+    Denuncian mano negra del gobernador Luis Miguel Barbosa y Rodrigo Abdalá Dartigues, delegado estatal de Programas de Desarrollo Integral del gobierno federal


Tras la invalidación de seis de las 15 asambleas distritales que debieron celebrarse este domingo, grupos de Morena se acusaron mutuamente de las irregulares durante la jornada, como el uso de grupos de choque, acarreos, falsificación de códigos, padrón rasurado y compra de votos, entre otros.

En los distritos de Ajalpan, Ciudad Serdán, Teziutlán, Acatlán, Huauchinango y el 12 de Puebla no se celebró la elección de consejeros.

El caso más grave se presentó en el distrito de Ajalpan, donde un grupo de alrededor de 50 personas de Coyomiapa, algunas de ellas armadas, ingresaron al salón donde se realizaría la Asamblea e intimidaron a unos mil militantes de Morena que ya se encontraban en el salón Los Cholulos y tuvieron que abandonar el lugar.

Un grupo de militantes acusó al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de haber estado detrás de estas acciones, presuntamente operadas por sus parientes, Marina y Mario Huerta, así como por el alcalde panista de Coyomiapa, David Celestino Rosas, afín al mandatario poblano.

Un militante de nombre Silverio Ventura Tecua fue golpeado e intimidado con arma de fuego por querer impedir el ingreso de este grupo de choque.

“Violentaron los derechos de los militantes de Morena, esto no puede quedar así”, dijo una de las militantes, quien anunció que están documentando los hechos para denunciarlos ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido.

En igual sentido, el diputado federal Alejandro Carvajal acusó al gobierno estatal de intervenir en la asamblea realizada en el distrito 6.

Aseguró que el ex perredista Eric Cotoñeto, uno de los operadores de Barbosa Huerta, fue quien estuvo a cargo del carreo de militantes, la compra de votos y la actuación de grupos de choque para reventar las asambleas donde no tenían asegurado el triunfo.

El también exdirigente estatal de El Barzón y aspirante a la dirigencia estatal dijo que el grupo de Cotoñeto pretende “perredizar” a Morena, al reproducir viejas prácticas en las que igual participaron instituciones estatales y alcaldes de todos los partidos afines al gobernador.

José Rodríguez Guzmán anunció que impugnarán los resultados de la asamblea del distrito 6, en Amalucan, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) y que llegarán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si no se toman en cuenta las irregularidades que se presentaron.

A su vez, consejeros electos de Morena por el distrito 6 acusaron a Rodrigo Abdalá Dartigues, delegado estatal de Programas de Desarrollo Integral del gobierno federal y al diputado Carvajal, de haber tratado de “reventar” la asamblea.

En rueda de prensa, Hilda Vázquez Sánchez y Jonathan Rivera aseguraron que la violencia fue generada por allegados a estos dos políticos, tras percatarse que no tenían mayoría.

Incluso, señalaron que Abdalá coaccionó el voto con la entrega de apoyos de programas federales, ya que buscan quedarse con la dirigencia estatal del partido que se decidirá el próximo mes de noviembre.

Esto, afirmaron, porque el partido además de definir candidaturas para el proceso electoral de 2021, ejercerá prerrogativas por 73 millones de pesos.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Lunes 21 octubre de 2019.


El video del evento donde el gobernador realizó la declaración fue retirado de la página oficial de Facebook de la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado.

 “Yo gané, me la robaron, y los castigó Dios”, dijo este miércoles el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, sobre las elecciones de junio de 2018 en las que resultó vencedora la panista Martha Érika Alonso, quien murió seis meses después tras el desplome del helicóptero en que viajaba junto con su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle.

“Para llegar a ser gobernador, yo hago alegorías de muchas cosas y digo, fue el sitio de Puebla. Diecinueve meses nos tardamos para llegar al 2 de junio de 2019 y la lucha fue a machetazos, porque nos querían extinguir. No pudieron detenernos (…) todos los que ganamos el 1 de julio de 2018, porque yo gané, me la robaron y los castigó Dios“, afirmó Barbosa durante su participación en el primer informe de gobierno de la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado.

Luego de su expresión, se escucharon algunos aplausos aislados, pero la mayor parte del público se quedó en silencio.

La alcaldesa de Huejotzingo transmitió el evento completo a través de su cuenta de Facebook, pero aproximadamente a las 19:00 horas el video fue retirado. Lo mismo ocurrió con la transmisión en vivo que realizó la estación de radio local Pegajosa.

Hasta las 20:00 horas no ha habido algún pronunciamiento de parte del gobierno de Puebla ni del propio Barbosa, que es la tercera tendencia a nivel nacional en Twitter por su declaración.

El martes 8 de octubre, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Alfonso Morán Moguel, subsecretario de Transportes, informó que los rotores del helicóptero en el que falleció la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, estaban girando correctamente cuando la aeronave colapsó.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, anunció que el 25 de octubre se publicará un informe de hechos realizado por especialistas internacionales sobre la caída del helicóptero y posteriormente se dará a conocer el informe final.

Aristegui Noticias
Ciudad de México
Miércoles 9 octubre 2019.


Alejandro Rojas Díaz Durán también arremete contra Yeidckol Polevnsky y le dice que debe retirarse de Morena

El aspirante a la dirigencia del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Rojas Díaz Durán hizo un llamado a que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con el seguimiento a la denuncia que en campaña presentó contra Luis Miguel Barbosa Huerta por la compra de un inmueble de valor millonario en la Ciudad de México.

Antes de una reunión que mantendría con sus simpatizantes en Puebla, recordó que el ahora gobernador respondió en ese entonces que actuaría legalmente en su contra y eso no sucedió.

"Yo vengo a Puebla para solicitarle que me mega demande como lo prometió, porque ustedes recordarán que cuando yo lo fui a denunciar a la Fiscalía General de la República, sus abogados muy bravitos y él mismo dijo que me iba a mega demandar y bueno, no me ha llegado la mega demanda.

"Entonces vengo a ver si ya me mega demanda porque a mí me urge que vaya a declarar a la Fiscalía General de la República, porque ya ratifiqué la denuncia ante la Fiscalía General de la República y desde aquí hago el exhorto y la exigencia al fiscal General de la República para que lo llame a declarar y compruebe", dijo.

En abril pasado y en plena campaña rumbo a la gubernatura, Rojas Díaz Durán expuso ante la ley que mientras era senador, Barbosa Huerta había comprado en 10 millones de pesos un inmueble en Coyoacán, propiedad del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que en realidad valía unos 120 millones.

En la rueda de prensa, Alejandro Rojas mencionó también que hubo beneficios fiscales por 16 millones de pesos que obtuvo su oponente Yeidkol Polenvsky Gurwitz gracias al gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.

La actual dirigente de Morena, agregó, ha sido claramente una madrina que ha impulsado a Barbosa Huerta al interior de Morena pese a existir irregularidades y no descarta que con ella obtuviera beneficios para comprar el inmueble.

Agregó que las revelaciones sobre su situación fiscal y los más recientes resultados electorales para Morena deberían ser elementos para que Polevnsky deje la contienda.

"Queda moralmente inhabilitada para ser aspirante para ser dirigente de Morena, le solicito desde Puebla que deje ya la presidencia de Morena en mejores manos", dijo.

e-consulta
Laura Ruiz
Puebla, México
Miércoles 2 de octubre 2019.

 

La única idea que ha prosperado en esa petulante actividad es la de cómo desaparecer el dinero del erario

Desde su primera edición en 2008, hasta este año, los diferentes gobiernos estatales le han destinado más de 370 millones de pesos para su organización

 

La actual administración estatal dará continuidad al festival La Ciudad de las Ideas, que se realiza en Puebla desde 2008, durante la administración del exgobernador Mario Marín Torres, y al que se le han destinado 371.5 millones de pesos.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta indicó este miércoles que antes de realizar la próxima edición, en 2020, se revisarán los términos del convenio con la organización Poder Cívico que está a cargo del evento, así como con los patrocinadores, entre los que se encuentra el Grupo Salinas, dueño de TV Azteca.

Los boletos para asistir al festival rebasan los 20 mil pesos y el año pasado se realizó en el Auditorio Metropolitano.

Los 371.5 millones de pesos que se le han destinado de fondos públicos rebasan tres veces el presupuesto de casi 100 millones de pesos que el municipio de Puebla tiene este año para bacheo.

Cuestionado durante una entrevista tras asistir al informe de labores del ayuntamiento de Xochitlán de Todos Santos, el mandatario refirió que su administración dará continuidad al festival “de mentes brillantes” –como lo promocionan sus organizadores-, pues abonará al desarrollo del estado.

El gobernador argumentó que para para su edición de este año el evento ya fue pagado por la gubernatura interina que concluyó en julio pasado, por lo que no fue posible cancelarlo.

“Se va a llevar a cabo en los primeros días de noviembre, es una cosa importante para Puebla, la vamos a mantener, vamos a revisar el contrato…”, comentó.

Fue en 2008 cuando el entonces gobernador Mario Marín abrió la puerta al festival y le destinó un presupuesto de 28 millones de pesos. En 2009 y 2010, los recursos ascendieron a 23 y 21 millones de pesos, respectivamente.

Posteriormente, Rafael Moreno Valle etiquetó al evento 194.5 millones de pesos durante su sexenio y presupuestó otros 35 millones para 2017, aunque ese año fue inaugurado por su sucesor, el exgobernador José Antonio Gali Fayad.

En 2018, la administración de Gali encausó también 35 millones de pesos y presupuestó la misma cantidad para 2019, la cual fue avalada por la Legislatura actual que en su mayoría está integrada por diputados emanados de Morena.

e-consulta
Ciudad de Puebla
Miércoles 2 de octubre 2019.


Artículo 19 denuncia amenazas del gobierno de Puebla contra el portal e-consulta


La organización Artículo 19 denunció que en las últimas semanas el portal de noticias e-consulta y su director, Rodolfo Ruíz Rodríguez, fueron víctimas de bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por parte del gobierno estatal.

A menos de dos meses de haber asumido el poder, Luis Miguel Barbosa Huerta es señalado como sospechoso de borrar información periodística que lo comprometía.

De acuerdo con la denuncia, el pasado miércoles 4 e-consulta sufrió un acceso y control no autorizado en su cuenta en Twitter y en su servicio de alojamiento web, mediante el cual se eliminó un video donde se observaba al gobernador morenista ordenando presuntamente el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital.

“El 5 de septiembre, quien o quienes accedieron de manera ilícita al portal del medio, también borraron una nota que describía el contenido del video”, expone la organización, que defiende el respeto al derecho de libertad de expresión y de acceso a la información de todas las personas.

“Cabe señalar que este acceso ilícito y control no autorizado fue realizado por alguien con interés de restringir el flujo de información relacionada con la declaración de Barbosa. Asimismo, esta agresión se realizó a través de una herramienta de cifrado que permite hacer anónima la localización e imposibilita conocer quién y dónde se llevó a cabo”, precisa Artículo 19.

También acusa que este medio de comunicación poblano y algunos de sus reporteros han sido víctimas de bloqueos informativos y descalificaciones por parte del gobernador de Puebla, quien arrancó su administración el 1 de agosto.

“El pasado 6 de agosto, en una conferencia de prensa, a pregunta expresa de Patricia Méndez, reportera del medio e-consulta, respecto a un acuerdo de Cabildo del municipio de Puebla para anular la concesión del agua, el gobernador le contestó: ‘No me quieras amarrar navajas, porque todos los días me las quiere amarrar e-consulta, pero yo no me dejo’”, relata.

De igual manera, señala que hubo otras situaciones similares las campañas por la gubernatura.

Y cita lo ocurrido el 22 de mayo de este año, durante una gira en el municipio de Huixcolotla, cuando el entonces candidato de Morena calificó de “panista” al reportero de e-consulta Héctor Llorame, cuando éste le preguntó sobre una amonestación pública que en aquel entonces le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntos actos anticipados de campaña.

A partir del 27 de marzo de 2019, Miguel Barbosa dejó de enviar los artículos que él mismo escribía desde que era senador de la República y a lo cual fue invitado por el mismo medio, e igual lo han hecho otros miembros de su gabinete actual por presuntas presiones de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil.

Por otra parte, como ocurrió en el sexenio de Rafael Moreno Valle, el director general de e-consulta, Rodolfo Ruíz Rodríguez, denunció que ha recibido cartas aclaratorias a partir de publicaciones que realiza, con pretensiones y formato de réplica, pero cuyo contenido se traduce en descalificaciones e intimidación.

En una de las cartas firmada por Vélez Macuil y en poder de Artículo 19 se acusa que las publicaciones de Ruiz Rodríguez están “impregnadas de insidia” y tienen un claro interés de “desestabilizar”, al descalificar toda acción que el gobierno inicia.

“…acciones que realizó de manera insistente desde el tiempo de la campaña en este 2019, con el objetivo, tal vez, de querer justificar su columna como un espacio con credibilidad e independencia. Sus columnas son maliciosas e incluso llenas de intriga, producto de las filtraciones mal intencionadas, que a todas luces se aprecian en las líneas de sus publicaciones”, dice la carta firmada por Vélez Macuil.

“Se aprovecha de la libertad con la que usted cuenta ahora y que en años anteriores no se atrevió a señalar abiertamente. El gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta respetará la libertad de expresión y aceptará la crítica constructiva, pero no pasará por alto afirmaciones que carezcan de fundamento como es su caso”, agrega.

Para dar otro ejemplo se reproduce otra carta que fue enviada por uno de los hombres cercanos a Barbosa Huerta, el exdiputado local Eric Cotoñeto Carmona.

“…debo de decirle”, advierte el escrito, “que le pido una sola prueba de todo lo que ha dicho en mi contra, porque estoy listo para empezar a publicar de usted lo que todos conocen sobre el dinero que recibe para difamar a las personas; sobre su inclinación en favor del partido Acción Nacional y del Grupo de derecha llamado El Yunque”.

“…Sobre las reuniones que usted celebra para instigar a otros en contra de Morena”, agrega, “así como sobre el papel que ha jugado usted en la manipulación de la información de la vida pública y política de Puebla. También debo decirle que pronto presentaré una demanda civil en su contra, porque a gente de su calaña ya hay que ponerlos en su lugar”.

Además, se hace referencia a las supuestas conversaciones de WhatsApp que fueron publicadas el pasado lunes 23 en el periódico Diario Cambio entre el periodista Rodolfo Ruiz y el director de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez Castillo; supuestamente para fraguar “un complot” en contra de Vélez Macuil para que fuera destituida del área de Comunicación Social.

Artículo 19 detalla que, a decir de Ruiz Rodríguez, esto constituye una campaña de desprestigio en contra de e-consulta y de su persona, pues niega haber tenido esa conversación, y que más bien la publicación de la conversación de WhatsApp se trató de un armado de imágenes falsas y trucadas.

La organización refiere que las expresiones citadas en las cartas son riesgosas en el contexto de violencia generalizada que existe en México contra las y los periodistas.

“En este sentido, los funcionarios del Estado tienen el deber de garantizar la libertad de expresión, por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra ciertos periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico”, expone.

Artículo 19 indica que esto no significa que las funcionarias y funcionarios públicos dejen de ejercer su derecho de réplica, pero cuando en sus respuestas oficiales se incurre en descalificación y estigmatización, añade, no se abona a una relación democrática con los medios de comunicación y, por el contrario, se nutre la hostilidad contra la labor periodística, que ya en México se encuentra bajo asedio.

“ARTICLE 19 exhorta al gobernador Miguel Barbosa, a la coordinadora de Comunicación Social, así como a cualquier servidor público del gobierno de Puebla, atender estos criterios y estándares internacionales, debiendo conducir su actuar en ese sentido, respecto al medio e-consulta, así como a cualquier periodista o medio que sea crítico respecto al actuar gubernamental”, reclama la organización.

Y pide al mandatario no desvirtuar el ejercicio de réplica cuyo objetivo debe ser el robustecimiento de la libertad de expresión y la pluralidad, “no así una herramienta para desacreditar o descalificar expresiones críticas o no favorables”.

Contra e-consulta, campaña de desprestigio y ataques: Article 19

Funcionarios del Estado tienen el deber de garantizar la libertad de expresión, señala la organización de derechos humanos

El portal de noticias e-consulta de Puebla y su director Rodolfo Ruíz Rodríguez, fueron víctimas en las últimas semanas de bloqueos informativos, descalificaciones y amenazas de acciones legales por parte del gobierno estatal. De igual forma, desconocidos borraron información periodística que presuntamente comprometía al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Así se establece en una Nota de Alerta que publica el portal de ARTICLE 19, organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión.

La Nota de Alerta se reproduce a continuación:

“El 4 de septiembre de 2019, el medio e-consulta sufrió un acceso y control no autorizado en su cuenta en Twitter y en su servicio de alojamiento web. Como consecuencia, fue eliminado un video en donde se daba cuenta de una transmisión en vivo en la cual se observa al gobernador Barbosa ordenando presuntamente el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital. El 5 de septiembre, quien o quienes accedieron de manera ilícita al portal del medio, también borraron una nota que describía el contenido del video.

Cabe señalar que este acceso ilícito y control no autorizado fue realizado por alguien con interés de restringir el flujo de información relacionada con la declaración de Barbosa. Asimismo, esta agresión se realizó a través de una herramienta de cifrado que permite hacer anónima la localización e imposibilita conocer quién y dónde se llevó a cabo.

De igual forma, el medio de comunicación y algunos de sus reporteros, han sido víctimas de bloqueos informativos y descalificaciones por parte del gobernador de Puebla.

El pasado 6 de agosto, en una conferencia de prensa, a pregunta expresa de Patricia Méndez, reportera del medio e-consulta, respecto a un acuerdo de Cabildo del municipio de Puebla para anular la concesión del agua, el gobernador Barbosa le contestó: “no me quieras amarrar navajas, porque todos los días me las quiere amarrar e-consulta pero yo no me dejo”.

Lo anterior también se mostró cuando el ahora gobernador de Puebla, era candidato a la gubernatura.  Fue así que el 22 de mayo de este año, durante una gira en el municipio de Huixcolotla, el entonces candidato del partido Morena, calificó de “panista” al reportero de e-consulta, Héctor Llorame, cuando éste le preguntó sobre una amonestación pública que en aquel entonces le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por presuntos actos anticipados de campaña.

De igual forma, el periodista refirió a ARTICLE 19 que, a partir del 27 de marzo de 2019, Miguel Barbosa, dejó de enviar los artículos que él mismo escribía desde que era Senador de la República y a lo cual fue invitado por el mismo medio. Sin embargo, esto se relaciona con el hecho de que algunos miembros de su gabinete actual, quienes también publicaban artículos en el portal, desde tiempo antes de que fueran parte de dicho gabinete, también dejaron de hacerlo por presuntas presiones de la coordinadora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil.

Por otra parte, el director general de e-consulta, Rodolfo Ruíz Rodríguez, también ha recibido cartas aclaratorias a partir de publicaciones que él realiza, con pretensiones y formato de réplica, pero cuyo contenido se traduce en descalificaciones e intimidación.

Una de estas cartas, proporcionadas a ARTICLE 19, proviene de Verónica Vélez Macuil, coordinadora de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno de Puebla, fechada el 3 de septiembre de 2019, en la cual la servidora pública realiza aseveraciones tales como que las publicaciones del periodista:

“Están impregnadas de insidia. Es claro su interés de intentar desestabilizar al pretender, en reiteradas ocasiones, descalificar toda acción de este gobierno de inicia, acciones que realizó de manera insistente desde el tiempo de la campaña en este 2019, con el objetivo, tal vez, de querer justificar su columna como un espacio con credibilidad e independencia”. Sus columnas son maliciosas e incluso llenas de intriga, producto de las filtraciones mal intencionada, que a todas luces se aprecian en las líneas de sus publicaciones. Se aprovecha de la libertad con la que usted cuenta ahora y que en años anteriores no se atrevió a señalar abiertamente. El gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta respetará la libertad de expresión y aceptará la crítica constructiva, pero no pasará por alto afirmaciones que carezcan de fundamento como es su caso."

En este sentido, Ruiz Rodríguez también recibió una carta, a manera de réplica, suscrita por Eric Cotoñeto Carmona, ex diputado estatal y una figura política en el estado de Puebla, fechada el 12 de septiembre de 2019, en donde manifestó al periodista:

“Usted se dirige a mi persona sin respeto violando la consideración que alguien que se dice periodista debe de tener en la redacción de sus artículos, permanentemente confabula y miente; debo de decirle que le pido una sola prueba de todo lo que ha dicho en mi contra, porque estoy listo para empezar a publicar de usted lo que todos conocen sobre el dinero que recibe para difamar a las personas; sobre su inclinación en favor del partido Acción Nacional y del Grupo de derecha llamado El Yunque; sobre las reuniones que usted celebra para instigar a otros en contra de Morena, así como sobre el papel que ha jugado usted en la manipulación de la información de la vida pública y política de Puebla. También debo decirle que pronto presentaré una demanda civil en su contra, porque a gente de su calaña ya hay que ponerlos en su lugar”.

En otro evento, el pasado lunes 23 de septiembre, se publicaron unas supuestas conversaciones en la aplicación WhatsApp, entre el periodista Rodolfo Ruiz y el director de Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez Castillo; en donde presuntamente se encuentran fraguando “un complot” en contra de Verónica Vélez Macuil, que como se ha referido, es titular del área de Comunicación Social del gobierno de Puebla, para dejarla fuera de ese cargo.

Lo cual, a decir de Ruiz Rodríguez, constituye una campaña de desprestigio en contra de e-consulta y de su persona. Al respecto, el periodista mencionó:

“Por lo que a mí concierne ratifico que nunca he tenido una conversación en persona o vía WhatsApp con el director de Puebla Comunicaciones para dañar a la coordinadora de Comunicación Social del gobernador Barbosa y que las capturas de pantalla que hoy se publicaron son una mentira, a partir del armado de imágenes falsas y trucadas, de una conversación que jamás he sostenido con Pedro Gómez sobre este punto en particular.”

Al respecto, es importante recordar la posición y el papel que deben desempeñar los servidores públicos como garantes de derechos humanos. Expresiones como las citadas líneas arriba, son particularmente riesgosas en el contexto de violencia generalizada que existe en México contra las y los periodistas. En este sentido, los funcionarios del Estado, tienen el deber de garantizar la libertad de expresión por lo que sus declaraciones públicas dirigidas contra ciertos periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico.

Lo anterior no implica que las funcionarias y funcionarios públicos o personas con proyección pública se abstengan de participar en el debate sobre temas de interés público; ni mucho menos que se inhiban de ejercer su derecho de réplica. Al contrario, necesitamos que desde el poder público se nutra dicho debate, aportando datos e información que ayuden a robustecer el derecho a saber de las personas.

Sin embargo, cuando en esas respuestas oficiales se incurre en descalificación y estigmatización, no se construye una relación democrática con los medios de comunicación y se nutre un clima de hostilidad contra la labor periodística, que en nuestro país se encuentra bajo asedio. Su participación no debe consistir en descalificar ni estigmatizar a los medios de comunicación que emiten opiniones críticas o informaciones que no resulten favorables a las y los gobernantes.

Asimismo, ARTICLE 19 reitera la importancia de observar y cumplir con el sistema dual de protección a la libertad de expresión, el cual consiste en que las personas con proyección pública, así como servidores públicos, se encuentran expuestos a un mayor escrutinio respecto a sus actividades y manifestaciones relacionadas con su naturaleza pública, por lo que los límites de crítica hacia este tipo de personas son más amplios. Así, quienes detentan el poder público, deben tener mayor tolerancia a expresiones que incluso resulten chocantes, precisamente por quedar sujetos al escrutinio social, y no esperar solamente discursos favorables, ya que la apuesta democrática es por una pluralidad informativa y no por expresiones unánimes que sean bien recibidas por los gobiernos.

Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió una resolución en donde “urge a líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades abstenerse de denigrar, intimidar o amenazar» [1] a medios de comunicación y periodistas. La Resolución clarifica que estos ataques no son sólo retóricos, sino que exponen a los periodistas a riesgos más grandes [2]

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dicho que los agentes estatales podrían ser responsables por los ataques sufridos por periodistas a manos de particulares, si con sus declaraciones en contextos de tensión social contribuyen a aumentar el riesgo de que tales ataques ocurran. En este sentido se debe cuidar que ciertos discursos “puedan ser interpretados por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de los periodistas» [3]

La Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la CIDH también ha encontrado que las declaraciones de altos funcionarios públicos contra medios de comunicación y periodistas “por razón de su línea editorial” pueden -en contextos de polarización política- conducir a aumentar el riesgo de la actividad del periodismo [4]. De igual modo los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que las campañas de desacreditación son una de las formas de violencia institucional ejercidas por funcionarios públicos [5].

Por lo anterior, ARTICLE 19 exhorta al gobernador Miguel Barbosa, a la coordinadora de Comunicación Social, así como a cualquier servidor público del gobierno de Puebla, atender estos criterios y estándares internacionales, debiendo conducir su actuar en ese sentido, respecto al medio e-consulta, así como a cualquier periodista o medio que sea crítico respecto al actuar gubernamental, y velar porque todas las expresiones confluyan en el espacio público, sin denostaciones o estigmatizaciones que pongan en mayor riesgo a quienes ejercen la libertad de expresión en un contexto de por sí adverso que existe en México, y no desvirtúen el ejercicio de réplica cuyo objetivo debe ser el robustecimiento de la libertad de expresión y la pluralidad, no así una herramienta para desacreditar o descalificar expresiones críticas o no favorables.”

[1] Human Right Council, Resolution 36/9, September 27th, 2018, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/296/43/PDF/G1829643.pdf?OpenElement

[2]Article 19, UN resolution condemns political leaders’ denigration of journalists and calls for action to prevent attacks https://www.article19.org/resources/un-resolution-condemns-political-leaders-denigration-of-journalists-and-calls-for-action-to-prevent-attacks/

[3] Corte idh. Caso Ríos y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194. párr. 143; Corte idh. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. párr. 155.

[4] Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión, Organización de Estados Americanos, Marco Jurídico Interamericano de Libertad de Expresión, 2009. http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html

[5] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Informe Especial Sobre la Situación de Libertad de Expresión en México, 19 de junio de 2018. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2018_06_18%20CIDH-UN_FINAL_MX_report_SPA.PDF

Proceso
e-consulta
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Viernes 27 septiembre 2019.


Los transportistas se comprometieron a invertir en dispositivos de seguridad como cámaras, botones de alerta y localizadores satelitales


Por complicaciones en la agenda del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, fue pospuesto el anuncio oficial del incremento a la tarifa del transporte público, aunque el acuerdo con los transportistas ya fue firmado este sábado y el pasaje quedará en 8.50 pesos.

Los transportistas se comprometieron a invertir en dispositivos de seguridad como cámaras, botones de alerta y localizadores satelitales, así como en la renovación de los vehículos a fin de que sean menos contaminantes.

La tarifa actual es de seis pesos, por lo que el incremento de 2.50 pesos representa un aumento del 41.6 por ciento. El acuerdo fue denominado “Para la mejora y dignificación del transporte”, y entrará en vigor 5 días después de que este sea publicado en el Periódico Oficial del Estado

Logran acuerdo

Fue el 29 de agosto –hace casi un mes– cuando Barbosa Huerta indicó que sería después del 16 de septiembre cuando se daría a conocer el porcentaje de aumento que se aplicaría al pasaje, pero la emisión de la información ha sido pospuesta.

Tras ese anunció, los concesionarios y el mandatario han sostenido por lo menos dos reuniones para acordar una cifra y una serie de compromisos por parte de los primeros, como revisar los perfiles de los conductores y colocar botones de alerta, así como localizadores satelitales.

El sábado, la Coordinación de Comunicación Social de la administración estatal giró una invitación para dar a conocer el incremento el domingo, pero por la mañana de este día canceló el evento.

En entrevista vía telefónica, Jorge Gómez Gil, vocero de la Unión de Transportistas de Puebla, indicó que los concesionarios y el gobierno del estado ya lograron un acuerdo por lo que el documento ya fue firmado, pero el anuncio se canceló por cuestiones de agenda del mandatario.

Estimó que será este lunes o quizá el miércoles cuando el anuncio se realice. “No se trata de ningún rompimiento, ya estamos de acuerdo todos, ya firmamos el acuerdo”.

El vocero evitó fijar una cifra pues insistió en que el anuncio correrá a cargo del gobernador, no obstante, grupos de concesionarios confirmaron que este será de 2.5 pesos, como se acordó en una reunión realizada el pasado dos de septiembre, según informó e-consulta.

La última modificación al aumento en la tarifa fue en diciembre de 2010, cuando los entonces gobernadores constitucional y electo Mario Marín y Rafael Moreno Valle, pactaron incrementar de cinco a seis pesos la tarifa para los microbuses y cincuenta centavos para las vans.

e-consulta
Puebla, México
Domingo 22 de septiembre 2019.


Mario Patrón Sánchez

La llegada del morenista Luis Miguel Barbosa Huerta a la gubernatura de Puebla pone fin a un periodo conflictivo, y abre la posibilidad de que el primer gobierno que se autodenomina progresista en la entidad, encabece un proceso de democratización e impulse políticas públicas para combatir los rezagos sociales, la marginación y la profunda desigualdad que ubican a Puebla como el cuarto estado más pobre del país, sólo por debajo de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Las controvertidas elecciones de 2018, así como el largo y difícil proceso poselectoral y, más tarde, el fallecimiento de Martha Erika Alonso y de su esposo el senador Rafael Moreno Valle, sólo 10 días después de que ella asumiera la gubernatura, generó un clima de incertidumbre y polarización en Puebla. El escenario, de suyo complicado, se ha tornado aún más complejo en los últimos meses debido al incremento de la inseguridad y de la violencia vinculadas con la presencia del crimen organizado en el territorio estatal, así como con la afectación de la actividad económica por distintos factores tanto internos como externos.

En ese contexto Barbosa Huerta asumió, el pasado 1 de agosto, la titularidad del Ejecutivo y ofreció un gobierno democrático, respetuoso de la división de poderes y de los derechos fundamentales, a través del cual –dijo– buscará la reconciliación de los poblanos. En el acto también anunció que se auditarán las gestiones del finado Rafael Moreno Valle Rosas, así como de Antonio Gali Fayad y del interino, Guillermo Pacheco Pulido, al revelar que la deuda pública estatal asciende a 40 mil millones de pesos y que existen sospechas de corrupción en obras y proyectos.

En esta coyuntura, la Universidad Iberoamericana Puebla presenta la Agenda institucional: de la reflexión a la acción, que hace una “radiografía” de la entidad y señala los principales problemas existentes, así como, en consecuencia, los retos que enfrenta el nuevo gobierno emanado de Morena. El documento, elaborado por académicos de la institución, plantea propuestas puntuales para hacer frente a cada una de las problemáticas abordadas, entre las que se encuentran: pobreza y desigualdad; política económica y economía social; democracia; violencia e inseguridad; medio ambiente; combate a la corrupción; educación; envejecimiento poblacional; derechos humanos; género e igualdad; migración; derecho a la información y cultura.

Este ejercicio académico se concreta en este momento de cambio de gobierno porque busca ser un insumo para los tomadores de decisiones y sobre todo porque quiere ser un acto de congruencia con la identidad de la Ibero Puebla como una universidad comprometida con la realidad, que dirige los esfuerzos de su labor educativa para construir diagnósticos y propuestas que ayuden a construir condiciones de vida más justas y dignas para las y los ciudadanos.

La universidad, agente de cambio social

La Ibero Puebla, como universidad confiada a la Compañía de Jesús, no puede estar al margen del contexto en el que está inserta; por el contrario, abreva de éste que, al mismo tiempo, la condiciona y la desafía a ser partícipe de los procesos que tienen lugar en la historia concreta.

Coincidimos con Ignacio Ellacuría SJ, quien sostenía que la universidad debe ser una institución que “entre decididamente en el interior de los procesos históricos de transformación” (Sols Lucía, 2016), aportando “elementos para entender la realidad y para transformarla” desde un modo de ser universitario (2016), es decir, a partir de un análisis científico riguroso y de la generación y contraste de ideas encaminadas a cambiar las situaciones y las estructuras que impiden que las personas vivan libre y dignamente.

La Agenda que ofrecemos es un aporte de nuestra comunidad universitaria al proceso de reconstrucción social y cambio político que Puebla tiene la oportunidad de llevar a cabo en los próximos años. Estamos convencidos que la transformación profunda que el estado requiere es responsabilidad de todos: actores políticos, sociales y privados y no sólo del gobierno en turno. El documento, entonces, pretende poner algunos ejes temáticos en la arena pública para discutirlos y que sirvan como insumos para la generación de políticas y proyectos para resolver las problemáticas existentes. Al presentarlo, además, ofrecemos nuestra abierta disposición para profundizar, deliberar y, a partir de ello, construir soluciones a problemáticas y procesos de enorme complejidad.

Deseamos colaborar en la búsqueda de soluciones porque estamos convencidos de que éstas requieren de dos ingredientes fundamentales: a) instituciones públicas sólidas que, bajo estándares de transparencia y rendición de cuentas, genuinamente dirijan su quehacer hacia la mejoría de las condiciones de vida de las personas y b) participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas y programas (Ibero Puebla, 2019).

Así, nos asumimos como ciudadanos dispuestos a participar activamente en los procesos históricos que vivimos, en plena consonancia con lo planteado por el General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa SJ: “Las instituciones bajo nuestra responsabilidad tienen conciencia de su papel ciudadano en los temas que afectan a la sociedad y no queremos para nada estar ausentes de esas discusiones, sino aportar como ciudadanos en una actitud de diálogo respetuoso y abierto. Nuestra comprensión de la realidad y nuestras propuestas para mejorarla deben ser parte de ese diálogo con la sociedad” (2018).

Puebla: rezagos y contrastes

La Puebla que Luis Miguel Barbosa gobernará los próximos años se caracteriza por enormes contrastes: por un lado, su capital es una metrópoli moderna que concentra costosos desarrollos inmobiliarios y atractivos turísticos, aunque con severos problemas urbanos y ambientales y, por otro, hay numerosos cinturones de miseria y regiones rurales al interior de la entidad que presentan grados de marginación significativos, carencia de servicios básicos y de acceso a salud, educación y vivienda.

La pobreza alcanza al 65% de la población estatal, pero se incrementa al 87% cuando se considera a la población con vulnerabilidad por ingresos o carencias (Coneval, 2016). Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en desigualdad (Coneval, 2014). Asimismo, la entidad, como el resto del país, enfrenta el reto de una población que envejece y que demandará nuevos servicios y equipamiento urbano adecuado para enfrentar este fenómeno.

El acceso a derechos fundamentales como la educación se complejiza debido a la dispersión poblacional y a la desigualdad prevaleciente. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 8.5, por debajo de la media nacional, que es de 9.2 grados. De igual modo, 8.3% de poblanos de más de 15 años son analfabetas y un 18% de jóvenes entre 15 y 29 años carecen de empleo y no están matriculados en ninguna institución educativa. Al tema del acceso hay que añadir el de la calidad de la educación que se imparte y el hecho de que la falta de continuidad en las políticas educativas ha impedido avances significativos en este rubro.

Por otra parte, la actividad económica estatal se ha visto afectada por la incertidumbre y la inestabilidad, y presenta problemas similares a los de otras regiones del país: dependencia de la inversión extranjera directa; economía informal y pocos apoyos para micros, pequeñas y medianas empresas locales.

La inseguridad y el aumento de la violencia también han afectado tanto la actividad empresarial como a la población en general, a tal grado que 8 de cada 10 personas se sienten inseguras en la entidad y el 66.7% la considera como el problema más importante (Inegi, 2018). En el primer cuatrimestre del año Puebla se colocó en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva con 25 mil 446 presuntos delitos; en la cuarta posición en feminicidios con 18 (SESNSP, 2019) y en primer lugar en linchamientos tentativos y consumados (CNDH, 2019).

A esa situación se añaden los saldos del autoritarismo prevaleciente durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, que debilitó la división de poderes, colonizó a los órganos constitucionales autónomos, violentó derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y persiguió a críticos y opositores. El saldo: en la última medición del Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-Mex, 2018) Puebla ocupa el lugar 27 de 32.

Riesgos y oportunidades

Como advierte esta sintética “radiografía” del estado, la complejidad de los problemas impone retos enormes al nuevo gobierno, pero también a toda la sociedad. Todo cambio político representa riesgos y oportunidades. Las condiciones de la realidad, pero también las dificultades institucionales que hereda este nuevo gobierno son de gran envergadura; en los últimos años el estado entró en una escalada de complejización que hoy compromete para las y los poblanos asuntos tan elementales como el ejercicio básico de derechos.

Ante ello, el gobierno de Barbosa Huerta podría significar un cambio real que, en los términos de la narrativa de la 4T, equivaldría a un cambio de régimen; sin embargo, no se debe soslayar que igual podría significar sólo una alternancia en el poder que se traduzca en un cambio de gobernantes y de colores de partido, pero no en un proyecto político, económico y social que ponga a las personas en el centro de su plan de gobierno y transforme para bien su realidad.

La experiencia a nivel nacional, después de ocho meses de gobierno de AMLO, aún no despeja dudas. Debemos decir que han existido luces y sombras; la experiencia de estos meses podría condensarse en una expresión: lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer.

Hoy por hoy, el mensaje más poderoso en el arranque del gobierno de Miguel Barbosa fue el apoyo del gobierno federal en su toma de posesión. No es un dato menor; Morena ya gobierna buena parte del centro y sur del país, donde además tiene mayoría legislativa. Sin embargo, el optimismo que despierta el enorme impulso que ello podría dar al nuevo gobierno en beneficio de los poblanos, queda ensombrecido a la vista de expresiones recientes como la Ley Garrido (Baja California) y la Ley Garrote (Tabasco) que dan cuenta del riesgo de que esa enorme cuota de poder se traduzca en retrocesos en agendas y derechos ganados por la sociedad mexicana, lo cual sería devastador en términos de calidad democrática.

La Ibero Puebla quiere contribuir con su Agenda para conjurar esas amenazas. Apostamos por un tiempo de transformación para Puebla y confiamos que el nuevo gobierno será fiel a su palabra y construirá una agenda progresista comprometida con el combate a la pobreza y la desigualdad, así como con el fortalecimiento del estado democrático de derecho.

Ibero Puebla. (2019, agosto). Agenda institucional de la reflexión a la acción. Ibero Puebla.

Sols Lucía, J. (2016, diciembre). “El pensamiento de Ignacio Ellacuría acerca de la función social de la universidad”. ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura, 192-782, 1-11.

Sosa SJ, A. (2018, julio 18). La Educación Jesuita Hoy, Encuentro del P. General, Arturo Sosa S.J. con educadores. Recuperado de https://bit. ly/2Ky7Bqj

*El autor es rector de la Universidad Iberoamericana-Puebla

Proceso
Ciudad de México
Domingo 18 de agosto de 2019.


Barbosa dice que entiende las causas de los linchamientos, pero advierte que no permitirá que se repitan


El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que entiende los linchamientos en la región de Tepexco-Cohuecan como la reacción de un pueblo abandonado por las instituciones ante un acto delictivo, pero aclaró que no permitirá que se repitan actos de justicia por propia mano.

El mandatario estatal y buena parte de su gabinete acudieron esta mañana a la cabecera municipal de Tepexco y luego a Cohuecan, para firmar con las autoridades comunales un acuerdo para la preservación del Estado de Derecho y la activación de programas sociales, comenzando por el sector rural.

“El uso de la justicia por mano propia es una reacción, pero no es legal, y lo deben ustedes de entender y lo deben ustedes de aceptar. No puede ser así y si fuera así, en ese caso no existiera un régimen institucional y no hubiera órdenes de gobierno” expresó en su discurso ante pobladores de Tepexco, el titular del Poder Ejecutivo local.

En ese marco, Barbosa Huerta dejó claro que se fortalecerá la seguridad pública en toda la región y manifestó su apoyo a la administración de la presidenta municipal, Aniceta Peña Aguilar.

A nombre de los pobladores habló Leopoldo Pérez Fuentes, productor de sorgo, cuyo hijo es la víctima del secuestro frustrado que desató los linchamientos de siete varones el miércoles pasado.

El próspero agricultor, agradeció la intervención de sus vecinos y las autoridades para liberar a su vástago, quien también estuvo en el acto y saludó al gobernador.

La edil anfitriona, Aniceta Peña Aguilar, manifestó el cúmulo de carencias que padece Tepexco por el abandono oficial, enfatizando que desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 permanecen en ruinas sus templos y los estudiantes de la primaria tienen que acudir a clases en aulas móviles.

Agregó “a los habitantes y a la opinión pública les digo que Tepexco no va a vivir con miedo, pero tampoco con odio”.

Las demandas de apoyo a Barbosa en Tepexco y Cohuecan fueron muy coincidentes, e incluso hablaron los párrocos de ambos sitios, quienes le pidieron al gobernador que gestione la reconstrucción de los inmuebles religiosos afectados por el temblor.

El gobernador adelantó que mañana tendrá un encuentro con el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para abordar el tema de la reconstrucción.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Domingo 11 de agosto de 2019.


Con una serie de compromisos en materia social y política encaminados a devolverle a Puebla dignidad, crecimiento y seguridad, Miguel Barbosa Huerta rindió protesta como gobernador de Puebla, ante el Congreso del Estado, para el periodo 2019-2024.

El nuevo mandatario subrayó algunos ejes principales por los que se moverá su administración, como el hecho de que “nunca más se usará el poder político para la venganza, el espionaje o la infamia”.

Sin dar nombres, Barbosa precisó que su gobierno tendrá el cuidado de evitar la “3F”; Frivolidad, Fatuidad y Fantochería, estigmas aceptados con beneplácito por las gobierno derivados del PAN en las últimos administraciones.     

Ante los representantes del Poder Legislativo y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el nuevo gobernante adelantó su intención de trabajar sobre una serie de iniciativas que permitan una reforma constitucional con la aprobación de los poderes Judicial y Legislativo, pero sobre todo con el visto bueno social.

Barbosa Huerta comentó que, pese a las potencialidades sociales y económicas de Puebla, es ahora el quinto estado con mayor pobreza en el país. El estancamiento económico de la entidad y el bajísimo nivel operativo están relacionados con el uso faccioso y a la corrupción fomentada y usufructuada desde el poder Ejecutivo en las administraciones recientes.

Barbosa Huerta fue enfático al señalar que su gobierno no sólo rechaza, sin que auditará e investigará a los gobiernos que permitieron la corrupción y los “moches” como modelo de negocios o para procurar el enriquecimiento personal.

Desaparecer Ciudad Modelo y liberar a presos políticos: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció la liberación de presos políticos, la desaparición inmediata del OPD “Ciudad Modelo” y la designación de mandos policiacos en los municipios para combatir la delincuencia.
En su primer mensaje como mandatario constitucional, indicó que el viernes remitirá al Congreso del estado el decreto con el cual extinguirá el Organismo Público Descentralizado (OPD) creado por el exgobernador Rafael Moreno Valle.

Con esto aseguró que se devolverán las facultades que fueron arrebatadas a los ayuntamientos de Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Nopalucan, Mazapiltepec, Nopalucan y Soltepec.

El control de servicios públicos, el cobro de derechos y la expedición de licencias son algunas de las atribuciones que recuperarán los municipios.

Con esto se pondrá fin a la entidad paraestatal conformada en la zona donde se instaló la planta armadora Audi y que los ayuntamientos de Soltepec y Nopalucan buscaron sin éxito desaparecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El decreto para eliminar Ciudad Modelo deberá ser puesto a votación de los 41 diputados locales en una sesión extraordinaria la próxima semana o la siguiente.

Mandos en municipios

En otro tema, Barbosa Huerta anunció que nombrará mandos policiacos en los municipios con aval de los ayuntamientos.

Sostuvo que propondrá a personajes “honrados, no vinculados con el crimen y con experiencia” para combatir la inseguridad.

Sin precisar si estas personas ocuparán la titularidad de las secretarías de Seguridad Pública en los municipios o serán mandos superiores, precisó que su nombramiento será mediante un acuerdo con los alcaldes.

“Iré a los municipios para promover convenios de colaboración del tema de inseguridad. Si no tomamos acciones firmes contra la inseguridad, todos nos vamos a arrepentir”, advirtió.

El mandatario asumió la responsabilidad de la seguridad y aseguró que no delegará culpas, pues señaló que quien lo hace debe aceptar “que no puede”.

“Nosotros vamos a enfrentar al crimen, a la delincuencia. A asumir de manera muy clara, con estrategia y desde un plan de seguridad. Le vamos a devolver a los poblanos la paz y la seguridad”, afirmó.

Anunció la adquisición de mil nuevas patrullas, aseguró que aumentará el número de policías, además de que serán dotados de equipo y capacitados.

Libertad a presos

En otro tema, Barbosa Huerta anunció que ejercerá la facultad de indulto para liberar a los llamados “presos políticos”, principalmente los que están encarcelados por delitos del fuero común.

Dijo que pedirá los expedientes de cada uno para revisar su situación legal y la forma en que puedan recuperar su libertad.

“Vamos a pedir expedientes de las personas detenidas por fines políticos; personas que fueron encarceladas acusadas de delitos del fuero común, para que obtengan su libertad”, apuntó.

De acuerdo con organizaciones civiles, en el gobierno del panista Rafael Moreno Valle sumaron más de 300 presos políticos, entre exfuncionarios de gobiernos priístas, ambientalistas opositores a obras, así como críticos de la administración estatal.

Asume Miguel Barbosa como gobernador de Puebla

Tras rendir protesta en el Congreso del Estado como gobernador para el periodo 2019-2024, ofrecerá un mensaje desde el Auditorio Metropolitano

Miguel Barbosa Huerta rindió protesta como gobernador de Puebla, ante el Congreso del Estado, para el periodo 2019-2024.

Tras la ceremonia en el Congreso, donde escuchará posturas de diputados locales, Barbosa dirigirá un mensaje desde el Auditorio Metropolitano, acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acude con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de ese acto, en la explanada del auditorio se llevará a cabo una verbena popular y un ritual prehispánico, con representantes de pueblos originarios de la región que le entregarán el tradicional “Bastón de Mando”.

Entre los invitados a su toma de posesión, destacan la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky; Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En tanto, Fernando Manzanilla, quien se mantendrá como secretario General de Gobierno en la nueva administración, informó que en los primeros minutos de este jueves se realizó el cambio de Mando de Policía y Buen Gobierno, lo que dio por concluido el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.

Dijo que el relevo fue entre los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) saliente, Manuel Alonso, y el entrante Miguel Idelfonso Amezaga, ya que es la primera dependencia que debe asumir funciones. Señaló que otras secretarías hicieron lo mismo en las primeras horas de hoy.

La víspera, en su cuenta de Twitter, Miguel Barbosa presentó oficialmente a los 20 integrantes del gabinete que lo acompañarán desde este jueves hasta el 13 de diciembre de 2024.

Entre los perfiles que subió a su red social, están Heliodoro Luna Vite, en la Secretaría de Infraestructura; Jorge Humberto Uribe en Salud y Beatriz Manrique en Medio Ambiente, así como Fernando Manzanilla en la Secretaría General de Gobierno.

Miguel Barbosa asumirá el cargo luego de más de siete meses del accidente aéreo que en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tras las votaciones extraordinarias del pasado 2 de junio.

Puebl@Media
e-consulta /Notimex
Ciudad de Puebla, Mex.
Jueves 1 de agosto de 2019.


Al rendir protesta como gobernador constitucional de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que la deuda pública que hereda su administración asciende a 44 mil millones de pesos, al tiempo que anunció que hará auditorías a los gobiernos morenovallistas.

Aunque dijo que no opinará sobre actos de posible corrupción que se generaron en las pasadas administraciones hasta tener una evaluación de especialistas, Barbosa adelantó que habrá acciones para deslindar posibles actos de corrupción.

 “Decirles que habrá muchas acciones, en Puebla no todo lo que se debe, es. En Puebla se construyó y se puso en marcha una estrategia jurídica, legislativa, financiera y contable para llevar a cabo grandes inversiones, ocultarlas como deuda, ponerlas como obligaciones de pago, crear beneficios particulares rodeado de una enorme corrupción”, expresó.

Al señalar que existe entre los poblanos tienen una “preocupación muy auténtica” sobre el monto al que ascienda la deuda pública que se generó en los pasados gobiernos panistas y que se ha mantenido oculta, reveló que esta asciende a 44 mil millones de pesos.

Indicó que desde el arranque de su gobierno ha instruido a la Contraloría estatal para que inicie auditorías.

“Puebla reclama saber la verdad”, sostuvo.  “Por eso he instruido a la Contraloría del Estado para llevar a cabo auditorías a los gobiernos anteriores, vamos a conocer la verdad los poblanos, y si existen irregularidades que espero que no existan, se hará la aplicación de la ley, porque la reconciliación es la aplicación de la ley, no la evasión de la ley”.

En su discurso ante el Congreso local, formado por una mayoría legislativa de Morena, y en la presencia de la representante del gobierno federal, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador entrante se comprometió a combatir la inseguridad que aqueja a los poblados y que para ello enfrentará al crimen organizado y a la delincuencia.

“Quien piense que la inseguridad es un asunto de percepción, mejor que diga que no puede. Nosotros vamos a enfrentar al crimen, vamos a enfrentar a la delincuencia, vamos a asumir de manera muy clara, con estrategia y desde un plan estatal la solución al asunto de la inseguridad”, ofreció.

Anunció que su administración adquirirá mil nuevas patrullas, contratará más policías, adquirirá armamento, tecnología e invertirá en capacitación, además de firmar convenios con los Ayuntamientos para coordinar acciones y depurar los mandos policiacos.

En clara alusión a los gobiernos que lo antecedieron, en particular el de Rafael Moreno Valle, Barbosa aseguró que su gobierno establecerá una nueva relación con la sociedad que sea abierta a las propuestas y a la crítica. Además, que será respetuoso de la vida interna de los partidos, así como de los poderes legislativo y judicial.

Igual en referencia al morenovallismo, dijo que no se volverá a usar al Estado para la persecución política y en ese sentido, señaló que se liberará de cargos a los que aún persisten como presos políticos de las anteriores administraciones.

Anunció también que enviará una iniciativa al Congreso para proponer la desaparición del Órgano Público Descentralizado (OCD) Ciudad Modelo Audi que asumió facultades de cinco municipios donde se ubica la planta automotriz alemana.

Aseguró que con su gobierno arrancará la Cuarta Transformación en Puebla y que su inspiración es el “pensamiento” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de este acto solemne, el mandatario poblano dará otro mensaje en el Auditorio Metropolitano, donde en la víspera, trabajadores borraron todas las placas y logotipos que hacían alusión a los anteriores gobiernos panistas.

Después, tal como lo hizo el presidente López Obrador en su toma de protesta, participará en una verbena popular en la que, de la misma forma, chamanes indígenas le entregarán el bastón de mando.

Barbosa llega a la gubernatura al ganar las elecciones extraordinarias de este año, luego de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso cuando sólo tenía 10 días de haber iniciado su sexenio.

Alonso Hidalgo y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, murieron el 24 de diciembre al caer el helicóptero en el que viajaban de Puebla a la Ciudad de México.

Existe una investigación abierta sobre las causas de este percance en el que también murieron dos pilotos y el asistente de Moreno Valle.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mex.
Jueves 1 de agosto de 2019.

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