Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusar de ser “omisa” por no informar sobre el desvío 5 mil 73 millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

“Como han señalado mis abogados, yo me presente aquí de manera voluntaria. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado en la ciudad. Yo no tengo millones de pesos para vivir en Canadá y regresar impune. Mis cuentas están congeladas”, alegó en su defensa, minutos antes de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó imponerle medidas precautorias.

La audiencia se extendió desde las 18:00 horas de este lunes hasta las 06:15 de este martes, al presentar cerca de 32 pruebas que intentaron librarla de la investigación y, posteriormente, convencer al juez de que no buscaría sustraerse a la justicia.

La resolución de Delgadillo Padierna fue dictada la mañana de este martes, quien determinó internarla dos meses –que se pueden extender a seis – al penal femenil de Santa Martha Acatitla en lo que duran las investigaciones.

Un par de horas antes, una vez que el juez determinó desechar los argumentos esgrimidos por los abogados Oscar Ramírez y Luis Hernández Barros, retó a la exfuncionaria federal a presentar pruebas de que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade Kuribreña, fueron alertados del desvío de recursos.

Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la exfuncionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades.

“El argumento que acusamos, no es que haya hecho posesión de ese dinero, como que ni siquiera se ha manifestado en esta audiencia, sino la pérdida de 5 mil millones de pesos que no fueron usados para los fines que fueron destinados en un inicio”, señaló uno de los ministerios públicos que formularon las acusaciones contra la exfuncionaria federal.

“Es inentendible cómo fue que esperó cuatro años para actuar”, reprocharon los abogados de la ASF.

A decir de la defensa de Robles Berlanga, del 2014 a 2015, fue informada mediante diversos pliegos de observaciones emitidos por la ASF sobre el desvió de recursos. Pero por el desfase de las cuentas públicas, sólo tuvo conocimiento hasta el año 2017, cuando comenzó a actuar en contra del robo de recursos.

Una licencia de conducir, crucial en la prisión preventiva a Robles

Una licencia de conducir que tramitó Rosario Robles con una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán, ayudó al juez a dar prisión preventiva a la exfuncionaria.

Una licencia para conducir, sacada de un domicilio distinto al que originalmente reportó a las autoridades, fue una de las principales causas por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió dictaminar prisión preventiva en contra de Rosario Robles.

Eso sumado a que, de acuerdo con el juez, no hay forma de comprobar arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que cuenta con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga.

En una audiencia que duró 12 horas, el juez Delgadillo vinculó a proceso a la exfuncionaria federal tras acreditar que cometió, al menos, un ilícito en dos dependencias diferentes: ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y ejercicio indebido del servicio público en la Sedatu.

Aunque el delito no merece prisión preventiva, el juez decidió dictaminar dicha medida cautelar, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República, debido a que existía un riesgo latente de que Robles pudiera darse a la fuga.

Hasta 23 años de prisión

Los agentes de la FGR expusieron, al solicitar la prisión preventiva, que, si bien Robles se presentó de manera voluntaria a las dos audiencias en el Reclusorio Sur, esa situación podía cambiar debido a que, al vincularla a proceso, podría recibir sentencia definitiva de 11 años con 6 meses por cada acusación, por lo que, en total, podría recibir hasta 23 años de prisión.

Esto porque, si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público amerita una pena de dos años, en el caso de Robles se encuentra agravado el ilícito, porque hubo dolo directo y la conducta se repitió de manera sistemática y reiterada en las dos dependencias de las cuales fue titular.

Además, expuso la FGR, Robles tendría que reparar el daño cometido, el cual fue de 5,073 millones de pesos, algo que sería imposible para ella.

Para el juzgador, la exsecretaria de Estado cuenta con solvencia económica y la capacidad para esconderse de las autoridades o incluso darse a la fuga a otro país.

Hay ciertos datos para demostrar falsedad en las declaraciones, falsedad en el informe de domicilio: se tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente. Hay una falsedad en su domicilio y tiene facilidad para ocultarse; (el) pasaporte no le impide salir del país".

Por otra parte, el juez rechazó los argumentos de que Robles debería recibir prisión preventiva debido a que, si estuviera en libertad, podría amenazar a los testigos que declararon en su contra, además de que su propia seguridad podría estar en riesgo ante eventuales ataques de ciudadanos molestos con su actuar como secretaria de Estado.

Las razones del juez

El juez Delgadillo, al atender la petición y los argumentos de la Fiscalía, acreditó que no hay forma de comprobar un arraigo de Robles en la Ciudad de México, lo que impediría su eventual fuga, debido a que actualmente no cuenta con un empleo fijo.

Además, lo más importante, de acuerdo a la decisión del juez, hubo falsedad en la información presentada por Robles respecto a su domicilio, pues en la información entregada ante las autoridades el 7 de agosto pasado, afirmó que el mismo se encontraba en Los Reyes, Coyoacán; sin embargo, la Fiscalía acreditó que hace unos días, tramitó una licencia de conducir desde otro domicilio.

El juez expuso que en el domicilio de Los Reyes, Robles no fue encontrada por las autoridades cuando intentaron notificarle que tenía que acudir a audiencia al Reclusorio Sur.

Pese a ello, Delgadillo consideró que, aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no contempla la prisión preventiva, Robles debía recibir esa medida cautelar debido a la gravedad y dolo de sus acciones al frente de la Sedesol y Sedatu, por haber falseado información respecto a sus domicilios y por un riesgo latente de poderse dar a la fuga.

Toda la vida en la CDMX

Desesperada y con la voz entrecortada Robles pidió, infructuosamente, que no se le dictara prisión preventiva debido a que ella sí tiene arraigo en la Ciudad de México pues, si bien no cuenta con trabajo, su hija, Mariana Moguel, vive en dicha entidad.

Expuso que ella misma ha vivido toda su vida en la capital mexicana, fue Jefa de Gobierno y ha residido durante más de 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán.

La exfuncionaria mencionó que tampoco cuenta con dinero para fugarse y escaparse al extranjero, pues nunca se enriqueció ilícitamente y actualmente todas sus cuentas y tarjetas están congeladas.

Robles manifestó que ella siempre ha dado la cara y no es como otras personalidades acusadas de corrupción que tienen los recursos para esconderse en Canadá y después regresan.

Pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora.

A pesar de esos argumentos, el juez Delgadillo consideró que la falsedad en las declaraciones de Robles respecto a su domicilio y su capacidad para fugarse eran argumentos necesarios para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

“He vivido en la Ciudad de México en Los Reyes, Coyoacán, desde hace años”, interrumpió Robles brevemente, con la voz entrecortada y desesperada, al juez mientras dictaminaba que debía ser recluida en Santa Martha.

Proceso
Expansión
José Raúl Linares
Ciudad de México
Martes 13 de agosto de 2019.


En una publicación realizada por el medio Tiempo Digital, se dice que el exsecretario de Hacienda y hoy candidato priista a la Presidencia de México, José Antonio Meade Kuribreña, junto con su esposa Juana Cuevas, su hermano Pedro y otros familiares como José Antonio Kuri Orvañanos y Santiago Kuri Breña Arbide, son dueños de una empresa millonaria desde 1994 de nombre Kubre S. A. de C. V.

De acuerdo con el medio, lo anterior dicho corresponde a una investigación hecha por el periodista Álvaro Delgado. El hecho de que Meade y familiares sean dueños de una empresa no tendría mayor importancia, de no ser porque el candidato tricolor, omitió dicha información en su tan famosa declaración fiscal “3de3”

Así es, el candidato que presume más de 20 años como servidor público sin una mancha más que la del vitíligo, en su declaración “3de3” que presentó desde el 2013 y en la que “supuestamente” debía detallar los ingresos, bienes y propiedades suyas y de su familia, Meade omitió dar información de dicha empresa.

Otra inconsistencia por parte de José Antonio Meade es que ha sido funcionario de primer nivel del Gobierno Federal desde 1997, pero pese a que el Gobierno Federal tiene una plataforma en línea para la declaración patrimonial de sus funcionarios desde el 2002, momento en el que Meade tenía ya cinco años de ser funcionario público, no fue sino hasta el 2013, once años después de tener esa obligación, que Meade Kuribreña subió su aparente declaración patrimonial, en la que tan sólo declaró que tenía ingresos mensuales por 154 mil 277 pesos por su sueldo como secretario de Relaciones Exteriores, manteniendo en secreto otros ingresos personales.

Además, tampoco mencionó sus posibles propiedades… cada año al presentar sus declaraciones patrimoniales, Meade Kuribreña ha escrito:

“Sí estoy de acuerdo en hacer públicos parcialmente mis datos patrimoniales, por lo que se excepcionan los siguientes: ingresos netos, aquellos que se declaren por actividad industrial, comercial, financiera y otros…”

De esa manera que parece burla, se viola pública e impunemente una Ley Federal a la que debe someterse todos los funcionarios. Con lo anterior es lógico sospechar que el asunto de la empresa Kubre, S.A. DE C.V. no es lo único que José Antonio Meade Kuribreña ha escondido sospechosamente, pues de acuerdo con Buzzfed News México, Meade Kuribreña compró un terreno con valor de 2.3 millones de pesos para construir un jardín junto a la casa donde viven él y su familia en el Fraccionamiento Fortín Chimalistac, la que obviamente es de su propiedad, pero lo oculta en el más espeso misterio, aunque colaboradores cercanos de Meade le aseguraron a Buzzfed News México que las escrituras de esa casa están a nombre de la señora Juana Cuevas de Meade, pero en el Registro Público de la Propiedad no hay ninguna adquisición a nombre de ella.

Tiempo Digital
Ciudad de México
Miércoles 18 de abril de 2018.


Ciudad de México.- A través de tres auditorías forenses, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desvío de recursos por mil 311 millones 867 mil 200 pesos, en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cometidos entre marzo de 2014 y octubre de 2015.

El organismo fiscalizador detectó la simulación de contratos o servicios no recibidos, pese a que se pagaron, a través de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), por 955 millones 310 mil 800 pesos; y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), por 356 millones 556 mil 200 millones de pesos.

Las auditorias forenses D17002, D17012 y D17011, dan cuenta de la contratación de la subcontratación de empresas para la realización de los servicios solicitados, las que no existen en los domicilios fiscales proporcionados o su giro en otro al contratado.

En los dos primeros expedientes se detalla que la administración de Robles, al frente de la Sedesol, pagó en un primer contrato 601 millones 658 mil 600 pesos, y en un segundo la cantidad de 353 millones 652 mil 200 pesos.

En un primer caso, entre el 17 de marzo y el 11 de septiembre de 2014, la dependencia federal firmo con RTH los convenios para la producción de materiales en audio y video, cápsulas informativas, así como materiales para redes sociales y páginas de internet, relacionados con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Los días 20 de enero y 27 de enero de 2015 de firmaron los convenios para el desarrollo de la estrategia, creatividad, producción y planteamiento conceptual para su aplicación en los mecanismos de capacitación para promover el desarrollo social comunitario.

El 3 de febrero del mismo año se firmó un tercer convenio para la transmisión de 8 mil 607 anuncios de televisión de la campaña “Cruzada Nacional contra el Hambre”, versión “Dos años cumpliendo”.

Excélsior
Ciudad de México
Domingo 18 marzo 2018.


Ciudad de México. - El candidato presidencial del PRI-PVEM-NA, José Antonio Meade, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) debe explicar a la sociedad las decisiones que toma, ello en el ánimo de dar respeto y autonomía a lo que hace.

Meade Kuribreña fue cuestionado sobre la decisión de la PGR de no ejercer acción penal en contra del exgobernador César Duarte, quien está acusado de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

"En el caso de la Procuraduría, en ese mismo ánimo de darle respeto y autonomía a sus decisiones, debe corresponder a esa autonomía con la capacidad frente a la ciudadanía y a la sociedad, y explicar todas y cada una de sus decisiones. A nosotros nos toca exigir, y lo vamos a hacer siempre, que el Ministerio Público actúe frente a la presencia de cualquier delito", señaló.

El candidato presidencial se reunió con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo.

A su salida, en declaración a medios de comunicación, expuso que a su vez, el Ministerio Público debe explicar al 100% sus decisiones frente a la ciudadanía y la sociedad lo que quiere es un MP y una Procuraduría que actúe.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 14 marzo 2018.


A más de seis meses de su creación estatutaria, el PRI instaló este jueves su Comisión Nacional de Ética Partidaria.

La ceremonia formal se llevó a cabo a puerta cerrada, en un encuentro encabezado por el candidato presidencial del tricolor, José Antonio Meade.

Presidida por el ex dirigente priista, José Antonio González Fernández, la nueva instancia será una especie de vigilante de la conducta de los militantes de ese partido, incluidos los del Gobierno, que podrá realizar investigaciones, recomendaciones y, en su caso, denunciar ante la Comisión de Justicia Partidaria.

El ex dirigente nacional dejó en claro que la nueva instancia comenzará de cero, por lo que no intervendrá en casos de ex Gobernadores como Rodrigo Medina, de Nuevo León, o César Duarte, de Chihuahua.

"Estamos empezando, no tenemos ninguna investigación, empiezo de aquí para adelante", expresó.

En entrevista, González Fernández adelantó que las listas de candidatos plurinominales al Congreso no pasarán, necesariamente, por esa Comisión.

Sin embargo, advirtió que, de presentarse una denuncia, podría actuar por oficio.

Por su parte, Meade sostuvo que la Comisión actuará como "la conciencia" del PRI, ya que deberá prevenir cualquier conducta que atente contra el Código de Ética, asegurar la rendición de cuentas, acopiar información, solicitar comparecencias y emitir recomendaciones.

El ex Secretario de Hacienda explicó que también podrá hacer extrañamientos a cualquier militante que se desvíe de los principios de ética partidaria e investigar cuando haya una denuncia.

Meade pidió a los integrantes de ese órgano estar al pendiente de su conducta durante el desarrollo del proceso electoral.

"Con el mandato de que cualquier desviación ética, no solamente en mi conducta futura, sino también en mi trayectoria, sea públicamente denunciado", manifestó.

"Este será un mandato de conciencia. Es un elemento rector que no solo vacuna y previene, denuncia, castiga y orienta".

"¿Tendrá usted que lavarle la cara al PRI?", se le preguntó.

"Tenemos que presentarnos como una candidatura limpia, honorable. Poder presentarme ante mis hijos y mi conciencia con limpieza es mi principal activo", dijo.

En este marco, Meade respondió a las expresiones de su contrincante del PAN, Ricardo Anaya, quien dijo sentirse orgulloso de ser el blanco de los ataques del Gobierno federal.

"Si a mi me detectaran que vivo por arriba de mis ingresos, que he hecho negocios desde el sector público, que he escondido negocios inmobiliarios atrás de una fundación, lo último que me escucharían decir es que estoy orgulloso", aseveró.

La Comisión de Ética Partidaria fue creada por la Asamblea Nacional del PRI desde el agosto del año pasado, en medio de los escándalos de corrupción que han sido protagonizados por ex Gobernadores y funcionarios de la Administración federal.

La instancia cuenta con ocho integrantes: González Fernández, el ex presidente del tricolor, Jorge De la Vega Domínguez; la ex ministra de la Corte, Irma Cué; la Tamaulipas a Paloma Guillén, la guerrerense Guadalupe Gómez Maganda, Karina Culebro, María Fernanda Bayardo y Fernando Zendejas.

Reforma
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Jueves 8 marzo 2018.


#LaEstafaMaestra: Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante la PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015, con universidades involucradas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el desvío de más de 600 millones de pesos.

La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma, contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La Estafa Maestra”.

Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de Sedesol.

Ante la denuncia penal, Animal Político buscó una postura oficial de Robles, pero no dio una respuesta sobre el tema.

En cuanto a Meade, respondió que los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría no fueron suscritos por él, “ni sus vigencias corresponden a su gestión” como secretario Desarrollo Social.

“Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña”, indicó el equipo del ahora precandidato, en una tarjeta informativa.

El 30 de enero de 2015, con Robles al frente de la Sedesol, la dependencia suscribió tres convenios con igual número de universidades. Uno por 136 millones 85 mil pesos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); otro con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por 319 millones 121 mil pesos, y el tercero con la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por 156 millones 478 mil pesos.

La vigencia original de dichos convenios fue del 30 de enero al 30 de noviembre de 2015. El objeto social en todos fue similar: supervisar que los recursos federales que se entregan a estados y municipios, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se aplicaran correctamente.

Los convenios, como es el común denominador en el modus operandi de “La Estafa Maestra”, se entregaron sin licitaciones ni competencia alguna, aprovechando una excepción en la Ley de Adquisiciones que permite dar adjudicaciones directas a instituciones públicas, con la condición de que éstas puedan realizar el trabajo.

Los pagos de Sedesol a las universidades se realizaron en tres partes, todos ellos en las mismas fechas. El 6 de abril de 2015, la dependencia entregó 47.6 millones a la UTSEM, 111.6 millones a la UTN y 54.7 millones a la UPT; el 6 de julio se transfirieron 34 millones a la UTSEM, 79.7 millones a la UTN y 39.1 millones a la UPT.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2015, ya con Meade a la cabeza de la Sedesol, se hicieron las transferencias más grandes por universidad: 54.4 millones a la UTSEM, 127.6 millones a la UTN, y 62.6 millones a la UPT.

Además de estas cantidades, la ASF descubrió que la Sedesol de Meade desembolsó 62 millones 142 mil pesos extra por supuestos servicios realizados de septiembre a noviembre de 2015.

Estas adecuaciones se autorizaron mediante tres oficios, fechados del 30 de diciembre de 2015, así como el 2 y 24 de febrero de 2016.
Las auditorías

De acuerdo con cuatro auditorías forenses practicadas por la ASF a la cuenta pública 2015, presentadas en la denuncia de la PGR junto con un dictamen técnico, la Sedesol transfirió recursos públicos a tres universidades mexiquenses por servicios que se pagaron, pero que no hay evidencia de haberse realizado.

La ASF detectó que las universidades contrataron a cinco compañías para brindar los servicios, quienes a su vez subcontrataron a otras 15, sin justificación alguna.

Ninguna de estas empresas tenía la capacidad humana ni material para realizar los servicios. Es decir, se presume que son empresas irregulares o fantasma, de acuerdo con la investigación de la ASF. Se trata del mismo modus operandi descrito en “La Estafa Maestra”.

Animal Político comprobó que al menos cuatro de las compañías a las que se les entregaron los recursos están relacionadas entre sí, por socios y representantes legales.

Además, están vinculadas con la red de compañías reveladas en el reportaje de “La Estafa Maestra”, y que fueron usadas por Sedesol (y otras dependencias federales) en 2013 y 2014, para desviar recursos.

Para tratar de “comprobar” que el dinero se gastó correctamente, las autoridades universitarias entregaron expedientes como pruebas de dichos servicios. Lo que descubrió la ASF es que en dichos expedientes había fotografías repetidas, o correspondientes a otros lugares y años, firmas copiadas y posiblemente falsificadas, entre otras irregularidades.

La ASF denunció que estos desvíos no solo propiciaron la desaparición de recursos públicos, sino que afectaron a la sociedad en general, pues se desvió dinero que debería destinarse a programas de desarrollo social, que contribuyen a abatir problemas graves como la pobreza y la desigualdad.

“Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría, demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse”, concluyó la ASF.

Los resultados de estas auditorías fueron publicados en su momento por diferentes medios de comunicación, sin embargo, la denuncia ante PGR apenas fue interpuesta por la ASF a finales de 2017, pues debe transcurrir un plazo para que las dependencias traten de justificar las irregularidades, que en este caso no ocurrió.

Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades. Las tres anteriores fueron por un monto de 540 millones en conjunto, y hasta el momento no hay avances en las indagatorias.

La simulación

En vez de cumplir con la tarea que se les asignó, las tres universidades transfirieron el cien por ciento de los servicios que deberían realizar a terceros, a los que también entregaron el 99 por ciento del dinero recibido, es decir, unos 605 millones de pesos.

De esta forma se violó lo pactado en los convenios, en los que se estipulaba que las instituciones educativas tendrían que ejecutar por sí solas la mayor parte de los servicios.

Pero esta irregularidad no fue idea de las universidades, sino de la propia Sedesol. En todos los casos, señalan las auditorías forenses de la ASF, fue la dependencia la que firmó “anexos” con las instituciones educativas, en donde estas acordaron transferir los recursos a empresas que la propia Sedesol “recomendó”.

Peor aún. Las universidades y la Sedesol argumentaron que los servicios fueron realizados a través de más de mil 200 personas denominadas Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), que supuestamente supervisaron los programas sociales y que, a cambio, recibieron un salario pagado con los recursos de los convenios.

Sin embargo, los auditores señalaron que lo anterior no pudo ser real porque las empresas subcontratadas originalmente por las universidades, y a las que les fue transferido el dinero, en realidad no pagaron a ningún CTS, sino que enviaron el dinero a otro puñado de compañías.

“Lo anterior permite presumir un esquema de simulación de servicios, por un importe total de 611,711.9 miles de pesos (611 millones de pesos)”, indicaron los auditores.
Los nexos entre empresas

Como parte de la investigación forense, los auditores identificaron las compañías que recibieron recursos de los convenios que Sedesol firmó con las tres universidades mencionadas en 2015, y que presuntamente simularon los servicios. Animal Político rastreó datos de dichas empresas y se confirmó su nexo con empresas fantasma.

De acuerdo con el reporte de la auditoría, las empresas Integrasoft SA de CV, Grupo Corporativo Integral Vazme SA de CV, Cofint SC, Infraestructura Astoria SA de CV, e Izarre SA de CV fueron las que recibieron recursos directamente de las tres universidades.

Como ya se dijo estas no usaron el dinero para cumplir con ningún servicio, sino por el contrario, lo transfirieron entre ellas o a otro grupo de empresas: Srevint SA de CV,  Factores y Servicios Humanos SA de CV, CMA Servicios Estratégicos SA de CV, Corporativo Kukmu S de RL de CV, Elevait SAPI de CV, Sultan Group Development, Matchser SA de CV, Servicios Comerciales S de RL de CV, RIEU Recursos de Capacitación S de RL de CV, Ji&am Administración S de RL de CV, Distribuidora Zadot SA de CV y Soluciones en Comercio Caricom SA de CV.

Estas compañías a su vez triangularon los recursos con Unificación de Recursos Administrativos SA de CV y World Heritage Group SA de CV. En estas operaciones también estuvieron involucradas seis personas físicas.

Animal Político obtuvo las actas constitutivas de varias de estas compañías, y se descubrió que cuatro de ellas fueron creadas en Coahuila ante el mismo notario de nombre Gustavo Muñoz Domínguez. Se trata de Factores y Servicios Humanos, Unificación de Recursos Administrativos, Srevint y Matchser, estas dos últimas creadas con tan solo un día de diferencia en 2014.

Factores Humanos tiene entre sus representantes legales a Beatriz Ariana Enríquez Herrera, quien también desempeña ese rol en la empresa Unificación de Recursos Administrativos. A su vez esta empresa tiene como otra de sus representantes a Graciela Díaz Hernández, quien también es apoderada de las compañías Matchser y Srevint.

Pero los vínculos no se limitan a estas empresas. Animal Político pudo verificar que uno de los socios de la empresa Factores y Servicios Humanos, Javier Ángel González Colsa, también es socio de la compañía Integradora de Capital Humano SA de CV, una de las empresas fantasma utilizadas entre 2013 y 2014 en “La Estafa Maestra”

Integradora no es una empresa con un papel menor en aquella red. Fue la única que recibió recursos de otra compañía llamada ESGER Servicios y Construcciones, que se convirtió en receptora de más de 680 millones de pesos provenientes de distintas universidades.

En enero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a ESGER en su lista definitiva de compañías que simulan operaciones, es decir, de empresas fantasma.

Esta es la tarjeta informativa que el equipo de Meade Kuribreña envió sobre el tema.

NOTA INFORMATIVA

Los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fueron suscritos por el Dr. José Antonio Meade Kuribreña ni sus vigencias corresponden a su gestión como Secretario Desarrollo Social. Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña.

A efecto de que no se volvieran a presentar las condiciones observadas por la Auditoría Superior de la Federación, la administración del Dr. Meade Kuribreña implementó las siguientes acciones:

a. Ante el incumplimiento de pago por parte de las referidas instituciones públicas de educación superior a los Coordinadores de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (Coplades) y Coordinadores Técnicos Sociales (CTS´s), la Sedesol tuvo que realizar adecuaciones hacia finales del ejercicio fiscal 2015, que permitieran dotar de suficiencia presupuestaria a la estrategia de otorgamiento de “ayuda social extraordinaria”, exclusivamente a aquellas personas con méritos, que hubieren contribuido a la supervisión de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales derivadas de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS).

b. La Sedesol modificó el 31 de marzo de 2016, los Lineamientos de operación del FAIS, con lo que se clarificaron las atribuciones que a dicha Dependencia del Ejecutivo Federal le asigna la Ley de Coordinación Fiscal. De esta forma, propuso la figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en tanto mecanismo oficial para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales. Los honorarios de dichos agentes no los cubrirá más Sedesol, puesto que deberán cubrirse con cargo al 3% de los recursos que para operación se asignan anualmente a los gobiernos locales para el FAIS, el mismo que se publica con el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación.

c. En su caso, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Sedesol, las irregularidades detectadas en la operación de los programas.
En suma, la contratación de Coplades y CTS se realizó de manera previa a la gestión del Dr. Meade Kuribreña, quien -a su llegada a la dependencia- atendió la situación preexistente a fin de: no dejar en desamparo a aquellos trabajadores que demostraron con documentos que habían realizado trabajos que en última instancia habían aportado a Sedesol; cancelar esa modalidad de contratación y para crear un nuevo mecanismo de apoyo a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura transparente y basado en la normatividad.

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Animal Político
Nayeli Roldán
Ciudad de México
Martes 13 febrero 2018.


En su primer encuentro con el precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, los priistas poblanos pidieron que la elección por la gubernatura de Puebla, que se disputará también en 2018, no sea sujeta de una negociación política como se ha hecho en el pasado.

Ante las versiones que corren, de que el tricolor podría negociar con el exgobernador Rafael Moreno Valle para que apoye la candidatura presidencial de Meade a cambio de que su esposa Martha Erika Alonso llegue a la gubernatura nominada por el PAN, los priistas le pidieron que se convierta en “su abogado” para evitar que eso ocurra.

Fue el presidente del Instituto Reyes Heroles en Puebla, Antonio Hernández, el que planteó la queja al aspirante a la candidatura presidencial, lo cual provocó la ovación de la militancia que participó en el encuentro de este sábado en el Centro de Convenciones de esta ciudad.

“En Puebla hemos pasado los priistas por momentos muy difíciles desde el punto de vista político-electoral, queremos nombrarte nuestro abogado en los altos círculos del partido para que no ootra vez nos vayan a negociar, ootra vez nos vayan a abandonar a medio camino porque es verdaderamente difícil enfrentarse a esas circunstancias”, reclamó Hernández.

En respuesta Meade, llamó al templete a Enrique Ochoa para reiterar lo que unas semanas antes había ofrecido el dirigente nacional del tricolor a la militancia poblana.

“El que piense que Puebla está negociado, está muy equivocado”, recalcó el exsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, Meade evadió asumir un discurso crítico frente al morenovallismo, pese a que el diputado federal, Víctor Giorgana, hizo alusión a la represión que ejerció el exmandatario en contra de los priistas.

“Aquí estamos los priistas echados para adelante porque nos ha dolido ser marginados del gobierno durante los últimos siete años y medio, y hemos experimentado represión, marginación, una deuda pública que hoy se pretende disfrazar, hemos experimentado crecimiento de la pobreza”, expresó Giorgana.

Sin embargo, Meade no retomó esta postura crítica, ni mencionó al exgobernador poblano con quien, se sabe, tiene una relación cercana.

Durante el encuentro con los sectores de la militancia del tricolor, Meade fue cuestionado sobre su propuesta para abatir la pobreza, para impulsar el campo, para combatir la inseguridad, la migración y hasta la violencia contra las mujeres.

El Precandidato tricolor dijo que para combatir la pobreza trabajará para que todos los mexicanos tengan las herramientas necesarias para salir adelante y mencionó que todos los adultos tendrán que contar con educación primaria y secundaria.

“(El combate a la pobreza) pasa primero por la educación, que todos los niños entre 3 y 5 años estén en la escuela; queremos que todos los adultos terminen primaria y secundaria porque el certificado de secundaria y de educación superior es la llave de entrada para un trabajo productivo; queremos tener viviendas y servicios en las viviendas”, dijo.

También hizo un pronunciamiento por la igualdad de género: “a México le va a ir bien cuando las mujeres estén completamente integradas a la vida productiva y se respeten sus derechos. Cero tolerancia a quien les falte al respeto”.

Una militante de nombre Laura se quejó de que a diario los pobladores se enfrentan a asaltos, secuestros y violencia en las calles, y que ya las familias poblanas se sienten muy vulnerables por esta situación.

Meade dijo que la estrategia que seguirá para combatir la inseguridad que aqueja al país será impulsar una política pública para abatir la posesión de armas por parte de los grupos delincuenciales, además de atacar sus entradas de recursos económicos, así como contar en el país un Código Penal único.

“No crean falsas promesas”

El precandidato advirtió que aquellos que proponen mejoras, sin realizar esfuerzos, pueden llevar a la quiebra al país, por lo que pidió no creer en “falsas promesas”.

Un militante cuestionó a Meade sobre las medidas que tomaría para lograr que México sea una potencia económica mundial, lo que Meade aprovechó para pedir que los priistas que se esforzaban diariamente por sus familias.

“Y si ustedes tienen que hacer el esfuerzo, por qué le vamos a creer a quien nos promete soluciones fáciles, a quien nos promete que el éxito no requiere esfuerzo, que no implica trabajo para lograrlo, esas promesas irresponsables nos pueden llevar a la quiebra, son con las que se pierde la confianza”, manifestó.

“No le creamos a alguien que nos ofrezca que sin esfuerzo México va a cambiar, México va a ser una potencia cuando cerremos cada una de las brechas que nos duelen, cuando cerremos la brecha de la inseguridad, la de la corrupción, la distancia que tienen que recorrer las mujeres para ser exitosas, la distancia que tienen que recorrer los jóvenes para cumplir sus sueños”, afirmó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 16 diciembre 2017.


Con integrantes de organizaciones obreras y militantes del tricolor, el precandidato a la presidencia expresó que buscará construir el proyecto de trabajo que requiere la entidad

La gubernatura de Puebla no está negociada “y quién piense eso está muy equivocado”, sentenció el aspirante priísta a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

En su visita a Puebla, donde se reunió con sectores del tricolor, señaló que con diálogo abierto y unidad se podrá recuperar Puebla en las elecciones locales y federales de 2018.

“Quien piense que Puebla está negociada, está muy equivocado, hay las condiciones de recuperar la entidad en 2018. En Puebla volvamos a experimentar el triunfo, en Puebla ya estamos listos para experimentar otra vez el triunfo”, sentenció.

Cobijado por integrantes de diversas organizaciones obreras y de sectores priístas, expresó que, si los priistas poblanos lo respaldan en su candidatura para la presidencia, construirá el proyecto de trabajo que requiere Puebla, que desde 2010 es gobernado por el PAN.

Al interior del PRI hay dos aspirantes a la candidatura a la gubernatura que estará en disputa en el 2018: se trata del subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri y del actual delegado del IMSS, Enrique Doger Guerrero.

El aspirante presidencial señaló que su proyecto de trabajo, atenderá demandas como la disminución a la pobreza, migración e inseguridad, a través de capacitaciones y trabajos bien remunerados.

Dijo que para alcanzar el país que se anhela, también debe buscarse el apoyo de mujeres, que para 2018 tendrán la oportunidad de competir por diversos cargos de representación popular.

Durante este diálogo con las organizaciones priistas, también se enfatizó en la importancia de lograr que en el estado de Puebla se amarre el convenio de coalición entre el PRI-PVEM y Nueva Alianza, con el objetivo de enfrentar al grupo político que está en el poder y que simpatiza con el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Arranca Meade diálogo con priístas de Puebla

El precandidato del PRI, PVEM, Nueva Alianza a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, cambió su acercamiento con los priístas y ahora ‘dialoga’ con la militancia.

En su tercer día de precampaña, Meade Kuribreña se reúne con sectores y organizaciones del Revolucionario Institucional en Puebla.

El ex funcionario federal cambió la dinámica de encuentro y ahora responde preguntas bien estructuradas de los priístas.

En el Centro de Convenciones de Puebla, Meade dijo que ahora será un diálogo con los priístas para escuchar a cada seccional, sector y organización. Meade está acompañado de su esposa Juana Cuevas.

El Universal
Ariadna García / Enviada
Edgar Ávila / Corresponsal
Ciudad de Puebla, México.
Sábado 16 de diciembre 2017.
Sábado 16 de diciembre de 2017.


El hecho de que más de una decena de gobernadores estén acusados de corrupción, desfalco o lavado de dinero es inaudito, indignante e inadmisible, declaró el rector de la UNAM.


Ciudad de México.- El hecho de que más de una decena de gobernadores estén acusados de corrupción, desfalco o lavado de dinero es inaudito, indignante e inadmisible, declaró Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al participar en la entrega del Premio Nacional de Investigación “Impulso al desarrollo de las finanzas estatales”, señaló que estas situaciones no deben volver a suceder y que México necesita tener nuevas esperanzas de crecimiento y desarrollo que abatan la lacerante desigualdad social.

“El país requiere orden en sus finanzas públicas y honestidad en el manejo de sus recursos, pues la opacidad en el gasto es una afrenta que reclama austeridad”, declaró ante el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) José Antonio Meade Kuribreña.

Al término del evento, Meade fue cuestionado sobre si el lavado de dinero debe ser delito grave y respondió que es un tema que ocupa en términos generales.

“Lo decía el rector y nosotros hemos sido muy cuidadosos de acompañar a las autoridades de procuración de justicia de los diferentes niveles”, mencionó.

“Hemos trabajado muy de la mano de la PGR para proveerle de toda la información que requiera en cualquier caso que esté investigando en materia de inteligencia financiera con la que cuenta la Secretaría”, expuso.

A su vez, dijo que cuando los recursos de los estados no se aplican, hay dificultad en plantación y orden.

Por otra parte, Meade dijo que la deuda de los estados no plantea un problema de finanzas públicas y que representa cerca de 3 por ciento del PIB.

Carlos Hank Rhon, presidente el Grupo Financiero Interacciones, comentó a Reforma que la deuda subnacional ha mejorado bastante.

“Toda esta ley de disciplina financiera hace un poquito más complicado (dar crédito) y también da un poco más de incertidumbre. Para nosotros es más trabajo porque hay que encontrar en qué cosas sí podemos prestar y en qué cosas no, pero por otro lado estamos más garantizados y más tranquilos”, aseguró.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 10 de junio de 2017.


La Comisión de Cultura del Senado, presidida por Gerardo Sánchez García, solicitará una reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, para analizar el presupuesto destinado al sector, y advertirle sobre los riesgos de dejar sin transferencias en ese campo a los estados de la República.

El senador Sánchez García, perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló a través de un comunicado que en la reunión con el titular de Hacienda participarían todos los senadores de la Comisión de Cultura, a fin de presentar propuestas concretas para reconsiderar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, propone que la comisión a su cargo elabore un punto de acuerdo para presentar ante el pleno de la Cámara alta, en el cual se presente la solicitud de revertir los recortes.

El comunicado señala que la idea de concretar una reunión con Meade Kuribreña es del secretario de la Comisión de Cultura, el panista Javier Lozano Alarcón, quien consideró contradictorio que por un lado se hagan recortes al sector, cuando al justificar la creación de la Secretaría de Cultura, en septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la cultura es un aspecto fundamental para el desarrollo nacional.

El comunicado menciona también que en la actualidad se está trabajando en la creación de una Ley de Cultura (no se especifica si reglamentaria o general, pues ese aspecto está en debate), “para dar solidez a la creación de la secretaría del ramo, pero ahora no se contará con los recursos financieros para ello”.

Según las cifras de Lozano, el recorte a la cultura es de 30%, pero el presupuesto para transferencias a estados y municipios viene en cero, y es un error, pues esas entidades no cuentan con recursos propios para la cultura. Además, consideró que de mantenerse así el país, no podrá avanzar, debido a que hay una “sinergia natural entre cultura y actividades que generan recursos económicos, como el turismo”.

A su vez, el senador Luis Humberto Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, también secretario de la comisión, lamentó que el gobierno federal mantenga una campaña en los medios masivos de comunicación donde habla de las becas y cultura como las “cosas buenas”, cuando son los rubros donde vienen los recortes:

“Estamos hablando de una esquizofrenia entre lo que se anuncia y lo que se recorta, entonces es un llamado a la sensatez y a la coherencia, para evitar que existan dos canales de comunicación dentro del gobierno, es decir, entre lo que se quiere hacer y lo que se quiere decir”.

Finalmente los senadores, en reunión de trabajo, acordaron realizar un foro más (se han realizado ya varios) de análisis y discusión sobre el proyecto de Ley de Cultura, al cual convocarán a la Cámara de Diputados, especialistas, intelectuales y personas “cuyas trayectorias contribuyan a conformar un marco jurídico adecuado para fortalecer la riqueza cultural del país”.

Proceso
Judith Amador Tello
Ciudad de México
Martes 27 de septiembre de 2016.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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