La bancada priista en el Senado presentó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de la Función Pública (SF) emprenda una “investigación integral” sobre obras realizadas durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle, en donde se presume que hubo irregularidades.

Entre las obras que se mencionan en el escrito, destacan la construcción de la ciclopista y el puente vial del bulevar Hermanos Serdán, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo Audi, la pavimentación del bulevar del Niño Poblano y el Museo de la Evolución de Tehuacán.

En el documento, los legisladores priistas recuerdan que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó irregularidades en esas obras, entre las que destacan subejercicios, mala calidad en los trabajos, recursos no ejercidos y utilización de materiales de dudosa calidad.

Igual agregan que esos trabajos fueron subsidiados por el Fondo Metropolitano para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Regional, y también por el Programa de Fortalecimiento Financiero, con un monto total de 5 mil 248 millones pesos durante el 2016.

En referencia a la construcción de la ciclovía y la remodelación del distribuidor vial Bulevar Hermanos Serdán, los senadores priistas indican que la administración morenovallista gastó más de 266.7 millones de pesos.

“Debido a la utilización de materiales de dudosa calidad y trabajos que no cumplen con los estándares de calidad, a menos de un año de su apertura, presenta guarniciones incompletas, falta de señalización, varillas expuestas y barandales oxidados que en su conjunto ponen en peligro la vida e integridad física de los usuarios”, acusan los del PRI.

También advierten que la ASF encontró inconsistencias con los compromisos y obligaciones en los contratos de obra, falta de comprobación total de los gastos y reintegros de los recursos no utilizados por el gobierno de Puebla.

Igual mencionan el caso de la repavimentación del bulevar del Niño Poblano, en donde se ejercieron 131.3 millones de pesos, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

La fracción priista alerta que esta vialidad sólo mide 1.8 kilómetros, es decir, que cada kilómetro costó más de 65 millones de pesos para su pavimentación.

“En estos trabajos no se cumplieron los tiempos de ejecución pactados, ya que estaban previstos para que concluyeran en cuatro meses, a pesar de ello, no fue hasta seis meses después que fueron inaugurados por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle”, se advierte en el escrito.

Aparte, los senadores del PRI mencionan que el entonces gobierno de Moreno Valle dispuso de 2 mil 451 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento Financiero para la modernización de los bulevares Hermanos Serdán y Esteban de Antuñano, el Centro de Convenciones de la Ciudad Modelo Audi, en San José Chiapa, y la construcción del Museo de la Evolución en el municipio de Tehuacán.

“Lamentablemente, durante una visita de inspección realizada a la Ciudad Audi, se pudo comprobar que su Centro de Convenciones se encuentra en condiciones deplorables, toda vez que está deteriorado, no tiene luz y el mobiliario, abandonado”, indican.

A la vez apuntan los senadores priistas que esto podría dar cuenta de que los recursos públicos fueron desviados y que se cometieron actos de corrupción, por ello insisten en que es necesario que la Secretaría de la Función Pública haga una revisión de estas obras y sobre la posible responsabilidad en las irregularidades detectadas por la ASF.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 2 marzo de 2018.


La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) firmó el contrato base para la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca sin contar con un proyecto ejecutivo, lo que incrementó su costo en 714.6 millones de pesos, sin considerar el IVA.

Este incremento, de acuerdo con la auditoría practicada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), está referido al contrato principal, que es la ejecución de la obra y que fue asignado al consorcio Aldesem y Eppcor por un monto de mil 45.8 millones de pesos, con IVA incluido.

El Paso Exprés es una obra que inició en 2014 y fue inaugurada en abril pasado. En su diseño, construcción y supervisión, la SCT celebró 13 contratos con distintas empresas y prestadores de servicios.

La SFP llevó a cabo una auditoría a cuatro de esos contratos, entre ellos el de la ejecución de la obra, que es el que tiene el monto más elevado y del que detectó el sobrecosto por la mala planeación.

"Se concluye que se llevó a cabo el procedimiento de licitación sin contar con el proyecto ejecutivo autorizado, con el que se generó un catálogo de conceptos E-7, presentado por la Dirección General de Carreteras", señala el documento.

"Dicho proyecto resultó deficiente, al existir variaciones que derivaron en la elaboración de convenios modificatorios y la contratación de servicios para el seguimiento y adecuación del proyecto".

En toda obra de construcción, lo usual es que primero se tiene el proyecto ejecutivo y después se contrata a quien lo va a ejecutar, pues éste es el que contiene los planos y las especificaciones técnicas y es el que sirve como base para calcular los costos.

La auditoría refiere que la SCT emitió la convocatoria de la licitación pública para la construcción de la vía el 16 de octubre de 2014 y el 24 de noviembre de ese mismo año asignó el contrato.

Sin embargo, fue hasta enero de 2015 que Banobras firmó con la empresa Orva Ingeniería SA de CV el contrato del proyecto ejecutivo, es decir, posteriormente a la firma de la construcción de la vía.

El 12 de julio pasado, en el kilómetro 93+857 se abrió un socavón de casi cinco metros de profundidad en el que cayeron y murieron dos personas.

La oquedad se formó debido a que el tubo de la barranca que cruza por debajo de la vía se fracturó y formó una represa de agua que removió la tierra.

Eso ocurrió pese a la advertencia de los vecinos, quienes pidieron sustituir el tubo y ampliar su capacidad de desfogue, solicitud que no fue atendida.

Piden renuncia y castigo a Ruiz Esparza

Senadores del PAN, PRD, Morena e independientes exigieron este miércoles la renuncia del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Los legisladores pidieron que el funcionario deje el cargo, luego que la Secretaría de la Función Pública (SFP) reveló anomalías por más de mil millones de pesos en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

El panista Raúl Gracia condenó que el Presidente Enrique Peña Nieto mantenga a Ruiz Esparza en el Gabinete sólo por la cercanía personal, sin importar las fallas cometidas por la Secretaría.

"La gran falla de este sexenio es que cada vez que los colaboradores del Presidente incurren en una falla o en un acto de corrupción, él prefiere la amistad antes que dar resultados a los ciudadanos. Prefiere mantener al amigo que actuar conforme a derecho", criticó.

"Obviamente Ruiz Esparza debe dejar el cargo, es una acción que costó vidas, que se pudo prever, nunca debió haber sucedido y en cualquier país democrático del mundo esto ya hubiera generado la salida del titular de la dependencia".

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, coincidió en que el Secretario debe dejar el cargo y responder ante la justicia sobre las omisiones que derivaron en la apertura de un socavón a pesar de que se trató de una obra millonaria.

El legislador exigió que se castigue a los verdaderos responsables de los hechos y no a funcionarios menores.

"Sí hay una responsabilidad directa del Secretario. Es parte de toda la corrupción que existe en esta Secretaría, aunque no pasa nada, porque sabemos que el Secretario es protegido del Presidente de la República, hay un contubernio desde lo más alto de la esfera de poder del País", expresó.

"Hay una alta responsabilidad y no puede ser que sea de funcionarios menores, de ninguna manera".

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Fidel Demédicis, pidió que se finquen responsabilidades administrativas y penales en contra de Ruiz Esparza.

Demédicis confió en que la auditoría de la SFP pueda derivar en la renuncia del funcionario.

"Están buscando cómo lavarse las manos y en un momento complicado para Peña Nieto y Ruiz Esparza puede ser el que van a sacrificar. Se puede dar algo parecido a lo que ocurrió con el 'Quinazo'", afirmó.

"Solicitamos su renuncia, pero ahora no sólo debe salir, se le deben fincar responsabilidades de tipo administrativo y penal".

La senadora independiente Dolores Padierna denunció que Ruiz Esparza está protegido por el Presidente y es la única explicación para que siga en el cargo.

"Del socavón del 12 de julio, hay otro auténtico socavón: el financiero que es el de un mil millones de pesos que halló la SFP y es la mitad del costo de toda la obra, sin que ello merezca alguna mención sobre fincamiento de responsabilidades", acusó.

Padierna consideró extraño que la SFP no haya determinado ninguna sanción o responsabilidad administrativa a los funcionarios de la SCT que autorizaron, permitieron y avalaron la actuación ilegal de las empresas, el sobreprecio y el incumplimiento de los contratos.

"No se puede sancionar solo a las empresas y de nueva cuenta volver a cubrir con la impunidad a los funcionarios públicos que permitieron esos actos ilegales", sostuvo.

"Sin una sanción política y administrativa contra la SCT estas auditorías solo quedarán en 'llamarada de petate'".

Reforma
Claudia Guerrero
Rolando Herrera
Ciudad de México
Miércoles 13 septiembre 2017.


No anticiparé juicios por Paso Exprés: EPN  
    
Ciudad de México.-Tras el accidente en el paso exprés, la asociación civil Somos Más protestó afuera de la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para demandar la renuncia de su titular, Gerardo Ruiz Esparza.

"Con qué seguridad nosotros, ustedes, ellos, podemos circular en las recientemente inauguradas carreteras sin temor a que nosotros o nuestras familias sean tragadas por otro socavón", dijo uno de los manifestantes.

"Es urgente la renuncia de Ruiz Esparza y en ese sentido no daremos ni un paso atrás".

Las personas portaron cartulinas con las leyendas: "Ya basta. No tienes vergüenza" y "Si tienes dignidad, renuncia".

El presidente de la organización, César Augusto Morales, denunció que durante la construcción de la obra hubo más de 80 accidentes, en los que murieron 21 personas.

"Ahora se quiere lavar la cara (Ruiz Esparza) pidieron una investigación interna, no lo aceptamos, que renuncie", expresó.

También demandó un proceso judicial contra el funcionario federal.

En la protesta, Morales exhibió a la empresa constructora encargada del paso exprés.

"Aldesa es una de las empresas favoritas de Enrique Peña. Durante el periodo de 2012 a la fecha, Aldesa ha obtenido más de 80 contratos", señaló.

"Estamos seguros que todos estos contratos son producto del contubernio y la corrupción".

No anticiparé juicios por Paso Exprés: EPN  

El Presidente, Enrique Peña Nieto, informó que serán separados, momentáneamente, de su cargo los supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en el mantenimiento y supervisión del Paso Exprés.

Sin embargo, el Primer Mandatario no quiso responder si el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, también debe hacerlo.

Al cuestionarle si hubo negligencia por parte de las autoridades, pues los vecinos habían denunciado irregularidades, Peña Nieto aseguró que no podía hacer juicios.

"No quiero hacer juicios anticipados, he conocido estos señalamientos y de que ya había habido participación de parte de la propia delegación para atender las peticiones, no estoy en condiciones de hacer juicios anticipados", señaló.

"Creo que es importante que se realice la debida investigación y que sea hasta entonces cuando se puedan deslindar de responsabilidades a funcionarios, sea la empresa, o cualquiera que sea la causa".

En entrevista, tras su participación en el 89 aniversario de la Policía Federal, el mexiquense afirmó que es necesario realizar una investigación sobre los hechos así como una auditoría, antes de emitir algún juicio.

"He dado instrucciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que quienes sean supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en la supervisión y mantenimiento de esta obra sean de momento retirados de sus tareas para las investigaciones".

"Y sea hasta entonces, una vez que se tengan los peritajes y la investigación realizada lo que permita deslindar las responsabilidades", señaló.

El Mandatario aseguró que también instruyó a la Secretaría de la Función Pública para que realice una auditoría sobre la obra y, finalmente, ofreció sus condolencias a la familia de las dos personas que murieron al caer al socavón.
Indaga CNDH a autoridades

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indaga las responsabilidades en que funcionarios federales y estatales pudieron incurrir por el socavón que se abrió ayer y que causó la muerte de dos personas en el Paso Exprés.

Mediante un comunicado, el organismo externó sus condolencias e informó que envió a visitadores a la zona del socavón.

"Este organismo nacional inició una queja de oficio sobre estos hechos con el propósito de determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en que podrían haber incurrido autoridades, tanto federales como estatales, en su posible prevención, así como en la respuesta y atención que brindaron a las víctimas una vez que ocurrieron los mismos", señaló.

Además de los visitadores enviados a Cuernavaca, indicó que solicitó información a las autoridades de diferentes niveles de Gobierno,

"La CNDH demanda a las autoridades correspondientes el pronto esclarecimiento del caso y el que se realice una investigación pronta, objetiva e integral, que permita deslindar las responsabilidades", añadió.

Demandó también restablecer la circulación de vehículos por el Paso Exprés, garantizando la seguridad e integridad de los usuarios y los habitantes de la zona en que ocurrieron los hechos.

Reforma
Érika Hernández y
Antonio Baranda
Ciudad de México
Jueves 13 de julio de 2017.


El abogado Pablo Díez Gargari, de Infraiber, es la cabeza visible de una serie de denuncias por corrupción contra el consorcio OHL-México


Después de año y medio de investigarlo, la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente determinó archivar por falta de elementos la averiguación previa iniciada contra Pablo Díez Gargari, abogado de Infraiber, por el arma de fuego que le sembraron en su vehículo.

La Coordinación General de Investigación (CGI) de la PGR, que depende de la Subprocuraduría de Delitos Federales, dictó el no ejercicio de la acción penal en favor del litigante, en la indagatoria iniciada por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Esta resolución fue dictada en cumplimiento a una sentencia de amparo emitida por la jueza federal María Dolores Núñez Solorio, quien consideró que la demora de la PGR para determinar esta investigación violaba las garantías constitucionales de Díez Gargari.

Lo anterior fue confirmado por Alberto del Río y Jesús Moreno de Leija, defensores de Díez Gargari.

El abogado de Infraiber es la cabeza visible de una serie de denuncias por corrupción contra el consorcio OHL-México, derivadas de la supuesta contabilidad fraudulenta en la concesión para explotar el Circuito Exterior Mexiquense.

El 7 de septiembre de 2015, Díez Gargari fue interceptado en San Jerónimo por elementos de la Policía Federal Ministerial, para cumplimentarle una orden de localización y presentación, es decir, para llevarlo a declarar por la fuerza ante la CGI.

El parte informativo levantado por la corporación estableció que el representante legal de Infraiber llevaba una pistola Llama calibre .38 Súper 7, con su cargador y siete cartuchos.

El caso dio un giro casi de inmediato, al revelarse un video de circuito cerrado en el que se aprecia que un integrante de la PFM se introdujo por la ventana del conductor y colocó el arma en el interior del carro BMW.

La revelación provocó que la Visitaduría General de la PGR acusara y llevara a juicio a los agentes Marco Antonio Carreón García, Luis Nicasio Díaz Elizalde, Juan Carlos Mayorga Pérez y Juan José Castelán Vargas.

También a Ramón Castillón Hernández, Elizabeth Garrido Castro, Alma Rosa Victal Linares, Jaime Pérez García, Óscar Chávez Ornelas y Óscar Gregorio García López.

Pese a la evidencia de que el arma había sido sembrada, la PGR no cerró la indagatoria contra Díez Gargari y lo obligó a presentar una demanda de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo Penal de esta ciudad.

Fue hasta la sentencia de amparo que la PGR se vio obligada a determinar y cerrar la averiguación previa, admitiendo que no había evidencias para proceder penalmente contra el litigante por la portación de dicha arma.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Miércoles 22 de marzo de 2017.

El Presidente Enrique Peña y Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, fueron denunciados ante la PGR por presunta conspiración a favor de OHL.

El Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntamente haber conspirado para beneficiar a la empresa OHL en su disputa legal con Infraiber.

La denuncia fue presentada ayer a las 15:00 horas por el representante legal de Infraiber, Paulo Diez Gargari, quien sostiene en el escrito que Peña Nieto instruyó retirarle a Ifraiber el convenio para medir el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. "Es posible concluir que estamos en presencia de una auténtica 'conspiración de Estado', puesta en marcha por instrucciones del propio Presidente de la República, para perjudicar a Infraiber y otros, como represalia por las denuncias públicas (fundadas y bien documentadas) de los numerosos y muy graves actos de corrupción de las empresas del Grupo OHL con servidores públicos estatales y federales", señala.

El escrito establece que la instrucción del Presidente se habría dado durante una reunión celebrada el 6 de abril de 2015, en la que además de Peña Nieto estuvieron presentes Ruiz Esparza, Juan Miguel Villa Mir, entonces Presidente de OHL España; José Andrés de Oteyza Fernández, presidente de OHL México; y Juan Luis Osuna Gómez, presidente de Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V.

En ese encuentro, refiere Diez Gargari a partir de los audios telefónicos que sobre el caso se han dado a conocer desde hace un año, y otros hechos públicos, el Presidente habría pedido a Ruiz Esparza que "regañara" al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, para que arreglara el problema con Infraiber.

Durante la reunión, de Oteyza, de acuerdo con su propio dicho formulado posteriormente en una conversación telefónica, habría urgido a arreglar al asunto, con el argumento de que no sólo afectaba a OHL sino "a todos nosotros", en referencia a los ahí presentes, afirma Diez Gargari.

"Mucho más que la evidente preocupación que manifiesta Oteyza, llama la atención el énfasis que éste añade para referirse al Presidente de la República, al Secretario Ruiz Esparza y al Grupo OHL como 'todos nosotros'", señala.

La confesión de parte de Ruiz Esparza de que sí actuó para que le retiraran el convenio a Infraiber, indica la denuncia, se dio el 29 de noviembre del año pasado, durante la comparecencia que el funcionario tuvo como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno.

Cuestionado por la diputada panista Claudia Sánchez Juárez y bajo protesta de decir verdad, el Secretario dijo que por su intervención se le había quitado a Infraiber el contrato para instalar y operar el Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (SIVA).

"Hay que entender que a éste personaje (Diez Gargari), que usted menciona, se le entregó un convenio que le daba, por adjudicación directa, que le daba un ingreso como de 4 mil o 5 mil millones de pesos, que por intervención de su servidor se le quitó en el Estado de México", señaló Ruiz en esa comparecencia. "Por sí sola, esta manifestación constituye una confesión del Secretario Ruiz Esparza en el sentido de que cometió hechos probablemente constitutivos de delito", enfatiza la denuncia.

Reforma
Ciudad de México
Martes 10 de enero de 2017.


El empresario restaurantero, Víctor Hugo Caram González, y el abogado Carlos Federico Vega Cajica, son las cabezas principales de las empresas poblanas Constructpue de México y Administradora de Capital de México, a quién la Secretaría de la Función Pública (SFA) inició procedimientos sancionatorios por haber falsificado documentos para obtener contratos de obra pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La noticia sobre la investigación que pesa sobre las dos empresas fue dada a conocer este domingo 4 de septiembre por el diario Reforma, y en donde se señala que durante el 2014 las dos compañías fueron beneficiadas con 11 contratos para la construcción de obra en 10 estados del país, valuados en mil 122 millones de pesos.

Y podrían no ser las únicas, en 2014 la revista Newsweek publicó un reportaje en donde señala a “dos altos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

“Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT, y José Antonio Rodarte Leal, coordinador general de Centros SCT, se han encargado de beneficiar a un grupo predilecto de constructoras, que aparecen repetidas en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Estado de México, Veracruz, Distrito Federal, Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Durango a las que les otorgan el grueso de obra pública e incluso en fechas similares, al grado que hay empresas que pareciera que ejecutan obra al mismo tiempo en distintos lugares”.

Aunque la investigación que lleva a cabo la SFA no señala aún a funcionarios que pudieran estar coludidos con las empresas ya señaladas, de momento, y de acuerdo con los edictos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las dos empresas poblanas deben comparecer en un plazo no mayor a 15 días ante la autoridad federal a fin de aclarar el presunto fraude que se les achaca.

En la lista de empresas que de acuerdo con el semanario Newsweek también fueron favorecidas por los funcionarios federales se encuentra Alfa Proveedores y Contratistas, una de las empresas responsables de algunas de las obras insignia del gobierno de Rafael Moreno Valle, como el Centro Integral de Servicios (CIS).

De taquero a constructor

A finales del siglo pasado, a junio de 1999 para ser más exactos, Víctor Hugo Caram González inició el proceso para registrar como marca un restaurante que ya venía funcionando ubicado en la esquina de la 29 sur y la avenida Juárez: “La Feria del Taco”.


Ocho años después extendió sus negocios con “El Hostal de las Brasas”, ubicado a un costado de la esquina de la 19 sur, en la que comenzó a labrar su prosperidad. Después vendría “Boca del Río”, un restaurante especializado en mariscos, ubicado también en la zona.

Pero antes de extenderse a la comida del mar, Caram González, o más bien su esposa y su hija, María Jacqueline Hernández Ramírez y Karime Hennet Caram Hernández registraron la empresa Constructpue de México SA de CV. La fecha 16 de julio de 2009.

El nombre de Víctor Hugo Caram apareció unos meses después, en enero de 2010 cuando se le nombró representante legal de la empresa. La misma que cuatro años después, según documentó el diario Reforma, “ganó contratos de los Centros SCT de Veracruz, Colima, Yucatán, Nuevo León, San Luis Potosí y Nayarit para modernizaciones y ampliaciones carreteras por un monto total de 694 millones de pesos, todos entre febrero y junio de 2014”.

“Según el procedimiento de la SFP contra Constructpue, el contrato más jugoso, por 184 millones de pesos para ampliar la carretera federal 180 en el tramo Cosoleacaque-Jalticpan, fue obtenido tras presentar al Centro SCT-Veracruz copias de ocho contratos con el Gobierno de Puebla que en realidad no existían”.

“La Auditoría Superior de la Federación informó en la Cuenta Pública de 2014 que Constructpue incumplió las obras, por lo que la SCT rescindió el contrato y exigió reembolsar 33.4 millones de pesos.

“En Colima, Constructpue ganó un contrato de 139 millones de pesos en una licitación en la que no asistió a ninguna junta de aclaraciones, mientras que en Nuevo León derrotó a grandes constructoras, como GIA+A, ICA y Mota Engil”.

De acuerdo con documentos notariales en posesión de esta casa editorial, la familia Caram Hernández, salió de la sociedad a finales de 2014, cuando ya se habían concretado la firma de los contratos millonarios con la SCT.

En noviembre de ese año la familia vendió sus acciones a Pascual Arellano Ortiz (el 51 por ciento de las acciones) e Hilda Adriana Cerón Gómez (49 por ciento restante). Y la representación legal de la empresa quedó en manos de Arellano Ortiz.

Una acción digamos sorpresiva pues Arellano Ortiz presentó documentos ante el titular de la notaria número 38, Jaime Juárez Hernández, que ubican su domicilio en la colonia Lomas Flor del Bosque, una colonia bastante popular.

El paso de Hilda Adriana Cerón Gómez en la sociedad fue muy corto, pues en julio de 2015 vendió sus acciones a un nuevo socio llamado Rogelio Castillo Cortés.

Abogado y constructor

Constructpue y Administradora de Capitales de México (ACM) tienen una cosa en común, además de los varios contratos que se les otorgaron desde la SCT durante el 2014. Las dos empresas fueron constituidas en 2009. La primera ya se señaló fue en julio de 2009, la segundo un tres meses antes, en mayo de 2009.

ACM fue conformada con 50 mil pesos de capital por el abogado Carlos Federico Vega Cajica y Patricia Cabrera Flores, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa.

Cinco años después de su constitución la empresa sumó en unos meses contratos por 428 millones de pesos en Puebla, Jalisco, Oaxaca y Guerrero, cortesía de la SCT. Entre ellos el contrato para la modernización del periférico ecológico valuado en 271.6 millones de pesos.

E igual que Constructpue, presentó “documentación presuntamente falsa” para obtener los contratos, como se lee en la notificación de inicio de procedimiento que emitió el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que se publicó en el DOF el 1 de junio pasado.

De hecho, desde febrero de 2015, Jorge Trujillo Abarca, titular del Órgano Interno de Control de la SCT giró una circular dirigida a “las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos en la materia de obra pública, con la empresa Administradora de Capitales de México S de RL”.
 
Además, se le impuso una multa por 367 mil pesos, y un plazo de inhabilitación por seis meses por haber “proporcionado información falsa en su propuesta técnica”.

Lado B
e-consulta
Ernesto Aroche
Ciudad de Puebla
Lunes 5 de septiembre de 2016.


•    Ampliación y modernización de la autopista México Puebla, parte del plan integral de conectividad para NAICM

•    Se trata de una inversión federal superior a los dos mil 300 millones de pesos, informó el secretario de Comunicaciones y Transportes

Con una inversión federal superior a los dos mil 300 millones de pesos, se lleva a cabo la modernización y ampliación de seis a 12 carriles de la Autopista México-Puebla, que forma parte del plan integral de conectividad de altas especificaciones, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al supervisar los avances de esta obra en el oriente del Estado de México, la cual tendrá un tránsito diario estimado de casi 160 mil vehículos y de la que es concesionario CAPUFE-FONADIN.

Señaló que se trata de una obra de 14.2 kilómetros que cuenta ya con un avance de 98% por ciento, por lo que se espera que sea inaugurada en semanas próximas.

Esta vialidad dispone de cuatro carriles por sentido para el tránsito de largo itinerario y dos para tránsito local, con lo que se obtiene una reducción de tiempo de recorrido de 70%, al pasar de una hora con 15 minutos a tan solo 25 minutos, destacó.

Indicó que en la modernización de este tramo carretero se construyó el Distribuidor Vial Eje 6 que operará como una conexión entre la Autopista y la vía libre, así como la ampliación de seis estructuras de cruces hidráulicos vehicular y de ferrocarril, además de contemplar el espacio para alojar un sistema de transporte suburbano.

Afectaciones por lluvias

En torno a los deslaves registrados en la Autopista México-Tuxpan, señaló que se registraron diez, tres de ellos graves, los cuales tras una jornada de diez horas de trabajo fueron atendidos y se restableció la circulación con absoluta normalidad.

“La SCT es solidaria y está atenta para atender las afectaciones derivadas de los fenómenos meteorológicos en las carreteras y autopistas del territorio nacional, ya que, con trabajo y tiempo, pueden recuperarse al 100 por ciento”, subrayó.

Dobles remolques

Respecto al uso de dobles semirremolques en el transporte de carga, señaló que la SCT se ciñe única y exclusivamente al reglamento en vigor y que en caso de que hubiera un cambio en éste la SCT estaría dispuesta a ceñirse a lo que disponga la nueva norma, insistió.

Asimismo, hizo un llamado a propietarios y choferes de este tipo de remolques a que respeten los señalamientos viales y las disposiciones en materia de tránsito, ya que dijo, “un 70 por ciento de los accidentes se generan por exceso de velocidad o infringir la reglamentación en vigor”.

Beneficios

En su intervención el director general de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Benito Neme Sastré, aseguró que la obra beneficia a más de dos millones de habitantes y elimina cuellos de botella en una de las zonas limítrofes más conflictivas de tránsito vehicular entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Asimismo, con esta obra se evita la circulación del tránsito de largo itinerario por las zonas urbanas en la CDMX; así como, los municipios de Los Reyes La Paz, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Por su parte, el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, Erasto Martínez Rojas, agradeció el apoyo permanente del gobierno federal, a través de la SCT con inversiones que derivan en beneficios directos para los mexiquenses

Finalmente, Gerardo Ruiz Esparza reiteró que todas las obras que se realizan eventualmente causan molestias, pero que son temporales, pero sin duda los beneficios que se obtienen de ellas serán permanentes.

Acompañaron al titular de la SCT, el secretario de Infraestructura del Estado de México, Erasto Martínez Rojas; el subsecretario Raúl Murrieta Cummings, y el director general de Desarrollo Carretero, Carlos Bussey Sarmiento.

Puebl@Media
Puebla, México
Miércoles 10 de agosto de 2016.


El directivo, protagonista del escándalo de escuchas, abandona la compañía por motivos personales

José Andrés de Oteyza ha abandonado este viernes la presidencia del consejo de administración de OHL México. El directivo deja la empresa tras once años por motivos personales, informó la compañía en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De Oteyza fue uno de los altos cargos exhibidos en el escándalo de escuchas que estalló en mayo de 2015 y que posó sobre la constructora sospechas de corrupción. Juan Luis Osuna, que hasta el día de ayer se desempeñaba como vicepresidente del consejo, ha sido ratificado por la asamblea de accionistas como sustituto De Oteyza al frente de la filial mexicana de OHL.

De Oteyza llegó a la presidencia del consejo el 30 de marzo de 2005. Estuvo por cumplir once años exactos al frente de la OHL México. En ese tiempo, la empresa floreció de la mano del Gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto (2005-2011). En esa entidad vecina a la capital mexicana, construyó más de 200 kilómetros de carreteras con concesiones de operación de hasta 30 años.

En mayo de 2015, la voz de José Andrés de Oteyza se hizo pública gracias a la difusión de conversaciones telefónicas filtradas en YouTube. En la primera charla que vio la luz se escuchaba discutir a De Oteyza con Pablo Wallentin, uno de sus operadores. Ambos hablaban de una serie de correos que pretendían aumentar los peajes en los 22 kilómetros del Viaducto Bicentenario, una vía rápida que conecta la Ciudad de México con el Estado de México. El esquema financiero descrito en la conversación justificaba el alza con la hipotética construcción de una ampliación que estaba por diseñarse. “Esto es un fraude. Vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir”, respondía De Oteyza a su subalterno.

Esa llamada hundió un 22% las acciones de la compañía y marcó el inicio de una etapa convulsa para la filial mexicana de la empresa de Juan Miguel Villar Mir. La conversación puso bajo sospecha a un extenso puñado de directivos de cometer actos de corrupción. Pablo Wallentin, consejero de De Oteyza, no resistió el vendaval y se vio obligado a dimitir.

A De Oteyza se le escuchó también intercambiar palabras con Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Enrique Peña Nieto. La llamada, presuntamente realizada en febrero de 2015, hacía pensar que la SCT dio información sobre licitaciones de carreteras a la empresa antes de que se hicieran públicos los concursos. Wallentin sugería en la charla que la compañía había tratado de pagar la estancia vacacional del ministro en un hotel de lujo propiedad del grupo constructor. Ruiz Esparza negó haber recibido favores de OHL. La práctica no era extraña. Apolinar Mena, secretario de Comunicación del Estado de México, fue exhibido pidiendo a los directivos una suite más grande para sus vacaciones con su familia. Su petición le costó el cargo.

Oteyza, de 73 años, abandona OHL México después de que una serie de investigaciones internas, algunas de ellas pagadas por la misma empresa, eximieran a la compañía de actos indebidos. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el regulador financiero mexicano, le impuso una multa de 4,1 millones de dólares por haber inflado los costes de una obra construida en el Estado de México. También se concluyó que la constructora incurrió en faltas administrativas, pero no encontró “dolo o fraude” en el escándalo de escuchas. En el primer trimestre de 2016, los títulos de OHL incrementaron su valor un 52%, consiguiendo su mejor inicio anual desde 2010.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México
Sábado 30 de abril de 2016.

Nuevos audios involucran a al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza

Ciudad de México.- La Procuraduría Fiscal de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, la unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, ha iniciado una investigación exhaustiva sobre las denuncias presentadas por Infraiber relativas a la presunta manipulación contable que OHL y su auditora Deloitte han practicado desde hace años en relación con los ingresos, beneficios y el valor de su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, principal autopista de peaje del grupo español en el país.

Economía Hoy informa esta tarde que Infraiber firmó un convenio marco con Manuel Ortiz García (funcionario del Estado de México cesado por sospechosas adjudicaciones) para contabilizar y cobrar por el flujo vehicular de las autopistas del Estado de México. Por otro lado, cada concesionaria debía de firmar otro acuerdo con Infraiber para fraguar el contrato, cosa que nunca sucedió con OHL. Ahora la empresa de tecnología reclama a la constructora española por un contrato de 2 mil 100 millones de pesos, además de asegurar que la concesión suma ya una deuda de 52 mil millones.

La disputa entre Obrascón Huarte Lain (OHL) y la empresa Tecnología Aplicada Infraiber subió de tono con nuevos audios que evidenciaron favoritismo de las autoridades mexicanas en los contratos para contabilizar el aforo en las autopistas del Estado de México.

Nuevos audios filtrados muestran al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, conversando con Pablo Wallentin, ex director de Relaciones Institucionales de OHL México afinando la estrategia que la empresa de capital español debe seguir en su pleito con la compañía mexicana.

En entrevista radiofónica con Radio Fórmula, Ruiz Esparza negó estar involucrado en un acto ilegal. “Que quede claro que no hay nada indebido en la llamada. Simplemente aclaraciones de temas que se tienen que aclarar”, afirmó.

Más tarde, en un comunicado, la SCT emitió una aclaración de parte de Ruiz Esparza en la que dijo que las grabaciones son ilegales, editadas y manipuladas con el fin de desorientar a la opinión pública.

Además acusa que tras el conflicto suscitado entre Infraiber y OHL, ”se intensificaron ataques y audios ilegales, editados y manipulados en contra de diversas instancias, así como exigencias para restaurar la validez del convenio declarado nulo, ya que por la vía legal no les fue posible (a Infraiber) “.

Y dijo que “muchas partes del audio no se entienden debido a las manipulaciones y ediciones a su contenido. Asimismo, se hacen referencias engañosas a nombres, reuniones y adjetivos calificativos que se desconocen”.

Infraiber, consorcio especializado en el desarrollo e integración de sistema de tecnología de punta para el control de tráfico y condiciones de operaciones de autopistas, ha denunciado diversas irregularidades en los contratos que OHL tiene con el Estado de México, en especial en el que atañe al Circuito Exterior Mexiquense.

Las denuncias de Infraiber contra OHL estuvieron a cargo del abogado Paulo Díez Gargari, quien el lunes 7 de septiembre fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar en el caso de la intervención de comunicaciones privadas en agravio de la empresa española.

De acuerdo con publicaciones del hermano del litigante, Rodrigo Díez, en su cuenta de Twitter la detención se dio “después de revelar irregularidades de OHL”. Hasta el momento está en calidad de testigo, y aunque se desconoció su paradero por unas horas, su hermano tuiteó a las 13:51 horas que ya sabían “dónde está”. Detalló que aún no lo ven, pero van en camino. “Muchas gracias a todos por difundir esto”.

PROMO-AUDIOS-GRE

Ayer por la tarde, Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL en España, reiteró que todas las acusaciones que la empresa Infraiber ha dicho contra su filial en México se han “demostrado al 100 por cien falsedades y calumnias” para desprestigiar al Gobierno del Estado de México y a OHL.

Villar Mir reiteró que OHL México ha actuado correctamente en la contabilización de los ingresos de sus concesiones en el país, en contra de las denuncias de Infraiber, una empresa “con la que no hemos tenido ni tendremos relación”.

Para el empresario, las cotizaciones tanto de OHL como de su filial mexicana se han visto afectadas por la filtración de los audios que involucran a altos directos de la firma con autoridades mexicanas.

En conferencia de prensa, el directivo de OHL afirmó que la compañía está en “proceso” para llevar a cabo las “exigencias civiles y penales” que correspondan a los dueños de la compañía mexicana.

Infraiber, por su parte, dijo que “no ha sido notificada de juicio alguno en su contra promovido por OHL”.

“Por supuesto que OHL puede evaluar la conveniencia de demandar a Infraiber si considera que le asisten el derecho y la razón, lo que tendrá que acreditar ante los tribunales competentes”, agregó.

Al respecto, la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, inició una averiguación sobre las denuncias presentadas por Infraiber relativas a la presunta manipulación contable que OHL y su auditora Deloitte han practicado en relación con los ingresos, beneficios y el valor de su inversión en la principal autopista de peaje del grupo español.

En un escrito de fecha 4 de septiembre, la dirección general de Delitos Financieros detalla que el objetivo de la investigación iniciada es “poder determinar si de los hechos planteados se actualiza alguna conducta de naturaleza delictiva”.

PROMO-OHL-RUIZ-ESPARZA

Asimismo, publicó El Diario.es, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) tiene en curso un proceso de auditoría de OHL México, filial del grupo constructor español, como consecuencia también de las múltiples denuncias de manipulación y falsedad contable interpuestas por la empresa de ingeniería y medición de tráfico.

Infraiber denunció que OHL “ha obstaculizado sistemáticamente” su labor en las autopistas del grupo español en ese país, así como una serie de abusos, ilegalidades e irregularidades cometidas supuestamente en la gestión de las concesiones de autopistas de OHL en México.

Según Infraiber, OHL ya ha recuperado su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense, por lo que la autopista debe revertir en favor del Estado de México sin coste alguno.

ESPARZA DICE QUE HAY ENREDO DE CONCEPTOS

En el nuevo audio revelado, Ruiz Esparza explica que “Infraiber no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado [de México], porque no hay nada que le haya dado un derecho a Infraiber, porque no se firmó con OHL ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.

De acuerdo con la información que acompaña a los audios, la conversación entre Ruiz Esparza y el representante de OHL en México ocurrió un día después de que Juan Miguel Villar Mir, presidente de la firma, se reuniera en la Residencia Oficial de Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto. También habrían estado presentes Ruiz Esparza y José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración de OHL México.

Sin embargo, el funcionario federal expuso que “hay un enredo de conceptos de una grabación ilegal, editada, manipulada (ríe) que la verdad, para tener claridad, yo no quisiera hacer mucha referencia porque yo creo que sería caer en conclusiones indebidas de algo indebido”.

Durante las conversaciones se mencionan a otros Gerardos. En el audio dos, Pablo Wallentin menciona a un Gerardo Fernández, sin embargo, el director general de OHL México José Oteyza, en el mismo diálogo, afirma “este Gerardo se defiende delante del Presidente [Enrique Peña Nieto] que… ¡yo no le puedo decir dos veces a un Secretario, delante del Presidente de la República, que está equivocado!”.

“Refieren a Gerardos que son abogados de la empresa y lo quieren hacer ver como que soy yo. Hacen referencia a otras reuniones que la verdad no tengo la menor idea a qué se refieren”, declaró Ruiz Esparza en entrevista radiofónica.

Libera PGR a abogado de Infraiber

La Procuraduría General de la República liberó esta tarde a Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, luego de mantenerlo retenido por más de 48 horas por una investigación abierta por el espionaje telefónico a directivos de OHL México y por presuntamente portar un arma de fuego.

Jesús Moreno de Leija, defensor de Díez, confirmó que a las 18:15 horas de este miércoles su cliente quedó en libertad luego de garantizar una caución ante el Ministerio Público federal por 64 mil pesos.

Díez fue detenido el pasado lunes alrededor de las 14:00 horas al salir de sus despacho en la Ciudad de México con base en una orden de presentación de la Coordinación General de Investigación (CGI) de la Procuraduría.

Reforma
Abel Barajas

Sin Embargo
Ciudad de México
Miércoles 8 de septiembre de 2015.

La grabación exhibe que la empresa presuntamente pagaría las vacaciones de Gerardo Ruiz Esparza; el funcionario negó que la compañía haya hecho algún pago en su favor

OHL México presuntamente acordó pagar vacaciones al secretario de Comunicaciones y Transportes federal, Gerardo Ruiz Esparza, y supuestamente obtuvo información privilegiada de licitaciones, de acuerdo con nuevas grabaciones de conversaciones entre directivos de la empresa difundida en YouTube.

En uno de los audios se escucha al exdirector de Relaciones Institucionales de OHL México, Pablo Wallentin, reclamar a una secretaria de la empresa que Ruiz Esparza haya tenido que pagar una estancia vacacional.

En la grabación no se detalla de qué estancia vacacional se trata y Wallentin reclama que no le hayan hecho el cargo a su propia tarjeta.

- Oiga la voy a agarrar a patadas. ¿Qué pasó con lo de Edna? A Ruiz Esparza le cobraron [...] sus estancias.

- A mí me dijeron que todo estaba bien, que todo estaba cobrado en su tarjeta.

En la conversación, supuestamente realizada el 9 de marzo de 2015, el ex directivo pide a la persona comunicarse para verificar si pagó algo Ruiz Esparza y de ser así reembolsarlo de inmediato.

“Cuánto fue y quién lo pago, si lo pagaron ellos reembolsárselos de inmediato”, enfatizó Wallentin.

Tras darse a conocer estas conversaciones, el titular de la SCT negó cualquier irregularidad.

"Rechazo categóricamente que la empresa OHL me haya pagado algún gasto de vacación o de cualquier otro tipo”, escribió este miércoles el funcionario en su cuenta de Twitter.

En otra de las conversaciones, Wallentin supuestamente habla con el presidente de la empresa, José Andrés de Oteyza, sobre la reunión que tuvo con uno de los funcionarios de la SCT, quien presuntamente le entregó un disco con información de dos proyectos que saldrían a licitación.

“Me dio un disco del proyecto de Ciudad del Carmen y me dio el proyecto que tienen de Indios Verdes, me lo dio en disco con toda la información, y cómo va a salir y cómo se va a licitar”, dijo el ex directivo.

En estas conversaciones también se discuten sobrecostos en una obra de Atizapán-Atlacomulco y un supuesto acuerdo con funcionarios para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no realice visitas de inspección.

La empresa ha estado en el ojo del huracán desde principios de mayo, tras la difusión de grabaciones de llamadas telefónicas en las que presuntamente ejecutivos de alto nivel discuten sobrecostos, pago de vacaciones a funcionarios, supuestos sobornos a jueces y tráfico de influencias con servidores públicos del Estado de México.

OHL dijo este miércoles en un comunicado que las grabaciones son ilegales y manipuladas, y que buscan confundir a los participantes del mercado, autoridades y público en general.

"OHL México reitera que continúan las investigaciones necesarias para confirmar quién está detrás de la campaña de desprestigio y ratifica que hará uso de todos los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos. Asimismo, la Compañía informa que se presentarán nuevas denuncias sobre el caso a las autoridades respectivas", dijo.

La empresa agregó que continúan las auditorías solicitadas a KPMG Cárdenas Dosal, S.C., Jones Day México y FTI Consulting para el esclarecimiento de los hechos.

Las acciones de OHL México bajaban 1.76%, a 20.05 pesos por papel en operaciones intradía.

CNN Expansión
Ciudad de México
Miércoles, 08 de julio de 2015.

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