Un tribunal ordenó hace más de un año la detención de los autores intelectuales de la tortura de la periodista en 2005 sin que nada haya ocurrido desde entonces

 
En los próximos días se hará pública una decisión judicial que podría cambiar el curso del caso de Lydia Cacho. En diciembre del año 2005 la periodista fue torturada por denunciar a una red internacional de trata de niños y niñas en la que están involucrados políticos y empresarios mexicanos. Después de años de búsqueda de justicia, un tribunal en Quintana Roo ordenó finalmente en abril del año pasado la detención de los probables autores intelectuales de estos hechos. Se trata de un hito en la lucha contra la impunidad en uno de los países más violentos en el mundo para ejercer el periodismo. Pero ahora es posible que esta orden se caiga y peor aún, que se derrumbe toda posibilidad de sanción contra la estructura organizada de poder responsable.

Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente por un grupo de policías el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada en vehículo hasta la ciudad de Puebla. En el trayecto fue torturada. Estas agresiones sucedieron como consecuencia de la publicación del libro Los Demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía infantil, sobre una red internacional de explotación sexual de niñas y niños de entre cuatro y 14 años de edad. El libro menciona a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables. Y también menciona a Emilio Gamboa y Miguel Ángel Yunes entre otros poderosos empresarios y políticos como integrantes de la red.

Derivado de estos hechos se inició una investigación judicial por los actos de tortura en contra de la periodista. Sin embargo, el asunto se mantuvo en impunidad, estancado, sin ninguna persona procesada, ni verdad, ni reparación. Casi diez años después, ARTICLE 19 presentó junto con la periodista una petición al Comité de Derechos Humanos de la ONU para revisar el caso por la inactividad del Estado mexicano.

En diciembre de 2014, dos meses después de presentar la comunicación ante Naciones Unidas, la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal contra dos policías judiciales del estado de Puebla que perpetraron directamente la tortura y por órdenes de sus superiores. Uno de ellos, José Montaño, fue capturado y sentenciado por el delito de tortura (actualmente en prisión) mientras que el otro se encuentra prófugo. En diciembre de este año, Montaño cumplirá la totalidad de su sentencia.

Cinco años después, el 11 de abril de 2019 un tribunal en Quintana Roo libró finalmente órdenes de aprehensión en contra Mario Marín, Kamel Nacif, el exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán; y el excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría de Puebla, Juan Sánchez Moreno. De estos últimos, hasta el día de hoy solamente Sánchez Moreno ha sido detenido, procesado y sentenciado por el delito de tortura. Pero Marín, Nacif y Karam se encuentran aún prófugos. Lo inexplicable es: ¿Por qué a un año y medio de su emisión no han sido ejecutadas las órdenes? La misma Lydia ha aportado información sobre el paradero de sus agresores, pero la inacción de la Fiscalía General de la República sobre lo aportado por la periodista genera dudas sobre la determinación de la institución.

Contrario a ser capturados, Marín, Nacif y Karam promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión, alegando la existencia de violaciones procesales y la falta de pruebas en su contra, recibiendo mención particular aquellas llamadas telefónicas conocidas públicamente en 2006 entre Marín y Kamel y cuya ilicitud alega la defensa.

La teoría del caso de la Fiscalía General de la República y de ARTICLE 19, consiste en la puesta en operación de una estructura organizada de poder que activó el aparato estatal para castigar a la periodista. Y la llamada telefónica es la evidencia más contundente de ello pues demuestra que Kamel Nacif ordenó los crímenes contra Lydia y que Marín utilizó el Estado para ejecutar esas órdenes. Sin embargo, debido a que estas llamadas no fueron incorporadas al expediente como consecuencia de una orden judicial para interceptar comunicaciones, sino que fueron filtradas a medios de comunicación quienes luego las hicieron públicas, el Tribunal podría ordenar excluir esa evidencia del proceso. No está en duda la veracidad del contenido de la llamada, sino la validez para mantener la prueba en el proceso.

El pasado 2 de octubre se celebró la sesión en el tribunal de Quintana Roo que resolvió finalmente estos amparos. Esta decisión -que aún no es pública- es fundamental, ya que de ella podría depender la posibilidad de encontrar justicia después de 15 años de buscarla. En su fallo, el amparo otorgado a Marín, Karam y Nacif regresa “la pelota a la cancha” de la magistrada para que decida nuevamente. Es de conocimiento de ARTICLE 19 que hay una fuerte presión sobre los tribunales federales en Quintana Roo que han conocido del caso. El tribunal dejó abierta la posibilidad de que la magistrada que giró inicialmente las órdenes en esta ocasión recule y decida negarlas.

No hay que olvidar que debido a los intereses del crimen organizado que aquí se están tocando, y al poder de las personas involucradas, jueces y magistrados requieren de medidas especiales para obrar con independencia y seguridad. Hasta el momento el Consejo de la Judicatura Federal ha fallado en entregar esas garantías.

Los recientes avances en la justicia -y los intentos de los probables autores para huir de ella- han implicado nuevas amenazas para Lydia. El 31 de julio 2019 su casa en Cancún fue allanada por desconocidos que entraron a su domicilio y robaron material periodístico relacionado con sus investigaciones sobre pederastia en México. Por este motivo la periodista tuvo que desplazarse fuera del país sin que a la fecha existan condiciones de seguridad para su regreso.

Asimismo, derivada de la petición presentada en 2014, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió el 31 de julio de 2018 una resolución contra el Estado mexicano, determinando que los hechos ocurridos en diciembre de 2005, son violatorios de los derechos humanos de Lydia a la no discriminación en razón de género, no ser sometida a tortura, a la libertad personal, a la integridad personal, y de libertad de expresión, además declaró que el Estado no cumplió con sus obligaciones de proveer un recurso efectivo para investigar a los culpables. Era la primera vez que el comité condenaba a un Estado por no proteger a una periodista y la primera vez que ordenaba investigar y sancionar a los responsables. Por esa razón las autoridades activaron la investigación contra los responsables del más alto nivel. Ahora existe el riesgo de que esto nunca se cumpla.

Artículo 19
Ciudad de México
Lunes 16 de noviembre de 2020.


Dos jueces federales con sede en Puebla ordenaron el descongelamiento de las cuentas bancarias del exgobernador de la entidad Mario Marín Torres (2005-2011) y del empresario textilero Kamel Nacif, quienes actualmente se encuentran prófugos señalados por el delito de tortura.

Así lo dio a conocer la periodista Lydia Cacho, quien lamentó la corrupción que prevalece en el poder judicial del país y que permite que ambos personajes puedan hacer uso de 800 millones de pesos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había bloqueado desde marzo pasado.

La también autora de Los demonios del Edén reveló que fue el Juez Primero de Distrito de Juicios Federales de Puebla, Miguel Arroyo Herrera, quien ordenó descongelar las cuentas del gober precioso, mientras que el Juez Octavo de Distrito de Juicios Federales de Puebla, Pedro Arrollo Soto, falló a favor del empresario Kamel Nacif.

“La corrupción del poder judicial de México sigue igual. Dos jueces de #Puebla liberan las cuentas congeladas de los prófugos torturadores y tratantes de niñas. El ex gobernador #MarioMarin y #KamelNacif 800 millones. Libres para moverse a su antojo; buscados por Interpol”, tuiteó la periodista.

Desde abril de 2019, María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, ordenó la aprehensión de Marín Torres y de Nacif, así como de Hugo Adolfo Karam Beltrán, exjefe de la Policía Judicial de Puebla, y Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales, todos acusados por el delito de tortura en contra de Cacho presuntamente cometido en 2005.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 23 de septiembre de 2020.


La Fiscalía General de la República (FGR) inició ante el Gobierno de Líbano los trámites para extraditar al empresario Kamel Nacif Borge, "El rey de la mezclilla", prófugo de la justicia mexicana por las presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, desde hace más de un año el textilero huyó a tierras libanesas, donde en las últimas fechas la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciaron los trámites para que sea sujeto a un proceso de extradición.

En el debate que sostuvo esta mañana con el consultor Edgardo Buscaglia, en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, dijo que uno de los prófugos por este asunto huyó a tierras libanesas, aunque no precisó su identidad.

Fuentes de la dependencia confirmaron por separado que se trata de Nacif, precisando que aún no se encuentra privado de la libertad.

El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo ordenó su aprehensión por el delito de tortura en agravio de Cacho y, aunque desde mayo del mismo año la Interpol giró la ficha roja para ser buscado en más de 190 países, hasta el momento no ha sido detenido.

El mandamiento de captura también fue librado contra el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín; así como contra Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex jefe de la Policía Judicial del mismo Estado, y Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales.

En 2005 la Policía de Puebla detuvo a Lydia Cacho en Cancún, Quintana Roo, con una orden de aprehensión por los delitos de difamación y calumnia, cuyo origen era una denuncia penal de Kamel Nacif.

Desde el puerto turístico del Caribe, la periodista fue trasladada por tierra hasta Puebla, un trayecto en el que habrían ocurrido las torturas que ahora imputa la FGR al ex Gobernador, al empresario y los mandos policiacos.

La denuncia de Nacif, que en su momento llevó a la detención de Cacho, derivaba de la publicación del libro "Los demonios del Edén", donde la periodista mencionó que el textilero acudió a fiestas donde eran pervertidos menores de edad.

Después de la captura de la periodista, se dieron a conocer conversaciones telefónicas entre el entonces Gobernador poblano y el empresario, en el que celebraban el "escarmiento" que propinaron a la periodista.

El 30 de abril de 2019, la FGR detuvo en el Estado de México a Juan Sánchez Moreno, ex director de Mandamientos Judiciales de Puebla, quien siete meses más tarde se declaró culpable de las torturas a Cacho y fue sentenciado a 5 años con 3 meses de prisión.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Viernes 10 de julio 2020.


Presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó al sistema bancario congelar las cuentas de Mario Marín, exgobernador de Puebla, del empresario textilero Kamel Nacif, y de Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, quienes se encuentran prófugos de la justicia por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

El sitio Aristegui Noticias dio a conocer que la Unidad, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentará una denuncia por delitos fiscales y presunto lavado, pero además se espera que la medida ayude a las autoridades a cumplimentar las órdenes de aprehensión vigentes por los ataques a la periodista.

Las solicitudes fueron enviadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que a su vez pidió a las instituciones bancarias informar las cuentas y montos vinculados a los presuntos criminales.

Según primeras investigaciones, el exgobernador de Puebla es titular de cuentas en Banorte, HSBC, Seguros Comercial América, Mifel y Santander.

Las autoridades también solicitaron congelar cuentas de miembros de la familia del exgobernador que le acercan recursos para mantenerse prófugo.

Las autoridades mantienen la hipótesis de que el exgobernador se encuentra en Puebla, en zonas alta plusvalía.

Sobre el empresario textilero Kamel Nacif, conocido como “El Rey de la Mezclilla”, las autoridades solicitaron congelar el acceso a cuentas donde es titular y de su círculo familiar, pero también de 12 empresas donde figura como representante legal o ‘tercero relacionado’.

La UIF detectó cuentas a Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex subsecretario de Seguridad Pública de Puebla, en BBVA, HSBC y Santander.

En 2005, Kamel Nacif, conocido como el ‘‘Rey de la mezclilla’, pidió a los exfuncionarios de Puebla detener a la periodista Lydia Cacho en Quintana Roo en represalia por exhibir su participación en una red de pederastia en el libro “Los Demonios del Edén”.

Mediante una llamada telefónica a finales de 2005, Kamel Nacif agradeció a Mario Marín su intervención y le ofreció enviarle dos botellas “bellísimas” de coñac. El entonces gobernador le dijo: “acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad”.

Artículo 19 informó en un comunicado que hay procesos judiciales contra cinco policías judiciales (hoy ministeriales) del estado de Puebla, uno del estado de Quintana Roo, el ex director de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam; el ex gobernador del mismo estado, Mario Marín Torres; y el empresario textilero Kamel Nacif.

Durante prácticamente 15 años, Lydia Cacho ha buscado justicia en tribunales locales, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instancias de la ONU, sin que los principales acusados hayan llegado al banquillo de los acusados.

e-consulta
Puebla, México
Domingo 22 de marzo de 2020.


Los magistrados aclararon que la resolución que dictaron no implica poner en libertad al condenado, pero la nueva sentencia tampoco podrá superar los 112 años de prisión; Jean Succar Kuri fue detenido en 2004 por pederastia

Un tribunal federal revocó la sentencia por 112 años de prisión dictada contra Jean Succar Kuri por pederastia, debido a que consideró que existieron vicios en su proceso penal, sin embargo, no saldrá libre.

El Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo ordenó emitir una nueva resolución en el que se tenga por demostrado el delito de pornografía infantil y abuso sexual cometido en contra de siete menores.

Es decir, que se determine si las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de la agresión cometida por Succar Kuri contra siete menores de edad entre el 5 de noviembre de 2000 a noviembre de 2003 fue de manera individual o si se cometió en algunas ocasiones estando dos o más menores juntos.

Esta es la segunda ocasión que la condena de Succar Kuri debe ser modificada, el 21 de julio de 2016 el Tribunal Unitario de Quintana Roo, hoy Primer Tribunal Unitario, modificó su condena por 70 años emitida por el juez Segundo de Distrito para incrementar la pena a 112 años de cárcel.

Contra esta resolución, Succar Kuri presentó un amparo directo en el que ahora el Primer Tribunal Colegiado le dio parcialmente la razón pues ordenó al Unitario analizar el concurso real de los hechos conforme a la legislación Penal Federal vigente al momento de los mismos.

Los magistrados también ordenaron la aplicación de una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que si “efectivamente en el caso, de acuerdo a la mecánica de los hechos, se actualizan los elementos esenciales del concurso real de ilícitos”.

Los magistrados aclararon que la resolución que dictaron no implica poner en libertad al acusado, pero la nueva sentencia condenatoria tampoco podrá superar los 112 años de prisión que le fueron impuestos en el fallo impugnado.

“La anterior determinación no implica la libertad del ahora quejoso. Sólo resta decir que, atento al principio de non reformatio in peius, no podrá incrementar el grado de culpabilidad que estableció -medio- y tampoco imponer una pena que supere la determinada con anterioridad en la resolución que constituye el acto reclamado”, precisaron.

En su amparo, Succar Kuri alegó que la sentencia por la que fue condenado a 112 años de prisión es tendenciosa porque no se realizó un adecuado análisis de los medios de prueba que obran en el expediente.

“Da la impresión de que solamente se está reproduciendo el dictado del auto de formal prisión. Se impone una sentencia que carece de ese estudio jurídico”, señaló.

Succar Kuri fue detenido el 5 de febrero de 2004 en Chandler, Arizona por agentes del U.S. Marshals Service (Regional Task Force).

El 11 de marzo de 2004 la extinta Procuraduría General de la República en Quintana Roo ejerció acción penal en su contra por el delito de pornografía infantil agravada.

El Universal
Diana Lastiri
Ciudad de México
Lunes 10 de febrero de 2020.


•    Critica Lydia Cacho postulación de ex jueza Rosa Celia Pérez González a la Fiscalía de Puebla

•    La exfuncionaria liberó una orden de aprehensión contra la periodista en 2005 por denunciar pornografía infantil.


La periodista Lydia Cacho criticó que la ex jueza Rosa Celia Pérez González haya postulado por la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que ella fue quien libró la orden de aprehensión en su contra durante el gobierno de Mario Marín Torres.

En su cuenta de Twitter, la autora del libro Los demonios del Edén, recordó que el empresario Kamel Nacif ordenó su encarcelamiento y la mandó a torturar –en 2005– por denunciar casos de pornografía infantil y se alió con la entonces jueza Rosa Celia Pérez.

“El prófugo de la justicia Kamel Nacif me encarceló y mandó torturar por denunciar pornografía infantil. Se alió con la jueza Rosa Celia Pérez que hoy quiere ser fiscal de Puebla. La justicia como instrumento de venganza”, escribió.

El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida por la entonces policía judicial de Puebla en Cancún, Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.

“Dile a la jueza Rosa Celia que le pago un viaje a Las Vegas” “Ella no se va a ir p’atras contra Lydia Cacho, la jueza es de las nuestras” Kamel Nacif y Juan Nakad. Esta jueza quiere ser Fiscal General de Puebla en 2020”, publicó la periodista este 7 de febrero para criticar la postulación de Pérez González.

Es importante recordar que el 23 de diciembre de 2005 la juez quinto de lo penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra la escritora, por los delitos de difamación y calumnia, sin embargo, tras pagar una fianza consiguió su libertad y fue obligada a firmar cada mes.

El 17 de enero de 2006 Cacho fue exonerada tras una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y el 13 de marzo de ese año interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).

Sobre la convocatoria a la titularidad de la Fiscalía General del Estado los nombres de 13 aspirantes fueron enviados por el Congreso del Estado al gobernador Luis Miguel Barbosa para que elija una terna de candidatos que deberán comparecer ante el pleno para conocer su perfil y propuestas de trabajo. Entre los aspirantes destacan el actual encargado de despacho de la FGE, Gilberto Higuera Bernal y la ex jueza Rosa Celia Pérez.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, Mx.
Domingo 9 de febrero de 2020.


El excomandante para el Cumplimiento de Mandatos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ), Juan Sánchez Moreno, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

Detenido el 30 de abril del año pasado, el ex comandante policíaco fue condenado además a pagar una multa de 275 días de salario mínimo -equivalente a 12 mil 113.75 pesos-, así como a recibir una amonestación pública y perder sus derechos civiles y políticos para ejercer un cargo público por los mismos cinco años y tres meses.

Cabe recordar que Sánchez Moreno fue detenido por el caso de tortura contra la periodista en el año 2005, en el que también estarían implicados el exgobernador el priista Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif y el ex director de la Policía Judicial del Estado Hugo Adolfo Karam Beltrán, quienes siguen en calidad de prófugos.

En su cuenta de Twitter, la organización Artículo 19 recordó que en 2017 también fue detenido el excomandante José Montaño, implicado en el mismo delito, por lo cual fue sentenciado con la misma pena que Sánchez Moreno.

ARTICLE 19 MX-CA

@article19mex
El día de hoy 15 de enero, nos fue notificada la sentencia condenatoria en contra de Juan Sánchez Moreno, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho cometido en diciembre de 2005.

Para la organización, la pena impuesta a ambos expolicías poblanos debió ser mayor pues no refleja la gravedad del delito ni al puesto jerárquico que tenían dentro de la entonces Procuraduría de Puebla.

“Cabe recordar que hace 9 meses la Feadle giró órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y Hugo Karam, sin que hasta la fecha ninguno haya sido detenido”, reclamó la agrupación.

“Para Artículo 19, continúa siendo necesaria la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes a fin de garantizar la verdad, justicia y reparación a la periodista Lydia Cacho”.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Jueves 16 de enero de 2020.


Esta es la historia de Raúl Martins, el proxeneta más buscado por un gobierno extranjero en México. Su ascenso, sus padrinos políticos y su estrepitosa caída explican las redes de poder detrás del negocio global del sexo forzado.


Roberto Borge, con un vaso de whisky en una mano y una sonrisa instalada en la cara, baila al ritmo de una cumbia en la pista de un salón cercano al Centro de Convenciones del paradisiaco Cancún. Es una calurosa noche de primavera en 2010 y el joven licenciado en Administración de Empresas es el anfitrión de una lujosa fiesta que lo celebra como candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, donde su partido nunca ha perdido una elección estatal.

La guayabera blanca contrasta con el rostro enrojecido que delata su ligera embriaguez. Roberto Borge, de apenas 31 años, saluda efusivamente a sus invitados y agradece su asistencia. No es para menos: la celebración es, en realidad, una cena de recaudación para financiar su campaña electoral. Un centenar de personas atestiguan el convite.

Cada entrada cuesta mil euros, pagados voluntariamente por amigos y familiares, como su tío, el exgobernador Miguel Borge Martín, o su primo, el empresario Kamel Nacif Borge, acusado de tortura por la periodista Lydia Cacho. Pero en el salón hay un hombre que donó y que donará mucho más que mil euros a la campaña de “su queridísimo amigo”: el ex espía argentino y conocido zar de la prostitución forzada en Cancún, Raúl Martins.

El argentino eligió Cancún para instalarse y abrir su primer prostíbulo en México.

Su cercanía es tal que aquella noche, Raúl Martins, con un fino traje italiano negro, cruza la pista, toma a Roberto Borge de los hombros y le da un efusivo abrazo. Hay confianza entre ellos. Mejor dicho: complicidad.

Una de las invitadas contará años después que “Beto” era, desde hace años, un cliente frecuente de Raúl Martins, quien lo trataba como rey a cambio de protección. La mujer que, aquella noche, viste un entallado vestido azul que combina con un pañuelo rojo, observa desde el fondo del salón. Memoriza esa cena que es clave para entender esta trama de sexo, corrupción y poder.

“¡Mi querido amigo! ¡El próximo gobernador del estado!”, grita el argentino y los asistentes aplauden. Tendrá razón: Roberto Borge ganará cuatro meses después la elección y gobernará la entidad entre 2011 y 2016.

Lo que no saben es que el entramado de protección que se brindan mutuamente no resistirá el paso del tiempo: en 2017, el priista será detenido, y encarcelado, por corrupción y lavado de dinero, mientras que Raúl Martins caerá dos años más tarde que su amigo, por trata de personas.

Pero eso será después. Por ahora, los dos se abrazan y lucen como los reyes del mundo. Cada uno ocupa un lado de la misma moneda: poder político y poder económico.

Lorena, la mujer del vestido azul y acompañante del ex espía argentino, recordará en 2019 esa noche con una contundente oración que secunda un empresario cancunense que también asistió a la cena: “El PRI era el guardaespaldas de Raúl Martins”. Ambos, Lorena y el empresario, cuentan a EMEEQUIS la historia que les tocó atestiguar. Las huellas de corrupción y abuso de poder que fue dejando el espía que sedujo a Roberto Borge también quedaron plasmadas en expedientes judiciales de Argentina y México.

Los pininos del proxeneta

Raúl Martins Coggiola, ahora de 71 años, fue un hombre ordinario durante el primer cuarto de su vida. Luego, un hombre pesadilla. A los 25 años le gusta beber mate, leer sobre Derecho e Historia, escuchar rock en español y pasearse por la ciudad de la mano de su esposa Cristina Susana. Como muchos que nacieron en Santa Fe, Argentina, es un hincha devoto del Club Atlético Colón. Pero su sueño no es ser futbolista. Es algo, incluso, más infantil: él anhela ser espía.

Gracias a un teniente amigo de su suegro, Martins ingresa sin cumplir todos los requisitos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 1974. Es un año definitivo para la historia de su país y la suya: el presidente Juan Domingo Perón fallece y deja una nación convulsa. El joven debe aprender el oficio, y rápido, si quiere servir con eficiencia a sus amigos militares, quienes ven en la muerte del mandatario la oportunidad perfecta para, dos años más tarde, robar el poder e instaurar una dictadura.

Así que el joven Raúl Martins se despoja de su identidad. Ahora se hace llamar Aristóbulo Manghi y se hace pasar por profesor de Historia para ubicar a jóvenes de izquierda que pelean contra la dictadura. Su ojo es implacable: apunta hacia líderes estudiantiles, casi de su edad, que terminarán asesinados o desaparecidos. Su dureza atrae a los altos mandos de la dictadura y le ofrecen ser jefe de la Base Billinghurst, una especie de campo de concentración del terrorismo de Estado.

Raúl Martins aprende dos dudosas habilidades en esa enorme mazmorra en pleno barrio de Palermo: a torturar sin perder el sueño y a tratar con criminales. Absorbe de ellos toda la malicia que no obtuvo de joven. E, incluso, se enamora de una: Norma Oviedo, “La Negra”, quien le ofrece sus contactos en la Policía Federal para empezar un negocio de baja inversión y altos rendimientos.

Para 1979, Raúl Martins ya no solo es un espía. Es el flamante dueño de su primer prostíbulo, The One, en la ciudad de Buenos Aires. Se hace adicto al comercio sexual, al dinero, a las drogas y al poder de tener un local así. Renuncia al gobierno y en los próximos años abrirá varios negocios más, donde recibe a amigos, socios y cómplices de una poderosa red cuidadosamente tejida por sus manos expertas en inteligencia militar y contrainteligencia: su ojo experto ubica a mujeres argentinas, brasileñas, chilenas, que son generosas en curvas, pero pobres en recursos, y las lleva a sus locales con engaños de un trabajo decoroso y sencillo. Luego aplica una técnica propia que él llama “el rompimiento”: las encierra en casas de seguridad, les inventa deudas estratosféricas por viajes, hospedaje y comida y las obliga a bailar y ser violadas para saldar sus adeudos; si no lo hacen, las deja en la calle, amenaza con fabricarles cargos con sus amigos policías y las golpea, según un modus operandi denunciado por la organización civil argentina La Alameda, ante la jueza federal María Romilda Servini.

Cada exclusivo club que abre está a nombre de un testaferro. Cada nuevo local tiene su propia nómina en la que incluye a poderosas autoridades locales. Pero, sobre todo, cada prostíbulo de cinco estrellas tiene algo que le enseñó su jefe en la central de inteligencia, Jaime Stiuso: un circuito cerrado de televisión con el que filma a sus mejores clientes frente a sillones y mesas repletas de mujeres secuestradas, armas, cocaína y dinero en efectivo. Ese es su seguro de vida.

Por sus cámaras desfilan deportistas, actores, empresarios, policías, jueces y políticos. Nadie sabe que es filmado. Lo sabrá en 2012 un millonario empresario futbolero que luego incursionará en la política, cuando su fotografía en un antro donde había mujeres esclavizadas, propiedad de Raúl Martins, llegue a las primeras planas de los diarios de su país: sentado en un sillón de cuero blanco aparece el exalcalde de Buenos Aires y expresidente de Argentina, Mauricio Macri.

Si eso hizo en su patria, ¿a quiénes filmó en México?

Un explotador sexual llega a México

La suerte en Argentina no es eterna para Raúl Martins. Perseguido por su creciente fama como el “zar de la prostitución”, decide ponerse a salvo y huir de su país. Elegir su destino es sencillo: un tratante como él solo podría aterrizar en “la Bangkok latinoamericana”, el país número dos en turismo sexual a nivel mundial, México.

Datos de la investigación en su contra, obtenidos por EMEEQUIS, dan cuenta que el ex espía entra por Tijuana el 19 de mayo de 2002 con una visa de turista. Lleva pocas maletas, pero cuenta con la lealtad de amigos, como el priista Jorge Hank Rhon, y amigos de sus amigos. Uno de ellos es el hoy detenido por trata de personas, Ignacio Santoyo, alias “El Sony”, fundador de la página de explotación sexual Divas.com, que más tarde se renombrará como ZonaDivas.com, ya con Raúl Martins como socio. Ambas páginas ya han sido dadas de baja de internet por ofrecer mujeres secuestradas con cargo a una tarjeta de crédito.

El argentino elige Cancún para instalarse. No pierde tiempo: abre su primer prostíbulo en México, The One, mismo nombre que su primer local en Buenos Aires, pero ahora a unas calles de la playa. Luego abre Divas, Ellegance y Mix Sky Lounge. Se expande a Playa del Carmen e inaugura Maxim. Ninguno está abierto ahora, pero en aquel año el funcionamiento es el mismo que afinó en Argentina: trae a México mujeres de Sudamérica, las “rompe”, las obliga a vender sexo y las ofrece a clientes VIP, quienes ignoran que son videograbados. Según la periodista Lydia Cacho, en su libro Esclavas del Poder, para blindar su negocio hizo una poderosa alianza con Los Zetas, a quienes entrega mujeres secuestradas y, a cambio, se convierten en su guardia armada.

Sus clientes incluyen regidores, alcaldes y políticos locales en Quintana Roo, casi todos del PRI y el PVEM, que son los partidos que dominan el territorio en aquellos años. También legisladores y jueces; empresarios y narcotraficantes, según los testimonios de las mujeres que narraron el funcionamiento de los negocios de Raúl Martins ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas en Argentina. A ellas les cuesta recordar nombres, pero no olvidan que los clientes entraban con sus cargos por delante y fajos de billetes por detrás.

Una muestra del pacto de complicidades que tejió Raúl Martins en México ocurre en 2004, cuando la Secretaría de Gobernación abre el expediente SDRM-6495 por el estatus migratorio irregular del argentino. Pero el ex espía ni se despeina: el juez federal Alfonso García Lanz le obsequia un amparo para protegerlo de la deportación. Años más tarde, ese polémico juez será vinculado a Los Zetas por periodistas locales.

Sus poderosos amigos lo protegen porque escuchan sobre su videoteca y les llega el rumor de que, si Raúl Martins cae, el cajón de los secretos se abrirá. Pero ni así dejan de asistir a sus prostíbulos. La tentación es demasiado grande. Así que la cadena de favores crece: Martins recibirá, al menos, seis amparos judiciales para impedir su arresto y cateo y cierre de sus locales; también le avisan de operativos y verificaciones estatales y municipales. A cambio, replica lo que hizo en Argentina: financia campañas políticas. Se asegura que sus clientes queden en puestos claves de la administración pública local y les da costosos regalos, como documentó La Alameda.

Sin embargo, su imperio de prostitución forzada recibe un golpe demoledor desde donde menos lo espera. Su mano derecha y abogado en México y Argentina, Claudio Lifschitz, confiesa quiénes son los protectores más influyentes de su cliente a cambio de que se cancele una orden de aprehensión en su contra: Martins tiene en su celular el número personal, entre otros, del delegado estatal de la Procuraduría General de la República, Pedro Ramírez, y recibe protección del entonces gobernador priista de Quintana Roo Félix González Canto, el antecesor de “Beto” Borge, por instrucciones del exmandatario, también priista, Joaquín Hendricks.

Los dichos de Lifschitz llegan hasta la primera plana del diario Reforma el 11 de enero de 2007. El titular es contundente: “Regentea ex espía prostitución VIP”. La noticia sorprende a las autoridades mexicanas y da tiempo a Raúl Martins de esconderse, pero no le resta protección. Aunque tiene investigaciones federales en su contra, en los meses siguientes es común verlo en los hoteles y restaurantes más lujosos de Cancún, seguro de que sus amigos lo cuidan.

Nada parece cambiar en su mafioso estilo de vida. Hasta que llega otro golpe desde adentro de la organización.

La investigación de la denunciante

Lorena, la acompañante de cenas de Raúl Martins, toma un vuelo desde Argentina a México para reencontrarse con el ex espía, pero ya no lo ama. Todos los días se va agotada a la cama porque fingir amor le roba energía. Pese a su cansancio, es imparable en su investigación. Después de abrazarlo se mete al cubículo de la oficina que comparten y ella hurga, a prisas, todo lo que puede ayudarle a comprobar que sus negocios son una fachada para una red de trata de personas. Transcribe y fotografía libros contables, facturas, correos electrónicos. Anota citas y contactos.

Cuando conoció los negocios de Raúl Martins, al principio no notó que eran ilegales. Eso ocurrió con el tiempo. Poco a poco se le develó una maquinaria que se lubricaba con el dolor ajeno y que generaba millones de pesos. Cuando por fin lo confronta, la reacción de Raúl Martins fue tan violenta que ella y su familia huyeron del país para escapar de su ira. Por un tiempo eso le dio tranquilidad, pero después Lorena no podía dormir sabiendo que conocía las venas entrañas de ese negocio criminal y que estaba abandonando a su suerte a decenas de muchachas secuestradas. Tenía que hacer algo, incluso si eso significaba volver a tocar a ese hombre que ahora le repugna.

Por eso, Lorena está de vuelta con él en 2011. Está absorbiendo todo como una esponja: la historia de una joven mexicana a la que ataron a una silla y le destrozaron los pómulos por querer escapar del tabledance. La de la joven argentina que yace voluptuosamente sobre una cama de hotel horrorizada por su primera violación. La de la chica que ya no quiere seguir bebiendo whisky con un cliente violento y Raúl Martins la castigó obligándola a comer su propio vómito. La de la joven a la que le muerden los pechos como escarmiento por no juntar la cuota del día.

Una historia le cala por encima de todas: la de la joven que, sabiendo que está secuestrada por la red de Raúl Martins y que será entregada para prostituirse con Los Zetas, se avienta de un automóvil en movimiento en la carretera que conecta a Cancún con Playa del Carmen. Al caer se parte la cabeza y un automóvil rueda encima de ella.  Sus captores la abandonan creyendo que ese amasijo de huesos rotos y carne molida ya no tiene pulso. Increíblemente, la chica sobrevive y a los tres días sus captores van por ella a un hospital. La encierran y la torturan por semanas en un cuarto ubicado en el kilómetro 84.5 en la Avenida Kukulcán, de donde la joven escapa para contar a Lorena cómo es vivir bajo el yugo de Raúl Martins.

“Todo eso lo hizo él, ¿cómo podría amarlo después de eso? Tenía que denunciarlo”, me cuenta Lorena con la voz deshilachada de miedo. “¿Y qué relación tenías con él?”, le pregunto, no porque ella no lo haya contado antes, sino porque necesito que lo diga.

Lorena carraspea la garganta. Hay un largo silencio del otro lado de la línea. Parece que ha colgado. Estoy a punto de bajar el teléfono, pero de pronto la escucho.

“Por denunciar todo eso también me quiso matar a mí”, dice. “Raúl Martins es mi padre”.

“Mi papá financió campañas del PRI”

Después de hacer un enorme acopio de información y de testimonios, Lorena Martins denuncia en 2012 a su propio padre ante el fiscal Marcelo Colombo, jefe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos de la Procuración General de la Nación en Argentina. Sus dichos se unen a los del abogado Claudio Lifschitz y decenas de víctimas que relatan sus historias entre llantos incontrolables y golpes en la mesa: ellas recuerdan que el ex espía les aplicaba las torturas que aprendió durante la dictadura militar, como ahogarlas, darles toques eléctricos en genitales o privarlas del sueño. Algunas eran menores de edad.

El coro de denuncias ahora tiene más volumen que el pacto de silencio de Raúl Martins. La justicia argentina decide que ya tiene evidencias suficientes para procesarlo por delitos que van desde trata de personas hasta lavado de dinero. El problema es que su acusado vive en México y el gobierno sudamericano necesita de las autoridades mexicanas para arrestarlo. Pero el sospechoso tiene una red protectora que le anticipa cada movimiento en su contra.

    “Yo fui testigo de cómo mi papá financió campañas políticas del PRI en Quintana Roo. Pagaba miles de dólares. Mucha gente, mucha, le debía favores a mi padre”, recuerda Lorena Martins. “Es un tipo sin ningún respeto por la vida. Yo lo escuché ordenar el asesinato de varias personas”.

Son años de altibajos para el ex espía. Su vida a todo lujo continúa solo que con un perfil más bajo. Se ausenta de los prostíbulos VIP, pero no deja de recibir regalías por la prostitución forzada de su red, como la de ZonaDivas.com, que terminará por convertirse en la proveedora de mujeres al cártel de La Unión Tepito en Ciudad de México.

El mito de Raúl Martins crece como espuma de champaña: es el proxeneta más buscado del país, pero nadie lo toca a pesar de que todos saben que vive en el condominio Residencial Maralago frente al mar turquesa de Cancún.

Un empresario nocturno en Cancún –pidió anonimato–, quien fue testigo de la cena de recaudación que unió a “Beto” Borge con Raúl Martins, me cuenta que, en varias ocasiones, el argentino dijo que mientras la mancuerna PRI-PVEM estuviera en Los Pinos, él estaba a salvo. Como ejemplo ponía el presunto suicidio en 2011 de la joven búlgara Galina Chankova, traída a México por la red de Raúl Martins, y quien cayó del piso 19 de la Torre Emerald, en Cancún, durante una fiesta a la que habría asistido el exlíder nacional del PVEM, Jorge Emilio González. Aunque ha insistido en negar su vínculo con esa muerte, Raúl Martins aseguraba que, si él contaba la verdad de esa fiesta, “El Niño Verde” tendría serios problemas con la justicia. Numerosas investigaciones periodísticas lo contradicen.

“Atraparme significa para Enrique Peña Nieto destapar a corruptos en su partido y amigos. Y eso es lo último que quiere el presidente”, repetía, como mantra, según el empresario nocturno.

Pero la elección federal de 2018 da un vuelco a su blindaje. La misma corrupción que lo cobijó expulsa del poder a la coalición PRI-PVEM y el opositor Andrés Manuel López Obrador gana los comicios a la Presidencia de la República, con la promesa de acabar con el viejo régimen. Y una triple combinación amenaza a Raúl Martins: las presidencias municipales de Solidaridad, donde está Playa del Carmen, y Benito Juárez, que alberga a Cancún, ahora están en manos de Morena, y Quintana Roo es gobernado desde 2016 por Carlos Joaquín González, un viejo priista que cambió de bando y ahora es parte de la coalición PRD-PAN.

Con el priismo barrido del poder federal, estatal y municipal, Raúl Martins se mantiene en libertad apenas 11 meses más. Tras años de evadir la justicia, el 3 de octubre de 2019 le llega un final vergonzoso: mientras renguea hacia la frontera con Belice, agentes de la Fiscalía General de la República lo detienen. El espía espiado es detenido con una inverosímil peluca negra que tapa su calvicie, lentes oscuros y un falso acento mexicano con el que quiere convencer a sus captores que tienen al hombre equivocado. Nada funciona: Raúl Martins es encerrado días más tarde en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y lo ponen a esperar noticias sobre su orden de extradición.

Al llegar a su celda, acostumbrado al clima de Cancún, pide tímidamente una cobija. Los días de sol se han terminado.

La caída y sus últimos deseos

Actualmente, Raúl Martins espera la resolución de una petición de extradición a Argentina, su peor miedo. Allá le persiguen una docena de expedientes que lo pondrían en prisión hasta su muerte. Además, ya no tiene protección política: sus viejos aliados han muerto, se han jubilado o puestos en prisión; su conocido Mauricio Macri no logró la reelección presidencial y la vicepresidenta electa, Cristina Fernández, quiere continuar el legado contra la trata de personas de su exesposo, el fallecido presidente Néstor Kirchner, quien es recordado como un aliado contra la prostitución forzada por influyentes activistas de su país, como Susana Trimarco.

Para evitarlo, Raúl Martins Coggiola usa un recurso legal desesperado: según él, en 2014 el gobierno mexicano le otorgó la ciudadanía. Sus víctimas apuntan a que, si es cierto, se logró con corrupción y por lo tanto ese documento debería ser revocado. Por el momento, el argumento ha funcionado y Raúl Martins ha frenado su proceso de extradición gracias a los consejos legales que le dan sus amigos de la poderosa firma Gabino Andrade en Cancún, quienes han abogado por el presunto pederasta Jean Succar Kuri y por el exgobernador Mario Marín, el “Gober precioso” del priismo, ente otros clientes.

El espía que sedujo a Roberto Borge y otros priistas ahora mismo está luchando por quedarse a vivir en México. Su deseo es pasar sus últimos días en nuestro paraíso caribeño.

@oscarbalmen

Emeequis
Óscar Balderas
Ciudad de México
Jueves 28 noviembre de 2019.


Crescencio Marín, padre Mario Marín Torres, falleció el jueves, pero el exmandatario no asistió a los servicios funerarios debido a la orden de aprehensión que hay en su contra por el caso de Lydia Cacho.

El velorio se llevó a cabo en la Funeraria de Valle de los Ángeles, en la colonia El Mirador, donde se pudo observar la presencia de militares y policías municipales que presuntamente vigilaban si Marín Torres se presentaba en el lugar, pero eso no ocurrió.

En abril, la magistrada María Elena Suárez, del primer Tribunal Unitario con sede en Quintana Roo, ordenó al Ministerio Público federal aprehender a Marín, al empresario Kamel Nacif, al exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, y al excomandante, Juan Sánchez Moreno, por el delito de secuestro y tortura en contra de Lydia Cacho, ocurrida en 2005.

Aunque días antes el exmandatario poblano había aparecido públicamente en actos de campaña de su excolaborador y en ese momento candidato a gobernador por el PRI, Alberto Jiménez Merino, desde que se supo de la orden de aprehensión ya no se supo de su paradero.

En agosto, se manejó la versión de que el exgobernador había acudido a una fiesta en Atlixco ofrecida por el empresario Rafael Forcelledo, sin que fuera detenido.

Se preveía que el sepelio del padre de Marín Torres, quien murió a los 96 años de edad, se llevaría a cabo en Santa María Nativitas Cuautempan, junta auxiliar del municipio de Coyotepec, de donde es originaria la familia.

A la funeraria acudieron los exfuncionarios marinistas, como Valentín Menéses, y Alberto Jiménez Merino, entre otros.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 8 noviembre 2019.


Juez anula suspensión de orden de arresto contra el exgobernador Mario Marín Torres

Un juez federal dejó sin efectos la “suspensión de plano” que, en mayo pasado, le fue otorgada al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y sobre quien pesa una orden de aprehensión por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

A decir de la comunicación enviada por el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo de la jurista Rosa María Cervantes Mejía, Marín Torres no ratificó el amparo por lo que la medida precautoria quedó sin efectos.

En un acuerdo fechado el pasado 11 de junio, dicho juzgado manifestó problemas para localizar al exgobernador, por lo que solicitaron que diera un domicilio en el cual hacer llegar las notificaciones o su localización, sin embargo, la defensa de Marín no lo proporcionó.

Ante ello, Cervantes Mejía determinó retirar las medidas precautorias que no podían ser efectivas pues los delitos contra los que se acusa al exgobernador de Puebla son considerados graves.

El pasado 7 de mayo, Marín solicitó un amparo contra la detención que dictó el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por las torturas que sufrió Lydia Cacho hace 13 años. Siete días después ésta notificó “el cumplimiento dado a la suspensión de plano concedida” contra actos privativos de la libertad.

El Primer Tribunal Unitario ordenó su detención, junto a Adolfo Karam Beltrán y Julián Sánchez Moreno –exjefes de la policía local y de mandamientos Judiciales de la Procuraduría estatal, respectivamente–, así como contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge, “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tortura”.

En 2005, el empresario de origen libanés Kamel Nacif demandó por “daño moral” a Lydia Cacho, quien en su libro “Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía”, lo acusó de proteger una red de pederastas encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, arrestado en Cancún en 2004.

Un año después el periódico La Jornada reveló los audios donde Nacif felicitó al entonces gobernador Mario Marín por solicitar la aprehensión de Cacho en Cancún, Quintana Roo, donde reside la periodista.

Durante su detención, la escritora manifestó haber sufrido torturas y tratos degradantes, motivo por el que 12 años después se giró la orden de aprehensión contra Marín Torres y sus cómplices.

Proceso
José Raúl Linares
Ciudad de México
Miércoles 12 de junio de 2019.

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