La agencia calificadora Moody’s Investors Service respaldó la estrategia impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el robo de combustibles en el país.

De acuerdo con Nymia Almeida, vicepresidenta senior de la firma, “el combate al robo de combustible en México es positivo para Pemex, ya que éste pudiera ser el punto de partida para una solución de más largo plazo que aumente los ingresos anuales de la petrolera en alrededor de tres mil millones de dólares y mejore su gobierno corporativo”.

A su vez, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s, manifestó que el impacto del desabasto de combustible en la economía de México y las cuentas fiscales “será limitado, a menos que esta situación se convierta en un problema prolongado que afecte de manera notoria la actividad económica”.

Añadió: “Por el momento consideramos que las implicaciones crediticias para la calificación soberana de México no son significativas”.

Pero organismos empresariales aseguran que el desabasto de gasolinas ya dejó mermas en la actividad comercial del país.

Por ejemplo, la semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) destacó que la escasez de gasolina ha provocado pérdidas económicas por mil 250 millones de pesos en Michoacán, Querétaro y Guanajuato.

Y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios Y Turismo señaló que el efecto del desabasto de combustibles registrado en numerosos estados del país, combinado con el incremento de los salarios, el alza de las tarifas eléctricas y el aumento del costo financiero, provocará la peor cuesta de enero de muchos años para los sectores comercio, servicios y turismo, y una caída de hasta 10% en las ventas de las micro y pequeñas empresas del sector terciario.

En tanto, el sector industrial solicitó a la Dirección General de Petróleos Mexicanos que revise su estrategia y logística para resolver a la brevedad el déficit en el suministro, ya que está generando serios problemas a la economía y a la vida cotidiana en diversas entidades del país.

Proceso
Juan Carlos Cruz Vargas
Ciudad de México
Lunes 14 de enero de 2019.


La Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) no sólo tienen bajo investigación al general brigadier Eduardo León Trauwitz, sino que ya le fueron congeladas sus cuentas bancarias, de acuerdo con información publicada por el semanario Proceso en su edición que empezó a circular este domingo.

León Trauwitz es hasta ahora el primer exfuncionario de alto nivel sujeto a investigación por robo de combustible.

En las carpetas de investigación de la PGR, derivadas de las acciones en Pemex, se consignan testimonios de funcionarios de la paraestatal que, en calidad de testigos, le atribuyen al general responsabilidad en el robo de combustible.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investiga a 30 distribuidoras de gasolina presuntamente implicadas en la venta de combustible obtenido ilegalmente.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que llevaron ante la PGR cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos, que incluyen a un exfuncionario de Pemex, un exdiputado local y un exalcalde.

También se detalló que se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas.

León Trauwitz fue un hombre poderoso protegido por Peña Nieto, a quien había servido como escolta desde el Estado de México. Éste no le dio la jefatura del Estado Mayor Presidencial (EMP), pero a cambio, además de un ascenso a destiempo, lo colocó en una posición de seguridad nacional en la que llegó a manejar 5 mil millones de pesos y 2 mil 500 efectivos del Ejército, además de cientos de agentes civiles. Pese a esos cuantiosos recursos, el robo de combustibles se incrementó el sexenio pasado.

Peor aún, la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, que estuvo al mando de León Trauwitz, al final de la administración pasada presentó a la empresa petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. Además, en el libro blanco sobre la “estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina que estuvo a cargo del general también aseguró que el incremento registrado entre los años 2016 y 2017 “estaba proyectado” para, a partir de entonces, empezar a decrecer.

En diciembre, desde que anunció el inicio del combate al robo de combustibles –y pese a su insistencia en que el delito se comete con la participación de personal de la propia empresa–, y hasta principios de la semana pasada, López Obrador sólo había afirmado que se investigaba a tres funcionarios de la paraestatal.

Pero el martes 8, en su conferencia matutina y a pregunta expresa, mencionó a León Trauwitz: “Está en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya nada definitivo”. Sin abundar, el presidente también dijo: “Sí existe el general, pero no se sabía nada. Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad de Pemex”.

Proceso
Álvaro Delgado
Ciudad de México
Lunes 14 de enero de 2019.


Puebla registra 17 gasolineras clausuradas por Pemex por vender el combustible obtenido por huachicol

La revocación de los contratos para la venta de gasolina se encuentran en los estados de Puebla, Guanajuato y Edomex.

Ciudad de México.- Contratos asignados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a 103 gasolineras en el país serán revocados por vender gasolina y diésel robado por "huachicoleros", según un reporte de la Comisión Reguladora de Energía.

De acuerdo a la comunicación, se especifica que "Pemex ha reportado a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la revocación de 103 contratos de comercialización y de franquicia a permisionarios de expendio al público de gasolinas y diésel por irregularidades en los controles volumétricos, que presumiblemente se deben a la realización de actividades reguladas con hidrocarburos de procedencia ilícita".

Precisan que la revocación de los contratos para la venta de gasolina se encuentran en los establecimientos localizados principalmente en Puebla, Guanajuato y Estado de México, que presentan el mayor número de cierres de gasolineras.

En forma paralela a estas acciones, enumeran que se han remitido 70 expedientes integrados para dar inicio con las investigaciones y construir el caso contra los establecimientos donde se detectó la venta de combustibles robados.

De acuerdo al reporte, este órgano regulador ha revocado los títulos de permiso de expedición de gasolina y diésel a 11 estaciones de servicio; asimismo, existen 5 que están en procedimientos administrativos de revocación.

De acuerdo a la información proporcionada, Puebla registra 17 gasolineras clausuradas por Pemex por vender el combustible obtenido por huachicol y Guanajuato con 11, en donde se encontraron establecimientos clausurados en Valle de Santiago, Salamanca, Pénjamo, Guajuato capital, León e Irapuato.

Tabasco HOY
Ciudad de México
Domingo 6 de enero de 2019.


El presidente informó que el descenso pronunciado en el robo de combustible se dio a partir del 22 de diciembre

Ciudad de México. - En el combate al crimen organizado los resultados más importantes a la fecha se han tenido en el tema del robo de combustible, aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa la mañana del viernes, el presidente expuso que ya en su administración hubo días en que se alcanzaron más de 100 mil barriles robados en un solo día en el país.

"Les voy a dar el dato exacto, porque esto es histórico, lo de ayer en robo de combustible. En pipas, 36 pipas, esto no se había presentado, tenía mucho tiempo”, puntualizó el presidente.

En la gráfica incluida en el informe diario de desvío de hidrocarburos que realiza Petróleos Mexicanos, se detalla que de los 126 mil barriles diarios que se llegaron a desviar el 4 de diciembre, los 105 mil del 9 de diciembre y los 108 mil del 18 de diciembre, se tuvo un declive pronunciado hasta llegar tres mil 400 barriles diarios.

"No queremos cantar victoria, echar las campanas al vuelo, pero sí nos está dando resultado la decisión que se tomó y vienen otras cosas para controlar esto que era un robo descarado a la vista de las autoridades”, consideró López Obrador.

La reducción en el desvío de combustibles, se refiere a los combustibles que son enviados vía ductos y que son monitoreados por Pemex, y a las pipas que son robadas en carreteras.

El presidente insistió en que además del delito del robo de combustibles se debe exigir a los automovilistas y empresas que dejen de comprar gasolinas robadas para poder combatir el huachicoleo desde todos los ángulos.

"A los ciudadanos, a las empresas, porque se daba el caso de que las empresas constructoras se abastecían de gasolina o de diésel robado, hay casos que se conocen, que son casi de dominio público”, comentó el tabasqueño.

El descenso pronunciado en el robo de los combustibles se dio a partir del 22 de diciembre, cuando se reforzó el monitoreo que realiza Pemex a través de la Gerencia de Seguridad Física.

Será el próximo 20 de enero cuando el gobierno federal haga públicos los índices oficiales de delitos de alto impacto en el primer mes de la administración, en la que se tomó el 8 de diciembre como fecha de inicio del conteo.

En el índice se incluyen homicidios, robo de autos y robo de combustibles, y se agregará el de feminicidios.

Excélsior
Ciudad de México
Viernes 4 de enero de 2019.

 
Ciudad de México— La bancada de Morena en el Senado de la República exigió a la PGR abrir una pesquisa a la gasera SoniGas, del Grupo Soni, propiedad de Salvador Oñate, una de las empresas más importantes en el ramo de Gas LP por presumible delito de huachicoleo.

El senador Cruz Pérez Cuéllar presentó una denuncia de hechos en la que reclama al apoderado legal de Petróleos Mexicanos que explique si su representada legal "sufrió detrimento patrimonial alguno con la realización de los hechos con apariencia de delitos".

Pérez Cuéllar reclama una investigación "en el lugar de los hechos" respecto de la empresa denominada GARZA GAS, filial de GRUPO SONI, la cual se encuentra ubicada en la calle de Los Palos 39, San Pablo Xochimehuacán, Puebla", se indica en la denuncia.

"Misma que deberá realizar el Policía Federal Ministerial encargado de la carpeta de investigación, acompañado de perito en materia forense de fotografía forense, criminalística de campo y perito especializado en materia de hidrocarburos".

El legislador solicita, además, un dictamen en materia contable "a efecto de conocer el detrimento patrimonial sufrido por PEMEX, por las conductas desplegadas por las empresas integrantes de GRUPO SONI, con fines de reparación de daño; y sendas entrevistas con los propietarios del Grupo a efecto de que se impongan de la denuncia que obra en su contra y determinar el grado de participación en los hechos denunciados".

La denuncia indica que SoniGas ha sido objeto de quejas diversas como tanques 'a medio llenar', otros que pesaban menos de los 30 kilogramos establecidos; clausura de plantas con sistemas contra incendios sin servir, y sanciones por maniobras de traspasos en vía pública sin medidas de seguridad.

Una de sus plantas fue clausurada por no contar con los permisos correspondientes, se han clausurado plantas con sistemas contra incendios inservibles y se han sancionado sus maniobras de traspaso en la vía pública sin medidas de seguridad.

"Sin embargo, lo más grave de su operación han sido las diversas denuncias relativas a que también se dedica a 'ordeñar' ductos de combustibles de PEMEX; es decir, que SoniGas, así como las diversas filiales integrantes de 'GRUPO SONI', cuentan con tomas clandestinas de combustible conectadas directamente a ductos de PEMEX en varias regiones del país", se lee.

"SoniGas sigue operando, lo que nos muestra que es una empresa protegida por la actual Administración Federal y por algunos gobiernos locales. Es decir, la corrupción es una forma de trabajar de esta empresa, ya que se ha atrevido a cometer delitos del orden federal, como el robo de combustible, y sigue en operaciones".

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 28 noviembre 2018.


Pobladores del municipio de Tepeaca, Puebla, agredieron con piedras a policías estatales y elementos del Ejército Mexicano, presuntamente en protesta por los operativos para combatir el robo de gas LP.

De acuerdo con información del diario digital poblano e-consulta, los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas del jueves en la junta auxiliar de San Bartolomé Hueyapan.

Ahí, los vecinos arribaron al destacamento militar y atacaron las unidades y a los elementos de la Policía Militar, Estatal y Auxiliar que estaban acuartelados.

Según e-consulta, los cerca de 300 agresores lesionaron a policías y causaron daños a varios vehículos oficiales con piedras de gran tamaño.

Trascendió además la versión de que hubo disparos de arma de fuego, aunque no hubo reportes de heridos.

El medio digital reportó que se emplearon latas de gas lacrimógeno para dispersar a la gente y así poder controlar la situación antes de la medianoche.

Los uniformados heridos fueron llevados a un hospital para valorar su estado de salud.

Proceso
Puebla, México
Viernes 16 noviembre 2018.


Ninguno de los testigos señaló directamente al sargento de haber cometido el crimen; es más, hubo algunos que, si bien en su declaración ministerial hicieron una acusación, después se retractaron

Ciudad de México. - El sargento del Ejército Mexicano, José Isidro Gómez, recuperó esta noche su libertad, después de ser absuelto por un juez federal, quien consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad en el asesinato de un civil que estaba boca abajo durante el operativo realizado el pasado 3 de mayo de 2017 por los uniformados en Palmarito Tochapan, comunidad de Quecholac.

En la audiencia pública realizada este miércoles dentro de la causa 435 en el Centro de Justicia Penal Federal de esta capital, la juzgadora levantó la prisión preventiva oficiosa impuesta al integrante de las fuerzas armadas, además le concedió la posibilidad de viajar este mismo miércoles a la Ciudad de México, donde vive su familia.

En entrevista, José Isidro dijo que estaba confiado en que la defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por Miguel Carrasco Hernández, defensor general Militar, lograría su absolución; además, destacó que por fin conocería a su hijo Esau, quien nació hace 8 meses.

De acuerdo a lo expuesto por el juez, las pruebas aportadas por la PGR nunca le permitieron “alejarme de la presunción de inocencia”; por el contrario, resaltó que mantiene dudas sobre sus acusaciones.

Cabe destacar que al menos tres horas requirió la juez para explicar sus conclusiones, las cuales partieron de que ninguno de los testigos señaló directamente al sargento de haber cometido el crimen; es más, hubo algunos que, si bien en su declaración ministerial hicieron una acusación, después se retractaron.

Por otra parte, abundó que hubo errores en la necropsia, los cuales impidieron saber a qué distancia se hizo el disparo de quien sólo identificó como NJR, lo que al final provocó que el perito de Mecánica de Lesiones tampoco pudiera explicar cómo fue cometido el homicidio.

Según su narrativa, la fiscalía nunca demostró que el homicidio fue cometido con el fusil asignado a José Isidro, pues no coincidían las huellas de las balas y casquillos, lo que en algún momento provocó que la PGR acusara alteración de las pruebas o modificación del cañón del arma, sin que haya podido demostrarlo durante el desarrollo del juicio que duró más de un año.

Cabe recordar que el proceso penal en contra del militar inició tras la difusión en YouTube de unos videos de un circuito cerrado instalado en Palmarito Tochapan, el cual grabó el enfrentamiento entre presuntos ladrones de hidrocarburo y el Ejército, sobre todo cómo uno de los militares, presuntamente el sargento José Isidro, tiene a un civil contra el piso y apuntándole con su arma de cargo, para después dispararle directo a la cabeza.

José Isidro salió como a las 8.30 de la noche del Centro de Justicia Penal Federal, ataviado con un traje gris y en el exterior había media docena de vehículos con soldados armados, además de sus abogados, quienes lo condujeron a la capital del país; "voy a continuar con mi carrera en las Fuerzas Armadas", dijo.

Excélsior
Fernando Pérez
Puebla, México
Miércoles 14 noviembre de 2018.


Los hechos ocurrieron los primeros minutos del viernes, cuando los uniformados realizaban un recorrido para inhibir el robo de gas LP; no se reportaron personas detenidas

Puebla. - Elementos de la Policía Federal adscritos a la Gendarmería, fueron atacados a tiros por vecinos-huachicoleros de la ciudad de Puebla, quienes incendiaron una patrulla.

Los hechos ocurrieron los primeros minutos de este viernes, cuando los uniformados realizaron un recorrido para inhibir el robo del gas en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec.

En el operativo sorprendieron a sujetos que estaban en las inmediaciones de Jardines de San José, donde concretarían la venta del hidrocarburo robado.

Al tratar de inhibir este delito, civiles presuntamente vinculados con ladrones de gas LP, rodearon a los uniformados para evitar ser detenidos y de paso quemaron una unidad tipo Ram doble cabina, de la Gendarmería.

La Policía Federal pidió refuerzos ante los posibles ataques de los que serían víctimas por parte de los civiles.

Los uniformados bajaron de la unidad donde viajaban y salieron ilesos, pero en el camino dejaron el vehículo que fue incendiado por los vecinos de la zona.

Bomberos tuvieron que llegar al lugar de los hechos para apagar las llamas, además de que también se registró un vehículo del transporte pública dañada.

A pesar del arribo de más uniformados, no se reportan personas detenidas por esta situación registrada en Santa María Xonacatepec.

el Universal
Puebla, México
Sábado 13 de octubre de 2018.


Puebla, Pue. - La Coordinación Estatal de la Policía Federal en Puebla, informó que la autopista México-Veracruz a la altura del kilómetro 185.000 que se mantenía bloqueada en ambos sentidos por unos 200 pobladores del municipio de Palmarito Tochapan, ya fue despejada.

En un breve reporte, señaló que los manifestantes incendiaron neumáticos en la zona, en donde los elementos policiacos se mantuvieron en alerta.

Indicó que, por lo anterior, la circulación dirección Puebla, fue desviada por más de seis horas, por la vía Tehuacán en el kilómetro 204.000; en tanto que para quienes se dirigían a Veracruz, los vehículos fueron desvaídos en el kilómetro 181.000 y kilómetro 166.000.

Notimex
Ciudad de México
Martes 2 de octubre de 2018.


La dependencia emite recomendaciones a Sedena y SSP de Puebla


Ciudad de México. - A 16 meses de los enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por dos ejecuciones arbitrarias; tratos crueles contra 12 personas, incluidos tres menores; la detención arbitraria de dos infantes, y la alteración de la escena del crimen, que implicó la manipulación de un cadáver.

En mayo de 2017 el país se vio impactado después de darse a conocer los videos captados por cámaras de seguridad en las calles de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, donde se advierten enfrentamientos entre los presuntos integrantes de una banda de robo de combustible con soldados y policías estatales, así como la ejecución de al menos una persona por parte de un soldado.

Los enfrentamientos del 3 de mayo del año pasado dejaron como saldo de seis civiles y cuatro militares muertos; 14 ciudadanos y 12 soldados lesionados, y 13 personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad.

Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) negó copias de las carpetas de investigación de los hechos, el organismo pudo acreditar violaciones graves a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

La CNDH contó con elementos para determinar que elementos de la Sedena y de la SSP de Puebla participaron en “la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas”.

Por la negación de copias de las carpetas de investigación, señaló a la PGR de “falta de colaboración de dicha instancia con este organismo constitucional autónomo en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez también acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, cometidas por servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), PGR, Fiscalía General de Justicia, SSP y Tribunal Superior de Justicia (TSJEP), los últimos tres del estado de Puebla.

Puntualizó: “La CNDH observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente, y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso”.

De igual manera, advirtió que personal ministerial estatal y federal deben practicar las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los responsables del robo de hidrocarburos, y ejercitar acción penal en su contra “con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad por falta de elementos o violaciones al debido proceso”.

Tras precisar que no se puede combatir el delito cometiendo un ilícito, la CNDH recomendó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, reparar integralmente a todas las víctimas, incluyendo indemnización, asistencia médica y psicológica, así como colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra los involucrados.

El organismo instruyó a Cienfuegos y a Gali para colaborar en las quejas por “manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH”.

Al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le requirió “continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar, y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esta Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos”.

La CNDH también formuló recomendaciones al director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, para que colabore en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal; que las instalaciones de la empresa “no se utilicen para resguardar a personas detenidas”, y que contribuya con la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos “que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan”.

A Gali Fayad se le solicitó, además, el diseño y aplicación de políticas públicas para combatir la delincuencia en la “Franja del Huachicol”, así como coordinarse con los municipios que la comprenden para atender los problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez.

Asimismo, “coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública”, y dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP “por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas”.

También hizo observaciones al fiscal general poblano, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para continuar con las carpetas de investigación iniciadas por el homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se presente a la Visitaduría General por las omisiones en la integración de dichas carpetas, así como colaborar en la investigación ministerial y el procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad, e instruir que las investigaciones ministeriales por robo de hidrocarburos se integren y determinen conforme a derecho.

En tanto, al presidente de TSJ del estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, la CNDH le recomendó colaborar en la queja que se presente ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal “por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que los peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres, incluidos cuatro elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad”.

Los hechos

En el expediente, además de confirmar lo que revelaron las imágenes, de que un soldado ejecuta a uno de los detenidos ya cuando se encuentra sometido en el piso y no presenta riesgo alguno, se menciona que otra de las personas fue ejecutada cuando se encontraba en el interior de una camioneta.

También, queda establecido que otras dos de las víctimas mortales de este enfrentamiento son personas aparentemente ajenas al enfrentamiento. Una mujer que caminaba por la calle y un hombre que se encontraba parado en un área conocida como los lavaderos, donde los agricultores de la zona acostumbran limpiar las hortalizas que cosechan.

En cuanto, a una de las víctimas de ejecución arbitraria, la CNDH identifica como Víctima 13 o V13, señala:

“V13 fue sometido en posición decúbito ventral, con la cabeza apoyada sobre ambos brazos, posteriormente AR54, se ubicó por detrás y a la derecha del detenido, colocándole su arma de fuego a una distancia no mayor a 60 centímetros en la región cefálica y accionó su arma de fuego, privándolo de la vida”.

En el expediente, se incluye el testimonio de otro de los militares que narra la forma en que ocurrieron los hechos:

“En ese momento la [persona de identidad reservada]no representaba riesgo alguno para nosotros porque se encontraba sometido, estaba boca abajo, […] cuando en ese momento escuché un disparo de arma de fuego sobre mi costado derecho, cerca de mí, y al escuchar el disparo inmediatamente volteo”.

Señala que puede ver al responsable, identificado como AR54 que estaba a una distancia de unos 50 centímetros de la persona sometida al piso y que tenía su arma sostenida con ambas manos y retrayéndola hacia su cuerpo.

“En ese momento me dirijo hacia donde estaba [AR54] para preguntarle […] porque había disparado en contra de la [persona de identidad reservada]. Pero él se volteó a verme […] y se dirigió hacia la esquina y en ese momento se fue”, relata.

Igual, sobre este caso, la CND documenta que, en el acta del levantamiento del cuerpo de esa persona, se asentó que a un costado se localizó un arma de fuego larga de color negro con empuñaduras de madera color café, calibre 7.62 x 39 milímetros.

Sin embargo, de acuerdo a las diligencias que llevan a cabo los peritos de la Comisión se advierte que hay evidencias suficientes para establecer que esa arma fue colocada junto al cuerpo de manera deliberada.

En cuanto a la otra víctima de ejecución arbitraria, la CNDH indica que según las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad privada se puede ver una camioneta de color negro, marca Lincoln, tipo Navigator, que es enfrentada a disparos por los elementos del Ejército y que en el interior de ese vehículo queda muerta una persona a la que identifican como V14.

En el expediente se indica que la posición anatómica en la que fue fijado el cuerpo de V14, no es su posición final y última al término de los hechos.

“En base a las características de la lesión mortal que presentó el cuerpo de V14 se establece que el agente causal mecánico (arma de fuego) se encontraba por delante de la víctima, ligeramente hacia la derecha y en un plano ligeramente superior”, indica.

Los peritos de la Comisión estimaron que, al no encontrarse casquillos percutidos en el interior de la camioneta, no existen indicios balísticos que permitan presumir que sus tripulantes hubiesen disparado desde su interior, lo que se contrapone con lo manifestado por personal de la Sedena.

Aunque cerca de esa víctima se encontró un arma de fuego, con cartuchos útiles calibres 7.62 X 39 y 9 milímetros, al no haber cartuchos percutidos en el interior, se estableció que no accionó el arma.

“…lo que implica que no realizó actos que pusieran en peligro la integridad física del personal militar que se encontraba en el lugar, situación que incluso permitió que un elemento del Ejército Mexicano, colocara presumiblemente su arma de fuego en una ranura ubicada en la parte superior de la ventana y disparara en contra de la víctima privándola de la vida”, concluye la CNDH.

En cuanto a esta persona ejecutada, los peritos de la Comisión también dejan asentado que encontraron evidencias de que el cadáver fue manipulado y movido de la posición original al que quedó tras su deceso.

Igual, se documenta otro caso en la víctima identificada como de “identidad reservada”, a quien también se le sembró un arma larga.

Aparte de esto, el organismo nacional encontró evidencias que acreditan violaciones a los derechos a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por el trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones innecesarias para su sujeción y/o sometimiento causadas a 10 detenidos, de los cuales dos eran menores.

En la narración de los hechos, los adultos y menores detenidos denuncian que fueron golpeados en cara, espalda y costillas por los militares tanto a patadas como puñetazos como con las culatas de sus armas, ya cuando estaban detenidos.

De 13 detenidos que hubo en estos hechos, cuatro de ellos menores de edad, no se acreditó la responsabilidad penal que se le atribuyó a seis de ellos, incluidos los adolescentes, pues no se dictaminó la no acción penal por falta de elementos para indiciarlos.

También se menciona que los militares tardaron entre 7 y 10 horas para poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos, cuando la oficina de esa autoridad se ubicaba a no más de 26 minutos.

Asimismo, que tardaron más de 21 horas para turnar a los menores al área Especializada en Justicia para Adolescentes en el Estado de Puebla.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Gabriela Hernández
Ciudad de México / Puebla
Viernes 21 de septiembre de 2018.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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