Pedirán a los diputados locales electos de Morena, que tendrán mayoría en la próxima legislatura, que dejen sin efecto la llamada Ley Bala, en su momento usada por el gobierno de Moreno Valle para ordenar la represión

Luego de cuatro años de ocurrido el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, en San Bernardino Chalchihuapan, activistas pidieron al virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la reapertura del caso por violaciones graves a los derechos humanos.

En una clausura simbólica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Elia Tamayo, madre de la víctima, dijo que a la fecha no se ha hecho justicia por el asesinato de su hijo, ocurrido el 9 de julio de 2014, cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle ordenó un violento operativo policíaco para reprimir una protesta de habitantes de Chalchihuapan.

“Han pasado cuatro años y yo sigo reclamando justicia. Como dicen, inocentes encarcelados y los culpables andan libres, eso no es la justicia”, destacó la madre de Luis Tehuatlie, quien aquel día fue herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno que los policías dispararon contra los pobladores. Diez días después el niño murió en el hospital.

Araceli Bautista, madre de Javier Montes Bautista, entonces alcalde auxiliar de Chalchihuapan, quien durante dos años estuvo encarcelado a raíz de esos hechos, dijo que la represión cometida en esa localidad del municipio de Santa Clara Ocoyucan continúa impune porque el exgobernador sigue teniendo el control de las instituciones.

Asimismo, aseguró que organismos como la CEDH, cuya labor es proteger a la población, realmente han estado bajo el control de Moreno Valle, al igual que otras dependencias de la entidad.

“Por eso nosotros pedimos al nuevo presidente de la República electo que tiene que abrir nuevamente este caso, porque se tiene que meter a la cárcel a los autores intelectuales de esta masacre que vivimos en Chalchihuapan”, puntualizó.

Por su lado, integrantes del Centro de Derechos Humanos “José Luis Tehautlie” acusaron a la CEDH de haber incurrido en complicidad, omisión, corrupción e incompetencia cuando ocurrió la represión en aquella comunidad.

Y aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por cerrado el caso, los activistas manifestaron que no se puede dar carpetazo al asunto, porque lo que se hizo fue simular, en lugar de proporcionar justicia real a las víctimas de los hechos violentos.

De acuerdo con Bautista, pedirán a los diputados locales electos de Morena, que tendrán mayoría en la próxima legislatura, que dejen sin efecto la llamada Ley Bala, en su momento usada por el gobierno de Moreno Valle para ordenar la represión.

También dijo que, como parte de la conmemoración de esos hechos, volverán a instalar en el edificio de la presidencia auxiliar de Chalchihuapan la placa donde se señala que el asesinato del niño José Luis se perpetró por “órdenes” del gobierno de Moreno Valle.

La placa fue retirada en octubre de 2014, cuando el gobierno estatal envió un nuevo operativo policíaco para detener a habitantes de la localidad, a quienes acusó de haber participado en un enfrentamiento entre pobladores y policías el mismo 9 de julio.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 20 de julio de 2018.

Se unen aspirantes priistas para sacar al morenovallismo de la gubernatura

Cinco aspirantes del PRI a la gubernatura del estado acordaron impulsar un pacto de civilidad para salir unidos de la contienda interna de selección de candidato del Revolucionario Institucional, con el propósito de regresar al poder en Puebla y frustrar la intención del actual titular del Poder Ejecutivo, Rafael Moreno Valle Rosas, de imponer a un perfil cercano a él como sucesor.

El acuerdo es convocado por Alejandro Armenta Mier, Juan Manuel Vega Rayet, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Alberto Jiménez Merino y Javier López Zavala, quienes pidieron a Enrique Doger Guerrero, Blanca Alcalá Ruiz y Lucero Saldaña Pérez sumarse al mismo.

En conferencia de medios, en el que dieron a conocer la suma de esfuerzos, Armenta aseguró que el gobierno del estado se encuentra interesado en dividir al tricolor, porque representa una amenaza a su proyecto político.

“Claro que le preocupa (el PRI) a quien ha detentado el poder sin respecto a los derechos humanos ni a los poblanos al ejercicio de la función pública”, enfatizó el diputado federal.

Giorgana explicó que la finalidad del pacto es evitar que la pugna por la candidatura del PRI fracture al partido, por lo que todos los firmantes se comprometerían a evitar ataques internos.

“El objetivo es demostrar que el morenovallismo es vencible y que nuestra fuerza, organización, voluntad y trabajo hará que recuperemos la gubernatura en 2016”, expuso el actual coordinador de la bancada poblana de diputados federales priistas.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Domingo 13 de septiembre de 2015.

Los controles de calidad del panista Rafael Moreno Valle, para problemas de Seguridad

Aún en apogeo la indignación y críticas ciudadanas por la responsabilidad en robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) de dos altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, llegó a la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial, Luis Eduardo Vega Cambero, quien estuvo preso en Mexicali, Baja California, por extorsionar a empresarios.

Este fin de semana, a través de un boletín, se dio a conocer que el nuevo titular de la SSP, Jesús Rodríguez Almeida, hizo tres nuevos nombramientos en puestos claves de la dependencia y de inmediato saltó a la vista el nombre de Luis Eduardo Vega Cambero.

El semanario Zeta de Tijuana, en un amplio reportaje publicado el 15 de febrero de 2013, sobre la extorsión en aquella ciudad, consignó:

“Luis Eduardo Vega Camberos fue capturado el 27 de septiembre de 2012 por elementos federales trasladados desde la Ciudad de México, se trató de un plan piloto, basado en un operativo para detener a los policías corruptos en flagrancia. En compañía de su inspector primero Alfredo García Carrillo, Vega se reunió con el señor (empresario, Alejandro) Torres y su abogado para recibir 25 mil pesos que solicitaron a cambio de no revisar sus camiones (flotilla dedicada al traslado de materiales pétreos) dentro de un operativo ordenado desde la Ciudad de México. ‘Con la aclaración de que no ofrecimos el dinero, ellos lo pidieron, lo exigieron y sin razón pararon los camiones afectando nuestros tiempos de entrega para presionarnos. De hecho para ellos el problema fue que nos negamos a seguir entregándoles dinero’, refirió el afectado.

“Hartos de la extorsión sistemática implementada por los uniformados de la Federación por lo menos desde 2006 en un operativo que desde entonces es conocido en el bajo mundo como ‘Las Camionetas’ en el que los transportistas que trasladan mercancía a través de Baja California son obligados a pagar una cuota, decidieron denunciar, pero en (la Ciudad de México) para evitar que el comisario se cobijara en la corrupción de las autoridades locales. Desde el centro del país se planeó la aprehensión, quienes recibieron la denuncia decidieron atenderla porque frente a ellos, los afectados realizaron llamadas en altavoz con algunos de los implicados para evidenciar los acto de corrupción. Cuando los oficiales extorsionadores buscaron el dinero, acordaron una reunión en el hotel de la zona río en Tijuana donde platicaron, recibieron un sobre con los 25 mil pesos y cuando salían fueron detenidos por otros agentes federales.

“El 5 de octubre de 2012 Arturo González, secretario de acuerdos del Juzgado Décimo Sexto Distrito de Baja California, determinó que existían elementos suficientes para determinar la formal prisión de Vega y García por el delito de extorsión, el abogado de Vega Camberos apeló dicha resolución incluida en la causa penal 425/2012. Como resultado, el 13 de febrero de 2013 la magistrada Edna María Navarro García del Sexto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito resolvió en la toca 559/2012 el ‘auto de liberación con reservas de Ley por falta de elementos’ y aseguró que el juzgador anterior ‘no estuvo en lo correcto al considerar a Vega Cambero como probable responsable’. Para la magistrada, las declaraciones del señor Torres y su abogado, los agentes federales que participaron en la aprehensión, el video del hotel, así como los informes de inspección del vehículo y el sobre con dinero ‘no son suficientes jurídicamente para inculparlo’, que la extorsión sí existió pero los elementos solo sirven para responsabilizar a su subalterno Alfredo García Carrillo. La magistrada Edna María Navarro García decretó la libertad a pesar de que en su determinación reconoció que el abogado sí habló de una reunión ocurrida el 23 de agosto 2012.

Los otros dos funcionarios designados por Jesús Rodríguez Almeida son: Jorge Mauricio Ferman Quirarte, quien ocupa ya la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, amén de Carlos Jesús Cadena Lozano, quien encabezará la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Lunes 17 de agosto de 2015.

Complicidad legislativa impide que el funcionario, represor y cuestionado por corrupción, comparezca en el Congreso local

Y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ), en las investigaciones que sigue del caso del exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, documentó la participación de esta persona, en el delito de robo de vehículo en la modalidad de desmantelamiento.

A un año de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, los diputados de Acción Nacional se han convertido en los defensores de oficio del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, una vez que bloquearán que sea llamado a comparecer, pero además en las ocasiones que ha acudido al Congreso nunca ha sido cuestionado sobre los actos de represión.

El pasado 15 de julio el legislador panista y anteriormente uno de los críticos de gobiernos priistas en temas de seguridad, Francisco Rodríguez Álvarez, consideró innecesario que el funcionario estatal comparezca, puesto que si bien las pruebas de control de confianza representan una herramienta para verificar el perfil de los uniformados, “su actuar depende de la voluntad de las personas y no caer en la corrupción”.

El presidente de la Comisión de Seguridad destacó que las pruebas de control de confianza son perfectibles, “este método no ha fracasado”. No obstante, sostuvo que la detención de esos elementos “vulnera la confianza de los ciudadanos en las autoridades”, que cada vez se ve más difícil de recuperar.

Un año antes el 10 de julio de 2014 de acuerdo a una entrevista, culpó a los habitantes de Chalchihuapan de agredir a los policías con cohetones y piedras y sostuvo que las balas de goma nunca se utilizaron.

Previo al fallecimiento del menor, dijo que la policía solo repelió una agresión de un grupo de habitantes y evitó tocara Facundo Rosas.

Mientras el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Víctor León Castañeda, afirmó que el Congreso de Puebla “no protegerá a ningún funcionario”, pero aclaró que la participación del director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López y el jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, en actividades delictivas responden a una situación personal por lo que no se puede involucrar a la dependencia o su titular.

Al igual que su compañero Franco Rodríguez, León Castañeda desestimó que sea necesaria la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, en el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, transitó por el pleno legislativo en su comparecencia prácticamente blindado por los legisladores del PAN, quienes le hicieron preguntas a modo.

Blindaje permanente

El 21 de julio de 2014 compareció Facundo Rosas ante las comisiones y el aviso de que habría una conferencia de prensa con Francisco Rodríguez Álvarez, Eukid Castañón Herrera, Sergio Salomón y el secretario de Seguridad Pública. El funcionario al salir nunca detuvo su camino y siguió caminando, respondiendo a medias cada pregunta que se formulaba, mientras sus guaruras empujaban a los comunicadores.

Fue hasta llegar hasta el fondo del pasillo donde caminaba, cuando finalmente se detuvo y defendió su postura de que “no hubo balas de goma”, e indicó que ellos actuaron conforme al protocolo.

— ¿Va a dejar el cargo? El PRI solicitó su renuncia, la de usted y del secretario General de Gobierno…

—Sigo trabajando por la seguridad de los poblanos.

— ¿Qué responde ante los cientos de poblanos que lo llaman asesino y piden su cabeza?

—No puedo calificar a estas alturas lo que haya.

— ¿Por respeto a la familia renunciará a su cargo?

—No, claro que no, esto no ha terminado.

— ¿Al abrogar la “ley Bala”, ahora cómo van actuar en las manifestaciones?

—Hay normas internacionales. En particular de la ONU y de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, que nos dan la oportunidad de seguir trabajando.

— ¿De dónde sacaron las balas de goma?

—No hay balas de goma.

—Esa es la versión oficial, pero los pobladores dicen lo contrario.

—No hay balas de goma. Para eso hay un tercero, hay instancias y se tendrá que comprobar.

Más protección

El pasado 28 de febrero secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, transitó por el pleno legislativo en su comparecencia prácticamente blindado por los legisladores del PAN, quienes le hicieron preguntas a modo.

Fiel a otras comparecencias, se presumió el lugar 10 entre los estados más seguros en todo el país, estadística con la que intentó darse lucimiento a la comparecencia.

En la comparecencia también se destacó que, por segundo año consecutivo, el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla (CECC) superó la meta programada al realizar 10 mil 560 evaluaciones, aplicando el procedimiento al 100% de la plantilla activa.

Asimismo se informó que se capacitó a 700 policías de distintas corporaciones en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, sobresaliendo aspectos en Derechos Humanos y en el NSJP.

En lo que respecta a la Seguridad Pública, el secretario Facundo Rosas Rosas destacó el seguimiento que en 2014 se dio a las mesas de trabajo del Grupo de Coordinación Estado-Municipio, logrando integrar a 60 ayuntamientos, resultando la disminución de 12.62% en la incidencia delictiva. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2014 los delitos del fuero común disminuyeron 11.94%, respecto al año anterior; y, por segundo año consecutivo, Puebla se mantuvo como el Estado con menos delitos federales, por cada 100 mil habitantes, informó el titular.

Además, presumió el funcionario, Puebla está por debajo de la media nacional en delitos de alto impacto como: secuestro, extorsión, violación, homicidios dolosos, robo de vehículos, a comercio y a casa habitación.

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Rodríguez Álvarez, Rosalío Zanatta Vidaurri, Pablo Montiel Solana, Víctor Manuel Giorgana Jiménez y Cirilo Salas Hernández, coincidieron en lo importante de sumar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– para combatir la delincuencia organizada y mantener al estado como uno de los más seguros a nivel nacional.

Suma Marco Antonio Estrada López un delito más

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJ), en las investigaciones que sigue del caso del exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, documentó la participación de esta persona, en el delito de robo de vehículo en la modalidad de desmantelamiento.

Dentro de la indagatoria correspondiente, se establece que Estrada López, tuvo participación en hechos que significaron desvalijar una pipa que tenía reporte de robo en Xalapa, Veracruz, y cuyo motor fue montado en un vehículo oficial tipo grúa ubicado en instalaciones de la Policía Estatal Preventiva.

Lo anterior se deriva de diversas diligencias, rastreo y localización de ambas unidades, por lo que todas las pruebas acumuladas, permitieron ejercitar acción penal en contra de Marco Antonio Estrada López, quien permanece en el Centro de Reinserción Social de San Miguel.

Cabe mencionar que las investigaciones que realiza la PGJ Puebla hacia el ex funcionario, responden a delitos del fuero común y se realizan a través de la Dirección de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, mientras que en paralelo, también se coadyuva con las indagatorias que desarrolla la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla sigue tomando acciones sobre otras posibles conductas ilícitas del ex funcionario.

Intolerancia Diario
Francisco Sánchez
Ciudad de Puebla
Domingo 19 de julio de 2015.

Sicarios lanzaron una granada de fragmentación y, para continuar la fuga, despojaron de un carro Nissan Sentra azul a una familia.

Puebla.- Un comando ejecutó a tres personas y se enfrentó a tiros con policías federales en el municipio de Esperanza, en el centro de esta entidad, en un presunto conflicto de la delincuencia organizada por el control de la plaza.

De acuerdo con los informes policíacos, alrededor de las 6:30 horas de este viernes, un grupo de 12 hombres que portaban fusiles R-15 llegó al domicilio ubicado entre las calles 9 Poniente y 3 Sur de la colonia Las Palmas.

Ahí, los sicarios degollaron a dos sujetos aún no identificados y ultimaron a disparos a un tercero. Los cadáveres quedaron tirados en medio de la calle. Dos estaban esposados de las manos y el otro tenía los ojos vendados.

Cuando escucharon las detonaciones, policías municipales acudieron al lugar y se toparon con los integrantes del comando que huían en tres camionetas.

Entonces comenzó el enfrentamiento a tiros, pero como los sicarios eran más y estaban mejor armados que los policías, lograron fugarse.

Un segundo enfrentamiento ocurrió cerca de la caseta de peaje de Esperanza, en la autopista Puebla-Veracruz. Ahí, policías federales y elementos del Ejército Mexicano intentaron taparles el paso.

Los sicarios lanzaron una granada de fragmentación y, para continuar la fuga, despojaron de un carro Nissan Sentra azul a una familia que pasaba por la carretera.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, la ejecución de los tres sujetos se derivó de un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia organizada por el control de la plaza.

Militares y policías ministeriales instrumentaron un operativo de patrullaje para ubicar a los sicarios. Sin embargo, hasta esta tarde no había reporte de ninguna detención

Proceso
Ciudad de Puebla
Gabriela Hernández
Viernes 17 de julio de 2015.

El director del Servicio de Limpia dijo que el ayuntamiento se opone a ceder sus servicios públicos al gobierno del estado de Puebla.
 
Tehuacán.- Por “dejar en el olvido” a Tehuacán, además de incurrir en prácticas represivas y venganzas que ocasionan encono social, el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, fue calificado como un dictador por cerca de 300 personas que marcharon contra él la mañana de este lunes en ese municipio.

En la marcha estuvieron presentes los directores del DIF, Luis Felipe Hernández Martínez, hijo del ex candidato independiente, Jesús Hernández Barbosa, de Tránsito municipal, Santiago Mendoza Tierra, de Protección Civil, Pedro Cruz, del Rastro municipal, Florencio Cruz Galindo, de Desarrollo Urbano, Angélica Rodríguez, de Normatividad Comercial, Robertina Bolaños y varios más.

Uno de los funcionarios, el director del Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán (OOSELITE), Margarito Andrade Pacheco, señaló que el titular del ejecutivo estatal no será bienvenido en esta demarcación, ya que –aseguró- ha dejado de lado acciones a favor de la población.

Recriminó a Moreno Valle por su actitud represiva y puso como ejemplo de “mordazas sociales” la llamada ley bala, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo en Chalchihuapan, luego de un enfrentamiento entre pobladores y policías estatales tras el retiro del registro civil a las juntas auxiliares,

Al mismo tiempo, se lanzó contra la intromisión del mandatario en asuntos políticos y electorales, la existencia de presos políticos y la división de Puebla, una que muestra desarrollo y la otra que pone en evidencia la necesidad de obras y servicios básicos. También descalificó el programa “Peso a peso”, ya que el gobernador es quien dispone y ejecuta obras de mala calidad.

El director del OOSELITE lamentó que recientemente diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron que los municipios cedan al estado el control de los servicios municipales, lo que permitiría a su vez que éstos sean entregados a empresas privadas en una muestra de violación a la autonomía municipal.

Andrade Pacheco se pronunció en contra que el estado se ocupe de rubros como agua potable, alumbrado público, limpia, recolección y traslado de residuos, panteones, rastros, jardines, mercados y central de abasto, toda vez que esto afectaría a los ciudadanos debido a un incremento en sus costos de hasta el 300 por ciento.

Piden destitución de regidor

De la misma forma, los manifestantes acusaron al regidor de Obra Pública, Juan Álvarez Campos, de proporcionar información directamente a Rafael Moreno Valle sobre la situación interna de la comuna.

Por lo anterior solicitarán al Congreso del Estado de Puebla que inicie un procedimiento para destituir al integrante del cuerpo edilicio quien además es acusado de anomalías en su gestión.

e-consulta
Enrique Hernández
Lunes 13 de julio de 2015.

En Puebla, no sólo los políticos son vigilados, también activistas, periodistas y los empresarios

Ciudad de México.- En los últimos días, una serie de documentos filtrados, primero en la prensa de Puebla y después en medios internacionales, destaparon una presunta red de espionaje al servicio del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para vigilar los pasos de políticos de oposición, incluso los de su propio partido, Acción Nacional (PAN).

El escándalo más reciente se reveló el domingo pasado cuando la empresa italiana Hacking Team, proveedora de software de vigilancia a organizaciones policiacas y a otras agencias gubernamentales, fue víctima de un hackeo. A través de su propia cuenta de Twitter se divulgaron documentos confidenciales de su propiedad, entre los que se encuentran diversas facturas y una lista con los nombres de sus clientes, entre los que destacó el Gobierno de Puebla.

De acuerdo con la información, el estado habría gastado 428 mil 835 euros (aproximadamente 7.4 mdp) en Hacking Team, recursos que se distribuyen de la siguiente forma: 313 mil 301 euros en 2013, 93 mil 76 euros en 2014 y 22 mil 458 euros en 2015.

Un mes antes, el 6 de junio, el periodista poblano Fernando Maldonado reveló un dossier sobre el trabajo de inteligencia que realiza el gobernador panista Rafael Moreno Valle. Entre la información filtrada se encontraron, por ejemplo, conversaciones de Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Alfredo del Mazo Maza, hombre de confianza del Presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el expediente, el equipo de inteligencia de Moreno Valle fue capacitado por el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales (MOSSAD, por sus siglas en hebreo), a través de Joaquín Arenal Romero, ex funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Pero el gobernador de Puebla no se conforma con espiar a políticos de la oposición, la segunda parte del dossier difundida el 22 de junio, reveló que Moreno Valle también somete a escuchas a dirigentes y líderes de su partido, el PAN.

Entre las víctimas del espionaje se encuentran la ex Primera Dama, Margarita Zavala Gómez del Campo; Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN, y Ricardo Anaya Cortés, aspirante a la dirigencia panista.

Por estos hechos, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT) anunciaron que solicitarán al Congreso local una investigación contra el Gobierno de Puebla por las denuncias de espionaje telefónico para que se sancione a los responsables.

En Puebla, no sólo los políticos son vigilados, también activistas, periodistas y hasta los empresarios, así lo sugirió el presidente estatal del Consejo de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano.

En una conferencia a medios locales, el empresario dijo que constantemente su teléfono celular se ve afectado por interferencias y tiene que colgar para poder limpiar los “vacíos” que se genera en sus conversaciones y aseguró que otros hombres de negocios y comunicadores se encuentran en la misma situación.

Esta no es la primera vez que Moreno Valle es denunciado por tener una red de vigilancia a su servicio. En julio del año pasado la Diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo acusó al mandatario estatal de espionaje, al señalarlo como el responsable de filtrar a la prensa unos audios, donde presuntamente la legisladora lucraba con la muerte del niño José Luis Tlehuatle en San Bernardo Chalchihuapan.

También, en septiembre de ese mismo año, el Diputado federal priista Enrique Doger Guerrero, aseguró que el Gobernador de Puebla tenía un grupo especializado en espionaje mediante el cual obtenía información para intimidar a las personas críticas de su gobierno o que le resultaban incómodas para su administración.

Diputado denuncia red de espionaje al servicio de Moreno Valle

En septiembre del año pasado, el Diputado federal priista Enrique Doger Guerrero, denunció que el Gobernador de Puebla tenía a su servicio un grupo especializado en espionaje mediante el cual obtenía información para intimidar a las personas críticas de su gobierno o que le resultaban incómodas para su administración.

El legislador denunció que sus oficinas fueron objeto de un asalto, donde los ladrones sólo se llevaron las computadoras y documentos personales y del partido. Doger identificó a Jorge Carrillo Olea, ex Gobernador de Morelos; Joaquín Arenal, ex director del Cisen en Puebla, y al Diputado local Eukid Castañón, del PAN, como parte del grupo de espías.

Sin Embargo
Ciudad de México
Sábado 11 de julio de 2015.

El desacato de la gestión morenovallista, tienen que ver con las sanciones que debieron aplicarse a los servidores públicos involucrados en los hechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó ayer que el gobierno del panista, Rafael Moreno Valle, no ha cumplido cinco de los 11 puntos de la recomendación que le hizo por la represión que la fuerza pública de su administración perpetró justo hace un año contra el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan.

Los incumplimientos de la gestión morenovallista, informó el organismo en un boletín, tienen que ver con las sanciones que debieron aplicarse a los servidores públicos involucrados en los hechos.

Como se recodará, los policías que fueron procesados por los abusos del 9 de julio de 2014 en aquella junta auxiliar de Ociyucan, que derivaron en lesiones contra cientos de pobladores y la muerte del niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, fueron liberados la noche del 24 de diciembre de ese mismo año.

Además, la sanción que debió aplicarse por los hechos contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, ha quedado hasta el momento sin efecto porque el funcionario la impugnó.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a que el gobierno de Puebla cumpla la recomendación 2VG y advirtió que persistirá en esa insistencia porque no dará carpetazo al caso.

Asimismo, anunció que emitirá medidas cautelares a la administración morenovallista “para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión”.

El boletín que dio a conocer ayer por la tarde el organismo detalla los incumplimientos en la recomendación sobre la represión en Chalchihuapan y se transcribe íntegro a continuación:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informa que a un año de lo ocurrido en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, aún quedan pendientes de cumplimiento cinco de los 11 puntos recomendatorios, particularmente lo relativo a la determinación definitiva de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y la sanción.

“Por ello, esta Comisión Nacional reitera su llamado a que el gobierno del estado de Puebla cumpla la Recomendación 2VG en su totalidad e insiste en que no permitirá que se dé carpetazo, en tanto no sean atendidos a cabalidad todos los puntos recomendatorios.

“Este día (ayer), el Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, recibió a la señora Elia Tamayo, madre del niño que falleció en esos lamentables hechos ocurridos el 9 de julio de 2014. Le hizo saber que para esta Comisión Nacional lo sucedido en esa fecha es grave, por lo que la CNDH continuará el seguimiento escrupuloso a los puntos recomendatorios hasta su total cumplimiento.

“El funcionario dio a conocer que la Comisión Nacional emitirá medidas cautelares al gobierno del estado de Puebla, para que cese el acoso contra las víctimas y se atienda la salud de los pobladores que se encuentran en prisión.

“Sobre los puntos recomendatorios, cuyo cumplimiento aún está pendiente, destaca el que se informe sobre las sanciones administrativas y penales definitivas que hayan sido impuestas a los servidores públicos involucrados, así como la reparación del daño, ya que está en estudio la determinación de los criterios utilizados para fijar los montos asignados a las víctimas.

“La CNDH considera que el acto de disculpa pública hacia las víctimas realizado por las autoridades de Puebla no se ajustó a los estándares internacionales, por lo que este punto también se encuentra pendiente de cumplimiento.

“En seguimiento a la Recomendación, este organismo nacional ha enviado 11 solicitudes de información a diversas instancias y dependencias del gobierno del estado de Puebla y ha recibido 28 oficios de respuesta.

“También, el día de hoy (ayer) acudieron a una reunión de trabajo en la CNDH el procurador General de Justicia, el titular de la Secretaría de la Contraloría y el fiscal Especializado para el Esclarecimiento de los Hechos del Caso Chalchihuapan, para dar cuenta de los avances en los puntos recomendatorios aún pendientes.

“En cuanto a los puntos recomendatorios cumplidos, destaca que se iniciaron los procedimientos administrativos de investigación contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del estado que participó en los hechos.

“Además, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, por el cual se otorgan atribuciones a las áreas específicas para que intervengan en la solución pacífica de los conflictos.

“Asimismo, el gobierno emitió un protocolo para la Búsqueda de Soluciones Pacíficas, el Diálogo y el Respeto a los Derechos Humanos; entregó equipos de video y audio a los cuerpos de seguridad, para que registren su conducta a la hora de realizar operativos, e implementó programas de capacitación en Derechos Humanos y Uso Legítimo de la Fuerza para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del estado.

La señora Tamayo expresó su demanda de justicia, así como la libertad de los pobladores que están en prisión por este caso”.

LA Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla
Jueves 9 de julio de 2015.

Denuncian embestida de Moreno Valle contra habitantes de Chalchihuapan

Puebla.- A unos días de cumplirse un año de la represión que ordenó el gobierno de Rafael Moreno Valle en contra de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, el Movimiento por la Alternativa Social (MAS) denunció que esta embestida contra ese pueblo náhuatl tiene como fondo los proyectos de desarrollo inmobiliario para esa zona.

Marco Mazatle, dirigente del MAS, recordó que Chalchihuapan, junta auxiliar del municipio de Santa Clara Ocoyucan, se encuentra situado geográficamente en el corredor de desarrollos inmobiliarios entre Puebla y Atlixco.

“De ahí nació el interés del gobierno de Moreno Valle de tener el control absoluto de esta demarcación”, aseguró el activista.

El 9 de julio de 2014, el gobierno estatal ordenó un operativo de desalojo contra habitantes de Chalchihuapan, quienes mantenían cerrada la autopista de cuota Puebla-Atlixco para reclamar que les fueran retornadas las oficinas del Registro Civil.

De acuerdo con los resultados de la investigación que llevó a cabo la CNDH, los policías estatales llegaron al lugar con equipo para repelar a los manifestantes, por lo que se asume que desde un principio esa fue la orden.

Los disparos a quemarropa de cartuchos de gas lacrimógeno en contra de los pobladores originaron la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, así como heridas graves en contra de otros ocho habitantes de esa comunidad.

Los lugareños denunciaron que los policías no se limitaron a desalojar la carretera, sino que los persiguieron hasta el pueblo y que incluso les dispararon desde un helicóptero.

Mazatle afirmó que el interés inmobiliario en Chalchihuapan se confirma con la publicación de la convocatoria para construir dos distribuidores viales que atravesarán la presa Manuel Ávila Camacho, mejor conocida como Valsequillo.

Estas obras tendrán una inversión de 100 millones de pesos, y según la Semarnat se edificarán en una parte de la sierra del Tentzo, declarada Área Natural Protegida.

“El argumento de la administración morenovallista es que la obra aumentará la calidad de vida en zonas de alta marginación, como San Andrés Azumiatla, Chalchihuapan y las pequeñas localidades, al contar con una vía que les permita satisfacer sus necesidades de transporte”, explicó.

Sin embargo, dijo que realmente el interés es por los terrenos que se encuentran cercanos a la zona de Angelópolis, el área de mayor crecimiento inmobiliario.

“El sur de la ciudad es la única vía de crecimiento y el mayor reto de ordenamiento y sustentabilidad en Puebla capital”, advirtió Mazatle.

También dijo que incluso es en la zona de Chalchihuapan donde el acalde Antonio Gali Fayad cuenta con un terreno de 92 hectáreas, las cuales colindan con la reserva territorial Atlixcayotl y se presume que colinda con Lomas de Angelópolis, uno de los más exclusivos fraccionamientos de Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla
Martes 7 de julio de 2015.

En una lista de clientes se aprecia que la firma tuvo su última operación con la administración estatal en julio de 2014

Hacking Team, una empresa que vende sistemas de vigilancia a diversos países, fue víctima de sus propias prácticas y desde este domingo fueron exhibidos 400 gigas de información en los que aparecen sus contratos con diferentes gobiernos, incluido el estado de Puebla.

De acuerdo con el listado de clientes, la firma italiana tuvo su última operación con la administración poblana en julio de 2014.

La prensa internacional empezó a divulgar parte de este contenido que involucra a gobiernos estatales y a agencias de seguridad nacional mexicanas, reportó este lunes el portal Sin Embargo.

“El hackeador hackeado”, dijo esta mañana La Vanguardia de Barcelona. Otros medios como Wired y The Guardian usan la misma idea.

“La empresa italiana Hacking Team, que vende sistemas de vigilancia a varios países, ha recibido un ataque y ha visto como este domingo se hacían públicos correos electrónicos y otros documentos confidenciales que han puesto a Italia en una situación comprometida. La compañía ha perdido 400 gigas de información en la que aparecen sus contratos con Etiopía, Chile o incluso Sudán, país con el que se negó ningún tipo de acuerdo durante una investigación de las Naciones Unidas”, agrega el diario español.

Tanto La Vanguardia como el diario The Independent y Forbes dicen que el gobierno de México está entre los clientes de Hacking Team.

La compañía ofrece servicios de seguridad que utilizan malware y vulnerabilidades para obtener acceso a las redes de destino. The Guardian indica que se trata de una empresa de seguridad que vende “software malicioso a los gobiernos nacionales, lo que les permite acceder a los ordenadores de sus objetivos”.

En el caso de México, se hizo pública una lista de supuestos clientes que incluyen a la Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Armada de México, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como los gobiernos del estado de México, Distrito Federal, Durango, Querétaro, Puebla, Tamaulipas, Yucatán, Campeche y Baja California.

El documento sobre los supuestos contratos entre los gobiernos y la empresa fue difundido en la página PASTEBIN. En éste se da cuenta de que los contratos con los gobiernos de Querétaro, Puebla, Campeche, Distrito Federal, el Ejército y la Policía Federal están expirados, mientras que el de la Armada está inactivo.

Mediante las redes sociales se ha publicado un contrato suscrito por el Cisen y Hacking Team por un monto de 200 mil euros. Los mismos documentos dan cuenta de facturas a nombre del gobierno de Querétaro por 240 mil euros y una del Estado de México por una cantidad de 273 mil euros.

“Hacking Team ha estado bajo escrutinio creciente luego de que se descubriera que sus programas informáticos han sido usados para atacar a activistas y periodistas. Los investigadores han vinculado a la compañía con una veintena de países, entre ellos algunos con malos antecedentes en materia de derechos humanos”, dice al respecto The Associated Press, que además precisa que no ha podido verificar la autenticidad de los documentos.

La agrupación Reporteros Sin Fronteras colocó en su listado de “Enemigos de Internet” de 2013 a la empresa, debido a sus prácticas, principalmente a través de la herramienta de espionaje “Da Vinci” o "Galileo".

Esta forma parte de los Sistemas de Control Remoto (RCS), que son troyanos vendidos a agencias de inteligencia y seguridad, y que fueron descubiertos por el grupo The Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Versiones periodísticas dieron cuenta de espionaje

En noviembre de 2014 el periodista Alejandro Mondragón publicó que el gobierno de Rafael Moreno Valle adquirió un nuevo equipo de espionaje de origen israelí.

El costo neto de la compra habría ascendido a 14 millones 999 mil pesos y podría clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, así como extraer la información tanto de la SIM como de la memoria interna del móvil (contactos, mensajes y archivos guardados).

En mayo pasado, en medio del proceso electoral, el delegado del CEN en Puebla, Ismael Hernández Deras, acusó que sus candidatos eran espiados a través de sus teléfonos móviles.

Ya el mes anterior, el periodista Fernando Maldonado informó que a través de un sistema de espionaje desde la administración estatal, se interceptaron conversaciones telefónicas de personajes como la senadora Blanca Alcalá Ruiz, el diputado federal Enrique Doger Guerrero y el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de Sedesol, Juan Carlos Lastiri. Lo mismo
Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura a la presidencia de la república y otros panistas como Gustavo Madero Muñoz y Ricardo Anaya.

La Vanguardia
The Guardian
Wired / e-consulta
Martes 7 de julio de 2015.

Página 1 de 4

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter