SAN FRANCISCO, 12 ene (Xinhua) - Jeff Bezos, director de Amazon, el mayor minorista de libros en línea del mundo, y su esposa MacKenzie, donaron 33 millones de dólares para financiar a 1.000 estudiantes migrantes indocumentados, anunció hoy un fondo de becas.

El fondo de becas, TheDream.US, el mayor programa de becas del país para los soñadores, otorgará el donativo, la mayor suma jamás recibida por la organización, a 1.000 migrantes indocumentados graduados de preparatorias de Estados Unidos con estatus DACA para ayudarlos a continuar con la educación superior.

Se conoce como soñadores a un grupo de migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y que son protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una política migratoria establecida en 2012 por el ex presidente Barack Obama.

El presidente Donald Trump revocó el programa en septiembre de 2017, pero su controvertida decisión fue bloqueada por un juez de distrito de San Francisco el 9 de enero.

Actualmente, "2.850 estudiantes están inscritos en universidades conforme al programa de becas", señaló el fondo.

"Mi padre llegó a Estados Unidos cuando tenía 16 años como parte de la Operación Peter Pan", dijo Bezos.

El director de Amazon dijo que su padre "aterrizó solo en este país y sin hablar inglés. Con mucho coraje, determinación y ayuda de algunas organizaciones extraordinarias en Delaware, mi padre se convirtió en un ciudadano sobresaliente y sigue devolviendo al país por todas las bendiciones que le dio".

Bezos es la persona más rica del mundo con una riqueza total de 108.000 millones de dólares, según el Indice de Multimillonarios Bloomberg publicado hoy.

Desde 2012, 800.000 inmigrantes indocumentados han recibido el estatus de DACA.

Xinhua
San Francisco, Cal. EU.
Viernes 12 enero 2018.

Así lo constata una tarjeta informativa de la PGR enviada a The National Security Archive, de EU que solicitó en aras de la ley de transparencia mexicana

Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República reveló que la Policía Municipal de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, estuvo involucrada en la matanza de 193 migrantes en 2011 y cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas clandestinas.

Así lo constata una tarjeta informativa de la PGR enviada a The National Security Archive, una organización no gubernamental estadounidense que solicitó la información en aras de la ley de transparencia mexicana y que divulgó ayer en su sitio web el documento oficial.

El informe dice que policías locales y de tránsito de San Fernando, una localidad de 60 mil habitantes cerca de la frontera con Texas, participaron en “labores de halconeo” (vigilantes al servicio de los cárteles), en la detención de los migrantes y en su posterior entrega al cártel de ‘Los Zetas’, una de las organizaciones más poderosas del estado de Tamaulipas y que lucha contra el 'Cártel del Golfo' por controlar el tráfico de personas en esa zona.

De hecho, a mediados de 2011 hubo muchos secuestros masivos de indocumentados que viajaban en autobuses con la intención de cruzar ilegalmente la frontera con Estados Unidos y que fueron atribuidos a la delincuencia organizada.

El documento detalla que los agentes ayudaban a la organización de 'Los Zetas', que se encargaban de la “intercepción de personas”, y que incumplían con su deber porque no actuaban frente a delitos de 'Los Zetas', de quienes “recibían pago”. Esta es la primera vez que la Procuraduría desclasifica documentos relacionados con alguna de las tres masacres contra inmigrantes ocurridas en el norte de México en los últimos años: los 72 migrantes asesinados en San Fernando en agosto 2010; los al menos 193 cuerpos encontrados en 47 fosas clandestinas también en San Fernando entre abril y mayo de 2011, y los 49 torsos localizados en Cadereyta, en el vecino estado de Nuevo León, en mayo de 2012.

La desclasificación coincide con la crisis generada por el caso Iguala, en el que también fueron policías locales vinculados con el crimen organizado los que atacaron en el estado de Guerrero a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, matando a 6 personas y desapareciendo a 43 estudiantes.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, uno de los colectivos que asesora a las víctimas de San Fernando, ya había denunciado la participación de autoridades en esos crímenes pero, como explicó a AP su directora, Ana Lorena Delgadillo, el documento desclasificado ahora confirma “el grado de participación de la policía”.

“Es un paso muy importante para ir abriendo el derecho a la verdad”, dijo Delgadillo, aunque lamentó que la tarjeta informativa desclasificada siga sin dar muchas respuestas porque, aunque menciona que se investigó a 18 agentes, no aclara cuántos procesos se iniciaron, ni el estado de los mismos.

AP
Ciudad de México
Martes 23 de diciembre de 2014.

 

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