Un juez federal liberó bajo reservas de ley al militar acusado de matar a un supuesto huachicolero en Palmarito, Puebla.

El sargento José, quien fue acusado de ser el militar que aparece en un video cuando aparentemente mata a un presunto ladrón de combustible durante los enfrentamientos del pasado 3 de mayo, quedó en libertad el pasado miércoles.

El juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, resolvió lo anterior porque la PGR no ofreció un dictamen de balística que vinculara el arma de cargo del soldado con el homicidio, informaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.

En su fallo, también consideró que los testigos de cargo no le hacen imputaciones y que, en relación con el video, no tiene una fuente identificada y fue tomado de las redes sociales.

Si bien la PGR dijo recientemente que contaba con un video original sin editar sobre los hechos -mismos que fueron grabados por una red de circuito cerrado de los propios huachicoleros-, esa grabación aparentemente no es la misma con la que se formuló la acusación contra el soldado.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia hizo referencia a la seguridad que necesitan los integrantes de las Fuerzas Armadas que realizan labores de seguridad pública.

En el caso Palmarito, destacó que la secuencia de los hechos se desarrolló en medio de un enfrentamiento donde imperaba un escenario de matar o morir, un ambiente de guerra.

"La línea entre el soldado bueno y el soldado malo no puede ser tan difusa ni tan frágil, ellos están arriesgando su vida por defender a la sociedad", dijo al principio de la audiencia, palabras más, palabras menos, según una fuente que estuvo presente en la audiencia del CJPF de Puebla.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, el juez determinó la no vinculación a proceso del soldado, pero sin efectos de sobreseimiento, lo que significa que la PGR sigue teniendo la oportunidad de perfeccionar su acusación y volver a imputarlo.

Fuentes de la PGR informaron que la indagatoria sigue en curso no sólo contra José, sino contra otros miembros de las fuerzas del orden que participaron en esa operación que tuvo un saldo de 6 civiles y 4 soldados muertos.

El 2 de junio, la PGR ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio contra el sargento en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, donde estaba acuartelado.

A las 9:00 horas de la misma fecha fue presentado a la audiencia de formulación de imputación ante el juez en Puebla, misma que se prolongó hasta poco después de las 14:00 horas, indican los reportes recabados.

Según los informes, los testigos de cargo que rindieron su testimonio no formularon una imputación directa contra el soldado, a quien tampoco le hicieron acusación alguna sus compañeros uniformados.

A la audiencia no asistieron familiares ni personas de confianza de la víctima de homicidio, sólo su defensora pública federal.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 12 de junio de 2017.


Organizaciones civiles y académicos de México advirtieron que una iniciativa de ley para regular la presencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir el narcotráfico podría acabar protegiendo a militares que violen los derechos humanos.


El proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que se discute en el Congreso, busca dar un marco legal a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, que comenzó a finales de 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón.

La ola de violencia que sacude a México ha dejado en la última década al menos 177.000 muertos, según cifras oficiales que no especifican cuántos casos están relacionados con el crimen organizado.

La politóloga y escritora Denise Dresser sostuvo que el objetivo último de la iniciativa es permitir que los militares hagan uso de la fuerza inconstitucionalmente.

"Parecería que los generales quieren que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la fiscalía general o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas", afirmó en una conferencia de prensa.

A menos de una semana de que militares abatieran al cabecilla de un cártel junto a otros siete presuntos delincuentes abriendo fuego desde un helicóptero sobre una zona residencial de la ciudad de Tepic (noroeste), activistas expresaron su preocupación por los métodos de las fuerzas armadas.

Alejandro Madrazo, coordinador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, cuestionó la versión ofrecida por la Marina de México sobre el incidente, según la cual todos los involucrados eran sicarios.

"¿Qué autoridad independiente de la Marina realizó esa investigación y nos puede corroborar que las cosas sucedieron como dice el Secretario? (de la Marina) ¿Cómo debemos tomarle la palabra cuando dice que es proporcional el uso de helicópteros artillados en zonas residenciales de noche en contra de la población civil?", se preguntó Madrazo.

El experto consideró además que las iniciativas propuestas por legisladores locales para la Ley de Seguridad Interior son de "enorme deficiencia técnica y dudosa constitucionalidad".

Aseveró que en los últimos diez años se ha realizado una multiplicidad de estudios, de diversos órganos nacionales e internacionales, que encienden fuertes señales de alarma sobre la militarización de la lucha contra el crimen en México.

"Esta información no parece estar siendo tomada en cuenta por nuestros legisladores. Nuestra exigencia es que legislen con base en evidencia, porque evidencia hay", sentenció.
 
AFP
Ciudad de México
Miércoles 15 de febrero del 2017.

   
Ciudad de México— En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.

Pero en México es al revés.

Según las cifras del Gobierno, las Fuerzas Armadas Mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas Mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército Mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.

Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.

Las cifras se desprenden del documento ‘Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad’ publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Las estadísticas, que el Gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las Fuerzas Armadas Mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.

Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un Gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar los miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.

De las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han terminado con una condena.

Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no sólo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el Gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.

El Ejército ha matado a alrededor de 3 mil personas entre 2007 y 2012. En ese período han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.

El Gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Hace varias semanas, se hizo pública una grabación, que se volvió viral, en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las Fuerzas Armadas, algo nunca antes visto.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.

El Gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que, durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el Gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.

Aunque las denuncias por tortura contra las Fuerzas Armadas han caído desde 2011, fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país, la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.

La relación singular entre el Ejército y el Gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el Gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.

Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el Gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.

Y desde hace dos años, las Fuerzas Armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

Algunos episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el Ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El Ejército hizo alarde de que durante el combate sólo resultó herido un soldado.

El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate.

Incluso así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado, por desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las Fuerzas Armadas Mexicanas a los derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawk a México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército Mexicano a los estándares de Estados Unidos.

“No sólo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.

La cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el Congreso estadounidense.

“Ni todo el entrenamiento del mundo funcionará si no hay personas al mando que crean en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy.

Para mayor preocupación del Gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.

El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército Mexicano desde 2006 a 2013. La Corte aún no ha respondido a la solicitud.

El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello.

Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El Gobierno los absolvió, pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada.

“Ellos no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.

The New York Times
Ciudad de México
Jueves 26 de mayo de 2016.

 

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