En entrevista, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entidad creada por el mismo gobierno, cuentan cómo se les ha impedido investigar diversos casos y participar en discusiones sobre el combate a la impunidad en el país.

‘Es un mal chiste’: Miembros del organismo anticorrupción mexicano denuncian que el gobierno los obstaculiza


Ciudad de México. - Los esfuerzos del combate a la corrupción en México con un nuevo sistema, establecido por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante la presión para reaccionar a diversos escándalos, están siendo obstaculizados por las mismas autoridades al rehusarse a colaborar en algunos de los principales casos que enfrenta el país, según denuncian los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forma parte del sistema.

Los miembros de esa instancia denuncian que sus intentos de investigar el uso de herramientas de espionaje adquiridas por el gobierno en contra de civiles, el desfalco de decenas de millones de dólares por medio de universidades públicas y acusaciones de sobornos por contratos de construcción han sido bloqueados a cada paso del camino.

Peña Nieto, afectado por escándalos en el seno de su gobierno con señalamientos a aliados políticos y a integrantes de su familia, acordó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2016, el cual fue promulgado por medio de reformas a la Constitución de México e incluye un mecanismo para la participación ciudadana, en un parteaguas para el país.

Sin embargo, nueve meses después de que fueron nombrados los integrantes de ese mecanismo con la misión de trabajar en proyectos para el combate a la corrupción —como la que llevó a que se creara el mismo sistema—, estos dicen que no han podido hacer ni los más mínimos avances.

Señalan que el SNA fue anunciado con bombo y platillo pero, desde entonces, las autoridades no han dejado que se efectúen verdaderas investigaciones sobre sus decisiones.

“Están apanicados de que quizá le demos con fuerza y encontremos algo o hallemos a individuos responsables de actos corruptos”, dijo José Octavio López Presa, uno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), exdirector ejecutivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional y quien trabajó en la Contraloría mexicana (ahora Secretaría de la Función Pública) en los años noventa, la última vez que el partido de Peña Nieto, el PRI, estuvo en el poder.

“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo López respecto al gobierno. Cuando los funcionarios se dieron cuenta de que él y los demás miembros del comité ciudadano planeaban fungir con imparcialidad e independencia, López afirma que eso “no les gustó”.

“Quieren sabotear todo lo que hacemos”.

LUIS PÉREZ DE ACHA, ABOGADO E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esfuerzo detrás del SNA empezó hace más de un año, cuando los activistas le presentaron al gobierno más de 600.000 firmas ciudadanas en respaldo a una iniciativa de transparencia y combate a la corrupción, conocida como 3de3. El presidente cedió ante los cuestionamientos sobre la situación en esta materia y sobre posibles conflictos de interés propios —como la compra multimillonaria de una casa por parte de la primera dama a un contratista del gobierno—.

En teoría, los ciudadanos, vía el CPC, son quienes están a la cabeza del sistema anticorrupción por medio del Comité Coordinador, lo que los empodera a asegurarse de que esté funcionando a favor de la población y no de los funcionarios.

Sin embargo, en entrevistas con los cinco miembros del CPC, estos ofrecieron un recuento de los diversos obstáculos que han enfrentado por parte del gobierno.

El congreso aún no ha designado ni a uno de los dieciocho magistrados en materia de justicia administrativa que deberían revisar las acusaciones que surjan. El fiscal anticorrupción que el SNA establece como figura para la investigación independiente de casos de corrupción no ha sido nombrado. Y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana dicen que frecuentemente no los convocan para las discusiones de los grandes casos de corrupción.

“Es un mal chiste”, dijo Luis Manuel Pérez de Acha, un abogado que forma parte del comité ciudadano. “Fui ingenuo cuando arrancó el sistema; creía y tenía la esperanza de que iba a funcionar”.

“Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, añadió.

Los integrantes del CPC señalan que, en buena medida, el problema es que sus poderes solo están en el papel. Todas las decisiones significativas tienen que tomarse en el Comité Coordinador, que junta a los encargados de siete entidades, de las cuales seis son de diferentes ramas del gobierno.

“Me dieron toda la responsabilidad y nada del poder”, dijo Jacqueline Peschard, presidenta del CPC y del Comité Coordinador.

El gobierno rechaza esas acusaciones. Asegura que ha respaldado a los integrantes del comité ciudadano y que más bien ellos han malinterpretado cuál es su mandato.

Según el gobierno, no se supone que deben investigar la corrupción, sino que deben ayudar a establecer políticas y coordinarse con varias autoridades que sí tienen la competencia para indagar los delitos relacionados.

Sin embargo, Peschard y otros integrantes del CPC señalan que les han impedido hacer justamente eso porque les retienen información, como cuando intentaron discutir el escándalo por el espionaje que cimbró al poder ejecutivo este año.

Un sofisticado programa espía que fue vendido al gobierno con la finalidad de buscar a terroristas y redes criminales fue utilizado en contra de periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad, en una posible violación de las leyes.

Cuando Peschard y el CPC solicitaron información sobre el tema, dijeron, los representantes de las seis agencias gubernamentales en el sistema lo impidieron.

Una de las personas que votó en contra de discutir la situación fue Arely Gómez, actualmente secretaria de la Función Pública y quien era la procuradora general cuando se usó el programa espía contra la sociedad civil.

“Diría que sí hay mucha coordinación en el comité”, dijo Peschard con una risa irónica. “Son ellos contra mí”.

En un comunicado, la presidencia reconoció que cualquier “intervención ilegal de las comunicaciones” es un tema de importancia. Pero añadió que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un “delito de corrupción”, por lo que los representantes del gobierno en el Comité Coordinador argumentaron que no era un tema para discutirse en el SNA.

Peschard y otros integrantes del CPC dicen que han intentado, sin éxito, revisar otros casos que han generado críticas desde la población.

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que Odebrecht, la constructora brasileña acusada de dar unos 800 millones de dólares en sobornos a funcionarios de toda América Latina, había pagado 10,5 millones de dólares a servidores públicos mexicanos para asegurarse contratos. El departamento indicó que 6 millones de esa cantidad habían terminado en manos de un solo “oficial de alto nivel de una empresa estatal mexicana”.

Documentos jurídicos de la investigación sobre Odebrecht en Brasil señalan a Emilio Lozoya, ex directivo de la petrolera estatal Pemex y un aliado cercano del presidente, de haber recibido sobornos por parte de la empresa. Lozoya, quien niega las acusaciones, también estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012.

La intriga creció aún más después de que el fiscal que estaba investigando el posible origen ilícito de los fondos de esa campaña fue despedido, lo que sucedió unos días después de que indicara que Lozoya intentó presionarlo para que lo eximiera.

Los miembros del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, mientras que el gobierno afirmó que esas solicitudes no fueron hechas. Sin embargo, en entrevistas, los integrantes del comité ciudadano citaron las cartas que enviaron a la Procuraduría General de la República para pedir actualizaciones del caso.

Según ellos, en cada oportunidad les dijeron que no podía haber informes porque la investigación estaba en curso; eso los hizo cuestionarse sobre cómo pueden hacer su trabajo si está prohibido compartir información sobre pesquisas.

“Igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

JUAN PARDINAS, ACTIVISTA QUE AYUDÓ A IDEAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y AHORA ACUSA QUE ESTÁ DESPEDAZADO

Peschard y los demás decidieron intentarlo de otro modo. Cuando una investigación periodística mostró que unos 200 millones de dólares habían sido desviados por medio de universidades públicas, el comité le mandó solicitudes a 99 de las agencias gubernamentales para intentar conseguir la información de manera directa.

Hasta el momento solo ha respondido una de esas entidades.

En otro caso, el CPC intentó que se creara un fondo único para el reparto de la ayuda monetaria destinada a las víctimas de los recientes terremotos en el país, con el fin de intentar asegurar que la rendición de cuentas fuera más sencilla. De nuevo les dijeron que desistieran.

Dado que el comité ciudadano no es técnicamente parte del gobierno, según señaló el comunicado de la presidencia, no puede coordinar recursos públicos.

Para muchos mexicanos, el SNA —y, sobre todo, la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran voz directa dentro de esa instancia— fue una muestra de que, enfrentado a una acción concertada a partir de la indignación, el gobierno por fin tendría que luchar contra la impunidad que define tantos elementos del día a día en México.

Pero líderes de la sociedad civil, incluidos algunos que ayudaron en la creación del sistema anticorrupción, dicen que cayeron en un viejo truco: el gobierno crea un órgano para lidiar con algún tema importante solo para dejarlo sin fondos, impedir sus acciones o ignorarlo.

 “El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino para el cambio”.

Pardinas ha sido una de las figuras públicas más prominentes en la lucha anticorrupción en el país; ha denunciado el efecto nocivo de la corrupción en las instituciones democráticas y que, a veces, resulta en la pérdida de vidas. Él también fue blanco del programa espía Pegasus.

“Me maté por tres años para lograr todo esto y ahora está básicamente despedazado”, dijo sobre el esfuerzo anticorrupción. “Bueno, igual y el sistema no está roto: está funcionando a la perfección para permitir la impunidad”.

Al sistema todavía le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción; posiblemente el cargo más importante de toda la operación. El nombramiento está atorado en el congreso, donde recientemente se detuvo ante el furor por el nombramiento de Raúl Cervantes para la futura Fiscalía General de la República —que, a diferencia de la actual procuraduría, no sería parte del poder ejecutivo en un intento de asegurar su autonomía— al considerar que era demasiado cercano a Peña Nieto. Cervantes fue el encargado del área jurídica del gobernante Partido Revolucionario Institucional y en 2012 defendió la campaña del actual presidente ante las denuncias de otros partidos de que había superado los topes de gastos.

La propuesta de Cervantes fue retirada después de una larga batalla en el Congreso de México y de reportes periodísticos que señalaban, entre otras cosas, que era dueño de un Ferrari que fue emplacado en un domicilio en el que no vive y que estaba ubicado en un estado en el que no se paga la tenencia vehicular.

Muchos estados del país tampoco han establecido los sistemas para duplicar el SNA a nivel local.

Pérez de Acha, el abogado que forma parte del CPC, dice que presentó demandas contra los gobiernos estatales que no han cumplido con esa obligación. Los sistemas debían haber sido establecidos el pasado 19 de julio, a un año de la promulgación del SNA federal. Pérez de Acha también presentó mociones contra el Senado mexicano para que avance el nombramiento de los dieciocho magistrados de justicia administrativa.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados”, dijo. “Tenemos legitimidad constitucional”.

Otros integrantes del comité ciudadano recalcaron lo mismo.

“No nos vamos a rendir”, dijo Mariclaire Acosta, también directora de la oficina en México de la organización de defensa de libertad de expresión Freedom House. “No va a haber chapuzas”.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Martes 5 de diciembre de 2017.


Usurpaban la identidad de empresas, dependencias del gobierno y escuelas


 Expertos de la División Científica de la Policía Federal han desactivado 15 mil sitios web apócrifos en lo que va de la actual administración, los cuales usurpaban la identidad de empresas, bancos, dependencias del gobierno federal y de instituciones académicas.

Con esto, aseguró el Coordinador para la Prevención de Delitos Electrónicos de la corporación, Oliver González Barrales, se evitó que más de 2 mil millones de pesos fueran a parar a manos de la ciberdelincuencia a través de fraudes.

El Comisario expuso que el 63% de las páginas de Internet eliminadas eran portales de comercio electrónico; 24% se hacían pasar por sitios de bancos; 12% del gobierno; 0.1% de instituciones académicas.

"Hemos neutralizado portales que se dedican a hacer comercio electrónico, de instituciones financieras y desde luego los que provén algún tipo de servicio en Internet, es una de las actividades del ciberpatrullaje para la prevención, lo que queremos es justamente evitar que la gente sea víctima de algún tipo de estos ilícitos", sostuvo el mando en entrevista.

González Barrales reveló que los ciberdelincuentes pagan publicidad para que sus portales aparezcan al principio en los buscadores que millones de mexicanos utilizan diariamente en la red.

"El ciberatacante va a tratar de acercar su portal para que cuando alguien realice alguna operación electrónica ingrese a su página y de ahí capture sus datos personales, lo que está tipificado como un delito", alertó.

Resaltó que la División Científica ubica la procedencia de las páginas e inmediatamente solicita colaboración internacional para neutralizarlas, ya que si no se hace a tiempo los hackers pueden cometer cientos de fraudes electrónicos.

"Identificamos dónde está hospedado el sitio web, puede ser en Oriente, Europa, América Central o Sudamérica, y la empresa que lo está operando y le acreditamos que esa página es falsa y que está siendo utilizada para recolectar datos personales que después se van a traducir en un fraude, muy probablemente en vaciar la cuenta bancaria de un ciudadano", precisó.

Asimismo, el Coordinador para la Prevención de Delitos Electrónicos aseguró que dan seguimiento a grupos de ciberatacantes radicados en cualquiera parte del mundo, y han identificado sus conductas en Internet.

Respecto a la pornografía infantil en la red, el mando dio a conocer que derivado de ciberinvestigaciones, la División Científica logró la detención de 110 personas por pornografía infantil y 37 por trata de personas.

Dijo que de 2012 a la fecha se generaron 235 investigaciones por pornografía infantil, como resultado del patrullaje en internet.

González Barrales afirmó que más de 180 mil incidentes en Internet han sido contenidos por Unidad de Ciberseguridad en el presente sexenio.

"De alguna forma se han neutralizado y no se ha generado una afectación hacia una infraestructura del gobierno federal o a una infraestructura crítica", añadió.

Por último, presumió que han atendido 9 mil 800 solicitudes de investigación de presuntos delitos cometidos en Internet, de las cuales derivaron en la detención 241 personas.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.

Liderará la misión la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien a finales de abril hizo una visita previa a Ciudad de México para conocer la situación política

Washington.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de México firmaron hoy en Washington el acuerdo para el envío de una Misión de Observación Electoral (MOE) del organismo a las elecciones del 7 de junio en el país latinoamericano.

Liderará la misión la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (2010-2014), quien a finales de abril hizo una visita previa a Ciudad de México para conocer la situación política y la organización de los comicios.

El próximo 7 de junio, más de 83 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir a mil 996 funcionarios, incluidos 500 diputados federales y los gobernadores de 9 estados.

El acuerdo prevé que, tras los comicios, se presente un informe "serio, riguroso y fundado sobre la preparación, desarrollo y calificación de las competencias electorales mexicanas" durante la jornada.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, destacó que, aunque el organismo ya envió misiones de observación electoral a México en 2009 y 2012, esta es la primera vez que se suscribe "un acuerdo de privilegios e inmunidades", que formaliza "mucho más" la actividad del organismo.

La misión desplegará observadores a lo largo del territorio mexicano, así como especialistas en diversas áreas, como financiación electoral y participación de la mujer.

De este modo se entregará un informe muy completo, que no solamente satisfará el interés que guía a las autoridades de México, sino que hará que a otros países se interesen en esta iniciativa", dijo Insulza, según un comunicado de la OEA, con sede en Washington.

El secretario general destacó, asimismo, que México "ha progresado mucho en temas electorales".

Por su parte, el representante permanente de México ante la OEA, Emilio Rabasa, destacó la importancia que representa para su país que la institución continental envíe una misión de observación electoral.

Creemos que no hay organización mejor equipada y con mayor experiencia para desarrollar la alta encomienda que le confiamos", afirmó Rabasa durante la firma del acuerdo en la sede de la OEA.

La OEA aportará valiosas recomendaciones sobre los distintos aspectos observados, que nos ayudarán a seguir fortaleciendo nuestras instituciones, nuestro marco normativo y nuestros procedimientos en materia electoral antes, durante y después de la jornada electoral", añadió el representante mexicano.

Siguiendo los mandatos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, la misión de la OEA observará los diferentes aspectos del proceso electoral, incluyendo aspectos legales, tecnológicos, y financiación de campañas.

Asimismo, la misión dará seguimiento a las denuncias, inquietudes o preocupaciones que puedan surgir durante el proceso electoral y las remitirá a las autoridades que correspondan.

EFE
Washington, CD, EU.
Viernes 15 de mayo de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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