El ‘ombudsman’ mexicano, Luis Raúl González, hace balance de sus cuatro años de mandato, marcados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa


Luis Raúl González preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en México desde noviembre de 2014. Asumió la dirección en plena crisis por el caso Iguala, la desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero a manos de una red de policías y delincuentes. Llegó a la comisión con un discurso duro: "La situación de los derechos humanos en México está en un momento crítico".

A casi cuatro años de aquello, con un cambio de Gobierno en el horizonte, no parece que las cosas hayan cambiado. Al contrario. "Hay una debilidad institucional en materia de impartición de justicia", opina, cuidadosamente, el ombudsman.

El pasado 3 de septiembre, día en que el presidente Peña Nieto presentaba su último informe de Gobierno, jornada de tradicionales aplausos para el mandatario, González eligió viajar a la escuela de Ayotzinapa. Cambió las maderas nobles del Palacio Nacional por el calor de la vieja escuela rural. Acompañó a sus colegas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, en la lectura de su propio informe sobre la falta de avances en la investigación del caso Iguala. "Primero me invitaron las familias de los 43 y luego llegó la invitación de presidencia. No podría no estar en la escuela", zanja.

PREGUNTA: Usted llegó a la CNDH, en 1995, le tocó el caso de Aguas Blancas. Luego entró como presidente después de Tlatlaya y Ayotzinapa. Parece que los cuerpos policiales y militares siguen usando viejas tácticas...

RESPUESTA: Me tocó Aguas Blancas y luego Iguala, Nochixtlan... La CNDH en estos cuatro años ha fortalecido su independencia. Somos respetuosos, pero firmes y críticos. No nos satisface el nivel de cumplimiento de las recomendaciones -los informes vinculantes de la comisión. Hoy se aceptan, pero su cumplimiento ha sido demorado.

P: ¿Qué dependencia es la más reacia a cumplir con las recomendaciones?

R: Son diversas.

P: ¿Destaca alguna?

R: La Comisión Nacional de Seguridad, alguna vez las Fuerzas Armadas. Y lo gobiernos locales.

P: Queda pendiente la recomendación sobre la gran barbarie del sexenio, los 43. Estamos a punto de verla, ¿no?

R: Sí, no podemos terminar el sexenio sin esa recomendación.

P: ¿Nos pueda dar un adelanto?

R: Me encantaría, pero no.

P: ¿Qué opinión le merece la discrepancia total en las conclusiones de la investigación de la PGR y las que alcanzó el GIEI?

R: Todo eso aparecerá en la recomendación.

P: ¿Ni siquiera una opinión?

R: Lo que uno tiene que hacer en estas cuestiones es no generar lecturas descontextualizadas.

P: En junio, un tribunal ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala. ¿Qué le parece?

R: Desde que se conoció la decisión del tribunal, la CNDH dijo que colaboraría con cualquier comisión que buscara conocer la verdad.

P: Un mes después, otro tribunal dijo que resultaba imposible la creación de la comisión...Organismos de la sociedad civil criticaron la presión estatal para que las cosas acaben como el Gobierno quiere. ¿Qué opina usted?

R: Tenemos una debilidad institucional en materia de procuración de justicia. Cómo no hablar de debilidad institucional a la vista del caso de La Rana. Cómo no hacerlo, si llevamos diez meses sin titular en la PGR; si aún no tenemos fiscalía autónoma; si tenemos un sistema anticorrupción flojo.

P: Al decir usted debilidad institucional, pareciera que no existe dolo, sino solo negligencia e incapacidad.

R: No, mire. También hay factores de corrupción. Y le doy un dato sobre la sentencia del tribunal acerca de la imposibilidad de crear la comisión. Nosotros metimos un amicus curiae, diciendo que queríamos participar en la búsqueda de la verdad.

P: Usted conoce la institución, usted se encargó de investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio -candidato del PRI a la presidencia, asesinado durante la campaña en 1994. ¿Sufrió presiones en ese caso?

R: Yo le digo que en el ejercicio de mi trabajo allá, lo puedo invitar a que se eche un clavado en la investigación y vea la solidez. Aunque no digo que la PGR no haya sido porosa.

P: ¿Qué quiere decir?

R: Pues que enfrenta elementos de corrupción, hay agentes involucrados, pero en ese caso de Colosio... Mire, ahí está la investigación.

P: Usted al llegar a la CNDH, dijo que la situación de derechos humanos era crítica. Y hace dos semanas dijo lo mismo en una entrevista. ¿Cómo podemos ir a mejor?

R: Cumpliendo la ley. Y eso significa dotarnos de una fiscalía autónoma, reestructurarla, determinar qué modelo policial se va a implementar. Que haya consecuencias sobre el actuar de los gobiernos estatales que 12 años después no han logrado profesionalizar a los policías.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Jueves 27 de septiembre de 2018.


La CNDH alista informe sobre linchamientos; deplora “debilidad institucional” en México


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá próximamente un informe completo sobre los linchamientos que se registran en el país, adelantó su titular Luis Raúl González Pérez.

“Próximamente vamos a emitir un informe, un informe completo sobre lo que está aconteciendo en el tema de los linchamientos, que no son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano, eso no es justicia, es barbarie. Sí hay que condenar la debilidad institucional de que no haya sistemas de procuración de justicia, que no haya fiscalías autónomas”, apuntó.

También lamentó que las 13 fiscalías autónomas que existen en este momento en el país no lo sean, y que sólo cambiaron de membrete.

El ombudsman nacional reconoció que existe una debilidad institucional en México, pero dijo que no es motivo para caer en la barbarie.

“Hay que reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia, pero esto no debe sustituirse por pretender hacernos justicia por propia mano”, refirió.

En esta semana, con 24 horas de diferencia, se registraron dos casos de justicia por propia mano, donde los cuatro señalados fueron acusados falsamente de secuestrar niños; posteriormente la población les roció gasolina y prendió fuego a las víctimas.

El primero caso ocurrió el miércoles 29, en Puebla, donde dos campesinos fueron rescatados por la policía cuando los linchaban; poco después los trasladaron a los separos de la comisaría, pero la población de Acatlán de Osorio los sacó a la fuerza para enseguida quemarlos vivos.

Raúl González mencionó que, tras el hecho, ya se emitió una recomendación al gobierno de Puebla.

El segundo caso se registró la tarde del jueves 30, en el pueblo de Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, Hidalgo, a donde un hombre y una mujer habían acudido al lugar por cuestiones de trabajo, pero fueron señalados de secuestrar a un menor de 11 años. Corrieron con la misma suerte, fueron quemados; el hombre murió en el sitio, mientras que la mujer alcanzó a llegar al hospital, pero después falleció.

El ombudsman consideró que se debe castigar a quienes incitan realizar actos de justicia por propia mano, y la vez dijo que se necesitan corregir las debilidades institucionales.

Raúl González asistió este fin de semana a Guadalajara para participar en la Segunda Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Proceso
Gloria Reza M.
Guadalajara, Jal.
Lunes 3 septiembre 2018.


El titular de la CNDH afirma que el país no ha dimensionado bien este grave problema

La trata de personas en México, un país de origen, tránsito y destino de víctimas, no se ha dimensionado adecuadamente, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al inaugurar el seminario internacional “La trata de personas en contextos de movilidad humana”, el ombudsman nacional dijo que no existe una adecuada identificación de nacionalidad de víctimas y no hay un registro sobre la asistencia, atención y protección que se les brinda.

“México se encuentra dentro de los 25 países con más víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos o servicios forzosos. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México incluyen a las mujeres, niñas y niños, personas originarias de comunidades indígenas o rurales, y personas migrantes”, explicó.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, González Pérez consideró que la falta de identificación oportuna es una situación que vulnera o propicia la violación de los derechos humanos de las personas.

Dijo que el no corregir estas situaciones ayuda a perpetuar condiciones estructurales que fomentan la falta de acceso a la justicia y la impunidad.

“La trata de personas implica la comercialización de seres humanos con fines de explotación, su equiparación a una mercancía u objeto que se utiliza o comercializa para obtener beneficios o lucros económicos”, aseguró.

González Pérez dijo que, si bien la forma más común de trata de personas tiene que ver con fines de explotación sexual, también sucede el trabajo forzoso, mismas que requieren de una atención urgente.

El Universal
Dennis A García
Ciudad de México
Viernes 10 noviembre 2017.


El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que en la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos se requiere atender las causas de las amenazas y agresiones, y establecer acciones que den resultados de fondo y que acaben con la impunidad que se ha generalizado.

En el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos.

Tras señalar que la violencia contra periodistas y comunicadores no es nueva en el país, agregó que no por ello debemos resignarnos o aceptar que exista, ya que en menos de cinco meses se han cometido homicidios que equivalen casi a 5% del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado aumento de 300% en el número de casos respecto de 2016.

El ombudsman nacional destacó que un primer paso para atender las causas de las amenazas y agresiones “sería reconocer, desde el más alto nivel político, la importante labor que realizan los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la necesidad de proteger el libre desarrollo de esas actividades que son cimiente de la democratización de la vida nacional”.

Sería muy útil, agregó, que se tomaran en consideración las opiniones que han formulado instancias especializadas como el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El presidente de la CNDH también pidió que ante la violencia contra periodistas y comunicadores –que es una forma de censura y un desafío para la justicia que la sociedad reclama– deben articularse y coordinarse esfuerzos y capacidades para su abatimiento y prevención, con un compromiso real, eficiencia, pertinencia y dignidad.

De igual manera, se pronunció en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita una protección real, digna y pertinente de los mismos, “bajo estándares que den los mismos recursos y posibilidades de atención a todos los periodistas y defensores, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico, preferencia u orientación sexual o ámbito en que lleven a cabo sus actividades”.

Señaló que el organismo que preside acompañará los trabajos que desde la sociedad civil, la academia y, principalmente, a iniciativa de los propios periodistas, comunicadores y medios se generan para lograr espacios de reflexión en que de manera objetiva, informada y plural se analice la problemática actual en materia de violencia y agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, así como titulares de los Ejecutivos estatales, González Pérez propuso revisar la política pública de protección a periodistas, centrada en preservar la integridad y la vida de las personas, ante la insuficiencia de resultados.

“Es preciso –sentenció— incorporar la prevención como un elemento esencial de estas políticas públicas, lo cual pasa necesariamente por asumir el combate a la impunidad como un objetivo prioritario de las mismas, cuestión que, además, es la única medida cuyo cumplimiento incumbe exclusivamente a las autoridades”.

Demandó que en cada uno de los casos en que se ha atentado contra la vida o integridad física de periodistas y comunicadores se realicen investigaciones prontas, objetivas, integrales y eficaces, que permitan determinar las responsabilidades correspondientes y que los responsables reciban la sanción que en derecho proceda.

Precisó que las autoridades deben presentar a la sociedad un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones, y aunque algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo.

El ombudsman nacional puntualizó que las investigaciones deben realizarse bajo protocolos que pongan en el centro de las mismas la violación a la libertad de expresión y contemplen una perspectiva de género cuando se requiera.

Además, dijo, debe realizarse una estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para combatir las agresiones a periodistas, sin excluir alguna hipótesis, ya que en todos los casos debe abordarse y agotarse como línea central la actividad profesional de las víctimas.

También hizo hincapié en que en la integración de las fiscalías especializadas y en todas las instancias que conozcan de agresiones contra periodistas se cuente con perfiles idóneos y una capacitación adecuada que permita a los servidores públicos tener la sensibilidad y conocimientos para atender este tipo de casos.

González Pérez reiteró que cuando se ataca a un periodista o comunicador, la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, toda vez que al vulnerar la libertad de expresión también se violentan los derechos a la libertad de pensamiento e información, y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático.

En el encuentro, el presidente de la Conago firmó con el secretario de Gobernación un convenio para fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas. Mancera reiteró la posición de los gobiernos estatales de avanzar en los temas de la Recomendación General 24/2016, emitida por la CNDH.

Manifestó la importancia de cumplir con sus puntos recomendatorios y generar un entorno seguro hacia los periodistas y medios de comunicación.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 2 de junio de 2017.


Tales medidas suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida, dice el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez

Ciudad de México. - El Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas opera con recursos remanentes de años anteriores, por lo que es necesario otorgarle una partida adicional, demandó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo señaló que, a diferencia de otros años, para este 2017 el Mecanismo, que coordina la Secretaría de Gobernación, no recibió una partida presupuestal.

"Cuestión que muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección que actualmente favorecen a cientos de beneficiarios", advirtió.

Por ello, el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dirigió una solicitud al Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, para que coordinadamente destinen recursos extraordinarios al fideicomiso del Mecanismo.

"La situación de violencia en muchas regiones del País ha hecho necesario que defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas se incorporen al Mecanismo y cuenten con medidas de protección", resaltó la CNDH.

"Tales medidas suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida, por ello, es fundamental que se destinen los recursos extraordinarios para que el Mecanismo pueda seguir financiando las medidas de protección en favor de todas ellas".

Apenas el viernes pasado, en Baja California Sur, fue baleado el reportero Maximino Rodríguez, el cuarto periodista asesinado en México en lo que va del año, según la organización Artículo 19.

El primero fue Cecilio Pineda, el 2 de marzo en Guerrero; le siguió Ricardo Monlui Cabrera, el 19 de marzo en Veracruz, y luego Miroslava Breach, en Chihuahua, el 23 de marzo.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 16 de abril de 2017.


Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Ejecutivo para que se reconozca la importancia y urgencia de aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y que se reconozca que el país atraviesa por esa situación.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CNDH indicó que de aceptar la competencia del comité sería "para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado de las disposiciones de la Convención, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país".

En un comunicado, el organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su solidaridad con los familiares de víctimas de desaparición forzada.

"Debe reconocerse la existencia de este flagelo en nuestro país y que un solo caso representa un reto ineludible para el Estado mexicano, cuyas instituciones de investigación y procuración de justicia son puestas a prueba ante la ciudadanía y el concierto internacional en el que México está inserto", señaló.

Explicó que México firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU en febrero de 2007, la ratificó en marzo de 2008 y entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010; por lo que aún tiene pendiente aceptar la competencia de dicho Comité con lo que las víctimas pueden presentar quejas ante el Comité, y se pueda recibir quejas de otros Estados parte en relación a México.

"Se trata de una medida indispensable para generar condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada, así como un medio para que se hagan realidad los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación integral que estos casos requieren", enfatizó.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 31 de agosto de 2016.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley del derecho de réplica, por considerar que es contraria al derecho a la libre manifestación de las ideas y al propio derecho que regula.

La ley entró en vigor desde el pasado viernes 4 y fue impugnada desde ese mismo día por la revista Proceso ante la justicia federal. El semanario solicitó que se le suspenda la aplicación del ordenamiento publicado por el presidente Enrique Peña Nieto, al que también considera contrario al derecho de acceso a la libertad de expresión.

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal responderá en las próximas horas a la solicitud.

Con la petición de revisión constitucional por parte de la CNDH, la Suprema Corte podrá pronunciarse sobre cualquier violación a la Constitución que contenga la ley.

La norma impugnada reglamenta el artículo Sexto de la Constitución y fue aprobada en octubre pasado por el Senado de la República, sin que le hiciera alguna modificación al texto votado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2013, cuando el tema principal en la opinión pública era la reforma energética.

Para la CNDH, la ley del derecho de réplica “no cubre los estándares constitucionales sobre el derecho a la libre manifestación de las ideas y el propio derecho a la réplica”, previstos en la Constitución, debido a su contenido “discrecional”.

Explica que la norma “permite una interpretación tan amplia que cualquier persona pudiera ser sujeto de las obligaciones de la ley de réplica, y por lo tanto de sus consecuencias y sanciones”.

El Congreso estableció como sujetos obligados a las agencias de noticias, a los medios de comunicación, a los productores independientes y a cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, pero sin precisar a qué se refiere por “cualquier otro emisor de información”, observa el organismo.

De acuerdo con la CNDH, tal y como fue aprobada, la reglamentación ni siquiera cubre al propio derecho de réplica y en cambio “genera incertidumbre jurídica en los destinatarios de la norma”.

Señala que ese “vicio constitucional” de la ley le causa falta de certeza a los generadores de información y a las propias personas afectadas por la información difundida, porque a éstas les exige pasar por el medio que publicó la información antes de acudir al juez, “lo que imposibilita al posible afectado acceder por esta vía a la restitución de sus derechos”.

Al igual que Proceso en su demanda de amparo, la CNDH señala que la reglamentación al derecho de réplica no debe representar un riesgo para la libertad de expresión: “Ambos derechos deben equilibrarse”.

Debido a que la ley coloca en el mismo nivel a las autoridades que a los ciudadanos y protege de manera especial a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, la CNDH observa que los servidores públicos “deben estar sometidos a un escrutinio más amplio, con base en los criterios y estándares internacionales que al respecto se han emitido”.

En los compromisos internacionales asumidos por México, tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA), como en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reconoce el derecho de réplica, pero se señala que su regulación no debe implicar límites para la libertad de información y expresión, salvo en los casos de seguridad nacional, el orden público y el respeto a los derechos humanos.

Sobre las multas previstas en la ley, el organismo estima que también se pueden aplicar de forma discrecional “debido a que no tiene referente ni criterios legales” para aplicarlas, lo que también “contraviene la Constitución al no dar certeza ni certidumbre jurídica a la persona sancionada”.

Y advirtió que “permanecerá atenta” a la aplicación de la ley vigente desde el pasdo viernes 4 “para evitar abusos y aplicaciones arbitrarias”. En particular, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos dará orientación jurídica y acompañamiento en caso de que se inicien acciones contra los comunicadores al amparo de la nueva ley.

El jueves 3, un día antes de la entrada en vigor de la ley, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también anunció que hará acciones de orientación y acompañamiento a periodistas y medios de comunicación.

Informó además que buscará acciones conjuntas con otras comisiones de derechos humanos del país y convocará a foros de discusión para promover una reforma a la ley, a la que califica como una afrenta no sólo a los derechos humanos, sino a las garantías mínimas” de un régimen democrático, según publicó Proceso en su edición de esta semana (2040).

Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Martes 8 de diciembre de 2015.

“Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla” sostiene Raúl González Pérez

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que México tiene que atender las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, quien concluyó que la tortura y los malos tratos “son generalizados” en el país, en un contexto donde persiste la impunidad.

“Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla. Adicionalmente hay que favorecer todo aquello que coadyuve a evitar que se cometa esta violación a derechos humanos y por esos nosotros insistimos que más allá que las cifras se puedan aclarar esos diferendos.

“Lo importante es retomar las acciones que permitan evitar que estas conductas se den en el país. Es inadmisible la tortura en México; un solo caso es indignante y desde luego que tenemos que buscar que haya una cultura de respeto a los derechos humanos y eso pasa por evitar que se cometan hechos como la tortura”.

Luego de encabezar un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, el ombudsman nacional insistió que en el país se tienen que prevenir la tortura y cuando se acredite se sancione a los responsables.

Sobre si los malos tratos son generalizados, respondió: “desde las cifras que tiene la Comisión Nacional no podría estar en esa concordancia….Lo propositivo es que lo que se recomienda es para prevenir la tortura y para que se corrija cuando ésta se ha dado.

“Es atendible las recomendaciones del relator sobre la cuestión que ustedes me comentan. No nos centremos en diferendos que no ayudan a las víctimas. Lo que hay que hacer son acciones que corrijan un fenómeno que sí existe en el país. La tortura existe en el país y hay que evitarla. No se puede perseguir el delito cometiendo violaciones a derechos humanos. Lo importante también es que lo que se dijo por Naciones Unidas es atendible.

Por eso, dijo, el exhorto para que se atiendan esas recomendaciones y, que en todo caso, “la cuestión del diferendo sobre loe extendido de la tortura o lo generalizado de la tortura es algo que se puede aclarar en función de las cifras, en lo que debemos centrarnos es que ninguna tortura se debe repetir. Tortura que no es investigada y sancionada, poder ser propiciatoria de más violaciones” insistió.

De acuerdo al informe global de la ONU, que se dio a conocer el mes pasado, presenta a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina.

Además, concluye que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, “pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

La Jornada
César Arellano García
Jueves 9 de abril de 2015.

Luis Raúl González Pérez aclaró que no pretende ser enemigo de los funcionarios pero como ombudsman nacional señalará dónde o quiénes están fallando en materia de derechos humanos

Ciudad de México.- El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que será un ombudsman incómodo para aquellos funcionarios que no quieran comprometerse con los derechos humanos y cometan actos arbitrarios e ilegales.

“Esto no significa confrontación, no pretendo confrontarme con las autoridades ni con las instituciones. No pretendo estar en pleito, no soy adversario de ellos”, detalló en el programa “En 15” con Carlos Puig.

El ombudsman explicó que lo que pretende es “convencerlos que lo mejor que les puede pasar a los responsables de las aéreas a las que se dirige la comisión es que alguien les señale dónde puede haber debilidades, dónde están fallando o quién está incurriendo en estas conductas. De otra manera estamos en el riesgo de que sucedan casos tan graves como los que estamos observando”.

Respecto al caso de la desaparición de los 43 normalistas detalló que ya ha estado en contacto con representantes de las familias de las víctimas; y que su objetivo es acompañarlos en el proceso y coadyuvar para exigir que se esclarezcan los hechos.

“Necesitamos encontrar la verdad, los antecedentes importan porque pueden ser el antecedente para saber qué paso”, apuntó.

Sobre los cambios que realizará en la CNDH dijo que no quiere precipitarse y que primero quiere conocer cómo está la comisión

“Sí tiene que haber cambios estructurales; incluso desde el funcionamiento operativo por ejemplo ideal sería reducir el tiempo en trámites de escritos, deja el papel de lado dirigirte a la autoridad vía Internet”, señaló.

Milenio/ Puebl@Media
Ciudad de México/ Puebla
Miércoles 19 de noviembre de 2014.

El presidente de la CNDH, dijo que será un ombudsman incómodo para los funcionarios que no quieran comprometerse con los derechos humanos. (Especial)

Luis Raúl González Pérez rindió protesta frente al Pleno de la Cámara

El Senado eligió a Luis Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2014-2019.

El abogado de la UNAM fue seleccionado con un total de 97 votos a favor, de 107.

En el camino quedaron los otros dos integrantes de la terna: Mauricio Farah e Irene Herrerías.

Tras la votación realizada de manera secreta y a través de cédulas, depositadas en urnas, el nuevo ombudsman rindió protesta frente al Pleno de la Cámara alta.

Durante la discusión del dictamen de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, legisladores de todos los partidos reconocieron que el país atraviesa por una de las peores crisis que se han registrado en su historia, por el aumento de la violencia, corrupción e impunidad.

El senador del PAN, Roberto Gil, consideró que las prioridades del nuevo ombudsman deberán ser las investigaciones de los casos de Ayotzinapa, en Guerrero, y de Tlatlaya, en el Estado de México.  “Tendrá la encomienda de atender los casos que más han lastimado a México: Ayotzinapa y Tlatlaya.

Deben ser la prioridad para fincar las responsabilidades y sobre todo para garantizar que nunca más se repitan hechos como estos”, aseveró el presidente de la Comisión de Justicia.

En el mismo sentido, Pablo Escudero, del PVEM, pidió al presidente entrante buscar a la brevedad un encuentro con los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala para transparentar los avances de las investigaciones.

“Debe buscar a los padres de los normalistas, sacar el expediente, poner a la vista las actuaciones que se han realizado en la Comisión para que puedan definir si es necesario reponer el procedimiento, realizar alguna actuación o seguir con la investigación que se está llevando.

Me parece que este es el primer mandato que se lleva”, expresó.  Diva Gastélum, del PRI, aceptó que México es “cliente frecuente” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero pidió no endosar todos los problemas a una sola persona.  Los senadores del PRD reprocharon las fallas registradas por el presidente saliente de la CNDH, Raúl Plascencia, a quien acusaron de mantener una actitud omisa y complaciente frente a las violaciones y abusos de la autoridad.

“El nuevo titular de CNDH recibe una institución dañada en su credibilidad e incapaz de cumplir la encomienda que tiene. Sobran ejemplos del comportamiento mediocre y omiso de la CNDH encabezada por Raúl Plascencia”, externó la vicecoordinadora perredista, Dolores Padierna.

“La autonomía de la CNDH debería garantizar la transparencia y la justicia, sin embargo, ha sido socavada por un modelo autoritario. El caso Tlatlaya es ejemplo de la subordinación por parte del actual ombudsman a los poderes Ejecutivo federal y estatal”.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 14 de noviembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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