Los menores de cinco años son los más afectados, de acuerdo con un estudio realizado por Unicef y Coneval


El 53.9 por ciento de la población infantil y juvenil de México, aproximadamente 21.4 millones de personas, vivían en condiciones de pobreza, de acuerdo con los resultados del estudio Pobreza y Derechos Sociales en Niñas, Niños y Adolescentes 2014.

El documento establece que, hasta ese año, de los 40 millones de habitantes de entre cero a 17 años, 11.5%, aproximadamente 4.6 millones de ese sector de la población, vivía en pobreza extrema.

Los resultados del estudio fueron presentados ayer por Isabel Crowley, representante de Unicef-México, y Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Crowley afirmó que, en México, la atención al fenómeno de la pobreza infantil es la que recibe la menor proporción de recursos por parte de los programas sociales de los gobiernos, por lo que urgió a invertir en esta población.

“Los niños y las niñas menores de cinco años son el grupo con mayores niveles de pobreza y pobreza extrema; ante esto, un punto central para erradicarla es la inversión en la infancia.

“Cuando invertimos de manera eficaz y sostenida en la niñez y sus familias estamos garantizando generaciones más productivas, generaciones que ejercen una ciudadanía más responsable y estamos reforzando todo lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo”, comentó Crowley.

La representante del organismo dependiente de Naciones Unidas indicó que de acuerdo con la serie de estudios se registró una reducción de 2.5% en las condiciones de pobreza extrema de los menores de 18 años.

La Unicef-México establece en el informe que “no será posible observar reducciones significativas en los niveles de pobreza de esa población sin mejoras tangibles en el ingreso de los hogares en que viven”.

Para el estudio se usaron los seis indicadores que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) establece como carencias sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos en la vivienda y alimentación.

Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, alertó que los programas sociales están poniendo más atención a la población adulta del país.

“La pobreza entre la población infantil es mayor que en el resto de la población... la pobreza en este sector de la población no ha cambiado, lo que no es una buena noticia, uno quisiera que año con año la pobreza bajara y, sobre todo, para esta edad”, comentó.

Excélsior
David Vicenteño
Ciudad de México
Jueves 28 de abril de 2016.


Al clausurar la 112 Asamblea General Ordinaria, el organismo entregó el crédito número nueve millones

El Infonavit se ha consolidado como el principal promotor de la vivienda sustentable en el país y una institución pilar de la nación que ha otorgado nueve millones de créditos a los trabajadores, con lo que cumple el mandato constitucional de dar vivienda de calidad.

Al clausurar su 112 Asamblea General Ordinaria y promulgar la reforma a la Ley General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), señaló que el objetivo de ese organismo es que más trabajadores, en especial, de menores ingresos, accedan a una vivienda digna.

Los créditos que ha otorgado contribuyen a reducir el rezago habitacional y fortalecer el ahorro de los trabajadores, y siete de cada 10 créditos de vivienda en el país son otorgados por el Infonavit, destacó en compañía de su director, David Penchyna Grub.

Asimismo, el instituto ha contribuido a ser promotor de la vivienda, es clave para el patrimonio familiar, otorga créditos a trabajadores con bajo salario, contribuye a erradicar el rezago educativo y fortalece el ahorro de los trabajadores para que más familias tengan vivienda propia, subrayó.

En lo que va de la presente administración, el Infonavit ha entregado dos millones 50 mil créditos para vivienda, en beneficio de 7.5 millones de mexicanos, apuntó el mandatario en el acto al que asistió la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que uno de cada cinco créditos que se han otorgado a lo largo de sus 44 años de existencia fueron entregados en los últimos tres años con el apoyo de la banca privada, con una derrama económica de más de 530 mil millones de pesos.

El presidente Peña Nieto subrayó que los créditos también detonan inversiones productivas en más de 30 ramas vinculadas a la construcción, y que con la promulgación de la reforma, que permite la desindexación del salario mínimo, más trabajadores de bajos ingresos podrán ejercer su derecho a tener una vivienda digna.

Luego de atestiguar la firma de un entre el Infonavit y la Asociación de Bancos de México, sostuvo que existen las condiciones en el mercado interno para que la industria de la vivienda eleve su crecimiento y para que el instituto agilice la entrega de créditos hipotecarios.

La reforma a la Ley del Infonavit modifica los artículos 39, 44 y 55 en donde el salario mínimo deja de ser medida de referencia y toma en su lugar la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que permitirá que los créditos se otorguen en pesos, en lugar de salarios mínimos.

Notimex
Ciudad de México
Miércoles 27 de abril de 2016.


El Instituto Nacional de Migración de la delegación Puebla. rescatan a 37 personas de origen centroamericano

Un total de 37 centroamericanos fueron rescatados durante un operativo conjunto entre la Policía Estatal, Federal y personal del Instituto Nacional de Migración de la delegación Puebla.

Asimismo, un guatemalteco, líder de una banda denominada Los Toros, dedicada al tráfico de personas, así como uno de sus cómplices, fueron detenidos.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado, al tiempo que detalló que los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la autopista México-Puebla, a la altura del arco de seguridad de Huejotzingo.

Fernando Israel Mérida Alonso, “El Toro”, líder de la banda, conducía un vehículo Pointer con placas del Estado de México, en el que llevaba a cuatro personas de nacionalidad hondureña, entre ellos un niño de 4 años de edad.

En seguimiento al caso, elementos de la Policía Estatal ubicaron en un inmueble a un grupo de 33 personas de origen centroamericano y aseguraron a Julio César Godínez Pérez, integrante de la organización delictiva, quien resguardaba a los migrantes.

La situación migratoria de Mérida Alonso, oriundo de Guatemala, es irregular toda vez que el 27 de septiembre de 2015 venció su permiso de estancia en México.

Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación acreditó que el hombre guatemalteco cobraba 4 mil 200 dólares por trasladar a personas de origen centroamericano y sudamericano a territorio estadounidense, desde la frontera sur de México.

Los probables responsables quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República, delegación Puebla, y los indocumentados, del Instituto Nacional de Migración, que se hará cargo de su repatriación.

Proceso
Ciudad de México
Miércoles 13 de abril de 2016.

Juan Armando Hinojosa, entre los exhibidos en los 'Papeles de Panamá'

La investigación del ICIJ señaló al empresario dueño de Grupo Higa como uno de los actores vinculados a mandatarios que han utilizado el despacho Mossack Fonseca para ocultar recursos en paraísos fiscales.

Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, aparece en la lista de los empresarios vinculados a altos mandatarios con empresas offshore para esconder dinero en paraísos fiscales, de acuerdo con la investigación de "Los Papeles de Panamá".

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Internacional Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) expone un perfil del empresario tamaulipeco, denominado en el texto "contratista favorito del Presidente de México", en el que se señala que sus operaciones con el despacho Mossack Fonseca comenzaron a mediados del año pasado con el fin de resguardar 100 millones de dólares.

"A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte.

"Hinojosa tenía una red compleja, con nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelanda, Reino Unido y Países Bajos", se expone en la página de internet del ICIJ, a propósito del empresario mexicano.

'Los Papeles de Panamá' revelan paraísos fiscales de Putin, Almodóvar y Messi

Adjunto a esto, se muestran dos links: uno es un correo electrónico enviado desde una cuenta del despacho de abogados D'Orleans, Bourbon & Associates Corp. (DBA), dirigido a Olga Santini, en el que se solicita atención urgente a un "prospecto de cliente" (Hinojosa), quien requiere una reestructuración de su patrimonio fuera del país.

La reestructura contemplaba la creación de seis compañías en dos paraísos fiscales (Islas Vírgenes Británicas y San Kitts y Nevis), las cuales ayudaría a ocultar alrededor de 100 millones de dólares a través de una transferencia a tres trusts en Nueva Zelanda.

"Éste es sólo una pequeña parte del portafolio del cliente, y nosotros vemos un gran potencial de crecimiento pues él es uno de los más prominentes hombres de negocios en México. Desafortunadamente, debido a su éxito y alto perfil, hay cierto sector de personas al que genera gran disgusto y desgraciadamente hay una gran ola de publicidad negativa alrededor del cliente", se explica en el correo.

En el mensaje se solicitó además manejar los datos del cliente y su esposa, cuyos pasaportes se anexaron en el mensaje, con la mayor confidencialidad.

Asimismo, se exhibe en la otra liga la solicitud para que la suegra del empresario, María Teresa Cubria Cavazos, madre de la esposa de Hinojosa, María Teresa García Cubria, tenga el control de uno de los trusts que creó Hinojosa en Nueva Zelanda, Huirachocha Trust.

Como parte de la investigación el ICIJ reportó que solicitó a Hinojosa comentarios al respecto del tema; sin embargo, el empresario no pudo ser localizado.

"Hinojosa no respondió a repetidas solicitudes de comentarios. Un representante de Hinojosa dijo que estaba de vacaciones en un lugar con mala cobertura telefónica", detalló.

ICIJ
El Financiero
Ciudad de México
Domingo 3 de abril de 2016.


El reporte ubicó en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas; también apuntó que la PGR investigaba dos mil 420 denuncias de tortura en abril de 2015

 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró el miércoles insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y exhortó a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.

En un informe elaborado después de que siete integrantes de la CIDH visitaran México en octubre, el organismo destacó las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos como las principales violaciones.

Citando cifras oficiales, el reporte ubicó en 26 mil 798 la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. También apuntó que la Procuraduría General de la República investigaba dos mil 420 denuncias de tortura en abril de 2015 pero que sólo hubo 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal.

El informe describió la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía en septiembre de 2014 en el estado de Guerrero como un "ejemplo emblemático de la aparente colusión" entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado y "una muestra de la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes".

La comisión, que no emitía un informe sobre México desde 1998, dijo que la situación se agravó desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una campaña contra el crimen organizado en 2006 y negó que haya habido mejora alguna en los niveles de violencia tras la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.

Pero sí valoró como "importantes" la reforma constitucional y varias legislaciones que han entrado en vigencia desde 2011 para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada.

Razón
Ciudad de México
Miércoles 02 de marzo de 2016.

Topo Chico: El infierno de unos, el paraíso de otros

El presidente del PRD, Agustín Basave Martínez, pidió que el motín del penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, no se vea como un hecho aislado y se tomen medidas, pues las cárceles en México “son unas bombas de tiempo”.

Cada vez que hay un problema de estos se toma como un hecho aislado y se hace algún escándalo mediático, pero ahí queda. El problema es de mucho más fondo, el problema exige que se tomen medidas muy radicales para el manejo de los centro penitenciarios”, enfatizó Basave.

En ese sentido dijo que muchos de estos centros son controlados por los prisioneros, sobre todo por quienes son los más peligrosos e incluso los visitadores han sido recibidos con armas de fuego por los internos.

Hay casos patentes, flagrantes, de cómo los propios internos, los presos, controlan las cárceles. Todo se paga, todo se compra, por todo se les cobra”, argumentó.

Expuso que mucha población recluida, incluso la mitad de ella, no está sentenciada y son los mismos reos quienes padecen las consecuencias; específicamente aseguró que quienes murieron en Topo Chico, ubicado en la entidad gobernada por Jaime Rodríguez Calderón, se encontraban en esta situación.

Hubo quienes dijeron, bueno pues, se mataron entre ellos, son criminales, como si no tuvieran derechos humanos. Pero además, como digo, muchos de ellos ni siquiera estaban sentenciados. Ese es un problema gravísimo”, apuntó.

Topo Chico: El infierno de unos, el paraíso de otros

Un siniestro puso al descubierto la corrupción que imperaba en el penal, donde se consentía a los criminales con comida, bar, aire acondicionado y sauna

Monterrey.- Aunque vivían privados de su libertad, detrás de rejas y con altas bardas que los aislaban del exterior, los presos del penal del Topo Chico tenían lujos que no poseen el común de los ciudadanos.

Con baños sauna, minisplit, frigobar, parrillas eléctricas, un acuario, caminadora para ejercitarse, colchones de alta calidad y habitaciones con acabados, así vivían en el interior del centro penitenciario.

El Gobierno de Nuevo León difundió unas imágenes de las celdas de algunos de los reclusos del Penal, en donde la noche del miércoles se registró una riña que costó la vida de 49 internos y otros  12 resultaron lesionador.

Los hechos sangrientos fueron por la lucha de poder, por el dominio dentro del penal. Los líderes están identificados como Jorge Iván Hernández Cantú “El Credo” y Juan Pedro Saldívar  Farías, “El Z-42”.

Esos dos personajes eran quienes gozaban de más privilegios ante, presuntamente, la mirada consentidora de la propia directora, Gregoria Salazar.

La funcionaria ya se encuentra detenida por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.

La celda de “El Credo” era de grandes dimensiones, en las imágenes difundidas luce incendiada como quedó tras la riña, sin embargo era amplia y lujosa.

En la de "El Z-42" se observa un minisplit y un espacio para su propia regadera y sanitario. Las paredes están recubiertas de azulejo.

No se específica en cuál de las celdas, pero también se detectaron un sauna, un acuario y una caminadora.

Comida y bebidas dentro del penal

Se informó que dentro del centro penitenciario se desmantelaron 280  puntos semifijos de venta de abarrotes y alimentos que eran operados por el crimen organizado, de manera directa o mediante el cobro de piso.

Lo más sorprendente es que tenían un bar con techos con pinturas con una imagen de la Santa Muerte y otra de una calavera.

La construcción tenía acabados de yeso en forma de molduras y áreas recubiertas de azulejo. Las paredes pintadas de color claro.

Familiares de las víctimas, que no quisieron revelar sus nombres por temor a represalias, dijeron que las autoridades siempre estuvieron al tanto de la corrupción en el penal.

“La directora ya está tras las rejas y está bien porque ella siempre supo lo que pasaba. No era ignorante de los lujos de unos y las golpizas que les daban a otros porque no tenían para pagar la cuota por protección”, señaló una  mujer de unos 50 años.

Le pedían a la Santa Muerte

La intervención del estado, a través de Fuerza Civil retomó el control del Penal del Topo Chico, y entre lo que desmantelaron también se encontraban altares a la Santa Muerte.

La Santísima, como también se le conoce, la tenían en cuadros y también en figuras de bulto.

“La gente que se dedica a la venta de droga le pide mucho a la Santa Muerte que los cuide mucho de sus enemigos, por eso tenían sus altares”, mencionó la entrevistada.

Expuso que a “La Niña” le ponen ofrendas de vino, manzanas, tabaco, veladoras y hasta dosis de droga como mariguana y cocaína.

“Las ofrendas son a cambio de los favores que se le solicitan”, reveló.

Excélsior
Aracely Garza/Corresponsal
Monterrey, Nuevo León, Mx.
Lunes 15 de febrero de 2016.


 El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó hoy su “agradecimiento” a su colega mexicano, Enrique Peña Nieto, por facilitar que los cubanos varados en territorio panameño puedan viajar directamente a México.

Varela dijo a los periodistas que “quisiera agradecerle al presidente Enrique Peña Nieto”, por su comprensión del problema.

“Yo le pedí al país paciencia en ese tema y al final se demostró que se buscó una solución que beneficiaba a los ciudadanos cubanos para que puedan viajar directamente a México y de esta forma darles ese respaldo humanitario y terminar esta situación”, dijo.

Se espera que el primer vuelo especial de la panameña Copa Airlines con los cubanos parta esta semana, previsiblemente mañana, según adelantó el jueves pasado la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado.

“Los vuelos empezarán el próximo lunes, sin embargo, estamos afinando con las autoridades mexicanas y con (la aerolínea panameña) Copa el aeropuerto de aterrizaje”, declaró a los periodistas De Saint Malo.

El Gobierno de Panamá anunció el viernes 5 de febrero un acuerdo con México para permitir que los cubanos, 1.301 de acuerdo a las cifras oficiales, puedan trasladarse vía aérea directamente a México, y desde allí seguir por tierra su tránsito hacia Estados Unidos.

El miércoles pasado comenzó en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la venta de los boletos para el vuelo directo a México con coste de 523,50 dólares por persona.

Los costos del traslado “serán cubiertos por los migrantes cubanos por sus propios medios, hay muchos de ellos que tienen pasaje en mano. Los vuelos se darán en medida que haya suficientes” pasajeros por avión, dijo la vicepresidenta y canciller.

Agregó que los vuelos podrían partir no solo de David, sino también de la capital panameña.

Los emigrantes cubanos se acumularon en la frontera de Panamá después de que Costa Rica dejó de emitir el 18 de diciembre pasado visados de tránsito a los isleños.

El cierre el pasado 15 de noviembre de la frontera de Nicaragua hizo a su vez que cerca de 8.000 cubanos en tránsito hacia Estados Unidos se quedaran varados en Costa Rica, que dejó de emitir los visados de tránsito al ver sus albergues saturados, pero ya consiguió un acuerdo similar con México.

EFE
Panamá, Panamá.
Domingo 14 de febrero de 2016.

El Pontífice atajó que a los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de manera especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino.


Ante el presidente Enrique Peña y representantes de sectores de México, el papa Francisco advirtió que la experiencia demuestra que cada vez que se busca el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, narcotráfico, exclusión, violencia, tráfico de personas, secuestro y muerte.

En su recepción en Palacio Nacional, el Pontífice atajó que a los dirigentes de la vida social, cultural y política les corresponde de manera especial trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de ser dignos actores de su propio destino, ayudándoles a un acceso efectivo a bienes materiales indispensables, vivienda adecuada, trabajo digno, alimento, justicia real y seguridad efectiva.

"Esto no es sólo asunto de leyes que requieran de actualizaciones y mejoras -siempre necesarias, apuntó-, sino de una urgente formación de la responsabilidad personal de cada uno, con pleno respeto del otro como corresponde en la causa común de promover el desarrollo nacional".

El papa Francisco dijo que se trata de una tarea que involucra a todo el pueblo mexicano en las distintas instancias, tanto públicas como privadas, colectivas e individuales.

En su discurso destacó que la principal riqueza de México es su juventud, ya que poco más de la mitad de su población está en dicho rango. En este sentido apuntó que un pueblo con juventud es capaz de renovarse.

"Esta realidad nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre la propia responsabilidad a la hora de construir el México que queremos, el México que deseamos legar a las generaciones venideras".

Alertó que un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justas, honestas, capaces de empeñarse en el bien común, un bien común -dijo- que en este Siglo XXI "no goza de buen mercado".

Se trata de la primera vez que un Papa es recibido en Palacio Nacional.

Notimex
Ciudad de México
Sábado 13 de febrero de 2016.


La Secretaría de Desarrollo Social informó que México cuenta actualmente con la segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo, compuesta por 60 bancos con presencia en 29 entidades del país

En México se desperdician 19 millones de toneladas de alimentos al año, lo que equivale al consumo de por lo menos 27 millones de personas, señaló la Secretaría de Desarrollo Social

Para combatir este problema, la dependencia analiza con la sociedad civil y el sector privado los mecanismos y estrategias necesarias.

Por su parte, la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Vanessa Rubio, presidió la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre de 2016, donde se recordó que casi la mitad de los alimentos desperdiciados son frutas y verduras (46%), cereales (29%) y los productos de origen animal, entre estos, cárnicos y lácteos (25%).

Este foro, integrado por representantes de 30 organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de esta dependencia, busca ampliar la colaboración para el establecimiento de políticas públicas en materia de desarrollo social para crear sinergias y trabajo conjunto en las intervenciones sociales para el abatimiento de carencias en educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios a la vivienda, empleo y alimentación.

La Sedesol señaló que México cuenta actualmente con la segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo, compuesta por 60 bancos con presencia en 29 entidades del país. Esta red recupera 120 mil toneladas de alimentos por año, es decir, el 60% de lo registrado en toda la región de América Latina y el Caribe.

La dependencia cuenta con casi cinco mil comedores comunitarios, que proveen alimentación sana, variada y suficiente a más de medio millón de personas.

Estos comedores se suman a los que son operados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), los gobiernos estatales y municipales, y los de los sectores social y privado.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 12 de febrero de 2016.

Entre la “cifra negra” de los delitos no denunciados y la nula eficiencia de los aparatos de impartición y procuración de justicia en México el 99% de los delitos perpetrados en el país permanecen en la impunidad, reveló un amplio informe que publicó hoy la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

Debido a la “pérdida de tiempo” y la “desconfianza en la autoridad”, los mexicanos denuncian solamente siete de cada 100 delitos de los que fueron víctimas, por lo que existe una “cifra negra” de 92.8% respecto a los delitos no reportados. Esta cifra negra se eleva a 96.5% en San Luís Potosí, 95.8% en Guerrero y 94.8% en Jalisco y en Zacatecas.

Y los mexicanos que tomaron el tiempo de denunciar los delitos de los que fueron víctimas tampoco tienen muchas esperanzas de conseguir justicia, pues solamente el 4.46% de los delitos registrados por las autoridades derivan en alguna sentencia condenatoria.

Así, el informe estimó que en 0.7% de los casos, la víctima recupera sus bienes y en 0.5% de los casos se consigna al delincuente. “Considerando que únicamente al 0.2% se le otorgó el perdón, estaríamos estimando que menos del 1.4% de los delitos en México son castigados”, insistió el documento.

Lo anterior resulta particularmente grave en México, pues el informe recuerda que “la impunidad es una variable que es origen y destino de otros problemas nacionales como la inseguridad, violencia, corrupción, desarrollo económico e inclusive de la desigualdad social”.

En abril pasado, la UDLAP realizó un informe en el que midió los índices de impunidad en 59 países. En esta clasificación, México ocupó el lugar 58 –el penúltimo–, rebasado por Filipinas pero por encima de Colombia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Honduras. México también destacó como uno de los países con mayor impunidad relacionada con violaciones a los derechos humanos.

En el informe publicado hoy, los investigadores aplicaron una metodología similar, con el objetivo de medir los niveles de impunidad en cada estado del país. Tras exponer una enorme cantidad de variables, factores y cifras respecto a la situación de la impartición de justicia en las entidades federativas, su conclusión sentenció: “Los datos nos señalan que existe una impunidad generalizada” en cada una de ellas.

Así, de acuerdo con el índice que mide el grado de impunidad en entidades federativas, los estados de Quintana Roo, México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur integran al grupo de entidades con las tasas de impunidad más altas.

Al grupo de estados con un “grado de impunidad alta” pertenecen Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato.

Y solamente dos de las 32 entidades, Campeche y Nayarit, mostraron grados de impunidad baja –aunque Campeche reportó información sospechosa y ocultó datos que “ponen en entredicho la confiabilidad” de los mismos– mientras otros cinco obtuvieron un grado de impunidad media: San Luís Potosí, el Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Chiapas.

En el caso de Michoacán, los investigadores encontraron resultados “atípicos” que les llevaron a sospechar que el estado maquilla sus cifras.

“Considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”, explicó.

El índice de impunidad del informe no toma en cuenta las violaciones graves a los derechos humanos –por considerar que las estadísticas provenientes de las comisiones estatales de Derechos Humanos “no son confiables”– y sufre del hecho que muchas entidades proporcionan cifras maquilladas, lo que ilustra “profundas deficiencias” e “incapacidad institucional”, planteó el documento.

Poco personal, mal capacitado

Una de las causas de la ineficiencia del sistema de impartición de justicia en México recae en la falta de personal en el aparato policiaco y judicial –el cual resulta desbordado ante la amplitud de los delitos—aunado a su mala capacitación.

Según el promedio nacional, una población estándar de 100 mil personas denuncia en promedio mil 449 delitos que derivan en averiguaciones previas cada año.

Para esta población de 100 mil personas, sólo hay 3.2 agencias del ministerio público para atender las denuncias, y en ellas están solamente 7.6 agentes capacitados para investigar. En el caso de que se abriera un juicio, le tocaría a uno de los 3.5 jueces disponibles emitir una decisión.

Así, a nivel nacional por cada mil delitos reportados –poco más de 7% de los que realmente ocurren– existen 5.31 agentes del ministerio público, 1.31 peritos y 7.72 policías judiciales.

En Querétaro sólo hay tres agentes del ministerio público por cada mil delitos registrados, por lo que cada uno atiende 333 delitos por año; más de un delito por cada día laborado. El tiempo promedio de un proceso de averiguación previa es de 72 horas, observó el informe.

En Sinaloa, la situación de la policía judicial es más grave aún, hay 0.39 agentes por cada mil delitos, y en general la proporción de personal de impartición de justicia se encuentra muy por debajo del promedio nacional, ya de por sí insuficiente. “Esto resulta relevante para Sinaloa dada la gravedad de los delitos que se cometen en la entidad”, subrayó el informe.

En Tamaulipas, la escasez de personal –todos los indicadores se encuentran muy por debajo de los promedios nacionales—explica en parte que por cada averiguación previa y carpeta de investigación abierta se aprehende y se sentencie a 0.05 personas, planteó el informe.

Impunidad casi absoluta

Asimismo, se estima que cuatro de cada diez personas que las autoridades encarcelan no tienen ninguna sentencia definitiva, pues su proceso aún no termina. En Baja California, el 95% de los ingresados a la cárcel están en proceso penal; en Durango esta proporción es de 90% y en Oaxaca de 82%.

En paralelo, señaló que las cárceles mexicanas sufren de una sobrepoblación que rebasa en un 30% su capacidad.

En Morelos, tercera entidad con el mayor número de delitos registrados, se abre un proceso penal en solamente 3% de las averiguaciones previas, y solamente el 1% de los delitos consumados encuentran sentencia condenatoria.

En Tabasco, el ministerio público determinó solamente el 12% de las averiguaciones previas que inició, mientras que las autoridades judiciales sólo sujetan a proceso a uno de cada diez inculpados.

El informe también señaló la falta de independencia de las comisiones de derechos humanos estatales, las cuales emitieron apenas 794 recomendaciones sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y encarcelamiento político entre 2010 y 2014.

Y llamó la atención sobre ciertas comisiones en particular, como las de Guerrero, Morelos, Michoacán, el Estado de México o Tamaulipas –entidades que forman parte de las más delictivas del país—las cuales emitieron menos de siete recomendaciones respecto a estas violaciones a los derechos humanos durante cuatro años.

Los investigadores no encontraron ninguna correlación entre los índices de impunidad con los indicadores de pobreza o de desigualdad, un resultado “esperado”, pues “independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”.

Y estimó que la impunidad ya cobró “graves consecuencias” en México, tomando como ejemplos concretos la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán o “la revelación de conflictos de interés involucrando a miembros del gabinete presidencial”, sin detallar a quién se refería.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Miércoles 3 de febrero de 2016.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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