Es el país de la región con más contagios y muertos per cápita.


Ecuador se convirtió rápidamente en el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, en registrar las cifras más altas de contaminación y fallecidos por la covid-19, pero si se toma en cuenta su pequeña población (17 millones de habitantes), en comparación a la del gigante ‘suramericano’, se podría considerar el primero per cápita, por lo que se han desatado todas las alarmas.

El país, que confirmó el primer caso el pasado 29 de febrero, ahora se encuentra en la fase 3 de contagio comunitario con “transmisión sostenida y amplia”, según señaló el médico Marcelo Aguilar, epidemiólogo de la Universidad Central.

Hasta la mañana de este domingo las cifras oficiales registran 1.890 casos confirmados, 57 personas fallecidas y 2.835 casos sospechosos.

El mayor número de contaminados, 1.163, fluctúan en edades de 20 a 49 años y la edad de los fallecidos, a diferencia de lo sucedido en otras partes del mundo, es de edades tempranas, según los reportes médicos.

Para el especialista en Salud Pública Esteban Ortiz, el incremento de los casos, entre otras cosas, obedece a la “pobre” vigilancia epidemiológica que se estableció en el país durante las primeras semanas del brote internacional. “La mayoría de casos son importados, se nos metieron un montón de pacientes por los aeropuertos, a la gente solo se le tomaba la temperatura y se iban para la casa, cuando debió establecerse un centro epidemiológico informativo y vigilado por la autoridad sanitaria”, señaló a EL TIEMPO.

Guayas, provincia costera, y su capital Guayaquil, es el epicentro de la enfermedad y la región que más preocupa con 1.376 casos, el 72,8 por ciento del registro total. 37 de los 57 fallecidos corresponden a esta división territorial.

Desde ahí se han difundido cuadros estremecedores por la falta de retiro de cadáveres de los domicilios, en algunos casos abandonados por sus familiares por miedo al contagio. El clamor ciudadano por falta de atención también es evidente en un sistema de salud que parece llegar a su límite.

El doctor Ortiz indica como hipótesis que lo que pasa en Guayaquil obedece a que gran cantidad de personas que llegaron a final del año pasado y principios de 2020 de Europa, particularmente de España, donde residen gran cantidad de emigrantes y estudiantes, y por diferencias culturales con la sierra (los Andes), su sociabilidad los llevó a “la fiesta de bienvenida”, que fue foco de contaminación.

Además, la pobreza es muy marcada en esta provincia por lo que las personas no acatan las disposiciones sanitarias y porque es muy difícil que quienes viven en una pequeña casa de caña puedan permanecer en su interior a 40 grados centígrados.

En las últimas horas las autoridades de Guayaquil establecieron una fosa común para sepultar a los fallecidos entre los que también se encuentran casos de deceso por otras causas. Dentro de los protocolos sanitarios están prohibidas las velaciones, y los cadáveres de personas con coronavirus deben ser cremados o enterrados bajo tierra.

Por eso hay muchas voces que cuestionan las cifras oficiales que estarían subestimadas. Ortiz considera que eso ha sucedido en todo el mundo y señala un reporte internacional en el que se indica que el 86 por ciento de los casos podrían estar sin diagnóstico.

“No existe un ocultamiento de información por parte del Gobierno ecuatoriano. Lo que sí hay es imposibilidad de diagnosticar los casos que pueden llevar a un registro involuntario”, señaló al vaticinar que la medida de “quédate en casa” comenzará a dar resultados en los próximos días.

“Todos estamos viviendo una gravísima situación”, dijo el vicepresidente del país, Otto Sonnenholzner, durante una cadena nacional este domingo, en la que reiteró las medidas de aislamiento social, restricción vehicular, toque de queda desde las 14:00 hasta las 05:00, acciones paulatinas que se han ido adoptando desde el 11 de marzo, fecha en la que se declaró la emergencia sanitaria.

El Tiempo
Quito, Ecuador
Maggy Ayala Samaniego
Corresponsal / Ecuador
Domingo 29 de marzo de 2020.


Violencia y miseria que el neoliberal Lenin Moreno pretende no ver


“Aquí todo el mundo sabe que hay lavado, se sabe quién lava, dónde tienen la plata de dónde la sacan y a dónde la llevan, pero no se puede hablar de eso”, asegura Javier, un minero ilegal del distrito de Portovelo-Zaruma.

Y no se habla del tema por dos razones: porque en la zona donde vive y trabaja casi todos reciben indirectamente parte del dinero lavado y porque “los riesgos de abrir la boca pueden llevar a la muerte”.

El distrito minero Portovelo-Zaruma, se ubica en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador. La zona se encuentra a 145 kilómetros de Camilo Ponce Enríquez, el segundo sitio con mayor presencia de minería informal y el cantón más violento de su provincia, Azuay.

Durante 2019, en Camilo Ponce Enríquez hubo seis muertes violentas, lo que es considerable para una población de 20.000 habitantes, mientras que Cuenca, capital de Azuay, registró 2,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

El último ataque a un minero en este cantón se registró el 26 de agosto del 2019, fue a Hitler Elizalde quien fue maniatado, torturado y asesinado por desconocidos.

Su cuerpo fue abandonado en la vía que conduce a Machala, un cantón contiguo, según informes de la Policía Nacional.

En Camilo Ponce Enríquez, un cantón que vive de la minería en todas sus formas, la percepción también dicta que “es mejor quedarse callados”. Lo dice Mario Castillo, uno de los comerciantes informales de la zona quien advierte que hacer preguntas puede salir “muy caro”.

Las bandas criminales que operan en Camilo Ponce Enríquez no le temen al poder. Lenin Bermeo, minero y hermano del actual alcalde del cantón, Baldor Bermeo, fue asesinado en 2013 durante un presunto robo.

Fue el primero de ocho casos similares ocurridos ese año. Otra víctima fue Arturo León, esposo de una de las integrantes del Cabildo Municipal, quien recibió una mortal puñalada por motivos que aún se investigan.

El fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso, dice que las autoridades están trabajando para establecer nexos entre las actividades mineras ilegales, el lavado de activos y los crímenes en la zona. “Hay investigaciones en marcha” asegura.

Tres cantones extraen el 86 por ciento del oro del país

En los cantones Zaruma, Portovelo y Camilo Ponce Enríquez vive apenas el 0,38% de la población de Ecuador, pero de ellos se extrae el 86 por ciento del oro que exporta el país por concepto de pequeña minería.

Para 2019, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables estimó que la producción en estos tres cantones alcanzaría los 300 millones de dólares.

Pese a esa riqueza los índices de pobreza, medidos por necesidades básicas insatisfechas, en Zaruma, Portovelo y Camilo Ponce son del 62 por ciento, 58 por ciento y 76 por ciento, respectivamente, según datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC).

En Camilo Ponce Enríquez el paisaje lo dominan las camionetas con mineros que calzan botas de caucho y camisetas regaladas por algún político en campaña; mientras en Zaruma el acceso al agua potable es escaso y en Portovelo las calles son prácticamente intransitables por su mal estado.

Son retratos de la pobreza.

David Morales, morador del distrito minero Portovelo-Zaruma, afirma que la violencia y la pobreza no siempre estuvieron tan presentes.

Los pequeños mineros culpan al Acuerdo Minero decretado en 2009, que buscaba regular al sector, de haberlos desplazado en favor de las grandes concesiones.

Después de esto, algunos optaron por dedicarse a la minería ilegal. “Y con ella llegó la violencia”, dice Morales.

La minería en la ilegalidad

El Acuerdo Minero derivó en la Ley de Minería del Ecuador de 2009, en la que se tipificaba por primera vez a la minería ilegal en su artículo 56 como “las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente”.

El abogado Santiago Maldonado explica que esta actividad era sancionada con el decomiso de bienes. No fue hasta 2014 cuando se la incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como un delito con una pena de uno a tres años de prisión.

El analista en temas mineros, Miguel Parra, dice que más allá de afectar a los pequeños mineros, el Acuerdo y Ley de Minería organizó a un sector que antes estaba “inmerso en la informalidad”, lo que generaba inseguridad jurídica e impedía la inversión a gran escala en el sector.

Las acciones para que la pequeña minería sea legal están a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), pero esta entidad presenta fallas en los procesos de adjudicación de concesiones según informes de la Contraloría General del Estado.

De acuerdo con el informe DPA-0002-2019 del 17 de julio del 2019, entre octubre de 2017 y agosto de 2018, se llevaron a cabo actividades mineras en concesiones que “debían considerarse en caducidad”.

Hubo deficiencias en la inscripción, cancelación y control de contratos de operación y participación, se otorgaron concesiones mineras sin cumplir con los requisitos sobre áreas caducadas o reservadas por otros peticionarios, explica Diego Espinosa, director provincial de la Contraloría en Azuay.

Lea también:Los procesos contra la minería ilegal, se estancan o no existen

‘Sableros’, peligroso oficio en auge

Todos estos vacíos alimentan, según los mineros no legalizados, la proliferación de “sableros” que es como se denomina a los mineros ilegales.

Pero ellos son la última pieza de un sistema millonario y quizá la parte más precarizada.

En Zaruma y Portovelo los sableros arriesgan su vida en minas en las que no entra oxígeno. Ingresan mordiendo largas mangueras de caucho para respirar mientras buscan entre las vetas de oro.

También irrumpen en concesiones legales, que aún no obtienen los permisos ambientales o administrativos del Gobierno, para robar material aurífero.

Incluso algunos “sableros” piden trabajo en empresas formales e ingieren pequeños pedazos de oro y plata para luego “procesarlos” en su organismo y quedarse con un poco del mineral.

Javier tiene 43 años y no sabe hacer otra cosa que “sablear”, pues ha trabajado en las minas desde que tenía 17 años.

Era parte de una sociedad que laboraba en un sector conocido como ‘Soroche’, en la provincia de El Oro, pero tras el Acuerdo Minero el sitio en el que trabajaba fue dado en concesión a una empresa de mediana minería que los desalojó.

Dos años después del Acuerdo Minero, las sociedades de hecho (informales), que se habían formado para hacer pequeña minería, empezaron a desintegrarse, a quebrar y a desaparecer.

Ahora los mineros se exponen a ser detenidos o incluso a morir en minas ilegales para obtener su sustento.

Javier recuerda que, en una ocasión, de un solo saco de material aurífero logró obtener oro por un valor de 1.000 millones de dólares. “Hay gente que ha comprado carros, casas, que antes no tenía nada y ahora sablean para vivir”, asegura.

Las cantidades son pequeñas: hasta 4.000 millones de dólares por carga procesada que se divide luego entre tres o cuatro personas. Pero juntos, esos valores pueden alcanzar cientos de miles de dólares provenientes de minería ilegal, dinero sucio que requiere ser lavado.

El analista Miguel Parra afirma que, si bien la minería ilegal es una práctica normalizada en estos centros mineros, “no deja de ser un delito que atrae otros ilícitos”. Según la Fiscalía, hay procesos en contra de presuntos mineros ilegales por otro tipo de ilegalidades que incluyen estafas, robos y asesinatos.

Connectas
John Machado
Quito, Ecuador
Viernes 24 de enero de 2020.


Miles de manifestantes indígenas marchan en Quito.

El presidente anuncia su regreso a la capital para supervisar las movilizaciones


Las movilizaciones en Ecuador, encabezadas principalmente por organizaciones indígenas, se intensificaron este miércoles con una multitudinaria marcha que buscaba torcer el brazo al Gobierno de Lenín Moreno. Tras una semana de protestas que se iniciaron por un paquete de ajustes económicos que incluye una subida del precio de la gasolina, miles de personas llegaron a Quito para redoblar la presión. El clima de alarma había llevado al presidente a cambiar la sede del Ejecutivo a Guayaquil, donde la policía cerró el paso a los manifestantes. Sin embargo, este miércoles anunció su regreso a la capital ante el recrudecimiento de la protesta.

En los últimos días se han producido disturbios, saqueos, episodios de violencia y hasta un intento de ocupar la Asamblea Nacional del país. Este miércoles los manifestantes se concentraron en el Parque del Arbolito de Quito, un lugar tradicional de movilización, en un clima de relativa serenidad. En torno a las once de la mañana, hora local, comenzaron a desfilar por las calles con destino el palacio de Carondelet, residencia del presidente. Desde el estrado, los líderes de las comunidades indígenas llegadas de varios puntos del país trataron de infundir tranquilidad. “Vamos a actuar con calma, hay que ser respetuosos con nuestros dirigentes”, afirmó uno de los representantes. Aun así, se produjeron algunos choques menores con las fuerzas de seguridad camino del centro de la ciudad. Los manifestantes llevan días denunciando casos de represión.

Los organizadores de las protestas piden la renuncia del mandatario. Sin embargo, hay un sector dispuesto a negociar. “Nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Estas medidas son injustas. Yo por mi lado quisiera dialogar con todo el pueblo, pero el señor Lenín Moreno se esconde, se va a Guayaquil”, afirma Ezequiel Gómez, de 40 años, agricultor de la provincia de Imbabura, en la sierra norte.

El traslado de la sede del Gobierno a la ciudad costera, la segunda más poblada del país, fue interpretado como una suerte de negativa a un escenario de negociación. Con todo, el presidente optó finalmente por regresar a Quito, acompañado de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, para supervisar el desarrollo de la jornada. Moreno se avino el martes a abrir la puerta al diálogo con la mediación de Naciones Unidas, pero esa posibilidad aún no se ha concretado.

Por el momento, Ecuador ha tenido que suspender el transporte de petróleo por su principal ducto ante las protestas. Los indígenas, que pertenecen a la capa más vulnerable de la población ecuatoriana, trabajan mayoritariamente la tierra y necesitan combustible para sus máquinas agrícolas. Entre las seis medidas anunciadas por el Gobierno, que establecen desde la reducción de aranceles a la importación de productos informáticos o la disminución de los salarios de los contratos temporales en el sector público, figura también la liberalización del precio de la gasolina y la eliminación de los subsidios al combustible. Un galón de gasolina (unos 3,7 litros) ha pasado de costar 1,68 euros a 2,09.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), prometió mantener el pulso al Gobierno hasta que ceda. Esta organización también decretó una suerte de estado de excepción en sus territorios en respuesta a la actuación de las autoridades, a las que acusó de “brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública”. En un comunicado, las comunidades señalan que los ajustes “afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deterioran las condiciones de vida y existencia de los sectores populares más vulnerables del país”. “Militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”, advierten. Y así ha ocurrido. El pasado fin de semana dos grupos retuvieron a medio centenar de militares.

Desestabilización

Algunas de estas comunidades llevan décadas protagonizando protestas contra el Gobierno, sin importar el signo político del presidente. Pero ahora las autoridades insisten en que las movilizaciones tienen el sello del exmandatario Rafael Correa, quien impulsó al propio Moreno y ahora es su principal adversario. Según esa acusación, que Correa ha negado tajantemente pese a jalear las protestas, también está vinculado el régimen de Nicolás Maduro. Hoy fue el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, quien insistió desde Guayaquil en la tesis de que los actos vandálicos y violentos responden a un plan de desestabilización orquestado desde fuera. “Entre los detenidos en las manifestaciones, hemos encontrado muchos extranjeros y nos han dicho que están recibiendo dinero para estar ahí”, afirmó.

Mientras tanto, queda por ver cuál es el efecto del regreso de Moreno a la capital. Su objetivo consiste en desactivar la protesta, que de momento ha resultado muy ruidosa pero no ha involucrado a una mayoría social, antes de que la situación se vuelva incontrolable. En los noventa, la mecha encendida por la oposición indígena acabó con la caída del expresidente Jamil Mahuad.

ACCESOS CORTADOS EN GUAYAQUIL

Guayaquil amaneció este miércoles con los puentes de acceso a la ciudad totalmente cortados, lo que forzó a algunos ciudadanos a cruzar el río Guayas en pequeñas embarcaciones habitualmente utilizadas para la pesca artesanal. “Teníamos información de que un grupo violento amenazaba con llegar a la ciudad”, justificó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Así como en el puente de la Unidad Nacional que une Guayaquil con dos de las grandes poblaciones vecinas, los militares y la policía se apostaron en la principal arteria de la ciudad.

A la avenida Nueve de Octubre llegaron cientos de manifestantes que mantuvieron picos de enfrentamientos con las fuerzas del orden y fueron dispersados con gases lacrimógenos. Hasta este jueves Guayaquil se había mantenido en un ambiente mucho más calmado que Quito, salvo por los saqueos de los primeros días y del lunes. La ciudadanía había convocado para este miércoles una contramarcha "en defensa de la democracia" a la que se sumaron el exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot y la regidora Cinthya Viteri. La marcha confluía en el mismo punto por el que transcurría la manifestación de protesta.

El País
Sara España
Francesco Manetto
Quito / Guayaquil
Madrid / Ciudad de México
Miércoles 9 de octubre 2019.


•    Las acusaciones de congresistas van desde lavado de activos hasta tenencia de cuentas en paraísos fiscales


Quito.- El tema se conoció en 2015, cuando a Lenín Moreno ya se le consideraba, según todas las encuestas, seguro ganador de las elecciones presidenciales de Ecuador en febrero de 2017; su popularidad crecía pese a haber abandonado dos años antes la Vicepresidencia y el país.

En diciembre de ese 2015, María Auxiliadora Patiño cometió un error al pagar directamente con dinero de la cuenta muebles finos y otros artículos de lujo comprados en Ginebra para Rocío González, la esposa de Moreno, actual presidente de Ecuador.

Ahora hay una demanda para una investigación fiscal en Quito y para una penal en Madrid, interpuestas el 25 de febrero. Los denunciantes son legisladores de los movimientos políticos Revolución Ciudadana, en Ecuador, y Podemos, en España.

Las acusaciones van desde lavado de activos hasta tenencia de cuentas en paraísos fiscales, delito sancionado en Ecuador tras una consulta popular en febrero de 2017, que aprobó mayoritariamente que ningún funcionario público puede contar con las denominadas offshore.

La noche del 26 de febrero Moreno salió a rebatir las acusaciones, negando su responsabilidad en la compra de un departamento en Alicante, los muebles de lujo que habría usado en su estancia en Ginebra, cuando fue delegado de la ONU para la atención de personas con discapacidad, y ciertas prendas costosas de su esposa.

“No tengo ni he tenido departamentos fuera del país porque no está en mis planes fugarme. Aquí está mi familia, mis nietos”, señaló en su alocución en radio y televisión nacionales.

El escándalo se amplificó en las redes sociales y en algunos portales, pero no en los principales medios ecuatorianos, que ahora parecen aliados del gobierno.

La denuncia penal está sustentada en cientos de documentos (que incluyen correos electrónicos, facturas de pagos y algunos mensajes de telefonía celular) donde se identifican transacciones por millones de dólares de comisiones de varias corporaciones supuestamente para el círculo cercando de Moreno, incluidos su esposa, su hermano Edwin Moreno Garcés, el consejero presidencial Santiago Cuesta y su íntimo amigo Conto Patiño, conocido comerciante de armas.

En esos documentos aparecen también los nombres de Xavier Macías Carmigniani y de su esposa, María Auxiliadora Patiño, hija de Conto Patiño.

La ruta del dinero

En una vasta documentación que incluye además depósitos, transferencias y recibos, aparece también la emisión de una tarjeta de crédito para la adquisición de artículos de lujo e incluso la dirección de un departamento en España, a orillas del Mediterráneo, supuestamente para uso vacacional de la familia presidencial.

En la documentación de la denuncia hay transferencias de la cuenta de INA Corporation, en el Balboa Bank de Panamá, por 19 mil 342 dólares para la compra de muebles en Moinat S. A. Antiquities, en Suiza. Los muebles fueron al departamento de Moreno en Ginebra cuando se desempeñaba como enviado especial de la ONU.

También hay transferencias por 133 mil 400 euros a una cuenta del Banco Santander a nombre del ciudadano español Emilio Torres Copado, para la compra de un apartamento en Villajoyosa, Alicante. En España se inició la investigación por lavado de activos porque ese departamento estaría valuado en casi medio millón de euros.

Txema Guijarro García, diputado por Podemos y a nombre del grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, solicita al gobierno español constatar “si hay algún vínculo o relación entre Emilio Torres, la persona que supuestamente adquirió el apartamento, con el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno”.

Además, pregunta: “¿Qué conocimiento tiene el gobierno (español) sobre la presunta vinculación del presidente ecuatoriano Lenín Moreno con empresas offshore para adquirir hace tres años un apartamento en el municipio alicantino de la Villajoyosa, por un importe de 133 mil 400 euros, presumiblemente una cuarta parte de su valor real?”

La pregunta la hizo el lunes 4, tomando en cuenta que ya se habría hecho una denuncia formal el 25 de febrero en Madrid, “por los delitos de cohecho, organización delictiva, fraude fiscal y blanqueo de capitales”.

En la denuncia en Ecuador y la réplica en España se destaca que el rastro del dinero también conduce a los hermanos Edwin y Lenín Moreno, mediante los servicios internacionales de una empresa identificada con las siglas MAVCCO y una compañía petrolera, Sertectep, propiedad de Eduardo López, amigo de los hermanos Moreno.

Al parecer, las comisiones en efectivo se habrían depositado en varias cuentas ubicadas en paraísos fiscales, que luego fueron colocadas en la cuenta de INA Investment, “desde la cual se financió el lujoso estilo de vida de la familia Moreno en Europa así como viajes por todo el mundo”, explica a Proceso Ronny Aleaga, asambleísta por Revolución Ciudadana.

El 25 de febrero Aleaga presentó las dos primeras acusaciones formales ante la española Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como ante la Agencia Estatal de Impuestos.

En ambos casos las acusaciones implican a Moreno y a su familia en la compra del apartamento en Villajoyosa, vendido por 133 mil 400 euros por Emilio Torres.

A su regreso a Ecuador, la conferencia de prensa de Aleaga fue interrumpida por un grupo de agresores presuntamente vinculados con el expresidente Abdalá Bucaram, ahora aliado de Moreno. Lanzaron huevos a su vehículo y no dejaron pasar a los periodistas al hotel Ramada, de Guayaquil, donde se celebraría la reunión con medios.

Las denuncias del legislador ecuatoriano apuntan a que INA Investment Corporation es una empresa bautizada a partir de las tres últimas letras de los nombres de las hijas de Moreno: Irina, Karina y Cristina. Esta compañía offshore fue creada en Belice a principios de marzo de 2012 y se disolvió el 18 de marzo de 2016. Uno de sus accionistas principales fue el hermano del presidente, Edwin Moreno Garcés.

INA Corporation abrió la cuenta número 100-4-1071378 en el Balboa Bank en Panamá, que, como muestran los documentos, fue utilizada por Xavier Macías para administrar transferencias y pagos a terceros, manteniendo la misma lógica de otras cuentas, hasta que pasen a manos de sus verdaderos dueños, para el uso directo de sus propietarios y beneficiarios.

En marzo de 2015 Edwin Moreno solicitó que se retirara su nombre de la empresa en favor de María Auxiliadora Patiño, esposa de Xavier Macías Carmigniani.

De la denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado de Ecuador se desprende que en 2009, como vicepresidente, Moreno habría facilitado “acercamientos comerciales” para su amigo Xavier Macías Carmigniani, de lo cual se concretaron varios contratos para la empresa estatal china Sinohydro en Ecuador. En la misma denuncia se explica que en ese entonces Moreno habría enviado a Macías Carmigniani a reunirse, en su nombre, con corporaciones extranjeras para actuar como el “cabildero”, quien luego recibiría una “comisión” de la correspondiente corporación, una parte de la cual se pagaría posteriormente al vicepresidente Moreno, a través de la empresa INA Investment Corporation, ya creada por su hermano.

Asimismo, se subraya que con el apoyo de su suegro, Conto Patiño, Macías sirvió de enlace entre las empresas chinas, los empresarios ecuatorianos y Lenín Moreno, para recibir y administrar unas comisiones ilegales por alrededor de 20 millones de dólares.

El propio Patiño recibió 18 millones de dólares como una comisión de Sinohydro, la cual nunca declaró a las autoridades fiscales ecuatorianas y que trató de ocultar en una cuenta secreta en Panamá. Esto ya fue detectado por el Servicio de Rentas Internos de Ecuador en el gobierno de Rafael Correa. Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2015, lo que habría obligado a Edwin Moreno a solicitar eliminar su nombre y su registro de la lista de accionistas de INA Investment.

Según los correos electrónicos, que constan en la denuncia puesta en la Fiscalía, Macías “presionó” para la adjudicación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, de aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares, la obra de infraestructura pública más grande en la historia de Ecuador.

En uno de esos correos, de diciembre de 2015, se verificaría que Moreno, ya como seguro candidato presidencial, prometió a Macías el contrato para la construcción de la planta Zamora 3000 MW. Esta promesa se habría hecho durante un viaje a Europa, junto con María Patiño y Rocío González.

En otras pruebas judiciales, planteadas por el legislador Aleaga y algunas publicaciones del portal La Fuente, donde se incluyen mensajes de Telegram durante 2016, Macías reclama la demora de seis meses en el pago de “comisiones” (sobornos) desde agosto y septiembre, y de que Lenín Moreno, quien entonces vivía en Ginebra, se quejó de que Sinohydro no cumplía con los acuerdos previamente establecidos.

En uno de esos mensajes, Macías consulta al asistente del gerente de Sinohydro, Hu Ning, sobre la financiación de las viviendas que Moreno quería ofrecer como parte de su gestión ya en la Presidencia de Ecuador.

El monto obtenido de Sinohydro habría sido de 200 mil dólares. En su respuesta, Hu Ning agradece a Macías por el apoyo recibido y añade que, respecto a los planes para la construcción de casas, la financiación se dará “con el progreso económico del negocio”, es decir, sobre la base de los contratos prometidos si Moreno ganaba las elecciones presidenciales.

El análisis de los correos electrónicos, así como los mensajes de Telegram y WhatsApp, según Aleaga y otros analistas de temas de esta naturaleza, probarían que la pareja Macías-Patiño administraba los activos de la familia Moreno, y que proporcionan la cobertura para ocultar los pagos por los contratos al actual presidente.

Apunta a Correa

La presencia de Moreno en cadena nacional de radio y televisión la noche del 26 de febrero sorprendió a los televidentes de los canales tradicionales, porque en sus noticieros la denuncia de Aleaga nunca apareció. Y al mismo tiempo, tres de sus más cercanos colaboradores dieron una conferencia de prensa para aclarar el tema a unos medios que no habían publicado la denuncia del legislador de Revolución Ciudadana.

Esa noche Moreno negó cualquier irregularidad y se defendió señalando que “atacaron su honor y el de su familia, con una serie de datos que no tienen nada que ver conmigo”. Y al mismo tiempo destacó: “Todo esto está organizado premeditadamente, dentro de una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido Ecuador”, en alusión a Correa, sin mencionarlo nunca por su nombre.

“Ustedes saben a qué me refiero, ustedes comparten este valor, porque así somos los ecuatorianos… Ustedes ya me conocen y han visto cómo actúo, procuro la armonía y la paz. Mi único enfrentamiento es con la mentira, con la corrupción, con la pobreza”.

Y pese a que ya esa noche se conocía de la denuncia puesta en la Fiscalía, Moreno exigió: “Las personas que crean tener algún elemento acusatorio o probatorio, deben presentarlo, en forma sustentada, ante las autoridades pertinentes”.

Moreno explicó que “una vez acabada mi misión (de la ONU en Ginebra) cerré mis cuentas reglamentariamente y entregué mi informe contable tanto a Cancillería, como a Ban Ki Moon, secretario general de la ONU”.

Pero antes dijo que “como cualquier diplomático tiene en el país en el que reside temporalmente, tuve cuentas bancarias en Suiza, mientras me desempeñé como enviado especial de las Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad”. El actual presidente de Ecuador concluyó su misión en Ginebra en noviembre de 2016 para presentarse a las elecciones generales de febrero de 2017.

Al arrancar su mensaje, mostró su declaración juramentada, mas no el certificado, de no tener cuentas offshore. El reclamo de sus denunciantes fue que una declaración no hacía verificable la posesión de cuentas por parte de testaferros, en su caso, como dijo Aleaga, de su hermano Edwin.

Frente a esta situación, desde distintos sectores políticos han solicitado abrir una investigación legislativa, paralela a la judicial. El pedido ha llegado desde los legisladores del partido de derecha CREO y de la misma bancada de la Revolución Ciudadana. De dar paso a este pedido, el riesgo de un juicio político dependería de la correlación de fuerzas, que este momento no les es desfavorable a Moreno y su bloque de asambleístas: de 137 votos, se requieren las dos terceras partes, más de 90. De acuerdo a los pronunciamientos, hasta el cierre de la edición, no se alcanzaría esa cifra.

Sin embargo, según todas las encuestas Lenín Moreno tiene una caída considerable en popularidad, credibilidad y calificación de gestión: en promedio tiene calificaciones positivas de entre 23% y 26%. Las negativas sobrepasan ya 70%, con perspectivas de seguir cayendo.

A esto concurren dos hechos que han generado malestar: la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica varios ajustes en la gestión económica, y el despido de diez mil funcionarios públicos el viernes 1, en vísperas del feriado de carnaval, que desató la furia en las redes sociales y las manifestaciones del miércoles 6.

Además, varios analistas y enfoques editoriales hacen eco de un rumor que va en ascenso, según el cual Moreno tendría previsto renunciar después de las elecciones municipales del domingo 24, con la excusa de que debe someterse a una cirugía de columna, por una lesión que lo mantiene en silla de ruedas; en ese caso lo sucedería su actual vicepresidente, el derechista Otto Sonnenholzner, vinculado a los grupos empresariales de Guayaquil.

De cualquier modo, el análisis editorial y político se sustenta en que estando al frente del gobierno, con tan baja popularidad y credibilidad, a Moreno le será difícil sostener el plan de ajuste impuesto por el FMI en casi todos los países de la región, como ya ocurre en Argentina. Mucho más cuando en Ecuador ya es “tradición” botar presidentes, como sucedió en 1996, 2000 y 2005, con Abadalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

Proceso
Orlando Pérez
Quito, Ecuador
Jueves 7 de marzo de 2019.



•    Los indiciados pertenecerían a la organización criminal liderada por alias 'Guacho'  

•    "Tenemos información que sí, a través de Guacho, hay otra estructura y que existiría ese nexo con los carteles mexicanos": Cesar Merizale, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Quito.- El ministro del Interior, César Navas, señaló este domingo 15 de abril de 2018 que desconocen el paradero de los cuerpos del equipo de prensa del Diario EL COMERCIO secuestrado en la zona fronteriza con Colombia y asesinado en cautiverio.

"No se conoce con exactitud dónde están los cuerpos", dijo Navas en una rueda de prensa en la que señaló que "hay un proceso que se está llevando a cabo con organismos internacionales para poder determinar esto", dijo Navas.

El Gobierno ecuatoriano informó ayer que el Comité de la Cruz Roja aceptó la delegación para recuperar los cuerpos del periodista Javier Ortega (36 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45 años) y el conductor Efraín Segarra (60 años).

El equipo de prensa llegó a Esmeraldas el 25 de marzo y un día después fue secuestrado por grupos disidentes de las FARC, según dijo Ortega desde su cautiverio en un vídeo que circuló en la prensa colombiana.

En la rueda de prensa, Navas detalló las acciones de control que se han registrado en la zona fronteriza desde el pasado viernes, cuando se confirmó el asesinato del equipo periodístico y señaló que, entre otras actividades, hubo 91 allanamientos a viviendas en la zona de Mataje.

Señaló que en los operativos se encontró armamento artesanal y también antiaéreo que "puede derribar un helicóptero", y apuntó que se detuvo a nueve personas para investigaciones, de las cuales ocho están siendo procesadas, y de ellas, una tiene medidas sustitutivas porque está en estado de gestación.

Según Navas, los detenidos fueron trasladados a diversas cárceles del país.

De su lado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Merizalde, corroboró que desde el viernes, cuando se confirmó el asesinato del equipo de prensa, se reanudaron las operaciones, "conjuntamente en acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas de Colombia".

El comandante de Policía de Ecuador, Ramiro Mantilla, comentó que se han realizado distintos operativos en la zona fronteriza en los últimos meses, y que hasta el momento se ha detenido a 43 personas, presuntamente pertenecientes a una organización liderada por alias 'Guacho', incluido en la lista de los más buscados en Ecuador.

El secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, pidió unidad al país para afrontar la situación y subrayó en la rueda de prensa que "el enemigo está fuera, el enemigo del Ecuador es Guacho", dijo.

En la comparecencia ante la prensa, Navas reiteró que el grupo que secuestró al equipo de prensa "nunca" tuvo la "voluntad de negociar" y añadió que mañana habrá una reunión del eje de seguridad y cancilleres de Ecuador y Colombia, en Quito.

Asimismo, dijo que también llegarán esta semana delegados de Fuerzas Armadas y Policía de Colombia con los que se establecerá un plan de seguridad en la frontera.

 Ante mensajes que circulan en redes de supuestas advertencias de eventuales ataques a otras ciudades de Ecuador, Mantilla comentó que "no han existido amenazas serias" tras la captura de nueve personas en la zona fronteriza en operativos realizados en semanas pasadas.

Por su parte, Merizalde apuntó: "la amenaza siempre va a existir, nuestras fuerzas hacen todo lo posible en control fronterizo y acá en el interior, pero la amenaza puede existir al interior del país".

Consultado sobre si tras alias 'Guacho' hay alguien con nexos con carteles mexicanos, el ministro del Interior pidió que se consulten detalles a las autoridades colombianos, pero enseguida agregó: "Tenemos información que sí, a través de Guacho, hay otra estructura y que existiría ese nexo con los carteles mexicanos".

Por otra parte, Michelena comentó que el jefe de Estado, Lenín Moreno, ha pedido una investigación para "averiguar quiénes permitieron que esta permisividad del narcotráfico afecte ahora al ecuatoriano".
 
EFE
El Comercio
Quito, Ecuador
Domingo 15 de abril de 2018.

 

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