La ONU-DH saludó hoy la emisión del Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la sentencia de un tribunal mexicano muy crítica con la investigación oficial del caso Ayotzinapa.

"Después de haber estudiado ambos documentos de manera exhaustiva, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) los considera de la mayor relevancia, por lo que el Estado mexicano debe observar puntualmente sus contenidos", indicó el organismo en un boletín.

Según la ONU-DH, ambos documentos "brindan una nueva oportunidad para redirigir de manera profunda la investigación del caso y materializar transformaciones de fondo en el sector de la justicia en México".

"El informe de la CIDH reconoce ciertos avances pero sobre todo resume de manera contundente las preocupaciones sobre el rumbo de la investigación," señaló el representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab.

Dicho informe de balance al Mecanismo Especial de Seguimiento, presentado la semana pasada, instó al Estado mexicano a determinar el grado de participación policial y militar en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014.

Por otro lado, la ONU también calificó de "inédita y garantista" la sentencia de un Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, pues es "la reafirmación, por parte de una alta instancia judicial mexicana", de las preocupaciones expresadas reiteradamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, entre otros.

La ONU-DH concuerda con "el cuadro manifiesto de graves irregularidades" al que hace referencia de forma detallada la sentencia, que se acreditó aplicando "los más altos estándares internacionales" en materia de derechos humanos, agregó el texto.

Jarab también consideró que la atención al contenido del informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y el cumplimiento de la sentencia del tribunal deben realizarse "potenciando el papel de las víctimas y reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran".

"Es especialmente llamativo que la investigación siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado", concluyó.

Según la versión oficial, conocida como "verdad histórica", en la noche del 26 de septiembre de 2014 policías corruptos de Iguala arrestaron a los jóvenes y les entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.

Padres y organismos internacionales han venido denunciando irregularidades en las pesquisas y han exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos.

Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en ese vertedero.

EFE
Ciudad de México
Lunes 11 de junio de 2018.

Mecanismo Especial de la CIDH se reúne con padres de los 43

Tixtla. - El Estado mexicano está obligado a dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, dijo hoy el colombiano Enrique Gil Botero, relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Gil Botero y otros integrantes de la CIDH asistieron por vez primera a la escuela para maestros de Ayotzinapa, a la que pertenecían los 43 jóvenes, para presentar a las familias de los desaparecidos el plan de trabajo del mecanismo de seguimiento del caso.

"Es importante señalar que la CIDH implementa el mecanismo en el entendido" de que la búsqueda de los estudiantes y determinar su paradero "es una obligación que compete al Estado mexicano", señaló Gil Botero en una rueda de prensa desde la escuela ubicada en Tixtla, en el sureño estado de Guerrero.

El relator dijo que mediante "un monitoreo exigente, riguroso y científico se puede llegar a un resultado exitoso y ese es el trabajo del mecanismo", del que es coordinador.

Los objetivos "son, principalmente, el hallazgo de los 43 y el seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)" sobre el caso, apuntó.

Además, durante las visitas que realizarán al país durante un año revisarán los avances en la investigación, dijo el colombiano, quien insistió en que el grupo "no acepta la hipótesis del basurero de Cocula", según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados allí por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Previo a la conferencia, Gil Botero, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el secretario ejecutivo, Paulo Abrão, dialogaron con las familias de los 43 y recorrieron la escuela.

"Para mí ha sido impactante el encuentro con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos", admitió Gil Botero, después de que Blanca Nava, madre de una de las víctimas, les dijo que los esperaban desde meses atrás.

"(Su llegada) es una esperanza, (...) como madres no perdemos la fe ni la esperanza de volver a ver nuestros hijos, de abrazarlos y decirles cuánto hemos hecho por ellos y que sepan todo lo que la gente nos ha apoyado", señaló al dar la bienvenida al grupo.

Al presentar el jueves ante la prensa su planta de trabajo, el equipo de la CIDH dijo que supervisará que las autoridades sigan las "líneas factibles" sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero).

De acuerdo con la versión oficial, que ha sido cuestionada por el GIEI y otros organismos internacionales, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron, incineraron en el basurero y arrojaron sus restos a un río.

El mecanismo fue acordado el pasado julio entre la Comisión, el Gobierno mexicano y los representantes de los familiares de los desaparecidos.

El presupuesto facilitado por el Estado mexicano asciende a 565,000 dólares y cubre las tareas del mecanismo hasta un periodo de un año.

Mecanismo Especial de la CIDH se reúne con padres de los 43

Chilpancingo, Guerrero. - Los siete integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arribaron a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” para reunirse con padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, consideró que la visita representa una nueva etapa en la lucha de los padres y una oportunidad para que las investigaciones lleguen a fondo, se detenga a los involucrados y se indague la línea del trasiego de droga en Iguala, entre otros puntos.

Consideró que el Mecanismo, presidido por James Cavallaro, podrá dar continuidad a las líneas planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que desestimó las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), la cual asegura que los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Padres de los 43 y organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Defensa de Derechos Humanos, el Centro Agustín Pro Juárez y el Comité Estudiantil de la Escuela Rural recibieron a los expertos recomendados por la CIDH, quienes confiaron en que las autoridades mexicanas brinden las facilidades para dar seguimiento a las investigaciones propuestas.

Madres de los estudiantes desaparecidos les colocaron collares de cempasúchil y regalaron playeras con el árbol de la vida y fotografías de los 43 desaparecidos.

En la explanada, realizaron un acto de bienvenida y dijeron que mantienen su confianza para que el caso no quede en la impunidad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, consideró que el Mecanismo "representa los ojos de un organismo internacional (la CIDH) que van a estar supervisando que el gobierno de México siga las líneas que dejó el grupo de expertos, dando asesoría técnica de lo que el gobierno tiene que hacer".

Hay muchos pendientes con los padres, dijo, y por lo pronto tendrán confianza en que estas investigaciones, recomendaciones y nuevas indagatorias, serán una esperanza para que no siga habiendo impunidad.

Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, dijo que a pesar del distanciamiento con la PGR, los padres no han tenido otra reunión con las autoridades, la última fue con la extitular Arely Gómez, "la confianza se construye" y en la medida que avance esta etapa, podrían sentarse de nueva cuenta padres de desaparecidos con el procurador Raúl Cervantes.

Los integrantes del Mecanismo están reunidos con padres de Ayotzinapa en la sala de usos múltiples de la Normal Rural. Al término darán un posicionamiento de este primer encuentro.

EFE
El Universal
Tixtla, Guerrero, Mx.
Viernes 11 de noviembre de 2016.


Ciudad de México.- Integrantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hicieron un llamado al Estado mexicano a cumplir con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), seguir las nuevas líneas de investigación sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa e investigar a los funcionarios que hayan obstruido la justicia.

Durante la Asamblea parlamentaria se presentó una declaración sobre la crisis de Derechos Humanos que atraviesa México, en la que hicieron un llamado para implementar leyes de tortura y desaparición forzada con estándares internacionales.

Sobre el caso Ayotzinapa, se pronunciaron por que el Estado mexicano tome medidas para proteger a los familiares de los estudiantes desaparecidos, a los sobrevivientes y a sus defensores.

El diputado alemán, Frank Schwabe, perteneciente al grupo de los Socialistas circuló la iniciativa de declaración entre sus colegas parlamentarios presentes en Estrasburgo, la cual apoyaron treinta diputadas y diputados de los grupos Socialista y de Izquierda unificada europea.

“Es necesario apoyar la labor del Mecanismo de Seguimiento promovido por el GIEI, asegurando la credibilidad y la confianza de las víctimas sobre el proceso“, dijo el eurodiputado.

Carlos Beristain, del GIEI, presentó el segundo informe que realizaron respecto a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”.

El Universal
Ciudad de México
Jueves 13 de octubre de 2016.


Inviable, aumento a la tarifa del transporte dice rector de la Universidad Iberoamericana

En su tercer informe de labores el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando Fernández Font, calificó como “inconcebible” la falta de respuestas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero.

“Es inconcebible que a casi dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no tengamos respuestas claras, que las verdades sean dichas a medias y que organismos con un serio compromiso, como fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sean echados del país”, reclamó durante el acto protocolario realizado en la institución académica.

Al hacer una evaluación de lo que ha sucedido en el país en materia de derechos humanos el último año, Fernández Font indicó que el caso Ayotzinapa se replica en otros hechos, como lo ocurrido en Tlatlaya.

“Devastadora situación de incertidumbre en la que nos encontramos. Pareciera que habitamos un país en el que se castiga al que señala con contundencia los hechos. Un país en el que ejercer la labor periodística o el activismo de protesta es más peligroso que cometer algún delito”.

El rector hizo referencia a la visita no oficial realizada este año por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que en su informe confirmó la crisis que padece el país y recomendó atender la violencia generalizada, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, amenazas y ataques a periodistas

Todos estos hechos, agregó, se han recrudecido y prolongado, debido a la problemática estructural que afecta a México, en especial la desigualdad social y el crecimiento de la pobreza.

En cuanto a la situación en el estado, el rector de la Iberoamericana criticó a la administración de Rafael Moreno Valle por no haber logrado impactar “de manera homogénea a la sociedad”.

“Puebla se posiciona hoy, después de Aguascalientes, como la entidad más desigual del país, dado que los beneficios no gotean a toda la estructura económica y social de la entidad”, sostuvo ante un nutrido auditorio, en el que se encontraba la esposa de Moreno Valle, Martha Érika Alonso, secretaria general del PAN a nivel estatal.

Contrario a ello, dijo, “se ha profundizado la desigualdad entre la Puebla rica y la pobre, entre la favorecida por la política económica y aquella que ni en materia crediticia, tributaria y de inversión pública en infraestructura cuenta con condiciones de crecimiento”.

Y puso como ejemplo lo ocurrido en la región de Huauchinango, azotada por la tormenta tropical Earl, con un saldo de aproximadamente 40 muertos y cientos de viviendas destruidas.

“La terrible desgracia de Huauchinango y los municipios colindantes es un reflejo del abandono en el que se encuentra el interior del estado”, subrayó.

En su discurso, el rector hizo un llamado al gobernador electo Antonio Gali Fayad para que en su administración privilegie el diálogo, atienda la defensa de los derechos humanos, sea abierto al escrutinio público y escuche a los sectores de la entidad.

Dijo que espera que el nuevo gobierno, que entrará en funciones en febrero de 2017, escuche a la sociedad civil y a expertos académicos para atender la problemática estatal, como la presencia cada vez más fuerte del crimen organizado, así como los feminicidios, el abandono del campo, la pobreza generalizada y el crecimiento desordenado.

De igual manera, criticó la dilación en el cumplimiento de la recomendación del caso Chalchihuapan por parte del gobierno estatal, la existencia de 220 presos políticos en la entidad y la falta de acciones contundentes para erradicar la violencia de género que se refleja en el incremento de feminicidios en Puebla.

Inviable, aumento a la tarifa del transporte: Fernández Font

El sistema de transporte público poblano no puede incrementar sus tarifas mientras sostenga su círculo vicioso derivado de unidades –microbuses, camiones y vans– deterioradas y maltrato a los pasajeros y al peatón con conductores agresivos.

Lo anterior señaló el rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font, quien refutó la intención de los permisionarios de buscar un aumento en el pasaje.

Lo mejor para los poblanos es que se dé una renovación en el transporte y una capacitación integral de los conductores antes que pensar en modificar las tarifas del servicio.

Al cubrir aspectos fundamentales en el transporte público como mejorar el servicio y proporcionar seguridad tanto para el usuario como para el peatón, se puede comenzar a pensar en un aumento.

Entrevistado al concluir la inauguración de los cursos de otoño 2016, Fernández Font reiteró que en caso de otorgar el aumento solicitado por los permisionarios, solo contribuirá a mantener el círculo vicioso y la mala calidad del servicio que usan millones de poblanos al día para desplazarse a sus trabajos y centros de estudio.

“Mientras no haya una mejora en el servicio público, no podemos pensar en un aumento. Hay un círculo vicioso ahí”, precisó.

El rector Fernández Font detalló que si se autoriza el incremento al transporte colectivo se afectará directamente a la economía de las familias poblanas con menos recursos y con la única posibilidad de usar los colectivos para trasladarse.

“Tenemos (en Puebla) un mal trasporte y todavía más caro estará golpeando de manera directa la economía de las personas, sobre todo de las que menos recursos tienen”, destacó.

Desde finales de julio la Comisión Coordinadora de Transporte Público Mercantil del exregidor Arturo Loyola se pronunció por incrementar 1 peso el servicio, la Organización del Transporte del Estado de Puebla de Juan Manuel García García pidió 2 y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos AC (Contram) solicitó al gobierno morenovallista autorizar el aumento debido a las alzas de combustibles y autopartes.

Tarifas

El costo del pasaje –microbuses y camiones– es de 6 pesos, en tanto las vans cobran 5 pesos con 50 centavos.

La tarifa de las unidades del sistema troncal de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) es de 7 pesos con 50 centavos. Las rutas alimentadoras cobran 6 pesos, pero si se usan con RUTA el precio es de 7 pesos con 50 centavos.

Red Mexicana de Franquicias se opone

Para la Red Mexicana de Franquicias, el incremento solicitado por diversas organizaciones de transportistas no corresponde al panorama real que viven los poblanos.

El experto de seguridad de la Red Mexicana de Franquicias, Roberto Esquivel, rechazó la petición al destacar que el servicio de transporte colectivo en Puebla ofrecido es pésimo.

“Yo sé que existen permisionarios que viven en casas lujosas y buenos autos, pero sus unidades del servicio público se encuentran en pésimas condiciones y los choferes tratan mal a los pasajeros”.

El incremento a la tarifa por cualquier parte que se le vea no es el apropiado, dijo, lo primero que deben hacer los prestadores del servicio es renovar las unidades para solicitar el incremento a la tarifa a 1 peso o a 2.

“Los choferes al no tener un salario apropiado, pues le meten al acelerador y no tienen los cuidados que deberían de tener de forma indispensable para los pasajeros, ese es otro factor en contra”, remató

Proceso
Intolerancia
Gabriela Hernández
José Antonio Machado
Ciudad de Puebla, Mex.
Martes 6 de septiembre de 2016.


GIEI entrega informe a padres de los 43 en Ayotzinapa

•    Los expertos pidieron a los padres de los normalistas no perder la esperanza en torno al caso

•    Desde la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, el grupo de expertos sostuvo que ellos llegaron a México para construir y no destruir

Tixtla.- La primera víctima de Ayotzinapa es la verdad, dijo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante padres de los 43 estudiantes desaparecidos y normalistas.

Desde la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, el grupo de expertos sostuvo que ellos llegaron a México para "construir y no destruir".

En su intervención ante los padres de familia y normalistas, Francisco Cox remarcó que "El estado debe preguntarse por qué 12 personas pudieron avanzar más que una institución en la investigación. Faltó voluntad del Estado".

En su oportunidad Carlos Beristaín indicó que el GIEI "dio el primer paso y ahora corresponde a los normalistas y padres de familia seguir con la lucha por la verdad".

Advirtieron que aunque termina su mandato, darán seguimiento a la investigación.

"Los ojos del mundo estarán hasta que se dé la verdad con sustento en evidencia", enfatizaron.

En el patio central de la escuela de Ayotzinapa, el GIEI señaló que faltó voluntad al Estado mexicano para llegar a la verdad.

"Necesitamos voluntad de las autoridades y de ustedes para no desanimarse y seguir avanzando. Nuestros ojos van a seguir sobre el caso, no nos vamos a olvidar de ustedes", indicaron.

El GIEI hace la entrega de su informe a los 43 padre de familia de los normalistas desparecidos.

GIEI entrega informe a padres de los 43 en Ayotzinapa

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó, en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a los padres de los 43 normalistas de esa institución, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el informe sobre sus investigaciones.

En conferencia de prensa, el experto español Carlos Beristaín indicó que el informe "no es una verdad, es una herramienta para transformar", en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Durante su discurso, Beristaín dijo que el "informe tiene muchas tareas" por realizar aún. Además, agradeció a los padres de los 43 por la "esperanza" sobre sus investigaciones y les pidió conservarla.

El Universal
Dennis A. García
Tixtla, Guerrero, Mx.
Miércoles 27 de abril de 2016.


Exhibe GIEI sistema corrupto dice el diario The New York Times

Una misión de expertos dejará el país ante la negativa del gobierno a autorizar la continuación de sus investigaciones.


El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU se declaró preocupado por denuncias de "obstáculos" que puso el gobierno mexicano a un grupo de expertos que durante un año investigó el paradero de 43 estudiantes desaparecidos, dijo el martes su portavoz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en su último informe presentado el domingo "obstrucciones" de las autoridades y supuestos casos de tortura, además de que cuestionó la actuación de fuerzas federales en Iguala, Guerrero (sur) la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron vistos por última vez los estudiantes.

Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, saludó la voluntad expresada por el presidente Enrique Peña Nieto de considerar las recomendaciones del GIEI.

"Sin embargo, estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso", señaló Colville en un mensaje emitido en Ginebra, de acuerdo a un comunicado difundido en México.

El vocero hizo también "un llamado al gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto".

La misión del GIEI concluye el 30 de abril ante la negativa del gobierno a autorizar la continuación de sus investigaciones, que hasta ahora no alcanzaron a determinar cuál fue el destino de los estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa.

Según la fiscalía, los jóvenes estudiantes fueron atacados por policías municipales de Iguala y la vecina Cocula, quienes los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos.

Al confundirlos con integrantes de un cartel enemigo, los narcotraficantes asesinaron a los estudiantes y los asesinaron, incinerando sus cuerpos en un basurero aledaño, para luego arrojar sus restos a un río, según la versión oficial. El GIEI dice que no hay pruebas científicas de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero.

Exhibe GIEI sistema corrupto dice NYT
 
Washington DC.- El más reciente reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala es una condena a un corrupto sistema de justicia mexicano, además de revelar la falta de voluntad del Gobierno para reformarlo, denunció el diario The New York Times.

En un editorial publicado esta noche, el diario estadounidense hace un repaso de los hallazgos por parte del GIEI en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y acusa al Gobierno federal además de una falta de sensibilidad para con los ciudadanos mexicanos.

"El segundo y último reporte del equipo (GIEI) que fue liberado el domingo, no establece concluyentemente lo que pasó a los estudiantes. Pero es imposible no interpretar como una condena a sistema de justicia de México notoriamente corrupto y frecuentemente brutal", acusa el editorial.

"Ninguno de los funcionarios mexicanos se tomaron la molestia de presentarse (el domingo). Esto habla con creces de la falta de voluntad política de reformar las instituciones judiciales y de la insensibilidad hacia sus ciudadanos", concluye el diario.

Luego de haber publicado dos amplios reportajes sobre el caso Iguala en su primera plana este fin de semana, el diario neoyorquino vuelve a hacer un repaso de las conclusiones de los expertos de la OEA -quienes llegaron a México bajo solicitud del Gobierno- y destaca los errores en el caso señalados por estos.

"La conducta del Gobierno alimentó amplia especulación de que funcionarios federales jugaron un papel en el crimen y luego buscaron cubrir sus pasos", asegura.  "En lugar de reconocer la importancia de los hallazgos, el Gobierno mexicano bloqueó las solicitudes de información y acceso a testigos clave", concluyó.

AFP / Reforma
New York Times
Ciudad de México
Miércoles 27 de abril de 2016.

El GIEI sostiene en su informe final que el Ejecutivo ha dejado sin investigar las conductas de ciertos funcionarios públicos y apunta al Ejército

Ciudad de México.- La noche de Iguala no encuentra amanecer. La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa le ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno de Enrique Peña Nieto. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tras la negativa del Ejecutivo a prorrogar sus investigaciones, se ha despedido con un informe que pone en duda no sólo la versión oficial de la matanza, sino la credibilidad misma del Estado mexicano.

A lo largo de 608 páginas, este equipo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla las dilaciones, obstrucciones y bloqueos que sufrieron, pero sobre todo denuncia que, más allá del alcalde de Iguala y sus policías municipales, las “conductas omisivas de los funcionarios públicos” han quedado sin investigar. Un obús que tiene como blanco al intocable Ejército mexicano.

En un país acostumbrado a los seísmos, la despedida y cierre del GIEI responde a una escala de magnitud desconocida. Cuando el Gobierno de Peña Nieto, en plena crisis de confianza, abrió las puertas a esta comisión para que brindara su asistencia técnica en el caso Ayotzinapa, el gesto fue interpretado como el inicio de una nueva era en el sangrante capítulo de las desapariciones. El equipo, formado por cinco personalidades iberoamericanas conocidas por su lucha a favor de los derechos humanos, parecía asegurar la transparencia y las buenas prácticas en la investigación.

Su trabajo empezó en marzo de 2015 y, al igual que las familias de las víctimas, no tardó mucho en distanciarse de la línea oficial. La ruptura se evidenció en septiembre pasado, cuando la comisión presentó su primer informe. Aunque admitía la colusión entre el cártel de Guerreros Unidos y la Policía Municipal de Iguala, su prospección iba mucho más allá. Para escándalo de los sectores más conservadores, ponía en entredicho el papel del Ejército. Y con el objeto de indagar los motivos de su pasividad en la noche de Iguala, solicitaba que se practicasen nuevas pruebas y que se interrogase al 27 regimiento. La petición fue rechazada de plano. Por el alto mando y por el propio presidente. Nadie dudó del motivo: en una nación inmersa en una brutal guerra contra el narco, con más de 100.000 muertos a sus espaldas, el GIEI pretendía abrir una puerta a lo desconocido, a una posible incriminación de la columna vertebral del Estado.

Pero el informe guardaba más sorpresas. Basándose en el trabajo de un especialista internacional, negaba que los cuerpos de los estudiantes hubiesen sido eliminados en una hoguera en el basurero de Cocula. Esta hipótesis, aunque afectaba sólo a una rama colateral del sumario, suponía un reto mayúsculo para la versión oficial. Si no había incendio en el vertedero, entonces los testimonios de los sicarios que lo habían descrito perdían credibilidad. Y la investigación al completo, como un árbol contaminado, quedaba en entredicho. Nuevamente, estalló la bomba. Y aunque meses después un grupo de expertos en fuego volvió al planteamiento inicial, la confianza había quedado irremediablemente dañada. La salida del GIEI ya sólo fue cuestión de tiempo. Cuando llegó la hora de prorrogar su permanencia en México, el Ejecutivo, sin perder la sonrisa, optó por darles el billete de vuelta para el próximo día 30.

La respuesta ha sido el informe presentado esta mañana en la Ciudad de México. Su lectura conduce al nudo gordiano del caso: Ayotzinapa refleja el fracaso del Estado mexicano y no sólo la barbarie del narco. El texto, aunque sin decirlo explícitamente, ronda una y otra vez este punto. No hay resquicio que se libre de la crítica. A ojos de los expertos, la investigación misma revela los males que aquejan al país. Lentitud procesal, burocracia paralizante, excesivo formalismo, falta de pruebas objetivas, apresuramiento en las detenciones, ausencia de garantías, carencias periciales, debilidad de los indicios incriminatorios, filtraciones interesadas… El rosario de males descrito por el GIEI supone un varapalo al sistema policial mexicano, pero carecería de pólvora, si no fuera porque da un paso más y entra en el campo de la acusación. “La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”, señala el informe.

Para los expertos, este obstruccionismo aumentó a medida que avanzaban las pesquisas hasta el punto de sufrir “un claro bloqueo”. Los ejemplos citados son numerosos. Entre ellos destaca el blindaje de la información referida al Ejército. “Independientemente de que el Grupo no haya podido entrevistar a los militares del 27 Batallón que estuvieron presentes en los hechos […] Los reportes de inteligencia, las bitácoras, las fotografías y los vídeos vinculados a los hechos no han sido incorporados a la investigación”, indica el texto. En esta línea, el GIEI sostiene que en el caso Ayotzinapa “las conductas omisivas de los funcionarios públicos prácticamente no han sido investigadas” y ello pese a que “ciertos agentes del Estado tienen una posición de garante, como es el caso de las fuerzas policiales y militares, que tienen el deber de proteger a los ciudadanos y cuya omisión puede constituir una violación de los derechos humanos”.

En su despedida, el GIEI lamenta que su trabajo haya sido utilizado como un elemento de “polarización” política y atribuye parte de la polémica que le ha rodeado al miedo de ciertos funcionarios públicos, que vieron cuestionado su trabajo, y también a una “actitud soberanista” ante un “grupo de extranjeros”. Como última recomendación, recuerda que la “comunidad internacional” puede ayudar en la investigación, pero que el papel central corresponde a “México, a su pueblo y sus instituciones”. El próximo sábado el GIEI dejará su misión en el país.

El País
Jan Martínez Ahrens
Ciudad de México
Domingo 24 de abril de 2016.

Expertos alertaron "del riesgo que supone para la investigación" no poder tomar, por ejemplo, declaración a los militares.

Filtraciones de testimonios, incluso con declaraciones falsas, y fragmentaciones del expediente en el seno de la Fiscalía mexicana, así como el amparo de 22 policías de Iguala implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa obstaculizan el avance de las investigaciones, alertó hoy la CIDH.

Ello ante una Fiscalía general que insiste en realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula y que sigue negando a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entrevistar a los militares del 27 batallón, señalaron en rueda de prensa el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei).

La experta guatemalteca Claudia Paz señaló que la filtración de declaraciones "genera confusión" y advirtió que son "informaciones no contrastadas" que en ocasiones "no responden a la verdad de lo que se dijo".

Además, tal y como agregó la colombiana Ángela Buitrago, también miembro del grupo, se "han modificado o cambiado versiones" de las que ellos tienen constancia.

Algo que podría deberse a una manipulación de la información filtrada o a que, debido a la fragmentación del caso en distintas dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), existan declaraciones distintas y contempladas en otros expedientes, explicó.

Señaló que existe una "desatención" en el caso Iguala por una fragmentación interna del expediente de, al menos, 12 averiguaciones previas a cargo de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (Seido), cuando la investigación del caso está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Ello "ha supuesto la práctica imposibilidad de acceder a informaciones relevantes", denunciaron los expertos desde la Ciudad de México.

Entre otros elementos que impiden el correcto estudio, el Giei -quien colabora con la PGR desde octubre de 2015 tras la creación de una unidad especial para el caso- alertó de la aceptación parcial de un recurso de amparo de 22 policías de Iguala acusados de participar en la tragedia.

"Este es un ejemplo del riesgo en el que se encuentran ciertos elementos del caso debido a las deficiencias en la investigación", señaló el colombiano Alejandro Valencia, quien reiteró a la fiscalía sobre la necesidad de aportar nuevas pruebas para "fortalecer las consignaciones".

Aunado a ello, el Giei reiteró su petición de entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, presentes en varios escenarios del suceso.

Los expertos alertaron "del riesgo que supone para la investigación" no poder tomar declaración a los militares y advirtió también que la Fiscalía no les ha entregado "los originales de material fotográfico y de vídeo tomados" por el 27 Batallón en la noche de los hechos.

Aunado a ello, en un informe presentado en septiembre pasado tras seis meses de trabajo en el caso, el Giei concluyó que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, tal y como sustenta la fiscalía en su cuestionada versión oficial.

Posteriormente, afirmaron que nuevas evidencias fotográficas e imágenes satelitales descartaban la presencia de un incendio en esta zona de Guerrero, y a esta afirmación se le sumó un peritaje del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentado este mes, que niega evidencias científicas y biológicas de que los 43 jóvenes fueran incinerados en Cocula.

Por ello, hoy el Giei dijo que no consideraba "necesario" el nuevo peritaje encargado por la fiscalía.

Buitrago recordó que el basurero de Cocula solamente lo citan cinco de los presuntos inculpados, mientras que hay once responsables que hablan de "sitios diferentes y lejanos" al mismo.

Todo ello, desde la fragmentación del expediente, la falta de acceso a declaraciones de testimonios tan relevantes como el de Gildardo López Astudillo "el Gil", presunto autor material de la desaparición, o la insistencia de un nuevo peritaje de Cocula, lleva a la creación de "nuevas versiones", señalaron los expertos.

Entre ellas que fueron 17 los normalistas -u otras cifras- incinerados en el basurero, lo que añade más incertidumbre al caso.

En su informe del pasado septiembre, el Giei pidió continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.

Entre ellos informaron de un quinto autobús tomado por los alumnos de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre y que se cree estaba cargado con droga oculta, lo que pudo ser el móvil del ataque armado a los estudiantes.

El Giei informó hoy que la PGR solicitó el 15 de febrero a su petición asistencia técnica para investigar un caso judicial anterior sobre tráfico de drogas entre Iguala y Chicago.

"Para nosotros es fundamental contar con la información que se realiza por la Fiscalía de Chicago", sostuvo Paz.

En la rueda de prensa, el Giei también reconoció avances en la investigación y valoró positivamente el reinicio de la búsqueda de los 43 desaparecidos en diversos lugares de Iguala y Cocula en el marco de esta unidad especial creada por la PGR y en la que colaboran junto con el EAAF y la Policía Federal.

El Giei dijo esperar que se "superen los obstáculos señalados" y se logre combatir la impunidad en el país, que acumula más de 26.000 desaparecidos desde 2007.

El grupo fue creado "como consecuencia de una herida, y realiza su trabajo para ayudar a sanarla", zanjó el experto español Carlos Beristain.

EFE
Ciudad de México
Domingo 21 de febrero de 2016.

 

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