La oposición al Tren Maya está plagada de organizaciones que por dinero se disfrazan de ambientalistas y defensoras de derechos humanos, dijo este viernes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina desde la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Ahí, el Presidente informó que le ha llegado información de que organizaciones no gubernamentales que se oponen a la construcción del Tren Maya reciben financiamiento desde el extranjero para obstaculizar la obra, y reciben en conjunto más de 13 millones de dólares.

“Hace unos meses me llegó información de que asociaciones de la sociedad civil reciben recursos del extranjero para oponerse a la realización del Tren Maya. Se disfrazan por dinero de ambientalistas y defensores de derechos humanos, pero al final es una lucha de poder en lo económico y político”, resaltó el titular del Poder Ejecutivo.

Mientras AMLO mencionaba eso, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presentó una lista de las fundaciones que destinan recursos a las organizaciones que se oponen al Tren Maya, entre las que se encuentran W.K Kellog, Ford, Climate Works, NED y Rockefeller.

En tanto que los destinatarios del financiamiento son el sitio web de noticias Animal Político, y las organizaciones no gubernamentales México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Indignación, DPLF, CCMS, CEMDA, CRIPX y DIMO.

Los tres primeros están vinculados al empresario Claudio X. González, a quien se le ha mencionado en varias ocasiones como el principal mecenas de Animal Político a través de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI).

“Esto es transparentar todo; obviamente van a ejercer su derecho de réplica. Todas estas organizaciones han interpuesto recursos legales, amparos contra el Tren Maya“, dijo el presidente López Obrador.

De acuerdo con los datos presentados por la Presidencia de la República, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) ha recibido 7 millones 725 mil dólares; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) ha obtenido 2 millones 404 mil 789 dólares; Cemda, 1 millón 100 mil dólares; Animal Político 703 mil 751 dólares; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, 620 mil 570 dólares; el Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil (CRIPX), 565 mil 377 dólares; Diálogo y Movimiento (Dimo), 420 mil 580 dólares; MMCCI, 245 mil dólares, y México Evalúa ha recibido 85 mil dólares, de esas fundaciones extranjeras.

Al respecto, Jesús Ramírez, informó que la información la obtuvieron mediante una investigación que realizó el Gobierno Federal en conjunto con una organización privada, de la que no mención su nombre.

Uno de los datos relevantes que encontraron, es que los recursos que entregaron las fundaciones extranjeras, estaban etiquetados a “investigaciones” sobre el Sureste mexicano, en clara referencia al proyecto del Tren Maya.

De las seis organizaciones que son financiadas, al menos dos obtuvieron una suspensión definitiva de los tramos 1 y 7 del Tren Maya a través de juicios de amparo.

El CRIPX, que dirige Alfredo López Días para la defensa de los recursos naturales en Campeche, logró desde marzo de este año frenar los trabajos de la megaobras en el Tramo 7, en Calakmul.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. también obtuvo una suspensión definitiva el pasado 22 de junio pasado contra el Tramo 1 de la obra, situado en Palenque.  Su principal donante es la Fundación Kellogg.

También se encuentra CEMDA, que dirige María Eugenia De la Fuente.  Se identifica como organización nacional en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, y señala que el proyecto del Tren Maya viola derechos humanos de las comunidades.

El director de Animal Político, Daniel Moreno, expresó en su cuenta de Twitter que el único objetivo que tienen es servir a los lectores.

“Quienes hacemos Pájaro Político exigimos se aclare esta información, que daña el trabajo periodístico que hacemos desde hace diez años, con el único objetivo de servir a los lectores”,

“Lo que no quieren es periodismo”, añadió en otro mensaje.

Polemón publicó hace unos días que el Consejo Mexicano de Negocios, el grupo empresarial que se opuso a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, contrató en 2020 los servicios del portal Animal Político.

El propio sitio web que encabeza Daniel Moreno hizo el anuncio en diciembre de 2019 mediante una columna editorial publicada en su sección de Plumaje.

Según la columna, llegaron a un acuerdo comercial con el Consejo Mexicano de Negocios, al que ya le han brindado anteriormente servicios informativos, para realizar una consultoría sobre los principales temas de la agenda nacional “que le sean útiles para las reuniones periódicas de sus órganos de dirección y le den elementos para sus propios análisis de la coyuntura nacional”.

Y se agrega:

“También se incluye la cobertura, producción, publicación y difusión de ‘contenidos patrocinados’ de los eventos públicos que realicen, que serán publicados en la sección comercial de Animal Político y se identificarán como tal”, detalla la publicación.

Polemón
Ciudad de México
Domingo 30 de agosto de 2020.


Una serie de testimonios contenidos en diversas investigaciones judiciales muestra la forma en que el crimen organizado ha logrado acaparar el control de los puntos de acceso al territorio mexicano

En las últimas dos décadas las autoridades mexicanas han buscado frenar el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales que entran por vía marítima, aérea o terrestre, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. Los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos que llegan ocultos en contenedores y que son custodiados por empleados sobornados o amenazados. Algunos agentes han autorizado el ingreso de armas y dinero en efectivo escondido en compartimentos de vehículos que no son revisados en las aduanas de los puntos fronterizos, según diversos expedientes judiciales que se han seguido en contra de miembros del crimen organizado. Aunque en la mayoría de los casos prevalece la impunidad, los detalles contenidos en las investigaciones permiten asomarse a los métodos corruptos o intimidatorios con los que el crimen ha erosionado la endeble seguridad en puertos y aduanas.

Los esfuerzos para acabar con la corrupción en los puertos y aduanas —como la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de delegar en mandos militares su control y vigilancia— no son nuevos. Con Vicente Fox (2000-2006) se trazó un plan para atender los rezagos en infraestructura aduanera y hacerle frente al contrabando de bienes y al tráfico de personas en la frontera sur. En el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se anunció un plan de modernización de las aduanas que buscaba abatir el contrabando, disminuir la evasión y erradicar la corrupción. En 2009 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de que 1.100 inspectores fiscales y revisores aduanales serían reemplazados por 1.500 oficiales de comercio exterior reclutados tras un estricto proceso de selección. Los nuevos agentes estarían a cargo del despacho de pasajeros y mercancías y de inspecciones fiscales, mientras que los policías fiscales removidos serían investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ahora, López Obrador ha decidido nombrar almirantes en las administraciones portuarias integrales (API) que estaban comandadas por civiles y que dependen de la SCT. “Vamos a actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país”, anunció el pasado 17 de julio desde Manzanillo, en Colima. En el mismo evento, Horacio Duarte, informó de que en la Administración General de Aduanas que él dirige (dependiente del SAT) hay funcionarios que renunciaron o fueron removidos y están sujetos a investigación por posibles actos ilícitos.

En los expedientes consultados para este reportaje hay casos de agentes que han sido amenazados para ceder ante las peticiones de los criminales y otros que simplemente se han dejado atrapar por un soborno mensual. En una averiguación previa seguida en contra de un hombre que fungía como “contador” de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas y del que se omitió su identidad en la versión pública del documento entregado a este diario debido a que aún no cuenta con una sentencia definitiva, éste contó que en la “nómina de la organización”, además de policías, taxistas, militares y ministerios públicos también había personal de la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas. “Todos ellos son los que reciben pago de nómina de los Zetas, y es a cambio de ayuda o protección, cantidad que debe ser pagada de mano a mano por los auxiliares o los comandantes de plaza y el dinero se lo proporciona ya en sobres el contador de cada plaza”, se lee en un expediente de 2012 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna (Coahuila).

A mediados de noviembre de 2016 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Colima se recibió una llamada anónima que alertaba de un cargamento con “mercancía ilegal” que llegaría en un contenedor procedente de Shanghai. La misma denuncia anónima llegó a la Marina y se emprendió un operativo. La PGR envió a policías de investigación que en coordinación con la Marina acudieron a revisar los cargamentos. Tras una inspección a varios contenedores, en uno de ellos encontraron 35 recipientes metálicos con fenilacetato de etilo que habían viajado en un buque desde China. Las autoridades detuvieron a dos personas que laboraban en la descarga de mercancías, pero posteriormente fueron liberadas por falta de pruebas, según los amparos consultados para este reportaje ante el Poder Judicial. La indagatoria sigue en trámite en espera de que se presenten más pruebas para poder llevar el caso ante un juez.

En México operan 49 aduanas que están bajo el control del SAT. El objetivo de estos puntos es vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías y pasajeros del territorio nacional. La mayoría de ellas se concentran en la frontera norte, ya que gran parte de las actividades comerciales de México se realizan con Estados Unidos, pero también hay puntos de inspección en los aeropuertos y puertos marítimos. Entre 2012 y 2019, el SAT presentó 119 denuncias penales en contra de servidores públicos adscritos a las aduanas, pero solo 25 expedientes han llegado ante un juez. Una de las investigaciones iniciadas en este Gobierno es contra un trabajador de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, que alteró un pedimento aduanal. En el documento el agente dijo que el chofer de una camioneta que provenía de Estados Unidos e intentaba ingresar a México llevaba material eléctrico en cajas de cartón cuando en realidad transportaba 1.400 cargadores para fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo. Las autoridades fiscales pusieron una denuncia contra el empleado porque creen que pudo haber actuado en complicidad con el transportista.

Uno de los principales problemas de seguridad nacional es el tráfico de armamento: cada año ingresan al país de manera ilegal alrededor de 200.000 armas que provienen principalmente de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos por donde ha cruzado este arsenal es la aduana de Nogales, en el fronterizo estado de Sonora. En una indagatoria iniciada en 2018, después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima en contra de dos personas acusadas de introducir armas y paquetes de dólares al país, se detalla que los investigados —Rosario Espinoza y Carlos Alberto Contreras— hacían viajes a Phoenix (Arizona), donde les entregaban la “mercancía”. Luego la transportaban a México escondida en el interior de los asientos y en un doble fondo en la parte trasera de una camioneta. Al llegar al punto de inspección, si en la revisión aleatoria el semáforo marcaba rojo, el encargado del cruce los dejaba pasar. “Trabajaban con apoyo de una persona del sexo masculino, alias el JL, quien ejercía control en Nogales y facilitaba el ingreso porque tenía sus contactos en la aduana”, se lee en el expediente.

Los puertos porosos

En el país hay 117 puertos que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los más importantes y donde más problemas se han presentado son los de Altamira (Tamaulipas), Manzanillo (Colima), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Veracruz (Veracruz), disputados por cárteles como Los Zetas, Caballeros Templarios, Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estos también se han vuelto una coladera. En noviembre de 2011, la Marina y miembros de la Fiscalía revisaron un contenedor en Lázaro Cárdenas, Michoacán que contenía cerca de 1.000 escopetas y armas cortas que procedían de una empresa en Turquía. Las autoridades iniciaron una investigación que no llegó muy lejos: la supuesta compañía que amparaba el envío jamás pudo ser localizada y la documentación presentada era falsa, según el expediente penal.

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó arrebatar el puerto de Lázaro Cárdenas al cartel de los Caballeros Templarios, que controlaba una serie de actividades ilegales. En noviembre de 2013 la Marina tomó el control del puerto para evitar que los criminales introdujeran toneladas de cocaína y precursores químicos con los que fabrican drogas sintéticas. “Lázaro Cárdenas constituye un factor fundamental para el comercio exterior de nuestro país. Es el puerto más importante en cuanto a volumen de carga general”, dijo el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez. También se anunció un incremento de personal del SAT en la aduana y un cambio en la administración portuaria. El entonces vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, dio a conocer que, a solicitud de la SCT, la Secretaría de Marina había comisionado personal de alto rango para ocupar los cargos de administrador del puerto. “Con el propósito de prevenir acciones de colusión todas las dependencias federales involucradas relevarán de manera cíclica a la totalidad de los servidores públicos comisionados a este puerto”, explicó.

En una serie de operativos que emprendieron las autoridades durante 2013 y 2014 se detuvo a decenas de personas. En una de las indagatorias que se inició en contra de presuntos miembros de los Templarios, uno de ellos contó que había personas encargadas de recibir la mercancía que les enviaban de China. En su relato, que quedó asentado en un expediente archivado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del segundo circuito, explicó que gran parte de la cocaína la recibían de países de Sudamérica, mientras que los precursores con los que elaboraban metanfetaminas les llegaban ocultos desde países asiáticos. No solo recibían cargamentos de droga, también recibían bultos de ropa, perfumes y otros artículos que luego comercializaban.

El combate a la corrupción que se ha enquistado en las aduanas es una tarea complicada que va más allá de colocar mandos marinos en los puertos y militares en las aduanas terrestres como lo ha instruido el presidente López Obrador, considera Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que no solo basta con contar con personas honestas en esos cargos, sino que se necesitan perfiles adecuados y capacitados en materia fiscal y aduanal. “El personal de la Dirección General de Aduanas de Hacienda es gente profesional que tiene mucho entrenamiento. La secretaría de Marina puede nombrar un almirante en activo o retirado en la aduana, pero necesita personal entrenado, y los marinos no tienen entrenamiento para saber de asuntos de Hacienda… Son militares, no son licenciados en administración de empresas o en aduanas”, señala.

Esta nueva asignatura encomendada a las Fuerzas Armadas se suma a una lista de labores tan diversas como complejas que les han sido asignadas en este Gobierno y que han despertado una serie de críticas. Los militares no sólo siguen participando activamente en las tareas de seguridad, sino que ahora están a cargo del combate a la venta de combustible ilegal (huachicol), la remodelación de hospitales abandonados en el sexenio anterior y la distribución de fertilizantes, así como de la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, dos tramos del tren maya y de las sucursales del banco del bienestar, entre otras tareas.

Para Manaut, el verdadero motivo detrás de esta decisión del Gobierno federal puede ser que hayan decidido darle la pelea en los puertos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene un gran control en Manzanillo, Colima, el punto por donde llegan toneladas de precursores químicos para el fentanilo, la droga con la que el CJNG ha invadido Estados Unidos. “Es mucha casualidad que ese movimiento en la Secretaría de Comunicaciones (SCT) haya sido después del viaje del presidente a Estados Unidos. Me da la impresión de que es un requerimiento de Estados Unidos a México para que se controlen estas aduanas y se pare el tráfico de fentanilo en Manzanillo. No tengo elementos para probarlo, pero esa puede ser una hipótesis”, menciona el académico. El puerto de Manzanillo actualmente está dominado por el CJNG, pero en el pasado fue disputado por el cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios. A raíz de que la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera, el Mencho, comenzó su expansión en 2013 y se consolidó como la más poderosa del sexenio de Peña Nieto, sus miembros se lograron hacer del control del puerto, según informes de las autoridades federales.

El supuesto golpe más duro del gobierno de Peña contra una red de contrabando de textiles que operaba en las aduanas se anunció en 2014. La Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT detectaron que 22 agentes aduanales ayudaron a una red internacional de contrabandistas —conformada por más de 200 personas y empresas— para que importaran mercancías del sector textil y las vendieran por debajo de su valor. Su objetivo era simular un negocio empresarial para transferir recursos al extranjero y evadir el pago de impuestos de las ganancias obtenidas por la venta de productos en México. Las autoridades iniciaron una investigación y aseguraron cuentas bancarias de 85 involucrados, sin embargo, muchos de ellos lograron ganar batallas en tribunales para que les descongelen sus fondos, de acuerdo a diversos expedientes de amparos consultados.

El 30 de abril del año pasado, el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le ordenó al ministerio público que definiera el curso que seguiría la indagatoria, ya que habían pasado más de cuatro años desde que inició y hasta esa fecha no había logrado justificar la necesidad de que las cuentas de los involucrados —entre ellos NVA México y Contapia Maquilados— continuaran congeladas porque no había avances en la indagatoria. Pese a que el ministerio público se resistió a acatar el fallo del juez, finalmente envió un oficio al Poder Judicial donde informaba que el pasado 5 de junio consultó el no ejercicio de la acción penal, es decir, la emisión de un dictamen para cerrar la indagatoria. Con ello, la investigación más importante por lavado de dinero que siguió el Gobierno de Peña Nieto relacionada con las aduanas, simplemente terminó archivada.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Martes 11 de agosto de 2020.


La organización precisó que preocupa que la actual administración mantenga las malas prácticas que gobiernos anteriores

El Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, presenta incoherencias entre el presupuesto asignado para publicidad oficial y el dinero gastado con este fin, según lo expresado por la ONG Artículo 19, algo que genera temor a que se estén repitiendo malas prácticas de gobiernos anteriores.

De acuerdo a las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social (Comsoc) publicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2019 se presupuestaron cinco mil 212 millones de pesos (unos 231,7 millones de dólares) para publicidad oficial.

Pero el Gobierno federal gastó durante ese mismo año un total de tres mil 245 millones de pesos (unos 144.3 millones de dólares), dejando de ejercer cerca de dos mil millones de pesos (unos 89 millones de dólares), informó Artículo 19 en un comunicado.

Aunque podría ser positivo que el gasto haya sido menor de lo establecido en un principio y alrededor de una tercera parte del ejercido durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), "preocupa que se mantengan las malas prácticas al momento de ejercer este gasto".

"Persisten los vicios y malas prácticas como la concentración y discrecionalidad en la asignación presupuestaria y la desigualdad en la distribución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la abrogación de la Ley General de Comunicación Social para acabar con vacíos y malas prácticas que históricamente han contribuido a vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información", expresaron.

Esta acusación viene de que cinco de los 564 medios de comunicación que cuentan con presupuesto público acumulan el 40 por ciento de los recursos.

Asimismo, de las 117 instituciones del Gobierno federal que destinaron gasto para publicidad oficial en el 2019, tres de ellas concentraron el 67 por ciento.

"(Esto) significa que las viejas prácticas continúan repitiéndose, La concentración del gasto es una práctica constante en los últimos gobiernos", añadió la organización.

Artículo 19 consideró que, de nuevo, se han originado y fortalecido brechas entre los diversos medios de comunicación y también se ha visto una falta de planeación que puede derivar en ineficiencia.

Más del 90 por ciento del gasto se encuentra concentrado en los dos últimos meses de 2019.

"ARTICLE 19 y FUNDAR recuerdan que precisamente en un contexto de alta conflictividad social como lo es el que estamos viviendo en este momento, (...) es precisamente el momento en el que la información se vuelve un elemento esencial para garantizar certidumbre, evitar el caos y promover el desarrollo", sentenciaron.

Por ello opinaron que el Gobierno debe tomar medidas para garantizar a la población estar bien informada e instaron a las instituciones a abrogar a actual Ley General de Comunicación Social y trabajar en generar a una nueva discusión para la creación de una ley que regule los vacíos y malas prácticas.

EFE
Ciudad de México
Jueves 2 de julio de 2020.


"Hoy en la mañana se entregó un reporte de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó su libertad y se tienen las pruebas", afirmó el Presidente durante su mañanera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo", presunto responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, "hubo dinero de por medio".

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que se hizo una investigación del caso de la liberación "y hoy en la mañana se entregó un reporte de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó su libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio".

Pese a que "El Mochomo", integrante de Guerreros Unidos, es señalado de ordenar el homicidio de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no está detenido por el caso Iguala.

Ayer una juez federal en el Estado de México ordenó liberar a "El Mochomo" por deficiencias en las pruebas presentadas por el Ministerio Público; sin embargo, no alcanzó a salir del penal de El Altiplano porque la Fiscalía General de la República lo detuvo por una nueva acusación en su contra.

Vuelven a detener a "El Mochomo"

La detención de Casarrubias Salgado ocurrió la semana pasada en el municipio de Metepec, Estado de México, en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida el 21 de octubre de 2014 por el delito de delincuencia organizada y derivó de una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).

Sin embargo, fuentes federales precisaron que la orden de aprehensión de 2014 no incluye ninguna acusación por la desaparición de los normalistas, sino por delincuencia organizada como parte de los Guerreros Unidos.

Antes de que la FGR detuviera por segunda vez a "El Mochomo", López Obrador llamó a los jueces a no usar las deficiencias en las investigaciones como "pretexto" para liberar a los delincuentes.

Aseguró que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado y felicitó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, por la petición de 46 órdenes de aprehensión, que no han sido emitidas, contra funcionarios de Guerrero implicados en la desaparición de los normalistas.

Por liberar al “Mochomo”, pagaron millones, confirma FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, a través de un comunicado,  que “diversos individuos cercanos” a José Ángel “N”, alías el “Mochomo”, pagaron millones de pesos para lograr su liberación.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la FGR, tiene autorizadas, por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel C ”, refirió el comunicado de la FGR.

La dependencia federal lamentó que en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México se decretará auto de libertad negándole valor a pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014.

“En dicho juzgado le decretaron auto de libertad negándole valor a pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014, y que eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejando de revisar 21 pruebas aportadas entonces, razón por la cual la FGR apeló de inmediato”, sentenció la FGR.

La FGR también informó que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha iniciado una investigación por los hechos de corrupción señalados, y la FGR estará atenta a recibir cualquier denuncia al respecto.

Además, explicó que de acuerdo con la nueva investigación del caso Ayotzinapa, se habrá de “solicitar una nueva orden de aprehensión contra esa persona en este asunto, por hechos distintos a la acusación anterior”.

La polémica en torno al “Mochomo”

El pasado miércoles 24 de junio la Policía Federal Ministerial (PFM), de la FGR, detuvo a Angel “C”, alías el “Mochomo”, en el municipio de Metepec, Estado de México, donde se había ubicado después de vivir, por varios años, oculto en distintas zonas serranas del país, explicó la FGR en un comunicado.

Tras la liberación del “Mochomo”, clave en el caso Ayotzinapa en el que 43 normalistas fueron desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estuvo ligada a un acto de corrupción.

"Puedo decirles que la libertad del presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, tuvo que ver con un acto de corrupción, del juzgado, en donde se le otorgó la libertad”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

UNO TV
El Universal
Ciudad de México
Jueves 2 de julio de 2020.


La Fiscalía anuncia que inicia las gestiones para que el director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto vuelva al país "en un plazo inmediato"

Emilio Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ha aceptado ser extraditado a México. Alejando Gertz, el fiscal general, ha informado este martes de que el exfuncionario público presentó este lunes ante la Audiencia Nacional de España la solicitud para ser entregado a las autoridades mexicanas y ofreció “su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”. Lozoya, un hombre muy cercano al exmandatario del PRI, fue detenido en Málaga en febrero después de haber sido acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude por la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno mexicano ha comenzado las gestiones para que Lozoya vuelva a México “en un plazo inmediato”. “Esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo, desde España hasta México, en una aeronave de bandera mexicana”, ha anunciado el fiscal general sin dar a conocer detalles sobre el vuelo. Lozoya estuvo prófugo ocho meses. Las autoridades mexicanas e internacionales lo buscaron en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia. Finalmente lograron ubicarlo en una lujosa mansión propiedad de un magnate ruso dentro en una exclusiva zona residencial del sur de España. El nombre del empresario ruso que dio cobijo a uno de los hombres más buscados de México no ha sido revelado.

El fiscal Gertz ha reaparecido después de cuatro meses fuera de los reflectores. En un mensaje grabado en vídeo dejó caer una bomba noticiosa que vuelve a poner sobre la pista las investigaciones de corrupción del entorno cercano a Peña Nieto. El fiscal ha explicado que en enero de 2017 la entonces Procuraduría General, aún durante el Gobierno del PRI, puso en marcha pesquisas sobre presuntos delitos cometidos por la constructora brasileña Odebrecht en México. La intención era investigar el supuesto pago de millonarios sobornos con los que la empresa se benefició con contratos, un modus operandi utilizado en varios países de América. La investigación se dejó morir durante dos años sobre los escritorios de la Administración priista. “Tuvimos que retomar este caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables”, ha dicho Gertz esta mañana en su primer mensaje público desde el 12 de febrero.

La investigación de la Fiscalía llevó al congelamiento y “aseguramiento” de los bienes de Emilio Lozoya vinculados con un presunto delito de lavado de dinero. Esto incluyó algunas cuentas de su madre, Gilda Austin. En mayo y junio de 2019 llegaron las primeras órdenes de aprehensión. El expediente en contra del exfuncionario siguió abultándose. La petrolera estatal, Pemex, acudió ante la justicia a denunciar la multimillonaria compra de una planta de fertilizantes en estado de chatarra realizada durante la gestión de Lozoya. Alonso Ancira, el empresario mexicano al frente de Altos Hornos de México, conocido como el rey del acero, fue el beneficiado por esta transacción. Ancira también espera la extradición desde España, donde fue detenido en mayo de 2019.

Después del anuncio de la Fiscalía, la defensa de Lozoya ha hecho pública su decisión, tomada hace un mes, de abandonar el caso del ex directivo de Pemex. “Debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas es que decidimos apartarnos de la defensa”, señala un comunicado firmado por el letrado mexicano Javier Coello. El exjuez Baltasar Garzón se sumó en marzo a la defensa de Lozoya en España, pero no se ha pronunciado tras el anuncio de la Fiscalía mexicana.

Desde hace varios meses, las autoridades mexicanas habían ofrecido a Lozoya el criterio de oportunidad. Esta figura, contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, plantea para los imputados la posibilidad de cooperar con la justicia para dar información sobre los superiores jerárquicos en hechos de corrupción. “La verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos [en el caso de Lozoya]: Luis Videgaray [exsecretario de Hacienda] y Enrique Peña Nieto”, aseguró recientemente a este periódico Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, una pieza clave en la investigación en contra de Lozoya. El retorno del exdirector de Pemex a México abre de nuevo la puerta a una investigación de corrupción de alto calibre.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Martes 30 de junio de 2020.


El mandatario Miguel Barbosa fue notificado del recorte y afirma que será un fuerte impacto a las finanzas públicas a nivel federal, estatal y municipal.

El gobernador recordó que la Secretaría de Finanzas en el estado sólo sirve de un puente.

El recorte presupuestal que tendrá Puebla como resultado del impacto económico por la pandemia será de 4 mil millones de pesos, lo cual ya fue notificado por la Federación, confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“Ellos (la Federación) ya tienen el recurso asignado, y la Secretaría de Finanzas en el estado sólo sirve de un puente, y no hemos recibido recursos para hacer acciones en contra del Covid-19,” explicó.

Indicó que el impacto a las finanzas públicas de la Federación, del estado y de los municipios va a ser muy fuerte.

“No tenemos venta petrolera o baja; no tenemos remesas, es una fuente de ingresos, la más importante que tiene nuestra nación; y tres, no tenemos recaudación,” reveló el mandatario.

Dijo que ese recorte de 4 mil millones de pesos lo aplica la Federación al estado y a los municipios: “el estado no tiene un cuarto de dinero; como alguien puede imaginarlo, no tiene cuentas”.

El titular del Ejecutivo estatal precisó que Puebla tiene ingresos a través de las prerrogativas que le envía la Federación, con su recaudación, con sus derechos y aprovechamientos.

Para 2020 se previeron recursos federales por 85 mil 208 millones de pesos, de los que a las participaciones federales corresponden 39 mil 780 millones de pesos; por las aportaciones, 36 mil 723 millones; y por convenios, 8 mil 705 millones, según con la Ley de Ingresos de Puebla 2020.

Los 85 mil 208 millones de pesos equivalen al 90 por ciento de los 95 mil 16 millones que se estimaron como recursos totales.

En mayo de 2020, el mandatario anunciaba que al término de la contingencia sanitaria arrancarían los cinco megaproyectos que marcarán su administración y que permitirán el desarrollo económico del estado.

En ese entonces, refirió que el Aeropuerto Hermanos Serdán, los Barrios Originarios, el proyecto Cola de Lagarto, el impulso de Ciudad Modelo y las inversiones comprometidas como parte de la Agencia Estatal de Energía, serían las acciones a enfocarse.

El Popular
Abel Cuapa
Puebla, México
Viernes 26 de junio de 2020.


El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se creó un sistema de recaudación paralelo con el que se cometió un millonario fraude por parte de factureras que comenzaron a operar hace 10 años.

"Vamos a informar a todos los mexicanos sobre este gran fraude que se cometió a la Nación durante varios años, yo creo que desde hace 10 años empezaron a operar empresas factureras, de repente surgieron así, empresas factureras para falsificar facturas, para expedir facturas apócrifas y, mediante mecanismos de lavado de recursos, terminaban los contribuyentes por no pagar completos los impuestos, a veces no pagaban nada, se creó como una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo, así como hablan de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal", expuso.

López Obrador explicó que este sistema ofrecía sus servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas y a ciudadanos.

"Se cometió un gran fraude, nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo y vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la Nación, cómo operaba, quiénes eran los responsables y cuánta gente fue víctima también de estas facturas falsas", aseguró.

"La mayoría de manera, vamos a decir, inocente, se metía a esta mecánica y terminaba evadiendo el pago de las contribuciones".

El Mandatario dijo que se informará de un primer paquete de 50 mil millones de pesos, por el que se presentarán denuncias penales contra los responsables, y a los contribuyentes afectados se les dará la oportunidad de regularizarse.

"¿Hay funcionarios involucrados?", se le preguntó en su conferencia de prensa mañanera.

"Hay de todo", dijo, "pero para no caer en lo espectacular vamos a mantener el sigilo, por dignidad, los nombres de las personas. Se les va a notificar, eso sí, y se les va a convocar a que se regularice, pero no se van a dar al conocer los nombres".

Reforma
Claudia Guerrero
Isabella González
Ciudad de México
Lunes 22 de junio de 2020.


Al reconocer que es referenciado como “alguien que se ha separado de la estrategia federal”, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aprovechó la rueda de prensa de este martes para aclarar que no traicionará al presidente Andrés Manuel López Obrador y que se mantendrá “leal” al tabasqueño “hasta el último suspiro”.

Regreso Gradual

A partir de que ha insistido en su postura de que no hay condiciones en Puebla para reactivar la industria automotriz y de la construcción, medios de comunicación nacionales, “cuestionadores de los políticos de la 4T”, dijo, le ofrecieron micrófonos para exponer su postura.

 “Pero no acepté ninguna (entrevista) porque yo no voy a ser parte de una estrategia mediática por la cual sea yo utilizado para ponerme en contradicción con quien yo admiro enormemente, quien es mi líder de movimiento y que se llama Andrés Manuel López Obrador”.

Indicó que su decreto en el que deja asentado que, contrario al lineamiento nacional, en Puebla no hay condiciones para que el 1 de junio retornen a la producción las armadoras de carros y las empresas constructoras, está inspirado en los principios de la “cuarta transformación” y en cercanía con el pueblo.

“Yo estoy seguro que, si Andrés Manuel López Obrador hubiera sido gobernador de Tabasco en este momento, hubiera actuado como lo estamos haciendo en Puebla, defendiendo a los tabasqueños, como yo lo estoy haciendo, defendiendo a los poblanos”, afirmó.

Prosiguió: “Alguien por ahí sacó que yo estoy preparando la traición contra López Obrador, no, de ninguna manera, podrá el licenciado López Obrador enojarse conmigo y nunca más hablarme en mi vida y yo seré leal con él, hasta el último suspiro. Leal a sus principios porque yo sigo su ruta, él es un hombre de principios y yo quiero ser un hombre de principios como él”.

Agradecido con la pregunta que le permitió explayarse y asegurar que es un político formado “al lado” del presidente López Obrador, el gobernador poblano también se refirió a la polémica generada por la Ley Estatal de Educación, sobre lo cual sostuvo que “aguanta vara” y que no le tiemblan las piernas.

“Yo sitúo perfectamente que estoy actuando con honestidad, como un hombre de a de veras, no como un payaso. En el tema de la Ley de Educación aguanto vara, no me tiemblan las piernas, una de ellas porque es de titanio y la otra nunca me ha temblado”.

De acuerdo con Barbosa, las actuaciones de su gobierno, como lo es dicha ley, son con visión de una “sociedad de izquierda”, que es la postura por la que los poblanos votaron por su candidatura.

“No es un conjunto de conceptos ideológicos, es una forma de vida, es vivir con principios donde estemos orientados por la honestidad, por la transparencia, por la cercanía a la sociedad, por el combate a la corrupción. En Puebla encontré todo retorcido y lo estamos re enderezando.

“Todos los días me escriben cosas, pero esas columnas se mueren en el momento porque no presentan ninguna prueba, ni la presentarán, me dan risa, conmigo no va a haber de eso”, remató el gobernador.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 26 de mayo de 2020.


El cargamento incluye además tres millones de mascarillas quirúrgicas, adquiridos por el INSABI para complementar los esfuerzos para frenar al COVID-19


La noche de este viernes arribó a México el décimo segundo cargamento aéreo procedente de Shanghai, China, con más insumos y equipo médico para enfrentar la pandemia de COVID-19, que está en la etapa más crítica en el país.

Un avión de una aerolínea comercial trasladó 80 ventiladores para terapia intensiva y tres millones de mascarillas quirúrgicas, adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para complementar los esfuerzos para frenar al nuevo coronavirus, que ha dejado más de seis mil muertes.

México recibirá 288 ventiladores y 300 mil pruebas PCR: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón informó que mañana sábado llega otro vuelo del puente aéreo que se estableció con China.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 22 de mayo de 2020.


Sentenció que no hay condiciones para “negociar” la reapertura de las plantas automotrices en el estado

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que a través de un decreto no se permitirá que la industria automotriz reinicie actividades el próximo primero de junio, debido a que no hay condiciones para que ello ocurra ante el alto número de contagios de Covid-19 en Puebla.

El mandatario refirió que será entre este jueves o viernes cuando el documento sea publicado, por lo que entrará en vigor una vez que esto ocurra.

En su conferencia de prensa de este jueves sentenció que no hay condiciones para “negociar” la reapertura de las plantas automotrices en el estado, pues remarcó que su reactivación implica retomar prácticamente la movilidad y ello generaría más contagios.

“… vamos a ver si cuando emita yo mi decreto, lo respetan, espero que sí, vamos a ver, ese decreto puede ser emitido hoy mismo, a más tardar mañana, para que ya de manera directa sepan la posición del gobierno, qué más claridad quieren después de lo que he dicho… no hay mejor sordo que el que no quiere oír, yo lo he repetido de manera muy clara, pero ellos quieren un decreto, habrá decreto…”, puntualizó.

Sindicato respetará decreto de Barbosa sobre VW: dirigente

El secretario general del Sindicato Independiente de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), José Juan Hernández López, aseguró que serán respetuosos de la postura del gobierno estatal respecto a que la industria automotriz no reanude actividades el 1 de junio, como lo autorizó la federación.

"Nosotros tenemos que ser respetuosos tanto del gobierno federal como estatal y del Consejo de Salubridad General, esa es nuestra postura porque tenemos que cuidar la salud de nuestros representados, si ahorita Puebla es de los estados que tiene el pico más alto de los contagios", señaló en entrevista con e-consulta.

El líder sindical señaló que si se posterga nuevamente el reinicio de la actividad industrial debido a que Puebla se encuentra entre los estados con más contagios de Covid-19, tendrán que negociar con la empresa el porcentaje del salario, que actualmente es de 65.7 por ciento semanal.

"Creo que es lo más acertado, mantener la calma y sobre todo garantizar la seguridad de las y los compañeros. Tenemos que sentarnos a dialogar y acordar cómo sería el acuerdo, si es que sale el decreto. Entonces tendríamos que acordar el porcentaje que recibirán los compañeros", dijo.

Sector autopartes se reactiva o pierde clientes: Coparmex

Ante la postura del gobierno del estado por retrasar el reinicio de actividades del sector automotriz, el presidente del Centro Empresarial Puebla (CEP-Coparmex), Fernando Treviño Núñez, advirtió que de no retomar actividades el 1 de junio, las proveedoras de autopartes de Puebla podrían perder sus contratos, principalmente en Estados Unidos.

En conferencia virtual el presidente de la Coparmex mencionó que si el gobierno estatal decide que no hay condiciones para que las plantas automotrices retomen sus actividades el 1 de junio, se corre el riesgo de perder la cadena de proveeduría, ya que muchas empresas ya empezaron a laborar desde el pasado 18 de mayo.

"Ya hay varias armadoras operando en otros estados desde el día 18 (de mayo) que ya empezaron a hacer varios trabajos. Digamos que si no se puede cumplir con el tema de proveeduría, se corre el riesgo de perder la misma; si las empresas en Estados Unidos se dan cuenta que nosotros no podemos, buscarán otros proveedores", advirtió.

Agregó que las armadoras ubicadas en estado deben adoptar un retorno gradual, responsable, cauto y brindando toda la seguridad al personal y consideró que las empresas, al ser alemanas, traerán medidas de protección probadas internacionalmente.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Jueves 21 de mayo de 2020.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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