Diputados del PAN presentarán en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exigir al Gobierno federal que impida la fuga de Humberto Moreira y se realicen las gestiones necesarias para decomisar cuentas bancarias, tras revelarse que su esposa y demás familiares tienen en bancos de Mónaco e Islas Caimán depósitos por 62.1 millones de dólares.

Para los legisladores de Acción Nacional, Moreira ya no podría ser candidato a diputado local por el Partido Joven ante la evidencia de operaciones de lavado de dinero, de acuerdo con las investigaciones que se realizan en Estados Unidos.

En la propuesta se señala la publicación de ayer de REFORMA sobre la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila.

De esta investigación se detectaron movimientos financieros sospechosos por parte de Vanessa Guerrero Martínez y Cecilia Aguilar Morales, esposas de Humberto e Iván Moreira Valdés, quienes manejaron recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016.

En la propuesta, se pide directamente a Enrique Peña Nieto que, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) impida la salida del territorio Nacional de Humberto Moreira Valdés.

"Como medida cautelar y a fin de evitar su probable fuga, ante el descubrimiento de evidencias incriminatorias en el uso de prestanombres para canalizar recursos de procedencia presuntamente ilícita", se lee.

También se solicita que las autoridades ministeriales realicen una solicitud internacional de asistencia jurídica y se proceda a asegurar las cuentas bancarias propiedad de Humberto Moreira Valdés, Vanesa Guerrero Martínez y Ricardo Mendoza Reyes, esposa y cuñado del primero, por haberse utilizado para realizar operaciones con recursos de procedencia presuntamente ilícita.

Los panistas piden al Presidente que en la PGR se nombre un fiscal especial autónomo que investigue el desfalco financiero al Estado de Coahuila por parte de la familia Moreira, e integre las carpetas de investigación correspondientes para que se proceda penalmente, realice todas las acciones de recuperación de activos, decomisos y extinción de dominio, tanto en territorio nacional como en el extranjero, y resarza el daño al patrimonio de los coahuilenses.

En este contexto, la bancada panista propone pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ejerza, en su caso, la acción de extinción de dominio, a efecto de retener y salvaguardar dichos recursos ante la probabilidad de que los mismos sean procedentes de actividades ilícitas.

Además, solicita a la PGR que requiera información a la Fiscalía en Estados Unidos y la Interpol, a fin de detectar y procesar al resto de los posibles involucrados y probables responsables de la triangulación de los recursos.

Finalmente, los diputados del PAN proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral para que a través del OPLE-Coahuila cancele la candidatura a diputado local plurinominal de Humberto Moreira Valdés, por el Partido Joven de Coahuila, por encontrarse en el supuesto de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de prestanombres.

"El PAN insiste en que la justicia mexicana debe investigar delitos y solicitar asistencia jurídica internacional, incluso para desplegar acciones de recuperación de activos y resarcir mínimamente al erario de Coahuila.

"Ante dicho contexto y el riesgo de que los señalados personajes se den a la fuga, tal como ocurrió con Javier Duarte en Veracruz o Tomás Yarrington en Tamaulipas, ambos emanados del Revolucionario Institucional, es necesario que se tomen las medidas cautelares para inhibir dicho riesgo de evasión", se advierte.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 17 de mayo de 2017.


El megaproyecto inmobiliario My Residence, que se construye en la capital del estado en un predio donado por el gobierno de Puebla al Consejo Coordinador Empresarial, se encuentra en la mira de la Secretaría Hacienda y de la PGR. Resulta que éste y otros enormes proyectos habitacionales y comerciales forman parte de una investigación sobre rutas y redes de complicidad por presunto lavado de dinero. Los empresarios que encabezan esas multimillonarias inversiones han sido avalados desde 2011 por el gobernador Rafael Moreno Valle.


Puebla. - En la zona más cara del estado, Lomas de Angelópolis, se levanta un lujoso complejo inmobiliario integrado por centros comerciales, corporativos, habitacionales y de entretenimiento –restaurantes, bares, cines, clubes nocturnos–, desde donde se mira la majestuosidad del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

Es el opulento Distrito Sonata, donde se inaugurará, en diciembre, el hotel más grande de Puebla y se estrenará en 2017 la torre residencial más elevada de México, Nubola Tower, de 198 metros de altura, en cuya cúspide habrá helipuerto, muro para escalar y una alberca semiolímpica que tendrá como fondo los volcanes.

En el Distrito Sonata, una zona de concepto walking distance (a poca distancia) que por su exclusividad es comparado a menudo con Miami, se levantan Sonata Towers, dos inmensas torres de departamentos, y Luxory Corner, también habitacional, junto a Plaza Jazz y STW Plaza, donde se venden las marcas más costosas del mundo.

Todos estos desarrollos han sido edificados por Blueicon, una firma de Puebla que se ufana de haber construido en la zona 200 mil metros cuadrados desde 2012 y que, apenas el 28 de junio, anunció la inversión de 500 millones de pesos para el proyecto My Residence, un complejo de tres torres de suites y áreas comerciales, donde estará la sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El gobernador panista Rafael Moreno Valle colocó la primera piedra de ese proyecto de Blueicon, que a cambio de la inversión se quedó como dueño de los 6 mil metros cuadrados del terreno que fue donado al CCE, en 2004, por el exmandatario priista Melquiades Morales, cuando el actual era secretario de Finanzas.

“Les agradezco que estén invirtiendo sus recursos en este estado, como los 500 millones de pesos de My Residence”, aplaudió Moreno Valle a los inversionistas de Blueicon, cuya prosperidad se cimenta, sin embargo, en actividades criminales, según la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP).

En efecto, Blueicon Technology, S.A. de C.V. –que ya incursionó también en la realización de películas con Blueicon Films– es sólo una de las al menos 12 empresas vinculadas a un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico, según las investigaciones de la PGR y la SHCP, cuyos principales accionistas son Javier de Lope Francés y Adolfo Ernesto Hernández Martínez.

Conforme a la indagatoria C.I./PGR/UEAF/0001/2015-04, a la que este semanario tuvo acceso, ambos personajes comenzaron en 2011 una inaudita expansión en el ramo de la construcción en la zona más exclusiva de la Angelópolis, localizada en el municipio de San Andrés Cholula, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 20 años.

La súbita prosperidad de ambos empresarios de Puebla coincide con el inicio del gobierno de Moreno Valle, en febrero de 2011, cuyo primer secretario de Infraestructura fue Antonio Gali Fayad, gobernador electo.

Según las investigaciones de la PGR y de la SHCP que están en curso y que iniciaron en enero de 2015, los implicados han realizado operaciones con dinero sucio, “utilizando instituciones del sistema financiero con el objeto de ocultar el origen y el destino de dichos recursos ilícitos, además de buscar darles una apariencia de legitimidad”.

Este esquema de operación se materializa mediante la constitución de numerosas empresas, “que sirven como fachada para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero”, compañías que no tienen una operación comercial que sustente los recursos que manejan y que además tampoco cumplen con el pago de impuestos por los recursos operados.

Inclusive una de las empresas propiedad de los implicados, Tan Inn Salón, S.A. de C.V. –que proporciona servicio de bronceado corporal–, hizo, en junio de 2013, una transferencia de recursos a la empresa Agua Bendita, de Colombia, propiedad de Jorge Alberto Saldarriaga, hijo de Ivonne María Escaf Saldarriaga, presa en Estados Unidos acusada de enviar a ese país cuatro toneladas de cocaína.

De acuerdo con las investigaciones de la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, que las inició a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en enero de 2015, los desarrollos inmobiliarios de Blueicon en el Distrito Sonata sólo se explican con recursos producto de actividades criminales.

“Los implicados, utilizando diversas (personas) morales, despliegan una operativa a través de la cual incorporan recursos económicos al sistema financiero nacional mediante múltiples actos que posteriormente utilizan para la construcción de complejos inmobiliarios, particularidades que aunadas a la falta de cumplimiento en obligaciones de carácter fiscal, así como a la vinculación trasnacional de los sujetos mencionados en actividades criminales, de manera fundada permiten establecer que los recursos utilizados para tal efecto tienen una procedencia ilícita y se efectuaron con el objeto de ocultar su origen y destino, generando todo ello una afectación al bien jurídico tutelado por el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita.”

Dueños o testaferros

En una de poquísimas investigaciones de la PGR y la SHCP sobre operaciones con dinero de origen presuntamente criminal, y cuyo desenlace es incierto, los dos principales implicados en el caso, De Lope Francés y Hernández Martínez, no pertenecen a la élite empresarial de Puebla, pese a los cientos de millones de pesos que manejan desde 2012.

Hernández Martínez es un personaje desconocido y De Lope Francés se sabe que fue reconocido por Vicente Fox, en 2001, como joven emprendedor que, a partir de los 16 años, había tenido modestos negocios vendiendo pins, portarretratos de madera y por un tiempo dueño de un verificentro en Puebla.

En 2010, según un perfil publicado en la revista Expansión, tenía tres negocios: Publicidad Estudiantil Lofran, comercializadora de publicidad universitaria –en libretas regaladas en colegios–; El Súper Negocio en Casa, una empresa multinivel para vender abarrotes y medicamentos, y Facture Ya, vendedora de software a pequeñas y medianas empresas para elaborar facturas electrónicas.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la PGR y la SHCP, es en 2011 cuando comienza la espectacular expansión de los negocios De Lope Francés –de 36 años– y su socio, que en cuatro años se han convertido en los principales constructores de desarrollos de lujo en la zona más cara de Puebla.

Para la PGR, De Lope Francés y Hernández Martínez podrían no ser los verdaderos dueños del dinero, sino sólo prestanombres o testaferros, por lo que, desde el 10 de junio de 2015, un juez autorizó la intervención de uno de sus números telefónicos y, en agosto de ese año, pidió autorización para intervenir otros seis números con el fin de identificar a todos los implicados en la presunta trama criminal:

“(Con la intervención telefónica) se estaría en condiciones de conocer la identidad de las personas que sin desarrollar esas funciones (dirigentes), son utilizados como testaferros, es decir, los individuos que con pleno conocimiento de su actuar delictivo fueron registrados ante las instituciones financieras y autoridad fiscal como accionistas en la adquisición en la constitución de las personas morales de mérito, aportando únicamente sus identidades y el curso de actos necesarios para conseguir un doble propósito: el anonimato de los individuos que tienen el verdadero control de los activos y la realización de personas colectivas que a la postre son utilizadas para realizar las operaciones ya aludidas.”

Las investigaciones de la PGR lograron acreditar que De Lope Francés y Hernández Martínez constituyeron 47 empresas, en las que están registrados como accionistas y/o representantes legales, compartiendo cargos de dirección en 12 de ellas. Seis de las 47 reportan como actividad el ramo de la construcción y siete la comercialización de equipos de cómputo y software.

Firmada por el agente del Ministerio Público Christian Axel Salas Jurado, adscrito a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, la solicitud dirigida al juez segundo de Distrito, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, es para la intervención telefónica de dos números de Hernández Martínez y De Lope Francés.

También se solicitó intervenir otros cuatro números telefónicos de tres de las empresas: Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación, S.A. de C.V., Facturar en Línea, S. de R.L. de C.V., y Blueicon Technology, S.A. de C.V., aunque también están vinculadas a la investigación Blueicon MMP, S.A. de C.V., Centro Comercial Sonata, S.A. de C.V., Inmobiliaria Sonata, S.A. de C.V., Centro Comercial 2H, S.A. de C.V., Departamento FHM, S.A. de C.V., y Tan INN Salón, S.A. de C.V.

La PGR supone que, además De Lope Francés y Hernández Martínez, hay otros implicados que “estén siendo destinatarios de los recursos obtenidos, ello a fin de distribuirlos a diversos grupos delictivos aún desconocidos por esta autoridad ministerial”.

Millones y millones

La PGR inició la averiguación luego de que, el 14 de enero del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó la denuncia, que detalla la manera anómala de operar de las empresas de los dos empresarios poblanos y también porque no pagaron impuestos.

Y un dato llamó su atención: el 11 de julio de 2013, la empresa Tan Inn Salón, de la que Hernández Martínez es accionista y administrador único y De Lope Francés es accionista y comisario, hizo una transferencia electrónica a una empresa de Colombia por 112 mil 619 pesos.

La empresa destinataria se llama Agua Bendita y su propietario es Jorge Alberto Saldarriaga Escaf, hijo de Ivonne María Escaf de Saldarriaga, “persona que en el mes de noviembre de 2000 fue extraditada a Estados Unidos de Norteamérica al estar acusada de enviar a ese país cuatro toneladas de cocaína por la vía marítima”.

Las investigaciones sobre los sospechosos iniciaron a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP identificó que “las empresas constituidas por los indiciados, las cuales operan grandes cantidades de dinero, han omitido el pago de impuestos atinentes, con la clara finalidad de no alertar a la autoridad hacendaria, máxime que se encuentran imposibilitados para justificar dichos ingresos”.

Por ejemplo, Blueicon Technology, S.A. de C.V., de la que es accionista Hernández Martínez, maneja recursos que no tienen sustento:

“Está desarrollando diversos proyectos inmobiliarios dentro del complejo denominado Distrito Sonata, ubicado en Lomas de Angelópolis, Puebla, desarrollos que concentran grandes espacios comerciales y residenciales, y al comparar ingresos del balance contable de la empresa con las dimensiones y espacios edificados resulta inexplicable y desproporcional, ya que los activos reportados no alcanzan ni para la compra de los terrenos y mucho menos para las obras realizadas, en razón de dichas compraventas suman más de 55 millones 85 mil 490 pesos, cantidad liquidada el 26 de noviembre de 2013, causando especial interés que de la propia página en internet de dicha empresa se desprende que se comenzó con la construcción de estos complejos desde el año 2012, es decir, un año antes de la compra de los citados terrenos.”

Añade la indagatoria de la PGR, iniciada a petición de la SHCP:

“La empresa Blueicon Technology, S.A. de C.V., se constituyó en fecha 4 de julio de 2011, en el cual reportó no haber tenido ingresos representativos, pero en la declaración de impuestos correspondiente a 2012 la sociedad manifestó tener un inventario de activos por 19 millones 988 mil 837 pesos y para el ejercicio 2013 el mismo ascendió a 206 millones 870 mil 240 pesos, sin identificar el origen de los recursos que provocaron el aumento y sin localizarse ingresos generados por la persona moral derivados de sus actividades, aunado a que del 19 de abril de 2012 al 16 de mayo de 2014 se identificaron ingresos vías trasferencias electrónicas SPEIS sin que dichos activos fueran reportados en la declaración de impuestos ateniente.”

Añade: “(…) Los imputados, a través de diversas personas jurídicas colectivas, de las que son accionistas y/o representantes legales, desplegaron operaciones utilizando los servicios de instituciones que integran el sistema financiero y en el ámbito comercial, que al ser analizadas conjuntamente con el resto de los datos permitieron establecer de manera fundada y motivada que los recursos económicos implicados tienen un origen ilícito y que las conductas se realizaron pretendiendo ocultar el origen y destino de los mismos, aunado a que no pueden justificar el origen lícito de esos activos, pues no corresponden a los que la sociedad mercantil BLUE ICON TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., reporta a la autoridad hacendaria, sin que se conozca otra fuente de ingresos lícitos de la citada empresa”.

Proceso
Álvaro Delgado
Reportaje Especial
Ciudad de México
Viernes 7 de octubre de 2016.


Familiares de altos cargos chinos, desde Mao a Xi Jinping, aparecen entre los clientes de Mossack Fonseca

China, la segunda potencia económica del mundo, es también el principal mercado de Mossack Fonseca, el bufete de abogados implicado en los papeles de Panamá: casi un tercio de las compañías que gestionó procedían de sus oficinas en Hong Kong y la China continental. Es un dato que explica la rapidez con la que esta semana han actuado los censores del país para eliminar toda alusión a los vínculos de sus líderes con el escándalo. Los nombres de familiares de al menos ocho de los más altos dirigentes del régimen, en ejercicio o retirados, aparecen en los 11,5 millones de documentos analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a lo largo de un año.

Según las revelaciones del ICIJ, el propio presidente chino, Xi Jinping, cuenta con familiares entre quienes recurrieron a los servicios del bufete panameño. Su cuñado Deng Jiagui, que ya aparecía mencionado en una investigación previa del ICIJ en 2014, se hizo con una compañía offshore en 2004 y otras dos en 2009. Ninguna se encontraba en activo cuando Xi llegó al poder en 2012 y desató una campaña contra la corrupción en la que han caído miles de funcionarios y que se ha convertido en uno de los hitos de su mandato.

Zhang Gaoli y Liu Yunshan, otros dos de los siete miembros del Comité Permanente, el máximo órgano de mando al frente del Partido Comunista, también tienen familiares implicados, su yerno y su nuera, respectivamente. Los dos son accionistas en compañías establecidas en las islas Vírgenes Británicas.

Otros familiares de antiguos dirigentes chinos también aparecen en las listas, como Li Xiaolin, la hija de Li Peng, el ex primer ministro Li Peng que durante su mandato dirigió la sangrienta represión de las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989. Li Xiaolin es, junto a su esposo, propietaria de otra compañía con sede en las islas Vírgenes desde 1994.

Salen a relucir también los nombres de Zeng Qinghuai, hermano del exvicepresidente chino Zeng Qinghong, o del hijo del que fuera secretario general del Partido Comunista Hu Yaobang, Hu Dehua.

 No se libra tampoco ni el propio Mao Zedong, el fundador del régimen chino actual fallecido en 1976. Chen Dongsheng, marido de una de sus nietas, era el único accionista y director de una compañía con sede en las islas Vírgenes.

El Gobierno chino ha reaccionado con el silencio a estas revelaciones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, ha afirmado que no hará declaraciones sobre “acusaciones sin ninguna base”.

La constitución de compañías offshore no representa, en sí misma, un delito. Pero la asiduidad con la que miembros de algunas de las principales dinastías políticas chinas hacen uso de estos vehículos para evitar el pago de impuestos y trasladar sus bienes al exterior es un asunto embarazoso para el régimen de Xi Jinping y su campaña contra la corrupción.

Xi ha basado buena parte de su legitimidad, y la de su Gobierno, en una imagen de absoluta limpieza, aunque hasta el momento su lucha contra el lucro dudosamente adquirido se ha desarrollado bajo una capa de opacidad. Algunos de los juicios contra las personalidades más célebres, como el exjefe de los servicios de seguridad Zhou Yongkang, se han desarrollado a puerta cerrada, y no se han adoptado medidas para hacer públicos los bienes de los funcionarios del régimen. Medios extranjeros que han publicado investigaciones sobre la riqueza de familiares de altos cargos se han visto censurados y sus periodistas han sufrido represalias, como le ocurrió al periódico “The New York Times” tras publicar una información sobre la riqueza de allegados del entonces primer ministro, Wen Jiabao, en 2012.

Los datos también se conocen cuando China vive una importante salida de capitales hacia el exterior. Las estimaciones de Bloomberg acercan ese flujo al billón de dólares (unos 920.000 millones de euros) en 2015, siete veces más que la cifra calculada en 2014.

El País
Macarena Vidal Liy
Pekín, China
Miércoles 13 de abril de 2016.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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