•    La fiscalía de Veracruz informó que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares), cuando Macías estuvo al frente.

     MEXICO, 27 may (Xinhua) -- Las autoridades de México informaron hoy domingo que emitieron una orden de captura en contra de la esposa del ex gobernador del estado mexicano de Veracruz, Karime Macías, por el presunto desvío de recursos por más de 112 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares).

     El fiscal estatal, Jorge Winckler, dijo que dado que Macías se encuentra en el extranjero, la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitará a la fiscalía federal una alerta migratoria y la publicación de una ficha roja para su búsqueda, localización y detención con fines de extradición.

     "Desde el inicio de esta gestión, la fiscalía general del estado de Veracruz se impuso como uno de sus objetivos prioritarios llevar ante la justicia a aquellas personas que como servidores públicos llevaron a Veracruz a la crisis más profunda de la que se tenga memoria", dijo Winckler en una rueda de prensa.

     El funcionario estatal dijo que existen denuncias por el presunto daño contra el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local cuando Macías estuvo al frente.

     Winckler dijo que se registraron contratos de compra-venta con al menos seis empresas "fantasma" para la adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos y sistemas de purificación de agua, entre otros artículos.

     El funcionario indicó que no hay evidencia de que los bienes adquiridos hubieran sido entregados a la población vulnerable, una de las funciones del DIF, y sólo hay constancia de los pagos.

     "Quiero ser preciso en que ese no es el total del daño causado, mismo que podrá determinarse con total precisión en la etapa procesal correspondiente", dijo Winckler sobre los 112 millones de pesos.

     Macías es esposa del detenido ex mandatario veracruzano, Javier Duarte, quien está acusado de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

     Duarte, identificado con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016, y fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado, desde donde fue extraditado a México.

     El pasado 20 de mayo, un juez mexicano abrió un nuevo proceso contra Duarte, por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias e incumplimiento del deber.

Xinhua
Ciudad de México
Domingo 27 de mayo de 2018.


Ya sea en efectivo o en bienes inmuebles, son los recursos que el ex gobernador de Veracruz desvió del erario público

A un año de la captura en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Veracruz han recuperado más de mil millones de pesos en efectivo y en bienes inmuebles, que el ex priísta desvió del erario público a través de empresas fantasma operadas por una red de prestanombres.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, hizo mal uso de más de 35 mil millones de pesos durante su administración, lo que lo convirtió en el político con más irregularidades detectadas en el ejercicio del gobierno desde que se creó la ASF.

En una primera entrega, en 2016, la PGR depositó al gobierno estatal 250 millones de pesos y posteriormente, en enero de 2017, le reintegró 172 millones de pesos desviados a las cuentas de dos empresas privadas; en diciembre del año pasado, le devolvió 40 millones de pesos más.

En bienes inmuebles, la dependencia encabezada por Alberto Elías Beltrán y la Fiscalía General de Veracruz aseguraron en conjunto ranchos, casas, departamentos, cuentas bancarias y colecciones de arte, derivado de las investigaciones que llevan a cabo contra el ex priísta, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Apenas el miércoles pasado, la PGR entregó al gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, cuatro departamentos del edificio Pelícano, localizado en una zona exclusiva de Boca del Río, que eran propiedad de Duarte de Ochoa y que tienen un costo superior a los 10 millones de pesos.

Antes, el 26 de marzo pasado, las autoridades veracruzanas incautaron el rancho La Cartuja, propiedad del hermano del ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, Arturo Bermúdez Zurita, uno de los operadores y prestanombres del ex mandatario.

Yunes Linares dio a conocer en ese momento que la propiedad se ubica en Naolinco y está valuada en 40 millones de pesos, sin embargo, su valor comercial se calcula en más de 100 millones pesos, puesto cuenta con un lienzo charro, canchas de fútbol y bádminton.

Tras la fuga de Duarte de Ochoa, en octubre de 2017, luego de solicitar licencia al cargo, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR cateó cinco casas del ex priísta en la Ciudad de México, ubicadas en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Días después, personal de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la PGR cateó y aseguró el rancho Las Mesas, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, aparentemente utilizado por Duarte de Ochoa como casa de descanso; en la propiedad, de unas 200 hectáreas, presuntamente se invirtieron 200 millones de pesos del erario de Veracruz.

En noviembre de 2016, la Procuraduría General de la República informó el aseguramiento de 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades al ex mandatario.

Un mes después, el gobierno de Veracruz tomó posesión del rancho El Faunito, en el municipio de Fortín de las Flores, que tiene alrededor de 60 mil metros cuadrados y cuenta con una casa principal, con más de 15 habitaciones; está equipado con una cava con vinos nacionales e importados.
Según autoridades era otro de los lugares predilectos de descanso de Duarte de Ochoa, está valuado en más de 200 millones de pesos.

El 20 de febrero de 2017, el mandatario Miguel Ángel Yunes dio a conocer el aseguramiento, derivado de una denuncia anónima, de una bodega en Córdova en la que se depositaron diversos bienes de su antecesor, Javier Duarte, y su esposa, Karime Macías.

Entre los objetos localizados se encuentran 17 obras arte, cajas con documentos relacionados con la planeación, preparación y ejecución de acciones para desvías recursos públicos en beneficio del ex gobernador y de sus cómplices.

“En cuentas bancarias tenemos más de 700 millones de pesos y cientos de millones de pesos en bienes inmuebles que se han recuperado para los veracruzanos”, señaló Yunes Linares.

Además, el mandatario afirmó que recuperó un avión Learjet 45 valuado en 40 millones de pesos y un helicóptero con costo de aproximadamente 25 millones de pesos.

Los terrenos, ranchos, mansiones y demás inmuebles lo habrían adquirido Javier Duarte a través de sus prestanombres, Moisés Mansur Cisneros, Javier Nave Soria, entre otros.

El Universal
Manuel Espino Bucio
Ciudad de México
Domingo 15 de abril de 2018.


Los que merecen abundancia. Se trata de una propiedad con un valor de 40 millones de pesos, ya que está compuesta de tres terrenos con cinco casas, así como tres edificios de uso general, una capilla, un lienzo charro, una cancha de fútbol, una de bádminton, una de criquet, lago artificial, caballerizas, áreas de entrenamiento de equinos, zoológico y hasta un invernadero, por lo que la cifra real de su costo podría ser superior a los 100 millones de pesos.


Xalapa.- a Fiscalía General de Veracruz (FGE) aseguró los ranchos "La Cartuja", "El Aguacate" y "El Salto", pertenecientes a una sola unidad, que se presumen son propiedad del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acusado por enriquecimiento ilícito y desaparición forzada.

Se trata de una propiedad con un valor de 40 millones de pesos, ya que está compuesta de tres terrenos con cinco casas, así como tres edificios de uso general, una capilla, un lienzo charro, una cancha de fútbol, una de bádminton, una de criquet, lago artificial, caballerizas, áreas de entrenamiento de equinos, zoológico y hasta un invernadero, por lo que la cifra real de su costo podría ser superior a los 100 millones de pesos.

Además, en el zoológico se encontraron 10 equinos, 8 llamas, 4 caninos, 2 gatos, 20 gansos y 2 pavorreales y esculturas de vacas.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares detalló que el rancho está a nombre de Miguel Bermúdez Zurita, hermano del ex secretario de la SSP, aunque anteriormente estuvo a nombre de sus padres y ha pasado por varios de sus allegados.

En el lugar, en la congregación El Potrerillo, en el predio "La Cartuja" en Naolinco, fueron asegurados 10 casquillos útiles en una caja de madera y distintos contenedores con hierba que presumiblemente se trata de marihuana.

En conferencia de prensa, detalló que el aseguramiento se hizo porque personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que acudió a realizar trabajos, refirió que fueron recibidos por personal armado que le habían impedido la revisión.

"Es claro que se trata de un bien inmueble adquirido con recursos no lícitos y tendrán que acreditar la adquisición del mismo o tendrán que enfrentar las consecuencias de haber utilizado recursos ilícitos para la compra de este bien inmueble y la construcción de todo lo que ahí aparece".

Por ello, el operativo para revisar el rancho se realizó el pasado 23 de marzo a las 17:40 horas por parte de la Fiscalía General y que desde entonces se mantiene en resguardo.

Dijo que además su administración contratará dos abogados, uno en Estados Unidos y otro en Europa, para investigar bienes y cuentas bancarias con recursos que ex funcionarios de la administración de Javier Duarte habrían obtenido a través del desvío de recursos públicos.

El Universal
Xalapa, Veracruz
Lunes 26 marzo 2018.


Toda la cúpula policial del Estado mexicano ha sido detenida por actuar como un grupo paramilitar que torturó y desapareció al menos a 15 personas


Entre 2013 y 2016 en el Estado de Veracruz —segundo más poblado de México, con ocho millones de habitantes— un escuadrón de la muerte operó incrustado en la estructura del Estado bajo el argumento de combatir al cartel de los Zetas. La fiscalía de Veracruz ha reunido pruebas que indican, al menos, 15 desapariciones forzadas entre abril y octubre de 2013, pero tienen pruebas de que esta política se extendió en el tiempo.

Una juez ordenó el 8 de febrero la detención de 31 personas —toda la cúpula policial del Estado— al conocer las pruebas, principalmente notas internas entre los policías, las declaraciones de arrepentidos y el testimonio de la única persona que escapó de la siniestra Academia.

Por primera vez en México se lograría demostrar la existencia de un grupo paramilitar incrustado en la estructura del Estado que actuó de forma metódica en la desaparición de personas —jóvenes pobres a los que acusaban de colaborar con Los Zetas— siguiendo órdenes de superiores. Lo que en otras ocasiones eran sospechas —las matanzas estudiantiles de Tlatelolco en 1968 o Ayotzinapa en 2014—, esta vez tiene nombre y apellidos.

La investigación, conducida por un valiente fiscal de 27 años, Luis Coronel, ha fundamentado el caso bajo la teoría de la “autoría mediata” por la que fue condenado Fujimori en Perú y que implica que los altos mandos son responsables de las políticas ejecutadas por sus subordinados. La historia del horror en América Latina puede escribirse en el sótano de un cuartel militar.

En el de la Escuela de Mecánica (ESMA) de Buenos Aires, en el Palacio de la Moneda de Chile o en el de los servicios de inteligencia peruanos durante la época de Fujimori. La siniestra Academia de Policía. Desde hoy, México tiene su símbolo en la Academia de Policía de Veracruz. Un tenebroso lugar al que se accede después de pasar un enorme arco gris protegido por dos desganados policías.

Cuando unos años después de pasar por aquí, Jaqueline Espejo se encontró a su torturador en la calle, solo balbuceó dos palabras. Con ayuda de psicólogos había borrado todo menos el olor a sudor y la voz aguardentosa de quien la sobó y golpeó hasta el amanecer en la Academia para que confesara que trabajaba para los Zetas. Ubicada a 12 kilómetros de la capital, Xalapa, alejada del casco urbano, en el municipio de El Lencero, la Academia de Policía ha sido durante años centro del poder policial y un buen sitio para hacer cualquier cosa.

De muros para afuera, durante muchos años, la Academia fue, como dice su web, un lugar de “amplias y funcionales instalaciones que se conjugan con la pródiga vegetación, brindando al alumno una agradable estancia, que contribuye a la preparación de una nueva generación de servidores públicos”. Había incluso un pequeño zoo con aves exóticas, un jaguar, un león y varios cocodrilos.

De muros para adentro, según la fiscalía, fue un lugar lo suficientemente discreto y seguro como para amortiguar los gritos de quienes, desnudos y encadenados, fueron torturados con bolsas de plástico, descargas eléctricas o palizas que duraban hasta la salida del sol. La fiscalía del Estado de Veracruz ha logrado la detención de toda la cúpula policial de Veracruz al demostrar cómo 15 jóvenes que habían sido dados por desaparecidos fueron, en realidad, detenidos y torturados dentro de las instalaciones, dice el auto de imputación de la fiscalía.

Todo indica que posteriormente fueron asesinados y arrojados a una fosa clandestina tras varios días de golpes. En el caso de Cecilia de la Cruz, de 17 años, fue violada por un comando entero, ocho hombres, dentro de una furgoneta que se estacionaba cada día en la Academia. “Sistemático y piramidal”. El sistema funcionaba más o menos de la siguiente forma: tres patrullas bien equipadas recorren la ciudad, ven a un joven sospechoso, lo detienen y lo interrogan. Posteriormente se lo entregan a un grupo especial que lo tortura durante varios días.

Todos ellos tenían entre 16 y 32 años y desde que se subieron a la patrulla no han vuelto a aparecer. La política de seguridad de uno de los Estados más violentos del país tenía dos patas: “Una oficial, pública y convencional, y otra ilegal y clandestina de combate a supuestos miembros de la delincuencia organizada”, según la fiscalía. Para ello se crearon dos escuadrones clandestinos dentro de la policía que trabajaban de forma piramidal y metódica en la desaparición de personas a las órdenes del temido Enrique Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El primer grupo, la Fuerza de Reacción, se encargaba de localizar a los sospechosos, detenerlos y obtener la mayor información posible mediante la tortura y el abuso sexual. Posteriormente, los entregaba a un segundo grupo llamado Fuerza Especial, formado por exmilitares conocidos como Los fieles. Un destacamento de élite nunca reconocido oficialmente y dotado con las mejores armas y vehículos. El segundo grupo recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia, donde continuaban las torturas hasta que finalmente desaparecían los cuerpos.

Quienes fueron elegidos para participar en este 'selecto' grupo (los fieles) tenían un sueldo diez veces superior al de un policía de base y gratificaciones en efectivo o con licencias de taxi, cuya concesión gestiona la propia secretaría de Seguridad, según fuentes judiciales cercanas al caso. La fiscalía aportó las notas internas que los policías enviaban a sus superiores, con apodos como Oso, Tigre o Black, cuyo objetivo era “informar a los mandos sobre el cumplimiento de las instrucciones”. Logró también la confesión de cuatro policías —hoy testigos protegidos— y gracias al rastreo de teléfonos de las víctimas se pudo saber que se prendían siempre por última vez en el mismo lugar: la Academia de Policía.

Las víctimas: pobres y jóvenes

Bibiana, de 17 años; Héctor, de 16; José Cruz, de 19; Jorge y Liberio, de 20… En los últimos años la policía veracruzana ha desaparecido a decenas de personas con el mismo perfil: pobres y jóvenes. Hay indicios de que en más de 200 casos participó la policía, pero hasta el momento sólo se han conseguido probar 15 casos con nombre y apellidos y durante un periodo muy concreto: de abril a octubre de 2013. Durante este tiempo ninguno de los jóvenes que entró a la Academia salió con vida, excepto una mujer:

Jaqueline Espejo, un testimonio clave para entender la trama, y semioculta desde entonces. “Iba en un taxi mirando el celular, pero cuando levanté la cabeza tenía una metralleta apuntándome la cabeza”, recuerda sentada en una cafetería sobre aquel jueves de octubre de 2013 cuando, a las diez de la noche, la policía se echó encima del vehículo. “Nos sacaron al taxista y a mí del carro, me subieron a una camioneta y me dijeron: como abras los ojos ya valiste madre. Luego me llevaron a la Academia y durante todo el trayecto fueron aplicándome descargas eléctricas”. Explica que allí recibió golpes durante cuatro días con una capucha puesta.

Parte de la tortura consistió en llevarla hasta el calabozo donde golpeaban al taxista, para que oyera sus gritos mientras se desangraba por la boca; le habían arrancado de un tirón el piercing de la lengua. Al tercer día, la sentaron en una mesa y cuando le quitaron la capucha tenía frente a ella decenas de ladrillos de marihuana para que confesara que los traía en el taxi.

“Pero no lo hice. Esa droga no era mía y yo no había hecho nada malo, ni colaboraba con los Zetas. Ahora deben estar arrepentidos de haberme dejado ir”, recuerda señalando la herida en el mentón que le dejaron. De Andrés Aguilar, el joven que la recogía cada día del trabajo en el coche, no se ha vuelto a saber nada.

Varios años después, un día que Jaqueline esperaba el autobús en una calle de Xalapa, un taxi se detuvo en el semáforo frente a ella. Cuando se fijó en el conductor descubrió que era uno de sus torturadores. Con más coraje que prudencia se acercó a la ventanilla del Nissan Tsuru y le espetó: ¿Por qué? “Estabas en el momento y el lugar equivocado. Cumplíamos órdenes”, le respondió el taxista antes de perderse en el tráfico.

El temido Bermúdez, jefe de la policía

“Está prohibido matar; por lo tanto, todos los asesinos son castigados, a menos que maten en grandes cantidades y al sonido de las trompetas”. Con esta frase de Voltaire, en alusión al Apocalipsis, comienza The Act of Killing, el premiado documental sobre Indonesia que mejor ha retratado la brutalidad de la tortura. La realidad es que la Academia de Policía es solo el símbolo de un ensordecedor coro de trompetas llamado Veracruz.

Las cifras ponen los pelos de punta. En los últimos cinco años se han denunciado 3.600 desapariciones y se han abierto más de 300 fosas clandestinas. Solo en una de ellas, Colinas de Santa Fe, se han encontrado 280 cráneos. En la investigación de la fiscalía hay un nombre que se repite una y otra vez a lo largo de 35 tomos: Arturo Bermúdez Zurita. Hasta que el gobernador Fidel Herrera (2004-2010) lo nombró director del centro de control C4, Bermúdez era sólo un prepotente empresario amigo de poderosos y dueño de hoteles y compañías de seguridad.

En 2012 su sucesor, Javier Duarte (2010-2016), hoy encarcelado por corrupción, lo ascendió a secretario de Seguridad con una única misión: frenar la violencia del cartel de los Zetas que dominaba el Estado. Entonces, el empresario empezó a vestirse con gorra de plato y traje de policía. En aquel momento —Veracruz en 2013— era —y es— un Estado penetrado hasta el tuétano por el narco y una de las zonas más peligrosas del país.

¿Es posible que un Gobierno desesperado, desbordado por el narco y escaso de recursos creara un grupo paramilitar para terminar con los narcotraficantes? “No hay que ser ingenuo”, responde el investigador, “no es casualidad que todos los desaparecidos, presuntamente, colaboraban con los Zetas. La policía no limpiaba de narcotraficantes la zona, sino que hacía el trabajo sucio para el cartel Jalisco Nueva Generación”, añade recostándose en la silla. Bermúdez dimitió en 2015 y fue encarcelado por enriquecimiento ilícito cuando se descubrió que era propietario de varias casas en EE UU. Por aquel entonces la mitad de su escolta personal estaba formado por fieles.

Actualmente hay 19 policías encarcelados y 12 huidos para un juicio que podría ser histórico. Se demostraría por primera vez en México la existencia de maquinaria criminal incrustada en la estructura del Estado, cuyos mandos habrían puesto en marcha una estrategia para realizar desapariciones de manera sistemática.

La estrategia de Bermúdez es demostrar que no estaba enterado de lo que hacían sus hombres. Este periódico ha intentado recabar la opinión de su abogado, pero declinó ser entrevistado con el argumento de que “no desea alentar la mediatización del proceso que se sigue”, explicó.

La semana pasada, decenas de madres protestaron frente a la Academia con ganas de tumbar los muros y empezar a excavar en los jardines. Las más optimistas están convencidas de que ahí están enterrados sus hijos. Las pesimistas piensan que aquel zoo con leones y cocodrilos de la Academia no era solo un exótico capricho del jefe de la policía.

El secuestro que ayudó a revelar el caso

Jacobo García

La desaparición en 2013 de Hugo Murrieta, proporcionó la primera pista. A las 4:30 de la tarde del 16 de abril, Hugo estaba a punto de verse con un amigo en la plaza de Ocotepec, a 20 minutos de Xalapa, cuando un grupo de policías detuvo el carro que conducía y se lo llevó. Tenía 22 años y nunca más se volvió a saber de él.

“Buscaban droga en el taxi que trabajaba, pero solo encontraron una patineta (monopatín)”, dice su madre Carmen Sánchez, una conocida vendedora de chiles en todo el pueblo.

Durante los últimos años Carmen ha buscado incansablemente a su hijo por todas las comisarías, morgues y fosas que se han abierto en Veracruz. “Aquella policía sembró el terror. Ni siquiera podías mirarles a la cara porque se te venían encima” recuerda. “Pero si al menos si supiera dónde está su cuerpo podría descansar tranquila”, dice al borde de las lágrimas, sentada la plaza de Ocotepec.

El País
Jacobo García
Xalapa, Veracruz
Viernes 23 febrero 2018.


Elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo con sus homólogos de Veracruz, detuvieron a Juan Antonio Nemi Dib, exsecretario particular del priista Javier Duarte.

Nemi Dib tenía una orden de aprehensión liberada meses atrás en Veracruz.

Advertido sobre su posible detención en los medios de comunicación, decidió enviar una misiva a la prensa donde se quejaba de “persecución política” y que optaría por refugiarse en otra entidad federativa.

Mientras es trasladado a la sala de juicios orales de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, para su presentación ante un juez, trasciende que se le acusa de fraude y peculado, sobre todo en la construcción de la Torre Pediátrica, una obra que se empezó a construir hace más de siete años y al día de hoy no se ha podido concluir.

Nemi Dib fue muy cercano colaborador en el gobierno de Duarte, fungió como director del DIF Estatal, secretario de Salud y Asistencia, secretario particular de Duarte e integrante del Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Además, en el ramo de medios de comunicación, tenía una radio digital y un portal de noticias de corte político denominado Radiover Info. En la campaña de Duarte a gobernador, Nemi y Gina Domínguez –exvocera de Duarte hoy en prisión preventiva- fueron asesores en materia de prensa y política electoral.

Su detención fue confirmada por elementos de la Fiscalía General del Estado que participaron en su detención en Puebla.

Nemi Dib también fue muy cercano a la esposa de Duarte, Karime Macías, pues cuando fungió como el director del DIF estatal fue su brazo derecho.

Proceso
Noé Zavaleta
Xalapa, Veracruz
Sábado 23 diciembre 2017.


Xalapa, Ver. - En el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa se agasajó a la prensa de Veracruz y nacional con una partida presupuestal global de 13 mil nueve millones de pesos en 72 meses de gobierno, en donde TV Azteca fue la más beneficiada con una asignación de mil 231 millones 940 mil pesos; luego Televisa, con 580 millones, y El Universal, con 125 millones 164 mil pesos.

Otros medios locales de Veracruz también fueron favorecidos con contratos millonarios.

Elías Assad Danini, coordinador general de Comunicación Social, lamentó que con esos gastos de difusión el gobierno de Duarte “compró conciencias”, “amordazó” a periodistas libres que “fueron bloqueados o despedidos por sus medios de comunicación” y trató de maquillar la ola de corrupción y de desfalcos millonarios que pululó en su gobierno.

A través del departamento jurídico –dijo Assad- su oficina ya interpuso las denuncias correspondientes por un desvió de recursos por 2 mil 481 millones de pesos, tan solo alusivo al daño patrimonial de la Cuenta Pública 2016, radicado en las carpetas de investigación 35/2017 y 36/2017 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Assad sostuvo que con los 13 mil millones de pesos, el gobierno de Duarte pudo haber construido y equipado más de dos mil escuelas; edificar 25 hospitales o en el imaginario político, poder construir una autopista de altas especificaciones que abarcará desde Panuco hasta Acayucan.

El funcionario yunista exhibió que a la editorial Sánchez Macías –cuyos dueños son familiares directos de Karime Macías, esposa de Duarte- y que imprime El Heraldo de Coatzacoalcos y El Heraldo de Xalapa se les asignaron convenios por 209 millones; mientras que a Radio Capital, cuya dueña es Gina Domínguez –hoy presa en el penal de Pacho Viejo por enriquecimiento ilícito- se le asignaron 36 millones 143 mil 880 pesos, y al periódico El Águila –propiedad también de Domínguez y cuya circulación solo duro dos años- se le etiquetaron 32 millones 455 mil, 513 pesos.

Elías Assad señaló que, en el manejo irresponsable de los recursos, se comprometió la línea editorial otorgando “de palabra” convenios publicitarios, que en realidad se volvían tratos editoriales a modo, como el dado a El Dictamen por 148 millones 256 mil 60 pesos; mientras que al grupo Imagen de Veracruz –cuyo dueño es Pablo Robles que hoy incursiona en Morena, donde busca una diputación federal- se le entregaron 148 millones por favores publicitarios.

Assad destacó la asignación al particular Othón González a quien el gobierno de Duarte le entregó 210 millones de pesos a lo largo de todo el sexenio por concepto de difusión, los cuales González justificó en el periódico digital El Golfo (www.elgolfo.info), hoy ya inexistente. González fue eterno asesor en medios de comunicación del propio Duarte y del exgobernador quintanarroense, Roberto Borge.

La empresa Publex, proveedora de espectaculares, también fue beneficiada con 163 millones de pesos por la contratación de sus servicios, los cuales fueron pagados desde la oficina de prensa.

Está asignación irracional de recursos para medios involucra además de a Gina Domínguez, a Alberto Silva –actual diputado federal priista con un juicio de procedencia encima- a Irma Chesty y a Juan Octavio Pavón, gente del grupo cercano a Duarte.

Al comparecer ante un pequeño grupo de diputados locales, Assad Danini dijo que en el modelo actual de comunicación social, el gobierno de Yunes sólo ha gastado –en un año- dos millones de pesos en publicidad de redes sociales y un millón 500 mil pesos en inserciones, comunicados y convocatorias en medios de comunicación tradicionales.

“Rompimos prácticas del pasado muy reciente, con austeridad. Con este gobierno se acabaron las llamadas a las redacciones para obligar a censurar una nota informativa, ni se exigen las famosas ocho columnas para el gobernador. Tampoco se pide la censura mediática hacia los que discrepan o cuestionan a la actual administración estatal”, dijo.

Assad aseguró que hoy la oficina de prensa se rige con transparencia y rendición de cuentas. Lo que omitió el vocero de Yunes fue que reporteros locales y nacionales se han quejado porque vía transparencia (Infomex) se les han negado los gastos en materia de prensa y la asignación pasada y actual de contratos publicitarios; periodistas de Veracruz también han criticado el trato preferencial de información y documentos para el noticiario de Loret de Mola, en Televisa, al periódico Reforma o a los medios locales Notiver y XEU.

Al comparecer con los diputados locales, el perredista José Kirsch reconoció que ya no se compran conciencias en los medios, pero cuestionó que la austeridad no se ve reflejada, pues fustigó los altos salarios a quienes integran el aparato de comunicación social del gobernador Yunes Linares.

“El secretario particular del vocero gana 50 mil pesos mensuales, hay camarógrafos y reporteros de esa oficina que ganan más de 17 mil pesos netos”, lamentó Kirsch.

Proceso
Noé Zavaleta
Xalapa, Veracruz
Miércoles 29 noviembre 2017.

Desvió Javier Duarte 2 mmdp en ‘prensa’: Auditoría

La Secretaría de Finanzas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa pagó millonarios recursos por concepto de “difusión” a decenas de empresas ajenas a la comunicación, con domicilios fiscales falsos e incluso boletinadas por la Secretaría de Hacienda como “inexistentes”.

Durante las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al ejercicio fiscal de 2016, el último de Duarte de Ochoa, detectó anomalías administrativas o un posible desvío de recursos públicos por 2 mil 284 millones de pesos, que representan casi el presupuesto total de un año de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

Si bien en los pagos por difusión aparecen medios de comunicación legalmente establecidos, con empleados y circulación; en las listas incluidas en la Cuenta Pública de 2016, figuran constructoras, inmobiliarias y distribuidoras con graves irregularidades e incluso “fantasmas” que recibieron millones de pesos sin comprobar algún servicio.

Un gran número de estas empresas fantasmas reportaron domicilios fiscales en el estado de Puebla, donde al hacer una investigación periodística, se detectó que en lugar de compañías hay casas habitación, comercios y departamentos donde los vecinos desconocen su operación.

Se halló, por ejemplo, que dos empresas tenían la misma dirección en Puebla. Se trata de Constructora Haguen y Edificaciones Abnegatio, con dirección en Río Balsas 6410, a las que se les pagaron 71 millones de pesos.

En una visita física a la dirección se encontró una modesta casa de dos pisos, la segunda planta sin acabados, con un local comercial cerrado y sin que los vecinos ubiquen a las compañías. Tres empresas más compartían otra dirección en Puebla: Edificaciones Abissimus, Edificaciones Aperire y Logística Empresarial Pitra con dirección en Arboledas 31, colonia Bello Horizonte, a las que en conjunto se les pagó más de 250 millones de pesos.

Al hacer una verificación física de la dirección se encontró una casa habitación de un piso en color blanco y los vecinos reportaron que siempre ha vivido ahí una familia.

La Constructora Cehya recibió un pago de 75 millones de pesos y reportó como domicilio fiscal la avenida 25 Poniente 104 de la ciudad de Puebla, donde se localizaron locales de comida y departamentos de clase popular sin que vecinos tengan registro de la operación de esa constructora.

En la lista aparecen otras empresas de Puebla de las que no hay registros en internet de sus operaciones y que recibieron millonarios recursos del gobierno de Veracruz. También aparece edificaciones Tatsumi, dedicada al comercio al por mayor de materiales de construcción, la cual recibió 64 millones de pesos.

Durante 2016, se detectó un presunto desvío de recursos públicos de 6 mil 883 millones de pesos, de los cuales 2 mil millones corresponden a este caso de empresas ajenas al área de medios de comunicación.

El Universal
Edgar Ávila/Corresponsal
Ciudad de Puebla, México
Sábado 21 de octubre de 2017.


El daño patrimonial de Duarte a Veracruz es de 12,592 millones, y sólo 2016, dice la Cuenta Pública

Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas robaron las cantidades más fuertes los últimos dos meses de su administración; hay perdidos mil 134 millones de pesos.

Veracruz/Ciudad de México. - Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo de colaboradores le sacaron dinero a todos los cajones a los que tuvieron acceso. Eso dice la Cuenta Pública 2016.

Aunque contaba con numerosas denuncias de alcaldes por retención de recursos, de proveedores que reclamaban pagos y ya existía la sospecha de una red de empresas fantasma, la administración de Duarte exprimió aún más las finanzas estatales, de acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior sobre la Cuenta Pública 2016.

El informe, que ya está siendo analizado por la Comisión de Vigilancia y Cuenta Pública del Congreso local, expresa que el presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de Veracruz asciende a 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos.

De ese dinero, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11 mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública Consolidada.

Las observaciones más fuertes son tres: la Coordinación de Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma.

Hasta octubre de 2016, el todavía Gobernador veracruzano, Javier Duarte y sus secretarios de Finanzas se robaron incluso tres préstamos bancarios que en conjunto suman mil 026 millones de pesos.

ROBÓ A MUNICIPIOS

El 2016, su último año, según el documento citado, se hace evidente que fue el año en que más recursos exprimió Javier Duarte de Ochoa al erario, esto se infiere del análisis a una tabla presentada en el documento dentro de la observación FP-014/2016/019 DAÑ, en la que se enlistan las aportaciones de la Federación para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Si se les da seguimiento a las fechas, antes de la jornada electoral (en junio) en la que perdió el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se ve que antes y hasta octubre, cuando pide licencia Duarte, se da la mayor actividad de saqueo a ese fondo.

Así, en enero de este año, fueron retenidos a los alcaldes 177 millones; en febrero, 107; en marzo, 458; en abril, 77; en mayo, 70; en junio, 427; en julio 589; en agosto, 70; en septiembre 588; y en octubre, 546.

En noviembre, con el Flavino Ríos como Gobernador interino, se retuvieron 900 millones de pesos; y en diciembre, con el nuevo Gobierno, no hay retención. Todo fue pagado.

Esa observación suma 2 mil 257 millones de pesos para el FISM que no llegaron a las tesorerías de los 212 municipios. Hasta la fecha no se tiene pista de la gran parte de ese dinero que los alcaldes ahora le reclaman a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y ello derivó en que algunos ayuntamientos implementaran un esquema de “licuadora” para salir de aprietos financieros, además del despido de personal y la precarización de servicios públicos.

De esta manera, Duarte de Ochoa robó las cantidades más fuertes el mes de su salida y el mes previo, periodo en el que suman mil 134 millones de pesos de los que hasta ahora no se tiene conocimiento en donde quedaron, o si el ex Gobernador se los llevó consigo para su plan de fuga.

Lo cierto es que, durante su cacería, las autoridades encontraron diversas casas en donde Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías pasaron tiempo escondidos en México y el extranjero, en las que decomisaron fuertes cantidades de efectivo.

ROBÓ PRÉSTAMOS

El ex Gobernador, en complicidad con su Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, se llevó más de mil millones de pesos producto de tres préstamos solicitados en el 2016.

Uno es por 300 millones a Banorte, cuyo dinero fue solicitado y ejercido en enero, dice la observación FP-014/2016/036 DAÑ; el segundo fue por 774 millones de pesos, a Fintegra Financiamiento, en abril, señala la observación FP-014/2016/037 DAÑ; y el tercero por 352 millones, con Multiva, de enero, indica el pliego FP-014/2016/038.

En los tres, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) concluye que “no presentaron la justificación, comprobación y documentación”, además no presentaron “evidencia documental original que compruebe y justifique la aplicación de los ingresos provenientes del crédito contratado”.

Es decir, los fondos se pudieron haber usado en lo que quisieron, menos en obra pública productiva. Duarte de Ochoa caracterizó su Gobierno por la constante solicitud de préstamos bancarios para obra pública, carreteras, hospitales y pavimentaciones que sólo quedaban en el evento de la primera piedra, jamás fueron concluidas.

El ex priista tomó las riendas de Veracruz con una deuda con la banca por 17 mil millones de pesos. A su salida, el monto “asciende a 51 mil 783 millones de pesos por concepto de deuda pública de largo y corto plazo, emisiones bursátiles y bono cupón cero”, indica el documento.

NO PAGARON

La observación FP-014/2016/040 DAÑ es por 40 millones de pesos a falta de “recursos financieros en forma oportuna que debió transferirles la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)” a 10 dependencia descentralizadas que tuvieron que pagar recargos y créditos fiscales.

El ORFIS concluye como daño ese dinero, en la lógica de que si se hubiera ministrado en tiempo forma por el dispersor (SEFIPLAN), esos 40 millones hubieran sido destinado a mejoras y cubrir otras necesidades de la administración pública.

EL ÚLTIMO AÑO DE SAQUEOS

Las dependencias del Ejecutivo fueron ordeñadas durante diez meses en 2016; los duartistas no tuvieron descanso:
$242,512,778.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de gobierno durante el 2016
$214,590,971.01
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Seguridad Pública durante el 2016
$724,469,276.44
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Educación de Veracruz durante el 2016
$284,649.56
El presunto daño patrimonial en la Secretaria del Trabajo durante el 2016
$91,441,144.85
El presunto daño patrimonial en la Secretaria Infraestructura y Obras Públicas de durante el 2016
$5,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Turismo durante el 2016
$42,129,821.00
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario durante el 2016
$28,499,102.90
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Protección Civil durante el 2016
$8,500,000.00
El presunto daño patrimonial en la Contraloría General del Estado durante 2016
$2,284,812,744.86
El presunto daño patrimonial en la Coordinación de Comunicación Social durante el 2016
$184,692,778.79
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Desarrollo Social durante el 2016
$7,988,325.40
El presunto daño patrimonial en la Secretaria de Medio Ambiente durante el 2016.

Sin Embargo
Yerenia Roldón
Ciudad de México
Sábado 21 octubre de 2017.


Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, y Moisés Mansur Cysneiros, principal prestanombres del ex gobernador veracruzano, solicitaron asilo en el extranjero porque se dicen perseguidos políticos.


Macías es investigada por la PGR por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado, mientras que Mansur es prófugo, pues tiene orden de aprehensión de la Procuraduría por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La ex Primera Dama de Veracruz tiene abierta la solicitud de asilo desde hace varios meses e incluye a sus tres hijos. Ella está en Londres.

El argumento de la esposa del ex mandatario de Veracruz es que es víctima de una persecución política en la que se ha utilizado al aparato de justicia para tratar de fincarle imputaciones penales que, asegura, son infundadas.

Sus cuentas bancarias se encuentran congeladas.

La Fiscalía de Veracruz, a su vez, ha informado que se le investigan operaciones inmobiliarias y actividades como persona física en el DIF, incluidas las labores administrativas y las compras.

La ex Primera Dama de Veracruz llegó a Londres el 15 de abril y desde entonces no ha cambiado de residencia.

Mansur Cysneiros, quien desde hace un año y medio vive en Vancouver, Canadá, también inició el trámite de asilo político ante las autoridades de ese país.

A diferencia de Macías, Mansur sí es buscado por la justicia mexicana porque, desde octubre de 2016, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades canadienses no han dado trámite a ninguna solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra a pedido del Gobierno de México pese a que el hombre se encuentra en el mismo lugar.

Adicionalmente, la Procuraduría Fiscal de la Federación también presentó una querella contra Mansur ante la PGR por un presunto fraude al fisco por 12 millones 456 mil 918 pesos en el ejercicio 2014.

Macías y Mansur siguen el mismo camino que en años recientes han tomado algunos de los prófugos más relevantes que han huido del País, como Gastón Azcárraga, ex dueño de Mexicana de Aviación, y el ex Gobernador de Chihuahua César Duarte, ambos con sus trámites de asilo en Estados Unidos.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Jueves 20 octubre 2017.


El priísta no sólo estuvo cebando a su partido con fondos del erario; el saqueo de fondos públicos, lo consideró una dispensa para enriquecerse de manera desmedida.


Ciudad de México— Cuatro constructoras que recibieron contratos legales por mil 170 millones de pesos de la Administración de Javier Duarte hicieron depósitos a tres empresas fantasma donde el exgobernador presuntamente lavó dinero.

Una parte de ese dinero fue para el Consorcio Brades, el cual simuló la compra de parcelas en Campeche por 223 millones de pesos a Moisés Mansur, prestanombres del exmandatario.

Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, expuso el sábado en la audiencia de vinculación a proceso de Duarte una sinopsis que también señala a empresas legalmente constituidas para fondear a factureras del veracruzano.

Se trata de las compañías Expectra, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex y Aglomerados de Concreto del Papaloapan, que hicieron pagos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG.

Aunque la diapositiva expuesta no precisa el monto transferido a las constructoras, sí refiere que de las cuentas de las tres empresas fachada se enviaron 61.8 millones de pesos a otras compañías de la misma red de lavado del exmandatario.

El esquema que se conocía hasta ahora del caso Duarte era la simulación de contratos del Gobierno de Veracruz con compañías fantasma para desviar recursos y ahora se sabe que esas mismas empresas ilegales también recibieron dinero de contratistas formales.

Expectra, una de las proveedoras de la infraestructura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, según la diapositiva de la PGR, recibió de 2013 a 2014 contratos por 691 millones de pesos.

Constructoras Asociadas El Papaloapan, a la que el sexenio duartista asignó obra carretera, cobró entre 2011 y 2012 un total de 359 millones de pesos.

De acuerdo con la PGR, Construcciones Enremex cobró de 2012 a 2014 a la Administración estatal 65 millones de pesos, mientras que Aglomerados de Concreto del Papaloapan recibió contratos por 55 millones de pesos.

Las cuatro constructoras hicieron depósitos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG, identificadas por la PGR y el Servicio de Administración Tributaria como fachadas.

Es decir, compañías que sólo existen en el papel porque no tienen domicilio fiscal y su naturaleza es simular operaciones en las que emiten facturas por cada depósito, sin que exista una contraprestación o justificación.

De acuerdo con la exposición del titular de la SEIDO, del pago que recibieron las tres factureras se hicieron transferencias de 61.8 millones de pesos a Sakmet Inmobiliaria y Consorcio Brades en depósitos de 23.3 millones, 23.5 millones y 15 millones de pesos

Brades es la empresa que compró a Moisés Mansur sus parcelas de Campeche en 223 millones 800 mil 963 pesos, en una operación de compra venta donde se inflaron en 15 mil por ciento el precio de los bienes.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 24 de julio de 2017.

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