Sin el pago de una liquidación como marca la Ley Federal del Trabajo, la empresa Concesiones Integrales SA de CV, que desde el año 2014 privatizó el servicio del agua, drenaje y saneamiento en la ciudad de Puebla, obligó a firmar su renuncia a mil 200 trabajadores, quienes fueron recontratados sin reconocer su antigüedad laboral por la compañía Consultora y Solución Urien RL de CV.

La información fue dada a conocer por el abogado Omar Jiménez Castro, quien dijo que este jueves vence el plazo para que la totalidad del personal firme se renuncia y a la vez su contratación con la nueva empresa que estaría a cargo del pago al personal.

En entrevista, con La Jornada de Oriente, informó que la contratación en la nueva empresa está en manos del abogado Daniel Guerra, representante de la consultora, quien los amenaza que si no firman serán despedidos.

Expuso que este cambio de razón social de Concesiones Integrales podría obedecer a una reciente reunión que tuvo con representantes de la transnacional Iberdrola, compañía de origen española con la que intercambió estrategias, puntos de vista y experiencias.

Jiménez Castro precisó que sólo el director General, Héctor Durán, y los gerentes de las diferentes áreas como Recursos Humanos, Cobranza, Comercial y Técnica, así como del Escuadrón Aqua continúan laborando para Concesiones Integrales.

En contraste, dijo que bajo engaños la Consultora obligó a los trabajadores a firmar su renuncia y nueva contratación, para dar salida a un mero trámite administrativo.

Sin embargo, denunció que en este traspaso de una empresa a otra se violentaron los derechos laborales, se dejó de pagar la liquidación y se firmó el nuevo contrato sin prestaciones ni se respetó la antigüedad laboral.

“La semana pasada empezaron a firmar su renuncia trabajadores de ciertas áreas que se encuentran en Plaza del Sol; la mayoría lo hizo de forma voluntaria pues les dijeron que solo era un trámite administrativo y que no perdería ningún derecho”, declaró.

Incluso, Omar Jiménez dijo que les prometieron que con la nueva empresa se comenzaría la capacitación del personal, además que habría incentivos económicos, rifas y hasta fiestas para mejorar su nivel salarial.

Para este lunes, el activista informó que los empleados de la concesionaria en el módulo de San Manuel comenzaron a firmar su renuncia y a sustituir el contrato con Consultora y Solución Urien RL de CV.

El responsable de la defensa legal de la Asamblea Social del Agua comentó que directivos de Concesiones Integrales obligó hace tiempo a la mayoría de los trabajadores a firmar hojas en blanco, bajo la promesa que sería para la contratación de un seguro de vida.

No obstante, refirió que los trabajadores han dicho que esto nunca ocurrió y que la firma podría ser utiliza en cualquier momento para iniciar procesos mercantiles y hasta penales en su contra, con tal de evitar pagarles lo que por ley les corresponde.

Al final, Omar Jiménez lamentó que este tipo de medidas se estén dando durante la crisis por la pandemia que afecta a Puebla de manera considerable.

“Es grave y vergonzoso que la empresa privatizadora del agua en Puebla recurra a este tipo de abusos, sin que la autoridad haya dicho nada”, acusó.

Por lo tanto, llamó a los trabajadores a presentar las denuncias correspondientes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y anunció que estaría dispuesto a defenderlos ante los tribunales.

La Jornada de Oriente
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 3 de agosto de 2020.


 “Terminarán los contratos de protección patronal”, afirma Gómez Urrutia tras aprobación en Senado de Convenio 98

Tras casi tres años de estar en la “congeladora”, el Senado aprobó por 78 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicatos y negociación colectiva, que implicará una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la eliminación de los “contratos de protección”, como los outsourcings.

El convenio aprobado este 20 de septiembre en el Senado provocó una posición unánime de los dirigentes sindicales como Carlos Aceves del Olmo, jerarca cetemista del PRI, y de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero que llegó vía Morena, así como un intenso cabildeo de la bancada del PAN que pedía suspender la votación.

En la sesión no estuvieron presentes los legisladores panistas, bajo el argumento de un “acuerdo mordaza” que tomó la Mesa Directiva, pero los senadores del PRI retornaron al pleno para votar a favor este histórico Convenio.

“Hubo un cabildeo muy fuerte, en especial del PAN para que se retrasara más la aprobación del convenio”, admitió Gómez Urrutia, en conferencia de prensa. “Por fortuna, las mayorías estaban de acuerdo para que se aprobara”, sentenció.

La ratificación de este acuerdo, adoptado en Ginebra desde el 1 de julio de 1949, implicará reformas a la Ley Federal del Trabajo y “termina con los contratos de protección patronal”. “Se tiene que revisar todo el sistema de contratación laboral, revisar las condiciones de seguridad y cambiar la política de salarios bajos en el país”, abundó Gómez Urrutia.

“Esto es algo positivo para el mundo laboral y será progresivo”, sentenció el líder minero y rechazó que esto afecte la competitividad porque “la competitividad de las empresas no puede basarse en el bajo salario”.

“Estamos rompiendo con un sistema corrupto de contratos de protección laboral”, indicó Gómez Urrutia, acompañado de Daniel Gutiérrez Castorena, quien presentó junto con el líder minero la propuesta de aprobar este convenio.

Sin embargo, en la discusión en tribuna, el cetemista Carlos Aceves del Olmo consideró que la ratificación del Convenio 98 “sin consulta a sectores” podría generar incertidumbre laboral. A pesar de eso, los senadores del PRI votaron a favor.

Patricia Mercado, senadora del Movimiento Ciudadano y ex secretaria del Trabajo capitalino, afirmó que no se puede combatir la desigualdad laboral si no se dignifica el trabajo, mientras que el senador independiente Emilio Alvarez Icaza afirmó que “ha llegado el tiempo de la libertad sindical”.

La ratificación del convenio estaba pendiente desde el 30 de noviembre de 2015, cuando el Ejecutivo federal envió al senado el acuerdo. Un intenso cabildeo de organismos empresariales y sindicales, así como del propio titular de la Secretaría del Trabajo de entonces, Alfonso Navarrete Prida, provocó que acabara en la “congeladora” legislativa.

Homozapping
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Jueves 20  septiembre 2018.


Procedentes de Puebla, Tlaxcala o Veracruz, jornaleros llegan a la estación San Lázaro en busca de una oportunidad laboral

Ciudad de México. -Pasan horas y hasta días esperando que alguien los contrate. Son albañiles, carpinteros, electricistas, yeseros que vienen de Veracruz, Puebla o Tlaxcala.

Se reúnen en las inmediaciones de la estación San Lázaro del Metro a esperar a que algún contratista se los lleve a trabajar, creando escenas similares a las que protagonizan indocumentados en Estados Unidos, quienes se reúnen en puntos específicos para que algún contratista los reclute.

Los de aquí, como los que brincan el muro, salen de sus pueblos porque allá los sueldos son aún más bajos que en la capital del país.

Aquí te pagan 200 pesos mínimo al día y allá en el rancho te quieren pagar 50, 70 pesos al día”, dijo David Olmos, albañil poblano.

Suelen ausentarse de sus casas y dejar a sus familias dos o tres meses.

Rentan cuartos o se quedan a dormir en las mismas obras donde consiguen trabajo. Envían lo poco que ganan vía depósitos en tiendas de conveniencia.

Aquí vienen de provincia, muchos no traen papeles y ahí tienen que llevar sus papeles y hay muchas transas, porque muchas veces llegan con ingenieros o contratistas que no les pagan”, dijo Felipe Islas, otro albañil.

Uno de los abusos más frecuentes es la “semana de fondo”, es decir, los condicionan a trabajar siete días por adelantado y al final no se las pagan.

A los trabajadores que ya pasan los 45 años les es más difícil conseguir empleo.

La situación está canija, no hay ni trabajo, no hay nada y, es más, nosotros, los ya viejos, ya estamos discriminados, ya no nos llevan a trabajar”, dijo Gabino de Jesús, albañil.

En la víspera de la conmemoración del Día del Trabajo, estos mexicanos no creen que ningún candidato de cualquier puesto de elección sea capaz de crear empleos y mejorar su situación.

Excélsior
Ciudad de México
Martes 1 de mayo de 2018.


En los campos agrícolas de Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua —los de mayor producción en México— prevalece un modelo de explotación y desigualdad que se ha fortalecido durante años. Un puñado de empresarios se ha valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio y ha obtenido subsidios gubernamentales para mejorar la producción, mientras que mantienen a sus jornaleros en condiciones indignas, inseguras y de explotación laboral

El País, en alianza con ICFJ y CONNECTAS, recorrió cinco estados donde encontró que los trabajadores que tienen contacto con plaguicidas no tienen ni la ropa adecuada para protegerse del daño de los químicos, los empresarios contratan a los jornaleros a través de “enganchadores” a fin de evadir cualquier responsabilidad en caso de accidentes o inconformidades laborales, los empleados de la tercera edad no cuentan con una pensión porque nunca estuvieron inscritos al seguro social y eso los condena a una vejez en la miseria, el sueldo es tan bajo –ente 6 y 10 dólares- que no les alcanza ni para adquirir una canasta básica y las mujeres sufren acoso sexual.

En estas entidades los grandes empresarios han acaparado los subsidios del principal programa de apoyo al campo, Proagro, antes conocido como Procampo. El subsidio gubernamental que surgió como un apoyo compensatorio para los pequeños productores ante la apertura mercantil del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, ha repartido a nivel nacional 58.702 millones de pesos (3.261 millones de dólares) en los últimos cinco años, pero no ha cumplido con el propósito de incrementar la productividad agrícola porque beneficia a quienes más tienen y deja fuera a los que realmente lo necesitan.

Fermín Murrieta tiene un pequeño terreno en Ajalpan, una localidad con carencias ubicada en el estado de Puebla, donde siembra cebolla. Alguna vez buscó un subsidio del Gobierno federal para incrementar su producción, pero nunca consiguió el apoyo. Su única alternativa fue emplearse en los campos agrícolas del norte del país como jornalero, donde se ha tenido que someter a extenuantes jornadas laborales y a bajos sueldos, sin contar con seguridad social.

Las condiciones laborales que contravienen las normas persisten en gran parte de los campos del país y las autoridades son tan laxas en la aplicación de la ley que las multas a las empresas son irrisorias. Entre 2006 y mediados de 2017, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizó 2.557 visitas de inspección a campos agrícolas en los 32 estados del país, donde encontró 55.807 irregularidades. La Secretaría impuso 58,3 millones de pesos en multas (unos 3,2 millones de dólares), pero las empresas sólo han pagado el 2,5% debido a que han recurrido a procedimientos legales para no liquidar las sanciones.

Una de las fallas más recurrentes en materia de seguridad e higiene es el manejo de plaguicidas y agroquímicos. Entre el 2013 y agosto de 2017 la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo realizó 333 operativos. Las autoridades encontraron 12.532 irregularidades entre las que destacan que a los jornaleros que manejan plaguicidas no se les practican exámenes médicos para monitorear su salud, no se les brinda equipo de protección personal y en algunos campos no hay ni siquiera agua y jabón para que se laven las manos.
Desigualdad
Una investigación académica del centro de análisis Fundar reveló que tan sólo durante el sexenio anterior (2006-2012) las grandes empresas (un 20% del padrón) recibieron el 60% de los subsidios, mientras que el restante 40% se repartió entre los pequeños y medianos productores que conformaron el 80% del padrón de los beneficiados por Sagarpa durante ese periodo.

Un ejemplo emblemático de las anomalías y la disparidad con la que se reparten los recursos ocurrió en Sonora (norte de México), donde el exsecretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani, benefició a sus empresas con unos 30 millones de pesos (1,6 millones de dólares) provenientes de diversos subsidios gubernamentales. El exservidor público fue consignado por el delito de ejercicio abusivo de funciones, informó en su momento la Fiscalía general (PGR).

Desde el 2016, tras los cambios en las reglas de operación, el programa es menos regresivo porque se logró acotar los apoyos a los grandes productores mediante topes por hectáreas, ha señalado Fundar. Sin embargo, aún falta incorporar en los padrones a los pequeños productores del centro y sur del país, los más desfavorecidos desde que se crearon estos subsidios.

Otro ejemplo de la desigualdad en el campo se haya en la concentración del agua en pocas manos, como en Sonora, donde los pequeños productores han tenido que vender sus tierras al quedarse sin concesiones de agua para sus cultivos. En Chihuahua los rarámuris han tenido que abandonar la sierra tarahumara y sus cultivos de autoconsumo ante la violencia que azota la región y han tenido que desplazarse a otras localidades para emplearse como jornaleros.

Impunidad

El 97,5% de las multas que ha impuesto la Secretaría del Trabajo y que aún están sin saldar es porque fueron revocadas, la sanción fue improcedente, hay un juicio en curso o la multa fue anulada por un tribunal.

Sinaloa es el estado donde más multas ha impuesto la STPS por un monto de 14,6 millones de pesos (poco más de 800.000 dólares), pero el 97,6% han sido anuladas por el Tribunal de Justicia Administrativa, mientras que el restante 2,4% “fueron enviadas para su cobro” desde 2009 y 2010, y aún no se han liquidado.

La mayor parte de las multas fueron anuladas por el Tribunal de Justicia Administrativa porque hubo una errónea valoración de pruebas por parte de la STPS, las inspecciones no contaban con firma, caducó el procedimiento administrativo, hubo una indebida fundamentación de la orden de inspección, no se tomaron en cuenta a tiempo las pruebas presentadas por la empresa o no se notificó a la compañía sobre el emplazamiento jurídico.

Explotación laboral

México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina y vende productos agroalimentarios a más de 150 países. Las ventas de estos alimentos en el extranjero alcanzaron en 2016 una cifra récord de casi 30 mil millones de dólares. Los cinco Estados donde se centra este reportaje contribuyeron en 2016 con el 35% del total del valor de la producción agrícola nacional. Pese a las jugosas ganancias, la mano de obra del campo nunca ve reflejados estos beneficios en mejores condiciones laborales.

La información presentada en este reportaje —que se desprende de una revisión hecha a las minutas de inspección levantadas por la STPS, a los reportes de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a las quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en las comisiones locales (documentos obtenidos tras diversas solicitudes de información)— busca exponer la realidad del campo mexicano a través de distintas problemáticas que prevalecen en los cinco estados más agrícolas del país.

Activistas y diversos informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que el gobierno mexicano ha fallado en garantizar condiciones dignas de empleo a los jornaleros agrícolas y los ha condenado a trabajar como “esclavos” con salarios tan bajos que apenas pueden subsistir. Margarita Nemecio, defensora de los trabajadores del campo, dice que esta situación no cambia porque nunca se castiga a las empresas que incumplen las leyes laborales.

“El gobierno los ha condenado a trabajar como esclavos, Los ha expulsado de sus tierras y los ha desplazado de manera forzada a los campos agrícolas del norte del país (…) En estos lugares no importa su nombre, su origen, sus condiciones físicas, mucho menos sus derechos y su dignidad, lo que importa es que rindan, que generen riqueza, que le asegure un futuro lleno de confort a los empresarios”, denuncia el informe Migrantes somos y en el camino andamos de Tlachinollan.

El País
Ciudad de México
Viernes 23 de febrero de 2018.


Iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral prevé no abordar el tema, dice senador; atenta contra los trabajadores: expertos


El outsourcing podría quedar fuera de la discusión de la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral, debido a que es “difícil que pueda transitar” este tema en la discusión, afirmó Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El senador dijo a EL UNIVERSAL que la subcontratación, conocida como outsourcing, podría quedar fuera del proyecto de legislación que aún se discute en la Cámara Alta; aseguró que esta iniciativa no busca perjudicar a los trabajadores, por lo que se han sostenido reuniones con sindicatos, abogados, empresarios y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para considerar a todos los sectores.

“Están muy avanzadas las negociaciones, mañana no están las condiciones para que se presente la iniciativa, se sigue platicando con los senadores miembros de la comisión y también con los sindicatos. Estamos tratando de llegar a acuerdos con empresarios, que es parte importante, con los abogados inmiscuidos en este asunto y con la Secretaría del Trabajo. Es difícil que pueda transitar el tema del outsourgcing, es difícil que transite, no veo que pudiera entrar en la iniciativa”, expresó.

El 24 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral. A partir de esa fecha los legisladores tenían plazo de un año para aprobar la ley secundaria que normaría las modificaciones a la Constitución, en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales.

Chico Herrera comentó que pese a que este tema se está discutiendo “a contrarreloj”, se analizarán los enfoques de todos los sectores de la producción en beneficio de los trabajadores y la protección de sus derechos.

“Sabemos que vamos contrarreloj, no queremos legislar al vapor, y lo haremos de una manera seria lo más pronto posible, pero sin que las prisas nos hagan cometer errores. De ninguna manera buscamos perjudicar a la clase trabajadora”, dijo.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que el proyecto deja desprotegidos a los trabajadores, al establecer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, por lo que representa un “retroceso” para el sector laboral e implicaría una pérdida del valor del trabajo.

El principal eje de la iniciativa es la justicia laboral, con lo que se plantea la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales pasarán al Poder Judicial como tribunales laborales, y se creará un nuevo instituto que concentrará las funciones de conciliación de conflictos y registro de sindicatos.

El proyecto, el cual aún se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos. Trabajo y Previsión Social del Senado, establece la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, organismo que concentraría las tareas de solución de conflictos que hoy desempeñan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de “modernizar” la impartición de justicia para el trabajador.

Para trasladar las funciones de las juntas al nuevo instituto se plantea que la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje deberán presentar un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para concluir los asuntos en trámite; el plan deberá presentarse en los siguientes 120 días después de la entrada en vigor del decreto.

De aprobarse la iniciativa, presentada el 7 de diciembre pasado por los senadores Isaías González, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, el nuevo instituto contaría con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.

Además de encargarse de la conciliación de conflictos laborales, el instituto registrará los contratos colectivos de trabajo, así como la formación de nuevos sindicatos y confederaciones obreras, las altas y bajas de sus miembros.

Sobre el outsourcing, el proyecto propone que la empresa contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente, por lo que los involucrados deberán pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación, debiendo constar por escrito en el contrato de servicios.

“Las operaciones bajo el régimen de subcontratación garantizarán la protección de los derechos de los trabajadores establecidos en esta ley o derivados de la relación contractual. Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus trabajadores, aun cuando estos desempeñen labores para un tercero, y deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive”, señala el documento.

Será “un monstruo jurídico”

Arturo Alcalde, abogado especialista en materia laboral, consideró que con la creación de un Instituto de Conciliación y Registro Laborales se concentrarán en un solo ente funciones que actualmente corresponden a los gobiernos estatales, como es el registro de los sindicatos, así como de los contratos colectivos, además de la resolución de conflictos laborales, con lo que este nuevo organismo podría convertirse en un “monstruo jurídico”.

“El nuevo instituto también será tripartito, su órgano de gobierno tendrá representantes de gobierno, patronales y del sector obrero, se regresa al mismo esquema sin ningún sentido, pierde totalmente su carácter independiente, es un organismo descentralizado y administrativo, un monstruo jurídico”, resaltó.

Dijo que los requisitos que se establecen en el proyecto de legislación para ejercer derechos colectivos como la huelga o de contratación colectiva, son muy difíciles de cumplir, como son reunir las firmas de todos los trabajadores, presentar el número de seguro social del patrón, así como de todos los trabajadores. “Es absurdo, porque en más de un tercio de los centros de trabajo los trabajadores no tienen Seguro Social”.

En el tema del outsourcing, comentó que la iniciativa plantea que se puede subcontratar sólo cumpliendo con los requisitos de pagar el salario mínimo y afiliar a los trabajadores al Seguro Social; además, se modifican las reglas para el despido masivo: de aprobarse el documento no será necesario contar con autorización previa del tribunal laboral.

“Es muy grave (...), se va a despedir y contratar barato. Estamos ante la muerte del esquema de responsabilidad patronal, se busca imponer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, así como la pérdida del valor del trabajo”, dijo.

Para Ricardo Martínez Rojas, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, se requiere un debate amplio sobre esta legislación en el que se involucre a todos los sectores a fin de que todos salgan beneficiados. Señaló que el outsourcing debe ser muy limitado porque daña tanto a los trabajadores, al fisco y al Seguro Social. Dijo que esta figura sólo debe ser utilizada para emplear a especialistas, no para contratar a toda la plantilla laboral.

Sobre la conciliación, resaltó que el proyecto carece de “dientes” para aplicar una resolución a los conflictos, ya que la conciliación no se establece como obligatoria.

“Cuando el promovente de la conciliación no acude, de cualquier forma se le va a dar su certificado para que pueda ir a demandar, no va a ser conciliación obligatoria. Deben necesariamente agotarse los procesos de conciliación. Si el promovente, sea trabajador, empresa o sindicato no va, no tiene derecho a demandar, de lo contrario no tiene sentido, todo mundo va a faltar a la conciliación y puede demandar. Le faltan dientes a esa parte; si queremos un proceso conciliatorio real, tiene que ser obligatorio”, detalló.

El Universal
Astrid Rivera
Ciudad de México
Jueves 15 febrero de 2018.


La multinacional nipona produce más de 350 autos al año; es la empresa que más autos vende en México y les niega un mejor salario a quienes lo fabrican.

Parte patronal ofrecía soló 3.5% directo al salario y bono; trabajadores exigen un aumento de 5.5%


Cuernavaca.- La ensambladora de automóviles Nissan paró su producción, debido a la huelga que detonaron los trabajadores porque no fue aceptada su demanda de incremento salarial de 5.5%.

Andrés Lozano Rojas, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Nissan, informó que después de siete reuniones con la parte patronal ésta sólo ofreció 3.5% de alza directa al salario y un bono por única ocasión de mil 750 pesos o 3% directo al salario, así como un bono de 3 mil pesos.

Por eso, en punto de las 15:00 horas fueron colocadas las banderas rojinegras en la planta, ubicada en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca.

Según Lozano Rojas, la asamblea general determinó solicitar el incremento de 5.5% para los 3 mil 803 trabajadores del Sindicato de los tres turnos.

Dijo que la empresa no demostró voluntad para solucionar el conflicto a pesar de que Nissan es la compañía que más autos vende en México, y cuya producción anual es de 350 mil unidades, además de abarcar el 25% del mercado nacional.

“Se realizaron varias audiencias y el día de hoy se ratificó el emplazamiento a huelga, pero desafortunadamente caímos, la empresa nos llevó ahí porque no quiere dialogar ni las autoridades federales la encuentran. Probablemente nos quiere castigar y es lo que estamos tratando de descifrar”, indicó.

El secretario general consideró que no hubo consciencia por parte de Nissan la cual dijo es preocupante a estas alturas, así como su postura, pero recalcó que el Sindicato solicita lo justo, por ello, advirtió que la huelga continuará hasta obtener un acercamiento con la parte patronal.

El Universal
Justino Miranda / Corresponsal
Cuernavaca, Morelos, México
Miércoles 5 de abril de 2017.


En lo que va de la administración panista entre 10 mil y 15 mil trabajadores han sido despedidos en condiciones irregulares

Ex trabajadores del gobierno estatal tomaron este día de manera simbólica las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla para reclamar el “servilismo” que esa representación ha mostrado ante los despidos “masivos e injustificados” que ha llevado a cabo la administración de Rafael Moreno Valle.

El abogado Abelardo Cuéllar, asesor del Movimiento de Trabajadores en Digna Resistencia, recordó que hace justo un año, un total de mil 500 burócratas fueron notificados, de un día para otro, que ya no trabajaban para el gobierno estatal sin que hubiera justificación alguna y sin que se les cubriera la indemnización que por ley les correspondía.

En total, refirió, en lo que va de la administración panista entre 10 mil y 15 mil trabajadores han sido despedidos en condiciones similares y en su mayoría han recurrido a los tribunales para pedir su reinstalación y el pago de sus salarios caídos o la indemnización que les correspondía por el despido.

Advirtió que de manera “deliberada”, los juicios laborales que han presentado esos ex burócratas han sido alargados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para evitar resolver en el actual sexenio.

“Esa maniobra tiene como principal objetivo que la administración que llegue a gobernar a partir del próximo año se va a quedar con la deuda millonaria por el pago de indemnización a los trabajadores que fueron despedidos injustificadamente”, explicó.

Sin dar cifras de a cuánto podría ascender este pago, recalcó que la cantidad de juicios laborales heredará Moreno Valle al gobierno entrante, representará un grave problema para las finanzas estatales.

Además, Cuéllar consideró que se tendrá que fincar responsabilidades tanto a los funcionarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que se ha prestado para alargar los juicios, como para los que materializaron los despidos sin que se siguiera ningún procedimiento legal.

Martha Rodríguez Salinas, representante de los ex burócratas, señaló que en su caso ella tenía 30 años de servicio en el gobierno estatal, cuando se le informó, sin más, la rescisión de su contrato.

“Fui despedida por protestar por una reforma que hizo Moreno Valle a la Ley de los Servidores públicos y porque yo era aspirante a la Secretaría General del Sindicato (de burócratas) y como no convine a los intereses del señor porque yo no me iba a someter a su voluntad, me despidió”, recordó Rodríguez.

De hecho, refirió que en ese entonces no sólo ella fue cesada sin mayor explicación para evitar que participara en el proceso interno, sino que también fueron despedidos todos los demás trabajadores que tenían algún interés por la dirigencia sindical.

Indicó que luego de eso, el mandatario puso al frente del sindicato a alguien “a modo” como Rosalía Barranco, quien se abstuvo de defender los derechos de los trabajadores que fueron cesados en los próximos meses de manera masiva.

Marco Antonio Manzano, quien fue rescindido con 38 años de trabajar para el gobierno estatal, dijo que tienen la certeza de que los juicios laborales que han entablado serán ganados porque se cometieron múltiples irregularidades, “Sabemos que este es un proceso de resistencia y paciencia, pero que al final vamos a ganar”, manifestó.

Acusó a la dirigente sindical, Rosalía Barranco, de actuar a favor del gobierno estatal en vez de representar los intereses de los trabajadores.

Como prueba de ello, comentó que los 200 ex burócratas que accedieron hace un año a llegar a un acuerdo con la administración estatal para firmar su retiro voluntario -con lo que renunciaron a su derecho a presentar una demanda laboral, - hasta la fecha no han recibido ningún pago por pensión o jubilación.

Los trabajadores colocaron mantas afuera de las oficinas del Sindicato ubicadas en la colonia Maravillas de esta ciudad y anunciaron que llevarán a cabo más movilizaciones en los próximos días.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla
Miércoles 16 de marzo de 2016.


El Presidente de la Canaive Puebla-Tlaxcala explicó que al tener a 100 profesionales del diseño colaborando en hacer productos más competitivos y de temporada se tuvo la invitación a una misión comercial con el fin de presentar algunas colecciones.


Puebla. - La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) Puebla-Tlaxcala retomará en el segundo trimestre el plan de promocionar 30 marcas locales en Estados Unidos y ofrecer la confección a algunas firmas transnacionales.

El presidente del organismo, Gustavo Bojalil Garrido, explicó que al tener a 100 profesionales del diseño colaborando en hacer productos más competitivos y de temporada, abrió las puertas para ser invitados a una misión comercial con el fin de presentar algunas colecciones.

Recordó que en 2015 estaba previsto hacer el viaje, sin embargo, se pospuso hasta este año para visitar a distribuidores en algunas ciudades de la Unión Americana, donde hay presencia de poblanos, como son Los Ángeles, California, Chicago y Nueva York, en este último donde estiman hay más de un millón de paisanos.

Destacó que el mercado existe para exportar, por lo que ahora buscan concretarlo sin tener como fin competir con las grandes marcas, ya que focalizarán los productos a tiendas de autoservicio o boutiques que son de algunos oriundos del estado o latinos.

Comentó que, de los 700 negocios afiliados a la Canaive, un 80%, es decir 560, son maquiladores de mezclilla y prendas en general, el resto ha incursionado en la alta costura, aprovechando que jóvenes egresados de las escuelas de Moda tienen diseños propios, los cuales buscan hacer con el apoyo de las empresas.

“Aunque los diseñadores también optan por después abrir sus propios negocios para sacar sus colecciones, pero que tienen la desventaja de no producir a gran escala sino mediante pedidos o rentan algún local en zonas universitarias para ofrecer sus productos a los jóvenes”, apuntó.

Buscan marcas Premium

Explicó que quienes tienen sus fábricas destinadas a la confección de marcas como Lacoste, Levis y Nike, por mencionar algunas, quieren lograr más contratos al puntualizar que tienen la capacidad en maquinaria y mano de obra certificada.

Bojalil Garrido dijo que al menos 100 son las interesadas en formar parte de la misión comercial para mostrar sus catálogos o tener acercamientos con las transnacionales que voltean hacia México para buscar maquiladores.

Puntualizó que, en caso de lograr algún acuerdo, estos serían para el próximo año, ya que deben armar un plan de negocios con base a pedidos o requerimientos de producción.

Destacó que una de las metas cumplidas al cierre de diciembre es llegar a los 29,000 empleados en el sector que encabeza, de los cuales 70%, es decir 20,300 se concentran en el territorio poblano y el resto en Tlaxcala.

El Economista
Miguel Hernández
Ciudad de Puebla
Viernes 11 de marzo de 2016.

Ante baja de producción en VW, habrá paros técnicos en sus proveedoras

Debido a un descenso en la producción de la planta automotriz Volkswagen, 17 de sus empresas proveedoras implementarán paros técnicos que afectarán a alrededor de 9 mil trabajadores, informó el secretario general de la Confederación Sindical Republicana, Constantino Sánchez Díaz.

A partir de esta semana, 17 compañías poblanas dedicadas a la fabricación de autopartes aplicarán estos paros técnicos. Tentativamente, estas pausas abarcarían estos últimos días de septiembre, una semana de octubre, una semana de noviembre, el mes de diciembre completo y la primera quincena de enero.

Aunque algunos trabajadores podrán aprovechar para solicitar vacaciones acumuladas, la mayoría verá reducido su salario durante estos lapsos en un 50 por ciento. "Los despidos es lo primero que estamos evitando, obviamente cuando las empresas hablan de los paros lo primero que ven es el reajuste, pero es lo que estamos intentando evitar, que se lleguen a dar despidos", confió Sánchez Díaz ayer en entrevista vía telefónica con El Sol de Puebla.

La Confederación Sindical Republicana llamó a los trabajadores de la industria automotriz a que aprovechen estos paros técnicos para formarse en su profesión. "En este caso se viene previendo para que no haya una pérdida, para ellos aprovechar a capacitarse ahorita que viene la industria de Audi", explicó su secretario general.

Aunque la Ley Federal del Trabajo no contempla la denominación exacta de "paro técnico", sí refleja la posibilidad de que, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, los empleados y el patrón acuerden cambiar en este sentido las condiciones de trabajo.

"El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen", refiere el artículo 57 de la legislación.

En mayo pasado, Volkswagen ya aplicó un paro técnico de hasta dos semanas a aproximadamente 600 personas que se desempeñaban en la propia planta automotriz. Entonces, tal y como publicó El Sol de Puebla en su edición del pasado 14 de mayo, del 18 al 25 de ese mes finalizó el contrato para los colaboradores con plaza eventual, mismos que volvieron a laborar el primer día de junio.

El Sol de Puebla
Carolina Vega
Ciudad de Puebla
Martes 22 de septiembre de 2015.

El gobierno panista de Moreno Valle avala atropellos y pillaje laboral a través del outsourcing Humanass Servicios Empresariales.

Ex trabajadores de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) cerraron por varios minutos la circulación de las unidades de la línea uno a la altura de Bosques de San Sebastián, en protesta por haber sido despedidos injustificadamente. La tarde de este lunes, cientos de pasajeros fueron afectados cuando los exempleados decidieron cerrar el paso para ser escuchados por sus directivos.

Por lo tanto, los pasajeros tenían que bajarse en dicha estación al oriente de la ciudad, para continuar su camino caminando o en taxi. Y es que más de 120 trabajadores de la RUTA fueron despedidos al cumplirse los primeros tres meses de su labor.

Desde las primeras horas de este lunes, los empleados fueron rechazados cuando intentaban ingresar a sus puestos laborales, sin ningún argumento. Además, no hubo ofrecimiento de la liquidación que por ley les corresponde.

Así, fueron dados de baja vigilantes, cajeros, vendedores y validadores, quienes desde este lunes se unieron a las estadísticas de despedidos en Puebla. A pesar de que RUTA está a cargo de la dependencia Carreteras de Cuota Puebla, todos fueron contratados por la outsourcing Humanass Servicios Empresariales.

A algunos de los ahora desempleados sólo quieren darles 2 mil pesos como liquidación, argumentando que por lo menos deberían tocarles 5 mil pesos a cada uno, afirmaron. Señalaron que en los próximos días acudirán a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para interponer una queja por su despido.

Cabe recordar que en marzo, previo al arranque de la segunda troncal del metrobús, se despidió injustificadamente a más de 50 de los 400 trabajadores que fueron contratados a inicio de año para laborar en la nueva línea.

“Me paga Humanass Servicios Empresariales, es una outsourcing que contrató a otras personas, primero se llamaba Premium, y ahora se hacen llamar BRT, S.A.”, señalaron algunos ex trabajadores.

A la segunda troncal ingresaron alrededor de 400 personas, algunas venían de la primera línea y otros eran de nuevo ingreso, a quienes les pagan en promedio de mil 750 pesos por quincena. “No me pagaron y me citaron en las oficinas para decirme que el supervisor me dio de baja por faltas, lo cual es una mentira”, comentó un joven agraviado, al retar a la empresa para que se lo demuestre.

Señaló durante los dos meses que laboró para la empresa tuvieron maltrato por parte de los directivos, quienes siempre actuaron con recelo en el manejo de la información.

Informó el afectado que su trabajo dependió directamente del gobierno del estado, aunque portaba una casaca azul eléctrico con las iniciales de BRT, S.A., y del otro lado decía RUTA.

“Yo entiendo si no hice las cosas bien, o si fallé en algo para que me despidieran, pero eso nunca pasó y ahora exijo que me liquiden”, señaló. Por lo tanto, advirtió que acudirá a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues se le violaron sus derechos laborales sin argumento de por medio. Finalmente, recordó que desde que laboraba en la línea 1 del metrobús padecieron agresiones y humillaciones.

Intolerancia
Jorge Castillo
Ciudad de Puebla
Martes 1 de septiembre de 2015.

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