En los Estados, los fármacos y otros insumos médicos se compran a precios completamente diferenciados, y en algunos casos inflados hasta 15 veces, denunció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario aseguró que con las compras consolidadas implementadas en 2019, el Gobierno logró quitar más de 5 mil puntos donde se hacían negociaciones a "oscuras".

"Iban grupos de trabajo de la industria a negociar, a presionar a los gobernadores, a secretarios de salud, a legisladores", afirmó.

López-Gatell sostuvo que actualmente las compras centralizadas están acompañadas por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda para garantizar la transparencia en los precios y compras de fármacos e insumos médicos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya nadie podrá hacer contratos (para comprar fármacos y otros insumos médicos) con precios exagerados.

"No se sabía, era en lo oscurito y se hacían los enjuagues", dijo.

Reforma
Natalia Vitela
y Claudia Guerrero
Ciudad de México
Martes 21 de enero de 2020.


Un reportaje de Flavia Morales


Capítulo 1. Falta de controles arrebata la ayuda social

Capítulo 2. El petróleo les gana a los dueños de las tierras

El estado recibió más de 9 mil millones de pesos, equivalentes a 450 millones de dólares, en fondos sociales para comunidades petroleras entre 2014 y 2018. Los recursos han sido manejados discrecionalmente o desviados y no han servido para paliar la pobreza que es de las más altas en México. Mientras tanto, la reforma energética implementada por el ex presidente Enrique Peña Nieto mantiene en incertidumbre las comunidades que empiezan a defender sus territorios.

Falta de controles arrebata la ayuda social

Los recursos para los veracruzanos que sufren afectaciones sociales y ambientales por la explotación de petróleo han sido manejados discrecionalmente. A los desvíos de fondos y las obras fantasmas, se suman violaciones de las normas creadas con la reforma energética para mejorar las condiciones de vida en las comunidades petroleras.

Era 2014 cuando el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Energética en el Palacio Nacional. Entonces prometió que México contaría con más recursos, que habría más empleos y que los estados que producen petróleo, aceite y gas fortalecerían sus ingresos.

A las familias del campo les dijo que la reforma les daría otro horizonte. “Les ofrecerá una nueva y sustantiva fuente de ingresos en los casos donde se produzcan energéticos en sus tierras, recibiendo una contraprestación justa, equitativa, y transparente”, dijo en su discurso.

Veracruz era pieza clave en el proceso, que implicaba la apertura del negocio de hidrocarburos a la inversión privada. En el estado se producen 88 mil barriles diarios de petróleo que no han servido para que deje de ser uno de los cinco más pobres de México.

Lo que siguió después para cumplir la promesa de hacer justa la repartición de recursos fue la creación en 2015 del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos.

A esa acción se sumaron una serie de modificaciones en las reglas de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la distribución de donativos y donaciones y para la ejecución de programas en las comunidades petroleras. Fue un intento de controlar los desembolsos con mayor rigor y de asegurar su efecto social.

Los resultados distan de lo planteado en los decretos firmados. Veracruz ha recibido en los últimos 6 años más de 9.000 millones de pesos, aproximadamente 450 millones de dólares, en fondos petroleros. Un total de 60 por ciento provinieron del FEFMPH y de donativos de Pemex, que sumaron 5.956 millones de pesos, alrededor de 297 millones de dólares.

Las cifras millonarias, sin embargo, no han servido para cumplir la misión principal: mitigar la afectación por la extracción de hidrocarburo, atender el rezago social y generar desarrollo en las comunidades petroleras que siguen siendo las de más alta marginación en Veracruz.

Esta investigación, realizada por la Agencia Veracruzana de Noticias (AVC Noticias), en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, siguió la ruta del dinero del FEFMPH y de Pemex. Los datos recopilados confirman que parte importante del dinero se ha transferido sin mecanismos de control, lo que ha generado desvíos y el uso discrecional de los fondos.

Para documentar la ruta del dinero, se recorrieron comunidades en las tres cuencas petroleras de Veracruz, se analizaron las bases de datos de recursos públicos, licitaciones, contratos de obras, auditorías, las bases estadísticas petroleras y se realizaron 26 solicitudes de información al gobierno estatal y federal sobre el uso de estos dos fondos.

Entre 2015 y 2016, cuando Javier Duarte, ex gobernador del estado hoy en preso por corrupción, controló los recursos, más de 1.000 millones de pesos quedaron sin que se comprobara su destino. En esta investigación además se encontraron obras abandonadas, con sobrecostos y fallas de construcción graves que suman más de 42 millones de pesos.

Con el nuevo gobierno panista de Miguel Ángel Yunes, las irregularidades continuaron con el uso discrecional de recursos con fines políticos- electorales en municipios donde ni siquiera hay extracción petrolera, lo que violentó la normatividad federal precisamente destinada para favorecer a comunidades petroleras.

El dinero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP) del estado, que concentró el 90 por ciento de los recursos en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Las irregularidades se repiten a nivel federal, en el Consejo de Administración de Pemex se decidió distribuir más de 1.800 millones de pesos en donativos y donaciones de dinero en efectivo sin mecanismos de fiscalización. Parte de estos recursos han sido desviados o manipulados por el gobierno estatal y municipal.

Además, la petrolera ha utilizado esquemas como el Programa de Apoyo a las Comunidades y Medio Ambiente (Pacma), cuyos fondos se originan del impuesto cobrado a empresas extranjeras y nacionales, para pagar obras y proyectos que están subutilizados, con fallas de operación y con graves acusaciones de corrupción.

Veracruz reparte a discreción fondo petrolero

Sub agente municipal de Reforma Escolín, en Papantla, Veracruz. Tiene 18 años solicitando un sistema de agua para las comunidades de la sierra.

Las comunidades indígenas de la sierra norte de Veracruz son un ejemplo de las fallas sistemáticas en la aplicación de estos fondos.

Hace 68 años, los pozos petroleros invadieron el territorio de cuatro de sus comunidades. Entre las parcelas de naranja y maíz de Escolín, Nueva Reforma, Ojital y Rancho Nuevo, se estableció el campo Escolín con más de 200 pozos, pero el boom no fue suficiente para cumplir la principal demanda de los habitantes: tener agua potable.

Pastora García, subagente municipal, recuerda que los manantiales se secaron cuando Pemex hizo exploraciones con detonaciones de dinamita en varias parcelas en busca de más petróleo.

Hace casi una década, unos 3.000 habitantes integraron un comité para conseguir el sistema de agua. Desde entonces han ido y venido con decenas de planos y proyectos, han conseguido permisos y comprado terrenos para la instalación de tanques que no llegan.

García recuerda que la única temporada cuando tuvieron agua fue gracias a una conexión clandestina que hicieron con los tubos que Pemex utiliza para enviar líquido hacia los pozos. Cuando estos fueron taponeados, el acceso al agua también se acabó.

El sistema que aliviaría a las comunidades tiene un costo de 18 millones de pesos. Si se construyera, las familias dejarían de pagar pipas para abastecerse que van desde los 150 pesos a los 300 pesos.

García y otros de sus compañeros fueron el año pasado al ayuntamiento de Papantla y allí les dieron la respuesta de siempre: no hay dinero, el proyecto fue rechazado y les pidieron un nuevo estudio de factibilidad, que deberá ser pagado con dinero de los habitantes de las comunidades.

García dice que a veces quisiera regresar el tiempo, cuando en su pueblo todo era bonito. “Había arroyos, peces, camarones, teníamos de dónde tomar agua y comer, pero las redes que tendió Pemex por las parcelas acabaron con todo”.

En 2011, indignados por la falta de respuestas, los pobladores bloquearon por dos días la vialidad principal en reclamo del sistema de agua y también de mejoras en los caminos, pero no obtuvieron ni lo uno ni lo otro, sino demandas judiciales federales de Pemex.

A la comunidad de Reforma Escolín los pozos petroleros llegaron hace 68 años, pero eso no bastó para tener agua potable

Pastora vivió escondida dos semanas para evitar ir a la cárcel. Al final tuvo que pagar una fianza de 41 mil pesos y durante dos años ir a firmar al penal cada domingo.

“No tengo miedo, porque exigimos algo justo, pero me da coraje porque estamos como coladera de Pemex, por tantos pozos, y para el agua tenemos que comprar, llenar cubetas, tinas, y seguimos aquí, nos han engañado tantas veces y nos dicen una y otra vez que no hay dinero para el agua”, se queja.

Su historia se repite en otras comunidades petroleras en Veracruz donde los beneficios de la reforma energética y los recursos que Pemex destina para paliar daños, no llegan a quienes necesitan asistencia o se utilizan discrecionalmente.

La comunidad de García forma parte de la cuenca petrolera Tampico-Misantla, la de mayor reserva de crudo del país. La zona fue asignada en agosto del 2014, a Pemex en la ronda cero para extracción de gas y aceite por 20 años como parte del campo Poza Rica dentro del proceso de reforma energética adelantado por Peña Nieto.

Esto, en teoría, colocó a su comunidad automáticamente entre las que pueden beneficiarse del FEFMPP destinado precisamente para asumir los pasivos sociales causados por la explotación petrolera y que han creado rezago.

Pero mientras a Pastora y al comité del que forma parte les niegan recursos para su pequeña obra, el gobierno de Veracruz ha invertido más de 1.300 millones de pesos en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima, según se estableció en la presente investigación.

Fallas en el uso del millonario recurso fueron detectadas en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando advirtió que la falta de vigilancia y control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) resultaba en un incumplimiento de las reglas de operación, pues el dinero se usaba a conveniencia del mandatario en turno.

El FEFMPH es alimentado por el impuesto que deben pagar las empresas públicas y privadas que realizan actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con base en la extensión de las áreas contractuales y de asignación en áreas marítimas y terrestres.

Las reglas de operación obligan a los estados a transferir al menos el 20 por ciento de sus recursos a los municipios. El dinero puede dirigirse a tipos de obras que están descritas en las normas. Se pueden construir sistemas para almacenar y distribuir agua potable o para tratar las residuales; para rehabilitar ríos, arroyos y riachuelos; para para disponer de residuos sólidos; para proteger áreas naturales; para mejorar la iluminación pública y la protección civil; para reconstruir estructuras afectadas por desastres naturales o para mejorar la vialidad y la movilidad de las comunidades.

En Veracruz, sin embargo, 98 por ciento del fondo se ha invertido en más de 900 obras de pavimentación o de ampliación y reconstrucción de caminos. Apenas 28 obras han sido de equipamiento urbano, 26 de agua y saneamiento, 6 de preservación y protección ecológica y 1 de electrificación.

Las obras de pavimentación que han concentrado el uso de los fondos se han entregado a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Un grupo selecto de empresarios pertenecientes a la cúpula de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción han sido beneficiados con contratos directos por más de 800 millones de pesos, equivalentes a 40 millones de dólares.

Las principales fallas en la aplicación del fondo en 2016 persistieron en los siguientes años. De acuerdo con el análisis de las obras reportadas en la plataforma transparencia presupuestaría, 40 por ciento de los 3. 400 millones de pesos invertidos han sido distribuidos a seis municipios que están lejos de tener una vocación petrolera. Es un monto de aproximadamente 170 millones de dólares, que generaría alivio en otros lugares donde la industria ha provocado estragos.

El FEFMPH además no contempla mecanismos de participación para las poblaciones que habitan zonas impactadas, lo que genera inequidades. Así fue establecido en una investigación del Centro de Investigación y Análisis (Fundar), que se publicó en el anuario 2017 “Las actividades extractivas en México. Minería e Hidrocarburos hacia el fin de sexenio”.

Veracruz es el estado con mayor superficie destinada a la extracción de hidrocarburo con 47.300 kilómetros y hay serias dudas del porqué municipios sin áreas de asignación o contratación, reciben recursos de este fondo, lo cual constituye una irregularidad a los lineamientos de la legislación y la normatividad.

“Además resulta llamativo que estados o municipios donde la superficie afectada por asignaciones es menor reciban mayores montos que los que tienen superficie más comprometida”, señala Carla Flores, integrante de Carto Crítica, quien colaboró en la edición del anuario.

La investigadora coincide en que el escaso control de la aplicación del fondo deja la puerta abierta para que los gobiernos usen el dinero de manera discrecional o, incluso, para que se desvíe a otros fines o a bolsillos a los que no debería llegar.

Veracruz es claro ejemplo de esto. Mientras los bastiones electorales del PAN, partido del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla, y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todos destinado a pavimentación.

El bulevar de Veracruz fue rehabilitado con una inversión de 7.5 millones de dólares, el dinero fue del Fondo de entidades productoras, aun cuando aquí no hay asignaciones petroleras.

Las obras se repartieron entre panistas y constructores favoritos

Apenas el sol da tregua en el Puerto de Veracruz y la tarde cae, los juegos recién instalados en el bulevar se llenan de paseantes que se refrescan con la brisa del mar.

La obra fue inaugurada en el último día de gobierno de Miguel Ángel Yunes como una de sus contribuciones más importantes, pues aseguró es uno de los bulevares más bellos y moderno del país. La inversión es millonaria: 149 millones de pesos para rehabilitar 10 kilómetros de paseo. Junto a la obra, se construirán tres hoteles privados de cadenas internacionales, una plaza comercial y un conjunto habitacional de lujo.

La obra es realizada con recursos del FEFMPH. Según la auditoría a la cuenta pública 2017, construyó esta obra con sobre costos, y sin la supervisión técnica adecuada.

Los municipios panistas recibieron fondos petroleros por casi 25 millones de dólares aun cuando no tienen asignaciones petroleras importantes.
Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años junto a Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

El dinero de este fondo fue controlado en su mayoría por la SIOP, dirigida por Julen Rementería, ex alcalde de Veracruz, ex diputado, ex candidato y ahora senador por el PAN.

Con Rementería al mando, la SIOP se convirtió en la cuarta secretaría más poderosa en el gobierno de Yunes. De tener un presupuesto de 468 millones de pesos, recibió ampliaciones presupuestales por 1.935 millones de pesos, la mayoría procedente del FEFMPH.

El aumento del presupuesto le permitió lanzarse como candidato al senado por la alianza PAN-PRD con un lema de campaña que no fue elegido al azar: “Manos a la obra”.

Durante su encargo, gran parte de la obra del fondo fue asignada vía adjudicación directa o con invitación restringida a tres personas. Pero Rementería se defiende y asegura que los recursos se repartieron conforme a ley, sin favoritismos y que se asignaron las obras a los empresarios más competitivos.

El Fondo petrolero fue controlado por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo del ahora senador Julen Rementería del Puerto. Las obras se entregaron por adjudicación directa y un sector de empresarios concentró el 30 % del fondo.

Este modus operandi lo detectó la ASF en 2016 cuando revisó por primera vez el fondo. Entonces alertó que había proyectos que excedían los montos para adjudicarse de forma directa, había disparidad en las inversiones aprobadas y ejercidas, y existían falta de comprobación y proyectos que no cumplían con objetivo principal del fondo.

Las mismas prácticas continuaron en los años siguientes. Al revisar la lista de proyectos aprobados en Veracruz a través de transparencia presupuestaria, se comprobó que la SIOP otorgó al menos 250 obras vía adjudicación directa e invitaciones restringidas.

Apenas en octubre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), sancionó y ordenó una investigación contra funcionarios de SIOP, porque detectó que en la cuenta pública 2017, se habían adjudicado obras de forma directa sin justificación y excediendo los montos establecidos por ley. Además, se detectaron deficiencias en la construcción.

Un análisis de las licitaciones realizado para este trabajo reveló que 15 grupos constructores se repartieron 811 millones de pesos de obras, lo que equivalió al 30 por ciento del fondo petrolero en Veracruz, es decir más de 40 millones de dólares.

De este grupo, diez empresas constructoras pertenecen a empresarios que integran el primer círculo de poder de la CMIC. En conjunto, recibieron 311 millones de pesos en asignaciones, 90 por ciento de las cuales fueron por vía de adjudicación directa. Los otros 500 millones de pesos fueron repartidos bajo el mismo esquema de adjudicación directa entre otros cinco grupos constructores.

Adicionalmente las empresas de esta lista fueron privilegiadas con obras de otros fondos federales durante el gobierno de Duarte y Miguel Ángel Yunes.

Algunos empresarios recibieron entre cuatro y cinco contratos relacionados con el FEFMPH, a través de varias empresas donde son socios o apoderados legales. Un caso destaca: el de Ramón Montano Hernández, vicepresidente de Infraestructura y Obras Públicas de CMIC, quien recibió seis contratos vía adjudicación directa por 28.9 millones de pesos. Esto a pesar de que un año antes, el Organismo de Fiscalización del Estado, le había hecho señalamientos por la mala calidad en una de las obras, que tuvo que ser suspendida.

En 2017 una acusación anónima prendió los focos rojos al interior de la CMIC, cámara de construcción. Según ella, las grandes obras se quedaban entre los miembros del comité directivo. El entonces presidente, Pedro Medina Amador negó la acusación.

Esta reportera buscó la opinión del actual Presidente de la cámara de la construcción en Veracruz, sin embargo, al cierre de este trabajo no respondió la petición de entrevista.

Gobernador decidió obras de los fondos petroleros

En entrevista, el ex funcionario y ahora senador aseguró que no repartió las obras a modo, pero reconoció que el gobernador Miguel Ángel Yunes decidió cómo y dónde se repartían los fondos petroleros.

Entrevistado sobre los cuestionamientos de esta investigación, Rementería expresó lo siguiente: “No era vamos a repartir, si no era un juego de cartas, no hubo favoritos”

Rementería reconoce que concentrar el cuarto presupuesto más grande del gobierno le sirvió para impulsar su candidatura. “Todo suma”, admite, pero niega que existiera discrecionalidad a la hora de aplicar el fondo de entidades productoras de hidrocarburos.

Alega que para realizar la asignación de obra se consultó una lista de municipios y que si el lugar tiene un ducto o alguna instalación petrolera era susceptible de ser beneficiado. Sin embargo, las reglas de operación son estrictas y dicen lo contrario: el fondo solo se aplica a las áreas con asignaciones o contratos de exploración y explotación, lo cual se incumplió para Veracruz.

Rementería dice que ha sido tanta la mala fama del gobierno, que cuesta creer que las cosas se hagan bien. “No hay truco, simplemente es hacer el proyecto, validarlo técnicamente y ocúpate de tener el dinero y haz el contrato bien a una buena empresa, y la obra sale”.

Cuestionado sobre el criterio utilizado para destinar recursos por casi 500 millones de pesos a Veracruz y Boca del Río, contra Papantla con 51 millones de pesos, señaló que las reglas operación no establecen monto a otorgar, por lo que fue el propio gobernador Yunes quien decidió cuáles son las prioridades del estado y las obras a realizarse. Ver Diario Oficial de la Federación

También justifica que la mayor parte del fondo se dirigiera a pavimentación: afirma que esa es la principal solicitud de los alcaldes: “Es la demanda número uno, incluso por encima del agua potable o la electrificación”.

Hay un grupo de constructores que concentran las obras, se le cuestionó.

“Hay grupos de empresarios que se agruparon para hacer consorcios. Es una situación natural de la competencia, se puso el piso parejo para todos, ganaron los que eran más competitivos”, respondió.

Rementería también justifica que una gran parte de los contratos se realizaran por vía adjudicación directa, pues está permitido en Ley.

“Las cámaras me dijeron ´ ¿Cuántas obras nos va a dar?’. Respondí ni una, ve y participa, gánatela, no voy a impedir que participes, esa fue la política, y eso nos sirvió”, relata.

Rementería cuenta que cuando llegó a la secretaría en diciembre del 2016, lo recibieron con una buena noticia: había casi 100 millones de pesos disponibles para gastar como parte del remanente del FEFMPH, la única condición era gastarlo antes del 31 de diciembre.

La obra se repartió vía adjudicación directa, pero cuando se iba a ejercer, las malas noticias llegaron porque se enteraron que el gobierno de Javier Duarte solo había dejado el dinero en papel, la caja estaba vacía. Las obras se tuvieron que cancelar, y con recursos del 2017 se volvieron a licitar, lo que duplicó el costo de la infraestructura.

Desvíos, obras sin operar y con sobrecostos

Esto es parte del desorden administrativo que la propia ASF documentó en 2016, cuando alertó que de los 1.030 millones de pesos que le correspondían a Veracruz por los fondos de entidades productoras, el gobierno de Duarte solo comprobó la entrega del 10 por ciento, unos 103 millones de pesos. Lo demás desapareció y nadie atina a saber dónde está o en qué se utilizó.

Veracruz no entregó información de la comprobación de las transferencias y, por tal situación, se solicitó la intervención de las contralorías para investigar y determinar responsabilidades a los funcionarios implicados, sin embargo, a la fecha no hay reporte de las sanciones.

La auditoría cuestionó que en general el fondo se aplica con escasa supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunas obras el monto aprobado y el ejercido no tienen correspondencia y, en general, no se entregan reportes del gasto.

La falta de control ha derivado principalmente en que los proyectos incumplen el propósito de resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite.

Otro de los hallazgos fue que algunas obras se licitaron y adjudicaron por lo menos dos veces. Entre 2014 y 2016, el Orfis también documentó desvíos por 42 millones de pesos en el uso del fondo.

El patrón fue común: proyectos abandonados, sin terminar, bitácoras de obra inexistentes, entrega de anticipos a empresas sin factura de comprobación, deficiencias en los proyectos ejecutivos y sobrecostos en la construcción.

En la cuenta pública 2016 del ORFIS, se emitieron 34 observaciones al gasto del FEFMPH, la mayoría a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas por mala calidad en la obra, e irregularidades en los contratos. Ver documento

Los desvíos duplicaron el monto de las obras, que estaban presupuestadas para 2016, y tuvieron que volverse a etiquetar para el presupuesto 2017 y 2018.

Por ejemplo, en el municipio de Papantla se detectaron desvíos por 6.6 millones de pesos.

La auditoría observó un desvío de 1.9 millones de pesos que se dio como anticipo para la rehabilitación de pavimento de una avenida. Para justificar la obra se enviaron fotografías y documentación que avalaban un supuesto avance físico. Sin embargo, cuando los auditores realizaron las visitas de inspección, se encontraron con que ni siquiera estaba iniciada.

En un paquete de 17 obras revisadas, la auditoría reveló que no existen bitácoras, ni se presentaron proyectos de obra, por lo cual se generaron atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales.

En las visitas a las obras, los auditores revelaron irregularidades en Papantla, Tantoyuca, Chicontepec, Ayahualuco, Zongolica, Atzcan, Altotonga, San Juan Evangelista, San Andrés Tuxtla, Villa Azueta, Martínez de la Torre, Coatepec, Veracruz, Córdoba, Coscomatepec y Emiliano Zapata.

Los auditores también acusaron que la SIOP durante el gobierno de Duarte tenía deficiencias en el procedimiento de contratación. Las invitaciones se hicieron solo a un número reducido de empresarios, las adjudicaciones directas se realizaron sin dictámenes que justificaran y algunas empresas ni siquiera eran parte del padrón de proveedores del gobierno estatal, por lo que hubo irregularidades en su contratación.

Pemex, los recursos sin control

Cuando el alcalde de Castillo de Teayo – al norte de Veracruz-, Enrique Isidro Limas inauguró la construcción del sistema de agua potable en las localidades de Nuevo Naranjal y Teayo, hubo fiesta con cohetes y comida.

Era 2014 y la obra se realizaba con un donativo en efectivo de 7 millones de pesos de Pemex al municipio, donde se concentran 6 campos petroleros, algunos parte del ATG.

Pero la obra nunca funcionó correctamente porque el pozo de abastecimiento se colocó a escasos metros de donde escurren aguas residuales, lo que contaminó el tanque, que ahora es inservible.

El Orfis observó en la cuenta pública 2014, que la obra estaba concluida pero no operaba, porque además le faltaba un medidor, la validación de la Comisión Federal de Electricidad y las pruebas sanitarias según la normatividad.

No era la primera vez que ocurría algo así. En 2011 el entonces alcalde no comprobó el uso de 3 millones de pesos para apoyar la “Rehabilitación del Parque Central La Pirámide”.

Otro caso es el ayuntamiento de Papantla, que en 2014 recibió 2.5 millones de pesos en efectivo para la construcción del sistema de drenaje en la localidad de La Grandeza.

La promesa era que el sistema de agua podría abastecer a otras 13 comunidades indígenas de la región, sin embargo, las irregularidades en el proceso de construcción hicieron la obra inservible, que no soportó la presión y terminó por romperse.

En la cuenca petrolera del sureste la situación es la misma. El alcalde de Las Choapas, Renato Tronco, recibió en 2010, 4.6 millones de pesos en asfalto y combustible, que originalmente serían para reconstruir el mercado municipal Bicentenario Miguel Hidalgo y la carretera El Mulato-Ignacio Zaragoza, también conocida como “Tronconada”.

Pero el alcalde lo desvió para pavimentar el camino de la Cordobesa, para renovar el piso del salón de usos múltiples "El Titanic” y para el camino del Aserradero a Río Playas, donde tiene varias de sus propiedades.

Pemex interpuso una denuncia en contra del ayuntamiento y busca que le regrese el dinero. El litigió ya cumplió media década y ahora la nueva administración municipal pretende que el Congreso Local convierta este desvío en una deuda pública del ayuntamiento.

En Veracruz, Pemex ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto. Las auditorías han revelado que los recursos se reparten sin control.
Con el sistema de donaciones y donativos, Pemex busca conseguir la licencia social en comunidades y municipios impactados por la explotación y extracción.

El fin es contribuir con el mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en zonas petroleras, pero el objetivo dista mucho de cumplirse.

En Veracruz, la empresa ha repartido del 2013 al 2018, un total de 1.621 millones de pesos en recursos, de los cuales 113 millones de pesos han sido repartidos en efectivo, el resto en gasolina, diesel y asfalto.

Desde el consejo de administración general de Pemex, presidido por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, ahora acusado en el caso de corrupción de Odebrecht, se decidieron los recursos y los proyectos que serían favorecidos con estos recursos.

Sin embargo, el dinero ha sido utilizado por el gobierno estatal y los propios municipios sin un control por parte de la empresa petrolera.

En 2013, durante el gobierno de Duarte, Pemex entregó por ejemplo en 2013, recursos millonarios en efectivo para generalidades como apoyar la realización de proyectos de asistencia social, salud, protección civil, desarrollo agropecuario, desarrollo social e infraestructura social, pero sin comprobar las obras.

En 2016, el último año de gobierno de Javier Duarte, la ASF detectó que, de los 259 millones de pesos donados a Veracruz, la mitad 110.7 millones de pesos, no fueron aplicados correctamente. También se detectaron anomalías en la entrega de combustible.
Revisiones a los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 2010 y luego en 2016, revelaron que se carecen de los mecanismos para controlar el otorgamiento y la aplicación de los recursos.

Aroa Fuente, investigadora de Fundar quien ha seguido la pista de estas donaciones, revela que existen vacíos normativos. “Esto deja un amplio margen de discrecionalidad y dificulta el control de los mismos. De esta manera, estos lineamientos no presentan regulación sobre los plazos para la aplicación y comprobación de los donativos y donaciones otorgados, ni sobre la periodicidad y plazos de los reportes de aplicación de los mismos que deben entregar los beneficiarios”.

Además, alerta que Pemex no realiza un seguimiento de los acuerdos de autorización ni verifica la aplicación de los recursos y bienes para los fines otorgados.

“El hecho de que PEMEX no comprobara el uso final que los beneficiarios dieron a los recursos y bienes entregados impide que se conozca si los mismos fueron utilizados para los fines establecidos y si cumplieron con los correspondientes objetivos de desarrollo social para los que fueron entregados”, señala en el documento “Donativos y donaciones de Pemex: deficiencias e irregularidades”

Aunque los beneficiarios están obligados a entregar un reporte de la aplicación del dinero, estos no se realizan y pese a ello en algunas ocasiones Pemex sigue otorgando recursos.

La ASF observó en dos ocasiones que aun cuando tiene un manual de organización interna que vigila estos recursos, no está actualizado, por lo que es inexistente un marco normativo para cuidar la buena aplicación.

En 2013 el Consejo de Administración aprobó el Manual de Organización de la Gerencia de Desarrollo Social, pero este fue reconocido como legal hasta 2015, dos años después de acordado.

Para la auditoría 2016, la irregularidad existe pues apenas el 1 de marzo del 2017 se publicó el documento normativo para distribuir estos recursos.

Ejemplos de corrupción hay muchos: De los 259 millones de pesos, 12.9 millones de dólares, donados a Veracruz en 2016, que consistieron en gasolina, diesel y asfalto, se detectó un daño patrimonial de 110.7 millones de pesos, 5 millones de dólares, por la falta de comprobación en el uso y aplicación de los recursos. VER AUDITORÍA

También se detectó que los vehículos del gobierno eran de 80 litros, pero funcionarios reportaba el llenado de hasta 150 litros diarios.

La petrolera señaló que, ante la falta de comprobación de los recursos, era probable que el gobierno hubiera revendido el combustible o incluso lo desviara a otras actividades.

Por estas irregularidades y la falta de supervisión, la ASF ordenó a Pemex iniciar procedimientos administrativos en contra de los funcionarios omisos.

Para esta investigación se solicitó vía transparencia a Petróleos Mexicanos, la comprobación del uso de donativos y donaciones en Veracruz desde el 2013 a la fecha. También se le consultó si había irregularidades en sus gastos de parte de gobierno o municipios. La respuesta fue que tenía cero seguimiento al dinero y no sabía cómo y en qué se habían ejercido.

El argumento que utilizaron fue que cinco años después de entregados los recursos continuaban con la integración de la documentación, pues la normatividad había cambiado.

Pemex tampoco quiso informar si había denuncias penales o procesos administrativos sancionatorios en contra de funcionarios por la falta de comprobación en el uso de dinero en efectivo, combustible y asfalto.

La distribución de los donativos y donaciones también se realiza de forma discrecional en Veracruz, los recursos en efectivo y especie los concentra el Gobierno estatal y municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán donde hay escasos pozos petroleros, pero sí refinerías, han recibido recursos millonarios por más de 150 millones de pesos. Lo que contradice el objetivo de este apoyo, que es contribuir al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades localizadas en las zonas petroleras.

El PACMA, las migajas de PEMEX

Es la hora de la comida, y el comedor comunitario de Emiliano Zapata en Papantla, luce vacío y la razón es simple: el menú no le gusta a nadie. Huevo en polvo, carne enlatada, crema de zanahoria en bolsa, chilorio embotellado, son cosas que la gente en este lugar no está acostumbrada a comer.

“No vamos a comer eso, cuando en la parcela hay maíz y en los gallineros huevo fresco”, cuenta Felipe campesino del lugar.

La cuota de recuperación para la ración de comida es de 7 pesos, que sirven para la operación general del comedor, sin embargo, la gente de las comunidades petroleras integrada por campesinos, pescadores y ganaderos no acude a estos comedores.

Pemex lo inauguró como parte del Pacma y su alianza con la Secretaría de Desarrollo Social cuando el gobierno federal lanzó el programa Cruzada contra el Hambre.

Pero en la comunidad nunca preguntaron si eso era necesario.

La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el programa de comedores opera con el 90 por ciento de deficiencias, pues no se demostró abatir la carencia alimentaria en las comunidades de alta marginación.

En Veracruz se han invertido más de 190 millones de pesos en obras como casas de salud, escuelas, domos y comedores en comunidades petroleras. Los campesinos dicen que son migajas en comparación con lo que las petroleras extraen de sus tierras.
El Pacma es un programa que busca obtener, ampliar y consolidar la licencia social para operar a través de programas, obras y acciones, que impulsen el desarrollo sustentable en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas petroleras. Obliga al contratista a aportar un monto mínimo del 2 por ciento del contrato que tengan en las comunidades.

En Veracruz se han invertido 196 millones de pesos en obras de infraestructura financiada por 30 empresas nacionales y extranjeras, como Perfolat de México, Weatherford, Dowell Schlumberger, entre otras.

Bajo este programa, Pemex construyó en las comunidades petroleras, casa de salud, bachilleratos, secundarias y primarias, dotó de ambulancias, domos para escuelas y salones sociales, y apoyó la instalación de cientos de comedores comunitarios.

Pero algunas obras se realizaron sin preguntar a la gente si en realidad eran necesarias, ejemplo claro son los comedores comunitarios, cada uno fue construido con una inversión de 650 mil pesos, en total se invirtieron 42 millones de pesos en Veracruz.

Otro apoyo del Pacma fueron las casas de salud, pero la mayoría opera sin doctor ni medicamentos, por lo que la comunidad es quien tiene que pagar el servicio y mantenimiento del lugar.

Pero, además, los recursos que ejerce Pemex están bajo la lupa de esquemas graves de corrupción.

El programa ha sido objeto de señalamientos, el primero en 2013, cuando reportes periodísticos, indicaron que la Secretaría de la Función Pública había detectado diversas irregularidades en el ejercicio de recursos del fondo.

La dependencia guardó en secrecía el documento “Diagnóstico de los contratos de obra pública con contenido de Responsabilidad Social” que revelaba el desvío. En agosto de ese año, la entonces paraestatal emitió un comunicado en el que reconoció que hacían “falta soportes documentales vinculado a las obras, acciones y programas.”

Luego de esto, el programa fue relanzado en 2013, previo a la Reforma Energética, esta vez de la mano de la organización Transparencia Mexicana.

Pero en 2014, una investigación del periódico Reforma desató un nuevo escándalo: gestores ofrecían a gobiernos locales priístas negociar donativos a cambio de regresar el 20 por ciento para financiar campañas del PRI.

Sobre el tema, Bernardo Bosch Hernández, entonces titular de la Gerencia y Coordinador General del Pacma aseguró que el programa contaba con diversos candados a efecto de evitar este tipo de prácticas, ya que el programa realiza su gestión directamente con la empresa obligada.

Este reportaje fue realizado por Flavia Morales para AVC Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

AVC Noticias
Flavia Morales
Ciudad de México
Miércoles 13 de noviembre de 2019.


Ebrard informó que hasta el momento 20 personas que eran parte del Poder Ejecutivo y Legislativo en Bolivia ya recibieron asilo.


Notimex.- El Gobierno de México ofreció asilo al expresidente boliviano Evo Morales, e informó que hasta el momento 20 personas que eran parte del Poder Ejecutivo y Legislativo en Bolivia ya recibieron asilo.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró mediante su cuenta en Twitter que “México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofreceríamos asilo también a Evo Morales”.

Marcelo Ebrard C.

@m_ebrard
 México,de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a  20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofrceríamos asilo también a Evo Morales.

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17:35 - 10 nov. 2019
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Previamente el canciller mexicano había escrito que en Bolivia había una operación militar en curso, luego de que el ahora exmandatario Morales presentó su renuncia al cargo.

Marcelo Ebrard C.

@m_ebrard
 En Bolivia hay una operación militar en curso, la rechazamos,es similar a aquellos trágicos hechos que ensagrentaron nuestra América Latina el siglo pasado. México mantendrá su posición de respeto a la democracia y las instituciones. Golpe no.

9.839
16:46 - 10 nov. 2019
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Forbes
Ciudad de México
Domingo 10 de noviembre 2019.


El Gobierno mexicano presume de su estrategia contra el robo de combustible con cientos de soldados apostados encima de las tuberías de la petrolera


Este es el kilómetro 199 punto 800, dice el teniente Armenta. Se refiere al suelo que pisa, un campo sin cultivar, más seco que la piel de sus botas, un castigo hecho de tierra y hierba amarillenta. Aquí, cuenta, "había mucha incidencia de tomas clandestinas". Por eso estamos en este lugar, dice, para disuadir a los ladrones. Dos enormes camiones verde olivo recortan el cielo a su espalda. Son las mobil home, tráileres adaptados como viviendas, con sus camas, sus baños y sus cocinas. Un campamento del ejército sobre los ductos de Pemex. Ante la persistencia de los ladrones de combustible en esta zona del centro de México, los militares han decidido acampar encima. Por lo que cuentan, es la única forma de evitar el robo.

Vanguardia de la estrategia del Gobierno mexicano contra el huachicol, el Ejército ha llegado en tromba a los ductos. Si hace dos años fue Puebla, al sur de Ciudad de México, ahora es Guanajuato, varios cientos de kilómetros al norte. De enero a octubre del año pasado, Pemex detectó 1.547 tomas clandestinas solo en Guanajuato. A excepción de Puebla, con 1.815, en ningún otro estado ubicaron más que aquí.

Una miríada de militares custodian el "derecho de vía", la tierra que cubre las tuberías. El general Bernardo Ramírez, jefe del Ejército en Guanajuato, calcula que son 2.100. Como si jugaran al gato y al ratón, la soldadesca busca y busca, tratando de descubrir válvulas en el ducto, mangueras, depósitos. A la mínima que se descuidan, los ladrones contraatacan.

El teniente Juan Antonio Armenta, un hombre de unos 40 años, firme y robusto como el tronco de un fresno, camina unos metros hasta una de las esquinas del campo. Se detiene y señala de nuevo el suelo. Mira, dice, ahí había una toma. Pemex la clausuró hace poco, pero el teniente dice que justo allí, protegidos por la carretera y el río, los ladrones venían mucho. ¿Por qué ahí? "Porque nos costaba mucho llegar, había que dar mucha vuelta". Por la tierra, añade, que es arenosa, cuesta menos cavar. El ducto yace apenas a metro y medio de la superficie.

"A veces ellos traen sus excavadoras. Es admirable", dice Armenta, sin atisbo de ironía en la voz. "Sacan la tierra con la pala y luego la dejan como estaba". Y así, en cinco minutos, pueden sacar la tierra, colocar una válvula del tamaño de dos latas de refresco, conectarla a una manguera, enterrarlo todo y llevar la manguera a uno, dos, tres kilómetros, con salida a una bodega... Una perfecta instalación soterrada.

En sus conferencias de prensa matutinas, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señala casi cada día que el robo cae. La presencia del ejército sobre el ducto en estados como Guanajuato, Hidalgo o Puebla ha ahuyentado a los ladrones. Pero, ¿por cuánto tiempo? El Gobierno plantea que no hay otra solución y presume de los resultados. De hecho, el goteo de medios por Hidalgo y Guanajuato estos días es constante. Mientras el teniente Armenta explica las peculiaridades de la toma junto al campamento, un helicóptero black hawk del Ejército sobrevuela el campo con varios fotógrafos a bordo.

López Obrador ha apostado su prestigio al plan antihuachicol. En sus últimos mìtines repite que ya se ha acabado el huachicol de arriba, en referencia a la corrupción. Ahora, dice, zanja, amenaza, también se acaba el huachicol de abajo. Para lograrlo, el presidente ha puesto en marcha un gran censo en todo el país, punto de inicio de su programa de apoyos a estudiantes, jóvenes desempleados, personas dependientes y ancianos. Con apoyos y trabajo, nadie tendrá que robar combustible. Esa es su idea.

En Guanajuato, mientras tanto, los militares siguen peinando decenas de caminos rurales, buscando pistas de dónde pueden haber pinchado el ducto. En la mañana de este lunes, un pelotón de soldados y una cuadrilla de trabajadores de Pemex aguardaban la llegada del general Ramírez y sus invitados para clausurar una toma clandestina.

Distante no más de un kilómetro de la carretera, desde lejos se veía una excavadora y lo que parecía un agujero en el suelo. De cerca se apreciaba perfectamente el boquete en el piso, de dos metros de profundidad y otros dos de ancho. Al fondo, el ducto, que mediría dos palmos. Y sobre el ducto, como una cajita plateada. "Esa es la válvula", explicaba un operario de Pemex. "Es hermética". Para clausurarla, otros dos trabajadores colocaron una urna de metal sobre la válvula y la soldaron al tubo. Luego la pintaron con esmalte y colocaron una tela encima. Por último, la excavadora echó la tierra. Junto a la tumba de la válvula se veía perfectamente otra urna, esta tapada ya con tela, sucia de tierra. ¿Qué es eso? "Ah, es otra toma. La tapamos el otro día", contestó el operario de Pemex. Estaba a dos palmos de la otra.

"Tenemos un problema de falta de efectivos"

Sin hacer demasiado esfuerzo, el teniente Armenta calcula que lleva diez días acampado encima del ducto. Bajo su mando, otros dos pelotones custodian tramos aledaños. Y así los cientos de kilómetros de tuberías que yacen en el subsuelo de Guanajuato.

El momento más complicado de su estancia aquí, cuenta, fue hace una semana, cuando marinos de la Armada ubicaron una bodega en Villagrán con combustible robado. A tres o cuatro kilómetros de aquí. Trataron de confiscarlo, pero vecinos y ladrones armaron barricadas en las entradas y salidas del poblado, amenazando incluso con palos y piedras a los marinos. Armenta y sus hombres, unos 30, llegaron en sus camionetas para ayudarles, pero entonces acudieron más huachicoleros o vecinos o de los dos. Con más palos y más piedras. Y cortaron más carreteras con llantas, balas de paja y algunos vehículos. "La gente, por instrucciones de ellos, pues viene de manera muy agresiva. Es difícil para la idiosincrasia del mexicano que le digan una grosería y no responderla", dice Armenta.

El actuar de los soldados ha sido todo un tema estos días en México. Después de la muerte de 109 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, por la explosión de un ducto perforado, muchos señalaron la responsabilidad del Ejército. Los soldados llegaron horas antes de la explosión, pero en vez de sacar a la gente del ducto, se retiraron. En su defensa, el Gobierno dijo que poco podían hacer 25 soldados contra 600 personas con ganas de llevarse un galón de gasolina gratis a casa. Este lunes, el general Ramírez, jefe militar en la zona, se reía de las críticas. "Si yo saco a los soldaditos del ducto y los mando a Tlahuelilpan, me van a agujerear en otro lado. Ellos ya saben dónde estamos y a dónde vamos. Y nosotros tenemos un problema de falta de efectivos".

El País
Pablo Ferri
Guanajuato, México
Miércoles 6 de febrero de 2019.

 

El sector minero, que contribuye con 4 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional

El Gobierno mexicano tiene bajo revisión más de 5 mil concesiones mineras que podrían ser canceladas en caso de que se encuentren anomalías, dijo el miércoles el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga.

México ha otorgado hasta diciembre casi 26 mil títulos de concesión minera, según datos oficiales, sin embargo, activistas y ambientalistas aseguran que muchos de ellos violan los derechos de las comunidades donde se encuentran.

"Tenemos miles de trámites de cancelación pendientes, los estamos revisando para asegurarnos que se hicieron de manera correcta y que no se afectan los derechos de ninguna de las partes, más de 5 mil", dijo Quiroga a periodistas, durante un evento de la industria.

El sector minero, que contribuye con 4 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, fue castigado recientemente en el mercado de valores por el temor a que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador impulse cambios legislativos que puedan afectar sus operaciones.

Hoy, las mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores cerraron con pérdidas. Grupo México perdió 1.71 por ciento, a 45.37 pesos; Frisco, de Carlos Slim, cayó 1.40 por ciento, a 4.93 pesos; Autlán y Peñoles bajaron 0.70 y 0.66 por ciento, respectivamente.

El mes pesado, el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien encabeza el mayor sindicato minero del País, dijo a Reuters que impulsará una regulación más estricta para las nuevas concesiones en la industria, así como menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 06  de febrero 2019.


López Obrador pide a mexicanos dirigirse con honestidad y fortalecer valores para alcanzar una sociedad mejor


El gobierno de México arrancó ese domingo con un ambicioso programa de apoyos económicos a los adultos mayores del país, cuyo presupuesto para 2019 es de 100.000 millones de pesos (unos 524 millones de dólares).

     El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la presentación del programa en el municipio del Valle de Chalco, del central estado de México, donde entregó de mano propia, y acompañado por el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, algunas de las tarjetas que otorgará el gobierno a 2,5 millones de adultos mayores a partir de mañana.

     La meta, precisó el presidente, es llegar a finales de febrero entrante a 8, 5 millones de personas, una vez que se añada a los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

     Al hacer uso de la palabra, la viceministra de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que con este programa se beneficiará a los mayores de 65 años en zonas rurales y a los mayores de 68 años en todo el país.

     Todos los beneficiarios, indicó, recibirán 2.550 pesos mensuales (unos  133 dólares), el doble de lo que ya recibían quienes ya contaban con el apoyo.

     Otro de los programa de ayuda económica es para los discapacitados, el cual dará prioridad a niños indígenas y que fue dado a conocer el pasado viernes.

     Ambos programas arrancan esta misma semana en México y forman parte de las promesas de López Obrador al inicio de su mandato, el 1 de diciembre pasado y que se logran a partir de su plan de gobierno de austeridad en el que reduce salarios de altos funcionarios, incluyéndolo, así como una mejor distribución en los recursos a las oficinas gubernamentales.

López Obrador pide a mexicanos dirigirse con honestidad y fortalecer valores para alcanzar una sociedad mejor

El presidente de México, Andrés Manuel López, pidió este domingo a los mexicanos "dirigirse con honestidad" y fortalecer los valores para alcanzar una sociedad mejor y "feliz".

     El mandatario, quien asumió al poder el pasado 1 de diciembre, exhortó a la población a no caer en actos de corrupción y a no delinquir.

     "Es preferible dejarles a los hijos pobreza, pero no deshonra. Tenemos que moralizar la vida pública de México", consideró desde el municipio de Chalco, del central estado de México.

     El llamamiento del mandatario lo realizó en el marco de un ambicioso Plan Nacional, iniciado el pasado 27 de diciembre, para combatir el robo de hidrocarburos de las tomas de la petrolera mexicana Pemex que dispone el corte de los mismos y la vigilancia de unos 4.900 militares en las principales refinerías del país, lo que a su vez ha generado desde el pasado fin de semana escasez de gasolina en varios estados del país.

     López Obrador reconoce que la medida provocó molestias a la sociedad, aunque señala que al mismo tiempo, existen grupos del crimen organizado que "sabotean" con la perforación de algunos ductos.

     Durante la víspera, en el municipio de Acambay, también perteneciente al estado de México, un grupo desconocido abrió una toma clandestina en la que invitó a la sociedad a llevarse combustible de manera gratuita.

     "Fueron a pinchar uno de los ductos y a decirle a la población que tomará la gasolina y muchos acudieron a recoger el combustible con cubetas y garrafones", explicó el mandatario.

     Ante dicha situación, López Obrador pidió a la gente "no hacerles el juego" a los corruptos que roban combustible, ni protegerlos.

     "Yo llamo a la gente que no les haga el juego a estos corruptos que,  aunque digan: 'aquí tienes gasolina y aprovecha', que la gente no proteja a estos delincuentes; que el pueblo actúe con honestidad, como es siempre el pueblo de México, un pueblo honesto, limpio, digno", apeló el presidente.

     En el Estado de México, el mandatario federal se refirió al caso del sábado pasado en el municipio de Acambay, cuando se observó a pobladores llevarse gasolina de una toma clandestina, en garrafas y otros contenedores.

     Pemex ha optado por repartir los combustibles mediante camiones tanque, una medida que redujo el robo de hidrocarburos y ha evitado pérdidas por unos 2.500 millones de pesos (unos 129 millones de dólares) a Petróleos Mexicanos (Pemex) en las últimas semanas, aunque también ha provocado la molestia de millones de usuarios y "compras de pánico" debido a las especulaciones de insuficiencia de combustibles, principalmente en Ciudad de México.

     El presidente de México ha dirigido un mensaje a través de las redes sociales en donde aclara que "hay gasolina suficiente" para abastecer a las estaciones de servicio, y aceptó que el sistema de distribución mediante pipas se está afinando para evitar contratiempos.Fin

Xinhua
Ciudad de México
Domingo 13 de enero de 2019.


Informan que será a partir del 2 de enero cuando los más de 3.6 millones de jubilados puedan recibir su pago en el banco y horario correspondientes


El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a partir del 2 de enero de 2019, los más de 3.6 millones de pensionados de esta dependencia podrán cobrar su pensión en el banco, en los horarios que tradicionalmente lo hacen.

En un comunicado, el instituto destacó que, como cada año, el pago de pensiones correspondiente a enero se realizará el primer día hábil del año, es decir, miércoles 2 de enero. En los meses posteriores, se realizará de manera ordinaria el primer día del mes.

IMSS

@Tu_IMSS
 El 2 de enero pensionados del #IMSS contarán con su pago de manera oportuna.#Comunicado ➡️ https://bit.ly/2VgNHkA

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Para cualquier duda relacionada con el pago de la pensión, los trabajadores retirados o sus familiares podrán acudir a las ventanillas de Prestaciones Económicas de su Unidad de Medicina Familiar (UMF), a los departamentos de Pensiones en las Subdelegaciones del IMSS o ponerse en contacto al 01 800 623 2323.

El Seguro Social invitó a los pensionados a mantener sus datos de contacto actualizados, a fin de que puedan recibir mensajes informativos por parte del IMSS.

Notimex
Ciudad de México
Sábado 29 de diciembre 2018.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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