En una manifestación frente a Casa Aguayo, habitantes de Atzitzintla exigieron la liberación del alcalde José Isaías Velásquez Reyes, acusado de participar en el asesinato de tres agentes de la Policía Ministerial (PM), el pasado jueves 9.

Los manifestantes acusaron al gobierno estatal de divulgar una versión falsa de la forma en la que fueron asesinados los policías, con el fin de incriminar al alcalde y a elementos municipales, y aseguraron que el día de la triple ejecución había más agentes de la PM, pero en lugar de apoyar a sus compañeros prefirieron resguardarse del ataque.

“Los mandaron sin protección. Sus radios de comunicación no servían y tenían un celular sin pilas. Sus compañeros optaron por resguardarse en lugar de apoyarlos”, denunciaron.

El pasado jueves 9, la Fiscalía General del estado (FGE) informó que tres agentes de la unidad Antisecuestros y contra Delitos de Alto Impacto fueron levantados en Atzitzintla y horas más tarde hallados sin vida en la localidad de Maltrata, Veracruz.

Ese mismo día autoridades poblanas realizaron un megaoperativo en el que participaron más de 500 elementos, para detener a los responsables del triple homicidio, supuestamente integrantes de la banda “Los Bukanas”.

Al día siguiente se informó de la detención de 87 habitantes de tres localidades de la zona donde prolifera el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), entre ellos el alcalde de Atzitzintla, cinco policías municipales e integrantes del cabildo (estos últimos fueron liberados horas después).

Según la versión divulgada por la FGE, policías municipales de Atzitzintla entregaron a los ministeriales a integrantes de la banda delincuencial “Los Bukanas”. Sin embargo, los lugareños dicen que los agentes de la PM fueron emboscados cuando se desplazaban por calles de esa localidad.

Sin saber que se trataba de agentes de la Fiscalía Antisecuestros y contra Delitos de Alto Impacto, habitantes de Atzitzintla narraron que vieron cuando hombres que tripulaban un camión gris le cerraron el paso a una camioneta roja, de donde bajaron los ministeriales y corrieron por las calles mientras eran perseguidos por sus victimarios, quienes al darles alcance les dispararon.

Señalaron que los agresores levantaron a los muertos, los echaron en la batea de la misma camioneta roja que usaban los agentes y se los llevaron con rumbo desconocido.

La versión que presentó la FGE establece que luego de ser “levantados” en Atzitzintla por integrantes de la banda “Los Bukanas”, los policías fueron llevados a otra comunidad llamada San José Cuyachapa, en el municipio de Esperanza, donde fueron asesinados y posteriormente llevaron sus cadáveres a Maltrata, Veracruz.

Rafael Cabrera Cruz, habitante de Atzitzintla, quien leyó un comunicado en el mitin realizado frente a Palacio de Gobierno, dijo que los policías municipales fueron detenidos cuando resguardaban la zona donde ocurrieron los hechos, y el alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el tesorero y otras personas fueron apresados mientras se encontraban en junta de trabajo en la presidencia municipal. Ninguno de ellos, subrayó, tuvo que ver con los hechos en los que fueron ultimados los agentes estatales.

El sábado 18, Velásquez Reyes, cinco policías municipales y 36 personas más fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio de los tres ministeriales.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 27 de marzo de 2017.


El atentado contra Ricardo Monlui Cabrera es el número 20 en los últimos 6 años y medio

El periodista mexicano Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado de varios balazos cuando salía este domingo acompañado de su esposa y su hijo de un restaurante del estado de Veracruz, considerado el más peligroso por organismos internacionales para el ejercicio periodístico, informó una comisión estatal.
Ningún "miembro de la familia resultó herido", comentó a la AFP, Jorge Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz.

Jorge Morales analiza las medidas cautelares que le dará la Comisión a la familia del periodista, autor de la columna Crisol que se ha publicado en varios medios regionales donde publicaba temas relacionados con asuntos de política regional y la industria de la caña de azúcar.

Una fuente de la fiscalía dijo que los verdugos de Ricardo Monlui fueron al menos dos.

El periodista, director del diario impreso local El Político, y su familia fueron invitados a desayunar a un restaurante popular del municipio de Yanga, y al salir del restaurante fueron interceptados por otro automóvil.

El cuerpo de Monlui quedó tendido sobre el asfalto, añadió la fuente, que se mantuvo en el anonimato.

A principio de febrero pasado, la organización Reporteros Sin Frontera (RFS) denunció que México es el país más peligroso de América Latina para el ejercicio del periodismo con 99 comunicadores asesinados de 2000 a 2016 y la zona de Veracruz, en el este, la más amenazante, con 19.

El último periodista mexicano asesinado fue Cecilio Pineda, asesinado a balazos en el estado de Guerrero, cuando se encontraba recostado en una hamaca.

Matan a reportero en la zona centro de Veracruz

Veracruz, Ver. - Ricardo Monlui Cabrera, reportero del periódico El Político y columnista habitual de Crisol, artículo distribuido en periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM) en Veracruz, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo cuando salía de desayunar de una fondita en la cabecera municipal de Yanga, en la región central montañosa de la entidad.

Monlui Cabrera se convierte así en el periodista número 20 asesinado en los últimos seis años y medio, y el primer comunicador privado de la vida en el minigobierno de 24 meses de Miguel Ángel Yunes Linares.

El periodista veracruzano no tenía antecedentes de haber sido amenazado, ni contaba con medidas cautelares de protección del gobierno federal o local.

Ricardo Monlui fue asesinado cuando salía de la fondita. Iba acompañado de su esposa, quien fue trasladada a un hospital de la localidad pues entró en estado de shock; también iba una de sus hijas.

Ricardo Monlui auxiliaba en materias de difusión de la industria cañera a Daniel Pérez Valdez, de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y a Juan Carlos Molina Palacios, de la Confederación Nacional Campesina (CNC) que dirige Juan Carlos Molina Palacios en la entidad.

Los despachos informativos de Monlui también eran distribuidos en el periódico Diario de Xalapa y en la revista Análisis Político.

En Veracruz, durante el sexenio fatídico del priista Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia desde hace 150 días, fueron Noel López Olguín de Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz de Notiver; Guillermo Luna Varela de Veracruz News; Esteban Rodríguez de Diario AZ y Víctor Manuel Báez Chino de Milenio, Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz de Liberal del Sur; Moisés Sánchez Cerezo, editor de La Unión; Juan Mendoza durante décadas fotoperiodista de El Dictamen; Armando Saldaña, locutor de la Ke Buena; Juan Santos Cabrera, ex corresponsal de Televisa en Orizaba; Anabel Flores, colaboradora de El Buen Tono y El Sol de Orizaba, Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Pedro Tamayo, reportero de Al Calor Político.

Mención aparte merece el homicidio impune de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez, ahorcada y golpeada el 28 de abril del 2012 en su domicilio de la privada de Rodríguez Clara, pues han pasado más de mil 700 días y el gobierno de Duarte, el actual de Yunes Linares y la SSP y la Fiscalía General del Estado han sido incapaces de encontrar al segundo presunto asesino, José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho y apenas han logrado consignar a Jorge Antonio Hernández El Silva, quien ya purga una condena de más de 32 años de prisión, pena que se duda pueda cumplir pues se encuentra enfermo de VIH.

Tras 20 asesinatos de periodistas registrados en Veracruz, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiene registradas “medidas cautelares de protección” a 40 periodistas del territorio veracruzano, así como a diez defensores de derechos humanos, entre activistas sociales e
incluso activistas del ciberespacio (twitteros).

AFP
Proceso
Noé Zavaleta
Ciudad de México
Domingo 19 de marzo de 2017.


El director del semanario El Gráfico, Aurelio Campos, fue atacado cuando circulaba sobre la carretera México-Tuxpan. Horas después perdió la vida.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer en el kilómetro 107, a unos metros del puente de Necaxa, en territorio de Huauchinango, Puebla.

Luego de recibir una llamada anónima, personal de Seguridad Pública del municipio de Juan Galindo arribó al lugar de los hechos y encontró lesionada a la víctima, dentro de una camioneta Voyager Mercury color vino y con placas de circulación TWB-6209 del estado de Puebla.

El herido recibió los primeros auxilios por personal de la Cruz Roja de Xicotepec y luego fue trasladado a un hospital de la región, donde más tarde murió.

Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque contra el director de El Gráfico, un semanario regional de reciente creación dedicado a la nota policiaca en la zona norte del estado de Puebla.

Periodistas poblanos exigen justicia en el crimen de Aurelio Campos

Periodistas se concentraron este mediodía afuera de la puerta principal de la Catedral de Puebla para que se esclarezca cuánto antes el asesinato de su colega Aurelio Campos, quien pereció a consecuencia de un atentado la madrugada de este viernes.

A convocatoria de la Red de Periodistas, los informadores -reporteros, fotoperiodistas, editores y algunos directores- clamaron al unísono: “¡justicia!”.

También participaron en la movilización defensores de derechos humanos como Misraim Hernández y Claudia Martínez Sánchez de la Casa del Periodista y se solidarizaron con su presencia, representantes de organizaciones, como Tonatiuh Sarabia, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, y Juan de Dios Varela Marino, de la Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla.

Aurelio Campos fue asesinado por una disputa profesional: FGE
 
Samantha Paez, de la Red de Periodistas, pronunció el único discurso del acto. Hizo una relatoría de los hechos en los que le arrebataron la vida al también ex reportero de La Voz de la Sierra y exigió que las investigaciones den cuanto antes con o los culpables.

Trascendió que la Fiscalía General del Estado tiene como principal línea de investigación en el crimen, una disputa de tipo profesional.

Proceso
La Jornada de Oriente
Ciudad de Puebla, México
Martín Hernández Alcántara
Jueves 15 de septiembre de 2016.


El Presidente Municipal de Huehuetlán El Grande, José Santamaría Zavala, fue asesinado por disparos de arma de fuego durante la noche del lunes.
Notas Relacionadas

El Edil viajaba en un vehículo particular sobre la carretera que conecta a la comunidad de El Aguacate con el Municipio de Huehuetlán El Grande.

Versiones preliminares señalan que el Alcalde fue perseguido por otro vehículo, cuyos ocupantes comenzaron a realizar disparos.

Metros adelante, justo en una curva de la carretera, el vehículo donde viajaba el Presidente Municipal se salió del camino y en ese momento sus agresores abrieron fuego contra él.

Las autoridades no han informado sobre el número de impactos que recibió ni han aportado más datos sobre el caso.

La muerte del Edil fue reportada al filo de la medianoche del lunes y minutos después arribaron al sitio elementos de la Policía Municipal, Estatal y agentes Estatales de Investigación.

La carretera fue cerrada en ambas direcciones, policías municipales y estatales la resguardan, y en este momento continúan las diligencias

Matan a alcalde de Huehuetlán, Puebla

José Santamaría Zavala fue atacado a balazos cuando conducía por la carretera de San Agustín Ahuehuetla, en el lugar se encontraron al menos cinco casquillos percutidos

José Santamaría Zavala, alcalde de Huehuetlán el Grande, Puebla fue atacado a balazos cuando conducia por una carretera que conecta hacia el municipio, en el lugar de la agresión perdió la vida.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrido en la carretera de San Agustín Ahuehuetla fue reportado a través de una llamada de emergencia.

En el lugar, se encontró al alcalde en el interior de su camioneta con varios impactos de bala y al menos cinco casquillos percutidos.

Policía estatal, municipal y ministerial arribó al lugar para iniciar con las diligencias correspondientes y así iniciar con las investigaciones.

Reforma
Excélsior
Jesús Lima
Puebla, México
Martes 02 agosto de 2016.


Siete cadáveres, cuatro de ellos calcinados, fueron encontrados este lunes en el Municipio Venustiano Carranza, en Puebla, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La dependencia notificó del hallazgo a Veracruz, ya que algunos de los restos estarían relacionados con desapariciones reportadas en ese Estado.

De acuerdo con los primeros informes, cuatro de los cuerpos fueron localizados en una camioneta Ford Explorer a nombre de Ricardo Curiel Castillo, quien fue reportado como no localizado en Poza Rica, al igual que otras cuatro personas.

Los desaparecidos desde el 23 de abril son Gabriel Hernández Pérez, Amada y Mariana González Pérez, Curiel Castillo y otro individuo de nombre Rafael.

Los cadáveres, calcinados y en avanzado estado de descomposición, estaban al interior del rancho Cedro Pando, aproximadamente a kilómetro y medio de Veracruz.

Horas después se reportó el hallazgo de tres cuerpos más en una plataforma dentro de instalaciones de Pemex conocidas como "Corralillo", a las que sólo dan mantenimiento una o dos veces por quincena.

Hallan 9 ejecutados en Puebla; 2 de las víctimas serían hermanas de “El Z-37”

En distintos puntos de los límites de Puebla y Veracruz fueron localizados, en un lapso de 48 horas, nueve personas asesinadas, entre ellas dos que se presume son hermanas del líder de Los Zetas, Cirilo González Pérez, El Puchini o El Z-37, quien fue detenido en octubre pasado.

En avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, los nueve cadáveres fueron encontrados en distintos lugares de los municipios de Venustiano Carranza, Jalpan y Xicotepec de Juárez, los tres limítrofes con Veracruz y ubicados en la región conocida como Sierra Norte de Puebla.

Cuatro de los cuerpos fueron localizados calcinados dentro de una camioneta con placas de circulación YGP9221, en las inmediaciones de un rancho llamado Cedro Pando, en el municipio de Venustiano Carranza, y presuntamente corresponden a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Poza Rica, Veracruz.

Según información difundida por los medios de comunicación veracruzanos, dos de ellos serían Bertha y Amada González Pérez, hermanas de El Z-37, quien operaba grupos de sicarios en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, y fue detenido en Pachuca, Hidalgo en octubre del año pasado.

De acuerdo con esa información, las hermanas González Pérez desaparecieron cuando viajaban en una camioneta negra Ford Explorer, en compañía de Ricardo Curiel Castillo y Rafael Díaz, y fueron detenidos presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en el municipio veracruzano de Poza Rica.

Ayer, familiares de cuatro personas que fueron detenidas el sábado 23, presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en Poza Rica, se manifestaron frente a las instalaciones de la corporación en la colonia Miguel Hidalgo de esa ciudad veracruzana.

En la protesta, Natali Ramírez González, hija de una de las mujeres detenidas, explicó que su madre Amada González Pérez, y su tía, Mariana González Pérez, un hombre de nombre Ricardo Curiel Castillo y otro del que desconocen su nombre, viajaban en una camioneta Explorer negra cuando fueron interceptados el sábado anterior por elementos de la Fuerza Civil sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Tajín.

Sin embargo, ese mismo día por la tarde las autoridades de Veracruz desmintieron la participación de la Fuerza Civil en la detención de estas personas, y aseguraron mantener el diálogo con los familiares de las personas no localizadas, “colaborando en la investigación correspondiente para dar con su paradero”.

Este martes la Fiscalía General de Puebla confirmó que el vehículo en el que fueron encontrados esos cuatro cuerpos estaba a nombre de Curiel Castillo.

Otros tres cuerpos fueron encontrados en un campo petrolero conocido como Corralillos en el mismo municipio de Venustiano Carranza, el cual colinda con la localidad veracruzana de Tihuatlán.

Por la tarde, la Fiscalía de Puebla emitió un comunicado en el que precisa que ha brindado información a Veracruz ante estos dos hallazgos de siete personas asesinadas en la misma zona, “derivados de hechos ocurridos presuntamente en el vecino estado”.

En el comunicado, la autoridad poblana señala que ofreció a su homóloga de Veracruz la información relacionada con estos dos casos para que se investigue si existe un vínculo entre los siete cuerpos localizados.

En Jalpan, el cadáver de Julio César Ortega Sampayo, de 29 años, reportado como desaparecido desde hace una semana, fue encontrado en estado de descomposición en una alcantarilla a un costado de la carretera federal México-Tuxpan.

Finalmente, en Xicotepec de Juárez fue hallado Hipólito Danin Lechuga, de 37 años, quien presenta heridas de bala en la nuca y el tórax.

Reforma/Proceso
Gabriela Hernández
Puebla, México
Martes 26 de abril de 2016.


Apenas el 27 de enero pobladores de Acatlán de Osorio igual lincharon a un presunto asaltante, quien hirió al propietario de una casa a la que se metió a robar.


Puebla.- Pobladores de la colonia Aquiles Serdán, en el municipio de Chapulco, arremetió a golpes contra tres personas, una de los cuales murió luego de que los señalaron como presuntos secuestradores.

Según los informes policiacos, al menos 300 pobladores de esa localidad, ubicada en la parte sureste de la entidad, persiguieron a siete sujetos que supuestamente habían intentado secuestrar a una familia vecina de esa colonia.

De los siete sospechosos, dos lograron darse a la fuga, mientras que otros dos fueron rescatados por la policía local antes de que fueran golpeados, pero los otros tres fueron retenidos por los pobladores, quienes reclamaban la presencia del MP para asegurarse de que no fueran liberados por los uniformados antes de consignarlos.

Tras horas de tensión, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán lograron rescatar a los tres sospechosos para que pudieran ser trasladados a recibir atención médica.

De acuerdo con personal del Hospital General de Tehuacán, población vecina de este municipio, al llegar a esa unidad uno de los hombres ya había muerto, mientras que los otros dos presentan heridas en todo el cuerpo.

Según esa información, además de los golpes, la persona fallecida, que aún está en calidad de desconocido, presenta heridas con armas de fuego y blanca, que originaron que se desangrara.

Apenas el 27 de enero pobladores de Acatlán de Osorio igual lincharon a un presunto asaltante, quien hirió al propietario de una casa a la que se metió a robar.

El presunto delincuente fue llevado a un hospital, pero murió horas después a causa de la golpiza que le propinó un grupo de vecinos de esa localidad.

Igual, el 19 de octubre pasado se registró en el municipio de Ajalpan otro linchamiento que costó la vida a dos hermanos, quienes laboraban como eran encuestadores, pero fueron confundidos por la población con secuestradores. En esa ocasión la turba quemó vivos a los hermanos Rey David y José Abraham Copado.

De hecho, en 2015 se registraron 29 acciones de este tipo en las cuales los pobladores atraparon a supuestos delincuentes, pero se negaron a entregarlos a las autoridades al sospechar que después serían liberados y optaron por hacerse justicia por mano propia.

Resultado de esos linchamientos seis personas murieron y al menos 42 fueron rescatadas tras ser sometidas a golpes por grupos de enfurecidos pobladores. En lo que va de este año ya son dos las personas muertas por este tipo de fenómenos atribuidos al hartazgo social.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Pue.
Martes 29 de febrero de 2016.


Nodho: 2016 se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada y muerte en Puebla

Puebla.- El fiscal general del estado, Víctor Carrancá Bourget, reconoció que de 2015 a la fecha se han cometido 50 feminicidios en la entidad.

Durante su comparecencia en el Congreso local, detalló que de 94 asesinatos de mujeres registrados el año pasado, sólo 37 reúnen las características para ser considerados como feminicidios.

Y de los 19 crímenes perpetrados en lo que va de 2016, agregó, 13 reúnen esas condiciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 338 del Código Penal.

Tomando en cuenta que organizaciones no gubernamentales y académicas de Puebla han dado una estadística mayor, el fiscal argumentó que no todos los homicidios de mujeres pueden ser considerados feminicidios, dado que no reúnen las características para considerar que fueron motivados por odio de género.

Miles marchan en Puebla contra la violencia de género

Luego de que usuarios de Twitter hicieron tendencia el hashtag #NiUnaPoblanaMás, esta tarde un grupo de personas realizó una marcha para repudiar la violencia de género que priva en la entidad, en tanto que familiares de las víctimas y de mujeres desaparecidas participaron en una manifestación afuera del Congreso local, justo en momentos en que el fiscal daba su comparecencia.

A través del Nodo de Derechos Humanos (Nodho), las diversas organizaciones exigieron al gobierno de Puebla emitir la Alerta de Género para tomar medidas que pongan freno a esta problemática.

De acuerdo con Nodho, “el 2016 se está convirtiendo en un año de violencia exacerbada y muerte” en la entidad.

Añadió: “La impunidad y el abuso de poder han sido el sello institucional desde hace ya muchos años en Puebla: desde los casos de pederastia y trata de personas durante la administración de Mario Marín, hasta el desprecio violento y sistemático que ha caracterizado a la administración de Rafael Moreno”.

Prosiguió: “Lo que los gobiernos en Puebla han dado como ejemplo es que el poder implica impunidad, y esto abre la puerta a todo tipo de abusos y tragedias. El problema real para quienes están en el poder no es detener las tragedias sino ocultarlas o callarlas cuando se vuelven evidentes”.

En ese marco, subrayó, se han desatado en esta entidad los asaltos, desapariciones, feminicidios, agresiones a periodistas, detenciones arbitrarias, agresiones a activistas y líderes comunitarios, rupturas de todo mecanismo de diálogo real entre gobernantes y gobernados, corrupciones y complicidades entre poder económico y político, e impunidad para el que tiene algún tipo de poder.

“José Luis Tehuatlie, Samai Márquez, los seis jóvenes de la colonia Lomas de San Miguel asesinados y calcinados en venganza por el robo a un empresario, y todos los demás casos, son parte de una misma enfermedad social que tiene entre sus causas un enorme deterioro institucional que no se resuelve con gendarmes, sistemas punitivos o estrategias de medios para ocultar lo inocultable”, resaltó.

Ante esta situación, indicó, no queda más a los ciudadanos que protegerse mutuamente y difundir por su cuenta lo que ocurre en Puebla para exigir a las autoridades que declaren la Alerta de Género, a lo cual se han negado de manera sistemática.

Mientras tanto, este jueves la Fiscalía General del estado (FGE) consignó a Rafael Portillo Abundis ante el juez quinto de lo penal, acusarlo del feminicidio de Samaí Alejandra Márquez Salgado, de 25 años, quien al momento de su muerte presentaba un embarazo de dos meses.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la FGE, Portillo Abundis habría contratado a un amigo para que ultimara a su novia Samaí, debido a que el embarazo de ésta le traería problemas por estar casado y temía que eso arruinara su matrimonio.

Auto de formal prisión a presunto homicida de Samai

Rafael Portillo Abundis pagó 5 mil pesos para que la mataran

En el teléfono celular de Rafael Portillo, se encontraron mensajes en los que acuerda el pago

Rafael Portillo Abundis, ex pareja sentimental del Samaí Alejandra Márquez Salgado y probable responsable de su asesinato, recibió por parte del Juzgado Octavo de lo Penal de la capital del estado, el auto de formal prisión, por el delito de falsedad de declaraciones.

Tanto Rafael como su hermana se reservaron su derecho a declarar ante las autoridades, al tiempo que la defensa no solicitó la ampliación del término jurídico para aportar pruebas de descargo.

Samaí, de 25 años de edad y quien contaba con dos meses de embarazo fue reportada como desaparecida el 18 de febrero; su cadáver fue hallado un par de días después en Valsequillo. Su cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza.

De acuerdo con las investigaciones y peritajes de la Fiscalía General del Estado, en el teléfono celular de Portillo Abundis, se encontraron mensajes en los que acuerda el pago de 5 mil pesos con un supuesto amigo para que agrediera a la joven con quien sostenía una relación y de quien esperaba un hijo.

En su primera declaración, el detenido aceptó que había pagado dicha cantidad a un amigo, pero sólo para que le dieran un ‘susto’ a Samaí, porque discutieron al enterarse que estaba embarazada y consideraba que eso afectaría su matrimonio.

En sus declaraciones señaló que planeó que cuatro hombres la secuestraran el día de su cumpleaños ya que él estaría en una reunión familiar festejando, para usarlo como coartada, asegurándose de tomarse fotos y subirlas a redes sociales. Pero mintió al asegurar que todo el tiempo estuvo en dicha reunión, cuando se ausentó 2 horas para ir a donde tenían a Samaí.

En tanto, su hermana, Claudia Portillo, quedó detenida por haber asegurado que su hermano no había salido de la reunión y omitir que también tuvo comunicación con la víctima ese mismo día.

Proceso / UN1ÓN Puebla  
Ciudad de Puebla, México
Viernes 26 de febrero de 2016.

Motivado por un asalto a la casa de uno de sus familiares, el empresario poblano Jorge Aduna Villavicencio del grupo Gallística del Noroeste, ordenó un levantón en contra de los seis supuestos asaltantes que fueron llevados a un inmueble de su propiedad donde sus escoltas y algunos ex policías que contrató, los ejecutaron y posteriormente los calcinaron para evitar que fueran hallados según reveló la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aduna Villavicencio era considerado uno de los empresarios más importantes de la zona centro en la organización de conciertos y peleas gallos, incluso llegó a tener a su cargo la organización del Palenque de la Feria de Puebla en el 2012 y 2013, año en la que perdió la concesión del espectáculo por la desorganización que hubo en el evento con Alejandro Fernández.

No es la primera vez que se ve inmiscuido en el escándalo, en el 2013 un comando armado trató de asaltarlo en los límites con Tlaxcala cuando viajaba a bordo de su camioneta blindada, además uno de sus hermanos se encuentra preso por el homicidio de un hombre en el municipio de Tepeaca y por el delito de violación en agravio de una menor de edad.

Los 'levantaron' en represalia por asaltar una casa

De acuerdo con las indagatorias de la FGE, las desapariciones de los asaltantes que vivían en Lomas de San Miguel y que estuvieron turnadas a la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), arrancaron el 19 de octubre del 2015, cuando Marco Antonio Cuautle Cuautle de ocupación lechero, fue secuestrado cuando iba a bordo de su camioneta Chevrolet Silverado con placas del Estado de Puebla.

Nueve días después se daría la desaparición de Román Limón Gómez; mientras que el 12 de noviembre, Pedro Negrete Orea y Luis Ángel Flores Gutiérrez, fueron privados de su libertad.

Las últimas dos víctimas fueron capturadas el 26 y 27 de noviembre, quienes respondían al nombre de Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval, respectivamente, siendo éste último engañado por las personas contratadas por Aduna Villavicencio para que les vendiera cocaína, venta que aceptó y fue cuando aprovecharon para levantarlo.

Todos ellos conformaban una banda de asaltantes a casa habitación que se caracterizaban por realizar los atracos con extrema violencia, sin embargo, una de sus víctimas fue una familiar de Aduna Villavicencio, ordenando el empresario a sus guaruras que los rastrearan, los secuestraran y los llevaran a una de sus propiedades en la colonia San José El Conde.

Ex ministeriales y un supuesto AFI los calcinaron

A través de un iPad que fue robado de la casa de su familiar, los custodios y personal extra que contrató entre los que se encontraba un ex agente ministerial que fue cesado por reprobar las pruebas de confianza, comenzaron a levantar a los presuntos asaltantes y vecinos de Lomas de San Miguel.

Posteriormente, las víctimas fueron descuartizadas y calcinadas, esto, de acuerdo con los peritajes realizados por la FGE en la propiedad del empresario, ya que sólo se logró acreditar de los asaltantes algunas pertenencias y ropa que no fueron calcinadas por sus ejecutores.

Como parte del caso, la FGE logró la captura del empresario poblano como autor intelectual y a los siguientes autores materiales: Antonio Cantú García, de 60 años, originario de Tamaulipas; Josafat Berlanga Flores, de 33 años, quien refirió ser ex elemento de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Asimismo, se detuvo a Ricardo López Meza de 46 años, quien en 2014 fue dado de baja de la Policía Ministerial por no aprobar el examen de Control de Confianza; Alejandro Páez Valenzuela de 42 años de edad; y José Emanuel Limón Meneses, de 20 años, originario de Puebla, todos ellos encargados de engañar a las víctimas, asesinarlas y calcinarlas.

Durante el operativo para detenerlo también lograron asegurar dos vehículos, uno de ellos propiedad del asaltante que ejercía el oficio de lechero, así como un machete; una hacha; tres cuchillos metálicos; esposas; una libreta con bitácoras de actividades realizadas para la vigilancia de las víctimas; 42 cartuchos calibre 38; 181 cartuchos calibre 122 y cinco pistolas tipo Plumer.

Respecto de las versiones periodísticas que apuntaban a que había ministeriales en activo relacionados con la desaparición de estas personas, la FGE detalló que los agentes Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández están detenidos, pero por filtrar información durante las diligencias.

Diario Cambio
Alberto Melchor
Puebla, Puebla, Mx.
Lunes 22 de febrero de 2016.

El fiscal estatal detalló que los hombres perdieron la vida por órdenes de un empresario local, identificado como Jorge Aduna Villavicencio

Puebla.- La Fiscalía General de Puebla confirmó hoy del hallazgo de los cadáveres de seis personas que fueron secuestradas en distintas acciones a finales de 2015 y posteriormente asesinadas y quemadas.

Las seis víctimas, todas ellas vecinas de la colonia Lomas de San Miguel de Puebla capital, fueron secuestradas en los meses de octubre y noviembre del año pasado por varios sujetos, entre ellos dos ex agentes policiales federal y estatal.

El fiscal general del Estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá, informó en rueda de prensa que los cuerpos fueron calcinados dentro de tambos de metal con el objeto de que no pudieran ser localizados y borrar pruebas.

Detalló que los seis hombres perdieron la vida por órdenes de un empresario local, identificado como Jorge Aduna Villavicencio, y en venganza porque habían robado con violencia en una de sus propiedades meses atrás.

El hombre de negocios ordenó a sus escoltas iniciar una investigación propia para dar con los responsables y lograron gracias a la localización de un iPad identificar a uno de los probables responsables, según la Fiscalía.

Por órdenes del empresario, añadió, los escoltas secuestraron a las seis personas, a algunas de ellas bajo el engaño de ofrecerles un empleo bien remunerado.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto comprobaron que los seis sujetos fueron secuestrados en distintos hechos el 19 y 28 de octubre y el 12 y 26 de noviembre de 2015.

El fiscal general explicó que las víctimas fueron trasladadas a una vivienda en la colonia San José El Conde de la ciudad de Puebla, donde fueron asesinadas.

En la vivienda donde se cometió el crimen se localizaron dos depósitos metálicos utilizados para la incineración de los cuerpos con fragmentos óseos en su interior, además de un machete, un hacha y tres cuchillos metálicos con rastros hemáticos.

Autoridades detuvieron al empresario a cinco de sus cómplices, entre ellos a Yosafhat Berlanga Flores, ex policía de la Agencia Federal de Investigación, y a Ricardo López Meza, ex policía ministerial.

A la par, fueron detenidos dos agentes ministeriales en activo, identificados como Javier Cruz Ventura y José Felipe Riveros Hernández, acusados de haber filtrado información sobre el caso.

EFE
Puebla, Pue.
Domingo 21 de febrero de 2016.

Acusan al autócrata de amenazas y piden a la PGR tomar el caso Temixco

Otro déspota que dijo “O cumplo o me voy” y ahí sigue medrando entre el malestar social

El Gobernador de Morelos enfrenta “una amplía descomposición social, con presidentes municipales, con la iglesia, con campesinos, con obreros, con organizaciones sindicales, con los maestros, con la Universidad, con el propio PRD y con medios de comunicación”, alertó ayer el rector de la UAEM. Hoy, el Grupo Parlamentario de PRD en el Senado de la República también rompió con Graco Ramírez Abreu.


Ciudad de México.– Graco Ramírez Abreu perdió también el apoyo de una fracción muy poderosa dentro de su partido, el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, que denunció hoy al Gobernador de Morelos por poner bajo amenaza la vida de un compañero.

Ayer, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien ha denunciado amenazas de muerte en su contra, exigió que Ramírez Abreu cumpla con lo que prometió: someter su mandato a referéndum. Esto porque, dijo, no ha cumplido con las promesas que lo llegaron al Gobierno y entre todas está la de la seguridad. Dijo que Graco ha perdido además el apoyo de la sociedad. “Enfrenta una amplía descomposición social, con presidente municipales, con la iglesia, con campesinos, con obreros, con organizaciones sindicales, con los maestros, con la Universidad, con el propio PRD y con medios de comunicación”.

Por medio de un comunicado desde el Senado de la República, el PRD exigió avances en la investigación sobre el homicidio de la Alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota Ocampo. “Nuevamente ratificamos nuestra condena por el asesinato de la alcaldesa Gisela Mota y nos pronunciamos por el total esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de las responsabilidades penales en contra de los autores materiales e intelectuales”, exigió.

Pero además agregó: “Como lo hicimos en conferencia de prensa, expresamos nuestra preocupación por la seguridad personal del Senador Fidel Demédicis, de su familia y colaboradores, derivado del ambiente de linchamiento político y de odio que se ha desatado en su contra desde el Gobierno del Estado de Morelos”.

Los senadores perredistas pusieron nombre y apellido al “linchamiento político y odio” contra su militante: “Las afirmaciones hechas el día de ayer por el Gobernador Graco Ramírez en contra del Senador Fidel Demédicis, en el sentido de que existen elementos para investigarlo por el homicidio de Gisela Mota, obligan a considerar:

“1) El titular del Ejecutivo Estatal debe ser más cuidadoso al realizar aseveraciones sobre investigaciones que esté llevando a cabo la Fiscalía local.

“2) Al hacerlo, afecta la imparcialidad, objetividad, legalidad y el principio de buena fe con el que debe actuar la autoridad.

“3) En los hechos, la opinión del Titular del Ejecutivo morelense sobre el involucramiento de Fidel Demédicis en el asesinato de Gisela Mota influye sobre el destino de las actuaciones de la Fiscalía en Morelos.

“En consecuencia –dijo el Grupo Parlamentario de PRD en el Senado de la República–, solicitaremos a la Procuraduría General de la República (PGR) la atracción de la investigación del homicidio de la Alcaldesa Gisela Mota para que se preserve la imparcialidad, objetividad, legalidad y buena fe en su curso y desahogo, y no se caiga en la tentación de fabricar culpables”.

Vera Jiménez responsabilizó también al Gobierno de Graco Ramírez por la creciente crisis de violencia por la que atraviesa es estado, pues dijo que “Morelos vive desde hace años una crisis sin precedentes que ha afectado de manera grave a su ciudadanía, una crisis de violencia y miseria que lamentablemente se ha agudizado con el actual Gobierno y la falta de cumplimiento de los compromisos que había hecho con ella”.

Preciso que durante los tres años de Gobierno de Graco Ramírez se han registrado al menos mil 700 homicidios dolosos, de los cuales 33 ocurrieron en los primeros 25 días de este mes, cifra que supera los 25 asesinatos cometidos durante el mismo periodo de 2015. Esto ubica a Morelos, de acuerdo con cifras oficiales, como el cuarto lugar nacional en este delito, al que se le suma el índice de secuestros.

Durante una conferencia de prensa realizada hoy, el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, recordó que en julio de 2012 el Gobernador aseguró que cada dos años se iba a someter a consulta popular y que en su administración iba a haber la posibilidad de la revocación de mandato.

“Dijo que él se iba a someter cada dos años a la consulta popular y que en Morelos iba a haber revocación de mandato. Yo creo que esa fue una de las cosas que además a la gente universitaria le atrajo mucho de su campaña que pudiéramos nosotros estar evaluando y midiendo la efectividad de sus acciones […] Es algo que atrajo mucho y que estoy seguro, le dio mucho apoyo de parte de la comunidad académica”, recordó el rector.

Piden no echarle “más gasolina al fuego”

Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, llamó a la bancada de la fuerza política en el Senado de la República y al propio Gobernador Graco Ramírez Abreu a “no echarle más gasolina al fuego” y a dejar que el caso de Gisela Mota sea investigado por la PGR en coordinación con la Procuraduría del Estado de Morelos.

“No ayuda que los integrantes del PRD en los diferentes espacios, sea la dirección a nivel del partido, estatal, grupos parlamentarios locales y federales, echen más gasolina al fuego. Lo recomendable es que se tramite un cauce legal en términos de procuración de justicia y es recomendable que la PGR en coordinación con la Fiscalía en Morelos, atraigan el caso y lo investigue”, dijo.

Sánchez Camacho indicó que ni la posición de Graco, ni la de los senadores ayudan a que se aclare el crimen de Gisela Mota.

Recordó que el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Morelos, decidió expulsar como perredistas el martes al Senador Fidel Demédicis Hidalgo y el Alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, sin embargo, para que la expulsión sea una realidad el Sol Azteca local debe solicitar la expulsión a la Comisión Jurídica Nacional y a la Comisión de Ética del partido.

“Una vez que hay una solicitud formal por escrito, se hace un proceso, se notifica al nacional y de acuerdo con este proceso, se establece si procede o no”, explicó.

El tiempo que puede llevar el trámite no se puede establecer con exactitud, pues el militante expulsado puede apelar al dictamen.

“Lo que sí hay que anotar es la exigencia social de que se aclare el asesinato de la presidenta municipal Gisela Mota. Eso es lo importante”, aclaró.

Por su parte, el Diputado federal del mismo partido, Waldo Fernández González, que no es militante de ninguna corriente, detalló que las acusaciones entre el Gobernador Graco Ramírez y el Senador Demédicis, afectan el clima de incertidumbre que atraviesa el caos del asesinato de la Alcaldesa de Temixco.

“Para poder atraer una averiguación a la PGR tienen que pasar por una investigación del fuero federal. Tiene que haber elementos. Sí se acredita la participación de delincuencia organizada, ellos lo pueden atraer. Pero no se hace por una manifestación pública”, dijo.

“Ahora en el conflicto, me parece que ambos [Graco y Fidel Demédicis] pueden atender al Poder Judicial de la Federación, o ir al Ministerio Público. En vez de ventilarlo sólo en el ámbito político y a través de los medios de comunicación”, agregó.

Respecto al comunicado, el comunicación social del partido del Sol Azteca en la Cámara Baja refirió que no existe un posicionamiento sobre este tema que hasta el momento compete al Senado.

Sin Embargo
Shaila Rosagel y
Juan Luis García Hernández
Cuernavaca Ciudad de México
Viernes 29 de enero de 2016.

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