Bajo la conducción de Luis Raúl González Pérez, la CNDH transfirió a la UNAM y a El Colmex más de 80 MDP. Hoy el ex ombudsman es funcionario de las dos instituciones académicas que favoreció.


Bajo la conducción de Luis Raúl González Pérez, la CNDH transfirió más de 71 millones de pesos a la UNAM mediante la celebración de 64 “convenios de colaboración”. La misma figura sirvió para financiar viajes a Harvard de investigadores de El Colmex y pagar servicios académicos a esta institución por más de 9 millones. Hoy el ex ombudsman es funcionario de las dos instituciones académicas que favoreció.


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró 64 Convenios de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que le significaron a esta última ingresos por, al menos, 71 millones 58 mil 306.88 pesos entre 2015 y 2019.

Asimismo, el organismo autónomo financió conferencias de investigadores de El Colegio de México (Colmex) en la Universidad de Harvard y otras actividades académicas de esa institución, mediante 15 instrumentos de colaboración por 9 millones 263 mil 80 pesos.

Mientras estuvo presidida por Luis Raúl González Pérez, la CNDH pactó financiar servicios, estudios y cursos, así como la impresión de libros, organización de exposiciones y el pago de viáticos de estas instituciones educativas manera discrecional.

Mediante el mecanismo de los Convenios de Colaboración, la CNDH “aportó” a las dos instituciones de educación superior un monto por 80 millones 321 mil 386.88 pesos. Este instrumento le permitió evadir los procesos de licitación y demás lineamientos que se exigen en la celebración de contratos. Por ello, en los convenios no se habla de “adquisiciones” sino de “invitaciones a participar”. Tampoco de “pagos”, sino de “aportaciones”.

Los documentos –obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia y de solicitudes de información presentadas por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública– generalmente llevan la firma de Luis Raúl González Pérez, entonces presidente, y de Joaquín Narro Lobo, hasta la fecha secretario ejecutivo del Consejo Técnico de la CNDH. Narro Lobo es hijo de José Narro Robles, rector de la UNAM entre 2007 y 2015 y funcionario universitario por más de 25 años.

Otros convenios están firmados por quien se desempeñara como oficial mayor, Manuel Martínez Beltrán, y por titulares de las Visitadurías Generales.

De los 928 convenios totales celebrados por la administración de Luis Raúl González Pérez al frente de la CNDH, 64 se realizaron con la UNAM, el 7 por ciento de estos instrumentos. Ninguna otra instancia pública, privada, social, local, nacional o internacional resultó más favorecida con este tipo de acuerdos. Cada “colaboración” siempre se tradujo, para la llamada “máxima casa de estudios del país”, en ingresos por cientos de miles e, incluso, hasta 8 millones de pesos en un solo acuerdo.

Una vez que concluyó su periodo al frente de la CNDH, el 11 de noviembre de 2019, Luis Raúl González Pérez fue recuperado por la UNAM. El rector Enrique Luis Graue Wiechers lo nombró coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos el 9 de enero pasado.

El Colmex fue la otra institución educativa favorecida por la CNDH con convenios de colaboración. Muy por debajo de los números de la UNAM, la relación de El Colegio con la Comisión destacó por financiar actividades que difícilmente se justifican como tareas necesarias en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Para sorpresa de la comunidad académica del propio Colmex, Luis Raúl González Pérez fue nombrado nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la institución educativa el pasado 19 de mayo.

Mediante un mensaje de correo electrónico emitido este 20 de mayo, la Presidencia de la institución, a cargo de Silvia Elena Giorguli Saucedo, enteró a investigadores, profesores y alumnos:

“Informo a ustedes que hace unos días, por razones de salud, el doctor Héctor Fix Fierro presentó su renuncia como miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México. El lunes pasado, 18 de mayo, ese órgano se reunió y, de conformidad con lo previsto por el artículo 14 del Estatuto Orgánico de la institución, eligió a Luis Raúl González Pérez como miembro de la Junta de Gobierno para el periodo comprendido del 19 de mayo de 2020 al 12 de diciembre de 2023. Desde la Presidencia de El Colegio hacemos un reconocimiento a la labor de más de seis años del doctor Fix Fierro como miembro de ese órgano. Con su conocimiento, experiencia y su generosa disposición, el doctor Fix Fierro deja una importante contribución a la construcción institucional de El Colegio.” (sic)

CNDH-UNAM, intercambio de funcionarios… y recursos

El 1 de junio de 2015, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para que la Universidad “participara”, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la realización del seminario La Abogacía en México: su Responsabilidad Social y el Sistema Pro-Bono.

La CNDH se comprometió a “cubrir los gastos relativos a: Hospedaje y Alimentación de los ponentes del Seminario; servicio de traducción simultánea con el equipo y apoyos necesarios; una comida para treinta (30) personas en las instalaciones del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas y el servicio de café durante el seminario” (sic). No se especificó el monto de tales gastos.

El 1 de diciembre de 2015, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual la Universidad se comprometía a que su Escuela Nacional de Trabajo Social impartiera a funcionarios de la CNDH un taller en línea titulado Derechos Humanos con Enfoque Social. A cambio, la CNDH pagó 28 mil pesos.

Sólo tres documentos de este tipo se celebrarían en 2015, primer año de González Pérez a frente del organismo defensor de los derechos humanos.

El 20 de abril de 2016 la CNDH firmó un Convenio Específico de Colaboración con la UNAM mediante el cual se comprometió a apoyar la “Cátedra Extraordinaria Trata de Personas” (sic).

Así, la CNDH pagó la difusión, promoción y premiación del Tercer Premio Universitario de Tesis sobre Trata de Personas y el Primer Concurso de Ensayo Perspectivas Universitarias sobre la Trata de Personas. Destinó 44 mil pesos.

A lo anterior se sumarían 180 mil pesos para “Colaborar con el pago de traslado y viáticos de ponentes extranjeros y nacionales, mesa de café continua, impresión de mampara, banners y materiales de apoyo incluyendo los logotipos institucionales de ambas instancias” (sic), durante el Seminario Internacional de Políticas Públicas en Materia de Trata de Personas organizado por la UNAM.

Colmex, 15 convenios con la CNDH pagaron estudios y viáticos

El 17 de mayo de 2016 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración para que el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez financiara la edición de 2 mil ejemplares de la obra Bases técnico-metodológicas para el informe de México al Protocolo de San Salvador, integrada por los volúmenes titulados Derecho al Trabajo, Derechos Sindicales y Derechos Culturales, a cargo del Programa Universitario de Derechos Humanos. El documento no especifica a cuánto ascendió el monto que la CNDH tuvo que erogar para financiar la totalidad del tiraje.

Previamente, el 31 de julio de 2015, la CNDH y la UNAM ya habían firmado un Convenio Específico para editar 2 mil ejemplares de la misma obra.

El 15 de junio de 2016, la CNDH firmó con la UNAM un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual aquélla se comprometió a pagar 1 millón 308 mil pesos por “La elaboración de un estudio sobre: Derechos humanos y gasto público en México” (sic).

Para el 11 de noviembre de ese año, las instituciones firmaron un Convenio más para que la Universidad realizara un análisis sobre el “impacto de los desastres y las estrategias de protección civil sobre la plena satisfacción de los derechos humanos en México”. Para ello, a CNDH se comprometió a pagar 400 mil pesos.

El mismo 11 de noviembre de 2016 la CNDH y la UNAM celebraron otro instrumento para realizar un “Programa de Colaboración Académica entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”. El organismo defensor de derechos humanos erogó en favor de la institución académica 8 millones 740 mil 368 pesos.

En el documento aparecen las firmas de Manuel Martínez Beltrán y Joaquín Narro Lobo, por la CNDH, y de Domingo Alberto Vital Díaz y Pedro Salazar Ugarte por la UNAM.

La CNDH y la UNAM celebraron otro Convenio Específico de Colaboración el 11 de noviembre de 2016. Mediante este instrumento el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a entregar 400 mil pesos a la Universidad. Lo anterior, a cambio de la elaboración del estudio Ciudades sostenibles y derechos humanos.

El 15 de noviembre de 2016 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración. La Comisión se comprometió a pagar 690 mil pesos a la Universidad. Por su parte, la institución educativa realizó un “estudio de investigación académica, para identificar teórica y empíricamente los vínculos e implicaciones entre la corrupción y el ejercicio de los derechos humanos” (sic).

En esa misma fecha, las instituciones firmaron otro Convenio para que la Universidad “participe” en la realización de un “estudio sobre las Recomendaciones generales en materia de persecución a periodistas” formuladas por la propia CNDH.

Para ello, el organismo defensor de los derechos humanos se comprometió a pagar 1 millón 400 mil pesos más el impuesto al valor agregado (IVA). Es decir, la CNDH erogó por estos servicios 1 millón 610 mil pesos.

Un tercer convenio celebrado el mismo 15 de noviembre de 2016 establece que el organismo defensor de derechos humanos erogaría a favor de la Universidad 1 millón 477 mil 776.42 pesos más el IVA, es decir, 1 millón 699 mil 442.88 pesos. Lo anterior, por un estudio “para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos” emitidos por la propia CNDH en materia de violencia de género.

Un millón de pesos a la UNAM por “seguimiento” a las Recomendaciones emitidas por la CNDH. Extracto del Convenio con folio CGSRAJ/172/2016

El mismo día ambas instituciones firmaron un cuarto Convenio Específico de Colaboración con el objeto de que la casa de estudios realizara un estudio “para el seguimiento de las Recomendaciones Generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en el tema de Migrantes” (sic). Por ello, el organismo defensor de derechos humanos pagó 1 millón de pesos más el IVA, con lo que el monto total ascendió a 1 millón 150 mil pesos.

El 8 de diciembre de 2016, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual el organismo defensor de los derechos humanos se comprometió a organizar cada año el ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto en recintos universitarios. El ciclo consta de 10 conferencias mensuales a realizarse una cada mes.

El documento no especifica el monto que debió erogar la CNDH para la realización de la actividad académica.

El 23 de diciembre de 2016, la CNDH y a UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para la realización del XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional.

En el documento se especifica que la organización correría a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Pero lo pagaría la CNDH. Para ello destinó 1 millón de pesos más el IVA. Es decir, el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez erogó 1 millón 150 mil pesos.

A cambio, la UNAM se comprometió a proporcionar 10 becas a funcionarios de la Comisión para asistir a Congreso.

Durante 2016, la CNDH y la UNAM concretaron la celebración de 10 instrumentos de colaboración.

Ya en 2017, el 27 de febrero, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración por medio del cual el organismo pagó 75 mil 400 pesos a la Universidad a cambio de permitir el uso del patio central y el salón de profesores eméritos de la Facultad de Medicina para la presentación del libro La Planificación Transformadora por Escenarios, del empresario Adam Kahane.

El 2 de mayo de 2017, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para “realizar el estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en el tema de Defensores Civiles” (sic).

Por tal estudio, la CNDH pagó a la Universidad 600 mil pesos más IVA, es decir, 690 mil pesos. El documento está firmado por el entonces oficial mayor de la CNDH Manuel Martínez Beltrán, y por el, en aquel tiempo, coordinador de Humanidades de la UNAM, Domingo Alberto Vital Díaz.

El 3 de mayo de 2017, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración, mediante el cual el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez transfirió 1 millón 856 mil pesos a la institución educativa. Lo anterior para que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad elaborara un diagnóstico acerca del “problema de los linchamientos en México 2010-2016”.

El 16 de mayo de 2017 la CNDH y a UNAM firmaron un Convenio Específico de Coedición por el que el organismo defensor de los derechos humanos se comprometió a pagar la impresión de la colección titulada Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia, la cual se integra por los siete libros.

El documento no especifica el monto, pero deja en claro que la CNDH pagaría los costos por el tiraje de 1 mil ejemplares de cada libro.

Para el 14 de julio de 2017 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración. Mediante este instrumento, la CNDH se comprometió a pagar los costos de la edición de una obra de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad.

Bajo el título Visión social de los derechos humanos. Una perspectiva multidisciplinar (sic), fue coordinada por Juana Leticia Cano Soriano, entonces directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y Joaquín Rodrigo Narro Lobo, secretario técnico de la CNDH. Las firmas de ambos funcionarios figuran en el propio Convenio.

El costo de la impresión ascendió a 83 mil 636 pesos.

Ya el 28 de agosto de 2017 las instituciones firmaron un Convenio Específico Modificatorio al celebrado el 11 de noviembre de 2016 para el “Programa de Colaboración Académica entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”.

En este instrumento se señala que la “aportación” de la CNDH sería de 2 millones 185 mil 92 pesos más.

Por su parte, el Convenio Específico de Colaboración firmado el 20 de septiembre de 2017 establece que la UNAM realizaría un estudio para el “seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos emitidos por la CNDH en el tema de Indígenas” (sic). Para ello la CNDH “aportó” 696 mil pesos a la casa de estudios.

El 3 de octubre de 2017 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración por medio del cual el organismo defensor de derechos humanos “aportó” a la Universidad 2 millones 475 mil pesos más el IVA, es decir, 2 millones 846 mil 250.

Lo anterior, a cambio de que la institución educativa impartiera los siguientes cursos a distancia: Libertad de Expresión; Desplazamiento Forzado Interno; Derechos Humanos de las Personas en Reclusión Penitenciaria; Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; Introducción a los Derechos Humanos; Derechos Humanos, Medio Ambiente y Sustentabilidad; Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres; Diversidad Sexual y Derechos Humanos; Acoso y Violencia escolar, y Prevención de la Tortura.

El 24 de octubre de 2017 la CNDH y la UNAM firmaron el Convenio Específico de Colaboración con el objeto de que la Facultad de Psicología de la Universidad impartiera a personal de la Comisión el taller “Programa de Capacitación en Materia de Atención sobre Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención en Crisis desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”.

A cambio, la CNDH se comprometió a pagar un monto por 200 mil pesos más el IVA, es decir, 230 mil pesos. El taller tuvo lugar en instalaciones de la CNDH.

El 27 de octubre de 2017, la CNDH y la UNAM firmaron otro Convenio con el objeto de que la Universidad realizara “el estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en materia de Niñas, Niños y Adolescentes” (sic).

La CNDH se comprometió a pagar 1 millón 169 mil 280 pesos. Por el organismo defensor de los derechos humanos firma el entonces oficial mayor, Manuel Martínez Beltrán. Por la casa de estudios, quien se desempeñara como Coordinador de Humanidades, Domingo Alberto Vital Díaz.

Otro Convenio Específico de Colaboración, con registro UNAM: 50065-2881, se celebró ese mismo 27 de octubre. La Universidad realizaría “el estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de ‘LA CNDH’ en el tema de Administración y Procuración de Justicia en nuestro país” (sic).

Le siguió un convenio modificatorio del mismo. En el documento se señala que la CNDH pagaría a la UNAM, por el trabajo citado, 1 millón 750 mil pesos más el IVA. Es decir, la institución dirigida por Luis Raúl González Pérez desembolsó 2 millones 12 mil 500 pesos. Aparecen las mismas firmas que en el Convenio Específico anterior.

Antes de este convenio modificatorio, los servicios de la Universidad costarían 920 mil pesos.

El 3 de noviembre de 2017, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración por medio del cual la institución defensora de derechos humanos aportó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 1 millón de pesos más el IVA, es decir, 1 millón 150 mil pesos.

Lo anterior, a cambio de que la institución educativa realizara el proyecto “Metodología con Perspectiva de Género para la Creación del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos”.

El 16 de noviembre de 2017 las dos instituciones firmaron otro Convenio Específico de Colaboración. Mediante este instrumento el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez se comprometió a pagar a la Universidad 165 mil 440 pesos por un desarrollar un servicio de firma electrónica avanzada.

Para el 1 de diciembre de 2017 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración, mediante el cual, el organismo defensor de derechos humanos “aportó” a la institución educativa 1 millón 276 mil pesos. A cambio, la institución educativa elaboró un Estudio sobre la Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos.

Ese mismo día, mediante un nuevo acuerdo, la institución académica se comprometió a elaborar el “Estudio sobre la Biodiversidad y la Biotecnología y su Vínculo con el Pleno Goce y Ejercicio de los Derechos Humanos”. La institución defensora de los derechos humanos se comprometió a entregarle 1 millón 276 mil pesos.

Ya en 2018, el 9 de enero, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración para que el organismo defensor de derechos humanos pagara los costos de la edición del libro Protección y cura. Medicina tradicional en comunidades negras de la Costa Chica, Oaxaca, cuya autora es Céline Marie-Jeanne. El tiraje fue de 600 ejemplares, pero no se señaló el monto que tuvo que erogar la Comisión para pagar la edición.

Por la edición del libro Las recomendaciones generales de la CNDH, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el organismo defensor de los derechos humanos pagó a la Universidad el costo de un tiraje de 5 mil ejemplares. El Convenio Específico, celebrado para tal efecto el 22 de febrero de 2018, omite el monto total erogado.

En febrero de 2018, la CNDH firmó un convenio específico de colaboración con la UNAM, por el cual se comprometía a “aportar” al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad los costos de la edición de siete libros con tirajes de 3 mil y de 2 mil ejemplares cada uno.

El documento no especifica el monto que tuvo que erogar la CNDH por la impresión de un total de 16 mil ejemplares. Los títulos de las obras son: Control de convencionalidad; Estándares para niñas, niños y adolescentes migrantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el Sistema Interamericano de Derechos; Reflexiones en torno al arraigo como medida privativa de la libertad en el proceso penal; Uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Análisis desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Las obligaciones generales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (deber de respeto, garantía y adecuación de derecho interno, y Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en los sistemas de derechos humanos.

Un nuevo Convenio Específico de Colaboración celebrado el 15 de febrero de 2018 ampara la “reimpresión” del mismo número de tirajes de las mismas obras, cuyo costo es a cuenta del organismo defensor de derechos humanos. Tampoco revela el monto erogado por la CNDH.

El 22 de febrero de 2018 la CNDH y la UNAM celebraron un convenio Específico para la “coedición” de otro libro. El organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar los costos por la traducción, el tiraje y el envío a Canadá de la obra Colaborating With The Enemy, de Adam Kahane. Se trató de la impresión de una segunda obra del empresario canadiense que pagó la Comisión.

El 2 de marzo de 2018 la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración, con número de registro 51511-571-27-11-18. Ampara el pago de 750 mil pesos del organismo defensor de los derechos humanos a la Universidad “por la impartición del Diplomado en Derechos Humanos”.

Para el 23 de marzo de 2018, la CNDH y la UNAM celebraron un Convenio Específico de Colaboración por el que Radio Universidad se comprometió a transmitir la serie radiofónica Derecho a debate. A cambio, la Comisión pagaría 15 mil pesos cada mes durante un semestre.

El 2 de mayo de 2018 ambas instancias autónomas celebraron un Convenio Específico de Colaboración por el que Radio Universidad se comprometía a producir la sección radiofónica Zanili o la conversa. Por ello, el organismo presidio por González Pérez “aportó” 150 mil 800 pesos.

El mismo día se celebró otro Convenio para el “seguimiento de las recomendaciones generales y los informes especiales de ‘LA CNDH’ en el tema de Discriminación” (sic). Por tal seguimiento el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar a la Universidad 943 mil pesos.

El 4 de mayo de 2018 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración con el objeto de que la Universidad elaborara un “estudio para el seguimiento de las Recomendaciones Generales y los Informes Especiales emitidos por ‘LA CNDH’ en el tema de Derecho a la Salud” (sic).

Por este trabajo, el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar 1 millón 552 mil 500 pesos.

Otros dos convenios se celebraron el 4 de mayo de 2018. Por el primero, la institución académica realizó el estudio Áreas Protegidas y Derechos Humanos. El organismo entonces encabezado por Luis Raúl González Pérez pagó 897 mil pesos.

Con el segundo la casa de estudios, a través de la Facultad de Filosofía, se comprometió a realizar la “Segunda Fase del Proyecto Atlas de Igualdad y Derechos Humanos”. La CNDH pagó por este trabajo 2 millones 500 mil pesos más el IVA, es decir, 2 millones 875 mil pesos.

El 21 de mayo de 2018 otro Convenio le significó a la UNAM recibir una “aportación” de 6 millones de pesos de parte de la CNDH. En este caso, para organizar actividades relacionadas con la conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968. El documento, con el folio GSRAJ072/2018, pone a cargo de la UNAM el Proyecto Curatorial M68 y un proyecto arquitectónico.

El 20 de junio de 2018 se celebró un Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y la UNAM, mediante el cual el organismo defensor de derechos humanos aportó 300 mil pesos “para apoyar a los estudiantes de licenciatura y posgrado mexicanos y a instituciones nacionales, en temas relacionados con los Derechos Humanos” (sic).

A mediados de ese año, el 26 de junio, mediante Convenio Específico de Colaboración, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad se comprometió a elaborar el “Análisis de Cobertura y Tratamiento en Medios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos” (sic). Por este estudio, el organismo presidido entonces por Luis Raúl González Pérez “aportó” a la UNAM 3 millones 766 mil 752 pesos.

Para el 20 de agosto de 2018, la CNDH celebró un Convenio Específico con la Universidad con el objeto de que esta institución educativa realizara el “estudio para la Formulación de un Diagnóstico del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos” (sic). Por tal estudio, la Comisión se comprometió a “aportar” 500 mil pesos más el IVA, es decir 575 mil pesos.

El 24 de septiembre de 2018 la UNAM se comprometió a elaborar un “estudio sobre la situación de derechos humanos en la Policía Federal”. El organismo encabezado entonces por Luis Raúl González Pérez se comprometió a pagar 1 millón 680 mil 840 pesos más el IVA, con lo que la suma total ascendió a 1 millón 932 mil 966 pesos.

Para el 27 de septiembre de ese año un nuevo instrumento, con folio CGSRAJ/143/2018, señala: “El objeto del presente Convenio es para que ‘LA UNAM’, realice para ‘LA CNDH’ un estudio sobre Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas del crimen organizado en México”.

La Comisión aportó a la Universidad, por este trabajo, un monto de 1 millón 100 mil pesos más el IVA, es decir, 1 millón 265 mil pesos.

También la CNDH solicitó a la UNAM que realizara “un informe especial sobre la situación de inseguridad y la desaparición de personas en el Estado de Veracruz” (sic). El Convenio Específico de Colaboración celebrado el 27 de septiembre de 2018 estipula una “aportación” a la Universidad por 1 millón 100 mil pesos más el IVA, es decir, 1 millón 265 mil pesos.

El 5 de octubre de 2018 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración. El objeto, “la realización del estudio denominado: ‘Análisis cualitativo y cuantitativo de las Violaciones a los Derechos Humanos de Personas en Situación de Vulnerabilidad’” (sic).

Firmado, por parte de la CNDH, por Luis Raúl González Pérez y Joaquín Narro Lobo, y por la UNAM, por el secretario general Leonardo Lomelí Vanegas, el documento señala que el organismo defensor de derechos humanos pagará a la Universidad 4 millones 640 mil pesos.

Un estudio que valió una “aportación” de la CNDH a la UNAM por más de 4 millones 600 mil pesos

La CNDH aportó a la UNAM 200 mil pesos por un diplomado “de Ampliación y Profundización de Conocimientos con Opción a Titulación en ‘Derecho del Deporte, un enfoque desde los derechos humanos’”. El Convenio fue firmado el 5 de octubre de 2018.

Otro instrumento celebrado el 8 de noviembre de 2018 tuvo como objeto que la institución educativa desarrollara “indicadores del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de ‘LA CNDH’ para supervisar la aplicación de la ‘Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, Primera Etapa’” (sic).

Para ello, la CNDH se comprometió “aportar” a la Universidad 3 millones 300 mil pesos más el IVA, en total una suma por 3 millones 795 mil pesos.

El 8 de noviembre de 2018 la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual la institución académica se comprometió a realizar un estudio sobre “El marco institucional y presupuesta que rige la actuación del gobierno mexicano en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Caso Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la lucha contra la pobreza extrema y el hambre” (sic). La Comisión “aportó” a la Universidad 299 mil 280 pesos.

Con el objeto de que la UNAM realzara para la CNDH “El Diagnóstico en Materia del Derecho a no ser Sometido a Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a través de la Creación de Indicadores para Consolidar Instrumentos de Prevención, Evaluación y Seguimiento, Primera Etapa”, las instituciones citadas celebraron un convenio específico de colaboración el 16 de noviembre de 2018.

Por tal trabajo, la CNDH se comprometió a pagar a la UNAM 1 millón 392 mil pesos.

La Comisión también pidió a la institución educativa la impartición de los diplomados: “Derechos Humanos para organizaciones campesinas y líderes comunitarios” e “Incidencia para la Defensa de los Derechos Humanos”. Por ellos, el organismo defensor de los derechos humanos pagó 500 mil pesos. El instrumento fue firmado el 20 de noviembre de 2018.

Un Convenio Modificatorio del 25 de setiembre de 2019 obligaría a la CNDH a entregar 200 mil pesos más a la UNAM.

Asimismo, la Comisión “aportó” a la Universidad 1 millón 500 mil pesos por “cursos a distancia autogestivos”, según el Convenio Específico de Colaboración firmado el 5 de noviembre de 2018.

Según el Convenio Específico de Colaboración, con registro 51511-571-27-11-18, celebrado entre la CNDH y la UNAM, la Facultad de Derecho de la Universidad se comprometió a impartir un “Diplomado en Derechos Humanos” a 40 funcionarios del organismo presidido por Luis Raúl González Pérez. A cambio, la CNDH “aportó” a la UNAM 750 mil pesos.

Ya en 2019, el 21 de marzo, las instituciones celebraron el Convenio Específico de Colaboración mediante el cual el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad se comprometió a impartir el “Diplomado Derechos Humanos, Dr. Jorge Carpizo a 75 años de su natalicio” (sic).

Tal diplomado estaría destinado a “cinco personas participantes designadas por la CNDH”, institución que pagó 100 mil pesos a la UNAM.

También la CNDH se comprometió a pagar 15 mil pesos mensuales durante un semestre a cambio de que Radio Universidad transmitiera la serie Derecho a debate. El acuerdo quedó establecido en el Convenio Específico de Colaboración firmado el 26 de abril de 2019.

La CNDH buscó que la UNAM realizara un “Estudio sobre ‘La nueva política de bienestar, presupuesto público y su impacto en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)” (sic). Para ello ambas instituciones firmaron el 3 de junio de 2019 un Convenio Específico de Colaboración. La institución entonces presidida por Luis Raúl González Pérez se comprometió a “aportar” 417 mil 600 pesos.

El 30 de agosto de 2019, las instituciones establecieron –convenio de por medio– la realización de la Tercera Fase del Proyecto Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. La Universidad se embolsó 460 mil pesos.

Mediante otro Convenio Específico de Colaboración, la UNAM se comprometió a impartir el “Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ‘Héctor Fix Zamudio’, Edición 2019”. La CNDH, por su parte, “aportó” 135 mil pesos. El documento fue firmado el 6 de septiembre de 2019.

Con el objeto de realizar una “Actualización 2019 de la plataforma electrónica del Observatorio para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior”, la CNDH y la UNAM firmaron un Convenio Específico de Colaboración el 31 de julio de 2019. El organismo defensor de los derechos humanos se “aportó” 230 mil pesos a la institución educativa.

Sin especificar el monto en pesos, la CNDH se comprometió a pagar los costos por la reimpresión de 1 mil ejemplares de nueve libros de la Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Miradas complementarias desde la academia. Para ello se firmó el Convenio Específico de Colaboración, con folio CGSRn/121/2019, el 16 de agosto de 2019.

Con el objeto de que la UNAM impartiera “dos cursos a distancia autogestivos”, la CNDH le “aportó” 950 mil pesos, según el Convenio Específico de Colaboración entre ambas instituciones firmado el 25 de septiembre de 2019. Se trató del último instrumento concedido por la CNDH a la UNAM antes de que Luis Raúl González Pérez concluyera su periodo como ombudsman nacional.
Universidad de Harvard. Conferencias de El Colmex a cuenta de la CNDH

Colmex: viáticos y conferencias en Harvard

El 30 de noviembre de 2015, la CNDH y el Colmex firmaron un Convenio Específico de Colaboración mediante el cual el organismo defensor de los derechos humanos entregó 1 millón 508 mil pesos a la institución académica. Esta última se comprometió a “organizar y realizar dos conferencias, una serie de cursos y talleres en temas relacionados con violencia y cultura de paz”.

Destaca la “Conferencia Internacional en Harvard sobre Cultura de Paz en la Cuenca del Caribe”.

El documento cuenta con la firma del propio presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez y oculta la identidad y cargo de quien firmó por el Colmex.

El Segundo Convenio Específico celebrado entre la CNDH y el Colmex se celebró el 2 de febrero de 2017. El objeto de este instrumento fue “Organizar y realizar el Encuentro de Académicos de México y Estados Unidos en la Universidad de Harvard, sobre temas de Cultura de Paz el 13 y 14 de abril del año 2017”.

Para ello, la CNDH “aportó” al Colegio 300 mil pesos más el IVA, es decir, 345 mil pesos. El documento testó el nombre del responsable de la organización del encuentro académico. Sólo lo identificó como: “profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales” del Colmex.

El 12 de agosto de 2015 la CNDH y el Colegio de México habían celebrado un Convenio General de Colaboración “con el objeto de establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y capacitación, así como la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a ambas instituciones y a la sociedad” (sic).

De ese Convenio General se derivaron los convenios específicos, como el cuarto, celebrado el 16 de octubre de 2017. El objeto: “organizar y realizar en la Universidad de Harvard, una reunión de expertos para intercambiar opiniones acerca de la interacción ante crimen organizado y poblaciones desplazadas en la Cuenca del Caribe (en particular el triángulo de América Central y México) y la Cuenca del Mediterráneo, centrándose en la situación de niños y jóvenes” (sic).

El Colegio de México designó al doctor Sergio Aguayo Quezada para organizar dos paneles de discusión en el Centro FXB de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard el 27 de octubre de 2017: uno sobre “Europa y el Mediterráneo”; el otro, “Caribe y América Latina”. Los gastos corrieron a cargo de la CNDH, que desembolsó 120 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado.

Estudio y curso-taller a cambio de 1 millón 200 mil pesos

Por la CNDH firmo el entonces presidente Luis Raúl González Pérez, entonces presidente, y Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo.

El 28 de abril de 2017 la CNDH y el Colmex firmaron el Tercer Convenio Específico de Colaboración. El organismo de defensor de derechos humanos se comprometió a aportar a la institución educativa 1 millón 200 mil pesos más el IVA, es decir, 1 millón 380 mil pesos.

Lo anterior, para que el Colmex realizara dos “iniciativas”: la Segunda Conferencia sobre la Experiencia Mexicana en Cultura de Paz que se realizó en agosto de ese año; y la Segunda Edición del Curso-Taller para la Paz, diseñado por el Seminario de Violencia y Paz del Colmex.

El 7 de noviembre de 2017, la CNDH y el Colmex celebraron el Quinto Convenio Específico de Colaboración. Mediante ese instrumento, la institución defensora de derechos humanos se comprometió a financiar la Cátedra en Derechos Humanos Rodolfo Stavenhagen. El costo ascendió a 115 mil pesos.

El Sexto Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y el Colmex se firmó el 8 de marzo de 2018. Gracias a este instrumento el organismo defensor de derechos humanos aportó 2 millones 853 mil 600 pesos. El objeto fue la apertura de “un espacio de análisis y reflexión tanto para la formación académica, como para la intervención social en materia de derechos sociales y derechos humanos denominado Sistema Nacional de Información sobre Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración” (sic).

Más de 2 millones 800 mil pesos por un “Sistema Nacional de Información sobre Migración”

El 12 de marzo de 2018 la CNDH y el Colmex celebraron el Séptimo Convenio Específico de Colaboración. Mediante este instrumento el organismo defensor de derechos humanos se comprometió a pagar 805 mil pesos a la institución educativa a cambio de que ésta impartiera el “Curso-Taller Poblaciones Desplazadas: Entendimiento y Empatía”.

El Octavo Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y el Colmex se celebró el 12 de marzo de 2018. Este documento compromete al organismo defensor de derechos humanos a pagar al Colmex 690 mil pesos por la “sistematización de una pedagogía de la empatía” a propósito del taller anterior.

El Noveno Convenio Específico de Colaboración entre la CNDH y el Colmex consistió en que la institución educativa elaborara el estudio “Las niñas, niños y adolescentes no acompañados extranjeros en Mexico y la protección internacional” (sic). Por ello, e organismo defensor de derechos humanos pagó 400 mil pesos más el IVA, es decir, 460 mil pesos en total.

El Décimo Convenio Específico de Colaboración celebrado entre la CNDH y el Colmex fue firmado el 29 de octubre de 2018. El instrumento “consiste dar continuidad a las actividades que se han desarrollado en el marco de la ‘CATEDRA RODOLFO STAVENHAGEN DE DERECHOS HUMANOS’, que fue creada por voluntad de ‘LAS PARTES’” (sic). Para ello, el organismo entonces presidido por Luis Raúl González Pérez se compromete a “aportar” 100 mil pesos.

La CNDH y el Colmex celebraron su Décimo Segundo Convenio el 15 de abril de 2019. Mediante este instrumento la institución educativa se hizo cargo de la elaboración del proyecto “Integración laboral de las personas migrantes centroamericanas en México”. La CNDH “aportó” para ello 786 mil 480 pesos, según el instrumento con folio CGSRAJ/015/2019.

Ambas instituciones celebraron su Décimo Cuarto Convenio Específico de Colaboración para “dar continuidad a las actividades que se han desarrollado en el marco de la ‘CÁTEDRA RODOLFO STAVENHAGEN DE DERECHOS HUMANOS’” (sic). Por ello la institución defensora de derechos humanos se comprometió a “aportar” a la académica 100 mil pesos, según el documento firmado el 10 de junio de 2019.

Otros convenios discrecionales

La CNDH y la editorial Tirant Lo Blanch de México celebraron un Convenio General de Colaboración que estuvo vigente del 2 de junio de 2016 al 15 de noviembre de 2019. El objetivo fue realizar actividades conjuntas “para la formación de profesionales, investigación, docencia, comercialización editorial, difusión y extensión de la cultura en materia jurídica, en relación con otras áreas del conocimiento humano en México”.

En ese contexto, las partes celebraron un Convenio Específico de Colaboración el 29 de junio de 2016. El objeto fue la coedición de 3 mil ejemplares del libro En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo.

La obra, según el convenio, busca “contribuir a la divulgación del trabajo que realiza el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” (sic). Tal instancia no pertenece a la CNDH, sino que está adscrita a la Secretaría de Gobernación.

En el documento se reconoce que los derechos morales de la obra son de los autores, pero aclara que éstos han cedido los derechos patrimoniales a la CNDH. A su vez, este organismo cedió a Tirant “libre de cargas y en exclusiva para todo el mundo, el derecho a imprimir en cualquier modalidad editorial, bien sea en un solo tomo o en varios, o por fascículos o entregas periódicas y en soporte informático”.

Asimismo, la CNDH le cedió los derechos digitales para que la obra pudiera ser colocada y usada en “la base de datos jurídica de la editorial ‘Tirant On Line México’, ‘Tirant On Line Latam’, ‘Tirant On Line España’, ‘Biblioteca Virtual’, ‘Biblioteca Virtual Latam’ o cualesquiera de las plataformas actuales o futuras que comercialice Tirant” (sic).

La CNDH adquirió la totalidad del tiraje a un costo unitario de 51 pesos. Es decir, 153 mil pesos. Por el organismo autónomo aparecen las firmas del entonces oficial mayor, Manuel Martínez Beltrán, y por quien se desempeñaba como quinto Visitador General, Edgar Corzo Sosa. Tanto la firma como el nombre de quien representa a Tirant fue testada.

UNAM, beneficiada con convenios otorgados por la CNDH

En efecto, el libro se publicó en 2016. Luis Raúl González Pérez aparece como coordinador de la obra de 17 autores.

Otro caso es el del Convenio General de Colaboración para la Difusión, Promoción y Divulgación en Materia de Derechos Humanos firmado el 15 de marzo de 2017 con la asociación Civil Liga de Profesionales para Apoyo Ciudadano.

El objeto del documento fue “desarrollar actividades de difusión, promoción y divulgación de en Derechos Humanos, tales como: pláticas, talleres y conferencias, distribución de materiales y publicaciones entre la población a la que se dirige el trabajo de ‘La Asociación’” (sic).

El Convenio no se refiere a los montos que implica el acuerdo, pero informa que cada proyecto se trataría en convenios específicos. El instrumento cuenta cláusula de confidencialidad en la que las “la partes acuerdan guardar absoluta confidencialidad respecto a la información que sea intercambiada o proporcionada con motivo de la celebración del presente Convenio”.

“La Asociación” fue constituida el 19 de mayo de 2014 en la Ciudad de México. No cuenta con página electrónica y sólo hay registro de instrumentos firmados con la CNDH. También realizó peticiones de recursos ante el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia.

Por parte de la CNDH, el convenio fue firmado por el entonces presidente, Luis Raúl González Pérez, por el desde entonces y hasta la fecha secretario técnico del Consejo Consultivo, Joaquín Rodrigo Narro Lobo, y por quien fuera la directora general de Enlace y Desarrollo con Organismos No Gubernamentales, Teresita del Niño Jesús Gómez de León. Por parte de “la Asociación” firmó su presidente, del cual se censuró su nombre y su firma en la versión pública.

Un caso más es el del instrumento celebrado el 10 de mayo de 2017 entre la CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango (CEDH-Durango) y la asociación civil Federación de Organizaciones para la Atención Humanitaria.

En el documento, por la CNDH aparecen las firmas de Luis Raúl González Pérez, Joaquín Rodrigo Narro Lobo y Teresita del Niño Jesús Gómez de León (entonces presidente, secretario técnico del Consejo Consultivo y directora general de Enlace y Desarrollo con Organismos No Gubernamentales, respectivamente). Por la CEDH-Durango, quien fuera su titular en ese año, Felipe de Jesús Martínez Rodarte. El nombre y la firma de que representa a “La Asociación” fue testado para la versión pública del documento. El objeto de este instrumento fue “establecer las bases y mecanismos de colaboración y apoyo […] para realizar actividades de difusión, promoción y divulgación en materia de Derechos Humanos, tales como: pláticas, talleres y conferencias, distribución de materiales y publicaciones” (sic).

Esta federación fue constituida el 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Durango, Durango. No cuenta con página de internet ni se encuentra en directorio alguno de organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos. Tampoco hay evidencia de trabajo en apoyo a sectores sociales vulnerables.

Los proyectos derivados de ese Convenio General contaron con convenios específicos de colaboración. También acordaron una cláusula de confidencialidad para no divulgar “en ninguna forma” la “información que sea intercambiada o proporcionada” entre las partes.

Contralínea
Zósimo Camacho
@zosimo_contra
Ciudad de México
Domingo 21 de junio de 2020.


El ‘ombudsman’ mexicano, Luis Raúl González, hace balance de sus cuatro años de mandato, marcados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa


Luis Raúl González preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en México desde noviembre de 2014. Asumió la dirección en plena crisis por el caso Iguala, la desaparición de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero a manos de una red de policías y delincuentes. Llegó a la comisión con un discurso duro: "La situación de los derechos humanos en México está en un momento crítico".

A casi cuatro años de aquello, con un cambio de Gobierno en el horizonte, no parece que las cosas hayan cambiado. Al contrario. "Hay una debilidad institucional en materia de impartición de justicia", opina, cuidadosamente, el ombudsman.

El pasado 3 de septiembre, día en que el presidente Peña Nieto presentaba su último informe de Gobierno, jornada de tradicionales aplausos para el mandatario, González eligió viajar a la escuela de Ayotzinapa. Cambió las maderas nobles del Palacio Nacional por el calor de la vieja escuela rural. Acompañó a sus colegas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, en la lectura de su propio informe sobre la falta de avances en la investigación del caso Iguala. "Primero me invitaron las familias de los 43 y luego llegó la invitación de presidencia. No podría no estar en la escuela", zanja.

PREGUNTA: Usted llegó a la CNDH, en 1995, le tocó el caso de Aguas Blancas. Luego entró como presidente después de Tlatlaya y Ayotzinapa. Parece que los cuerpos policiales y militares siguen usando viejas tácticas...

RESPUESTA: Me tocó Aguas Blancas y luego Iguala, Nochixtlan... La CNDH en estos cuatro años ha fortalecido su independencia. Somos respetuosos, pero firmes y críticos. No nos satisface el nivel de cumplimiento de las recomendaciones -los informes vinculantes de la comisión. Hoy se aceptan, pero su cumplimiento ha sido demorado.

P: ¿Qué dependencia es la más reacia a cumplir con las recomendaciones?

R: Son diversas.

P: ¿Destaca alguna?

R: La Comisión Nacional de Seguridad, alguna vez las Fuerzas Armadas. Y lo gobiernos locales.

P: Queda pendiente la recomendación sobre la gran barbarie del sexenio, los 43. Estamos a punto de verla, ¿no?

R: Sí, no podemos terminar el sexenio sin esa recomendación.

P: ¿Nos pueda dar un adelanto?

R: Me encantaría, pero no.

P: ¿Qué opinión le merece la discrepancia total en las conclusiones de la investigación de la PGR y las que alcanzó el GIEI?

R: Todo eso aparecerá en la recomendación.

P: ¿Ni siquiera una opinión?

R: Lo que uno tiene que hacer en estas cuestiones es no generar lecturas descontextualizadas.

P: En junio, un tribunal ordenó la creación de una comisión de la verdad para el caso Iguala. ¿Qué le parece?

R: Desde que se conoció la decisión del tribunal, la CNDH dijo que colaboraría con cualquier comisión que buscara conocer la verdad.

P: Un mes después, otro tribunal dijo que resultaba imposible la creación de la comisión...Organismos de la sociedad civil criticaron la presión estatal para que las cosas acaben como el Gobierno quiere. ¿Qué opina usted?

R: Tenemos una debilidad institucional en materia de procuración de justicia. Cómo no hablar de debilidad institucional a la vista del caso de La Rana. Cómo no hacerlo, si llevamos diez meses sin titular en la PGR; si aún no tenemos fiscalía autónoma; si tenemos un sistema anticorrupción flojo.

P: Al decir usted debilidad institucional, pareciera que no existe dolo, sino solo negligencia e incapacidad.

R: No, mire. También hay factores de corrupción. Y le doy un dato sobre la sentencia del tribunal acerca de la imposibilidad de crear la comisión. Nosotros metimos un amicus curiae, diciendo que queríamos participar en la búsqueda de la verdad.

P: Usted conoce la institución, usted se encargó de investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio -candidato del PRI a la presidencia, asesinado durante la campaña en 1994. ¿Sufrió presiones en ese caso?

R: Yo le digo que en el ejercicio de mi trabajo allá, lo puedo invitar a que se eche un clavado en la investigación y vea la solidez. Aunque no digo que la PGR no haya sido porosa.

P: ¿Qué quiere decir?

R: Pues que enfrenta elementos de corrupción, hay agentes involucrados, pero en ese caso de Colosio... Mire, ahí está la investigación.

P: Usted al llegar a la CNDH, dijo que la situación de derechos humanos era crítica. Y hace dos semanas dijo lo mismo en una entrevista. ¿Cómo podemos ir a mejor?

R: Cumpliendo la ley. Y eso significa dotarnos de una fiscalía autónoma, reestructurarla, determinar qué modelo policial se va a implementar. Que haya consecuencias sobre el actuar de los gobiernos estatales que 12 años después no han logrado profesionalizar a los policías.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Jueves 27 de septiembre de 2018.


La CNDH alista informe sobre linchamientos; deplora “debilidad institucional” en México


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá próximamente un informe completo sobre los linchamientos que se registran en el país, adelantó su titular Luis Raúl González Pérez.

“Próximamente vamos a emitir un informe, un informe completo sobre lo que está aconteciendo en el tema de los linchamientos, que no son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano, eso no es justicia, es barbarie. Sí hay que condenar la debilidad institucional de que no haya sistemas de procuración de justicia, que no haya fiscalías autónomas”, apuntó.

También lamentó que las 13 fiscalías autónomas que existen en este momento en el país no lo sean, y que sólo cambiaron de membrete.

El ombudsman nacional reconoció que existe una debilidad institucional en México, pero dijo que no es motivo para caer en la barbarie.

“Hay que reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia, pero esto no debe sustituirse por pretender hacernos justicia por propia mano”, refirió.

En esta semana, con 24 horas de diferencia, se registraron dos casos de justicia por propia mano, donde los cuatro señalados fueron acusados falsamente de secuestrar niños; posteriormente la población les roció gasolina y prendió fuego a las víctimas.

El primero caso ocurrió el miércoles 29, en Puebla, donde dos campesinos fueron rescatados por la policía cuando los linchaban; poco después los trasladaron a los separos de la comisaría, pero la población de Acatlán de Osorio los sacó a la fuerza para enseguida quemarlos vivos.

Raúl González mencionó que, tras el hecho, ya se emitió una recomendación al gobierno de Puebla.

El segundo caso se registró la tarde del jueves 30, en el pueblo de Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, Hidalgo, a donde un hombre y una mujer habían acudido al lugar por cuestiones de trabajo, pero fueron señalados de secuestrar a un menor de 11 años. Corrieron con la misma suerte, fueron quemados; el hombre murió en el sitio, mientras que la mujer alcanzó a llegar al hospital, pero después falleció.

El ombudsman consideró que se debe castigar a quienes incitan realizar actos de justicia por propia mano, y la vez dijo que se necesitan corregir las debilidades institucionales.

Raúl González asistió este fin de semana a Guadalajara para participar en la Segunda Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Proceso
Gloria Reza M.
Guadalajara, Jal.
Lunes 3 septiembre 2018.


El titular de la CNDH afirma que el país no ha dimensionado bien este grave problema

La trata de personas en México, un país de origen, tránsito y destino de víctimas, no se ha dimensionado adecuadamente, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Al inaugurar el seminario internacional “La trata de personas en contextos de movilidad humana”, el ombudsman nacional dijo que no existe una adecuada identificación de nacionalidad de víctimas y no hay un registro sobre la asistencia, atención y protección que se les brinda.

“México se encuentra dentro de los 25 países con más víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos o servicios forzosos. Los grupos considerados más vulnerables a la trata de personas en México incluyen a las mujeres, niñas y niños, personas originarias de comunidades indígenas o rurales, y personas migrantes”, explicó.

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, González Pérez consideró que la falta de identificación oportuna es una situación que vulnera o propicia la violación de los derechos humanos de las personas.

Dijo que el no corregir estas situaciones ayuda a perpetuar condiciones estructurales que fomentan la falta de acceso a la justicia y la impunidad.

“La trata de personas implica la comercialización de seres humanos con fines de explotación, su equiparación a una mercancía u objeto que se utiliza o comercializa para obtener beneficios o lucros económicos”, aseguró.

González Pérez dijo que, si bien la forma más común de trata de personas tiene que ver con fines de explotación sexual, también sucede el trabajo forzoso, mismas que requieren de una atención urgente.

El Universal
Dennis A García
Ciudad de México
Viernes 10 noviembre 2017.


El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que en la defensa y protección de periodistas y defensores de derechos humanos se requiere atender las causas de las amenazas y agresiones, y establecer acciones que den resultados de fondo y que acaben con la impunidad que se ha generalizado.

En el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que toda política pública o acción que se genere, si aspira a ser efectiva, debe tomar en consideración la opinión de las víctimas y de los propios periodistas y defensores de derechos humanos.

Tras señalar que la violencia contra periodistas y comunicadores no es nueva en el país, agregó que no por ello debemos resignarnos o aceptar que exista, ya que en menos de cinco meses se han cometido homicidios que equivalen casi a 5% del total registrado en los últimos 17 años y se ha presentado aumento de 300% en el número de casos respecto de 2016.

El ombudsman nacional destacó que un primer paso para atender las causas de las amenazas y agresiones “sería reconocer, desde el más alto nivel político, la importante labor que realizan los periodistas y defensores de derechos humanos, así como la necesidad de proteger el libre desarrollo de esas actividades que son cimiente de la democratización de la vida nacional”.

Sería muy útil, agregó, que se tomaran en consideración las opiniones que han formulado instancias especializadas como el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El presidente de la CNDH también pidió que ante la violencia contra periodistas y comunicadores –que es una forma de censura y un desafío para la justicia que la sociedad reclama– deben articularse y coordinarse esfuerzos y capacidades para su abatimiento y prevención, con un compromiso real, eficiencia, pertinencia y dignidad.

De igual manera, se pronunció en favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que propicie un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores y permita una protección real, digna y pertinente de los mismos, “bajo estándares que den los mismos recursos y posibilidades de atención a todos los periodistas y defensores, con independencia de su lugar de residencia, género, origen étnico, preferencia u orientación sexual o ámbito en que lleven a cabo sus actividades”.

Señaló que el organismo que preside acompañará los trabajos que desde la sociedad civil, la academia y, principalmente, a iniciativa de los propios periodistas, comunicadores y medios se generan para lograr espacios de reflexión en que de manera objetiva, informada y plural se analice la problemática actual en materia de violencia y agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, así como titulares de los Ejecutivos estatales, González Pérez propuso revisar la política pública de protección a periodistas, centrada en preservar la integridad y la vida de las personas, ante la insuficiencia de resultados.

“Es preciso –sentenció— incorporar la prevención como un elemento esencial de estas políticas públicas, lo cual pasa necesariamente por asumir el combate a la impunidad como un objetivo prioritario de las mismas, cuestión que, además, es la única medida cuyo cumplimiento incumbe exclusivamente a las autoridades”.

Demandó que en cada uno de los casos en que se ha atentado contra la vida o integridad física de periodistas y comunicadores se realicen investigaciones prontas, objetivas, integrales y eficaces, que permitan determinar las responsabilidades correspondientes y que los responsables reciban la sanción que en derecho proceda.

Precisó que las autoridades deben presentar a la sociedad un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones, y aunque algunos expedientes hayan superado los plazos lógicos para una investigación, el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas debe hacerse efectivo.

El ombudsman nacional puntualizó que las investigaciones deben realizarse bajo protocolos que pongan en el centro de las mismas la violación a la libertad de expresión y contemplen una perspectiva de género cuando se requiera.

Además, dijo, debe realizarse una estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia para combatir las agresiones a periodistas, sin excluir alguna hipótesis, ya que en todos los casos debe abordarse y agotarse como línea central la actividad profesional de las víctimas.

También hizo hincapié en que en la integración de las fiscalías especializadas y en todas las instancias que conozcan de agresiones contra periodistas se cuente con perfiles idóneos y una capacitación adecuada que permita a los servidores públicos tener la sensibilidad y conocimientos para atender este tipo de casos.

González Pérez reiteró que cuando se ataca a un periodista o comunicador, la afectación trasciende de las víctimas directas a la sociedad en su conjunto, toda vez que al vulnerar la libertad de expresión también se violentan los derechos a la libertad de pensamiento e información, y se debilitan los fundamentos de nuestro entorno democrático.

En el encuentro, el presidente de la Conago firmó con el secretario de Gobernación un convenio para fortalecer los mecanismos de protección a los periodistas. Mancera reiteró la posición de los gobiernos estatales de avanzar en los temas de la Recomendación General 24/2016, emitida por la CNDH.

Manifestó la importancia de cumplir con sus puntos recomendatorios y generar un entorno seguro hacia los periodistas y medios de comunicación.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 2 de junio de 2017.


Tales medidas suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida, dice el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez

Ciudad de México. - El Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas opera con recursos remanentes de años anteriores, por lo que es necesario otorgarle una partida adicional, demandó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo señaló que, a diferencia de otros años, para este 2017 el Mecanismo, que coordina la Secretaría de Gobernación, no recibió una partida presupuestal.

"Cuestión que muy probablemente provocará que en los últimos meses de 2017 se terminen los recursos y exista imposibilidad de continuar financiando las medidas de protección que actualmente favorecen a cientos de beneficiarios", advirtió.

Por ello, el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, dirigió una solicitud al Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, para que coordinadamente destinen recursos extraordinarios al fideicomiso del Mecanismo.

"La situación de violencia en muchas regiones del País ha hecho necesario que defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas se incorporen al Mecanismo y cuenten con medidas de protección", resaltó la CNDH.

"Tales medidas suponen una salvaguarda para su seguridad y su vida, por ello, es fundamental que se destinen los recursos extraordinarios para que el Mecanismo pueda seguir financiando las medidas de protección en favor de todas ellas".

Apenas el viernes pasado, en Baja California Sur, fue baleado el reportero Maximino Rodríguez, el cuarto periodista asesinado en México en lo que va del año, según la organización Artículo 19.

El primero fue Cecilio Pineda, el 2 de marzo en Guerrero; le siguió Ricardo Monlui Cabrera, el 19 de marzo en Veracruz, y luego Miroslava Breach, en Chihuahua, el 23 de marzo.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 16 de abril de 2017.


Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Ejecutivo para que se reconozca la importancia y urgencia de aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y que se reconozca que el país atraviesa por esa situación.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la CNDH indicó que de aceptar la competencia del comité sería "para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado de las disposiciones de la Convención, como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país".

En un comunicado, el organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su solidaridad con los familiares de víctimas de desaparición forzada.

"Debe reconocerse la existencia de este flagelo en nuestro país y que un solo caso representa un reto ineludible para el Estado mexicano, cuyas instituciones de investigación y procuración de justicia son puestas a prueba ante la ciudadanía y el concierto internacional en el que México está inserto", señaló.

Explicó que México firmó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU en febrero de 2007, la ratificó en marzo de 2008 y entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010; por lo que aún tiene pendiente aceptar la competencia de dicho Comité con lo que las víctimas pueden presentar quejas ante el Comité, y se pueda recibir quejas de otros Estados parte en relación a México.

"Se trata de una medida indispensable para generar condiciones que garanticen la efectiva investigación y sanción de la desaparición forzada, así como un medio para que se hagan realidad los derechos fundamentales a la verdad, la justicia y la reparación integral que estos casos requieren", enfatizó.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 31 de agosto de 2016.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley del derecho de réplica, por considerar que es contraria al derecho a la libre manifestación de las ideas y al propio derecho que regula.

La ley entró en vigor desde el pasado viernes 4 y fue impugnada desde ese mismo día por la revista Proceso ante la justicia federal. El semanario solicitó que se le suspenda la aplicación del ordenamiento publicado por el presidente Enrique Peña Nieto, al que también considera contrario al derecho de acceso a la libertad de expresión.

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal responderá en las próximas horas a la solicitud.

Con la petición de revisión constitucional por parte de la CNDH, la Suprema Corte podrá pronunciarse sobre cualquier violación a la Constitución que contenga la ley.

La norma impugnada reglamenta el artículo Sexto de la Constitución y fue aprobada en octubre pasado por el Senado de la República, sin que le hiciera alguna modificación al texto votado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2013, cuando el tema principal en la opinión pública era la reforma energética.

Para la CNDH, la ley del derecho de réplica “no cubre los estándares constitucionales sobre el derecho a la libre manifestación de las ideas y el propio derecho a la réplica”, previstos en la Constitución, debido a su contenido “discrecional”.

Explica que la norma “permite una interpretación tan amplia que cualquier persona pudiera ser sujeto de las obligaciones de la ley de réplica, y por lo tanto de sus consecuencias y sanciones”.

El Congreso estableció como sujetos obligados a las agencias de noticias, a los medios de comunicación, a los productores independientes y a cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, pero sin precisar a qué se refiere por “cualquier otro emisor de información”, observa el organismo.

De acuerdo con la CNDH, tal y como fue aprobada, la reglamentación ni siquiera cubre al propio derecho de réplica y en cambio “genera incertidumbre jurídica en los destinatarios de la norma”.

Señala que ese “vicio constitucional” de la ley le causa falta de certeza a los generadores de información y a las propias personas afectadas por la información difundida, porque a éstas les exige pasar por el medio que publicó la información antes de acudir al juez, “lo que imposibilita al posible afectado acceder por esta vía a la restitución de sus derechos”.

Al igual que Proceso en su demanda de amparo, la CNDH señala que la reglamentación al derecho de réplica no debe representar un riesgo para la libertad de expresión: “Ambos derechos deben equilibrarse”.

Debido a que la ley coloca en el mismo nivel a las autoridades que a los ciudadanos y protege de manera especial a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, la CNDH observa que los servidores públicos “deben estar sometidos a un escrutinio más amplio, con base en los criterios y estándares internacionales que al respecto se han emitido”.

En los compromisos internacionales asumidos por México, tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA), como en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reconoce el derecho de réplica, pero se señala que su regulación no debe implicar límites para la libertad de información y expresión, salvo en los casos de seguridad nacional, el orden público y el respeto a los derechos humanos.

Sobre las multas previstas en la ley, el organismo estima que también se pueden aplicar de forma discrecional “debido a que no tiene referente ni criterios legales” para aplicarlas, lo que también “contraviene la Constitución al no dar certeza ni certidumbre jurídica a la persona sancionada”.

Y advirtió que “permanecerá atenta” a la aplicación de la ley vigente desde el pasdo viernes 4 “para evitar abusos y aplicaciones arbitrarias”. En particular, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos dará orientación jurídica y acompañamiento en caso de que se inicien acciones contra los comunicadores al amparo de la nueva ley.

El jueves 3, un día antes de la entrada en vigor de la ley, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también anunció que hará acciones de orientación y acompañamiento a periodistas y medios de comunicación.

Informó además que buscará acciones conjuntas con otras comisiones de derechos humanos del país y convocará a foros de discusión para promover una reforma a la ley, a la que califica como una afrenta no sólo a los derechos humanos, sino a las garantías mínimas” de un régimen democrático, según publicó Proceso en su edición de esta semana (2040).

Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Martes 8 de diciembre de 2015.

“Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla” sostiene Raúl González Pérez

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que México tiene que atender las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, quien concluyó que la tortura y los malos tratos “son generalizados” en el país, en un contexto donde persiste la impunidad.

“Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla. Adicionalmente hay que favorecer todo aquello que coadyuve a evitar que se cometa esta violación a derechos humanos y por esos nosotros insistimos que más allá que las cifras se puedan aclarar esos diferendos.

“Lo importante es retomar las acciones que permitan evitar que estas conductas se den en el país. Es inadmisible la tortura en México; un solo caso es indignante y desde luego que tenemos que buscar que haya una cultura de respeto a los derechos humanos y eso pasa por evitar que se cometan hechos como la tortura”.

Luego de encabezar un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, el ombudsman nacional insistió que en el país se tienen que prevenir la tortura y cuando se acredite se sancione a los responsables.

Sobre si los malos tratos son generalizados, respondió: “desde las cifras que tiene la Comisión Nacional no podría estar en esa concordancia….Lo propositivo es que lo que se recomienda es para prevenir la tortura y para que se corrija cuando ésta se ha dado.

“Es atendible las recomendaciones del relator sobre la cuestión que ustedes me comentan. No nos centremos en diferendos que no ayudan a las víctimas. Lo que hay que hacer son acciones que corrijan un fenómeno que sí existe en el país. La tortura existe en el país y hay que evitarla. No se puede perseguir el delito cometiendo violaciones a derechos humanos. Lo importante también es que lo que se dijo por Naciones Unidas es atendible.

Por eso, dijo, el exhorto para que se atiendan esas recomendaciones y, que en todo caso, “la cuestión del diferendo sobre loe extendido de la tortura o lo generalizado de la tortura es algo que se puede aclarar en función de las cifras, en lo que debemos centrarnos es que ninguna tortura se debe repetir. Tortura que no es investigada y sancionada, poder ser propiciatoria de más violaciones” insistió.

De acuerdo al informe global de la ONU, que se dio a conocer el mes pasado, presenta a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina.

Además, concluye que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, “pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

La Jornada
César Arellano García
Jueves 9 de abril de 2015.

Luis Raúl González Pérez aclaró que no pretende ser enemigo de los funcionarios pero como ombudsman nacional señalará dónde o quiénes están fallando en materia de derechos humanos

Ciudad de México.- El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que será un ombudsman incómodo para aquellos funcionarios que no quieran comprometerse con los derechos humanos y cometan actos arbitrarios e ilegales.

“Esto no significa confrontación, no pretendo confrontarme con las autoridades ni con las instituciones. No pretendo estar en pleito, no soy adversario de ellos”, detalló en el programa “En 15” con Carlos Puig.

El ombudsman explicó que lo que pretende es “convencerlos que lo mejor que les puede pasar a los responsables de las aéreas a las que se dirige la comisión es que alguien les señale dónde puede haber debilidades, dónde están fallando o quién está incurriendo en estas conductas. De otra manera estamos en el riesgo de que sucedan casos tan graves como los que estamos observando”.

Respecto al caso de la desaparición de los 43 normalistas detalló que ya ha estado en contacto con representantes de las familias de las víctimas; y que su objetivo es acompañarlos en el proceso y coadyuvar para exigir que se esclarezcan los hechos.

“Necesitamos encontrar la verdad, los antecedentes importan porque pueden ser el antecedente para saber qué paso”, apuntó.

Sobre los cambios que realizará en la CNDH dijo que no quiere precipitarse y que primero quiere conocer cómo está la comisión

“Sí tiene que haber cambios estructurales; incluso desde el funcionamiento operativo por ejemplo ideal sería reducir el tiempo en trámites de escritos, deja el papel de lado dirigirte a la autoridad vía Internet”, señaló.

Milenio/ Puebl@Media
Ciudad de México/ Puebla
Miércoles 19 de noviembre de 2014.

El presidente de la CNDH, dijo que será un ombudsman incómodo para los funcionarios que no quieran comprometerse con los derechos humanos. (Especial)

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