldado por el gobierno.

Su entusiasmo duró poco. El techo de su nuevo hogar se empezó a filtrar. Los frecuentes cortes de energía sumergieron al vecindario en la oscuridad. Los grifos se quedaban sin por varios días seguidos.

Hoy, López vive todos los días con el deterioro de las calles y los charcos de aguas residuales. Cuando sale a comprar o visitar a los vecinos, sostiene un limón en la nariz para bloquear el hedor de la planta de tratamiento de aguas negras que no sirve.

El año pasado se cayó en el hueco de una alcantarilla que no tenía tapa. Apoyándose contra los costados, logró salir, aunque muy golpeada y cubierta de excremento.

“Lloro cada vez que me acuerdo”, dijo. “Si me hubiera ahogado, nunca me habrían encontrado”.

El objetivo era sacar a millones de mexicanos de viviendas precarias y sobrepobladas y cumplir la garantía de la Constitución de México de “una vivienda digna y decente para todos”.

Las familias a menudo alquilaban departamentos estrechos que compartían con sus familiares. Las familias más pobres invadían terrenos en barrios marginales. Pasaban años recogiendo materiales y construyendo sus casas habitación por habitación, algunos conseguían bloques de concreto. La electricidad a menudo se robaba a través de los llamados “diablitos” y el agua corriente escaseaba.

En 2001, el presidente Vicente Fox se dispuso a abordar el problema creando una enorme sociedad entre el gobierno y la iniciativa privada.

Entonces, giró instrucciones para que el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores, o Infonavit, aumentara considerablemente sus préstamos hipotecarios.

Bajo la administración de Fox y de su sucesor, Felipe Calderón, los préstamos del Infonavit aumentaron de 205 mil emitidos en 2001 a 494 mil 73 en 2008. Los nuevos préstamos estaban dirigidos a compradores que adquirirían por primera vez una vivienda, que tenían ingresos modestos y poco o ningún ahorro.

Para aumentar los esfuerzos gubernamentales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo invirtieron 2 mil 800 millones de dólares en el sector de vivienda de México.

El torrente de dinero hipotecario creó un escenario soñado para desarrolladores grandes y pequeños. Con una cartera de clientes precalificados, podrían vender casas tan rápido como pudieran construirlas. Los precios variaron de 15 mil a 35 mil dólares.

Los inversionistas extranjeros buscaron capitalizar el boom, comprando acciones en las pocas compañías constructoras mexicanas que construyeron una gran parte de los hogares, entre las que se encontraban las más grandes del país: Casas Geo, Urbi y Homex, una empresa familiar del estado de Sinaloa que creció hasta convertirse en una de las mayores constructoras de casas de América del Norte.

Casi de la noche a la mañana surgieron desarrollos de viviendas, y casi de inmediato surgieron serios problemas. Los complejos habitacionales con problemas fueron hechos por constructores regionales y nacionales, pero los más problemáticos fueron construidos por las compañías de construcción más grandes de la industria.

Un desarrollo de Homex está casi escondido en las orillas de la ciudad de Huehuetoca, a 40 millas al norte de Ciudad de México. Su nombre oficial es Santa Teresa, aunque sus residentes le llaman Santa Pobreza.

Las mujeres mayores se agachan para beber agua en las tuberías que desembocan en la acera. Los niños juegan a la pelota en los escombros de las deterioradas aceras.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”, dijo José Marín, coordinador del sistema de agua de Huehuetoca, mientras atravesaba una parte especialmente deteriorada de Santa Teresa, donde las tuberías y cables enredados sobresalen entre las calles.

Una torre de agua vacía, se eleva por encima de los techos de este complejo de más de 8 mil pequeñas viviendas. El pozo que servía a esta sección de Santa Teresa comenzó a agotarse poco después de que se abriera el desarrollo en 2007. Homex no calculó adecuadamente la cantidad de gente que iba a servir y siguieron construyendo viviendas y sobre explotaron la capacidad del pozo de agua, dijo Merin.

“Aquí vivimos como en una zona de guerra”

Para el verano de 2016, el pozo se había secado por completo. El agua ahora se reparte en un camión, dos veces por semana, a veces menos.

Anahid Figueroa, una dentista de 35 años, se mudó al desarrollo desde la Ciudad de México para estar cerca de su madre, que vive al lado. Ahora lo lamenta.

El camión de agua llena dos botes de agua que deja en su pequeño patio delantero. Ella y su hija de 7 años cuidan cada gota. Hay suficiente para que cada uno de ellas se bañe dos veces a la semana. “Tenemos grifos y una ducha”, dijo Figueroa, “pero no son más que adornos”.

A medida que docenas de nuevos desarrollos surgieron en las ciudades cercanas a la Ciudad de México, la población de Huehuetoca se triplicó, a 130 mil personas.

Los funcionarios que supervisan las construcciones a nivel local, no pudieron mantener el ritmo. La ciudad solo tenía dos inspectores.

Con poco escrutinio de su trabajo, los contratistas de Homex escatimaron en el asfalto cuando pavimentaron las carreteras, que rápidamente se deterioraron por el paso de los camiones de construcción, según los activistas de los propietarios.

Los ingenieros civiles aprobaron diseños defectuosos para desagües pluviales. Las fuertes lluvias arrastraron los bordes y las aceras, y convirtieron las calles en verdaderos ríos.

El fracaso de la supervisión se repitió en desarrollos problemáticos en todo el país, dijo Marco López Silva, un ingeniero civil que ha investigado la industria de la vivienda en México para el Banco Interamericano de Desarrollo.

“El gobierno federal asumió que los funcionarios harían su trabajo a nivel municipal. Que tendrían abogados para revisar las fianzas de construcción. Supusieron que la gente tomaría buenas decisiones. Todo eso falló “, dijo Silva.

Los constructores deben hacer calles, aceras y el resto de la infraestructura. Una vez terminadas esas obras, pasan a ser propiedad de las municipalidades.

Pero, en Huehuetoca, Homex no concluyó el complejo habitacional de Santa Teresa, por lo que la ciudad se negó a asumir la responsabilidad.

“No hay manera de que yo pueda aceptar esto”, dijo Merin, el coordinador del sistema de agua. “La ciudad no tiene dinero suficiente para arreglar este desastre”.

La ciudad, dijo Merin, trata de proporcionar suficientes servicios básicos y repavimentar algunas calles. para controlar las protestas.

Grupos de iracundos residentes secuestraron camiones de agua y atacaron a trabajadores de servicios públicos. Una vez, en 2014, esposaron a los empleados de Homex a un poste de luz.

“La gente quería colgarlos”, dijo Merin, pero se salvaron porque llegó la policía.

A diez millas de distancia, en el suburbio de Zumpango, en la Ciudad de México, los residentes de un conjunto habitacional de Homex llamado La Esmeralda, dependen de unos generadores diésel para la electricidad, porque la compañía no conectó grandes partes del desarrollo a la red eléctrica. Las máquinas arrojan humo y a menudo se descomponen o se quedan sin combustible.

Cuando las calles se inundan debido a una inadecuada nivelación -un problema común en el verano-, los cables del generador quedan sumergidos en el agua, enviando corrientes eléctricas a través de agua que en algunas ocasiones llega hasta las rodillas.

Las calles y las banquetas a menudo se inundan en la temporada de lluvias debido a una inadecuada planificación. Eso hace que incluso una caminata corta, de la casa a la escuela primaria, sea muy difícil para Saraí Ruby, la hija de 7 años de Montoya, quien llora cuando ve que el agua va cubriendo la calle.

Ella sabe que va a sentir los “toques” eléctricos”, dijo Montoya.

Cuando Dante Tapia, de 8 años, ve los cables chisporrotear, no puede correr lo suficientemente rápido.

“Me dolió mucho cuando sentí la corriente”, dijo. “Odio vivir aquí”.

Los bomberos corren de barrio en barrio durante los aguaceros, bombeando calles inundadas. Cuando se va la luz, los paramédicos se apresuran a llegar a los hogares de personas enfermas y ancianas que dependen de la electricidad para operar dispositivos médicos o refrigerar la insulina.

Pablo Rodríguez Méndez, un alto funcionario de la ciudad de Zumpango, compara la crisis de la vivienda con un desastre natural.

Tenemos planes de emergencia para huracanes, pero también necesitamos un plan de emergencia para lidiar con todas las fallas de vivienda “, dijo Rodríguez.

Hace cuatro años, después de que los residentes habían pasado tres días sin agua y electricidad, la frustración se desbordó.

Homex estaba en apuros financieros, y se quedó sin capital para seguir operando.

En La Esmeralda, la mayoría de las 3 mil viviendas planificadas habían sido construidas, pero gran parte del sistema eléctrico y parte de la infraestructura no estaba terminada. Ese fue uno de más de 30 desarrollos, con una población combinada de 150 mil, que Homex y otros constructores dejaron inconclusos, tan sólo en Zumpango, de acuerdo a Rodríguez.

Los manifestantes salieron del vecindario y entraron a una transitada autopista de seis carriles. Levantaron barricadas con sillas, rocas y bicicletas. Durante varias horas bloquearon el tráfico, cantaron y agitaron mantas. “Queremos respuestas de Homex”, decía una de las mantas.

“Explotamos”. ¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica? “, recordó María Esther Cárdenas, madre de tres hijos. Aun así, la luz no ha regresado

“¿Quién puede vivir sin agua? ¿Sin energía eléctrica?”

Cuando cayó la noche, los manifestantes se dirigieron al área de ventas, donde había casas modelo pintadas de vivos colores detrás de una cerca. Alguien entró furtivamente y encendió un cerillo. En cuestión de minutos, las llamas devoraron la zona de ventas.

“La gente se asustó cuando vieron que el fuego se estaba saliendo de control. Pero nos sentimos tristes”, dijo Mario, el esposo de Cárdenas. “Todo lo que queríamos era que cumplieran lo que prometieron”.

En Colinas de Santa Fe, parcialmente construida en un área de humedales en las afueras del norte de Veracruz, el agua de lluvia y las aguas residuales regresan a las calles y a las casas durante la temporada de lluvias. El sistema de drenaje subterráneo colapsó hace años, dejando las calles llenas de enormes baches. La planta de tratamiento de agua también se descompuso, agravando los peligros para la salud.

Los mosquitos se reproducen en charcos estancados. Funcionarios y residentes de la ciudad dicen que los moscos han infectado a decenas de residentes con la fiebre del dengue y el virus chikungunya.

Durante la estación seca, las aguas residuales se derraman en las carreteras y se secan convirtiéndose en un fino polvo. Los fuertes vientos lanzan toda esta inmundicia al aire.

“Estas personas están atrapadas en sus propios hogares”, dijo Salvador Barbes, un ex director de obras públicas de Veracruz. El desarrollo tiene solo 10 años, dijo, pero el rápido deterioro de la infraestructura y los hogares lo convierten, en efecto, en uno de los más antiguos de la ciudad.

“Tiene el tipo de problemas que vemos en los desarrollos que tienen 60 años”, dijo Barbes.

Para evitar los charcos de aguas negras, los vecinos cruzan por caminos improvisados de bloques de concreto. Aun así, los autos que pasan arrojan agua sucia a los niños y los charcos ocultan las alcantarillas abiertas de hasta 12 pies de profundidad.

“Vivimos como en un chiquero”, dijo Adela Blanco, una activista de 64 años de Colinas, “pero vivimos peor que los cerdos, porque además tenemos que pagar por esto”.

En los sectores más elevados del desarrollo, los incendios, no las inundaciones, son el problema.

Alberto García, de 33 años, y su familia llegaron a casa después de un paseo dominical en julio de 2016 y vieron humo desde la ventana de la sala de estar. Una sobretensión había fundido un interruptor de luz y prendido fuego a una cortina. Las llamas se extendieron a través del primer piso.

Ese fue el octavo incendio eléctrico en el complejo habitacional ese verano, dijeron los residentes.

García y otros residentes dijeron que sabían que la red eléctrica era inestable y que el cableado eléctrico era defectuoso. Su esposa y sus hijos usaban sólo dos artefactos a la vez, temiendo subidas repentinas de tensión. Por la noche, incluso desconectaban el refrigerador.

García dijo que su familia perdió todo en el incendio. Sin otro lugar a donde ir, todavía viven en la casa de dos habitaciones. Sus paredes están manchadas de hollín.

“Es muy triste”, dijo García, un vendedor de productos de limpieza. “Trabajamos muy duro para comprar lo que teníamos”.

Los residentes de Colinas de Santa Fe solían visitar las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en el centro de Veracruz, con montones de papeles. Sentían que Homex les había estafado y querían hacer algo al respecto.

Pero Inocencio Yáñez, un ex alto funcionario de la agencia en el estado de Veracruz, dijo que poco después de su llegada en 2013, descubrió que los abogados de la Procuraduría habían estado ocultando por años las quejas de los residentes

Puso un letrero en la recepción para decirles a los visitantes que hablaran con él directamente. Yáñez reunió docenas de casos para entablar una demanda colectiva y envió el expediente a sus superiores en la Ciudad de México. No pasó nada.

Yáñez dijo que se vio obligado a renunciar en 2014 después de dar a conocer las acusaciones de corrupción.

“Mi oficina era solo un lugar para que la gente viniera y llorara”, dijo Yáñez.

Una historia similar se repitió en todo México, dado que Homex y las agencias gubernamentales bloqueaban los esfuerzos de los propietarios para resolver sus problemas.

Después de que Aaron Montes protestó fuera de las casas modelo de Homex en el desarrollo de Hacienda Santa Fe cerca de Guadalajara en 2005, los investigadores de la Procuraduría General del estado de Jalisco lo visitaron.

“Dijeron que Homex estaba perdiendo dinero en la Bolsa de Valores debido a mis acciones”, dijo Montes, un activista de los propietarios de vivienda. “Querían que les pagara millones de pesos”.

Un año después, Montes fue arrestado después de liderar otra protesta. Fue liberado unos días después y se fue a su casa, solo para descubrir que su llave no abría la puerta de entrada.

Homex había vendido su casa a otra familia, dijo. Él y otros líderes de su grupo de propietarios finalmente se mudaron del desarrollo.

“No podía continuar así”, dijo Montes. “Fue como luchar contra un monstruo con mil cabezas”. Homex no respondió a las peticiones de hacer algún comentario al respecto.

En el desarrollo de Lomas de Santa Fe en Veracruz, el abogado Miguel Varela dijo que un representante legal de Homex le ofreció un soborno para dejar de representar a los propietarios que trataban de presionar a Homex para que terminara el sistema eléctrico.

“¿Cuánto quieres para olvidarte de esto?”, dijo Varela, relatando una reunión en 2011 en las oficinas de Homex en Xalapa, la capital del estado.

Blanco, la lideresa de los propietarios de Colinas de Santa Fe, que organiza regularmente marchas de protesta, dijo que un ejecutivo de Homex le ofreció en 2010 comprarle una casa en un desarrollo diferente, y que ella se negó.

“No se trata de dinero, se trata de nuestras vidas”, dijo Blanco.

Verónica Barrientos, una activista del desarrollo de Puerto Azul en Ensenada, dijo en una entrevista que los representantes de Homex le habían ofrecido dinero, automóviles y una expansión de su casa a cambio de que abandonara sus esfuerzos para solucionar los problemas.

Cesar Salazar, el líder de los propietarios en el Barrio de la Solidaridad en Monterrey, dijo que los representantes de Homex le ofrecieron pagar su hipoteca.

Sergio Losoya, presidente de la asociación de propietarios en el vecindario de Chula Vista en Cabo San Lucas, dijo que un representante de la compañía ofreció pagar por la terapia para su hijo con necesidades especiales.

Los líderes de los propietarios dijeron que rechazaron las ofertas. Tomar un soborno, dijo Barrientos, hubiera significado traicionar a los residentes que no han tenido agua corriente durante cinco años.

“Hay demasiadas personas que confían en nosotros”, dijo.

Un movimiento de propietarios en el desarrollo de Vistas de Palmillas en Tijuana se vino abajo después de que sus líderes aceptaran las ofertas de Homex de casas nuevas en diferentes vecindarios a mediados de la década de 2000, comentaron los residentes.

Homex declinó hacer comentarios sobre las denuncias de sobornos.

Hoy en día, los problemas relacionados con las condiciones inestables del suelo persisten en Vistas de Palmillas. Algunos residentes viven en casas marcadas con carteles que las declaran “de alto riesgo”.

“Manténgase alerta ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones”, dicen los letreros de la división de protección civil de Tijuana.

Eventualmente, las quejas sobre mano de obra defectuosa e infraestructura rota se volvieron demasiado llamativas como para seguir ignorándolas. La demanda de las casas colapsó.

En 2011, el gobierno comenzó a reducir el flujo de hipotecas. Para 2014, los mayores constructores de casas, Homex, Casas Geo y Urbi, se habían declarado en bancarrota.

Los defensores del programa dicen que, aunque imperfecto, fue un esfuerzo justificable el construir viviendas para las personas que lo necesitaban desesperadamente.

Pero sus argumentos algunas veces se han venido abajo de manera vergonzosa.

El entonces presidente Felipe Calderón grabó un video promocional en 2011, dando la bienvenida a las familias a un nuevo desarrollo llamado Paseos de la Pradera, en el estado de Hidalgo.

Para 2014, los residentes habían tenido que utilizar el agua de lluvia para satisfacer sus necesidades. Organizaron protestas y bloquearon una autopista durante varias horas. Los problemas en el desarrollo, construido por una compañía local, todavía persisten.

Homex declinó comentar sobre las condiciones en sus aproximadamente 150 desarrollos.

En un comunicado, la compañía dijo que recibió una línea de crédito de 20 millones de dólares de Infonavit para completar la infraestructura. Los expertos dicen que eso es suficiente para actualizar quizás dos de los muchos desarrollos problemáticos de la compañía.

“Homex continúa enfocándose en construir comunidades exitosas con un perfil sostenible que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población mexicana”, dijo la empresa en su comunicado.

Los representantes de Urbi y Casas Geo, declinaron comentar sobre las condiciones en sus desarrollos.

Un portavoz del Infonavit dijo que los problemas en los desarrollos han sido exagerados.

“Muchos residentes dicen que las cosas están mal, pero no es verdad que no tengan servicios”, dijo el funcionario, Nezahualcóyotl Baños Hernández.

Cuando un periodista de Los Ángeles Times describió las condiciones en algunas comunidades, Hernández dijo que el Infonavit lo verificaría

“Dígame la lista de lugares a los que fue… para que sepamos dónde investigar”, dijo. “Tal vez podamos hacer algo”. Los Angeles Times entrego la lista, pero Infonavit no respondió a las peticiones de que comentara al respecto.

Un estudio integral encargado por la agencia en 2015 describió las condiciones como “graves” en los 36 conjuntos habitacionales inspeccionados, según el autor, Alfonso Iracheta, profesor de desarrollo urbano en El Colegio Mexiquense, un instituto de investigación cercano a la Ciudad de México.

En entrevista, Iracheta dijo que el reporte solo puede ser dado a conocer por el Infonavit. La agencia no respondió a la petición de proporcionárselo.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un discurso el año pasado, intentó dejar de lado las políticas de vivienda anteriores, y calificó el incremento de la construcción como algo “absurdo”.

Peña Nieto ha promovido su política de vivienda, la cual prohíbe las casas de una recamara y ha puesto el énfasis en el desarrollo de las áreas urbanas. Pero los críticos señalan que cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México de 2005 a 2011, los constructores hicieron más de 200 desarrollos, muchos de los cuales ahora son ciudades fantasmas plagadas de problemas, que han sido ignoradas por su administración.

En un discurso el año pasado Rosario Robles, secretaria de Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano notó la paradoja de un gran número de hogares abandonados en un país con una grave escasez de viviendas. “Tenemos viviendas sin gente,” dijo, “y gente que no tiene vivienda”.

Cuando los drenajes pluviales se tapan, cuando las tuberías explotan o cuando las luces de las calles se apagan en Santa Teresa, la gente recurre a José Colón. Propietario de una tienda, de 37 años de edad y padre de dos niños, quien recolecta dinero con sus vecinos para pagarles a los contratistas o comprar suministros.

Esos esfuerzos de “hágalo usted mismo” se han convertido en un lugar común en estos desarrollos abandonados. Los residentes dicen que es su única opción.

Un día el año pasado, Colón se asomó a una zanja excavada por trabajadores que dejaba ver una fuga en un sello defectuoso en una tubería. El agua estaba encharcándose, malgastándose, en un complejo habitacional donde la mayoría de las casas carece de agua corriente.

Yendo de puerta en puerta él se propuso recolectar dinero para comprar un nuevo sello para la tubería.

Homex, que ya había salido de la protección por bancarrota, se había asegurado 240 millones de dólares en nuevo financiamiento.

Los Ángeles Times
El Diario de Juárez
Ciudad de México
Martes 28 noviembre 2017.



El año que está por terminar ha sido considerado por la población como uno de los más corruptos en México, de acuerdo con la consultora internacional de seguridad Kroll Inc.

Junto con la corrupción, el fraude es el principal problema que enfrentan las empresas en el país, según reveló la firma en su reporte “Fraude y riesgo global”.

En el capítulo dedicado a la radiografía del fraude y corrupción México, la consultora con sede en Nueva York señaló que 2017 dejó en claro que desastres naturales -como los sismos de septiembre pasado-, financieros y cibernéticos son difíciles de enfrentar “cuando la corrupción y el fraude han impuesto las reglas del juego”.

Con operaciones en todo el mundo en análisis de riesgo, fraude, seguridad y corrupción, y con oficinas en México, Kroll asegura que en el país empresarios y empleados han adoptado esas reglas como “normales” y las utilizan para ver afectadas sus operaciones en el país.

Un ejemplo es que más de 40% de las empresas en México admitieron haber sobornado a algún funcionario público, según la Guía de Gestión de Riesgos Empresariales elaborada por el capítulo México de la Cámara Internacional de Comercio y la firma consultora.

Según explicaron las empresas consultadas, esa práctica corrupta se debe a que su desconfianza “en las instituciones y procesos para dar seguimiento o solución a alguna solicitud de negocio”.

En el caso de los empleados, los resultados indicaron que para ocho de cada 10 los sobornos son una práctica cotidiana.

Las empresas manifestaron también que ocho de cada 10 en México han sido víctimas de algún tipo de fraude. Precisaron que 79% de los casos son cometidos por empleados de las propias empresas, y en 30%, los autores pertenecen a la llamada generación milennial; es decir, menores de 30 años.

La consultora indicó que el fraude y/o los ataques cibernéticos aumentaron en 89% tan solo en el último trimestre de 2017 medido por la encuesta.

Citó que tan solo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) ha recibido en promedio 3.3 millones de reclamos por fraudes cibernéticos, lo que ha hecho del sector financiero uno de los más vulnerables a los fraudes en México.

Kroll indicó que en el caso de México 2017 ha estado lleno de acontecimientos que han puesto a prueba la eficiencia de las organizaciones para responder a temas como la prevención de riesgos, planes de respuesta ante catástrofes y cultura de la prevención empresarial, temas en los que el país no quedó bien parado.

Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Miércoles 22 noviembre 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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