Los fiscales consideraron que el riesgo de que el exsecretario de Seguridad se fugue si sale de prisión es mayor al riesgo de contagiarse del COVID-19.


La Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por la pandemia de COVID-19, pues consideraron que no es una razón suficiente para otorgarle este beneficio.

Los fiscales señalaron en una resolución que el riesgo de fuga es mayor que el que tiene el exfuncionario de contagiarse de coronavirus.

De acuerdo con el periodista de The New York Times, Alan Feuer, los fiscales señalaron que, aunque hay un caso de COVID-19 en la cárcel federal de Brooklyn, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y al igual que otros reclusos pueden “autoaislarse” y permanecer en su celda.

El 25 de marzo pasado, los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ofrecieron una fianza de 2.2 millones de dólares (mdd) para que su cliente salga de prisión por el temor a contagiarse de COVID-19.

La defensa de García Luna había argumentado que el exfuncionario estaba “en alto riesgo de muerte” si era expuesto al coronavirus, pero la Fiscalía señaló que tomó medicamentos hace cinco años por una “afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado” y que no tiene una enfermedad crónica continua.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

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Animal Político
Ciudad de México
Lunes 30 de marzo de 2020.


Vargas Fosado dejará el gobierno de Puebla sólo si hay una determinación judicial: Barbosa


El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que mantendrá como su asesor a Ardelio Vargas Fosado y como delegada de Seguridad en Puebla capital a Carla Morales Aguilar, pese a los señalamientos públicos de la cercanía de ambos con Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el crimen organizado.

Al preguntarle si tomaría en cuenta la orden –emitida por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador– de suspender de sus cargos a todos los funcionarios de la administración federal que estén relacionados con el ex colaborador de Felipe Calderón, para reconsiderar sus propuestas para la seguridad municipal, Barbosa respondió:

 “Eso se publicó en la revista Proceso, yo respeto mucho lo que se publique en la revista Proceso. El día que haya una determinación judicial, ministerial de las personas vinculadas a Genaro García Luna, sin duda que estarán separadas de cualquier relación con mi gobierno”.

Al insistirle sobre su empecinamiento para mantener esos perfiles que han sido criticados por su actuación en el pasado, el mandatario interrumpió: “Esa es mi respuesta ¿sale? Ya te di mi respuesta”.

Ayer, Proceso publicó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, envió un oficio a todas las dependencias y organismos del gobierno federal para informarles que por instrucciones presidenciales deberán separar de su cargo a todos los funcionarios que hayan estado vinculados con García Luna.

Además de la participación de Vargas Fosado como asesor de Barbosa Huerta, en Puebla también se ha cuestionado la confirmación que hizo el Congreso de local de Gilberto Higuera Bernal como fiscal general del estado, pese a que fungió como coordinador jurídico en los seis años que García Luna fue secretario de Seguridad Pública del expresidente Calderón.

En un video difundido ayer, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco pidió al gobernador desistirse de nombrar en Seguridad Pública de Puebla capital a gente relacionada con García Luna.

“Gobernador: no vulnere la seguridad de las y los poblanos con estos perfiles que está trayendo y que están relacionados con Genaro García Luna”, reclamó la edil morenista.

En el mismo video, Rivera Vivanco acusó al mandatario estatal de haber emprendido una campaña de desprestigio, amedrentamiento y persecución en su contra y de sus colaboradores.

Sostuvo que Barbosa Huerta ha usado sus ruedas de prensa para descalificar y arremeter diariamente contra la administración municipal, a la que acusa de cometer múltiples irregularidades y de proteger a la delincuencia.

También ayer, el gobernador aseguró que el gobierno capitalino cuenta con una estructura alterna que cobra cuotas a giros negros y protege a 84 policías que no aprobaron controles de confianza.

Afirmó que en 13 ocasiones se le ha notificado a la alcaldesa para que proceda contra los elementos policíacos que incurren en irregularidades y no ha actuado. También ha dicho que la corporación municipal no participa en operativos porque los filtran a la delincuencia.

El secretario del ayuntamiento, René Sánchez Galindo, rechazó que la autoridad municipal solape la delincuencia. Afirmó que han presentado cerca de 50 denuncias penales y que la Fiscalía General del estado ha hecho caso omiso.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 28 de marzo de 2020.


El asesor de seguridad del gobierno de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, estuvo a las órdenes de quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos


Aunque el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción de separar de sus cargos a todos los funcionarios que estuvieran ligados al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió que exista una orden judicial de por medio para cumplir con esta orden, que impactaría directamente a su asesor en seguridad, Ardelio Vargas Fosado.

Yo respeto mucho lo que se publicó en la Revista Proceso, pediría que haya una determinación judicial, ministerial, de las personas vinculadas a Genaro García Luna, sin duda que estarán separadas de cualquier relación con mi gobierno

Aunque la reportera de este medio nacional buscó profundizar en el tema, el gobernador dio carpetazo al decir “ya te di mi respuesta”.

Fue a través de un documento firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, como se formalizó la instrucción de suspender a todos los funcionarios de la administración federal ligados a García Luna, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por los delitos de conspiración, tráfico de drogas y falsear declaraciones.

En Puebla, el asesor de seguridad de Barbosa Huerta es Ardelio Vargas Fosado, quien estuvo bajo las órdenes de García Luna en 2007-2008, cuando este último fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal del entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

Vargas Fosado también fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) durante el sexenio del exgobernador, Rafael Moreno Valle, hoy fallecido, lo que fue criticado también por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien mantiene un conflicto con Barbosa Huerta por el control de la seguridad en la capital poblana.

El Sol de Puebla
Víctor Hugo Juárez
Ciudad de Puebla, México
Sábado 28 de marzo de 2020.


Previamente había ofrecido una fianza por un millón, pero ésta fue rechazada

El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, pidió hoy a través de su defensa afrontar su proceso en libertad, a fin de evitar el riesgo de contagiarse del COVID-19 en la cárcel de esta ciudad donde está recluido.

En carta dirigida al juez de distrito, Brian M. Cogan, encargado de su proceso, por el abogado defensor César de Castro, transmitió la propuesta de que la fianza sea por dos millones de dólares en vez de un millón, rechazada el pasado 28 de febrero ante el riesgo de fuga que representa.

Se trata del segundo intento del exfuncionario mexicano por enfrentar su proceso en libertad, pues a fines del mes pasado el juez Robert M. Levy, quien dirigió la audiencia sobre la posible fianza, otorgó tiempo adicional para presentar nuevos términos para la posible libertad condicional.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

En este segundo intento, previsto desde fines de febrero, la defensa agrega el argumento de que es necesaria ante la expansión del COVID-19 en el mundo y en el Centro Metropolitano de Detención de esta ciudad donde está recluido.

Este centro, que alberga a alrededor de 700 prisioneros, reconoció en un documento interno el pasado lunes su primer caso de contagio por la nueva cepa de coronavirus, de acuerdo al sitio informativo Vice.

El recluso comenzó a quejarse el pasado fin de semana, el domingo por la noche lo evaluó el personal médico del reclusorio y fue enviado en una ambulancia al hospital presbiteriano del bajo Manhattan, de donde fue regresado a prisión y puesto en aislamiento, de acuerdo al memorandum interno.

La publicación, con base en ese documento interno, señaló que pese a la confirmación, ningún otro recluso fue transferido a otras áreas como medida de precaución, aunque sí estén programadas las revisiones médicas.

El pabellón carcelario donde se encuentra el recluso confirmado con el coronavirus es una unidad de alta seguridad empleada para prisioneros notorios.

En su momento albergó al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, y al financiero Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda.

Mientras Estados Unidos se dirige a ser el nuevo epicentro de la pandemia, la ciudad de Nueva York encabeza ese camino con más de 30 mil 800 casos de los cuales han muerto 285 personas, y medidas de emergencia como la instalación de una morgue provisional.

Notimex
 Nueva York, EUA
Miércoles 25 de marzo 2020.


Barbosa confirma remoción de 4 de 8 jefes policiacos en la zona metropolitana; dos están pendientes

Seis de los ocho jefes policiacos en sendos municipios de la zona metropolitana de Puebla serán removidos en los próximos días, confirmó ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien también asintió, a pregunta expresa, que entre los altos mandos que se irán se encuentra Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital.

En una entrevista que concedió ayer el mandatario estatal, tras encabezar una reunión de trabajo con presidentes municipales, síndicos y sistemas municipales del DIF, el mandatario precisó a pregunta expresa, que además de la Angelópolis, serán dados de baja los actuales titulares de Seguridad Pública en Huejotzingo, Coronango y Juan C Bonilla.

Explicó que en el caso de Amozoc y Cuautlancingo aún no se determina si habrá cambios o no, mientras que en San Pedro Cholula y San Andrés Cholula no se harán relevos de los mandos de seguridad.

Precisó que en lo que compete a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento presidido por Claudia Rivera Vivanco, que encabeza Lourdes Rosales Martínez desde octubre de 2018, se mantendrá el cargo para una mujer.

El morenista indicó que los cambios son resultado del análisis que se hizo a las policías luego del convenio de seguridad que se firmó con ayuntamientos de la zona metropolitana, por lo que será en los siguientes días cuando se den los movimientos en las cuatro demarcaciones antes señaladas.

“Ya terminamos con esa evaluación, en esta semana cerramos este tema de los relevos en los responsables de las áreas de seguridad, se mantienen las posiciones para quienes ocupan los cargos, en Puebla será una mujer la que asuma la función”, expresó.

Ante la pregunta sobre el trascendido de que Carla Morales Aguilar, exdelegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio pasado, será quien releve a Rosales Martínez, Barbosa Huerta lo rechazó, pero reiteró que será respetado el cargo para una mujer.

Por último, el mandatario se pronunció a favor del mando coordinado y no por un mando único, a la par de descartar que Ardelio Vargas Fosado vaya estar al frente de dicha área, aunque confirmó que es su asesor en seguridad pública.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Jueves 12 de marzo de 2020.


Congreso de Puebla defiende nombramiento de fiscal ligado a García Luna


El líder del Congreso local, Gabriel Biestro, defendió el nombramiento de Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del estado (FGE), pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería investigado por su cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por su presunta protección al cártel de Sinaloa.

“Nosotros tenemos la confianza de que tomamos la decisión correcta. Confío en que todo va a salir bien”, expresó el diputado de Morena sobre el exprocurador de Sinaloa, quien el pasado 26 de febrero fue designado fiscal, con 38 votos a favor de los 41 legisladores que conforman el Congreso poblano.

Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador dijo que había encargado al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, que investigara a los excolaboradores de García Luna que continúan trabajando para la administración actual.

En respuesta a una reportera que lo cuestionó por el nombramiento de Alfredo Higuera Bernal al frente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la ratificación del hermano de éste, Gilberto, como fiscal general en Puebla, el Ejecutivo federal declaró:

“Lo peor que puede haber es la impunidad. Imagínense que los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad, el que no haya violencia, estén involucrados con las bandas de la delincuencia… No, eso lo tenemos que cuidar”.

No se trata de cometer injusticias, sino de revisar “quiénes estuvieron cerca y se presume fueron cómplices o guardaron silencio o fueron subordinados”, puntualizó.

Gilberto Higuera Bernal fungió como coordinador jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en los seis años en que García Luna estuvo al frente de la dependencia. Y existen versiones periodísticas que señalan que el excolaborador de Felipe Calderón Hinojosa recomendó a Higuera Bernal con el fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle.

García Luna también habría recomendado otros nombramientos que hizo Moreno Valle en el área de seguridad del estado, entre ellos Facundo Rosas Rosas y Ardelio Vargas Fosado.

Cuestionado sobre esa posible investigación contra Higuera Bernal, el líder del Congreso local consideró que no es necesario que el recién nombrado fiscal se separe del cargo mientras se revisa su caso.

El nombramiento del fiscal fue respaldado por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, así como por los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

La elección de Bernal Higuera estuvo rodeada de protestas, principalmente de familiares de víctimas de desapariciones y feminicidios que lo acusaron de omisión, negligencia y hasta complicidad con los delincuentes.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 11 de marzo de 2020.


El exsecretario de Seguridad podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa


Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue enviado de vuelta a prisión tras una audiencia en la que no se llegó a una decisión sobre si saldría o no en libertad bajo fianza.

"La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza", tuiteó Alan Feuer, reportero de The New York Times.

Los abogados de García Luna prepararán un nuevo intento para lograr la fianza, a la vez que la Fiscalía buscará bloquearla, de acuerdo con Feurer.

Los defensores del exsecretario cuestionaron los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo fundado de fuga del acusado.

Horas antes, se reveló una carta en la que la Fiscalía pedía al juez Cogan no dejar en libertad a García Luna.

"La combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan", alegó el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

"(García Luna) tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo".

El exsecretario podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa.

"La fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado", aseguró Donoghue, pues tendrían nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

"(La Fiscalía) ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene "recursos poderosos en México", donde vivió hasta 2012, como "funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado".

Reforma
The New York Times
Ciudad de México / NY, EU.
Jueves 27 de febrero de 2020.


Próxima audiencia fue programada para el 2 de abril


El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes en un juzgado de Brooklyn, Nueva York.

Al salir de la audiencia, el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello.

Agregó que al exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado.

El abogado de oficio señaló que, en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y ha tenido muy poco o ningún contacto con la familia.

El juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril.

En tanto, que los fiscales dijeron que tienen toneladas de evidencia contra Genaro García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Su primera audiencia fue el pasado 3 de enero para enfrentar los cargos en la corte federal de Brooklyn, donde la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos acusa al exfuncionario de aceptar millones de dólares en sobornos. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox).

De 2006 a 2012 ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón. Según la acusación, entre 2001 y 2012 recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa.

Notimex
El Universal
Nueva York, EUA.
Martes 21 de enero 2020.


El exfuncionario comparece el próximo martes ante el juez que llevó el juicio contra Joaquín, 'él Chapo', Guzmán.


La Fiscalía de EU y la defensa del mexicano Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, solicitaron este viernes al juez de Nueva York, Brian Cogan, que presidirá este caso por narcotráfico, sesenta días de plazo entre la audiencia del próximo martes y la siguiente.

Se espera que el juez tome una decisión al respecto durante la audiencia que tendrá García Luna el martes en la corte federal para el distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde también se llevó a cabo el juicio contra Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, de quien presuntamente aceptó sobornos.

La petición está contenida en una carta que fue enviada este viernes al juez Cogan, que también presidió el juicio contra 'el Chapo', condenado a cadena perpetua en 2019, y en la que también piden al magistrado que catalogue este caso como “complejo” por la “voluminosa evidencia” que se proponen presentar.

El extitular de Seguridad de México bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), de 51 años e ingeniero mecánico de profesión, fue arrestado el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, luego de que el Gobierno de EU le acusara de tres cargos de conspirar para traficar cocaína a este país y otro por falso testimonio durante su proceso de ciudadanía.

En la carta enviada el viernes al juez Cogan la Fiscalía informa al magistrado que esperan presentar voluminosa evidencia, que continúan recopilando, relacionada con la conducta del acusado, que se extiende a por lo menos dos décadas, y que incluye registros financieros, de propiedades y de su proceso de nacionalización.

También evidencia confiscada y otra solicitada a otros países y otra recuperada de dispositivos electrónicos, entre otra.

García Luna enfrentó su primer audiencia el pasado 3 de enero tras ser traído desde Texas para enfrentar los cargos en la corte federal de Broojlyn y la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza, a lo que se opone la Fiscalía.

El Gobierno de EU acusa al mexicano de aceptar millones de dólares en sobornos de Guzmán Loera. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó sobornos a cambio de brindar protección al cartel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005 García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la residencia de Vicente Fox que le nombró al cargo) y de 2006 a 2012 fue el Secretario de Seguridad Pública, que controlaba la Policía federal, bajo la presidencia de Calderón.

De acuerdo con la acusación, entre 2001 y 2012 García Luna recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Fue detenido tras los testimonios de varios narcotraficantes durante el juicio al ‘Chapo’, que se celebró entre noviembre de 2018 y febrero de 2019.

De ser hallado culpable en los cargos de conspiración, García Luna enfrenta una sentencia obligatoria mínima de diez años de prisión y máxima de cadena perpetua.

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EFE
Nueva York, EU.
Viernes 17 de enero de 2020.


María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada de Nunvav, empresa que utilizó el exsecretario para desviar miles de millones de pesos

Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

La exfuncionaria comparte poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa.

Ante el notario, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.

En esa área se desempeñó durante cuatro años como directora general adjunta y sus funciones principales consistían en supervisar y dar seguimiento a proyectos de la dependencia federal. Le reportaba directamente al secretario, hoy detenido en Estados Unidos, acusado en una corte federal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Red de compañías

Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.

En el acta constitutiva obtenida por MCCI aparece como presidente de la compañía Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando dejó su cargo en el Gobierno federal, según una investigación conjunta publicada el 12 de marzo de 2019 por Peniley Ramírez y Julio Roa en Univisión.

El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas "de papel" (sin empleados ni infraestructura), entre ellas Lurión Trading Inc, que fue utilizada para triangular 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol.

En el registro mercantil de Panamá MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.

En su página en internet aparecía hasta hace poco que la oficina de representación de ICIT en Estados Unidos estaba ubicada en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en diciembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del exfuncionario.

Lo que no se sabía es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el exfuncionario y la empresa.

La UIF detectó millonarias transferencias de fondos públicos a Nunvav; 55.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda en 2013 y otros 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares de 2017 a 2018 del órgano descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

Luego, parte de esos recursos fueron enviados por Nunvav a Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

Nunvav también trianguló a ICIT 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares de 2013 a 2015 y otros 6.5 millones de pesos en 2018 a su filial mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.

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