En entrevista, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entidad creada por el mismo gobierno, cuentan cómo se les ha impedido investigar diversos casos y participar en discusiones sobre el combate a la impunidad en el país.

‘Es un mal chiste’: Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza


Ciudad de México. - Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país, según denuncian los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forma parte del sistema.

Los miembros de esa instancia denuncian que sus intentos de investigar el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas y acusaciones de sobornos por contratos de construcción han sido bloqueados a cada paso del camino.

Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.

Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de ese mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción —como la que llevó a que se creara el mismo sistema—, estos dicen que no han podido hacer ni los más mínimos avances.

Señalan que el SNA fue anunciado con bombo y platillo pero, desde entonces, las autoridades no han dejado que se efectúen verdaderas investigaciones sobre sus decisiones.

“Están apanicados de que quizá le demos con fuerza y encontremos algo o hallemos a individuos responsables de actos corruptos”, dijo José Octavio López Presa, uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), exdirector ejecutivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien trabajó en la Contraloría mexicana (ahora Secretaría de la Función Pública) en los años noventa, la última vez que el partido de Peña Nieto, el PRI, estuvo en el poder.

“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo López respecto al gobierno. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de que él y los demás miembros del comité ciudadano planeaban fungir con imparcialidad e independencia, López afirma que eso “no les gustó”.

“Quieren sabotear todo lo que hacemos”.

LUIS PÉREZ DE ACHA, ABOGADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esfuerzo detrás del SNA empezó hace más de un año, cuando los activistas le presentaron al gobierno más de 600.000 firmas ciudadanas en respaldo a una iniciativa de transparencia y combate a la corrupción, conocida como 3de3. El presidente cedió ante los cuestionamientos sobre la situación en esta materia y sobre posibles conflictos de interés propios —como la compra multimillonaria de una casa por parte de la primera dama a un contratista del gobierno—.

En teoría, los ciudadanos, vía el CPC, son quienes están a la cabeza del sistema anticorrupción por medio del Comité Coordinador, lo que los empodera a asegurarse de que esté funcionando a favor de la población y no de los funcionarios.

Sin embargo, en entrevistas con los cinco miembros del CPC, estos ofrecieron un recuento de los diversos obstáculos que han enfrentado por parte del gobierno.

El congreso aún no ha designado ni a uno de los dieciocho magistrados en materia de justicia administrativa que deberían revisar las acusaciones que surjan. El fiscal anticorrupción que el SNA establece como figura para la investigación independiente de casos de corrupción no ha sido nombrado. Y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dicen que frecuentemente no los convocan para las discusiones de los grandes casos de corrupción.

“Es un mal chiste”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado que forma parte del comité ciudadano. “Fui ingenuo cuando arrancó el sistema; creía y tenía la esperanza de que iba a funcionar”.

“Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, añadió.

Los integrantes del CPC señalan que, en buena medida, el problema es que sus poderes solo están en el papel. Todas las decisiones significativas tienen que tomarse en el Comité Coordinador, que junta a los encargados de siete entidades, de las cuales seis son de diferentes ramas del gobierno.

“Me dieron toda la responsabilidad y nada del poder”, dijo Jacqueline Peschard, presidenta del CPC y del Comité Coordinador.

El gobierno rechaza esas acusaciones. Asegura que ha respaldado a los integrantes del comité ciudadano y que más bien ellos han malinterpretado cuál es su mandato.

Según el gobierno, no se supone que deben investigar la corrupción, sino que deben ayudar a establecer políticas y coordinarse con varias autoridades que sí tienen la competencia para indagar los delitos relacionados.

Sin embargo, Peschard y otros integrantes del CPC señalan que les han impedido hacer justamente eso porque les retienen información, como cuando intentaron discutir el escándalo por el espionaje que cimbró al poder ejecutivo este año.

Un sofisticado programa espía que fue vendido al gobierno con la finalidad de buscar a terroristas y redes criminales fue utilizado en contra de periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad, en una posible violación de las leyes.

Cuando Peschard y el CPC solicitaron información sobre el tema, dijeron, los representantes de las seis agencias gubernamentales en el sistema lo impidieron.

Una de las personas que votó en contra de discutir la situación fue Arely Gómez, actualmente secretaria de la Función Pública y quien era la procuradora general cuando se usó el programa espía contra la sociedad civil.

“Diría que sí hay mucha coordinación en el comité”, dijo Peschard con una risa irónica. “Son ellos contra mí”.

En un comunicado, la presidencia reconoció que cualquier “intervención ilegal de las comunicaciones” es un tema de importancia. Pero añadió que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un “delito de corrupción”, por lo que los representantes del gobierno en el Comité Coordinador argumentaron que no era un tema para discutirse en el SNA.

Peschard y otros integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht, la constructora brasileña acusada de dar unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda América Latina, había pagado 10,5 millones de dólares a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos. El departamento indicó que 6 millones de esa cantidad habían terminado en manos de un solo “oficial de alto nivel de una empresa estatal mexicana”.

Documentos jurídicos de la investigación sobre Odebrecht en Brasil señalan a Emilio Lozoya, ex directivo de la petrolera estatal Pemex y un aliado cercano del presidente, de haber recibido sobornos por parte de la empresa. Lozoya, quien niega las acusaciones, también estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012.

La intriga creció aún más después de que el fiscal que estaba investigando el posible origen ilícito de los fondos de esa campaña fue despedido, lo que sucedió unos días después de que indicara que Lozoya intentó presionarlo para que lo eximiera.

Los miembros del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, mientras que el gobierno afirmó que esas solicitudes no fueron hechas. Sin embargo, en entrevistas, los integrantes del comité ciudadano citaron las cartas que enviaron a la Procuraduría General de la República para pedir actualizaciones del caso.

Según ellos, en cada oportunidad les dijeron que no podía haber informes porque la investigación estaba en curso; eso los hizo cuestionarse sobre cómo pueden hacer su trabajo si está prohibido compartir información sobre pesquisas.

“Igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

JUAN PARDINAS, ACTIVISTA QUE AYUDÓ A IDEAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y AHORA ACUSA QUE ESTÁ DESPEDAZADO

Peschard y los demás decidieron intentarlo de otro modo. Cuando una investigación periodística mostró que unos 200 millones de dólares habían sido desviados por medio de universidades públicas, el comité le mandó solicitudes a 99 de las agencias gubernamentales para intentar conseguir la información de manera directa.

Hasta el momento solo ha respondido una de esas entidades.

En otro caso, el CPC intentó que se creara un fondo único para el reparto de la ayuda monetaria destinada a las víctimas de los recientes terremotos en el país, con el fin de intentar asegurar que la rendición de cuentas fuera más sencilla. De nuevo les dijeron que desistieran.

Dado que el comité ciudadano no es técnicamente parte del gobierno, según señaló el comunicado de la presidencia, no puede coordinar recursos públicos.

Para muchos mexicanos, el SNA —y, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran voz directa dentro de esa instancia— fue una muestra de que, enfrentado a una acción concertada a partir de la indignación, el gobierno por fin tendría que luchar contra la impunidad que define tantos elementos del día a día en México.

Pero líderes de la sociedad civil, incluidos algunos que ayudaron en la creación del sistema anticorrupción, dicen que cayeron en un viejo truco: el gobierno crea un órgano para lidiar con algún tema importante solo para dejarlo sin fondos, impedir sus acciones o ignorarlo.

 “El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino para el cambio”.

Pardinas ha sido una de las figuras públicas más prominentes en la lucha anticorrupción en el país; ha denunciado el efecto nocivo de la corrupción en las instituciones democráticas y que, a veces, resulta en la pérdida de vidas. Él también fue blanco del programa espía Pegasus.

“Me maté por tres años para lograr todo esto y ahora está básicamente despedazado”, dijo sobre el esfuerzo anticorrupción. “Bueno, igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

Al sistema todavía le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción; posiblemente el cargo más importante de toda la operación. El nombramiento está atorado en el congreso, donde recientemente se detuvo ante el furor por el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República —que, a diferencia de la actual procuraduría, no sería parte del poder ejecutivo en un intento de asegurar su autonomía— al considerar que era demasiado cercano a Peña Nieto. Cervantes fue el encargado del área jurídica del gobernante Partido Revolucionario Institucional y en 2012 defendió la campaña del actual presidente ante las denuncias de otros partidos de que había superado los topes de gastos.

La propuesta de Cervantes fue retirada después de una larga batalla en el Congreso de México y de reportes periodísticos que señalaban, entre otras cosas, que era dueño de un Ferrari que fue emplacado en un domicilio en el que no vive y que estaba ubicado en un estado en el que no se paga la tenencia vehicular.

Muchos estados del país tampoco han establecido los sistemas para duplicar el SNA a nivel local.

Pérez de Acha, el abogado que forma parte del CPC, dice que presentó demandas contra los gobiernos estatales que no han cumplido con esa obligación. Los sistemas debían haber sido establecidos el pasado 19 de julio, a un año de la promulgación del SNA federal. Pérez de Acha también presentó mociones contra el Senado mexicano para que avance el nombramiento de los dieciocho magistrados de justicia administrativa.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo. “Tenemos legitimidad constitucional”.

Otros integrantes del comité ciudadano recalcaron lo mismo.

“No nos vamos a rendir”, dijo Mariclaire Acosta, también directora de la oficina en México de la organización de defensa de libertad de expresión Freedom House. “No va a haber chapuzas”.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


Un juez federal liberó bajo reservas de ley al militar acusado de matar a un supuesto huachicolero en Palmarito, Puebla.

El sargento José, quien fue acusado de ser el militar que aparece en un video cuando aparentemente mata a un presunto ladrón de combustible durante los enfrentamientos del pasado 3 de mayo, quedó en libertad el pasado miércoles.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, resolvió lo anterior porque la PGR no ofreció un dictamen de balística que vinculara el arma de cargo del soldado con el homicidio, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

En su fallo, también consideró que los testigos de cargo no le hacen imputaciones y que, en relación con el video, no tiene una fuente identificada y fue tomado de las redes sociales.

Si bien la PGR dijo recientemente que contaba con un video original sin editar sobre los hechos -mismos que fueron grabados por una red de circuito cerrado de los propios huachicoleros-, esa grabación aparentemente no es la misma con la que se formuló la acusación contra el soldado.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia hizo referencia a la seguridad que necesitan los integrantes de las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública.

En el caso Palmarito, destacó que la secuencia de los hechos se desarrolló en medio de un enfrentamiento donde imperaba un escenario de matar o morir, un ambiente de guerra.

"La línea entre el soldado bueno y el soldado malo no puede ser tan difusa ni tan frágil, ellos están arriesgando su vida por defender a la sociedad", dijo al principio de la audiencia, palabras más, palabras menos, según una fuente que estuvo presente en la audiencia del CJPF de Puebla.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, el juez determinó la no vinculación a proceso del soldado, pero sin efectos de sobreseimiento, lo que significa que la PGR sigue teniendo la oportunidad de perfeccionar su acusación y volver a imputarlo.

Fuentes de la PGR informaron que la indagatoria sigue en curso no sólo contra José, sino contra otros miembros de las fuerzas del orden que participaron en esa operación que tuvo un saldo de 6 civiles y 4 soldados muertos.

El 2 de junio, la PGR ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio contra el sargento en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, donde estaba acuartelado.

A las 9:00 horas de la misma fecha fue presentado a la audiencia de formulación de imputación ante el juez en Puebla, misma que se prolongó hasta poco después de las 14:00 horas, indican los reportes recabados.

Según los informes, los testigos de cargo que rindieron su testimonio no formularon una imputación directa contra el soldado, a quien tampoco le hicieron acusación alguna sus compañeros uniformados.

A la audiencia no asistieron familiares ni personas de confianza de la víctima de homicidio, sólo su defensora pública federal.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 12 de junio de 2017.


Participó Emilio José Baños Ardavín en las exequias de Rafael Alfaro Espino (que era estudiante de la UPAEP) y de su padre, asesinados en un asalto el pasado sábado

El asesinato de Rafael Alfaro Espino, alumno de Medicina Veterinaria en la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), así como de su padre Rafael Alfaro, ocurrido el sábado tras un asalto en la Pozolería Los Ángeles de la colonia Amor, generó la exigencia del cese a la violencia por parte de autoridades universitarias.

Tras participar en las exequias, el rector Emilio José Baños Ardavín dio lectura a un comunicado de la casa de estudios dirigido al gobernador Antonio Gali Fayad y a alcalde Luis Banck Serrato e hizo un llamado a atender la inseguridad.

"Era estudiante de los últimos semestres de veterinaria, buen muchacho, en fin. Acabamos de estar en las exequias, en la celebración de la eucaristía en la funeraria, con la familia.

"Una familia como la de todos los que estamos aquí, vaya. Y que tiene una actitud encomiable y, por supuesto, con ese dolor de truncar una vida y un camino que tenía otra prospectiva, por supuesto", comentó sobre los acontecimientos.

Como rector de una institución académica, dijo que alza la voz tanto en nombre de la familia Alfaro Espino, como de otras que han perdido familiares por el incremento de la inseguridad.

Desde su perspectiva, comentó, lo que ha fallado es la impartición correcta de justicia en el estado de Puebla; la impunidad en que quedan muchos casos y las fallas en los diferentes actores que intervienen.

"Hay más impunidad. En tanto no se procesen los delitos menores, el robo de autopartes, el robo a casa habitación, el robo al transporte, pues todo hace una escalada de violencia en donde va haciendo cada vez más fácil cometer este tipo de crímenes”, señaló.

"De tal manera que se necesita la energía, todo el foco, al procesamiento de la justicia, en todos los niveles y por supuesto que esto es toda una cadena, desde la seguridad, los ministerios públicos, las sentencias, los sistemas de reclusión, es toda una cadena", comentó el rector.

Sobre este tema, agregó, no se pueden adjudicar las fallas a los esquemas del nuevo sistema penal acusatorio, sino a la forma en que éste es ejecutado por las autoridades correspondientes.

Aunque se le cuestionó si en la seguridad afecta la promoción política de Banck Serrato en otros municipios y si es necesario remover a Alejandro Santizo Méndez de la Secretaría de Seguridad  Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), evitó señalamientos directos.

Al igual que otros ciudadanos, comentó, la exigencia que se hace al Estado y a la Comuna es a que den una respuesta óptima ante el poco tiempo que le queda a sus gestiones.

"Nosotros lo que exigimos es que hay autoridades y que la autoridad rinda cuentas, en esta administración. Hablo a nivel estado y también con el presidente. En el caso del municipio, tenemos los plazos a la vuelta de la esquina, de la terminación de estos periodos", comentó.

Luego de los hechos del fin de semana, explicó, inició ya la búsqueda de diálogo con las autoridades estatales y municipales, a quienes se les exigirá, pero también se les ofrecerá respaldo y se reconocen logros como la detección de un narcolaboratorio, la semana pasada, cerca de su campus central.

En el caso de la UPAEP, explicó, se han sumado en últimos años a las acciones preventivas en sus inmuebles del Barrio de Santiago, al instalar equipo de seguridad e incluso guardias privados en vía pública, pero esto no es suficiente.

"Desgraciadamente el problema no está ahí y la universidad subsidiariamente ha puesto vigilancia donde no le corresponde porque es la vía pública, pero es precisamente para acompañar a nuestros estudiantes y para tranquilidad de los padres, tenemos esos sistemas de vigilancia, cámaras, etcétera.

"Pero tantito nos vamos a otros ámbitos de la vida citadina y nos vemos enfrentados con ese tipo de situaciones, que desgraciadamente para nadie ya son noticia. Este tipo de hechos, insisto, me parece que nos tienen que obligar a que haya un punto de inflexión", dijo.

Comunicado en Nombre de la Comunidad Universitaria

AL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA

AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA

La comunidad universitaria de la UPAEP manifiesta su indignación y preocupación por la escalada de inseguridad y violencia que vive nuestra ciudad y nuestro Estado.

Los ciudadanos viven todos los días una situación de creciente incertidumbre en donde no sólo se preocupan por el quebranto o pérdida de su patrimonio, sino incluso de su propia vida y la de sus seres queridos.

En los últimos meses, varios miembros de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad, han sido víctimas de hechos delictivos, con un grado de violencia cada vez mayor.

Este fin de semana, sufrimos la pérdida de un estudiante de nuestra escuela de Medicina Veterinaria y de su padre, quienes fueron cobardemente asesinados. Queremos manifestar nuestra solidaridad con la familia Alfaro Espino, que ha sido profundamente lastimada; nada podrá reparar el dolor y la pérdida que hoy están sufriendo.

Actos como éste, dañan profundamente a las familias y a la sociedad. Como voz de la ciudadanía, exigimos la acción de la justicia que debe ser pronta y expedita, para que prevalezca el estado de derecho y el clima de justicia y paz que merecemos.

Es necesario esclarecer éste y otros hechos infames, para garantizar que no exista impunidad y así recuperar la confianza en las instituciones. La paz y justicia son condiciones fundamentales para la construcción del bien común.

UPAEP

e-consulta
Laura Ruiz
Puebla, México
Lunes, Mayo 29, 2017.

Además de los cuantiosos salarios que reciben mes con mes, los 128 senadores y 500 diputados, están también vales de gasolina mensual

Ciudad de México.- Además de los cuantiosos salarios que reciben mes con mes los 128 senadores y 500 diputados, están también vales de gasolina mensual.

A pesar del alza a las gasolinas que entrará en vigor en 2017, diputados y senadores no verán afectada su economía por el gasto de combustible. Aunque en el caso de la Cámara alta, los legisladores aseguran que desde septiembre pasado se eliminó esa prestación.

De acuerdo con información del Senado de la República, en 2015 se firmó un contrato por 6 millones 244 mil 280 pesos para vales de gasolina.

De acuerdo con fuentes administrativas del Senado y algunos senadores consultados, los legisladores dejaron de recibir los vales de gasolina en septiembre de 2016.

Antes de esa fecha, indicaron, disponían de hasta 5 mil pesos al mes por vales de gasolina si sus hogares estaban a menos de 250 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Sin embargo, los informes financieros del Senado no detallan cuánto se gastó en total a lo largo de 2016 por el rubro de vales de gasolina.

Mientras que la Cámara de Diputados realizó la contratación con la empresa Efectivales D. de R.L. de CV para proveer de vales de gasolina por 7 millones 768 mil pesos durante el 2016. Los vales se reparten a los diputados federales y a todo el personal de la Cámara baja.

Sin embargo, en la licitación no se informa cuánto reciben los diputados por mes, ya que la Cámara indicó que es responsabilidad de cada una de las áreas administrativas o legislativas, la distribución interna de los vales de gasolina a los legisladores y personal de San Lázaro que lo requieran para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 28 de diciembre de 2016.


Dos videos muestran momentos en los que el comunicador huye de los uniformados a bordo de su camioneta, luego llega a su casa y les apunta con una pistola

Chignahuapan. - El director de Canal 21 en Chignahuapan, Federico Islas Rivera, amenazó con una pistola a policías municipales, quienes previamente lo intentaron detener debido a que conducía su camioneta en aparente estado de ebriedad.

Tras solicitar su derecho al anonimato, una fuente informó a municipiospuebla.com.mx que el incidente ocurrió aproximadamente a las 07:15 horas del martes 27 de diciembre.

Narró que policías municipales recibieron un reporte respecto a que una camioneta Toyota Rav4, color blanco y modelo reciente, obstruía la circulación sobre la calle Abasolo, cerca de la terminal de autobuses.

Explicó que los uniformados se percataron que se trataba del comunicador, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que le solicitaron que bajara de la unidad, aunque desatendió la instrucción y huyó rumbo a su casa, que se encuentra en la privada Miguel Negrete.

En ese sentido, proporcionó dos videos; el primero, con duración de 37 segundos, muestra el momento en el que una policía le pide que baje del vehículo.

"Sabes que vienes en estado de ebriedad, por favor orilla tu unidad, no podemos permitirte que usted conduzca así (sic)", argumenta la oficial.

Pese a la solicitud, Islas Rivera pone en marcha la camioneta y abandona el lugar.

En el segundo video, el comunicador vuelve a huir de los uniformados, pero en esta ocasión es seguido por una camioneta de la Policía Municipal.

Posteriormente, se muestra que logró estacionar su camioneta en la cochera de su casa, y en ese instante, saca una pistola, corta cartucho, y apunta contra los oficiales.

La fuente explicó que los policías que se encontraban en el lugar no tenían armamento, por lo que pidieron el apoyo de la Policía Preventiva, sin embargo, no lo recibieron, de tal forma que tuvieron que irse del lugar sin detener a Federico Islas Rivera.

e-consulta
Miguel Jaramillo
Chignahuapan, Puebla
Miércoles, 28 de Diciembre de 2016.


Se trata de un blindaje al actual titular de Poder Ejecutivo, denuncia la diputada Socorro Quezada


Puebla.- Por mayoría, el Congreso local aprobó la reforma constitucional del sistema estatal anticorrupción y que representa blindaje al actual Gobernador, Rafael Moreno Valle, y a su sucesor, Antonio Gali Fayad.

La modificación incluyó la creación del Tribunal de Justicia Administrativa cuyos integrantes serán electos por el Legislativo pero a propuesta del Mandatario en turno.

Los integrantes de la institución judicial durarán en el cargo 15 años, aunque sus primeros integrantes asumirán por un periodo de 11, 13 y 15 años, respectivamente, se estipuló en los artículos transitorios.

Otro de los puntos de relevancia de la reforma consistió en la conformación de la Fiscalía Especial Anticorrupción cuyo titular será nombrado por el Fiscal General del Estado.

Actualmente la Fiscalía General está a cargo de Víctor Carrancá, colaborador cercano de Moreno Valle, quien permanecerá en el puesto por un lapso de siete años.

La diputada local del PRD, Socorro Quezada, votó en contra del dictamen al advertir que se trata de un blindaje al actual titular de Poder Ejecutivo.

No obstante, en los transitorios se estableció que este sistema anticorrupción entre en funciones al 100 por ciento a más tardar en junio de 2017.

Esa determinación implica que no sería Moreno Valle, sino Gali Fayad quien proponga a los miembros del Tribunal de Justicia Administrativa, quien es colaborador y amigo personal del Mandatario en funciones de Puebla.

Quezada refirió que de ser así, el blindaje no es exclusivo del Gobernador, sino del grupo político.

"Si los transitorios dicen eso (de los plazos) me retracto, no Rafita, el blindaje no es para ti exclusivamente.

"Claro, sería blindaje para el grupo (morenovallista)", añadió la perredista en un lapso, afuera del salón de sesiones.

El morenovallismo tiene garantizado el ejercicio del poder hasta 2018 cuando se renueven los Poderes Legislativo y Ejecutivo, además de las 217 Presidencias Municipales.

La reforma también consideró más facultades a la Auditoría Superior del Estado que, como la Fiscalía, está en manos de un morenovallista.

Reforma
Puebla, México
Francisco Rivas
Miércoles 26 de octubre de 2016.


Jorge García Torres empresario poblano, le facilitó la huida a su hijo, Jorge García Díaz

Jorge García Díaz, acusado de impactar su Porsche un vehículo Jetta y cobrar la vida de su conductor, José Amado Amador, huyó del país para evitar ser encarcelado, dijeron distintas fuentes a Periódico Central. Su padre, el empresario poblano Jorge García Torres, le ayudó a huir y le quitó todos sus dispositivos móviles para evitar que pueda ser rastreado por las autoridades, de acuerdo con las versiones.

García Díaz, de 32 años, fue detenido junto a un primo la noche del accidente, aunque intentó huir. Los familiares de la víctima reclamaron a la policía que lo retuviera, pero de alguna manera se las ingenió para salir libre.

De acuerdo con la familia del conductor del Jetta, Jorge García Díaz logró que inculparan en actas a un segundo individuo para emprender la fuga.

Ahora, de acuerdo con los datos proporcionados por las familias, podría estar ya en el extranjero.

Ayer, la Fiscalía General del Estado confirmó que García Díaz era el verdadero conductor del Porsche al momento en que ocurrió el accidente. Logró que su primo Alexis Hernández García se echara la culpa para librarse de prisión.

Después del accidente el pasado 15 de agosto, Jorge y Alexis fueron trasladados a Juzgado Calificador. Debido a que Alexis Hernández asumió la responsabilidad del crimen, Jorge fue puesto en libertad.

Eso fue aprovechado por el principal inculpado para huir.

Familiares de la víctima se comunicaron a Periódico Central que el empresario, padre del joven, está vinculado con el robo de combustible a Petróleos Mexicanos. Eso no pudo ser comprobado con otra fuente, independiente u oficial, por SinEmbargo.

De acuerdo con los testimonios del medio poblano, García Torres ocultó, incluso a su familia, el paradero de su hijo. “Lo que sí ha hecho público es que le quitó el celular y cualquier dispositivo móvil para evitar que se ponga en contacto con cualquier persona y, así, puedan dar con su paradero”, según los testimonios.

El incidente, que indignó a los poblanos, sucedió casi a la media noche del 15 de agosto, cuando Jorge García circulaban a exceso de velocidad y en estado de ebriedad por una avenida, a la altura del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Impactó en la parte de atrás al Jetta modelo 1992 con placas TZK8288.

El conductor salió proyectado por el parabrisas y se impactó en la carpeta asfáltica a 10 metros del lugar.

Dos policías estatales se encuentran en calidad de presentados por la fuga del individuo que fue bautizado como “Mirrey del Porsche”.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Víctor Carrancá, confirmó que se tienen asegurados a los agentes por ser los primeros responsables del arresto de Jorge Díaz y su primo Alexis Hernández. Ellos los entregaron al Juzgado Calificador, de donde Díaz salió libre.

“Vamos a revisar la actuación de los primeros respondientes que en este caso son los policías, que pusieron a disposición a los involucrados”, comentó el Fiscal.

Fuentes detallaron que los agentes estatales fueron presentados desde ayer en la tarde para ser interrogados sobre su actuar en la detención de los jóvenes.

SinEmbargo
Periódico Central
Viridiana Lozano y
Edmundo Velázquez
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 20 de agosto de 2016.

Panistas presentan denuncia ante la PGR contra exgobernador

Ciudad de México.- Senadores del PAN, encabezados por Luis Fernando Salazar, presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Humberto Moreira Valdés (HMV), exgobernador de Coahuila, por la probable comisión de los delitos de "lavado de dinero", enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.

Mediante esta denuncia de hechos, los panistas solicitan a la titular de la PGR, Arely Gómez, que la dependencia "inicie la investigación por hechos que pudieran ser constitutivos de delito", y que están relacionados con los juicios y las presuntas investigaciones en contra de Moreira, que desahoga la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas.

Dado que la denuncia contra el exgobernador está fundada en los testimonios vertidos en aquella corte, los senadores también piden que la PGR solicite todos los documentos, registros o pruebas, y proceda al intercambio de información "con base en las disposiciones en materia de cooperación sobre asistencia jurídica mutua".

Salazar destacó que la PGR tiene la facultad para solicitar esa información a las autoridades de Estados Unidos para iniciar una investigación. "Lamentablemente, voluntad política es lo que falta", dijo.

El senador explicó que la denuncia tiene como fundamento el hecho de que "en Estados Unidos se han abierto varias investigaciones sobre la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al estado e invertir el dinero robado en cuentas y propiedades en Texas".

En esos juicios, dijo, han sido condenados diversos funcionarios y empresarios, como Javier Villarreal, Jorge Torres, o Rolando González Treviño, quienes han señalado la participación del exgobernador Moreira en estos actos.

"Por estos señalamientos se sabe que autoridades del estado de Texas investigan a Humberto Moreira por el delito de 'lavado de dinero'", afirmó.

A todo lo anterior, agregó, se suman las acusaciones de un presunto líder del cártel de los Zetas llevado a juicio, quien afirmó haberse reunido con Moreira y entregado al menos 4 millones de dólares a exfuncionarios de su gobierno, "a cambio de protección y libertad para operar y cometer una serie de delitos en el estado".

No obstante lo anterior, dijo, "nada ha hecho el gobierno federal, mucho menos el gobierno de Coahuila, por iniciar siquiera una investigación para deslindar responsabilidades".

En su denuncia, los senadores panistas hacen un recuento pormenorizado de las acusaciones y acciones legales emprendidas en Texas en contra de exfuncionarios del gobierno de Moreira, y de las declaraciones que involucran en posibles actos delictivos al exlíder del PRI y a su hermano Rubén Moreira, gobernador de la entidad.

Salazar destacó que, a pesar de todo lo anterior, las autoridades mexicanas "siguen queriendo ser cómplices y omisas en investigar y sancionar a quienes endeudaron a Coahuila con 36,000 millones de pesos".

Recordó que Estados Unidos, Jorge Torres ha sido fichado por la DEA por el delito de conspiración para el "lavado de dinero". En México, en cambio, la procuraduría de Coahuila declaró que el enriquecimiento por 3 millones de dólares de este funcionario se debió a "una inexplicable donación" de su padre.

De esta manera, agregó, "los responsables de la megadeuda, y particularmente Humberto y Rubén Moreira, siguen siendo intocables".

Salazar afirmó que, cuando Moreira fue detenido en España, la PGR argumentó que no había denuncia previa para abrir una investigación en contra del exgobernador. "Hoy, ya no hay pretextos", afirmó.

"Desde Acción Nacional -agregó- vamos a impulsar todas las acciones que sean necesarias para dar fin al moreirato. Este es el principio del fin del grupo que en Coahuila ha permitido el saqueo aberrante de las arcas públicas y condenado a nuestros hijos a nacer endeudados. Es el principio del fin de la colusión de un grupo de políticos coahuilenses con el crimen organizado, el principio del fin de quienes han callado ante las miles de desapariciones y asesinatos de coahuilenses porque son cómplices del crimen organizado".

Salazar además advirtió que no permitirán más la impunidad de la que goza Humberto Moreira, a quien acusó de hacer uso del sistema de justicia en México "para intimidar y perseguir a investigadores como Sergio Aguayo, que en el ejercicio de una labor periodística, lo único que buscan es informar a los ciudadanos".

Aguayo fue demandado por Humberto Moreira por posible daño moral. Como reparación, el exgobernador exige diez millones de pesos. Frente a esa demanda, que tiene como propósito "intimidar y violentar la libertad de expresión", los senadores del PAN presentaron ayer un punto de acuerdo, con carácter de urgente, para exhortar al Ejecutivo federal a que garantice el respeto a los derechos de quienes ejercen la labor periodística.

También le piden adoptar las medidas necesarias para evitar que el sistema de justicia en México sea utilizado como una herramienta para acosar, intimidar o inhibir el ejercicio de la labor periodística y de investigación.

Solicitan además aplicar, de conformidad con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los mecanismos de protección para garantizar la integridad física, moral y económica de periodistas como Sergio Aguayo Quezada.

El Siglo de Torreón
Elia Baltazar
Ciudad de México
Jueves 28 de julio de 2016.

Entre la “cifra negra” de los delitos no denunciados y la nula eficiencia de los aparatos de impartición y procuración de justicia en México el 99% de los delitos perpetrados en el país permanecen en la impunidad, reveló un amplio informe que publicó hoy la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

Debido a la “pérdida de tiempo” y la “desconfianza en la autoridad”, los mexicanos denuncian solamente siete de cada 100 delitos de los que fueron víctimas, por lo que existe una “cifra negra” de 92.8% respecto a los delitos no reportados. Esta cifra negra se eleva a 96.5% en San Luís Potosí, 95.8% en Guerrero y 94.8% en Jalisco y en Zacatecas.

Y los mexicanos que tomaron el tiempo de denunciar los delitos de los que fueron víctimas tampoco tienen muchas esperanzas de conseguir justicia, pues solamente el 4.46% de los delitos registrados por las autoridades derivan en alguna sentencia condenatoria.

Así, el informe estimó que en 0.7% de los casos, la víctima recupera sus bienes y en 0.5% de los casos se consigna al delincuente. “Considerando que únicamente al 0.2% se le otorgó el perdón, estaríamos estimando que menos del 1.4% de los delitos en México son castigados”, insistió el documento.

Lo anterior resulta particularmente grave en México, pues el informe recuerda que “la impunidad es una variable que es origen y destino de otros problemas nacionales como la inseguridad, violencia, corrupción, desarrollo económico e inclusive de la desigualdad social”.

En abril pasado, la UDLAP realizó un informe en el que midió los índices de impunidad en 59 países. En esta clasificación, México ocupó el lugar 58 –el penúltimo–, rebasado por Filipinas pero por encima de Colombia, Turquía, Rusia, Nicaragua y Honduras. México también destacó como uno de los países con mayor impunidad relacionada con violaciones a los derechos humanos.

En el informe publicado hoy, los investigadores aplicaron una metodología similar, con el objetivo de medir los niveles de impunidad en cada estado del país. Tras exponer una enorme cantidad de variables, factores y cifras respecto a la situación de la impartición de justicia en las entidades federativas, su conclusión sentenció: “Los datos nos señalan que existe una impunidad generalizada” en cada una de ellas.

Así, de acuerdo con el índice que mide el grado de impunidad en entidades federativas, los estados de Quintana Roo, México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Oaxaca y Baja California Sur integran al grupo de entidades con las tasas de impunidad más altas.

Al grupo de estados con un “grado de impunidad alta” pertenecen Morelos, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato.

Y solamente dos de las 32 entidades, Campeche y Nayarit, mostraron grados de impunidad baja –aunque Campeche reportó información sospechosa y ocultó datos que “ponen en entredicho la confiabilidad” de los mismos– mientras otros cinco obtuvieron un grado de impunidad media: San Luís Potosí, el Distrito Federal, Sonora, Chihuahua y Chiapas.

En el caso de Michoacán, los investigadores encontraron resultados “atípicos” que les llevaron a sospechar que el estado maquilla sus cifras.

“Considerando la situación de violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido en los últimos años, el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado”, explicó.

El índice de impunidad del informe no toma en cuenta las violaciones graves a los derechos humanos –por considerar que las estadísticas provenientes de las comisiones estatales de Derechos Humanos “no son confiables”– y sufre del hecho que muchas entidades proporcionan cifras maquilladas, lo que ilustra “profundas deficiencias” e “incapacidad institucional”, planteó el documento.

Poco personal, mal capacitado

Una de las causas de la ineficiencia del sistema de impartición de justicia en México recae en la falta de personal en el aparato policiaco y judicial –el cual resulta desbordado ante la amplitud de los delitos—aunado a su mala capacitación.

Según el promedio nacional, una población estándar de 100 mil personas denuncia en promedio mil 449 delitos que derivan en averiguaciones previas cada año.

Para esta población de 100 mil personas, sólo hay 3.2 agencias del ministerio público para atender las denuncias, y en ellas están solamente 7.6 agentes capacitados para investigar. En el caso de que se abriera un juicio, le tocaría a uno de los 3.5 jueces disponibles emitir una decisión.

Así, a nivel nacional por cada mil delitos reportados –poco más de 7% de los que realmente ocurren– existen 5.31 agentes del ministerio público, 1.31 peritos y 7.72 policías judiciales.

En Querétaro sólo hay tres agentes del ministerio público por cada mil delitos registrados, por lo que cada uno atiende 333 delitos por año; más de un delito por cada día laborado. El tiempo promedio de un proceso de averiguación previa es de 72 horas, observó el informe.

En Sinaloa, la situación de la policía judicial es más grave aún, hay 0.39 agentes por cada mil delitos, y en general la proporción de personal de impartición de justicia se encuentra muy por debajo del promedio nacional, ya de por sí insuficiente. “Esto resulta relevante para Sinaloa dada la gravedad de los delitos que se cometen en la entidad”, subrayó el informe.

En Tamaulipas, la escasez de personal –todos los indicadores se encuentran muy por debajo de los promedios nacionales—explica en parte que por cada averiguación previa y carpeta de investigación abierta se aprehende y se sentencie a 0.05 personas, planteó el informe.

Impunidad casi absoluta

Asimismo, se estima que cuatro de cada diez personas que las autoridades encarcelan no tienen ninguna sentencia definitiva, pues su proceso aún no termina. En Baja California, el 95% de los ingresados a la cárcel están en proceso penal; en Durango esta proporción es de 90% y en Oaxaca de 82%.

En paralelo, señaló que las cárceles mexicanas sufren de una sobrepoblación que rebasa en un 30% su capacidad.

En Morelos, tercera entidad con el mayor número de delitos registrados, se abre un proceso penal en solamente 3% de las averiguaciones previas, y solamente el 1% de los delitos consumados encuentran sentencia condenatoria.

En Tabasco, el ministerio público determinó solamente el 12% de las averiguaciones previas que inició, mientras que las autoridades judiciales sólo sujetan a proceso a uno de cada diez inculpados.

El informe también señaló la falta de independencia de las comisiones de derechos humanos estatales, las cuales emitieron apenas 794 recomendaciones sobre desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y encarcelamiento político entre 2010 y 2014.

Y llamó la atención sobre ciertas comisiones en particular, como las de Guerrero, Morelos, Michoacán, el Estado de México o Tamaulipas –entidades que forman parte de las más delictivas del país—las cuales emitieron menos de siete recomendaciones respecto a estas violaciones a los derechos humanos durante cuatro años.

Los investigadores no encontraron ninguna correlación entre los índices de impunidad con los indicadores de pobreza o de desigualdad, un resultado “esperado”, pues “independientemente de las condiciones sociales o económicas locales, la impunidad existe”.

Y estimó que la impunidad ya cobró “graves consecuencias” en México, tomando como ejemplos concretos la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres de Tlatlaya, Apatzingán o Tanhuato, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán o “la revelación de conflictos de interés involucrando a miembros del gabinete presidencial”, sin detallar a quién se refería.

Proceso
Mathieu Tourliere
Ciudad de México
Miércoles 3 de febrero de 2016.

Enrique Aguirre
    
Sergio Gómez Olivier, diputado local por Tehuacán, puede estar orgulloso de su fuero. En el reducto caciquil de Moreno Valle, los ‘leales’ se pueden permitir esos lujos.

Confrontó con todo ímpetu a la Delegada Federal de la Profepa, Alma Lucía Arzaluz Alonso, quien osó incomodarlo con la incautación de más de 100 ejemplares de su colección de animales, algunos en peligro de extinción, hacinados en el “Club de los Animalitos” que desde hace años opera sin los permiso ni la regulación correspondiente.

El diferendo derivó en una componenda favorable al diputado panista, pues el gobierno del estado (léase RMV) construirá un zoológico público en el predio particular del vivales legislador. A saber, si por presiones del panismo en Puebla o por dignidad, la delegada Arzaluz Alonso renunció al cargo y para pronto, instalaron nuevo encargado cuya docilidad le impide ver irregularidades en el fértil campo panista.

Y por si eso fuera poco, o lo que en la política doméstica se llama ‘caerse para arriba’ el diputado local por Tehuacán, ahora es el flamante candidato a diputado del Partido Acción Nacional para el distrito 15 de la entidad poblana.

Para la ‘nomenklatura’ panista en Puebla (léase RMV y sólo él) la operación fue sencilla, no aseada, pero sí sencilla. Bastó torcerle el brazo a María de las Mercedes Bulas Montoro, quien renunció a la candidatura días previos al inicio de la campaña. Al relevo, ipso facto, llegó el legislador y ecologista de marras, para reforzar al equipo anónimo que pretende desbancar al PRI de esa parcela política.

Y en pleno ejercicio de la imposición y el cochupo, método tan del agrado del Ejecutivo local, Gómez Olivier, que no renunció a tiempo a la diputación local, de acuerdo a los plazos establecidos por la ley electoral, ahora es de nuevo candidato a una nueva curul, con cargo al erario público, desde ahora y hasta sabrá Dios, cuando. ¡Ese es fuero!

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Miércoles 08 de abril de 2015.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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