Veredicto, un ejemplo de que el Poder Judicial puede contribuir a la justicia: organizaciones

La sentencia de 19 años de cárcel contra dos militares por torturar sexual a la indígena Valentina Rosendo Cantú “es un ejemplo más de que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades de este país”, afirmó Jan Jarab, represente en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante la conferencia Histórica sentencia judicial contra militares por tortura sexual derivada de la Corte Interamericana.

“Siempre dije la verdad y aquí estoy”, dijo Valentina Rosendo Cantú, quien relató que su lucha comenzó hace 16 años, cuando fue agredida por un grupo de militares en la comunidad de Caxitepec, Guerrero.

El fallo sobre el caso fue emitido en primera instancia el pasado 1 de junio por el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Guerrero, luego de que en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó una sentencia contra el Estado Mexicano, en la cual ordenó que se castigara a los responsables de la agresión que sufrió Valentina Rosendo cuando tenía 17 años y se reparara el daño.

La indígena me’phaa recordó que cuando denunció las autoridades no le creyeron e incluso se burlaron de ella, por lo que tuvo que aprender español para saber lo que sucedía en su caso y lograr que se le hiciera justicia. “El gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso de que fui agredida por los militares”, señaló, y destacó que la sentencia ahora comprueba que ella nunca mintió.

“Los militares que agreden a las mujeres nunca se han castigado”, comentó, por eso considera que el fallo en su caso va a favorecer que haya justicia para ella y para otras personas que han sufrido.

Jarab afirmó que la sentencia de Valentina “es la primera en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la CoIDH”, lo que representa un avance importante para la justicia.

Enfatizó que el fallo “es un ejemplo más de que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades de este país” y agregó que se debe ver la tortura sexual como parte de un fenómeno amplio para que se implementen medidas preventivas.

“Fuerzas Armada ejercen una hegemonía violenta”. La directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, indicó que ante la tasa de impunidad de 98% que hay en el país, tener una sentencia condenatoria “parece un milagro”. Manifestó que el fallo es valioso porque le da peso al testimonio de la víctima y reconoce un contexto de abusos contra la sociedad civil, en especial con mujeres, “porque el Ejército ejerce una hegemonía masculina y violenta”.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que la sentencia sienta un precedente para otros casos, porque “incorpora elementos fundamentales, como considerar la violación sexual como tortura, además de otorgarle un fuerte valor probatorio a la declaración de Valentina”. Destacó que también muestra la inviabilidad de la Ley de Seguridad Interior.

Señaló que uno de los militares inculpados apeló la sentencia, por lo que es importante que ahora se vuelvan a poner sobre la mesa el conjunto de las pruebas sobre tortura.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que las víctimas han acudido ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la falta de justicia, y que incluso después de que se han emitido sentencias “la impunidad mexicana es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso”.

Al concluir el evento, Abel Barrera, director del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que ante esta histórica sentencia, “con Valentina resurge la esperanza de la justicia para las mujeres”.

El Universal
Mariluz Roldán
Ciudad de México
Martes 19  junio 2018.


Ciudad de México.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior por considerar que pone en grave riesgo el sistema de derechos humanos del país e invasiva sobre las facultades de las entidades y municipios.

Luego de entregar el escrito inicial ante la Oficialía de Partes de la Corte, el mandatario explicó que el gobierno de Chihuahua contraviene todos los artículos de la ley para lograr una declaratoria de inconstitucionalidad total de la misma.

Indicó que, además, el texto normativo arriesga innecesariamente a las fuerzas armadas al colocarlas en sustitución de las autoridades civiles.

"Lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras fuerzas armadas, esta ley las arriesga innecesariamente porque les desnaturaliza su función primordial, las sigue colocando en una función para la cual la constitución no les ha autorizado porque el modelo que el legislador escogió fue un modelo de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar y eso no le conviene ni a las fuerzas armadas", dijo.

"Nos parece a todas luces indebida y, diríamos, más allá de la constitución o en contra de la misma, la definición que se ha dado de seguridad interior, no solamente porque es una definición ambigua, sino porque permite por esa ambigüedad trastocar un conjunto de principios fundamentales en el país".

El pasado viernes, la SCJN a través de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite ocho impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior, promovidas por igual número de municipios.

Se trató de las controversias constitucionales promovidas por Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotitlán, Estado de México; Oxkutczab, Tepakan y Hoctun, Yucatán; así como Ahuacatlán y Tepeyahualco, Puebla.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 12 febrero de 2018.


Reitera la preocupación sobre el contenido de dicho dictamen, respecto a que contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó la noche de este sábado que se encuentra realizando un estudio para promover una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aprobada este viernes por el Congreso de la Unión y exhortó al Presidente Enrique Peña Nieto a que formule observaciones a esta legislación.

En un comunicado, el organismo rector de los derechos humanos en México recordó que el Ejecutivo tiene esta atribución que se detalla en el artículo 72 de la Constitución y consideró que la seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que dan sustento a las instituciones democráticas del país.

"Con independencia del estudio que realiza para la promoción de una acción de inconstitucionalidad respecto de la Ley de Seguridad Interior, la CNDH reitera que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral, que partiendo de una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe del conjunto de factores que generan las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos, todo lo cual pasa, necesariamente, por la revisión y fortalecimiento de nuestras policías y autoridades civiles", señaló.

El organismo indicó que ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Poder Legislativo Federal, la CNDH expresa qué si bien respeta tal determinación, a la vez reitera la preocupación que ha hecho pública porque el contenido de la Ley en cuestión contravenga o propicie que se vulneren los derechos humanos de las personas.

La CNDH manifestó que en el proceso de deliberación legislativa para la emisión de esta Ley hubiera sido un espacio de reflexión, en donde no sólo se escucharan planteamientos, sino que también se permitiera el debate libre, plural e informado de posturas y conocimientos sobre el tema, tal y como lo solicitaron expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil y organismos protectores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que el acuerdo y voluntad política que dio vida a la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos representó un "logro de dimensiones históricas" y que así fue reconocido por todas y todos los grupos y sectores políticos y sociales y por múltiples actores de la mayor relevancia afuera de nuestras fronteras.

En este sentido, la Comisión señaló que la aprobación de Ley de Seguridad Interior en los términos en que fue formulada, no sería acorde al sentido y contenido de la reforma de 2011, debido a que, afirmó "genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana".

El Universal
Ciudad de México
Domingo 17 diciembre 2017.


En su cuenta de Twitter @TaniaReneaum la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México posteó un mensaje en el que rechaza la aprobación de la ley

Ciudad de México. Amnistía Internacional México, aseguró que la Ley de Seguridad Interior, aprobado en la Cámara de Diputados es un “retroceso”.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México precisó que “hoy es un día de retroceso para los derechos humanos. Justificada en el marco de la seguridad nacional, esta ley se ha apresurado, y los diputados y diputadas han aprobado un dictamen a pesar de las opiniones de expertos y del rechazo que hemos manifestado las organizaciones de la sociedad civil, poniendo en peligro la vigencia de los derechos humanos en México, y mostrando poco interés de las autoridades por proteger a la ciudadanía”.

Reneaum indicó que esta aprobación es “preocupante” y añadió que “no podemos permitir que se normalice la participación de las fuerzas armadas en labores policiales, pues llevamos décadas documentando las violaciones de derechos humanos que prevalecen bajo el uso sostenido de las fuerzas armadas; al contrario, se tiene que pensar en un retiro progresivo a la par de una profesionalización de la policía”.

Expuso que es evidente que “al Estado mexicano no le interesa apostar por el desarrollo de mejores cuerpos policiales: capacitados, con salarios dignos, que puedan llevar a cabo adecuadamente las funciones de seguridad que corresponden a sus funciones y que sean llamados a cuentas en caso de violaciones de derechos humanos”.

Indicó que la ley de seguridad interior, tal como la ha aprobado la Cámara de Diputados, se traducirá en una “presencia permanente y sin transparencia de las de las fuerzas armadas en las calles de México”.

Por ello “desde Amnistía Internacional, urgimos al Senado a rechazar esta ley y comprometerse con la protección de los derechos humanos”.

La Jornada
Ciudad de México
Jueves 30 noviembre 2017.

 

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