“La amenaza a la paz la representan los sectores que se han lucrado de la guerra”

En el discurso que dio durante la ceremonia de firma del acuerdo sobre el fin del conflicto, el máximo comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, fue directo al grano: “Claro que las Farc haremos política. Sí, esa es nuestra razón de ser, pero lo haremos por medios legales y pacíficos”. Muestra de esa realidad son las respuestas dadas en esta entrevista con El Espectador.

El evento del jueves en La Habana marcó el punto de inflexión del proceso de paz y el jefe insurgente tuvo una ardua jornada diplomática, que incluyó reuniones privadas con el presidente Santos, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Una muestra de que las Farc tienen hoy el micrófono abierto en Colombia y el mundo.

Esta realidad no sólo fue evidente con los encuentros privados, sino que también se vio en el detrás de cámaras de la ceremonia. Imágenes impensables hace unos años quedaron en la memoria de los asistentes. El abrazo a la salida del salón de protocolo entre Iván Márquez, jefe de la delegación de las Farc, y el general Javier Flórez, quien lideró la subcomisión para el fin del conflicto, fue muestra de que el trabajo en la mesa de diálogos unió a quienes se enfrentaron ferozmente en los campos de batalla.

También fue muestra del cambio de lenguaje que los primeros en ponerse de pie para aplaudir al presidente Juan Manuel Santos cuando dio su discurso fueron los miembros de la delegación de la guerrilla, a pesar de que el jefe de Estado señaló que había sido el hombre que le dio los golpes militares más duros a la insurgencia. O que los periodistas se referían al comandante de las Farc como “señor Timochenko”.

Imágenes emotivas. Históricas como el aplauso cerrado con que fue recibido el presidente Santos cuando ingresó al avión presidencial luego de la realización del evento. Los invitados se levantaron de sus sillas y en dos ocasiones los aplausos retomaron su intensidad. Y es que tras terminar el acto formal, invitados y delegados de la mesa intercambiaron, en un ambiente de júbilo, conversaciones animadas. Un enjambre de periodistas buscaban declaraciones y fotografías para la posteridad.

El jueves 23 de junio el salón de protocolo de El Laguito, en La Habana, se convirtió en el testigo mudo de un acto de verdadera reconciliación, el del fin de la guerra más larga del hemisferio occidental. Y el hecho de que Cuba fuera el anfitrión hizo más simbólico todo. Porque esta pequeña isla inspiró el surgimiento de las guerrillas latinoamericanas, y su eterno antagonista, Estados Unidos, tenía a su representante, Bernard Aronson, allí sentado.

Es en este nuevo ambiente que Timochenko pide al gobierno estadounidense aportar a la paz con la liberación de Simón Trinidad, quien está preso en una cárcel de Colorado desde hace trece años. De la misma manera afirma enfáticamente que la rebelión armada culminará cuando desaparezcan los factores que engendraron el alzamiento campesino.

A juicio de las Farc-EP, ¿cuándo termina la rebelión armada: cuando se firme el acuerdo final o cuando dejen las armas?

La rebelión armada en general sólo terminará cuando desaparezcan las condiciones materiales que la generaron. Para hacer posible esa halagadora realidad es que hemos trabajado con intensidad durante varios años en la mesa de conversaciones de La Habana. El acuerdo final supone que tal aspiración ha sido concluida, y la más clara demostración de ello será la dejación de las armas en los términos pactados. Nuestra vinculación a la actividad política legal, sin armas y con plenas garantías, implica también el cumplimiento de los compromisos adquiridos de parte y parte.

¿Cuánto proyecta usted que puede tardar la firma del acuerdo final?

Si partimos de lo consensuado en la reunión privada que sostuve con el presidente Santos el pasado 23 de junio en La Habana, en la que participaron los jefes de ambas delegaciones, creo que dicha firma puede producirse más pronto de lo que tenía en mente. Pero eso depende de que en la mesa no se entraben las cosas, se demuestre real voluntad política y se agilicen los mecanismos para implementar normas y producir hechos que deben estar listos antes de la firma.

¿La liberación de “Simón Trinidad” es una condición de las Farc-EP para la firma del acuerdo final?

En la construcción de un acuerdo de paz, ninguna de las partes debe plantear a la otra condiciones insalvables. Pero sí tiene la obligación de entenderla lo máximo posible, generar confianza y demostrar voluntad de modificar posiciones inflexibles. El caso de Simón Trinidad es simbólico de cómo en Colombia se ha tratado al adversario político, apelando incluso a gobiernos extranjeros que se han prestado para eso. Simón fue condenado injustamente por unos hechos que jamás cometió. Ellos mismos se vieron imposibilitados para condenarlo por narcotráfico y luego por terrorismo. Trajeron de los cabellos una acusación absurda y consiguieron de modo tramposo una sentencia en su contra. Consideramos que tanto el gobierno de los Estados Unidos como el de Colombia se encuentran ante la posibilidad de demostrar un real cambio de actitud frente a quienes piensan diferente. Eso, desde luego, sería un mensaje de enorme significación para todos.

¿Por qué el presidente Santos dice que ustedes están preparados para la guerra urbana si no se firma la paz?

Eso habría que preguntárselo a él. Nosotros sí nos estamos preparando para llegar a las zonas urbanas, pero con un mensaje de reconciliación y de paz con justicia social. Eso implica interlocución con todo el mundo, para entre todos elaborar fórmulas que nos permitan la construcción de una Colombia sin violencia política, justa socialmente, democrática y en franco progreso.

¿Cree que Uribe es una amenaza para la paz?

La amenaza para la paz la representan los sectores que se han lucrado de la guerra y que también gracias a ella han conseguido enquistarse en el poder, particularmente en las regiones, creando grandes emporios económicos ligados al narcotráfico, la corrupción y las formas más repugnantes de violencia. El alcance de esa amenaza también depende de la fortaleza de los sectores que creen y trabajan por la paz, que creemos se reproducen de manera acelerada en Colombia y recibirán enorme impulso con la firma de un acuerdo final en La Habana.

Con los últimos acuerdos y su posición respecto al Congreso, las Fuerzas Armadas y la Corte Constitucional, ha quedado la sensación de que las Farc-EP han aceptado la institucionalidad. ¿Es así?

Si nos vamos a incrustar en la vida política, económica y social del país, ¿usted cree que podríamos lograrlo por fuera de la institucionalidad? Los acuerdos precisamente apuntan a que quienes, como nosotros, creen que hay que hacer profundos cambios en las instituciones dejen de ser perseguidos, asesinados o encarcelados por ellas. Eso no quiere decir que nuestras propuestas de profundas reformas institucionales hayan desaparecido. Seguiremos trabajando por ellas en un escenario pacífico, desarmado y legal, buscando obtener el respaldo mayoritario de los colombianos a fin de imponerlas.

¿Qué mensaje les da a las víctimas del conflicto armado?

Necesitamos que nos ayuden a terminar de construir el espacio donde todos podamos reconciliarnos y sentar las bases para levantar el edificio de la paz, en el que nunca más nadie tenga que sufrir las calamidades de la guerra y la violencia política. Las víctimas no pueden ser vistas sólo como si fueran mendigos que claman por una reparación económica, sino como agentes activos de las transformaciones necesarias para que no haya más injusticias, más viudas y huérfanos, más familias destrozadas y mayor desolación. Cuando se habla de este asunto suele imprimírsele cierto sesgo que sólo mira las personas y familias afectadas por la insurgencia, pero no se puede olvidar que hay víctimas de la otra parte, mucho mayores en número y dolor, y que incluso van más allá de la violencia política, como los desempleados, los privados de sus viviendas, los muertos a la puerta de los hospitales y todas esas tragedias nacidas de la desidia oficial.

El Espectador
Alfredo Molano Jimeno
La Habana, Cuba/ Bogotá
Sábado 25 de junio de 2016.

‘Narcos’, es una serie para Estados Unidos en inglés, serie de ficción que Netflix grabará en Colombia

Ciudad de México.- Ana de la Reguera se ha transformado en una guerrillera del movimiento M19, que se desarrolló durante la época en que Pablo Escobar reinaba en el mundo del narco en Colombia.

Aunque esto solo es parte de la ficción que Netflix graba en ese país y que llevará a la actriz a residir unos meses en el país cafetalero.

"Sí, de enero a marzo estaré en Colombia grabando Narcos, que es una serie para Estados Unidos en inglés, en la que dos agentes de la DEA van a capturar a Pablo Escobar".

Entrevistada durante el lanzamiento de los nuevos productos de Lenovo, la actriz descartó que la recurrencia del tema del narco, al menos en la serie en que participa, sea una apología a esta acción.

"En Narcos no es el caso, porque se trata de una historia documentada, en la que a través de la experiencia de dos agentes se muestra cómo inició la relación de Estados Unidos y Colombia por el narcotráfico; de modo que todo está sustentado en hechos reales e históricos".

En la trama, la veracruzana dará vida a "una guerrillera del Movimiento M19", dijo tras comentar que para la realización de dicha serie estará viviendo tres meses en Colombia; aunque de manera paralela tiene proyectos en los que participa tanto "escribiendo como produciendo".

Agencias / Puebl@Media
Ciudad de México / Puebla
Domingo 07 Diciembre 2014

El gobierno federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros en México

La reactivación de la guerrilla en Guerrero luego del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa preocupa al Gobierno federal, que teme la radicalización de cinco organizaciones armadas con presencia en la entidad y a las cuales ubica detrás de la Asamblea Nacional Popular (ANP), cabeza de las protestas y manifestaciones en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos.

En medio de la condena nacional e internacional contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la guerrilla mexicana también alzó la voz –como no lo había hecho en las últimas dos décadas– para acusar conjuntamente al Ejército, policías, paramilitares y narcotraficantes de haber secuestrado y desaparecido a los estudiantes de Ayotzinapa y de la muerte de seis personas el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

En el curso del mes pasado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Milicias Populares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo emitieron 13 comunicados. Desde Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional difundió otros tres. En todos se exige la aparición con vida de los 43 normalistas y se hace responsable de los hechos al gobierno de Peña Nieto.

Un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno federal ve con nerviosismo el posicionamiento de los grupos guerrilleros que expresan apoyo a los familiares de los desaparecidos, anuncian la creación de “brigadas de ajusticiamiento” y llaman a sus bases a un “estado de alerta”.

Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad nacional, dice a Proceso que esta reactivación de los grupos guerrilleros debería tener “más que alarmadas” a las estructuras de seguridad del gobierno de Peña Nieto, pues lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa crea las condiciones para su rearticulación y aumenta la simpatía social hacia la vía armada. “Hasta hace poco era una variable de acción social que estaba dormida y ahora ha despertado”.

A su vez el abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien hace años perteneció al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), indica al reportero que es preocupante que sólo ahora el gobierno repare en la existencia de estos grupos: “El crimen de Ayotzinapa los vuelve a colocar en la situación de actuar ante las deliberadas acciones del gobierno de cancelar las vías pacíficas y políticas para transformar el país. La inacción del Estado fortalece la postura de quienes afirman que la única vía para transformar el país es la lucha armada”.

Complicidad militar

Para los grupos guerrilleros lo sucedido el 26 de septiembre en Iguala es un “crimen de Estado planificado por el mando único policiaco-militar”.

Un día antes de la reunión de Peña Nieto con familiares de los estudiantes de Ayotzinapa –ocurrida el 29 de octubre–, la dirigencia del EPR acusó al Ejército de la desaparición de los normalistas y de ser responsable de las fosas clandestinas encontradas en las cercanías del cuartel del 27 Batallón de Infantería, en el municipio de Iguala.

En un comunicado fechado el 28 de octubre, el EPR señaló: “La cercanía geográfica del 27 Batallón de Infantería con las tumbas clandestinas comprueba una vez más el origen de la mano criminal, reafirma que los autores materiales de estas ejecuciones extrajudiciales es el mismo ejército federal en coordinación con los demás cuerpos policíaco-militares-paramilitares”.

Y apunta que “los misteriosos civiles” a los cuales supuestamente les fueron entregados los normalistas, en realidad “son militares en misión contrainsurgente de paramilitarismo”, quienes para fabricar el crimen perfecto han pretendido endosar el ataque a los delincuentes. Sin embargo, esta intención se ha desdibujado, pues, sostienen, se trata de “un crimen de Estado con motivaciones políticas” contra la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, formada en 1935 y a la cual se acusa de tener ligas con grupos rebeldes armados.

En un comunicado previo, el EPR ya había delineado su denuncia acerca de la presunta participación del Ejército en la desaparición de los normalistas. “Que a nadie le quede la menor duda que es el Estado a través de sus cuerpos policiacos, militares y paramilitares quienes perpetraron este crimen de lesa humanidad en Guerrero. Iguala es un municipio con presencia de las fuerzas castrenses y de la policía federal, quienes en operativo conjunto con los municipales y grupos paramilitares cometieron la masacre y desaparición forzada”.

Por su parte el ERPI, en comunicado fechado el 6 de octubre, advirtió que “obligado a romper el silencio” por la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de otros seis civiles en Iguala, llama a la formación de la Brigada de Ajusticiamiento 26 de septiembre “para enfrentar aspectos políticos-militares (en) esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.

Emulando a las brigadas de ajusticiamiento de Lucio Cabañas, el ERPI pide a la sociedad recabar toda la información sobre los integrantes de Guerreros Unidos, así como sus propiedades e intereses, para ponerlos a su disposición por cualquier vía. Acusan de cómplice a la corriente Nueva Izquierda del PRD, la cual apoyó al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y al exgobernador guerrerense Ángel Aguirre.

Los zapatistas, en un comunicado conjunto con el Congreso Nacional Indígena emitido el pasado 22 de octubre, señalan a su vez que el gobierno ha pretendido minimizar “la criminal represión” hacia los normalistas como si fueran unas víctimas más de la delincuencia, pero que en realidad se trata de una acción del “narcoestado”.

Las Milicias Populares, de reciente creación, insisten en que el Ejército participó en la matanza y desaparición de los normalistas en Iguala, pues resguardaron a los policías y sicarios.

El ERP, por su parte, lanzó en su comunicado del 1 de octubre la idea de formar la Unificación Revolucionaria y lograr un acuerdo entre todas las agrupaciones guerrilleras para hacer frente al “terrorismo de Estado”.

La reactivación

Desde el 26 de septiembre, cuando desaparecieron los normalistas de Ayotzinapa, los cinco grupos insurgentes con presencia en Guerrero han emitido 13 comunicados exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes.

Estas organizaciones –calificadas de “subversivas” por el gobierno federal– no se habían movilizado desde hacía dos décadas, cuando apareció el EZLN en Chiapas en 1994 y se delineó la formación de una Alianza Nacional Guerrillera junto con el Ejército Popular Revolucionario, integrado desde mayo de ese año por 14 agrupaciones, entre ellas el PROCUP-PDLP, nacido precisamente en las montañas de Guerrero y Oaxaca.

“Con el conflicto de Ayotzinapa e incluso desde antes, se están dando las condiciones para la reactivación de estos grupos que estaban sin manifestarse con acciones concretas o armadas como los casos del EPR y ERPI, y que ahora están planteando una alianza nacional de guerrillas como no se había planteado desde hace dos décadas”, señala Tirado.

“Las estructuras de seguridad del gobierno deberían estar más que alarmadas, porque este tipo de posicionamientos generan un contexto de simpatía social que para ciertos grupos radicales pudieran ser una alternativa de acción. De estar en una posición de la momia, sin posibilidades de reaccionar, ahora están motivados con esta crisis de seguridad con un nuevo protagonismo, en un contexto que les puede favorecer en términos de reclutamiento o cuando menos de simpatía social.”

Un documento interno del gobierno federal fechado el 15 de octubre expresa nerviosismo por los llamados de los movimientos insurgentes a movilizarse y reagruparse: “Resulta preocupante la presencia y reactivación de organizaciones subversivas en este movimiento, ya que en caso de que no sean satisfechas sus demandas podrían radicalizar sus acciones, incluso con atentados en contra de instalaciones vitales”, señala el informe de seguimiento del caso de los normalistas desaparecidos.

Y advierte: “Durante los últimos días varios dirigentes sociales y sindicales vinculados con grupos subversivos se han ido apropiando de la dirección de este movimiento, razón por la cual se da como un hecho la radicalización de las acciones en toda la entidad”.

Según la documentación gubernamental a la que este semanario tuvo acceso (Proceso 1981), son ocho los activistas presuntamente ligados con los “grupos subversivos”: Gustavo Adolfo López Ortega, del Frente de Izquierda Revolucionara (FIR), a quien se identifica como “uno de los mandos principales del EPR en Oaxaca”; Filiberto Meza Prieto, de la Sección 22 del SNTE (adscrita a la CNTE), “uno de los ideólogos de la célula del EPR en Oaxaca”; Augusto Fernando Reyes Medina y Nicodemus Hermilio Baltazar Vázquez, también de la Sección 22, “a quienes se les vincula con el EPR”.

También se cita a Víctor Flores, del Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero, “quien tiene nexos con grupos subversivos en esa entidad”; a Eliseo Villar Castillo, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, a quien ligan con el ERPI; a Manuel Salvador Rosas Zúñiga, de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), “a quien relacionan con el EPR”, y finalmente a Manuel Olivares Hernández, dirigente de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, “vinculado durante mucho tiempo con el ERPI”.

El informe de inteligencia enlista también a las organizaciones que forman la ANP, formada por 73 agrupaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y de pueblos campesinos e indígenas que se constituyó a raíz del caso de la normal de Ayotzinapa; señala que varios de ellos están integrados a movimientos “subversivos”.

De estas agrupaciones dice que el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el Frente Único de Lucha para la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el FIR tienen ligas con el EPR.

Según información del corresponsal de Proceso en Guerrero, Ezequiel Flores, Marco Vinicio Dávila Juárez, miembro de la Comisión Política del FIR, acusó a las autoridades de predisponer a la ciudadanía contra las organizaciones sociales. “No es nuestra forma de lucha. No la descalificamos pero no son nuestras formas. Es lo que queremos denunciar, sobre todo porque la protesta va a seguir no solamente en Guerrero, sino a nivel nacional”, agregó.

El 24 de octubre la ANP –en una reunión a la cual asistieron 73 organizaciones en Ayotzinapa– aprobó las medidas que tanto temía el gobierno federal: Ocupación de los 81 municipios de Guerrero y avanzar a otros estados; bloqueo a trasnacionales; toma de medios, aeropuertos, puertos y del Instituto Nacional Electoral para impedir las elecciones del próximo año.

Proceso
José Gil Olmos
Ciudad de México
Domingo 02 de noviembre de 2014.

 

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