El Movimiento Nacional Constitucionalista por la Recuperación de Nuestros Bienes Nacionales AC, el Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas, el Sindicato del Colegio de Bachilleres y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a la creación de un frente único de organizaciones para exigir por la vía legal la remunicipalización y la defensa del agua en la ciudad de Puebla y su área metropolitana.

Este lunes, representantes de las agrupaciones encabezados por el abogado Raymundo Reyes exigieron a las autoridades estatales y municipales a asumir el compromiso para echar abajo el título de concesión que se le entregó a la empresa Concesiones Integrales SA de CV para administrar el agua por 30 años, a pesar de tratarse de una violación a los derechos humanos.

A manera de ultimátum, advirtieron que si no hay respuesta de las autoridades ni de la compañía a partir del 29 de mayo iniciarán una resistencia civil con el paro de pagos a la concesionaria.

Ese día, adelantaron, también efectuarán una manifestación frente a las oficinas de Concesiones Integrales, en la Plaza del Sol de la calle 24 Oriente, en repudio a los abusos cometidos en los últimos cinco años.

En su oportunidad, el abogado Raymundo Reyes, del Ilustre Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas, denunció que la privatización del servicio del agua resultó un negocio para unos cuantos, quienes se han quedado con los miles de millones de pesos que Concesiones han generado en el último lustro.

Incluso, denunció que existen cobros ilegales por servicio doméstico a familias en el municipio de Atlixco, que antes de la privatización del agua pagaban por consumo un promedio de 100 pesos bimestrales, y que ahora pagan hasta 3 mil 500 pesos por el mismo periodo.

Para demostrar los señalamientos, presentó la boleta de cobro por 63 mil 500 pesos a un usuario, pero también cuentan con recibos hasta por un millón 200 mil pesos por servicio doméstico.

En contraparte, acusó que existe una multa de hasta de 10 mil salarios mínimos para castigar, fustigar u hostigar a la ciudadanía, sin respeto a los tratados internacionales de los que forma parte nuestro país.

Reyes argumentó que el acceso al agua es un derecho humano que debe garantizar el estado, y que debería pagar el consumo de usuarios a personas con enfermedades crónico-degenerativas, así como a ancianos que no tienen ingresos para cubrir las tarifas.

En ese sentido, convocó a los usuarios a manifestar su inconformidad hasta lograr la remunicipalización del servicio, pues señaló que la empresa ha incurrido en artilugios para que el gobierno municipal no tenga control del manejo del agua.

Como ciudadanos, pidió a la alcalde de Puebla, Claudia Rivera Vivanco los incluya en el Comité Ciudadano del Agua para poder defender los derechos de los consumidores.

Asimismo, los representantes de las organizaciones de abogados solicitaron a los integrantes del Cabildo de Puebla y al Congreso del estado asuman su responsabilidad e inicien el proceso de reversión de la concesión del líquido.

Por abusos llaman a promover acciones jurídicas contra la empresa

El abogado Raymundo Reyes pidió a los consumidores promover acciones jurídicas correspondientes, amparos para solicitar la restitución de servicios, y hacer denuncias por los delitos cometidos por la persona moral denominada Concesiones Integrales SA de CV.

“El título de concesión fue viciado, con dolo y mala fe con el fin de realizar un negocio, en complicidad con las autoridades que mantienen en secreto el contrato”, acusó de manera directa.

Expuso que la finalidad de su privatización es convertir el agua en una mercancía, violando en lo particular y general los artículos 4 y 115 de la Constitución Mexicana.

En una operación sencilla, informó que en Puebla existen más de 450 mil familias que pagan en promedio 300 pesos mensuales por el suministro del líquido, lo cual representa 135  millones de pesos mensuales, es decir, mil 600 millones de pesos anuales.

“Si se nulifica el contrato, la empresa alega que se pagarían 3 mil 500 millones de pesos por la rescisión, pero estos ya están más que pagados por el fraude cometido contra la ciudadanía, por no cumplir con lo prometido, elementos suficientes para echar abajo la concesión”, concluyó.

La Jornada de Oriente
Yadira Llaves Anzures
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 29 de abril de 2019.

 

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