La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda y fue revelada anoche por el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier.

García Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de orquestar una "embestida política" en su contra.

"Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", manifestó.

De acuerdo con un oficio enviado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia este mismo jueves.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias sobre el caso ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de FGR.

Una de ellas involucra a la esposa del Gobernador, Mariana Gómez Leal; también a sus hermanos Ismael -actualmente senador- y José Manuel García Cabeza De Vaca. A su madre, María de Lourdes Cabeza De Vaca Wattenbarger, a quien le documentan un depósito irregular de 4.5 millones de pesos, y a su suegro, José Ramón Gómez Reséndez.

También son indagados Juan Francisco Tamés Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, presuntos socios del Gobernador.

En la denuncia se vincula a las empresas Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava y la inmobiliaria RC de Tamaulipas.

La petición de la FGR para desaforar al Gobernador está relacionada con una querella inicial, presentada en agosto de 2020, en la que el Mandatario fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito, por más de 951 millones de pesos.

La UIF y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación en la que acreditaron que, entre abril y diciembre de 2019, se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos.

Los recursos provenían de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

La compañía habría recibido los recursos de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita, pero en Estados Unidos.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 24 febrero 2021.


El exmandatario poblano deberá seguir su proceso al interior del penal de Cancún donde fue ingreso tras ser detenido en Acapulco


El Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura en contra la periodista Lydia Cacho.

La determinación se dio los primeros minutos de este miércoles 10 de febrero, por lo que permanecerá en el penal de Cancún hasta que finalice el juicio.

Fue el pasado 4 de febrero cuando se le negó una solicitud de seguir su proceso en arraigo domiciliario alegando padecimientos del riñón, peligro de contagio de Covid-19 al interior del Centro de Reinserción Social y su edad avanzada.

En dicha primera audiencia Marín Torres se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para que se determine su situación jurídica.

Pese a que el delito de tortura que se le imputa al priista contempla una pena que podría alcanzar hasta los 12 años de prisión, la abogada de Lydia Cacho, Aracely Andrade, informó que buscarán que permanezca preso 20 años.

Detienen a “El gober precioso” en Acapulco

El miércoles 3 de febrero agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Acapulco, Guerrero, al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, tras un cateo realizado en un inmueble propiedad de su hermana Alicia Marín Torres, ubicado en la calle Cuitlaltepec de la colonia Cumbres de Figueroa.

Al lugar arribaron varias camionetas oficiales con agentes de la Fiscalía General de la República, quienes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada en contra del ex mandatario poblano quien se encontraba prófugo desde hace dos años.

Posteriormente fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde es requerido por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Los cargos en contra de Marín Torres

En 2004 Lydia Cacho publicó el libro “Los demonios del Edén” en el que mostró el mundo de la pornografía y la prostitución infantil en el territorio mexicano, en el libro resaltó el nombre del empresario Jean Succar Kuri, quien era protegido por Kamel Nacif “El Rey de la Mezclilla” que en ese entonces era amigo de Mario Marín.

En 2005 Nacif Borge denunció ante autoridades poblanas a la periodista a quien acusó por los delitos de difamación y calumnias. Es así que en diciembre de ese año fue detenida y trasladada desde Quintana Roo hasta el territorio poblano por carretera. Tras pagar una fianza de más de 100 mil pesos, la escritora denunció que fue torturada, hostigada y amenazada en su trayecto a la entidad y estando dentro de los separos.

Semanas después, una conversación puso al descubierto que el empresario textilero y el mandatario poblano planearon la detención de Lydia Cacho.

“Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”, dijo Marín en la conversación.

En 2006, la periodista fue absuelta de los delitos, sin embargo, denunció a todos los involucrados en su detención y tortura, incluido Mario Marín, Kamel Nacif, el entonces director de la policía Estatal, Adolfo Karam, la procuradora de justicia de aquel entonces, Blanca Laura Villeda y la jueza que llevó su caso, Rosa Celia Pérez por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.

Lydia Cacho exige justicia 14 años después

La periodista Lydia Cacho informó que la Fiscalía General de la República le hizo de su conocimiento la detención del exgobernador Mario Marín, quien se encontraba escondido en Acapulco, Guerrero.

Luego de varias horas de darse a conocer la noticia, la escritora expresó que lleva 14 años buscando justicia por haber sido torturada en su traslado de Cancún a Puebla en diciembre de 2005.

Desde fuera de territorio mexicano, la autora de “Los demonios del Edén” reiteró que va por todo en el proceso que se le sigue al exmandatario que en contubernio con el textilero Kamel Nacif ordenaron su arresto.

“La @FGR me avisó en cuanto detuvieron al ex gobernador #MarioMarin escondido en Acapulco. Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de #PornografíaInfantil Vamos por todos. Manos palma contra palma”.

El Sol de México
El Sol de Puebla
Ciudad de México
Miércoles 10 febrero 2021.


Pemex acepta acuerdo reparatorio ofrecido por Alonso Ancira en caso Agronitrogenados Nacional.


La defensa del empresario Alonso Ancira Elizondo logró un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reparar el daño patrimonial que sufrió la compañía productiva del estado por la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, lo cual abre la puerta para que el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA) recupere su libertad.

Tras plantear el acuerdo reparatorio, tanto Pemex como la defensa acordaron un receso en la audiencia del empresario para afinar los detalles del convenio, de acuerdo con una nota de Proceso firmada por Juan Omar Fierro.

El acuerdo reparatorio, que es por 219 millones de dólares, se dio luego de que Pemex expusiera los datos de prueba sobre el desfalco sufrido por la petrolera.

El acuerdo fue aceptado por el representante legal de Pemex, quien solicitó al Juez de Control dictar el receso en el Reclusorio Norte.

Ancira Elizondo es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, por un monto de 3.5 millones de dólares.

Primeramente, el empresario acusado de vender a sobreprecio de la planta Agro Nitrogenados en 2014 ofreció pagar 200 millones de dólares para reparar el daño causado.

Pemex acepta acuerdo reparatorio ofrecido por Alonso Ancira en caso Agronitrogenados

Alonso Ancira Elizondo es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, por un monto de 3.5 millones de dólares.

La defensa del empresario Alonso Ancira Elizondo logró un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reparar el daño patrimonial que sufrió la compañía productiva del estado por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, lo que abre la puerta para que el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA) recupere su libertad.

Tras plantear el acuerdo reparatorio, tanto Pemex como la defensa acordaron realizar un receso para afinar los detalles del convenio.

El acuerdo reparatorio, que es de 219 millones de dólares, se dio luego de que Pemex expusiera los datos de prueba sobre el desfalco sufrido por la petrolera.

El acuerdo fue aceptado por el representante legal de Pemex, quien solicitó al Juez de Control dictar el receso.

Alonso Ancira Elizondo es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero en el caso de Agronitrogenados, por un monto de 3.5 millones de dólares.

Bajo la dirección del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, Ancira cuenta con cuatro abogados defensores, mientras que la FGR es representada por cinco fiscales.

Además, participaron los representantes legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte ofendida por la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados que la empresa Altos Hornos de México le hizo a la compañía petrolera en 2013 por un monto de 275 millones de dólares.

Por esta operación, según la denuncia de la Fiscalía, AHMSA le habría entregado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, un presunto soborno de 3.5 millones de dólares, dinero que además le habría ayudado a ocultar mediante su triangulación y envío a empresas fachada.

Previo a la audiencia, los abogados de Ancira Elizondo lograron obtener dos suspensiones de amparo por parte de magistrados federales, con el fin de evitar que su cliente sea sometido a la pena de prisión preventiva.

De hecho, antes de iniciar el debate sobre la vinculación a proceso del imputado, la defensa de Alonso Ancira presentó un incidente para decretar la nulidad de la audiencia inicial, con el argumento de que existían ambas suspensiones de amparo.

La FGR, por el contrario, solicitó al juez de la causa el desechamiento de plano del incidente de nulidad, por considerar que dicho punto ya fue debatido y rechazado desde la audiencia pasada.

Proceso
Aristegui Noticias
Juan Omar Fierro
Ciudad de México
Martes 9 febrero 2021.


Empresas investigadas en España como parte de una trama de corrupción que involucra a la constructora realizaron 22 transferencias al exdirector de Pemex y a la empresa fachada Tochos

El expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió sobre Emilio Lozoya incluye indicios de posibles nuevos sobornos, ahora de empresas ligadas a OHL, constructora de origen español que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según documentos a los que ha tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y El País.

En documentos recopilados por la FGR, aparecen transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Estas transferencias son diferentes de los 10,5 millones de dólares que exejecutivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3,4 millones de dólares que la FGR ha acusado que el exdirector de Pemex recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta chatarra de fertilizantes. Un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

OHL son las iniciales de Obrascón Huarte Lain, los nombres de tres constructoras españolas que en 1998 se fusionaron y que lograron expandir su presencia a 17 países de Europa y América. En 2019, después de escándalos mediáticos de presunta corrupción, OHL se fragmentó. La división de concesiones de carreteras en México fue adquirida por el fondo australiano IFM Investors y adoptó el nombre de Aleática, en tanto que el Grupo Villar Mir de España se quedó con la división de construcción, e integró a inversionistas mexicanos de la familia Amodio.

Un vocero de Aleática deslindó a esa empresa de reciente creación de las transacciones realizadas en el pasado por los antiguos socios. “Sería inapropiado que Aleática comente sobre supuestos contratos y empresas que son completamente ajenos a nuestra compañía”, dijo el vocero. “Aleática no mantiene relación corporativa alguna con el Grupo OHL.” La división de construcción de OHL no respondió a peticiones de entrevista, mientras que los abogados de Lozoya no contestaron a los cuestionarios enviados por MCCI y El País.

Tochos fue creado para recibir fondos de OHL

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y EL PAÍS obtuvieron copias de reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en Ciudad de México, y en el balneario de Ixtapa, en Guerrero.

La FGR también obtuvo la cooperación de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas, que proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008 en aquel territorio del Atlántico, con Lozoya como beneficiario final. A su vez, el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Pasaron cuatro meses sin que la cuenta registrara movimientos, y fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.

Cuota de 1,9 millones de dólares por obra en México

En los documentos bancarios de Suiza, en poder de MCCI y EL PAÍS, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios. La mayor transferencia, por 1,9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los Panamá Papers y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de acuerdo con reportes bancarios obtenidos por MCCI y El País. Los documentos no dan más detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó. Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato. Ambas empresas fueron creadas en Islas Vírgenes Británicas y han sido señaladas por la Fiscalía mexicana de haber recibido y encubierto los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos.

Comisión por ferrocarril y metro

En los reportes de la cuenta de Tochos aparecen, además, operaciones financieras con las empresas SIA Capital e Infoglobal, que las autoridades españolas también han investigado como parte del caso Lezo, una trama de corrupción política que involucró a OHL con los pagos de comisiones o sobornos a funcionarios públicos de distintas ciudades españolas, en especial del Partido Popular en Madrid, a cambio de obras en la península Ibérica.

De hecho, el banco suizo UBS emitió una alerta interna vinculada con una transferencia realizada por Infoglobal a Tochos, por 1,15 millones de dólares, el 8 de junio de 2011. Personal de la oficina de cumplimiento y normas anticorrupción del banco pidieron investigar el origen y justificación de ese dinero que presumen pudo ser una comisión por el concepto “proyecto de ferrocarril y metro”. Tampoco en este caso los documentos refieren qué dependencia gubernamental otorgó esta obra.

En un documento fechado en junio de 2013, un ejecutivo de UBS realizó una detallada relación de las transacciones sospechosas y advirtió de que Lozoya había incurrido en conflicto de intereses porque antes de integrarse como director de Pemex había utilizado su empresa Tochos para gestionar obras viales, al mismo tiempo que se desempeñó como consejero de OHL entre 2010 y 2012. “El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR.

Un correo electrónico del mismo día, compartido por ejecutivos de UBS, menciona que el área de cumplimiento del banco se centraría en evaluar “posibles pagos de sobornos” en las cuentas de Lozoya y de Tochos. “El cliente [en referencia a Lozoya] contaba con una cuenta privada y la cuenta de Tochos. Ambas cuentas se encuentran en proceso de investigar en el área de Cumplimiento de Ginebra si tenemos asuntos con posibles pagos de sobornos”, se lee en el correo de UBS entregado a la FGR.

Con Lozoya al frente, Pemex asignó contratos a OHL

En el transcurso de 2013, cuando Lozoya era su director, Pemex asignó tres contratos a OHL por 2.396 millones de pesos (unos 184 millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Lozoya había sido consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012. Además, hasta agosto de 2012 había sido consejero de Infoglobal, S. A., empresa española de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del principal socio de OHL, Juan Miguel Villar Mir, a través de SIA Capital.

Este vínculo de Lozoya con la constructora española y con sus socios no fue obstáculo para que Pemex les otorgara contratos. En abril de 2013, Pemex asignó un primer contrato por más de 1.000 millones de pesos en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas. La asignación se realizó antes de que se cumpliera un año de la separación de Lozoya del consejo de OHL, con lo que se habría violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Cuatro meses después, en julio de 2013, se otorgó a OHL un segundo contrato por 927 millones de pesos para obras en una planta de hidrógeno y un gasoducto, y el 11 de diciembre del mismo año una tercera asignación por 453 millones, ahora en la estación de rebombeo del ducto Salamanca-Guadalajara.

Adicionalmente, en octubre de 2014, una filial de OHL obtuvo un contrato para supervisar la obra del gasoducto Los Ramones, que fue construido por el consorcio AOT en el que participaba Odebrecht. Cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y luego cuando fue presidente, privilegió con contratos multimillonarios a OHL. La empresa española obtuvo en los últimos 10 años la concesión de 400 kilómetros de las autopistas Atizapán-Atlacomulco, Puebla-Perote, del Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte y Supervía Poetas. Fue, además, uno de los contratistas del tren México-Toluca, que dejó inconcluso el Gobierno de Peña Nieto, y poseía 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Alerta en Suiza

Desde el 18 de noviembre de 2011, el banco UBS, con sede en Ginebra, Suiza, emitió una alerta sobre traspasos sospechosos en la cuenta de la empresa Tochos, ligada a Lozoya. “La alerta fue provocada debido a ingresos considerables de Infoglobal S. A. que se refieren a un proyecto de asesoría del beneficiario en México”, dice el reporte consultado por MCCI y EL PAÍS.

Entre el 11 de marzo y el 16 de noviembre de 2011, UBS había detectado traspasos de Infoglobal a la cuenta de Tochos por 2,69 millones de dólares. Otros 101.000 dólares fueron enviados por Infoglobal entre 2010 y 2011 a una segunda cuenta a nombre de Lozoya en el mismo banco suizo. En el análisis de estas transferencias, se alertó de una en particular, sobre la que los ejecutivos del banco hicieron la siguiente anotación: “1.151.073 dólares está vinculado al pago de consultoría sobre el proyecto de ferrocarril y metro de la Ciudad de México”. El reporte fue cerrado con la siguiente petición: “Favor de aclarar las entradas antes mencionadas de Infoglobal S. A.”.

A pesar de esta alerta, Tochos recibió en 2012 otros tres traspasos de Infoglobal por 991.994 dólares. La mitad del dinero fue transferido durante los días en que Lozoya ya era el coordinador de vinculación internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto. En una segunda cuenta que Lozoya tenía a su nombre en UBS, recibió otros 100.000 dólares de Infoglobal en 11 transferencias.

Por otro lado, en los reportes bancarios se hace referencia a que Lozoya también realizó pagos a favor de SIA Capital (empresa investigada en la trama de corrupción de OHL en España) “para ayudar a Tochos a encontrar nuevos contratos de consultoría”. En los documentos consultados por MCCI y EL PAÍS solo se localizaron tres traspasos de Tochos a SIA el 27 de julio de 2011 por 155.000 dólares.

Una segunda alerta

El 2 de noviembre de 2012, el oficial de cumplimiento de UBS para Latinoamérica, Dominik Mildenberger, envió un correo electrónico a ejecutivos del banco en el que solicitó investigar a la empresa Latin American Asia Capital Holding (LAACH) y a Tochos, las dos ligadas a Lozoya. “Ambas empresas participan en el negocio de la intermediación en el sector de la construcción en México, obteniendo ingresos derivados de comisiones por la mediación exitosa”, menciona el mensaje del correo electrónico, el cual está integrado al expediente de la Fiscalía, con su respectiva traducción del francés al español.

El correo de Mildenberger se refiere directamente a Lozoya: “Debido a su cargo como integrante del Consejo de OHL México, su negocio de intermediación tiene fuertes vínculos políticos, por lo que él tiene el carácter de intermediario especial. Este negocio particular se considera de alto riesgo por ser comúnmente afectado por la corrupción, por lo que se suele recurrir en forma ordinaria al uso de prestanombres”. Mildenberg instruyó a un ejecutivo a “aclarar bien lo que respecta al beneficiario final de la cuenta existente y proceder luego al cierre”; además, pidió al área de cumplimiento regulatorio abrir una investigación en relación con otras relaciones familiares de Lozoya.

Preguntas sin respuesta

Como cierre de su mensaje, el oficial de cumplimiento de UBS hizo las siguientes recomendaciones a sus subordinados para profundizar en la investigación de las empresas ligadas a Lozoya:

“Deberíamos tener copias de los contratos celebrados entre LAACH [Latina American Asia Capital Holding] y la empresa constructora de caminos, así como también deberíamos tener copias de los documentos celebrados entre LAACH y el contratista de negocios”.

“¿Quién se encuentra detrás del contratista de negocios que utiliza LAACH para encontrar a las empresas correctas?”.

“Incentivos: parte de los incentivos recibidos en esta cuenta no pertenecen a nuestro cliente [Lozoya] y son transferidos al “contratista de negocios”. Para verificar si tenemos un problema con el beneficiario final de estos fondos”.

“¿Por qué los incentivos son pagados por la empresa constructora de caminos seleccionada y no por la empresa principal que procura tales empresas de construcción?”.
Tochos, intermediario de obras

En un anterior correo electrónico, dirigido a Mildenberger, se detalló cómo era utilizada la empresa Tochos por Lozoya y su hermana:

“Tochos actúa como contratista de negocios para algunas contrapartes. Tochos se encarga de localizar empresas que puedan hacerse cargo de la construcción de caminos (sector de la construcción). Tochos, por cada contrato en específico, recibe una comisión de la empresa constructora”.

Y en el mismo correo, se precisó el esquema con un ejemplo:

“La empresa X busca a una empresa constructora Y para realizar trabajos de construcción. Tochos cuenta con un mandato de procuración para localizar a este tipo de empresas. Si el contrato se celebra entre empresa X y la Y, entonces Tochos recibe el incentivo de la empresa Y. De esta forma, Tochos se queda prácticamente con todo el importe del incentivo. Los únicos pagos que tiene que realizar Tochos se relaciona principalmente con honorarios jurídicos pagados a abogados”.

El 5 de junio de 2019 MCCI y EL PAÍS ya había revelado una transferencia de 1,1 millones de dólares que involucraba a Tochos y a Infoglobal; esta nueva investigación permite conocer los detalles de más operaciones entre esas y otras empresas ligadas al caso OHL.

El País
Raúl Olmos
Ciudad de México
Martes  02 febrero 2021.


El acusado era entonces titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala


Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a un exmando de la Policía Federal posiblemente relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Identificado como Luis "D", el acusado era entonces titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de Iguala, donde ocurrieron los hechos.

"Esta persona, probablemente tuvo conocimiento de la detención de estudiantes normalistas, negando posteriormente su detención, posible destino y paradero", explicó la FGR.

La Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa que dirige el Fiscal Omar Gómez Trejo obtuvo en septiembre pasado un auto de formal prisión contra el exfuncionario, acusado de desaparición forzada agravada.

"La Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel Federal, dieron cumplimiento a la misma el 18 de enero de 2021", agregó la FGR.

Reforma
César Martínez
Ciudad de México<
Domingo 24 enero 2021.


•    México eleva la tensión con Estados Unidos tras la exoneración del general Cienfuegos

•    El Departamento de Justicia estadounidense ya ha respondido y ha dicho este viernes que se reserva el derecho de iniciar una nueva investigación contra el general, de acuerdo con Reuters.

•    La decisión de la Fiscalía de dejar libre al militar se une a una serie de medidas polémicas adoptadas por López Obrador antes de que tome posesión Biden.

•    El Departamento de Justicia de EE UU afirma que se reserva el derecho de hacer una nueva investigación

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sacudido de nuevo la agenda bilateral con Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este jueves que dejará ir libre al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, después de que fuera detenido en Los Ángeles en octubre y enviado de regreso a México tras ser acusado de narcotráfico en noviembre pasado. Las autoridades mexicanas han vuelto a dar la espalda a Washington y han elevado la tensión en la relación entre ambos países, a menos de una semana de que el demócrata Joe Biden tome posesión como presidente. El Departamento de Justicia estadounidense ya ha respondido y ha dicho este viernes que se reserva el derecho de iniciar una nueva investigación contra el general, de acuerdo con Reuters.

“Un Gobierno sin autoridad moral es como una hoja seca, no sirve para nada”, ha dicho López Obrador en su conferencia matutina de este viernes. El mandatario ha señalado que no podía permitir que el presidente de México fuera ‘ninguneado’ y que sus decisiones diplomáticas son una forma de “dar la cara” ante las acusaciones a Cienfuegos. En la misma conferencia, López Obrador ha acusado a la DEA de “fabricar” la acusación contra el general. El caso que llevó años de seguimiento a la Justicia estadounidense se desactivó en cuestión de semanas en México.

“Se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, se lee en el comunicado de la FGR, que recibió cientos de páginas de evidencia de parte de sus homólogos estadounidenses. “Tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, se agrega. El último giro inesperado del caso Cienfuegos ha tenido como protagonista a la Fiscalía y la decisión de no seguir investigando la trama que puso en el punto de mira la relación entre la Administración de López Obrador y los militares.

El Ejército ha sido un compañero de viaje inesperado para el presidente, que ha comisionado a las Fuerzas Armadas la construcción de aeropuertos, la distribución de la vacuna y el combate a la inseguridad, entre muchas otras tareas. Cienfuegos, titular de la Defensa con Enrique Peña Nieto (2012-2018), había ascendido a buena parte de la actual cúpula militar. Las autoridades estadounidenses, además, lo arrestaron sin avisar a sus colegas mexicanos, temiendo que hubiera una filtración y mandando señas de desgaste tras más de una década de colaboración en la guerra contra el narcotráfico. La detención puso en evidencia al sistema judicial mexicano, que se mostraba rebasado ante las pruebas que Washington pudo reunir sobre el general y sus supuestos vínculos con grupos criminales.

López Obrador movilizó su aparato diplomático para expresar su “extrañamiento” ante lo que su Administración veía como medidas unilaterales de la Casa Blanca y una afrenta a la soberanía de México. Tras semanas de pelear por el general, y bajo la promesa de que sería investigado y de ser necesario juzgado en México, Cienfuegos volvió a suelo mexicano. Después del comunicado conjunto, hubo reportes de que México condicionó la colaboración en el combate a las drogas si no se daba marcha atrás al caso del general.

“El que se siga pensando que los procesos legales y las autoridades del extranjero son más confiables y mejores que las de México ya no corresponde a la nueva realidad”, dijo el presidente, tras anotarse el triunfo político de cerrar el frente que abrió Cienfuegos. “Aquí, además, estaba de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano: la Secretaría de la Defensa. No es poca cosa”, afirmó López Obrador.

Se supo poco de los avances en las investigaciones del caso en la recta final de 2020 y recibió más atención mediática cuando el Gobierno de López Obrador promovió una nueva ley de seguridad nacional, que estrechaba el margen de maniobra de agentes extranjeros, como la DEA. La reforma se aprobó en un tiempo récord de 11 días. El entonces fiscal general estadounidense, William Barr, dijo que “aprobar esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Tras resistir cuatro años del estilo errático de Donald Trump, la Cancillería mexicana tantea que se sienten nuevas bases en la relación bilateral. Tras la victoria electoral de Biden, la toma de contactos entre ambos Gobiernos fue más bien fría. Bajo la perspectiva de López Obrador, felicitar al demócrata antes de que se resolvieran las alegaciones de fraude de Trump rompía el principio de política exterior de no intervención. El presidente tampoco se reunió con ningún opositor a Trump cuando viajó a Washington el año pasado, su única salida al extranjero en más de dos años de presidencia. Está previsto, además, que Biden haga énfasis en otros asuntos de la agenda bilateral, como el cuidado al medioambiente y la aplicación de la reforma laboral, promovida tras la renovación del tratado de libre comercio.

López Obrador, que ha defendido que “la mejor política exterior es la interior”, busca mandar un mensaje soberanista para evitar nuevos escándalos con casos similares. En los últimos años, casos como el del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, y el exgobernador de Chihuahua César Duarte se están juzgando del otro lado de la frontera.

“Nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones”, dijo esta semana el embajador estadounidense, Christopher Landau, en una de sus últimas entrevistas antes de volver a Washington. “Los fiscales en nuestro país son autoridades que, realmente, no tienen todo el conocimiento del marco internacional y no necesariamente entienden todas las repercusiones de sus decisiones”, agregó Landau, el representante de Trump.

“Sería casi suicida [no investigarlo], para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”, dijo irónicamente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien este viernes ha sostenido que “sí se hizo algo”, pero que la información recopilada en EE UU no era lo suficientemente sólida. Dos meses después de su regreso a México, el general Cienfuegos ha sido exonerado, a la espera de nuevos episodios del que fuera el caso de más alto perfil contra un militar mexicano en el extranjero y que ha cimbrado la relación entre ambos países.

El País
Elías Camhaji
Ciudad de México
Viernes 15 de enero de 2021.


En su conferencia de prensa matutina, el presidente adelantó que recibió una carta del “empresario principal” de Altos Hornos, donde la manifestó su disposición para devolver el dinero.


Ciudad de México.- Altos Hornos de México (AHMSA) pagará 200 millones de dólares al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como parte de una reparación económica demandada tras la operación de compraventa del complejo petroquímico Agro Nitrogenados, dedicado a la producción de fertilizantes.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la siderúrgica informó que “acordó pagar en un plazo de cuatro años la cantidad de 200 millones de dólares”.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente adelantó que recibió una carta del “empresario principal” de Altos Hornos, donde la manifestó su disposición para devolver el dinero.

“Me envió una carta uno de los empresarios que adquirió acciones en Altos Hornos de México. Ustedes conocen la historia, de que los anteriores dueños le vendieron al gobierno una planta de fertilizantes que estaba en ruinas a un precio elevadísimo; la Auditoría Superior de la Federación hizo una investigación y encontró que se habían pagado 200 millones de dólares de más”.

“Si la Fiscalía General de la República dice: ‘Adelante’, pues ya tendríamos 50 millones de dólares para este año, y ya veríamos en qué los ocupamos, iría al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y del instituto a un programa, una acción, un beneficio a comunidades o a lo que se decida, lo que convenga más”, dijo el tabasqueño.

López Obrador detalló que “se iniciaron juicios, hay procesos abiertos y nosotros planteamos, porque se trata de una empresa que genera empleos y beneficios en Monclova- y nosotros dijimos que, si se limpiaba la empresa, si llegaban nuevos accionistas, gente responsable, seria, que estábamos dispuestos a aceptar que nos repararan el daño”.

Precisó que, los 200 millones de dólares, serán en cuatro pagos de 50 millones de dólares, de este año y hasta el 2024.

Proceso
Juan Carlos Cruz Vargas
Ciudad de México
Miércoles 13 de enero de 2021.


Los señala de pertenecer a red de corrupción en casos de Odebrecht y Agronitrogenados


Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) alista abrir carpetas de investigación en contra de ex funcionarios señalados por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de ser parte de la red de corrupción en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados, informó el órgano judicial.

 Tras apegarse al criterio de oportunidad Lozoya presentó el pasado 11 de agosto una denuncia de hechos en contra del ex Canciller y ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray y los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ricardo Anaya, Jorge Luis Lavalle, además de David Penchyna, José Antonio Meade, Ernesto Cordero, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa y otros.

"La indagatoria correspondiente se ha diligenciado en los términos de ley y la próxima semana se judicializará en contra de quien o quienes ya se cuenten con elementos probatorios suficientes, quedando el desglose correspondiente hasta culminar con el análisis de cada uno de los casos denunciados", apuntó hoy la FGR.

En un comunicado, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz, afirmó que el juicio contra Lozoya continúa y que su proceso está a la espera de la audiencia intermedia, que será fijada por el juez una vez que venza el plazo de la investigación complementaría el 7 de marzo de 2021.

Con base en denuncias presentadas por Pemex, en fechas 27 de enero de 2017 (Odebrecht) y el 7 de marzo de 2019 (Agronitrogenados), se iniciaron las carpetas de investigación respectivas en las que se obtuvo orden de aprehensión, con la ficha roja de Interpol y el apoyo de la Policía Nacional Española, para capturar a Lozoya en España.

 "La Fiscalía General de la República llevó a cabo el procedimiento de extradición, logrando el acuerdo favorable, en todas sus instancias, por parte de las autoridades judiciales españolas. Ante esas circunstancias, el propio Emilio 'L' se avino al procedimiento de extradición, solicitando un criterio de oportunidad en el procedimiento penal correspondiente", recordó la FGR.

Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, el Juez de Control del Reclusorio Norte, sujetó a proceso a Lozoya señalándole como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del País, retirándole el pasaporte.

"Dicho juzgado, hasta el día de hoy, no ha reportado que la persona haya infringido las medidas impuestas por la autoridad judicial", afirmó la Fiscalía.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de México
Miércoles 06 enero 2021.


Se presentaron cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República

Guadalajara.-  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García.

Las denuncias son por lavado de dinero y delitos fiscales, según información difundida por la Unidad, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con la dependencia, la organización religiosa omitió enterar a las autoridades de sus ingresos, lo que es considerado como generación de riqueza de manera ilegal.

Además, detalló la Unidad, se detectó que la Iglesia no tiene relación con el objeto y fines para los cuales fue creada.

"Realizan transferencias financieras por altos montos, dirigidas a personas físicas y morales con las que no se identifica el tipo de relación", se lee en una ficha informativa difundida por la Unidad.

Otras de las acciones irregulares detectadas son transferencias por montos elevados para el pago elevado a tarjetas de crédito, vehículos y blindajes, que no son acordes al perfil y objeto de la organización.

La Unidad detectó estos delitos cometidos por las Organizaciones sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas, como La Luz del Mundo.

Paralelo a esta investigación, el líder de la Iglesia enfrenta un proceso penal en Estados Unidos donde es acusado de abuso sexual, pornografía infantil y otros ilícitos.

El juicio se llevará a cabo el próximo año.

Reforma
Fernanda Carapia
Ciudad de México
Martes 22 diciembre 2020.


El presidente de la Corte aseguró que la mayoría de las y los juzgadores honran su investidura y cargo


El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene seis denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción en el Poder Judicial, entre ellas, por la venta de los exámenes de concurso para jueces federales.

Así lo presenta el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al rendir su segundo informe de labores ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes del Congreso de la Unión.

Zaldívar destacó que la reforma judicial recientemente aprobada, y con la que se busca reparar la confianza rota en la justicia mexicana, fue producto de una colaboración inédita entre poderes, cuyos ejes fueron la autonomía e independencia de los juzgadores, así como la consolidación de una justicia de calidad, eficiente y cercana a la gente.

“En este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos, los más olvidados no tienen una defensa de calidad y sus vidas sean desechables para la procuración e impartición de justicia”, puntualizó.

Destacó que la gran mayoría de las y los juzgadores federales son personas que honran su investidura y que a pesar de la pandemia, la justicia federal no se detuvo.

Luego de ocho meses de sesionar a distancia, el pleno de ministros sesionó presencialmente ayer en la sede del máximo tribunal del país para escuchar el mensaje de Zaldívar.

El Sol de México
Juan Pablo Reyes
Ciudad de México
Miércoles 16 de diciembre 2020.

Página 1 de 7

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Síguenos en Twitter