El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió de la posibilidad de que datos usados por la plataforma puedan llegar a terceros y sin definir las medidas de seguridad
 
Los usuarios de WhatsApp deberán leer a detalle la política de privacidad y las condiciones de uso de la aplicación, antes de aceptar los nuevos términos y el tratamiento de datos personales, alertó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
 
Cabe recordar que el pasado 4 de enero, la aplicación notificó a los usuarios la actualización de las condiciones del servicio y la política de privacidad de la aplicación y estableció como fecha límite de aceptación el 8 de febrero de 2021.

De aceptar, los usuarios permitirán que WhatsApp comparta datos para que prestadores de servicios tecnológicos como Facebook o terceros puedan tener acceso e inclusive que los contratantes de estos servicios puedan almacenar los datos a través de los servicios prestados; incluso, si el usuario no tiene cuenta de Facebook, la compañía y sus subsidiarias podrán recopilar información de las cuentas, números telefónicos, mensajes e incluso transacciones.

El órgano garante llevó a cabo un análisis de la nueva política de privacidad, del cual se advirtieron los siguientes términos que los usuarios deberán tener presentes al decidir si continúan siendo usuarios.

Por un lado, en el apartado denominado “Información que recopilamos”, se establece que WhatsApp podrá recabar información adicional para proporcionar funcionalidades opcionales, sin precisar cuáles son esas funciones y qué tipo de datos serán requeridos.

En “Información que nos proporcionas” se describen los datos que los usuarios deben proporcionar para hacer uso de la aplicación; se detalla que el usuario puede compartir información sobre los números de teléfono de sus contactos y, en caso de usar los servicios de pago, compras u otras transacciones financieras, se establece que WhatsApp tratará información adicional que incluye datos sobre transacciones y cuentas de pagos como el método de pago, detalles del envío y el importe de la transacción.

Y en “Información recopilada automáticamente” se indica que se obtendrán datos y registros sobre el uso del servicio y de las opciones que utiliza como mensajería, llamadas, estados, grupos, empresas o pagos y la foto de perfil. También señala que se recaba información sobre el dispositivo y la conexión, además de que se recopila y hace uso de la información de ubicación del usuario, cuando se hace uso de opciones relacionadas con ese dato.

En tanto en “Información de terceros” se establece cómo se trabaja en conjunto con proveedores externos, servicios de terceros y otras empresas de Facebook. Si bien se señala que WhatsApp recibe y comparte información con otras empresas, no se definen con claridad las medidas de seguridad para proteger la información compartida.

De este análisis, el INAI concluye que “los nuevos términos de la política de privacidad de WhatsApp indican que la plataforma compartirá la información de los usuarios con Facebook y otras aplicaciones, recolectando datos de contactos, la dirección IP o ubicación de quienes la utilizan en ciertas situaciones, lo cual representa un elemento a evaluar por los usuarios al decidir si aceptan y continúan con el uso de la aplicación”.

Además, con excepción de las conversaciones realizadas a través de la aplicación, Facebook podrá compartir la información recibida de WhatsApp con otras empresas y crear anuncios personalizados en sus plataformas.

Es importante señalar que los usuarios que no acepten los nuevos términos y condiciones de WhatsApp no podrán seguir haciendo uso de esta aplicación y deberán evaluar el uso de otras aplicaciones o servicios de mensajería disponibles digitalmente.

El Universal
Susana Zavala
Ciudad de México
Martes 12 de enero de 2021.


El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) eligió a Blanca Lilia Ibarra como presidenta del organismo.

Al rendir protesta al cargo, la comisionada agradeció la confianza en la designación.

"Hoy más que nunca la sociedad nos reclama el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones por medio de su resultado", expresó.

Al despedirse del puesto de presidente, Francisco Javier Acuña afirmó que presidir el INAI fue una apasionante experiencia.

"Una aleccionadora oportunidad de aprender a coordinar los esfuerzos del colegiado, aprender de los errores, de los aciertos y de comprender", dijo.

En tanto, Ibarra destacó el liderazgo y empeño de su colega por mantener un "Instituto unido, por cultivar los valores de la colegialidad, la pluralidad ideológica y la construcción de los consensos".

El relevo de la presidencia del INAI debió realizarse el pasado 12 de mayo, fecha en la que se cumplió el periodo de tres años para el que había sido electo Acuña, sin embargo, debido a que faltaban dos comisionados, el Pleno determinó extender su mandato hasta que el Senado cubriera las vacantes.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 10 diciembre 2020.


Inai difunde lista de beneficiados de publicidad oficial con EPN: miles de millones a televisoras


Los grupos Televisa, Azteca e Imagen fueron las corporaciones mediáticas que mayor cantidad recibieron por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por concepto de publicidad oficial.

Oscar Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), publicó en su cuenta de Twitter el resumen de contratos de comunicación social en el periodo reportado del año 2012 a marzo de 2019, y otros listados en formato Excel que desagregan los gastos realizados por dependencias.

Televisa sufre la peor caída desde 2001; anticipa menos publicidad con AMLO

El primero de los documentos hace referencia a los conceptos “Servicios de Comunicación Social y Publicidad” e “Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades”, con información de la Secretaría de la Función Pública y en él aparecen más de cuatro mil nombres de personas morales o físicas.

Destacan al tope de la lista Televisa S. A. de C. V. (Grupo Televisa) y Grupo Televisa S. A. (Corporativo), que recibieron montos de 8 mil 155 millones y 2 mil 147 millones de pesos, respectivamente.

TV Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, recibió 6 mil 295 millones dirigidos a la empresa Estudios Azteca, S. A. de C. V., y 482 millones para Operadora Mexicana de Televisión (Canal 40).

Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, obtuvo mil 72 millones para Periódico Excélsior en seis años y mil 62 millones para GIM Televisión Nacional (Imagen Televisión), 629 millones para Imagen Radio Comercial y 674 millones para Comercializadora de Servicios Imagen.

Otras empresas de comunicación que destacan en la lista son El Universal (mil 519 millones de pesos), Organización Editorial Mexicana, editora de los periódicos con el nombre Sol (mil 46 millones), más El Sol de México (299 millones)

Están además Radio Fórmula (mil 15 millones entre los años 2015 y 2018, y 570 millones entre los años 2012 y 2014), Telefórmula (317 millones), Núcleo Radio Mil (779 millones) y Radiorama (694 millones).

El diario La Jornada obtuvo 582 millones, Grupo Radio Centro casi 575 millones por una razón social y 257 millones por otra, Milenio Diario 495 millones, Stereorey México 477 millones, El Financiero Marketing 377 millones, La Crónica Diaria 356 millones, Ediciones del Norte (Diario Reforma) 350 millones, Grupo Acir 337 millones y Multimedios 327 millones y Periódico Digital Sendero (operadora de los portales SDP Noticias y El Deforma) 152 millones.

Entre los primeros lugares de la lista destacan los Estudios Churubusco Azteca, adscritos a la Secretaría de Cultura del gobierno federal, con 2 mil 83 millones de pesos y la firma de publicidad Starcom, que con dos denominaciones recibió 2 mil 404 millones de pesos.

Comunicación e Información S. A. de C. V. (CISA), editora de la revista Proceso, obtuvo 11 millones 72 mil pesos.

Aunque los datos abarcan a marzo de 2019, ya en el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de recursos se entregaron de 2012 a 2018, en el sexenio de Peña Nieto.

En la actual administración (marzo 2019) sólo aparecen registrados, por ejemplo, 273 mil pesos para El Universal, 103 mil pesos para La Jornada, 18 mil pesos para Milenio Diario, 181 mil para El Financiero Marketing y 29 mil 200 para Ediciones del Norte / Diario Reforma.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 6 de junio de 2019.


El partido Morena aparece como el segundo actor federal con el índice de gobierno abierto más bajo, de acuerdo con un estudio conjunto publicado hoy por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

El índice de gobierno abierto mide el cumplimiento de los sujetos obligados a la transparencia según dos vertientes: la transparencia y la participación ciudadana; si bien en materia de transparencia Morena se colocó en el lugar 12, su escasa apertura a la participación le afectó en la clasificación general.

La base de datos publicada junto con el estudio muestra que los actores federales más opacos –es decir, que obtuvieron las calificaciones más bajas en la vertiente de transparencia– fueron el Sindicato de Investigadores y Profesores de El Colegio de la Frontera Norte, el de los Trabajadores del Instituto Mexicano de la Juventud, pero también el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Les siguieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En términos de gobierno abierto, los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos y los municipios resultaron los actores más opacos del Estado mexicano, según el estudio, que derivó de la revisión de mil 234 sujetos obligados en la atención a 329 mil solicitudes de información que interpuso la ciudadanía entre julio de 2017 y junio de 2018.

A nivel estatal, Colima, Michoacán, Durango y Querétaro resultaron las entidades menos abiertas, y de manera general, las respuestas que recibió la ciudadanía fueron de mala calidad.

Según el estudio, los sujetos obligados no transparentan de manera proactiva toda la información que deben publicar, y omiten sobre todo exhibir a la ciudadanía los gastos por representación y viáticos.

“En suma, los retos hacia adelante requieren que los sujetos obligados enfoquen sus esfuerzos en mejorar la calidad y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de información. Asimismo, deberán aumentar la pertinencia y accesibilidad de la información sustantiva que más demanda la ciudadanía mediante un mejor diseño de sus sitios web, mayor eficacia de sus buscadores y, en general, de la transparencia proactiva”, planteó el estudio.

En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador atacó en varias ocasiones al INAI y sus integrantes, a los que acusó de fomentar la opacidad en algunos de los casos de corrupción más sonados del sexenio pasado, entre ellos los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Para presentar su informe, el INAI y el CIDE organizaron un gran evento, de cinco horas, con varias mesas de discusión y análisis, a las que no acudió Irma Eréndira Sandoval, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); envió en su representación al Director General de Transparencia, Gregorio González Nava.

Sandoval estuvo presente en la conferencian matutina del presidente, donde anunció que abrió una investigación de oficio contra Guillermo García Alcocer, titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como lo ordenó López Obrador.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Lunes 18 de febrero de 2019.


El INAI ordena a Hacienda dar nombre de empresas fantasma vinculadas con robo de combustible


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá buscar y dar a conocer el nombre y giro de 70 mil empresas fachada o “fantasma” que emiten facturas falsas para la compra y venta de gasolina robada, así como las cantidades facturadas, según instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos indicó que “de enero a junio del presente año, se han reportado en todo el país un total de 5 mil 75 tomas clandestinas, de las cuales 991 están en el estado de Guanajuato, entidad federativa que reporta el mayor número de las mismas. Pero el robo de hidrocarburos no es exclusivo de Guanajuato, y el ilícito se ha reportado o se ha evidenciado en otros lugares, entre ellos Puebla, en el llamado triángulo rojo, en Tamaulipas, Veracruz, Estado de México e Hidalgo, según datos que Pemex mismo reporta”.

Kurczyn Villalobos señaló que, según datos de la Consultora BMI Research, el robo de combustibles en la red de ductos de Pemex, ha generado pérdidas por 7 mil 800 millones de dólares, en los últimos 10 años.

En respuesta al particular que solicitó esa información, el sujeto obligado se declaró incompetente, sugiriéndole presentar su petición ante la Unidad de Transparencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Inconforme con la incompetencia declarada, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SHCP precisó que turnó el requerimiento a la Unidad de Inteligencia Financiera, la cual, reiteró la incompetencia, toda vez que carece de facultades de investigación de ilícitos; de igual forma, indicó que entregó la solicitud a la Dirección General de Delitos Fiscales, misma que dijo no contar con la información, ya que no está a cargo de la investigación de interés del particular.

En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn Villalobos, en principio, determinó que la SHCP sí es competente para conocer de la información, ya que, través de su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, conoce de la materia de la solicitud.

Se expuso que si bien, la solicitud se turnó a la Dirección General de Delitos Fiscales, ésta señaló que no se encuentra a cargo de la investigación de interés del particular.

Sin embargo, se advirtió que el particular no requirió un reporte de la investigación o la investigación en general, y sólo quiere conocer el nombre y giro de las empresas “fantasma”, así como las cantidades facturadas.

En ese sentido, se consideró que la Dirección General de Delitos Fiscales realizó la búsqueda de la información bajo un criterio restrictivo, ya que ciñó la misma a la investigación de manera general.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera únicamente precisó que no cuenta con facultades para la investigación de delitos, omitiendo realizar la búsqueda.

Al respecto, la ponencia localizó el Reglamento Interior del SAT, mismo que, establece que cuenta con la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la cual se encarga de manera específica, de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

Además, dicha Administración General adscrita al SAT, se encarga de informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, respecto de los asuntos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar relacionados con los delitos referidos en el Código Penal Federal, lo que genera su competencia para conocer de lo requerido.

Por otra parte, en el portal electrónico del sujeto obligado, se localizó un comunicado de prensa, en el cual se establece que la Unidad de Inteligencia Financiera participó en un operativo conjunto con distintas dependencias, para llevar a cabo la suspensión de actividades de siete gasolineras que se presume presentaron irregularidades e inconsistencias fiscales; asimismo, se encontró que el objetivo de la estrategia fue combatir el mercado ilícito de gasolina y la evasión fiscal, entre otros.

De igual forma, la secretaría cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, encargada de investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos fiscales y defraudación fiscal y equiparables; además, recaba y analiza las constancias, documentos, informes, declaraciones y cualquier otra prueba, relacionada con esos ilícitos. Sin embargo, a pesar de su competencia, la dependencia omitió realizar la búsqueda en sus archivos.

En ese contexto, aun cuando existe competencia concurrente por parte de la SHCP y el SAT, para conocer de lo solicitado, esto no exime a la dependencia de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, ya que cuenta con unidades administrativas que pueden conocer de la misma.

En suma, se consideró fundado el agravio del particular, toda vez que la SHCP es competente para conocer de lo requerido; asimismo, se determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda, previsto en la Ley Federal de Transparencia.

Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SHCP y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información en su Dirección General de Delitos Fiscales, su Unidad de Inteligencia Financiera y su Dirección General de Delitos Financieros y Diversos, y entregarla al particular, en los términos referidos.

Proceso
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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