•    García Luna utilizó red de empresas para transferir 50 mdd a paraísos fiscales


Una red de empresas relacionadas a Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

La información, revelada por la cadena Univisión, se basa en dos denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, en la que se asegura que “muy probablemente” dichos recursos provienen de los presuntos sobornos entregados por grupos criminales a García Luna, cuando este era secretario de Seguridad Pública, entre 2006 y 2012.

Al ser entrevistado por dicho medio, Nieto aseguró que cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos en diciembre de 2019 ya habían concluido la investigación, y estaban preparando dos denuncias: una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública.

Ante ese escenario, la UIF pudo congelar de forma inmediata las cuentas bancarias de García Luna, su esposa y su hermana Esperanza, así como la de sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla.

Se congeló también la cuenta de la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac; más tres empresas de los Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.

Dos semanas después, el 24 de diciembre de 2019, la UIF presentó una denuncia penal por lavado de dinero, además de otra ante la Secretaría de la Función Pública.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo.

“Una vez depositado el dinero del Estado mexicano en las cuentas de la empresa, la empresa los transfería”, detalló Nieto.

Según la investigación, el dinero en cuestión se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

La pesquisa halló que el dinero se movió a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Nieto aseguró que casi medio año después, las cuentas continúan congeladas.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Texas. Ahora espera juicio en Nueva York, acusado de cargos de narcotráfico por haber recibido sobornos de los carteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, más un tercer cargo de falsedad en declaraciones.

Proceso
Ciudad de México
Martes 19 de mayo de 2020.


Detenido en Texas y llevado a Nueva York para someterlo a juicio, Genaro García Luna, quien fue el encargado de la seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, jugaba un doble juego: daba la cara como el superpolicía antinarco pero al mismo tiempo trataba con los cárteles de la droga, especialmente con el de Sinaloa. Sus andanzas eran bien conocidas por las autoridades mexicanas… y también por Washington.


Washington.- El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), revela la exembajadora estadunidense Roberta Jacobson.

Sin empacho, Jacobson dice en entrevista con Proceso que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa.

Tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Jacobson niega ninguna omisión por parte de Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro del gabinete de Calderón.

 “Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad”, subraya la exembajadora.

Y para no dejar duda de la duplicidad (o doble cara) que la atañe al gobierno de Calderón subraya: “La información que obteníamos –en el Departamento de Estado– era por conducto de funcionarios estadunidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibían y tenían sobre la corrupción de García Luna”.

En la minuciosa entrevista con Proceso, Jacobson desahoga aspectos de lo que supo sobre García Luna, incluso desde el sexenio de Vicente Fox, tomando en cuenta que de diciembre de 2002 a junio de 2007 ella fue titular del llamado “Mexican Desk” en el Departamento de Estado.

No obstante, las revelaciones de Jacobson se enfocan en los seis años de García Luna en la SSP. A partir de julio de 2007 ella se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas de la relación con México y Canadá.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas”, arremete.

Pocos funcionarios o exfuncionarios del Departamento de Estado conocen al detalle, como Jacobson, la relación con México, en especial la que hubo con Calderón, lo que le da autoridad a su voz.

De diciembre de 2010 a julio de 2011 Jacobson fue la número dos en la Subsecretaría de Estado Adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental (concentrada en la aplicación de la Iniciativa Mérida), y el 30 de julio de 2012 fue nombrada subsecretaria de Estado adjunta.

Juicio en EU

Acusado de narcotráfico, entre otros delitos, García Luna fue detenido el pasado 9 de diciembre por las autoridades estadunidenses en Texas e inmediatamente trasladado a Nueva York para ser procesado y enjuiciado ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn.

La causa judicial 1:19-cr-00576-BMC, a cargo del juez Brian Cogan, establece que el Departamento de Justicia recopilaba información sobre las actividades de García Luna desde que éste fungía como funcionario federal.

El compendio de información y evidencias que posee el Departamento de Justicia sobre García Luna incluye testimonios de narcotraficantes como Jesús “El Rey” Zambada García, y de Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hermano e hijo, respectivamente, de Ismael “El Mayo” Zambada, actual cabecilla del Cártel de Sinaloa.

Documentos y grabaciones de conversaciones telefónicas son otros elementos en poder del gobierno de Estados Unidos para acusar a García Luna de narcotráfico y nexos con el Cártel de Sinaloa.

Retirada de la diplomacia, Jacobson habla con franqueza de García Luna, primer exintegrante de un gabinete presidencial mexicano acusado, detenido y bajo proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico.

Hablando en pasado, Jacobson establece que cuando ella estaba en el Departamento de Estado a cargo de la Iniciativa Mérida, en la dependencia oyeron rumores y recolectaron información sobre corrupción de “casi cada alto funcionario” del gobierno de Calderón.

“Teníamos información y escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero que provenían de fuentes de las que esperabas oposición al secretario de Seguridad Pública”, explica la exembajadora.

–¿De quienes, por ejemplo? –se le cuestiona.

–Regularmente rumores e información de una agencia sobre otra agencia, podíamos obtener información que provenía de la Policía Federal sobre oficiales del Ejército y viceversa, nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial; que no fuera tendenciosa.

Las menciones de la conexión entre García Luna y el Cártel de Sinaloa que obvió Calderón, dificultaban la labor de funcionarios del Departamento de Estado para, como en el caso de Jacobson, sortear los asuntos en los que se podía avanzar en el combate al crimen organizado.

La exfuncionaria resalta que cuando se trabaja en un ambiente de corrupción como el que privaba en el sexenio de Calderón, en Washington tomaban medidas para separar la información falsa de la verdadera.

“Pero tampoco tienes alternativa más que trabajar con los funcionarios del gobierno e integrantes del gabinete presidencial; tratas de trabajar con cuidado y de alcanzar tus objetivos, algo que pudimos lograr en algunas ocasiones con García Luna”, admite la exembajadora.

Añade: “Hubo muchos asuntos en los que trabajamos con él, siempre con cuidado, pero teníamos que apoyarnos en él; era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón”.

Iniciativa Mérida, en riesgo

La información que recogían en México agencias de Estados Unidos como la CIA, el FBI, la DEA, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y otras, engrosan el expediente criminal de García Luna.

Esa información y rumores que de fuentes mexicanas recibieron los agentes estadunidenses se reportaron primero a la embajada de Estados Unidos en México, y de ahí salieron informes clasificados y confidenciales a varias dependencias federales en Washington.

Lo que se decía de García Luna, aunque no se corroboró en el momento por ser miembro del gabinete de Calderón, Jacobson acepta que dificultó en cierto sentido la aplicación de la Iniciativa Mérida; la herramienta bilateral de combate al narcotráfico y crimen organizado.

“Siempre tienes cuidado con un país donde persiste la corrupción, porque les entregas grandes cantidades de recursos y debes garantizar que esto se utilice para los objetivos diseñados en la Iniciativa Mérida”, comenta la exencargada del Mexican Desk.

Con García Luna al frente de la SSP, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar que le entregó a Calderón para combatir a los narcotraficantes no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas del Cártel de Sinaloa.

“Nunca dimos dinero en efectivo; entregamos equipo, dimos entrenamiento y monitoreamos los cursos que se impartían y a dónde iba a parar el equipo militar; se hacían anualmente una especie de auditorías al respecto”, expone la exfuncionaria del Departamento de Estado.

Respecto a la elaboración del encausamiento de García Luna que expone a la DEA siguiéndole los pasos por sus nexos con El Chapo Guzmán, Jacobson dice no saber nada.

“No tenía forma de saber qué era lo que hacía el Departamento de Justicia; en la mayoría de los casos te enteras de una investigación hasta que se da a conocer el encausamiento. No es particularmente sorpresivo que por razones de separación de actividades judiciales en la mayoría de los casos los funcionarios del Departamento de Estado no necesariamente sean informados sobre las primeras etapas de una investigación”, sostiene.

El encausamiento contra García Luna fue dado a conocer el 10 de diciembre de 2019, horas después de su arresto; es decir siete años y nueve días después de haber concluido el sexenio de Calderón.

“Puede ser que siendo funcionario haya estado bajo investigación, pero eran las primeras etapas de la pesquisa y no necesariamente teníamos que haber sido notificados. Todos en el gobierno de Estados Unidos estábamos preocupados por la corrupción en México, incluyendo los rumores sobre García Luna; pero como he dicho, se toman pasos para verificar que esto no afecte lo que haces en materia de cooperación”, machaca la ahora diplomática jubilada.

–¿La información y rumores que obtuvieron sobre García Luna fueron compartidos o discutidos en su momento con el gobierno mexicano?

–De eso puedo hablar en términos generales, no en específico, pero con certeza puedo decir que en conversaciones sobre estrategias de combate a los narcóticos, esfuerzos bilaterales de seguridad y conversaciones sobre la Iniciativa Mérida, sí hablamos de la corrupción. Por mi parte, con miembros del gobierno de México, porque él era secretario del gabinete presidencial, pero no puedo decir a quién ni exactamente lo que se dijo.

Gutiérrez Rebollo

Jacobson no es la primera exintegrante o integrante del gobierno de Estados Unidos que relata a Proceso que no era opcional trabajar con García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública, pero sí la única en denunciar la negligencia de Calderón.

–¿Tardó Estados Unidos en actuar contra García Luna?

Jacobson ríe un poco antes de contestar: “Eventualmente, pero es el caso con muchos encausamientos que se dan a conocer tiempo después de cuando ocurren los eventos”.

García Luna no es singularidad en la regla de la “duplicidad” que denuncia Jacobson en cuanto exfuncionarios mexicanos ligados al narcotráfico con quienes, antes de ser descubiertos, han tenido que colaborar diferentes departamentos del gobierno estadunidense.

Uno de los casos más connotados antes del arresto de García Luna fue el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien en diciembre de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo nombró cabeza de la lucha contra el narcotráfico.

Días después de haber participado en reuniones de alto nivel en la Casa Blanca y de que el entonces zar antidrogas de Estados Unidos, el también general Barry McCaffrey, aplaudiera la designación de Gutiérrez Rebollo, el militar mexicano cayó en desgracia.

El 18 de febrero de 1997 la Secretaría de la Defensa anunció el arresto de Gutiérrez Rebollo, acusado de brindar protección al Cártel de Juárez a cambio de sobornos millonarios.

–¿Se puede comparar el caso de Gutiérrez Rebollo con el de García Luna o señalar cuál fue peor de los dos? –se le pregunta a Jacobson.

–¡Uff!, es difícil compararlos; ambos son decepciones pero realmente no los puedo comparar. García Luna estaba profundamente involucrado en las actividades del día a día y eso es muy preocupante.

–¿Qué dependencias del gobierno de Estados Unidos estaban más inquietas por lo que sabían de García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública?

–Las agencias de la aplicación de la ley más que las que están en la primera línea de batalla contra el narcotráfico y por lógica, las que estuvieran más preocupadas que otras dependencias que no recolectan tanta información.

En el expediente criminal el gobierno de Estados Unidos acusa a García Luna de haber recibido millones de dólares por dar información y protección al Cártel de Sinaloa, cuando era la mano derecha de Calderón en el combate al narcotráfico.

Otro de los delitos que le imputa el Departamento de Justicia es el de haber mentido bajo juramento a un agente federal, al ocultar su relación con el narcotráfico, cuando solicitó la ciudadanía estadunidense por naturalización siendo residente permanente y legal en Estados Unidos.

Durante el juicio contra El Chapo Guzmán en la Corte de Brooklyn –que se inició en noviembre de 2018 y concluyó con la sentencia del capo en julio de 2019– varios narcotraficantes mexicanos testificaron ante Cogan que García Luna también recibió dinero de otros cárteles.

En ese juicio se mencionó que el cártel de los Beltrán Leyva pagó también millones de dólares a García Luna a cambio de información sobre el accionar del Cártel de Sinaloa y por protección para sus operaciones.

“En el juicio (del Chapo), Rey Zambada testificó que por lo menos en dos ocasiones él personalmente se reunió con el acusado (García Luna) en un restaurante y le entregó portafolios que contenían entre 3 y 5 millones de dólares a cambio de sus garantías de que asistiría al Cártel de Sinaloa”, se desprende de uno de los párrafos del encausamiento judicial.

García Luna, como fue notificado ante Cogan por los fiscales a cargo del caso, negocia con el Departamento de Justicia poder convertirse en testigo cooperante para evitar el juicio y recibir una sentencia benévola, como compensación a su cooperación para incriminar a otros.

De no llegar a un arreglo con los fiscales del Departamento de Justicia y si opta por el juicio y es declarado culpable, García Luna podría ser condenado a cadena perpetua –castigo máximo– o a 10 años en prisión.

De convertirse en testigo cooperante, García Luna se pone al servicio del Departamento de Justicia para proporcionar información sobre lo que sabe de las operaciones del narcotráfico en México y para incriminar a otros criminales testificando en sus juicios en Estados Unidos.

Concluida su labor como soplón, cumpliría una sentencia de menos de 10 años.

Al término de su sentencia como testigo cooperante, García Luna estaría sujeto a su deportación, aunque el Departamento de Justicia debe entregárselo al gobierno mexicano que solicita su extradición por acusaciones de trasiego de drogas y lavado de dinero.

El 20 de junio de 2016 Jacobson presentó al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto sus credenciales como embajadora. El 1 de marzo de 2018 renunció al puesto –renuncia que se hizo efectiva el siguiente 5 de mayo– por su inconformidad con las políticas que instrumentó Donald Trump para México.

Proceso
Notimex
J. Jesús Esquivel
Washington, Estados Unidos
Domingo 3 de mayo de 2020.


Los fiscales consideraron que el riesgo de que el exsecretario de Seguridad se fugue si sale de prisión es mayor al riesgo de contagiarse del COVID-19.


La Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por la pandemia de COVID-19, pues consideraron que no es una razón suficiente para otorgarle este beneficio.

Los fiscales señalaron en una resolución que el riesgo de fuga es mayor que el que tiene el exfuncionario de contagiarse de coronavirus.

De acuerdo con el periodista de The New York Times, Alan Feuer, los fiscales señalaron que, aunque hay un caso de COVID-19 en la cárcel federal de Brooklyn, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y al igual que otros reclusos pueden “autoaislarse” y permanecer en su celda.

El 25 de marzo pasado, los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ofrecieron una fianza de 2.2 millones de dólares (mdd) para que su cliente salga de prisión por el temor a contagiarse de COVID-19.

La defensa de García Luna había argumentado que el exfuncionario estaba “en alto riesgo de muerte” si era expuesto al coronavirus, pero la Fiscalía señaló que tomó medicamentos hace cinco años por una “afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado” y que no tiene una enfermedad crónica continua.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

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Animal Político
Ciudad de México
Lunes 30 de marzo de 2020.


Vargas Fosado dejará el gobierno de Puebla sólo si hay una determinación judicial: Barbosa


El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que mantendrá como su asesor a Ardelio Vargas Fosado y como delegada de Seguridad en Puebla capital a Carla Morales Aguilar, pese a los señalamientos públicos de la cercanía de ambos con Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de vínculos con el crimen organizado.

Al preguntarle si tomaría en cuenta la orden –emitida por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador– de suspender de sus cargos a todos los funcionarios de la administración federal que estén relacionados con el ex colaborador de Felipe Calderón, para reconsiderar sus propuestas para la seguridad municipal, Barbosa respondió:

 “Eso se publicó en la revista Proceso, yo respeto mucho lo que se publique en la revista Proceso. El día que haya una determinación judicial, ministerial de las personas vinculadas a Genaro García Luna, sin duda que estarán separadas de cualquier relación con mi gobierno”.

Al insistirle sobre su empecinamiento para mantener esos perfiles que han sido criticados por su actuación en el pasado, el mandatario interrumpió: “Esa es mi respuesta ¿sale? Ya te di mi respuesta”.

Ayer, Proceso publicó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, envió un oficio a todas las dependencias y organismos del gobierno federal para informarles que por instrucciones presidenciales deberán separar de su cargo a todos los funcionarios que hayan estado vinculados con García Luna.

Además de la participación de Vargas Fosado como asesor de Barbosa Huerta, en Puebla también se ha cuestionado la confirmación que hizo el Congreso de local de Gilberto Higuera Bernal como fiscal general del estado, pese a que fungió como coordinador jurídico en los seis años que García Luna fue secretario de Seguridad Pública del expresidente Calderón.

En un video difundido ayer, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco pidió al gobernador desistirse de nombrar en Seguridad Pública de Puebla capital a gente relacionada con García Luna.

“Gobernador: no vulnere la seguridad de las y los poblanos con estos perfiles que está trayendo y que están relacionados con Genaro García Luna”, reclamó la edil morenista.

En el mismo video, Rivera Vivanco acusó al mandatario estatal de haber emprendido una campaña de desprestigio, amedrentamiento y persecución en su contra y de sus colaboradores.

Sostuvo que Barbosa Huerta ha usado sus ruedas de prensa para descalificar y arremeter diariamente contra la administración municipal, a la que acusa de cometer múltiples irregularidades y de proteger a la delincuencia.

También ayer, el gobernador aseguró que el gobierno capitalino cuenta con una estructura alterna que cobra cuotas a giros negros y protege a 84 policías que no aprobaron controles de confianza.

Afirmó que en 13 ocasiones se le ha notificado a la alcaldesa para que proceda contra los elementos policíacos que incurren en irregularidades y no ha actuado. También ha dicho que la corporación municipal no participa en operativos porque los filtran a la delincuencia.

El secretario del ayuntamiento, René Sánchez Galindo, rechazó que la autoridad municipal solape la delincuencia. Afirmó que han presentado cerca de 50 denuncias penales y que la Fiscalía General del estado ha hecho caso omiso.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 28 de marzo de 2020.


El asesor de seguridad del gobierno de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, estuvo a las órdenes de quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos


Aunque el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción de separar de sus cargos a todos los funcionarios que estuvieran ligados al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, pidió que exista una orden judicial de por medio para cumplir con esta orden, que impactaría directamente a su asesor en seguridad, Ardelio Vargas Fosado.

Yo respeto mucho lo que se publicó en la Revista Proceso, pediría que haya una determinación judicial, ministerial, de las personas vinculadas a Genaro García Luna, sin duda que estarán separadas de cualquier relación con mi gobierno

Aunque la reportera de este medio nacional buscó profundizar en el tema, el gobernador dio carpetazo al decir “ya te di mi respuesta”.

Fue a través de un documento firmado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, como se formalizó la instrucción de suspender a todos los funcionarios de la administración federal ligados a García Luna, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por los delitos de conspiración, tráfico de drogas y falsear declaraciones.

En Puebla, el asesor de seguridad de Barbosa Huerta es Ardelio Vargas Fosado, quien estuvo bajo las órdenes de García Luna en 2007-2008, cuando este último fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal del entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa.

Vargas Fosado también fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) durante el sexenio del exgobernador, Rafael Moreno Valle, hoy fallecido, lo que fue criticado también por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien mantiene un conflicto con Barbosa Huerta por el control de la seguridad en la capital poblana.

El Sol de Puebla
Víctor Hugo Juárez
Ciudad de Puebla, México
Sábado 28 de marzo de 2020.


Previamente había ofrecido una fianza por un millón, pero ésta fue rechazada

El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, pidió hoy a través de su defensa afrontar su proceso en libertad, a fin de evitar el riesgo de contagiarse del COVID-19 en la cárcel de esta ciudad donde está recluido.

En carta dirigida al juez de distrito, Brian M. Cogan, encargado de su proceso, por el abogado defensor César de Castro, transmitió la propuesta de que la fianza sea por dos millones de dólares en vez de un millón, rechazada el pasado 28 de febrero ante el riesgo de fuga que representa.

Se trata del segundo intento del exfuncionario mexicano por enfrentar su proceso en libertad, pues a fines del mes pasado el juez Robert M. Levy, quien dirigió la audiencia sobre la posible fianza, otorgó tiempo adicional para presentar nuevos términos para la posible libertad condicional.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

En este segundo intento, previsto desde fines de febrero, la defensa agrega el argumento de que es necesaria ante la expansión del COVID-19 en el mundo y en el Centro Metropolitano de Detención de esta ciudad donde está recluido.

Este centro, que alberga a alrededor de 700 prisioneros, reconoció en un documento interno el pasado lunes su primer caso de contagio por la nueva cepa de coronavirus, de acuerdo al sitio informativo Vice.

El recluso comenzó a quejarse el pasado fin de semana, el domingo por la noche lo evaluó el personal médico del reclusorio y fue enviado en una ambulancia al hospital presbiteriano del bajo Manhattan, de donde fue regresado a prisión y puesto en aislamiento, de acuerdo al memorandum interno.

La publicación, con base en ese documento interno, señaló que pese a la confirmación, ningún otro recluso fue transferido a otras áreas como medida de precaución, aunque sí estén programadas las revisiones médicas.

El pabellón carcelario donde se encuentra el recluso confirmado con el coronavirus es una unidad de alta seguridad empleada para prisioneros notorios.

En su momento albergó al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, y al financiero Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda.

Mientras Estados Unidos se dirige a ser el nuevo epicentro de la pandemia, la ciudad de Nueva York encabeza ese camino con más de 30 mil 800 casos de los cuales han muerto 285 personas, y medidas de emergencia como la instalación de una morgue provisional.

Notimex
 Nueva York, EUA
Miércoles 25 de marzo 2020.


Barbosa confirma remoción de 4 de 8 jefes policiacos en la zona metropolitana; dos están pendientes

Seis de los ocho jefes policiacos en sendos municipios de la zona metropolitana de Puebla serán removidos en los próximos días, confirmó ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien también asintió, a pregunta expresa, que entre los altos mandos que se irán se encuentra Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital.

En una entrevista que concedió ayer el mandatario estatal, tras encabezar una reunión de trabajo con presidentes municipales, síndicos y sistemas municipales del DIF, el mandatario precisó a pregunta expresa, que además de la Angelópolis, serán dados de baja los actuales titulares de Seguridad Pública en Huejotzingo, Coronango y Juan C Bonilla.

Explicó que en el caso de Amozoc y Cuautlancingo aún no se determina si habrá cambios o no, mientras que en San Pedro Cholula y San Andrés Cholula no se harán relevos de los mandos de seguridad.

Precisó que en lo que compete a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento presidido por Claudia Rivera Vivanco, que encabeza Lourdes Rosales Martínez desde octubre de 2018, se mantendrá el cargo para una mujer.

El morenista indicó que los cambios son resultado del análisis que se hizo a las policías luego del convenio de seguridad que se firmó con ayuntamientos de la zona metropolitana, por lo que será en los siguientes días cuando se den los movimientos en las cuatro demarcaciones antes señaladas.

“Ya terminamos con esa evaluación, en esta semana cerramos este tema de los relevos en los responsables de las áreas de seguridad, se mantienen las posiciones para quienes ocupan los cargos, en Puebla será una mujer la que asuma la función”, expresó.

Ante la pregunta sobre el trascendido de que Carla Morales Aguilar, exdelegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en el sexenio pasado, será quien releve a Rosales Martínez, Barbosa Huerta lo rechazó, pero reiteró que será respetado el cargo para una mujer.

Por último, el mandatario se pronunció a favor del mando coordinado y no por un mando único, a la par de descartar que Ardelio Vargas Fosado vaya estar al frente de dicha área, aunque confirmó que es su asesor en seguridad pública.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Jueves 12 de marzo de 2020.


Congreso de Puebla defiende nombramiento de fiscal ligado a García Luna


El líder del Congreso local, Gabriel Biestro, defendió el nombramiento de Gilberto Higuera Bernal como titular de la Fiscalía General del estado (FGE), pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sería investigado por su cercanía con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por su presunta protección al cártel de Sinaloa.

“Nosotros tenemos la confianza de que tomamos la decisión correcta. Confío en que todo va a salir bien”, expresó el diputado de Morena sobre el exprocurador de Sinaloa, quien el pasado 26 de febrero fue designado fiscal, con 38 votos a favor de los 41 legisladores que conforman el Congreso poblano.

Durante su conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador dijo que había encargado al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, que investigara a los excolaboradores de García Luna que continúan trabajando para la administración actual.

En respuesta a una reportera que lo cuestionó por el nombramiento de Alfredo Higuera Bernal al frente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la ratificación del hermano de éste, Gilberto, como fiscal general en Puebla, el Ejecutivo federal declaró:

“Lo peor que puede haber es la impunidad. Imagínense que los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad, el que no haya violencia, estén involucrados con las bandas de la delincuencia… No, eso lo tenemos que cuidar”.

No se trata de cometer injusticias, sino de revisar “quiénes estuvieron cerca y se presume fueron cómplices o guardaron silencio o fueron subordinados”, puntualizó.

Gilberto Higuera Bernal fungió como coordinador jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública en los seis años en que García Luna estuvo al frente de la dependencia. Y existen versiones periodísticas que señalan que el excolaborador de Felipe Calderón Hinojosa recomendó a Higuera Bernal con el fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle.

García Luna también habría recomendado otros nombramientos que hizo Moreno Valle en el área de seguridad del estado, entre ellos Facundo Rosas Rosas y Ardelio Vargas Fosado.

Cuestionado sobre esa posible investigación contra Higuera Bernal, el líder del Congreso local consideró que no es necesario que el recién nombrado fiscal se separe del cargo mientras se revisa su caso.

El nombramiento del fiscal fue respaldado por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, así como por los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

La elección de Bernal Higuera estuvo rodeada de protestas, principalmente de familiares de víctimas de desapariciones y feminicidios que lo acusaron de omisión, negligencia y hasta complicidad con los delincuentes.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 11 de marzo de 2020.


El exsecretario de Seguridad podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa


Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue enviado de vuelta a prisión tras una audiencia en la que no se llegó a una decisión sobre si saldría o no en libertad bajo fianza.

"La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza", tuiteó Alan Feuer, reportero de The New York Times.

Los abogados de García Luna prepararán un nuevo intento para lograr la fianza, a la vez que la Fiscalía buscará bloquearla, de acuerdo con Feurer.

Los defensores del exsecretario cuestionaron los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo fundado de fuga del acusado.

Horas antes, se reveló una carta en la que la Fiscalía pedía al juez Cogan no dejar en libertad a García Luna.

"La combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan", alegó el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

"(García Luna) tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo".

El exsecretario podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa.

"La fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado", aseguró Donoghue, pues tendrían nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

"(La Fiscalía) ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene "recursos poderosos en México", donde vivió hasta 2012, como "funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado".

Reforma
The New York Times
Ciudad de México / NY, EU.
Jueves 27 de febrero de 2020.


Próxima audiencia fue programada para el 2 de abril


El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes en un juzgado de Brooklyn, Nueva York.

Al salir de la audiencia, el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello.

Agregó que al exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado.

El abogado de oficio señaló que, en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y ha tenido muy poco o ningún contacto con la familia.

El juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril.

En tanto, que los fiscales dijeron que tienen toneladas de evidencia contra Genaro García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Su primera audiencia fue el pasado 3 de enero para enfrentar los cargos en la corte federal de Brooklyn, donde la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos acusa al exfuncionario de aceptar millones de dólares en sobornos. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox).

De 2006 a 2012 ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón. Según la acusación, entre 2001 y 2012 recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa.

Notimex
El Universal
Nueva York, EUA.
Martes 21 de enero 2020.

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