•    El rector de la UNAM participó en el cuarto foro de debate Derechos Humanos y Justicia en México, organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores- León, Guanajuato
•    A principios de mayo la UNAM y la ANUIES entregarán a los candidatos a la Presidencia sus propuestas para que durante los próximos 10 años la matrícula en educación superior se incremente del 37 al 45 por ciento
•    En 2015 se reportaban 30 mil desaparecidos en México y hasta noviembre de 2017 no existía una ley en materia de desaparición forzada, recordó Graue
•    El reconocimiento constitucional de los derechos humanos no ha sido garantía para su respeto y aplicación efectiva en la práctica, subrayó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez

Aunque México cuenta con un marco normativo privilegiado en materia de derechos humanos, todavía estamos lejos de lograr su respeto, que éstos se cumplan, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Esto debido a que la aplicación de la norma es precaria y el Estado de derecho está quebrantado, dijo al participar en el cuarto foro de debate Derechos Humanos y Justicia en México. Entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles.

Entrevistado al término del encuentro, el rector informó que a principios de mayo la Universidad Nacional y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) entregarán a los candidatos a la Presidencia sus propuestas para que durante los próximos 10 años la matrícula en este nivel educativo se incremente del 37 al 45 por ciento. Ello implica aumentar la inversión en infraestructura y mejorar las plazas para profesores, entre otros aspectos.

De igual forma, la UNAM y otras 67 instituciones dedicadas a la investigación, la ciencia y la tecnología les harán llegar un documento a las distintas coaliciones para demandar que se siga fortaleciendo la investigación en las entidades, se incremente la inversión y se cumpla con el mandato de destinar el uno por ciento del producto interno bruto (PIB) a estos sectores.

En el auditorio del Centro de Información de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) unidad León, Graue recordó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que señaló que el mayor reto para nuestro país es cerrar la brecha entre su legislación y la realidad que viven los mexicanos.

Y retomó algunas cifras alarmantes del reporte: ese año había más de 30 mil desaparecidos y hasta noviembre de 2017 no existía una ley en materia de desaparición forzada.

De igual forma, el 77 por ciento de las personas investigadas por cometer un delito presentaba muestras de posible tortura por parte de las autoridades. En el caso de las mujeres, acotó el rector, hay una incidencia recurrente de violencia sexual. “Pese a este uso desmedido de la fuerza para combatir el crimen, más del 95 por ciento de los delitos denunciados permanece impune”.

Por ello, Graue Wiechers destacó que es pertinente hablar de los derechos humanos y celebró el diálogo público, el rigor académico y la deliberación de los expertos. Asimismo, expuso a los jóvenes asistentes al foro, que es a ellos a quien toca exigir su cumplimiento.

En su oportunidad, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, coincidió en que la reforma de 2011, que incluyó a los derechos humanos en la Carta Magna, hizo que como nunca éstos tengan un reconocimiento jurídico amplío, pero “es preciso eliminar los obstáculos entre las normas y la sociedad para lograr que los derechos, su respeto, defensa y garantía, formen parte de la realidad cotidiana de las personas”, aseveró.

Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la cátedra extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, e integrante de la Junta de Gobierno, expuso que los 30 mil desaparecidos en el país reflejan una situación de horror en materia de derechos humanos y que no se ha establecido una estrategia transversal para que el Estado garantice su cumplimiento.

Las leyes generales y secundarias no se han actualizado para poner en el centro a los derechos humanos, y éstos tampoco están en el centro de las plataformas de las diversas coaliciones que buscan la Presidencia de la República.

La directora de la Revista Perfiles Latinoamericanos y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Karina Ansolabehere, explicó que estudios del Observatorio de Desaparición de Personas revelan que los familiares de desaparecidos tienen que tocar 10 puertas antes de que alguien les tome su denuncia.

En su oportunidad, el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, Rolando Cordera Campos, comentó que los 30 mil desaparecidos son un memorial del horror del país, y junto a ello existen otros miles de “invisibles” que viven en la pobreza y no ejercen sus derechos económicos, sociales y culturales.

Para acabar con ello, se requiere encarar dos aspectos: al Estado débil y la injusticia social.

Puebl@Media
Ciudad de México
Jueves 12 de abril de 2018.


•    En el grueso de los casos el responsable es alguien cercano a la víctima, empezando por el esposo, novio, compañero o amante, refirió Alicia Elena Pérez Duarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas
•    Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El feminicidio u homicidio de una mujer, doloso, con premeditación, alevosía, ventaja e, incluso, traición, que se lleva a cabo con extrema crueldad, no es un fenómeno en aumento. “Si se revisa la historia de la humanidad, las violaciones y asesinatos en nuestra contra han existido siempre”, afirmó Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Hoy hemos logrado poner el tema sobre la mesa, llamar la atención de los gobiernos y las sociedades sobre esta problemática, y en el establecimiento de mecanismos que definen y sancionan, dijo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy, 25 de noviembre.

No obstante, desde que se tiene definido el feminicidio, “estamos frente a una situación preocupante. Además, en el grueso de los casos el responsable es alguien cercano a la asesinada, empezando por el esposo, novio, compañero o amante”, resaltó.

Ese concepto deriva del inglés femicide, que la feminista Diana Russell propuso para hacer referencia a una situación histórica, crónica y sistemática de violencia de género en contra de las mujeres, que además tiene una connotación de tolerancia social, de impunidad y generalidad. No ocurre en una, sino en todas las sociedades patriarcales, es decir, en todo el mundo, aclaró la universitaria.

Sin embargo, abundó Pérez Duarte y Noroña, el tipo penal es muy complejo, porque abarca una serie de elementos “que nuestros juzgadores no están acostumbrados a valorar”.

Ese tipo penal señala que se trata del asesinato por “razón de género”, lo que significa que las matan sólo por ser mujer, sin ningún otro motivo. No hay otro móvil para cometer el delito: no es por venganza, robo o crimen pasional. Es una cuestión relacionada con las raíces profundas de la misoginia, del odio o del temor hacia las mujeres. Un hombre simplemente se siente con derecho a agredirla hasta el asesinato.

Como tipo penal es difícil de definir y, sobre todo, de analizar y probar frente a un caso concreto, refirió la experta. En México, el primer concepto legal que apareció fue el de violencia feminicida: en contra de las mujeres, sistemática, en un lugar y tiempo determinados, y que engloba la impunidad. No se refería a un crimen concreto, sino a una situación de violencia.

Primero en Chihuahua, luego en el resto de las entidades federativas, se comenzó a definir el tipo penal del feminicidio. El concepto es nuevo, tanto que la primera de las definiciones se estableció en 2011. Se buscó para significar la problemática de la violencia de género y mandar una señal clara del rechazo a la misma.

“Como feminista concibo la necesidad del nuevo concepto, pero como jurista entiendo las dificultades que hay en el ministerio público y en tribunales para investigar y luego sancionar el delito”.

El sujeto activo responsable de un feminicidio sólo puede ser un hombre, y la víctima, una mujer. “Si una mujer mata a otra, estamos frente a un homicidio que puede ser calificado, pero no frente a un feminicidio, porque falta la razón patriarcal que aglutina al concepto”.

Entramos en una fuerte problemática si la víctima es una mujer transgénero, ejemplificó; si quien la asesina no tiene idea de que lo es, si no hay otra razón más que considerarla mujer, habría feminicidio; pero si la matan por homofobia, no lo es. Es una situación compleja para quien va a sancionar, remarcó.

Llamar la atención sobre la violencia de género ha dado resultados. Desde luego, “no son satisfactorios, porque ahí sigue y hay situaciones inmanejables”. En promedio, según el INEGI, se estima que durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.

Entre 2011 y 2013 las entidades que presentaron las tasas más altas fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México.

Para prevenir el fenómeno se requieren dos elementos: información constante a la población de que la violencia hacia este género es inaceptable en un país democrático. Y que las autoridades hablen un mismo lenguaje para poder prevenir, investigar y sancionar.

“Si cada autoridad entiende de manera distinta lo que significa violencia de género en contra de las mujeres, si cada una planea sus propias estrategias de trabajo, o no las tiene, y establece por separado criterios para la investigación de un acto violento, seguirá habiendo impunidad”, concluyó.

Puebl@Media
Ciudad de México
Viernes 25 de noviembre de 2016.

 

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