Por unanimidad, el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla aprobó una tercera distribución del financiamiento público para el ejercicio 2017, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Con las modificaciones, la bolsa de 195.2 millones de pesos creció a 203.1 millones, al considerar a Encuentro Social (PES) y a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como partidos de nueva creación.

Con el ajuste, PAN, PRI, PRD, PANAL, CPP y Morena perdieron porcentaje de financiamiento público, en particular el partido que preside a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador.

Por ejemplo el PRI pasó de 68.1 millones a 49.5 millones de pesos, mientras el PAN disminuyó sus recursos de 48.9 a 35.3 millones de pesos, y en tanto para el PRD serán 20.3 millones, cuando le había asignado 28.5 millones de pesos.

Nueva Alianza pasó de 25.4 millones a 18 millones de pesos, mientras que Compromiso por Puebla bajó de 14.4 a 9.9 millones de pesos.

El IEE acató la sentencia, por lo que restituyó el registro del partido político local PSI, al que le asignaron en la sesión un financiamiento por 13.2 millones de pesos.

Resultaron beneficiados PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, a los que no se les habían otorgado recursos, en el caso de los dos primeros por no alcanzar el mínimo de votación de 3 por ciento, y al tercero por no participar en la contienda de 2016.

Sin embargo, después de la revisión del caso, en cumplimiento a la resolución del TEPJF, les otorgaron 19.6 millones de pesos al PT, 15 millones a los ecologistas y 14 millones de pesos al partido "naranja".

A Morena le ajustaron de 9.7 millones a sólo 3.9 millones, al considerarlo como partido de nueva creación; igual cantidad para el PES, al que inicialmente le habían negado fondos.

Fernando Jara, representante de Morena, reprobó la reasignación de financiamiento; sostuvo que sin recibir recursos de manera equitativa, aun así van a ganar en 2018.

"Siempre quieren meter a Morena en la misma bolsa de los demás partidos, pero no somos iguales, sólo quiero decir que a partir del mes de mayo nuestro partido ya no va a recibir más ministraciones y aun así vamos a ganar las próximas elecciones", afirmó.

Ángel Rivera, del PT, aseguró que concluyó un proceso jurídico injusto e ilegal, porque sí existía sustento para que recibieran prerrogativas.

Jéssica Pérez, representante de PSI, expuso que la pérdida del registro de su partido era ilegal, por la aplicación confusa de criterios, pero que finalmente recuperarán su condición a partir de una resolución del TEPJF.

"Con esto quiero decir que no fuimos salvados, sino la estrategia legal que demostró que nos asistía la razón jurídica; PSI no necesitaba ser salvado, pero tampoco necesitaba la lapidación de todos ustedes (consejeros electorales)", acusó.

La consejera electoral Flor de Té Rodríguez, defendió el desempeño del IEE en el otorgamiento de financiamiento, así como en la declaratoria de pérdida de registro de PSI. Advirtió que siempre actuaron a partir de sentencias del TEPJF y no por dolo ni consigna.

Claudia Barbosa, también consejera del IEE, secundó la posición de su compañera y defendió cada uno de los procedimientos aplicados en las dos entregas anteriores de prerrogativas.

"Nosotros iniciamos el procedimiento de liquidación del partido político derivada de sentencia (del TEPJF).

"En donde se nos mandató de manera expresa, a fin de instrumentar de inmediato el periodo de prevención de los partidos políticos que no alcanzaron el mínimo de votación de 3 por ciento", explicó.

Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Lunes 15 de mayo de 2017.


Ana Teresa Aranda Orozco y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) promovieron recursos de apelación en contra del acuerdo con el que el Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la destitución de los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Los recursos que promovieron la excandidata independiente a la gubernatura, PRI y PRD los estudiarán los magistrados de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El viernes pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó los procesos de destitución de los consejeros electorales, los cuales fueron interpuestos por PRI, PRD, Morena y Aranda Orozco.

A consideración de los miembros del INE los acuerdos tomados por los integrantes del IEE durante la pasada campaña electoral a la gubernatura-los cuales fueron corregidos por el TEPJF-  no fueron una muestra  de una conducta negligente de los consejeros locales.

“Esta autoridad considera que no se desprende una conducta negligente o descuido de los consejeros denunciados, porque, si bien los acuerdos y determinaciones fueron, modificadas y/o revocadas (…) por la Sala Superior y por el Tribunal local, ello no puede servir de base para crear un juicio de reprochabilidad en contra de los consejeros que aprobaron cada uno de los mencionados acuerdos y resoluciones”, señala el proyecto aprobado en el INE por unanimidad.

Entre abril y mayo de 2016 Aranda Orozco, PRI y PRD solicitaron al INE la destitución de los consejeros locales al referir que los acuerdos aprobados por el Consejo General del IEE fueron  una “vulneración sistemática a los principios rectores y fundamentales del Derecho Electoral, así como la reiterada realización de infracciones graves en su actuación”.

e-consulta
María Pineda
Ciudad de Puebla
Sábado 4 de marzo de 2017.


Giorgana Jiménez acusó que los órganos comiciales y jurisdiccionales de la entidad carecen de credibilidad porque se encuentran supeditados al gobierno panista


Al asumir la representación del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), el diputado federal Víctor Manuel Giorgana Jiménez acusó que los órganos comiciales y jurisdiccionales de la entidad carecen de credibilidad porque se encuentran supeditados al gobierno panista en turno.

En entrevista, afirmó que existen pruebas acreditadas de la injerencia del titular del Poder Ejecutivo, Rafael Moreno Valle Rosas, en las resoluciones del IEE y del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

Giorgana recuerda sesgos del TEEP

Como ejemplo, refirió la sentencia del TEEP del sábado pasado que intentó frenar la participación del Partido Encuentro Social (PES) en este proceso, por haber registrado como candidata común a Blanca Alcalá Ruiz, abanderada a la gubernatura de la alianza PRI–PVEM.

Fue necesaria la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se le reconocieran el derecho de Encuentro Social, expuso.

Víctor Manuel Giorgana fue enviado al IEE a defender la candidatura de Blanca Alcalá, así como el bloque electoral que la respalda, previo al inicio de las campañas el 3 de abril siguiente.

El diputado federal colaboró en el ayuntamiento de Puebla como secretario de Desarrollo Social, durante la administración de Blanca Alcalá como presidente municipal de la capital del estado.

Para Giorgana, las condiciones en las que se desarrolla la elección de gobernador exigirían la sustitución de los órganos locales por los nacionales, pero reconoció que ya se vencieron los plazos para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) la atracción de los comicios.

No obstante, dijo que los consejeros del INE tienen la obligación de estar más atentos con lo que sucede en torno a la organización del proceso en Puebla, ante las anomalías que se han registrado tanto en el IEE y el TEEP.

Hizo un llamado al instituto y al tribunal a ajustar sus acciones venideras a la ley, pues advirtió que el Revolucionario Institucional recurrirá en todo momento a los órganos federales para que les “enmienden la plana”.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Viernes 25 de marzo de 2016.

Ana Teresa Aranda Orozco promovió este domingo un Juicio para la Protección de Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) en contra de los lineamientos de la convocatoria del Instituto Electoral del Estado (IEE) para los candidatos independientes, por considerar que contiene disposiciones "anticonstitucionales" que afectan su derecho a ser votada.

La aspirante presentó el documento en el que promueve un juicio vía per sáltum ante las oficinas del órgano electoral con el objetivo que sea resuelto a la brevedad por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La "inconstitucionalidad" de la restricción para quienes militaron en un partido político, la permanencia de la territorialidad para conseguir las firmas y la obligación para presentar los apoyos en un formato digital son algunos de los conceptos jurídicos que Aranda Orozco impugna a través del JDC, cuya copia está en poder de El Sol de Puebla.

La defensa jurídica de la también ex secretaria de Desarrollo Social federal establece que la Constitución Política del estado no prevé que los ciudadanos que deseen una candidatura independiente deban separarse de su partido político 12 meses antes del inicio de la jornada electoral, por lo que la disposición prevista en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla (COIPEP) se contrapone con un ordenamiento superior.

"Es claro que estamos frente a una antinomia que el legislador estatal no armonizó, puesto que si su intención era que los candidatos independientes no pudieran participar, en caso de que no se separaran de su militancia partidista; debió de prever dicho requisito en la Constitución de la Entidad Federativa y al no hacerlo es claro que estamos frente a un conflicto de normas", argumenta.

Al respecto, la aspirante señala que una norma superior deroga a una inferior, por lo tanto la segunda debe ceder en los casos en los que se oponga a la ley subordinante.

Respecto al tema de la territorialidad, Ana Teresa Aranda argumenta que la exigencia del 3 por ciento del listado nominal debe ser considerado "desproporcionado" e "irracional", puesto que exige además "recabar el apoyo ciudadano en dos terceras partes de los municipios y la relación de los ciudadanos por municipios, no podrá ser menor al 2% de la lista que corresponda".

Respecto al requisito de presentar la relación de firmas y apoyos en un disco compacto, contenido en la convocatoria, establece que se trata de una carga "irrazonable", "excesiva" y "desproporcionada", debido a que le transfiere al aspirante "una responsabilidad que le corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la que cuenta con capacidad material y humana".

El Sol de Puebla
Efraín Núñez
Ciudad de Puebla
Martes 19 de enero de 2016.

 

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