Razones de índole personal, la causa, informa el gobierno estatal

Con el relevo de Barahona, el gobernador Miguel Barbosa suma 12 cambios en su primer círculo de colaboradores.


A poco más de seis meses de haber llegado a la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, la expriísta Vanessa Barahona de la Rosa abandonó el cargo.

Lorena Rubí Meza López la sustituirá y será la tercera encargada de la dependencia en lo que va de la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta.

A través de un comunicado, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno del Estado informó de la salida de Barahona y señaló razones "personales" como el motivo de su separación.

El gobierno estatal informó que en el lugar de Barahona de la Rosa llega Lorena Rubí Meza López, quien estará como encargada de despacho pues hasta hoy tenía la encomienda de estar al frente de los Órganos Internos de Control, de la Secretaría de la Función Pública.

Vanessa Barahona fue nombrada el 7 de julio por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en la Secretaría de Turismo tras la destitución de María de Los Ángeles Fabiana Briseño Suárez, quien salió ante la falta de resultados y empatía con los sectores empresariales.

El de Barahona de la Rosa es el cambio número 12 en el gabinete del gobernador Barbosa quien ya ha hecho rotaciones en las secretarías de la Función Pública, de Salud, Cultura y de Seguridad Pública.

A tres meses de llegar al cargo, Barahona tuvo a su cargo el anuncio –el 18 de octubre- del inicio de operaciones de la empresa Interjet en Puebla, con salidas a Acapulco, Houston y Nueva York, a partir del primer trimestre de 2021.

Sin embargo, apenas a finales de ese mes la aerolínea comenzó a tener problemas económicos para cubrir sueldos a sus empleados y operar vuelos. Actualmente la empresa tiene canceladas sus operaciones por todo enero, sin fecha para despegar.

Van 12 movimientos

Con el relevo de Barahona, el gobernador Miguel Barbosa suma 12 cambios en su primer círculo de colaboradores.

El último movimiento ocurrió el 29 de octubre cuando Olivia Villaseñor Rosales dejó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El 13 de julio, el antropólogo Julio Glockner Rossainz renunció a la Secretaría de Cultura.

Previamente, el siete de julio, el mandatario confirmó la salida de María De los Ángeles Fabiana Briseño Suárez de la Secretaría de Turismo. En su lugar llegó la expriísta Vanessa Barahona de la Rosa, quien durante el sexenio de Enrique Peña se desempeñó como delegada del Trabajo en Puebla.

El 11 de junio, el gobernador dio a conocer el relevo de Jorge Humberto Uribe Téllez como titular de la Secretaría de Salud y el arribo de José Antonio Martínez García, que ocurrió en medio del incremento de casos de covid-19 en el estado.

En medio de la pandemia, el 13 de mayo Barbosa Huerta cambió a Karen Berlanga Valdés como directora del ISSSTEP, a quien posteriormente acusó de hacer filtraciones a periodistas sobre aspectos que ocurren en su administración.

En sustitución de Berlanga fue nombrado Miguel Ángel García Martínez como encargado de despacho y después como titular.

El 28 de febrero y tras el asesinato de estudiantes de la BUAP y la UPAEP en Huejotzingo, el gobernador removió como secretario de Seguridad Pública a Idelfonso Amezaga Ramírez y en su lugar nombró a Raciel Salazar López.

El 14 de enero, Fernando Manzanilla Prieto renunció a la Secretaría de Gobernación, al señalar que no pertenecía al círculo más cercano del gobernador. En su lugar llegó David Méndez Márquez, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Político.

El 27 de noviembre del año pasado, Heliodoro Luna Vite anunció su renuncia como secretario de Infraestructura y en su lugar fue designado Juan Daniel Gámez Murillo que laboraba como director de Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).

El 15 de octubre el gobernador dio a conocer el relevo de María Concepción Lugo Alarcón como secretaria de Administración y en su lugar designó a Rosa de la Paz Urtuzuástegui Carrillo. La primera estuvo al frente de la dependencia por casi dos meses.

El 26 de septiembre se notificó la salida de Karen Berlanga Valdés de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y su designación como directora del ISSSTEP.

El 19 de agosto de 2019 –a 19 días del inicio de la gestión estatal–, Salomón Kuri Contreras renunció a la Secretaría de Administración y fue sustituido por María Concepción Lugo.

e-consulta
Maribel Morillón
Miércoles 13 de enero 2021.


Ahora se restringen las corridas de transporte público –incluido RUTA- y comercial de 20:30 horas a las 5:30 horas del día siguiente


El gobierno del estado de Puebla decretó un cierre de todas las actividades no esenciales en la entidad desde el 29 de diciembre hasta el 11 de enero, ante la “alerta máxima” por el crecimiento de contagios de Covid.

En una conferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó que durante este periodo vacacional “se rompieran” las reglas y hubiera un comportamiento descontrolado de la población, incluidos los establecimientos, centros comerciales y el comercio ambulante.

“Esto no se pudo controlar, no se acató de manera adecuada los porcentajes de cupos en los negocios, la movilidad está desbordada, el comercio ambulante se permite y hasta se solapa””, denunció al pedir la colaboración de los 217 municipios.

Anticipó que de no tomar estas medidas, en enero habrá un colapso “muy fuerte” del sistema de salud.

La Secretaría de Salud de Puebla reveló que 888 pacientes ingresaron a hospitalización en los 28 días que van de diciembre.

Desde que inició la pandemia en marzo pasado hasta este 28 de diciembre el reporte de casos positivos asciende a 47 mil 651 personas y 5 mil 897 muertes. Actualmente mil 253 son los casos activos, que están distribuidos en 70 municipios.

Nuevo cierre a las actividades económicas

Ana Lucía Hill Mayoral, coordinadora general de Protección Civil en Puebla, detalló este lunes que la decisión se tomó tras ubicar que cuatro de las seis regiones del semáforo epidemiológico en el estado muestran una tendencia a la alza en contagios.

Detalló que con este acuerdo se suspenden de forma inicial por 14 días las actividades de la industria de la construcción, mientras que en los supermercados y tiendas sólo se permitirá el acceso a una sola persona por familia.

También quedan suspendidas las actividades religiosas, en gimnasios y clubes deportivos.

“Sólo aquellas empresas con actividad esencial y que contribuyan a la sociedad podrán seguir funcionando con el 20 por ciento de la capacidad”.

Sólo podrán trabajar al 100 por ciento de su capacidad los sectores médicos, de abasto y proveeduría, de seguridad pública, de conservación e infraestructura crítica, así como el comercio electrónico y mensajería.

La industria automotriz al considerarse esencial se mantendrá en operación.

En los restaurantes no habrá servicio en mesas y solo se permitirá la venta de alimentos a domicilio o en auto, hasta las 23 horas.

Asimismo se restringen las corridas de transporte público –incluidas las tres líneas de RUTA- y comercial de 20:30 horas a las 5:30 horas del día siguiente.

Esta medida comprende a taxis mercantiles y los de aplicación como Uber, Didi o Cabify, a menos que den servicio a emergencias. En caso de incurrir a una falta los usuarios y pasajeros serán acreedores de una sanción.

Habrá operativo alcoholímetro

Además, se reforzarán los operativos de alcoholímetro, por lo que habrá sanciones para usuarios y operadores que violen el decreto que se publicará en las siguientes horas.

Por otra parte, la funcionaria pidió a los ayuntamientos prohibir tianguis y la colocación de ambulantes desde mañana martes.

Al mismo tiempo hizo un llamado a vacacionistas para que se resguarden por 14 días.

Cancelan cinco eventos navideños

Por otra parte el secretario de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, dio a conocer que en los recientes festejos navideños se ejecutaron 18 recomendaciones en fiestas particulares y se cancelaron cinco eventos masivos públicos, incluyendo la clausura de un bar.

Asimismo, dijo que continuará el trabajo de la Policía Estatal Cibernética para detectar eventos masivos, a fin de realizar el acompañamiento a la Coordinación General de Protección Civil Estatal para hacer cumplir los lineamientos sin violar los derechos humanos de los asistentes.

Barbosa refirió que seguir las reglas es un tema de convencimiento y de responsabilidad social, por lo que descartó sanciones más severas a quienes no las cumplan. “No podemos actuar de manera desafiante”, concluyó.

e-consulta
Puebla, México
Lunes 28 de diciembre 2020.


Gobierno estatal pide al Consejo de la Judicatura revisar el desempeño del funcionario


El gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, lamentó que Yamil Gómez, hijo de un empresario y quien presuntamente es el responsable de la muerte de un joven por atropellamiento, esté libre. Incluso anunció que pedirá al Consejo de la Judicatura que revise el desempeño del juez que le otorgó la libertad.

En conferencia de prensa virtual, el gobernador dijo que este es un caso en donde se benefició a los ricos y no a los pobres, por ello, pedirá que nuevamente se revise y se haga justicia. Comentó que si el atropellamiento “hubiera sido al revés” todas las cámaras empresariales se hubieran pronunciado y el joven no hubiera obtenido su libertad tan rápido.

Hay que mencionar que el mandatario estuvo acompañado de los padres de Juan Carlos Villa Medel, los señores Juan Carlos y Rufina, quienes se limitaron a pedir justicia y agregaron que no busca dinero al insistir en que se revisen los procedimientos.

Barbosa Huerta prometió que se hará justicia y que darán a conocer si todos los procedimientos se hicieron conforme a la ley, incluido el examen de alcoholemia. “Es un caso emblemático que no debe de repetirse”, concluyó.

El Sol de Puebla
Alba Espejel
Puebla, México
Lunes 30 de noviembre 2020.


Pidió además a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que inicie de manera oficiosa una queja por presuntas violaciones a la libertad de expresión


El gobierno de Puebla restringe la libertad de expresión al impedir a medios de comunicación locales el ingreso a las ruedas de prensa virtuales que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, realiza diariamente a través de la plataforma Zoom, evidenció este jueves la organización Article 19.

A través de un comunicado, Article 19 expuso que ha tenido conocimiento que el gobierno de Puebla, a través de su área de comunicación social, ha restringido el acceso a periodistas a las sesiones dejándoles en la sala de espera, permitiéndoles el acceso al final de la conferencia o sencillamente negándoles el uso del micrófono para que puedan realizar preguntas al gobernador.

En el caso del portal informativo Lado B, los días 20, 23, 24 y 25 de noviembre se impidió el acceso a la conferencia de prensa del director del medio, sin que se ofreciera una justificación al respecto. Como ha documentado este mismo portal, el 26 de marzo el gobernador interrumpió al reportero de El Sol de Puebla cuando éste realizaba una pregunta durante la rueda de prensa, todavía presencial, y le señaló de forma directa: “No voy a tener opinión, y menos a El Sol de Puebla, ¿vale?. ¿Otra?”.

El 31 de marzo, Article 19 emitió una alerta enfatizando la responsabilidad del gobierno de Puebla de proveer información oficial y datos de manera oportuna y eficaz, para combatir rumores, prejuicios y miedo. Además, en dicha alerta se exhorta a evitar bloqueos informativos a medios de comunicación, tal como se había documentado con el medio digital “Antena 21”.

En ese mismo sentido, el portal informativo e-consulta también ha enfrentado bloqueo informativo de manera sistemática por parte de la oficina del gobernador.

Según testimonios recabados, durante los meses de julio y agosto no se permitió en ninguna ocasión el uso de la voz para realizar preguntas durante dicha conferencia de prensa, si bien se dio acceso a la sesión, es decir, pese a haber levantado la mano para realizar preguntas, considerando el periodo señalado, a e-consulta se le negó durante 40 ocasiones la palabra durante la conferencia de prensa del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Incluso e-consulta ha creado un micrositio https://acoso.e-consulta.com/ sobre bloqueo informativo y acoso por parte del gobierno estatal.

Article 19 recuerda al Gobernador de Puebla que la participación de periodistas en sus ruedas de prensa no puede estar condicionada por la línea editorial del medio de comunicación en el que trabajan.

“Es una obligación del gobierno el permitir el acceso a las ruedas de prensa a los distintos medios de comunicación que quieran cubrirlas. El gobierno no puede usar su posición de administrador de la sala de Zoom para premiar o castigar el cubriendo que periodistas o medios estén haciendo de su administración”, expuso.

En este sentido, Article 19 exigió al gobierno de Puebla que permita el libre flujo de información facilitando el acceso a las conferencias de prensa y otorgando el uso de la voz durante éstas, especialmente en el contexto actual de la pandemia del COVID-19.

Solicitó se hagan públicos los lineamientos, protocolos o directrices que se siguen para permitir el acceso o asignar el uso de la palabra durante las conferencias de prensa, como una manera de favorecer las buenas prácticas en materia de libertad de expresión.

Pidió además a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que inicie de manera oficiosa una queja por presuntas violaciones a la libertad de expresión cometidas por el gobernador del estado y por su equipo de comunicación social, con la intención de establecer un plan de medidas de no repetición.

e-consulta
Puebla, México
Jueves 26 noviembre 2020.


La abogada Edmunda Adela y Antonio murieron víctimas de golpes y torturas que les propinaron los habitantes de la localidad de San Nicolás Buenos Aires, tras acusarlos de robachicos.

La Fiscalía General del estado de Puebla informó que detuvo a ocho presuntos responsables del linchamiento de la abogada veracruzana Edmunda Adela N. y de su acompañante, Antonio, ocurrido la noche del 25 de octubre en el municipio de San Nicolás Buenos Aires.

La autoridad informó que, con el apoyo de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional, la madrugada de ayer realizó un operativo simultáneo en diversos domicilios de la localidad de Emilio Portes Gil, municipio de San Nicolás Buenos Aires, para ejecutar cateos y órdenes de aprehensión en contra de personas identificadas como instigadoras del doble asesinato.

Precisó que los cargos contra los detenidos son homicidio calificado y feminicidio. Los ocho fueron identificados como Marco Antonio N.; Martín N., ‘El Calla’; Saúl N., ‘El Gato’; Román N.; Mauricio N., ‘El Máscara’; José Maximiliano, ‘El Chimino’; Marcos N., y Francisco N.

La abogada Edmunda Adela y otra persona de nombre Antonio murieron víctimas de golpes y torturas que les propinaron los habitantes de esa localidad, tras acusarlos de robachicos.

Por sus familiares se sabe que Edmunda iba de paso por ese pueblo, luego de salir de Córdoba, Veracruz, para dirigirse a León, Guanajuato.

Hasta ahora ha quedado en claro que ella y la otra víctima viajaban en una camioneta Durango blanca y fueron detenidas, primero, en una localidad cercana, donde los dejaron en libertad tras confirmar sus identidades.

Sin embargo, una persona aún no identificada les tomó una foto y la hizo circular en redes sociales bajo la advertencia de que eran robachicos.

Cuando caminaban por la localidad de Portes Gil, algunos lugareños los identificaron y les cerraron el paso, luego alguien aseguró que habían tratado de llevarse a un niño en una tienda y esto originó que los bajaran, los ataran a un poste y los golpearan hasta matarlos.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Justicia Penal, donde fueron puestos a disposición de un juez de control.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 20 de noviembre de 2020.


La Auditoría presume un desvío de recursos por más de 85.3 millones de pesos durante su administración como presidente municipal de San Pedro Cholula

La Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que presentó ante la Fiscalía General del Estado dos denuncias en contra del diputado José Juan Espinosa Torres, por presuntos delitos cometidos durante su gestión como presidente municipal de San Pedro Cholula en los periodos fiscales de 2015, 2016 y 2017.

En su cuenta de Twitter, el órgano de fiscalización que dirige Francisco Romero Serrano, dio a conocer que la primera denuncia es por peculado, fraude, asociación delictuosa y abuso de autoridad, además que se presume un desvío de recursos por más de 85.3 millones de pesos.

Según la Auditoría, no existe evidencia del registro de bienes y servicios facturados que sus “proveedores” hubiesen entregado al Ayuntamiento.

Los domicilios de estas “empresas” en muchos casos no corresponden a los inscritos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y/o no correspondían al giro comercial del cual "prestaban sus servicios", toda vez que eran predios, casas habitación o locales abandonados.

La segunda denuncia en contra de Espinosa Torres es por la presunta simulación de operaciones con facturas apócrifas; correspondiente a su cuenta pública de 2016, por un monto superior a los 15.3 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado advirtió que seguirá trabajando con firmeza en los procesos de fiscalización, a fin de combatir todo acto de corrupción, y que, sin duda, caerá todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables.

En marzo de 2019, la Comisión Inspectora del Congreso del Estado aprobó iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas contra 37 sujetos obligados, entre ellos José Juan Espinosa, por presuntas irregularidades en obra pública del ejercicio fiscal 2016 por un monto de 18 millones 749 mil 205 pesos.

Sin embargo, ese proceso nunca se concretó, pues, aunque se tenía previsto aprobar el dictamen en sesión del Pleno este fue retirado del orden del día.

Otro procedimiento que se le inició al diputado local del PT fue por supuestas anomalías en el ejercicio fiscal de 2015 por poco más de 33 millones de pesos, de los cuales la mayor parte corresponden también a obra pública.

Espinosa Torres se defiende de denuncias; acusa persecución política

Para José Juan Espinosa las denuncias en su contra son parte de una campaña de desprestigio orquestada por el gobierno del estado.

Para el diputado local, José Juan Espinosa Torres, las denuncias en su contra de la ASE son parte de una campaña de desprestigio que está orquestada por el gobierno del estado y el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, de cara a la definición de las candidaturas de izquierda en Puebla para el 2021.

En entrevista, el legislador descalificó que se esté utilizando a la Auditoría Superior del Estado para iniciar una persecución política en su contra.

No obstante, dejó en claro que su nombre aparecerá en las boletas electorales “al ser su anhelo y sueño”, siempre respaldando al presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Elvia García, Milenio Puebla
Ciudad de Puebla, México.
Lunes 26 de octubre de 2020.


•    El gobierno de Puebla pagó los uniformes 40% más caros que el año pasado

•    Sospechoso el costo de 560.2 millones de pesos reportado por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, pues son 160 millones de pesos más que los 400.3 millones pagados en la gestión interina de Guillermo Pacheco Pulido.

•    “Es incongruente, este gobierno es bueno para señalar y descalificar a todos, pero cuando es la hora de dar resultados y hacer las cosas diferente, hace lo mismo que tanto critica”: PAN

•    La corrupción y los negocios en el poder son el día a día para Barbosa: PT

Puebla.- Diputados tacharon de incongruente que el gobierno de Puebla haya comprado uniformes escolares 40 por ciento más caros que en 2019 a pesar de que ahora no hay clases presenciales.

Como sospechoso consideraron el costo de 560.2 millones de pesos reportado por el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, pues son 160 millones de pesos más que los 400.3 millones pagados en la gestión interina de Guillermo Pacheco Pulido.

La panista Mónica Rodríguez Della Vecchia sentenció que es inexplicable la diferencia del 40 por ciento en solo un año, aún bajo la suposición de que las prendas sean de mejor calidad, como argumentó la Secretaría de Educación.

En entrevista recordó que el propio gobernador denunció que el año pasado los uniformes tuvieron un sobrecosto del 30 por ciento, de modo que los nuevos resultan excesivamente más caros.

Como por dicho sobrecosto fue denunciado y hoy está detenido Oscar Chapa Palomeque, ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), remarcó que también debería investigarse a los funcionarios actuales.

Esto al remarcar que no hay clases presenciales ni las habrá hasta finales de año o inicio del otro, así que hubo tiempo de sobra para conseguir uniformes de calidad a un precio mucho menor.

Por ello también vio irracional que la adquisición del gobierno actual haya sido por invitación restringida y no mediante una licitación pública.

“Es incongruente, este gobierno es bueno para señalar y descalificar a todos, pero cuando es la hora de dar resultados y hacer las cosas diferente, hace lo mismo que tanto critica. Y no solo aquí, a nivel federal y en los municipios es lo mismo”, acusó.

Compra innecesaria

La priísta Rocío García Olmedo consideró innecesaria la compra de uniformes en vista de que los estudiantes no van a la escuela.

Con el dinero que se utilizó consideró que se pudieron entregar apoyos para servicio de internet o dispositivos electrónicos, ya que por más medio año las clases han sido virtuales y un gran sector de la población carece de internet o televisión.

Puntualizó que es más urgente el abasto de medicamentos, por lo que incluso los recursos se pudieron destinar al sector salud.

“Seguramente es un asunto muy necesario de apoyar en condiciones normales, sin embargo, las actuales son que los niños y las niñas no están tomando clases presenciales. Desde mi punto de vista no era momento para este gasto”, apuntó.

Millones a la basura

José Juan Espinosa Torres (del PT) aseveró que con la compra de uniformes se tiró dinero “a la basura”.

Bajo la misma lógica de que no hay clases presenciales, opinó que en unos meses, cuando ahora sí llegue el momento de utilizar las prendas, ya ni siquiera serán útiles porque los estudiantes habrán crecido.

Igual consideró que se debió apoyar a los menores con dispositivos electrónicos para recibir clases virtuales o con útiles escolares.

“Sin clases presenciales es tirar millones de pesos a la basura, los niños crecen y el próximo ciclo ya no podrán usarlos, mejor hubiese apoyado con útiles, tabletas o computadoras. Pero la corrupción y los negocios en el poder son el día a día para Barbosa”, denunció.


Confirmado: uniformes salen hoy más caros que en 2019 en Puebla


El gobierno estatal gasta 160 millones de pesos más que en 2019 y las prendas adquiridas son menos

El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta destinó 560.2 millones de pesos para la compra de uniformes escolares, cantidad que implica casi 160 millones de pesos más que los pagados por la gestión del exgobernador interino Guillermo Pacheco Pulido el año pasado, cuando se desembolsaron 400.3 millones.

Ello implica que las prendas que se distribuirán de forma gratuita a alumnos de primaria y secundaria son 40 por ciento más caras este año.

El secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, argumentó que la diferencia radica en que los artículos que se adquirieron este 2020 son de mejor calidad que los de 2019.

De acuerdo con datos proporcionados por el funcionario este martes, el costo unitario de los uniformes, que comprenden falda o pantalón, playera, suéter y zapatos, asciende a 539.45 pesos, mientras que el año pasado fue de 437 pesos ya con IVA.

Hay que recordar que el actual gobierno estatal acusó el 13 de agosto de 2019 a la gubernatura interina de comprar las prendas con un sobrecosto de 30.2 millones de pesos, por lo que presentó denuncias penales en contra de ex funcionarios de esa gestión, como Oscar Chapa Palomeque, quien se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y hoy está preso.

Argumentan mejor calidad

En conferencia de prensa conjunta con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el funcionario explicó diferencias entre costos y calidad de las prendas adquiridas en 2019 y 2020, al asegurar que las de este año superan a las de las anteriores.

En el caso de la falda y del pantalón, dijo que son de tela tipo gabardina confeccionada a base de un 76 por ciento de algodón y 24 por ciento poliéster, mientras que el año pasado el material fue 100 por ciento poliéster y registró roturas en los hilos.

En cuanto a los suéteres a entregar son de interlock de acrílico en un 100 por ciento, mismo material que se ocupó el año pasado, aunque expuso que fue de menor calidad porque también registró roturas.

Para las playeras, el material utilizado fue piqué integrado en un 50 por ciento de algodón y el 50 por ciento restante en poliéster, con características como la absorción del sudor y con confort en climas fríos.

El año pasado, cuando se entregaron blusas y camisas, estas fueron confeccionadas a base de popelina, con un 67 por ciento en algodón –un porcentaje más alto que el de este año- y 37 por ciento en poliéster, pero las prendas registraron encogimiento.

Lozano indicó que los zapatos fueron hechos a base de piel con forro porcino y corte vacuno, con una plantilla en acabado y grabado de cerdo, con suela de termoplástico antiderrapante con garantía de seis meses por fallas de fabricación o defectos de calidad.

El calzado del año pasado fue de forro textil con corte sintético, plantilla sintética y presentó fallas de desnivel en el talón.

En 2019 se compraron 1 millón 44 mil 644 uniformes (que incluían suéter, pantalón o falda, y camina o blusa) y 713 mil 220 pares de zapatos, mientras que hoy fueron 1 millón 39 mil 230 conjuntos de vestir y 705 mil 418 pares.

Gastaron más

En cuanto a la contratación de las empresas, el secretario indicó que los procedimientos se realizaron a través de invitaciones a cuando menos tres proveedores, y defendió que no se hayan realizado licitaciones públicas, al señalar que por la pandemia se habrían justificado incluso adjudicaciones directas.

En el caso de las faldas y pantalones, se compraron 513 mil 642 y 525 mil 588 prendas, respectivamente, con la empresa Impulsora Mexicana Textil con un importe total de 155 millones 630 mil 927 pesos y un costo unitario por prenda de 149.76 pesos.

En la gubernatura interina, el costo por cada prenda fue de 100 pesos, según lo expuso el propio secretaría en agosto de 2019, por lo que hay una diferencia de 49.7 pesos.

La administración estatal también adquirió 2 millones 77 mil 506 suéteres y playeras, con la firma Bec Manufacturas S.A. de C.V., con un costo de 274 millones 126 mil 916 pesos, y un precio unitario de 160.31 y 103.59 pesos, en cada caso.

En el gobierno pasado, el costo por cada prenda fue también de 100 pesos, por lo que hay una diferencia de 60.31 pesos.

El secretario indicó que también fueron adquiridos 705 mil 418 zapatos por un importe total de 130 millones 516 mil 438 pesos, que implican un costo de 125.59 pesos por cada par.

El año pasado el precio fue de 171 pesos, es decir, 45.4 pesos más que este año.

El costo total de las prendas en 2020 asciende a 560 millones 274 mil 281 pesos, mientras que en 2019 fue de 400 millones 361 mil 565 pesos. La diferencia es de 159 millones 912 mil 716 pesos que se traducen en un 40 por ciento.

La distribución de los paquetes escolares ya inició esta semana en las coordinaciones regionales para que a su vez estas los repartan a los alumnos.

e-consulta
Héctor Llorame
Patricia Méndez
Puebla, México
Martes 20 de octubre 2020.


El Gobierno de la Ciudad, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, da por concluido, de manera virtual, el Festival de Activación Física Musicalizada, el cual sirvió para promover la práctica regular de activación física y así combatir la obesidad y el sedentarismo.

La alcaldesa destacó que, el fomento deportivo es una prioridad para su administración, ya que la actividad física repercute directamente en la salud de las y los ciudadanos, un elemento de suma importancia con la llegada del COVID-19.

Así, Rivera Vivanco invitó a todas y todos los poblanos a mantenerse sanos, “Sigamos reactivándonos de manera frecuente para llenarnos de fuerza fisca, de salud mental y emocional”.

De la mano de los instructores Andrés Fernando Zapata, de Colombia, quien agradeció la oportunidad de compartir experiencias a la distancia, así como fomentar la activación física de las y los poblanos; y María de la Salud Gamiño Mendoza, del Instituto Municipal del Deporte, más de 200 personas se conectaron a las transmisiones de este Festival de Activación Física Musicalizada en el perfil de Facebook del Instituto Municipal del Deporte.

De igual forma, se realizaron hasta 517 inscripciones al programa de actividades presentadas del 27 de agosto al 23 de septiembre, conformado por cinco sesiones en línea. Aparte de las actividades prácticas musicalizadas, se llevaron a cabo talleres de Prevención y

Lesiones, Nutrición, Psicología Deportiva y una plática vivencial con Oscar Eduardo Toro, profesional en deporte y actividad física con especialización en dirección y gerencia deportiva de la escuela Nacional del deporte Cali, Colombia.

“Seguimos generando estrategias para activarse y preparándonos para nuestras actividades presenciales”, precisó Yolatl Dianey Cuanal Cerezo, directora del Instituto Municipal del Deporte.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Miércoles 23 de septiembre de 2020.


Pobladores nahuas de la comunidad de Coxólico, municipio de Ajalpan, denunciaron que la noche del 15 de agosto, unos 400 policías estatales y ministeriales irrumpieron sin órdenes de cateo en unas 50 casas de esa localidad donde robaron y dañaron sus pertenencias, les apuntaron con armas de fuego, los agredieron y hasta trataron de violar a una mujer.

Los testimonios refieren que estos hechos se registraron entre la noche del sábado 15 de agosto y la madrugada del domingo 16, cuando los ministeriales, apoyados por la policía estatal, llegaron a esa localidad enclavada en la Sierra Negra poblana para buscar al alcalde de Ajalpan, Ignacio Salvador, quien se encuentra prófugo por existir una orden de aprehensión en su contra.

Los lugareños demandan la intervención de las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos ante los abusos cometidos por los policías en estos operativos, que generaron que, a la fecha, esta comunidad viva en un clima de terror e incertidumbre.

Primero, la tarde del sábado, unos 30 policías llegaron a Coxólico para realizar un cateo en el rancho del edil Ignacio Salvador, pero, de acuerdo con los testimonios, de ahí se trasladaron a las instalaciones de la Presidencia Auxiliar, donde igual los ministeriales ingresaron a las oficinas, causaron destrozos y se llevaron cosas.

Ante esta situación, narró una de las vecinas, un grupo de pobladores se concentró frente a la presidencia y confrontaron a los policías para que presentaran documentación que justificara el operativo en las oficinas, a la vez que les reclamaron por los excesos.

Luego de que los ánimos entre los pobladores se caldearon pues quitaron armas a los policías y amenazaban con retenerlos, los agentes pidieron refuerzos, mismos que llegaron unas horas después.

Según los testimonios de los lugareños, dados a conocer a través de videos, al poblado indígena -donde la mayoría de los habitantes hablan sólo náhuatl- alrededor de las ocho de la noche llegaron unos 400 policías que durante unas cinco horas se dedicaron a ingresar a casas aparentemente para buscar al edil prófugo.

En las incursiones, denunciaron, los policías estatales y ministeriales apuntaron con armas de fuego en contra de los pobladores, incluidos niños y ancianos muchos de los cuales ya estaban dormidos a esa hora. Se robaron mercancía de negocios, saquearon víveres, cerveza, dinero, documentos oficiales como actas de nacimiento, herramientas y dañaron propiedades.

“Vinieron a robar, no vinieron a investigar como autoridades, vinieron a robar aquí, pero nosotros qué culpa tenemos, nosotros trabajamos para comer”, reclamó uno de los pobladores afectados quien señaló que los policías se llevaron las placas de su carro y además dañaron la cajuela al intentar abrirla con una barreta.

De una de las casas, se llevaron un carro Dodge Attitude 2019 y de una más sustrajeron 16 garrafas de combustible y aditivos para automóviles como si fuera huachicol, pese a que la propietaria tenía los tickets que comprobaban que fueron adquiridos de manera legal.

Abusos en Ajalpan

Una mujer, entre llanto, contó que su hijo de nombre Reynaldo Téllez de Jesús fue sometido a golpes porque junto con su hermano salieron a reclamar que los policías ingresaran a su casa. Téllez fue detenido esa noche y liberado días después.

Otra de las habitantes de esa localidad, ubicada en una de las zonas más pobres de Puebla, relató que los policías irrumpieron en su pequeña tienda de la cual subsiste, se llevaron mercancía y dinero, maltrataron a su hijo discapacitado y a ella trataron de violarla.

“Nos levantaron dos policías, se me acercaron, querían abrazarme, querían violarme, no me dejé, saqué a mis hijos y nos escapamos”, narró la mujer en dialecto náhuatl.

Desde ese día, algunos de los pobladores se fueron a refugiar con familiares a otras localidades, pero muchos más durmieron en la sierra las noches siguientes ante el temor de que los policías regresaran.

Ese mismo sábado, se llevaron a cabo otros supuestos operativos de supuesta búsqueda del edil a quien el gobernador ha acusado públicamente de estar vinculado con la delincuencia organizada.

Otro de los operativos se realizó en la localidad de Alcomunga, también en el municipio de Ajalpan, donde catearon la casa del edil auxiliar, Álvaro Hernández.

De acuerdo a testimonios de los pobladores, los policías subieron a la batea de una camioneta al presidente auxiliar, a su esposa y a sus tres hijos y se los llevaron por un camino vecinal, donde los bajaron en la madrugada para que regresaran a su casa caminando.

En su rueda de prensa, el 17 de agosto, el gobernador Barbosa Huerta aseguró que ese día se ejecutaron cuatro cateos para hacer efectivas órdenes de aprehensión contra el alcalde Ignacio Salvador y dos de sus hijos y que en las revisiones se encontró droga y diversos objetos que fueron asegurados, junto con seis detenidos.

“Si hubo un despliegue fuerte porque sin duda que puede haber hechos lamentables y no queríamos que ocurrieran, pero no ocurrió nada, como se dijo en redes y como dicen ustedes en “versiones periodísticas”, expresó.

Es persecución, dice hija de alcalde de Ajalpan

Ángela Salvador, hija del edil Ignacio Salvador, denunció que este operativo en Coxólico, fue simultaneo a otros dos que llevó a cabo la policía ministerial en dos negocios de su familia en Tehuacán y que derivaron en la detención de su hermana, Nayeli Rosalba Salvador, de 23 años de edad y de otras cinco personas, de las cuales cuatro ya fueron liberadas.


Los cateos fueron efectuados en la terminal de los camiones Tetla, que prestan servicio en las localidades de la Sierra Negra poblana y en el Hotel San Ignacio, donde según las autoridades se encontró droga.

Salvador afirmó que los estupefacientes fueron sembrados por la policía y prueba de ello, sostuvo, es que los ministeriales se llevaron algunas de las 18 cámaras de videovigilancia y las tarjetas de memoria de los equipos de videovigilancia que no pudieron arrancar, las cuales se encontraban en los alrededores del lugar.

Dijo que los cateos fueron ilegales pues además de que no se les presentaron órdenes judiciales y los policías ingresaron de manera violenta a las instalaciones, no permitieron a ningún familiar o a trabajadores de las empresas acompañar las revisiones donde supuestamente encontraron la droga.

En el caso de la detención de su hermana, Ángela Salvador indica que la joven de 23 años de edad, quien trabajaba en la administración del hotel, aparte de la supuesta posesión del estupefaciente, es acusada de haber atacado a los policías con un arma blanca, lo cual, afirmó, “está fuera de toda lógica”.

La joven acusó que Nayeli estuvo incomunicada durante tres días y que, cuando su familia la pudo ver, se percataron que tenía golpes y que le arrancaron una parte de cabello, pues los policías la jalonearon al momento de detenerla. El otro joven que aún está en prisión es un trabajador del hotel.

Las órdenes de aprehensión pendientes, además de la que fue girada contra su padre, incluye a dos de sus hermanos, uno de ellos de 21 años de edad, estudiante de administración de empresas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Salvador dijo que es evidente la persecución política que ha emprendido el gobernador en contra de su familia, pero agregó que está afectando a muchas otras personas como a los pobladores de Coxólico y a los trabajadores de las empresas relacionadas con su padre.

La clausura de los autobuses Tetla, que son propiedad de su padre y de otros cuatro socios, dijo que además ha afectado a los habitantes de decenas de localidades de la Sierra Negra, pues es el único medio de transporte que presta servicio en esa región.

Por tres días posteriores a los cateos, dijo que esas comunidades se quedaron sin transporte y en los siguientes se han puesto en operación algunos camiones que no quedaron atrapados en el interior de la terminal, pero los choferes y los usuarios han estado temerosos de que en cualquier momento se ejecute otro operativo.

En el caso de los cateaos realizados en Tehuacán, indicó que en uno de ellos fueron detenidos también dos encargados de la terminal de autobuses, aparte del poblador de Coxólico que junto con su hermano salió a reclamar la incursión violenta de la policía en su casa.

Ángela narra que se colocaron sellos de clausura en la terminal cuando en el interior había mercancías de los usuarios, aparte agrega que “desaparecieron” efectivo para eran para el pago de proveedores y nómina.

La joven dijo que es urgente que la CNDH, la CEDH y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas abra una investigación en torno a este caso y escuche los testimonios de decenas de pobladores que han sido afectados por este abuso policíaco y por la persecución emprendida por el gobierno de Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 8 septiembre 2020.


Funcionarios emanados del tricolor acusaron que los edificios de la CNC y la CNOP estaban deteriorados


El desalojo de la CNC y la CNOP de sus oficinas se fraguó desde 2019 por el priísta y ex subsecretario de Gobierno, José Luis Márquez Martínez, quien antes de llegar al gobierno de Puebla era dirigente de la CNOP.

También colaboró el exdirector de Bienes Muebles e Inmuebles, Gerardo Mejía Ramírez, diputado local del PRI de 2011 a 2014.

Los dos colaboradores del exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, desde finales del gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido practicaron diagnósticos estructurales a los dos edificios que ocupaban las organizaciones priístas, con el argumento de que se encontraban deteriorados.

El edificio que usaba la Confederación Nacional Campesina (CNC) se ubica en la calle 2 sur 1107 y el de la Organización Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la 9 Oriente número 14, ambos en el Centro Histórico de la ciudad.

Los dos fueron desalojados por el gobierno estatal el viernes con el argumento de que pertenecen al estado, pero las organizaciones y líderes priístas acusaron persecución con miras a la elección de 2021.

Hicieron revisiones

En el oficio SFA-DBMI-2008/2019, fechado el 29 de julio de 2019, consta que Mejía Ramírez solicitó a Márquez Martínez ordenar una revisión y un dictamen estructural de los dos inmuebles.

En el documento se afirma que los sitios son propiedad del gobierno del estado, así que en una visita se hizo una “revisión ocular” y se constató que los sitios estaban en mal estado y con deterioro.

Se consideró que se requería la intervención de la Unidad de Protección Civil (PC) para elaborar un dictamen y así tomar “las medidas necesarias en caso de existir algún riesgo”.

En el oficio SGG/SG/01476/2019 sellado el 1 de agosto de 2019, el primer día de Miguel Barbosa Huerta en la gubernatura, Márquez Martínez ordenó la revisión afirmando que era instrucción de Manzanilla Prieto.

El documento dirigido a César Orlando Flores Sánchez, coordinador general de Protección Civil, citó el mismo argumento de la revisión ocular y ordenó inspeccionar el lugar, así como realizar un dictamen.

“Solicitando que personal adscrito a protección civil del Gobierno del Estado de Puebla lleve a cabo una visita a los inmuebles mencionados y se realice un dictamen estructural en caso de existir riesgo”, enfatiza el escrito.

Márquez Martínez dejó la subsecretaría de Gobierno el 23 de noviembre de 2019 tras ser denunciado por presuntos casos de extorsión. Antes de llegar al cargo en febrero de ese año, por invitación de Pacheco Pulido, era dirigente estatal de la CNOP.

Mejía Ramírez se fue de la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles de la Secretaría de Administración a principios de septiembre del año pasado y lo relevaron con Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, exdirector de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Echan a la CNC y la CNOP

La madrugada del viernes el gobierno de Barbosa Huerta desalojó por la fuerza a la CNC y la CNOP de los edificios que ocupaban, con el argumento de que pertenecen al estado, aunque las agrupaciones priístas afirmaron contar con las escrituras que comprueban la legítima propiedad.

El mandatario de Morena defendió que los operativos solo consistieron en la recuperación de edificios públicos y anticipó que tomará más inmuebles del estado que también son utilizados por agrupaciones políticas, pero no adelantó nombres.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Domingo 30 de agosto de 2020.

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