Ciudad de México— La bancada de Morena en el Senado de la República exigió a la PGR abrir una pesquisa a la gasera SoniGas, del Grupo Soni, propiedad de Salvador Oñate, una de las empresas más importantes en el ramo de Gas LP por presumible delito de huachicoleo.

El senador Cruz Pérez Cuéllar presentó una denuncia de hechos en la que reclama al apoderado legal de Petróleos Mexicanos que explique si su representada legal "sufrió detrimento patrimonial alguno con la realización de los hechos con apariencia de delitos".

Pérez Cuéllar reclama una investigación "en el lugar de los hechos" respecto de la empresa denominada GARZA GAS, filial de GRUPO SONI, la cual se encuentra ubicada en la calle de Los Palos 39, San Pablo Xochimehuacán, Puebla", se indica en la denuncia.

"Misma que deberá realizar el Policía Federal Ministerial encargado de la carpeta de investigación, acompañado de perito en materia forense de fotografía forense, criminalística de campo y perito especializado en materia de hidrocarburos".

El legislador solicita, además, un dictamen en materia contable "a efecto de conocer el detrimento patrimonial sufrido por PEMEX, por las conductas desplegadas por las empresas integrantes de GRUPO SONI, con fines de reparación de daño; y sendas entrevistas con los propietarios del Grupo a efecto de que se impongan de la denuncia que obra en su contra y determinar el grado de participación en los hechos denunciados".

La denuncia indica que SoniGas ha sido objeto de quejas diversas como tanques 'a medio llenar', otros que pesaban menos de los 30 kilogramos establecidos; clausura de plantas con sistemas contra incendios sin servir, y sanciones por maniobras de traspasos en vía pública sin medidas de seguridad.

Una de sus plantas fue clausurada por no contar con los permisos correspondientes, se han clausurado plantas con sistemas contra incendios inservibles y se han sancionado sus maniobras de traspaso en la vía pública sin medidas de seguridad.

"Sin embargo, lo más grave de su operación han sido las diversas denuncias relativas a que también se dedica a 'ordeñar' ductos de combustibles de PEMEX; es decir, que SoniGas, así como las diversas filiales integrantes de 'GRUPO SONI', cuentan con tomas clandestinas de combustible conectadas directamente a ductos de PEMEX en varias regiones del país", se lee.

"SoniGas sigue operando, lo que nos muestra que es una empresa protegida por la actual Administración Federal y por algunos gobiernos locales. Es decir, la corrupción es una forma de trabajar de esta empresa, ya que se ha atrevido a cometer delitos del orden federal, como el robo de combustible, y sigue en operaciones".

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 28 noviembre 2018.


Pobladores del municipio de Tepeaca, Puebla, agredieron con piedras a policías estatales y elementos del Ejército Mexicano, presuntamente en protesta por los operativos para combatir el robo de gas LP.

De acuerdo con información del diario digital poblano e-consulta, los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas del jueves en la junta auxiliar de San Bartolomé Hueyapan.

Ahí, los vecinos arribaron al destacamento militar y atacaron las unidades y a los elementos de la Policía Militar, Estatal y Auxiliar que estaban acuartelados.

Según e-consulta, los cerca de 300 agresores lesionaron a policías y causaron daños a varios vehículos oficiales con piedras de gran tamaño.

Trascendió además la versión de que hubo disparos de arma de fuego, aunque no hubo reportes de heridos.

El medio digital reportó que se emplearon latas de gas lacrimógeno para dispersar a la gente y así poder controlar la situación antes de la medianoche.

Los uniformados heridos fueron llevados a un hospital para valorar su estado de salud.

Proceso
Puebla, México
Viernes 16 noviembre 2018.


Ninguno de los testigos señaló directamente al sargento de haber cometido el crimen; es más, hubo algunos que, si bien en su declaración ministerial hicieron una acusación, después se retractaron

Ciudad de México. - El sargento del Ejército Mexicano, José Isidro Gómez, recuperó esta noche su libertad, después de ser absuelto por un juez federal, quien consideró que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó las pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad en el asesinato de un civil que estaba boca abajo durante el operativo realizado el pasado 3 de mayo de 2017 por los uniformados en Palmarito Tochapan, comunidad de Quecholac.

En la audiencia pública realizada este miércoles dentro de la causa 435 en el Centro de Justicia Penal Federal de esta capital, la juzgadora levantó la prisión preventiva oficiosa impuesta al integrante de las fuerzas armadas, además le concedió la posibilidad de viajar este mismo miércoles a la Ciudad de México, donde vive su familia.

En entrevista, José Isidro dijo que estaba confiado en que la defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por Miguel Carrasco Hernández, defensor general Militar, lograría su absolución; además, destacó que por fin conocería a su hijo Esau, quien nació hace 8 meses.

De acuerdo a lo expuesto por el juez, las pruebas aportadas por la PGR nunca le permitieron “alejarme de la presunción de inocencia”; por el contrario, resaltó que mantiene dudas sobre sus acusaciones.

Cabe destacar que al menos tres horas requirió la juez para explicar sus conclusiones, las cuales partieron de que ninguno de los testigos señaló directamente al sargento de haber cometido el crimen; es más, hubo algunos que, si bien en su declaración ministerial hicieron una acusación, después se retractaron.

Por otra parte, abundó que hubo errores en la necropsia, los cuales impidieron saber a qué distancia se hizo el disparo de quien sólo identificó como NJR, lo que al final provocó que el perito de Mecánica de Lesiones tampoco pudiera explicar cómo fue cometido el homicidio.

Según su narrativa, la fiscalía nunca demostró que el homicidio fue cometido con el fusil asignado a José Isidro, pues no coincidían las huellas de las balas y casquillos, lo que en algún momento provocó que la PGR acusara alteración de las pruebas o modificación del cañón del arma, sin que haya podido demostrarlo durante el desarrollo del juicio que duró más de un año.

Cabe recordar que el proceso penal en contra del militar inició tras la difusión en YouTube de unos videos de un circuito cerrado instalado en Palmarito Tochapan, el cual grabó el enfrentamiento entre presuntos ladrones de hidrocarburo y el Ejército, sobre todo cómo uno de los militares, presuntamente el sargento José Isidro, tiene a un civil contra el piso y apuntándole con su arma de cargo, para después dispararle directo a la cabeza.

José Isidro salió como a las 8.30 de la noche del Centro de Justicia Penal Federal, ataviado con un traje gris y en el exterior había media docena de vehículos con soldados armados, además de sus abogados, quienes lo condujeron a la capital del país; "voy a continuar con mi carrera en las Fuerzas Armadas", dijo.

Excélsior
Fernando Pérez
Puebla, México
Miércoles 14 noviembre de 2018.


Los hechos ocurrieron los primeros minutos del viernes, cuando los uniformados realizaban un recorrido para inhibir el robo de gas LP; no se reportaron personas detenidas

Puebla. - Elementos de la Policía Federal adscritos a la Gendarmería, fueron atacados a tiros por vecinos-huachicoleros de la ciudad de Puebla, quienes incendiaron una patrulla.

Los hechos ocurrieron los primeros minutos de este viernes, cuando los uniformados realizaron un recorrido para inhibir el robo del gas en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec.

En el operativo sorprendieron a sujetos que estaban en las inmediaciones de Jardines de San José, donde concretarían la venta del hidrocarburo robado.

Al tratar de inhibir este delito, civiles presuntamente vinculados con ladrones de gas LP, rodearon a los uniformados para evitar ser detenidos y de paso quemaron una unidad tipo Ram doble cabina, de la Gendarmería.

La Policía Federal pidió refuerzos ante los posibles ataques de los que serían víctimas por parte de los civiles.

Los uniformados bajaron de la unidad donde viajaban y salieron ilesos, pero en el camino dejaron el vehículo que fue incendiado por los vecinos de la zona.

Bomberos tuvieron que llegar al lugar de los hechos para apagar las llamas, además de que también se registró un vehículo del transporte pública dañada.

A pesar del arribo de más uniformados, no se reportan personas detenidas por esta situación registrada en Santa María Xonacatepec.

el Universal
Puebla, México
Sábado 13 de octubre de 2018.


Puebla, Pue. - La Coordinación Estatal de la Policía Federal en Puebla, informó que la autopista México-Veracruz a la altura del kilómetro 185.000 que se mantenía bloqueada en ambos sentidos por unos 200 pobladores del municipio de Palmarito Tochapan, ya fue despejada.

En un breve reporte, señaló que los manifestantes incendiaron neumáticos en la zona, en donde los elementos policiacos se mantuvieron en alerta.

Indicó que, por lo anterior, la circulación dirección Puebla, fue desviada por más de seis horas, por la vía Tehuacán en el kilómetro 204.000; en tanto que para quienes se dirigían a Veracruz, los vehículos fueron desvaídos en el kilómetro 181.000 y kilómetro 166.000.

Notimex
Ciudad de México
Martes 2 de octubre de 2018.


La dependencia emite recomendaciones a Sedena y SSP de Puebla


Ciudad de México. - A 16 meses de los enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por dos ejecuciones arbitrarias; tratos crueles contra 12 personas, incluidos tres menores; la detención arbitraria de dos infantes, y la alteración de la escena del crimen, que implicó la manipulación de un cadáver.

En mayo de 2017 el país se vio impactado después de darse a conocer los videos captados por cámaras de seguridad en las calles de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, donde se advierten enfrentamientos entre los presuntos integrantes de una banda de robo de combustible con soldados y policías estatales, así como la ejecución de al menos una persona por parte de un soldado.

Los enfrentamientos del 3 de mayo del año pasado dejaron como saldo de seis civiles y cuatro militares muertos; 14 ciudadanos y 12 soldados lesionados, y 13 personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad.

Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) negó copias de las carpetas de investigación de los hechos, el organismo pudo acreditar violaciones graves a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

La CNDH contó con elementos para determinar que elementos de la Sedena y de la SSP de Puebla participaron en “la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas”.

Por la negación de copias de las carpetas de investigación, señaló a la PGR de “falta de colaboración de dicha instancia con este organismo constitucional autónomo en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez también acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, cometidas por servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), PGR, Fiscalía General de Justicia, SSP y Tribunal Superior de Justicia (TSJEP), los últimos tres del estado de Puebla.

Puntualizó: “La CNDH observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente, y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso”.

De igual manera, advirtió que personal ministerial estatal y federal deben practicar las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los responsables del robo de hidrocarburos, y ejercitar acción penal en su contra “con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad por falta de elementos o violaciones al debido proceso”.

Tras precisar que no se puede combatir el delito cometiendo un ilícito, la CNDH recomendó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, reparar integralmente a todas las víctimas, incluyendo indemnización, asistencia médica y psicológica, así como colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra los involucrados.

El organismo instruyó a Cienfuegos y a Gali para colaborar en las quejas por “manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH”.

Al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le requirió “continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar, y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esta Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos”.

La CNDH también formuló recomendaciones al director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, para que colabore en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal; que las instalaciones de la empresa “no se utilicen para resguardar a personas detenidas”, y que contribuya con la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos “que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan”.

A Gali Fayad se le solicitó, además, el diseño y aplicación de políticas públicas para combatir la delincuencia en la “Franja del Huachicol”, así como coordinarse con los municipios que la comprenden para atender los problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez.

Asimismo, “coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública”, y dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP “por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas”.

También hizo observaciones al fiscal general poblano, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para continuar con las carpetas de investigación iniciadas por el homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se presente a la Visitaduría General por las omisiones en la integración de dichas carpetas, así como colaborar en la investigación ministerial y el procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad, e instruir que las investigaciones ministeriales por robo de hidrocarburos se integren y determinen conforme a derecho.

En tanto, al presidente de TSJ del estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, la CNDH le recomendó colaborar en la queja que se presente ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal “por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que los peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres, incluidos cuatro elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad”.

Los hechos

En el expediente, además de confirmar lo que revelaron las imágenes, de que un soldado ejecuta a uno de los detenidos ya cuando se encuentra sometido en el piso y no presenta riesgo alguno, se menciona que otra de las personas fue ejecutada cuando se encontraba en el interior de una camioneta.

También, queda establecido que otras dos de las víctimas mortales de este enfrentamiento son personas aparentemente ajenas al enfrentamiento. Una mujer que caminaba por la calle y un hombre que se encontraba parado en un área conocida como los lavaderos, donde los agricultores de la zona acostumbran limpiar las hortalizas que cosechan.

En cuanto, a una de las víctimas de ejecución arbitraria, la CNDH identifica como Víctima 13 o V13, señala:

“V13 fue sometido en posición decúbito ventral, con la cabeza apoyada sobre ambos brazos, posteriormente AR54, se ubicó por detrás y a la derecha del detenido, colocándole su arma de fuego a una distancia no mayor a 60 centímetros en la región cefálica y accionó su arma de fuego, privándolo de la vida”.

En el expediente, se incluye el testimonio de otro de los militares que narra la forma en que ocurrieron los hechos:

“En ese momento la [persona de identidad reservada]no representaba riesgo alguno para nosotros porque se encontraba sometido, estaba boca abajo, […] cuando en ese momento escuché un disparo de arma de fuego sobre mi costado derecho, cerca de mí, y al escuchar el disparo inmediatamente volteo”.

Señala que puede ver al responsable, identificado como AR54 que estaba a una distancia de unos 50 centímetros de la persona sometida al piso y que tenía su arma sostenida con ambas manos y retrayéndola hacia su cuerpo.

“En ese momento me dirijo hacia donde estaba [AR54] para preguntarle […] porque había disparado en contra de la [persona de identidad reservada]. Pero él se volteó a verme […] y se dirigió hacia la esquina y en ese momento se fue”, relata.

Igual, sobre este caso, la CND documenta que, en el acta del levantamiento del cuerpo de esa persona, se asentó que a un costado se localizó un arma de fuego larga de color negro con empuñaduras de madera color café, calibre 7.62 x 39 milímetros.

Sin embargo, de acuerdo a las diligencias que llevan a cabo los peritos de la Comisión se advierte que hay evidencias suficientes para establecer que esa arma fue colocada junto al cuerpo de manera deliberada.

En cuanto a la otra víctima de ejecución arbitraria, la CNDH indica que según las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad privada se puede ver una camioneta de color negro, marca Lincoln, tipo Navigator, que es enfrentada a disparos por los elementos del Ejército y que en el interior de ese vehículo queda muerta una persona a la que identifican como V14.

En el expediente se indica que la posición anatómica en la que fue fijado el cuerpo de V14, no es su posición final y última al término de los hechos.

“En base a las características de la lesión mortal que presentó el cuerpo de V14 se establece que el agente causal mecánico (arma de fuego) se encontraba por delante de la víctima, ligeramente hacia la derecha y en un plano ligeramente superior”, indica.

Los peritos de la Comisión estimaron que, al no encontrarse casquillos percutidos en el interior de la camioneta, no existen indicios balísticos que permitan presumir que sus tripulantes hubiesen disparado desde su interior, lo que se contrapone con lo manifestado por personal de la Sedena.

Aunque cerca de esa víctima se encontró un arma de fuego, con cartuchos útiles calibres 7.62 X 39 y 9 milímetros, al no haber cartuchos percutidos en el interior, se estableció que no accionó el arma.

“…lo que implica que no realizó actos que pusieran en peligro la integridad física del personal militar que se encontraba en el lugar, situación que incluso permitió que un elemento del Ejército Mexicano, colocara presumiblemente su arma de fuego en una ranura ubicada en la parte superior de la ventana y disparara en contra de la víctima privándola de la vida”, concluye la CNDH.

En cuanto a esta persona ejecutada, los peritos de la Comisión también dejan asentado que encontraron evidencias de que el cadáver fue manipulado y movido de la posición original al que quedó tras su deceso.

Igual, se documenta otro caso en la víctima identificada como de “identidad reservada”, a quien también se le sembró un arma larga.

Aparte de esto, el organismo nacional encontró evidencias que acreditan violaciones a los derechos a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por el trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones innecesarias para su sujeción y/o sometimiento causadas a 10 detenidos, de los cuales dos eran menores.

En la narración de los hechos, los adultos y menores detenidos denuncian que fueron golpeados en cara, espalda y costillas por los militares tanto a patadas como puñetazos como con las culatas de sus armas, ya cuando estaban detenidos.

De 13 detenidos que hubo en estos hechos, cuatro de ellos menores de edad, no se acreditó la responsabilidad penal que se le atribuyó a seis de ellos, incluidos los adolescentes, pues no se dictaminó la no acción penal por falta de elementos para indiciarlos.

También se menciona que los militares tardaron entre 7 y 10 horas para poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos, cuando la oficina de esa autoridad se ubicaba a no más de 26 minutos.

Asimismo, que tardaron más de 21 horas para turnar a los menores al área Especializada en Justicia para Adolescentes en el Estado de Puebla.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Gabriela Hernández
Ciudad de México / Puebla
Viernes 21 de septiembre de 2018.


Habitantes de Villa Frontera habían denunciado la presencia de bandas dedicadas al robo de hidrocarburo, sin embargo, autoridades federales y estatales hicieron "oídos sordos" a sus quejas.


Don Juan Hernández tomó un portafolio que contenía documentos oficiales, despertó a sus dos hijos y a su esposa, y salieron a prisa de su domicilio en pijama y chanclas. Eran las 5 de la mañana, dos horas después de registrarse la fuga de una toma clandestina de Gas Licuado de Petróleo que los huachicoleros perforaron en la Avenida Tlaltepango, esquina con 104 Poniente, en la colonia Villa Frontera, al norte de la capital de Puebla, junto a Servi Plaza.

Los Hernández fueron de las mil 800 personas, quienes tuvieron que desalojar sus viviendas la madrugada de este miércoles, y de las 60 mil personas que estuvieron en riesgo, ya que una nube intensa de gas los arropó con el riesgo de intoxicarse o incluso de prenderse fuego. Algunas familias se refugiaron abajo del puente ubicado en la colonia.

Los Rodríguez también abandonaron su domicilio, pues Don Jesús relató que a las 5.30 de la mañana recibió la llamada de su hija, quien por medio de noticieros en radio se enteró de la contingencia, que comenzó a las 3:00 horas. Ya estaba preparado, pues con la experiencia del sismo del 19 de septiembre, tuvo la precaución de guardar su documentación oficial para salir en el caso de emergencia.

La contingencia no tomó por sorpresa a los habitantes de Villa Frontera, pues desde hace varios meses habían denunciado la presencia de bandas dedicadas al robo de hidrocarburos y sabían que en algún momento un accidente de esta magnitud les podía suceder, sin embargo, aseguraron autoridades federales y estatales hicieron "oídos sordos" a sus quejas.

Un día antes comenzó la movilización, pues a partir de las 21:00 horas y hasta la media noche, los vecinos del lugar escucharon a los delincuentes. A esta colonia ingresaron camionetas y pipas. Algo ocurría, pero nadie se imaginaba que el miércoles tendrían un amanecer blanco, por la nube que tapó a por lo menos 10 colonias de la capital, que igual fueron evacuadas.

La nube de gas fue extensa, pues se observó a varios kilómetros desde las diferentes carreteras y zonas aéreas. La Puebla-México se paralizó, así como un tramo de la vía corta que dirige a Chiautempan, Tlaxcala.

"Solo tome mis papeles, que es lo más importante para nosotros, guardo las actas de nacimiento, papeles de la casa. Me preocupa mucho porque nos habían dicho que estamos en una zona donde pasan los ductos de gas y hoy nos pasó a nosotros. Las autoridades no hicieron nada", denunció Juan Hernández.

Se paraliza Puebla por fuga de Gas LP

La contingencia provocó la suspensión de labores y clases. Los gobiernos municipal y estatal informaron que desde las 3 de la mañana se atendió la emergencia, mientas que a las 6.30 se determinó la suspensión de clases de todos los niveles en 10 colonias de la capital, esto abarcó a 93 instituciones de educación básica hasta medio superior. Hubo cierre de la central de abasto, gasolineras y la evacuación de algunos pacientes en el Hospital General del Norte.

La Central de Abasto, la que genera miles de empleos directos e indirectos quedó paralizada, los dueños y empleados de los establecimientos cerraron sus negocios, por instrucciones de Protección Civil Estatal y Municipal, al lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano para resguardar la zona.

Aunque en principio, la titular de la Secretaría de Salud en el estado, Arely Sánchez Negrete informó que se evacuarían los hospitales del Norte y el de Traumatología y Ortopedia, esto ya no fue necesario, solo algunos pacientes fueron trasladados a otros nosocomios.

En las diferentes colonias de la capital de Puebla, Protección Civil del Estado y del municipio utilizaron los altavoces, con el objetivo de avisar a las familias que tenían que desalojar, fue una pronta atención de autoridades, refirieron los vecinos.

A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que fue cortado el servicio de energía eléctrica, para evitar algún corto circuito que provocará una explosión. Todos los habitantes fueron prevenidos por las autoridades para evitar encender cigarros, estufas, cerrillos, encendedores y cualquier elemento de fuego.

Lenta la atención de Petróleos Mexicanos

Después de casi seis horas, la toma clandestina fue sellada. El secretario de Gobernación municipal, José Ventura Rodríguez Verdín denunció la lenta intervención de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues la fuga se reportó a las 3 de la mañana y a las 6:30 horas aún no había respuesta. La toma fue sellada a las 8:40 horas, según el reporte emitido.

Al lugar llegaron autoridades municipales, el presidente municipal, Luis Bank Serrato informó que "está completamente controlada la fuga por parte de seguridad Física de Pemex, la fuga está completamente sellada y nos piden una hora para hacer un barrido en toda la zona y definir el  nivel de explosividad que desde haya se considera muy bajo, pero vamos a esperar a que esto  se confirme por parte de los especialistas para poder dar un informe que le permita a la ciudadanía hacer su vida normal", puntualizó en un primer informe.

Las familias regresaron después del mediodía a sus hogares, después de que autoridades federales, estatales y municipales controlaron la fuga y que el gas se dispersó en el ambiente, con el apoyo de pipas de agua.

"Se hizo una evacuación en un momento dado de las diferentes personas, alrededor de mil 800 familias. Se iba a evacuar el Hospital del Norte, se evacuó sólo a los pequeños. La toma se fue controlando paulatinamente para controlarse a las 8 de la mañana.

Soapac nos ayudó regando agua para que se dispersará rápidamente el gas en el medio ambiente y no causará mayor problema, ya estamos con el regreso de algunas personas a sus viviendas", comentó el gobernador, José Antonio Gali Fayad.

60 mil personas en riesgo, van contra huachicoleros

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que huachicoleros arribaron al lugar, tomaron número de placas, rostros y demás elementos para dar con los responsables de esta fuga, que puso en riesgo a 60 mil personas.

El gobernador, José Antonio Gali Fayad informó que los vídeos captados ya son analizados por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) y por la Fiscalía General del Estado (FGE), para dar con los responsables de la toma.

El dato

Fueron 21 unidades de apoyo de la policía municipal, ambulancias, bomberos, cuerpos protección civil del estado y del municipio, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los que participaron en esta contingencia.

Además, habitantes de 10 colonias fueron evacuados, se trata de Villa Frontera, Central de Abasto, Villas San Gregorio, Camino a Tlaltepango, San Pedro, Revolución Mexicana, Villas del Márquez, Venustiano Carranza, Jorge Murad, Hospital Norte.

Los habitantes de la zona exigieron sanciones a los ladrones de hidrocarburos y una intensa vigilancia, para frenar esta situación que ha marcado a Puebla.

Intolerancia
Yazmín Curiel
Ciudad de Puebla
Miércoles 12  septiembre 2018.


No hay riesgo y todos los vecinos pueden volver a sus casas, informa Protección Civil Municipal de Puebla


A casi cuatro horas de que se inició la contingencia por una fuga de gas en las inmediaciones de la unidad habitacional de Villa Frontera, personal de Protección Civil Municipal y Estatal confirmó que la fuga de gas LP quedó completamente controlada y será en las próximas horas cuando la gente pueda volver a sus casas.

El titular de Protección Civil Municipal, Gustavo Ariza Salvatori confirmó que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerró la válvula del ducto y se encuentran sellando el ducto, pero sin riesgo de explosión, por lo que el tránsito en el Camino a Tlaltepango ya fue reabierto.

"La toma clandestina ya ha sido sellada, ya no tenemos fuga en el lugar. Está cubierta al cien por ciento, ya no hay ningún riesgo y se está esperando a que el personal de Pemex termine de quitar la manguera y sellar la válvula que está en la toma y ya así se va a hacer un barrido de toda la zona", informó Ariza Salvatori.

Asimismo, señalaron que se espera que antes del mediodía la gente ya haya vuelto a sus casas y en caso de que detecten algún aroma a gas, simplemente procedan a ventilar las habitaciones abriendo puertas y ventanas para despejar cualquier rastro del combustible.

Hasta las 10:00 horas solo continúa cerrado el paso en la zona donde se registró la fuga ubicada en la parte trasera de Plaza Frontera, donde se encuentra laborando personal de Seguridad Física de Pemex y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Detalla Protección Civil datos de la evacuación

Protección Civil del Municipio de Puebla precisó que fueron evacuados los habitantes de la zona que colinda con el sitio de la fuga y con la Unidad Habitacional Villa Frontera.

En el Hospital General del Norte se desalojó a 180 pacientes y sus familiares.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó albergues que no se utilizaron y el ayuntamiento capitalino también informó de la habilitación del Dormitorio Municipal ante la contingencia, que tampoco se utilizó.

La SEP informó que permanecerían suspendidas las clases en el turno vespertino para 95 escuelas de la zona y puso a disposición de los padres de familia el teléfono 01-800-714-7108.

e-consulta
Alberto Melchor/Laura Ruiz
Ciudad de Puebla, México.
Miércoles 12 septiembre 2018.

Los hechos ocurrieron entre las juntas auxiliares de San Miguel Espejo y Santa María Xonacatepec.

Puebla.- Elementos de la Secretaría de Marina y efectivos estatales abatieron la madrugada de este domingo a siete presuntos delincuentes dedicados a la extracción ilegal de combustible en Puebla.

Fuentes federales señalan que uno de los abatidos es el presunto líder huachicolero identificado como "el 30-30", “el Comandante 30” o " el Guerrero", que operaba en cuatro municipios de Puebla.

A través de videos difundidos en mensajes de Whatsapp, "El Comandante 30" presumía ser integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con reportes policiacos, los hechos ocurrieron entre las juntas auxiliares de San Miguel Espejo y Santa María Xonacatepec.

Los primeros reportes revelan que los uniformados hacían un recorrido en San Miguel Espejo, donde encontraron una camioneta en medio de los cultivos, además de una pipa de gas.

Fue en ese lugar donde se dio un enfrentamiento armado que dejó al menos siete muertos, entre ellos supuestos integrantes de la banda de “Los Cuijes”.

Por parte de elementos de la Marina no se reportan bajas ni lesionados.

El Universal
Diana Lastiri
Puebla, México
Domingo 26 de agosto de 2018.


Fue vinculada por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de arma de uso exclusivo de la Sedena

Ciudad de México.- Ilse Lucía "N"., esposa del Edil de Venustiano Carranza, Puebla, ligado al robo de combustible a Pemex, fue vinculada a proceso por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de arma de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea de México.

El juez determinó vincularla luego de que su defensa no logró comprobar que las armas que encontraron tras un cateo el 7 de agosto en su vivienda en la comunidad de Villa Lázaro Cárdenas no pertenecían a ella, ni a su empleada doméstica.

Durante la audiencia, que se realizó hoy por la tarde, su defensa argumentó que el Ministerio Público federal no había realizado pruebas dactilares a las armas, cartuchos y cargadores de armas, que encontraron en el cateo y, por ende, podían no tener relación con Ilse "N" y Mónica su empleada.

Además de que en las fotografías de los dictámenes periciales sólo aparecían al inicio del cateo y no durante el aseguramiento de los indicios.

Sin embargo, el juez desechó la prueba tras argumentar que no le dio pruebas sustentadas ni con perspectiva de género para desestimar que eran de ellas.

La defensa también argumentó que no era lógico que los hallazgos estuvieran expuestos y que fueran de fácil acceso durante el cateo, debido a que en la vivienda habita el hijo de Ilse, de 7 años de edad.

Lo que el juez también desechó al argumentar que hay padres irresponsables que ponen en riesgo a sus hijos.

Como último intento, la defensa también señaló que a las mujeres las autoridades les habían violado sus derechos al no permitirles contactar a un abogado durante el cateo, pero el juez ratificó que el operativo se llevó conforme a derecho y respetaron su integridad.

El juez otorgó tres meses para que el Ministerio Público continúe sus investigaciones y posteriormente se siga el proceso legal.

Por lo tanto, Ilse "N" y Mónica "N" estarán en libertad luego de que exhibieron una fianza de 20 y 5 mil pesos como medida cautelar.

Ninguna podrá salir del Estado sin previa autorización de las autoridades y tendrán que firmar cada 15 días ante las autoridades de Huauchinango.

Reforma
Norma Herrera
Puebla, México
Martes 14 de agosto de 2018.

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