Un juez federal negó la suspensión definitiva que solicitó Ramón Sosamontes Herreramoro, en contra de cualquier orden de aprensión solicitada en su contra por las investigaciones relacionadas con los desvíos conocidos como la Estafa Maestra.


Sosamontes Herreramoro se desempeñó como jefe de oficina en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles al frente de ambas dependencias federales.

“Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ramón Sosamontes Herreramoro”, señaló la resolución emitida por dicho juzgado este viernes.

El trámite de amparo, con número de expediente 361/2019, fue presentado el pasado 8 de agosto, día en el que Robles Berlanga se presentó por primera vez ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo para iniciar el proceso que la vinculan a supuestas “omisiones” en el desvío de dinero.

A decir de la Fiscalía General de la República (FGR), Sosamontes Herreramoro aparece como firmante en dos de los 24 convenios generales y específicos suscritos por las dependencias federales que encabezó Robles Berlanga en la pasada administración federal, y que dieron como origen a señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por diversas irregularidades.

La suma de ambos convenios asciende a 954 millones de pesos y se encuentran sujetos a investigación por el esquema de triangulación y desvío de recursos conocido como Estafa maestra, que la madrugada del 13 de agosto derivó en la vinculación a proceso de la exjefa de gobierno capitalino.

Proceso
José Raúl Linares
Ciudad de México
Viernes 23 de agosto de 2019.


Mientras el juez Jesús Delgadillo Padierna leía los cargos que imputó a Rosrio Robles Berlanga, ex funcionaria federal del Gobierno de Enrique Peña Nieto, dejó claro que el posible delito cometido por ella fue el de omisión, no el de ser autora material del desvío de 5 mil 073 millones de pesos del erario público, pero también advirtió que, en consecuencia, hay una red de personas que pueden ser llamadas ya como las orquestadoras de ese presunto desfalco contra el erario público del país.

“Determino emitir el auto de vinculación a proceso contra María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Además de un segundo auto de vinculación a proceso más un probable daño al patrimonio del Estado mexicano valorado en 5 mil millones de pesos”. Esas fueron las palabras del Juez Jesús Delgadillo Padierna que dictaron el destino de Rosario Robles Berlanga en la madrugada del pasado martes.

No se le acusó a Robles de orquestar el desvío, sino de dejar que ocurriera o de poner en riesgo el dinero público, lo que abre más interrogantes; una de éstas es: dónde quedó el dinero desviado.

La Fiscalía General de la República (FGR), dijo en las dos audiencias, realizadas el jueves 8 y el lunes 12 de este mes, que tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) operó una estructura organizada para bajar recursos federales a través de convenios con entes públicos, en su mayoría con universidades públicas autónomas.

En el documento de auto de vinculación a proceso quedó asentada esa hipótesis en varios puntos:

“Como se ha expuesto, [Robles Berlanga] no evitó que las personas a su cargo hayan cesado en sus conductas, al contrario, tácitamente permitió que, en dos Secretarías de Estado distintas, actuaran de la misma manera y ocasionaran daños a su patrimonio; con independencia de que eran personas a su cargo, también se advierte que fueron las mismas personas en ambas secretarías, principalmente Emilio Zebadúa como oficial mayor en las dos dependencias. Así, a pesar de la ascendencia jerárquica sobre él, no lo instruyó para cesar de suscribir convenios irregulares”.

En agosto de 2015, cuando Rosario Robles Berlanga tomó protesta como la titular de la Sedatu, continuó con cinco funcionarios públicos que también conformaron su equipo en la Sedesol, a pesar de que arrastraban 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos de posibles daños al erario público, de acuerdo con las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esa parte del equipo cercano que Robles trasladó a Sedatu estuvo conformado por Emilio Zebadúa González, Mauricio Razo Sánchez, Juan Carlos Lastiri Quirós, María Villalpando Rodríguez y Enrique González Tiburcio. Todos ellos han ocupado cargos prioritarios en ambas dependencias.

En el auto de vinculación se refuerza la idea:

-“[Conducta] Cometida por sí misma o a título de autora material (forma de participación). De manera continua porque con: 1. Unidad de propósito delictivo: Malversación de fondos públicos o darles un destino distinto para el cual se habían otorgado y autorizado por el Congreso de la Unión (combate a la pobreza y reordenamiento del territorio nacional)”.

-“María del Rosario como titular de dos Secretarías de Estado, debió informar a su superior, o bien, evitar que continuara la celebración de convenios. La conducta esperada, deriva de la obligación que tuvo por su encargo de administrar los recursos con honradez para cumplir los objetivos a que estaban destinados. En la Secretaría de Desarrollo Social para destinarlos al combate a la pobreza y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el ordenamiento del territorio nacional, lo que no ocurrió; por ello, su falta de acción es ahora relevante para el derecho penal. Esa evitación, además, fue reiterada porque se operó en las mismas condiciones en las dos Secretarías de Estado que presidió, es decir durante todo un sexenio”.

Y más directamente:

-“[Rosario] No quiso actuar porque los directamente señalados de realizar los actos indebidos formaban parte de su equipo de trabajo y, en forma tácita, les permitió continuar con actividades ilícitas a pesar de que ella, era la única que podía indicarles que actuaran en forma distinta”.

De acuerdo con una revisión hecha por SinEmbargo, serían nueve los funcionarios y políticos que están en esta estructura: los ya citados Emilio Zebadúa, Mauricio Razo, Juan Carlos Lastiri, María Villalpando, quien prestó su testimonio para ir en contra de la ex funcionaria, y Enrique González Tiburcio, que fueron con ella a la Sedatu, luego de la Sedesol y además, Ramón Sosamontes, Juan Francisco Martínez Lavín, María Eugenia Romero Martínez y Gustavo Rodríguez González, este último el único inhabilitado y multado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

EL EQUIPO ROBLES

Desde que se empezaron a publicar los informes de la ASF, el nombre del principal operador de Robles fue más que evidente: Emilio Zebadúa, quien fungió como el Oficial Mayor de ambas secretarías. En ese puesto, de acuerdo con el manual de organización, es el encargado de hacer cumplir el código de conducta de la institución y es el que establece, junto con el titular de la dependencia (Robles), las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y administración del personal y de todos los recursos (materiales, informáticos y financieros) de la Secretaría.

El Juez Delgadillo Padierna dijo durante la audiencia que resultaba evidente su papel principal en los casos que se le imputaron a Robles. Incluso la defensa de Robles presentó un oficio que ella le envió para atender las observaciones de la ASF para abonar a la idea de que estaba interesada en los procesos con la Auditoría, pero como fue enviado en 2017, se tomaron como tardíos.

Emilio Zebadúa ha sido funcionario público desde 1996, cuando fue Consejero General del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). En el año 2000 trabajó en la Secretaría de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Abner Salazar Mendiguchía; de 2003 a 2005 fue Diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de 2006 a 2012 presidió la Fundación para la Cultura del Maestro A.C. Luego Rosario Robles lo nombró Oficial Mayor en la Sedesol, mismo cargo que tiene en la Sedatu.

También está Mauricio Razo Sánchez, entonces titular del Órgano Interno de Control (OIC), quien fue llamado 171 veces por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo contra servidores públicos responsables de las irregularidades señaladas en las observaciones a programas y contratos gestionados por las dos secretarías.

A pesar de los insistentes llamados del órgano fiscalizador en 2013, 2014 y 2015 sobre anomalías como la contratación de Sedesol con recursos públicos a instancias sin capacidad para cumplir con los servicios, que a su vez contrataban a terceros privados, Razo les dio carpetazo argumentando falta de elementos.

En la Sedatu, en la Cuenta Pública 2016 se archivaron más señalamientos. Ya en conjunto, el posible daño al erario público de 2013 a 2016 se estimó en 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos en ambas dependencias.

En el caso de Juan Carlos Lastiri, este fue en Sedesol, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional y tuvo el mismo puesto en la Sedatu.

María Evangélica Villalpando fue primero Abogada General y luego titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, luego

Otro caso es el de Enrique González Tiburcio, quien pasó de Coordinador de Asesores a Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano.

Ramón Sosamontes, es un caso aparte. Por el momento, quien fue ex jefe de oficina de Rosario Robles durante su estancia en las dos secretarías, solicitó un amparo ante cualquier orden de captura en su contra.

Sosamontes es un político que hizo su carrera, al igual que Rosario, en la izquierda. Se trata de un político con una larga, larguísima carrera dentro de la izquierda.

Su carrera política se enlazó en el comité ejecutivo nacional perredista y así estuvieron durante 20 años.

Juan Francisco Martínez Lavín, es un abogado que trabajó en la Sedesol con Heriberto Félix Guerra y luego con Rosario; también fue coordinador de asesores de Emilio Zebadúa. Él era el enlace con la ASF y prestó su testimonio a favor de Rosario a través de una entrevista que fue presentada en la audiencia de seguimiento. Ahí explicó los procedimientos y en qué consistían los pliegos de observación.

Él tuvo conocimiento de los dictámenes técnicos, realizó labores de solventación y atendió observaciones.

Quien también dio su testimonio a favor de Robles fue María Eugenia Romero Martínez, que prestó servicios a Rosario en Sedatu como Secretaria Particular y la auxilió en Sedesol.

Ella giró instrucciones al Oficial Mayor para acatar las medidas ante todas las observaciones de la ASF; su función era auxiliar a una secretaria de Estado con el Ejecutivo federal.

En la entrevista que Robles prestó como testimonio de lo que hizo como funcionaria dijo que ella había informado al Presidente Enrique Peña Nieto de las observaciones que estaba haciendo la ASF a sus secretarías, que lo hizo en giras, a través de la línea roja y en reuniones de gabinete, pero que cuando ella no estaba, la encargada de la comunicación era justo María Eugenia.

Finalmente, el único que hasta el momento ya tiene encima un cargo, es Gustavo Rodríguez González, que vocero también de las dos secretarías. Él avaló las multimillonarias campañas de publicidad oficial que proclamaban los supuestos resultados de los programas sociales a cargo de su jefa y se encargó de difundir los “logros” combate al hambre en México con miles de spots en radio y televisión, así como en periódicos, sitios digitales y autobuses.

En septiembre de 2018, fue destituido e inhabilitado después de que se le señalara por haber presuntamente autorizado un pago millonario a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), uno de los casos que tiene hoy a Robles en el penal de Santa Martha Acatitla.

Sin Embargo
Daniela Barragán
Ciudad de México
Lunes 19 de agosto de 2019.


Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusar de ser “omisa” por no informar sobre el desvío 5 mil 73 millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

“Como han señalado mis abogados, yo me presente aquí de manera voluntaria. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado en la ciudad. Yo no tengo millones de pesos para vivir en Canadá y regresar impune. Mis cuentas están congeladas”, alegó en su defensa, minutos antes de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó imponerle medidas precautorias.

La audiencia se extendió desde las 18:00 horas de este lunes hasta las 06:15 de este martes, al presentar cerca de 32 pruebas que intentaron librarla de la investigación y, posteriormente, convencer al juez de que no buscaría sustraerse a la justicia.

La resolución de Delgadillo Padierna fue dictada la mañana de este martes, quien determinó internarla dos meses –que se pueden extender a seis – al penal femenil de Santa Martha Acatitla en lo que duran las investigaciones.

Un par de horas antes, una vez que el juez determinó desechar los argumentos esgrimidos por los abogados Oscar Ramírez y Luis Hernández Barros, retó a la exfuncionaria federal a presentar pruebas de que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade Kuribreña, fueron alertados del desvío de recursos.

Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la exfuncionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades.

“El argumento que acusamos, no es que haya hecho posesión de ese dinero, como que ni siquiera se ha manifestado en esta audiencia, sino la pérdida de 5 mil millones de pesos que no fueron usados para los fines que fueron destinados en un inicio”, señaló uno de los ministerios públicos que formularon las acusaciones contra la exfuncionaria federal.

“Es inentendible cómo fue que esperó cuatro años para actuar”, reprocharon los abogados de la ASF.

A decir de la defensa de Robles Berlanga, del 2014 a 2015, fue informada mediante diversos pliegos de observaciones emitidos por la ASF sobre el desvió de recursos. Pero por el desfase de las cuentas públicas, sólo tuvo conocimiento hasta el año 2017, cuando comenzó a actuar en contra del robo de recursos.

Una licencia de conducir, crucial en la prisión preventiva a Robles

Una licencia de conducir que tramitó Rosario Robles con una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán, ayudó al juez a dar prisión preventiva a la exfuncionaria.

Una licencia para conducir, sacada de un domicilio distinto al que originalmente reportó a las autoridades, fue una de las principales causas por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió dictaminar prisión preventiva en contra de Rosario Robles.

Eso sumado a que, de acuerdo con el juez, no hay forma de comprobar arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que cuenta con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga.

En una audiencia que duró 12 horas, el juez Delgadillo vinculó a proceso a la exfuncionaria federal tras acreditar que cometió, al menos, un ilícito en dos dependencias diferentes: ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y ejercicio indebido del servicio público en la Sedatu.

Aunque el delito no merece prisión preventiva, el juez decidió dictaminar dicha medida cautelar, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República, debido a que existía un riesgo latente de que Robles pudiera darse a la fuga.

Hasta 23 años de prisión

Los agentes de la FGR expusieron, al solicitar la prisión preventiva, que, si bien Robles se presentó de manera voluntaria a las dos audiencias en el Reclusorio Sur, esa situación podía cambiar debido a que, al vincularla a proceso, podría recibir sentencia definitiva de 11 años con 6 meses por cada acusación, por lo que, en total, podría recibir hasta 23 años de prisión.

Esto porque, si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público amerita una pena de dos años, en el caso de Robles se encuentra agravado el ilícito, porque hubo dolo directo y la conducta se repitió de manera sistemática y reiterada en las dos dependencias de las cuales fue titular.

Además, expuso la FGR, Robles tendría que reparar el daño cometido, el cual fue de 5,073 millones de pesos, algo que sería imposible para ella.

Para el juzgador, la exsecretaria de Estado cuenta con solvencia económica y la capacidad para esconderse de las autoridades o incluso darse a la fuga a otro país.

Hay ciertos datos para demostrar falsedad en las declaraciones, falsedad en el informe de domicilio: se tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente. Hay una falsedad en su domicilio y tiene facilidad para ocultarse; (el) pasaporte no le impide salir del país".

Por otra parte, el juez rechazó los argumentos de que Robles debería recibir prisión preventiva debido a que, si estuviera en libertad, podría amenazar a los testigos que declararon en su contra, además de que su propia seguridad podría estar en riesgo ante eventuales ataques de ciudadanos molestos con su actuar como secretaria de Estado.

Las razones del juez

El juez Delgadillo, al atender la petición y los argumentos de la Fiscalía, acreditó que no hay forma de comprobar un arraigo de Robles en la Ciudad de México, lo que impediría su eventual fuga, debido a que actualmente no cuenta con un empleo fijo.

Además, lo más importante, de acuerdo a la decisión del juez, hubo falsedad en la información presentada por Robles respecto a su domicilio, pues en la información entregada ante las autoridades el 7 de agosto pasado, afirmó que el mismo se encontraba en Los Reyes, Coyoacán; sin embargo, la Fiscalía acreditó que hace unos días, tramitó una licencia de conducir desde otro domicilio.

El juez expuso que en el domicilio de Los Reyes, Robles no fue encontrada por las autoridades cuando intentaron notificarle que tenía que acudir a audiencia al Reclusorio Sur.

Pese a ello, Delgadillo consideró que, aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no contempla la prisión preventiva, Robles debía recibir esa medida cautelar debido a la gravedad y dolo de sus acciones al frente de la Sedesol y Sedatu, por haber falseado información respecto a sus domicilios y por un riesgo latente de poderse dar a la fuga.

Toda la vida en la CDMX

Desesperada y con la voz entrecortada Robles pidió, infructuosamente, que no se le dictara prisión preventiva debido a que ella sí tiene arraigo en la Ciudad de México pues, si bien no cuenta con trabajo, su hija, Mariana Moguel, vive en dicha entidad.

Expuso que ella misma ha vivido toda su vida en la capital mexicana, fue Jefa de Gobierno y ha residido durante más de 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán.

La exfuncionaria mencionó que tampoco cuenta con dinero para fugarse y escaparse al extranjero, pues nunca se enriqueció ilícitamente y actualmente todas sus cuentas y tarjetas están congeladas.

Robles manifestó que ella siempre ha dado la cara y no es como otras personalidades acusadas de corrupción que tienen los recursos para esconderse en Canadá y después regresan.

Pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora.

A pesar de esos argumentos, el juez Delgadillo consideró que la falsedad en las declaraciones de Robles respecto a su domicilio y su capacidad para fugarse eran argumentos necesarios para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

“He vivido en la Ciudad de México en Los Reyes, Coyoacán, desde hace años”, interrumpió Robles brevemente, con la voz entrecortada y desesperada, al juez mientras dictaminaba que debía ser recluida en Santa Martha.

Proceso
Expansión
José Raúl Linares
Ciudad de México
Martes 13 de agosto de 2019.



•    Anualmente entran al país 250 mil: FGR

•    Vienen de EU 2.5 millones de armas en poder de los cárteles

•    Débil regulación del otro lado de la frontera atiza violencia en México

En México, las víctimas de armas de fuego traficadas desde Estados Unidos se cuentan por miles, mientras que del otro lado del río Bravo la débil regulación para la compra, venta y posesión de equipo considerado de uso exclusivo de las fuerzas armadas ha impulsado por más de una década que los cárteles de las drogas hayan adquirido ilícitamente alrededor de 2.5 millones de armas de grueso calibre a través de esa frontera, coinciden informes de autoridades nacionales y estudiosos del tema.

Estimaciones de la hoy Fiscalía General de la República (FGR) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que al año ingresan ilegalmente al país unas 250 mil armas de fuego, entre ellas armas largas (AK-47), granadas de diversos tipos, lanzacohetes, cohetes, lanzagranadas y ametralladoras, en ese rubro las llamadas Barret calibre 50 que tienen capacidad para derribar aeronaves.

En tanto, de acuerdo con cálculos de un programa de la Universidad de San Diego, California, que fueron citados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se estima que cada año más 200 mil armas de fuego cruzan de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

En ese contexto, la historia del tráfico de armas es lo que no se ha contado de la guerra contra las drogas que ha tenido impacto no sólo en México, sino en toda América Latina, declaró en entrevista telefónica con La Jornada David A. Shirk, del proyecto "Justicia en México", de la Universidad de San Diego, California, uno de los pioneros en analizar el camino ilegal de armas de Estados Unidos.

Shirk, quien es coautor del reporte La ruta de las armas: estimaciones del tráfico de armas a través de la frontera EU-México, publicado en marzo de 2013, explica que el flujo ilícito es resultado casi natural de la dinámica de un mercado "gris" en la zona limítrofe.

Ello toda vez que mientras en Estados Unidos la regulación de la venta y el movimiento de este armamento de una persona a otra está muy descontrolada, las normas en México para la adquisición legal de estos objetos son muy estrictas.

En un texto titulado Tráfico de armas EU-México, la cancillería explica que el problema se agravó desde que en 2004, en Estados Unidos expiró la prohibición federal de armas de asalto, que restringía la fabricación, transferencia y posesión de armas semiautomáticas para uso civil.

En un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que data de 2010, esta agencia ya advertía que Estados Unidos es una fuente "conveniente" de armas para criminales en México.

A su vez, pesquisas realizadas por Shirk, junto con otros estudiosos del tema, confirman que una porción significativa de los vendedores de armas en la región fronteriza dependen de la demanda en nuestro país.

El especialista explica que muchos de los negocios que ofrecen este equipo son pequeños proveedores, por lo que no podrían sobrevivir económicamente sin la venta a compradores en territorio mexicano o incluso en el latinoamericano.

Un crimen cada media hora

En la investigación Más allá de nuestras fronteras, publicada por el Centro para el Progreso de América (Estados Unidos), los especialistas Chelsea Parsons y Eugenio Weigend Vargas expusieron que –según datos del gobierno estadunidense– de 2014 a 2016, en 15 países de América del Norte, América Central y el Caribe, se recuperaron 50 mil 133 armas que se originaron en Estados Unidos como parte de investigaciones criminales.

"Dicho de otro modo, durante este lapso se utilizaron armas de origen estadunidense para cometer crímenes en países cercanos aproximadamente una vez cada 31 minutos", se lee en el texto.

Sobre los métodos que se emplean para traficar las armas, la SRE expuso tres modalidades. Una llamada Gun Show (Muestra de Armas). Aquí, traficantes adquieren directamente arsenales en bazares de armas, en los cuales, por lagunas en la legislación, no piden verificación de antecedentes a compradores ni tienen límites en la venta.

Otra es la llamada Gun Store (Tienda de Armas), consistente en que en las tiendas de armas, donde se realizan verificaciones universales de antecedentes criminales, los traficantes utilizan "compradores de paja" o prestanombres. Una tercera fuente es el robo a armerías o a propietarios legales.

"Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su papel en el armamento de la violencia letal en el extranjero", opinan Parsons y Weigend Vargas en su investigación.

Informes de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) a los que se tuvo acceso, señalan que las rutas de tráfico de armas que comienzan en las entidades fronterizas con Estados Unidos, pero que parten mayormente desde ciudades como Tijuana, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Piedras Negras, Coahuila; y en la llamada fronteras chica en Tamaulipas, abarca a los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Según los documentos de la PGR elaborados por el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), las rutas de Tijuana y Nogales se unen para recorrer toda la región del Pacífico mexicano, en tanto que la ruta que parte de Ciudad Juárez transita Chihuahua, pasa Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y arriba a la Ciudad de México, para luego abrir la distribución hacia entidades como Guerrero y Oaxaca.

En tanto que los informes de la ex PGR también consideran que la ruta que parte de los municipios fronterizos de Tamaulipas recorren toda la zona del Golfo de México, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y también comercializan con grupos en la capital del país.

La Jornada
Ana Langner
Gustavo Castillo
Domingo 11 de agosto de 2019.


La FGR indicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa.

 
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles, ex titular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), un posible daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘Estafa Maestra’.

En la audiencia de imputación, la FGR explicó que Robles Berlanga es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa, con las agravantes de que el delito se cometió con dolo, de manera reiterada y con evidente omisión.

De acuerdo con el pliego de imputación, el daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales, a pesar de que estos no tenían las condiciones para prestar los servicio contratados y sin que se acreditara en algunos casos el cumplimiento de lo contratado.

La fiscal Teresa Maldonado explicó que Rosario Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar ante su superior jerárquico, es decir, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu

La imputación también señala que la omisión persistió a pesar de que en junio de 2014 el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le advirtió de los presuntos desvíos y convenios irregulares que habían firmado sus subordinados sin que actuara de alguna forma para impedirlo.

Además, la FGR dio cuenta de al menos una decena de oficios presentados por ex funcionarios de Sedesol y Sedatu para advertir del esquema ideado por servidores públicos para la subcontratación de servicios que no eran requeridos y que tampoco se prestaban, puesto que no existen documentos comprobatorios, es decir, que carecen de entregables.

“La conducta ilícita se hizo con pleno conocimiento, repito, con pleno conocimiento de la hoy imputada, provocando que se diera una afectación al erario al no actuar contra los terceros que de manera reiterada cometían las irregularidades, por lo que es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, de forma continuada, con dolo y en calidad de autora directa”, explicó la Fiscal.

La audiencia presidida por el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, entró en receso para que la Fiscalía General de la República aclare diversas peticiones de la defensa.

Aristegui Noticias
Juan Omar Fierro
Ciudad de México
Jueves 8 de agosto de 2019.


Hasta ahora no se han datos oficiales del monto de lo robado.


La Casa de Moneda de México, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma, en el centro de Ciudad de México, fue asaltada este martes por un grupo de hombres, confirmó la Secretaría de Hacienda de la nación latinoamericana.

"Les confirmamos que hubo un asalto en Casa de Moneda de México. En cuanto tengamos más detalles les informamos", señaló la dependencia en un breve mensaje.

Medios locales reportan que los ladrones habrían extraído 1.500 centenarios y relojes conmemorativos por un monto estimado de 50 millones de pesos (2.543.925 de dólares), sin que ninguna autoridad se haya pronunciado aún sobre el valor de lo robado.

Será la Fiscalía General de la República (FGR) de México la que lleve la investigación del robo, al tratarse de un delito federal, pues la institución es un organismo descentralizado de Hacienda y se encarga de producir monedas y comercializar medallas.

Por los hechos fueron llevados a declarar un guardia de seguridad, por no seguir el protocolo adecuado, y dos empleados de la Casa fundada el 11 de mayo de 1535.

Unas horas después fueron difundidas imágenes de cámaras de seguridad, donde es posible observar a tres de los presuntos asaltantes.

Se investigan a un guardia de seguridad y dos empleados de la Casa de Moneda, ubicada en Paseo de la Reforma #CDMX, por no aplicar protocolos de seguridad, informó Jesús Orta, @SSP_CDMX

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, dijo en entrevista televisiva que "está por cuantificarse el monto" sustraído, y destacó que "fue en especie, en metálicos, centenarios y relojes conmemorativos".

El funcionario capitalino informó que son al menos tres los hombres que perpetraron el robo y que, de acuerdo con reportes policiacos, habrían escapado en motocicleta sin realizar ningún disparo.

Se registra robo en Casa de Moneda, ubicada en Paseo de la Reforma; se dice de manera extraoficial que el botín asciende a 50 millones de pesos.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 horas (local) en la Casa de Moneda, donde ahora se realizan trabajos de remodelación. En 2018, ya había registrado un robo similar, también cuando se realizaban trabajos de remozamiento, por un monto total de 10 millones de pesos (508.614 de dólares).

RT
Ciudad de México
Martes 6 de agosto de 2019.


Rosario Robles presentó una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido librada en su contra en las últimas horas, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR)

Rosario Robles presentó esta tarde una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber sido librada en su contra en las últimas horas, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la Estafa Maestra.

Julio Hernández Barros, abogado de la ex titular de la SEDATU, informó que, además del amparo, también presentarán en las próximas horas a un juez de control del Reclusorio Sur un recurso de revocación contra el citatorio para la audiencia de imputación, con el propósito de que ésta sea aplazada y tengan acceso al expediente.

"Presenté un amparo y hay otro recurso en camino, un recurso de revocación contra el auto del juez que la manda a citar sin darle a conocer las causas del procedimiento, en fin, una serie de recursos legales para salvaguardar sus derechos y buscar que este juicio sea lo más objetivo y apegado a derecho que se pueda y poner lo jurídico muy separado de lo político y de lo mediático", dijo el litigante.

"El amparo es contra la posibilidad de que existiera alguna orden de aprehensión, todavía no está radicado (en algún juzgado), fue recibido en la oficialía de partes común y yo creo que en las primeras horas de mañana nos darán a conocer el juzgado al que fue radicado".

Hernández Barros explicó que en caso de que sea declarado procedente el recurso de revocación, por parte de un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, la audiencia de imputación del 8 de agosto sería aplazada y Robles tendría acceso a la carpeta de investigación previo a la nueva fecha de la audiencia.

El defensor criticó la actuación de la FGR, autoridad a la que señaló de actuar como la inquisición, por haber integrado esta carpeta de investigación sin hacerla del conocimiento de su clienta y no permitirle defenderse ante el Ministerio Público Federal.

"El principio de la adecuada defensa tampoco se ha cumplido, lo han hecho todo a escondidas, fuera de una transparencia que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, se supone que uno debería estar enterado de todo lo que está pasando, de darte la oportunidad de declarar en la carpeta, de mostrar tus pruebas, y después de todo eso decidir si se judicializa o no", dijo Hernández Barros.

"Pero, en este caso, se brincaron todo, lo hicieron como un tribunal inquisitorio de la edad media, escondiendo todo, haciéndolo por debajo de la mesa, como si tuvieran miedo de que en la indagatoria probara su inocencia y se quedaran sin caso".

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Martes 30 de julio de 2019.


Vinculan a Gilda Auston con la investigación de los delitos cometidos en el caso Odebrecht
   
 
Este jueves por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que autoridades policíacas de Alemania ratificaron la detención de la señora Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por estar presuntamente vinculada con la investigación de los delitos cometidos en el caso Odebrecht, por lo que solicitará su extradición.

En un breve comunicado, la Fiscalía indicó que Gilda Margarita Austin estaba sujeta a una orden de aprehensión emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, y que además contaba con una Ficha Roja de Interpol que fue aplicada por las autoridades alemanas.

La FGR detalló que a partir del momento de esta detención empieza a correr un plazo no mayor a 90 días para integrar el expediente legal que quedará, inicialmente, en la jurisdicción de la Oficina del Fiscal en Munich, indicó la FGR.

"Dentro de los plazos fijados por la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal de Alemania, la FGR hará llegar a nuestra embajada en esa nación, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la documentación necesaria para obtener la extradición de Gilda "A".

Esta martes 23 de julio, elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Alemania detuvieron a la madre del exfuncionario, contra quien pesa una orden de aprehensión emitida por un juez de control del Reclusorio Norte.

Gilda Margarita Austin se encontraba en la isla de Juist, donde vacacionaba con sus nietos, quienes viven en el país europeo, y debido a que entró legalmente a Alemania, las autoridades mexicanas esperan que la Interpol les notifique formalmente de su detención para iniciar el proceso de extradición.

Su abogado, Javier Coello Trejo, aseguró en entrevista telefónica a esta casa editorial que en cuanto recibió la noticia de la detención de la madre de Lozoya se comunicó con los abogados de la familia en Alemania y se reunió con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, para definir la estrategia jurídica a seguir en caso de que la señora Austin solicite que la traigan a México o seguir la petición de extradición en el país europeo.

En la orden de aprehensión emitida contra la madre de Lozoya Austin la FGR la señaló por recibir el 22 de noviembre de 2012 un depósito de Tochos Holdings Limited por 185 mil dólares en una cuenta de BBVA Bancomer, de la que su hijo es el único beneficiario.

Coello Trejo aseguró que no hay conducta ilegal en el hecho de que Emilio Lozoya le haya depositado a su mamá, de su cuenta lícita de Alemania, 185 mil dólares para pagar los impuestos de la adquisición de una casa de Ixtapa Zihuatanejo. "No fue para beneficio propio, pero eso lo vamos a acreditar ante el juez", advirtió.

"La Interpol cumple con una petición y la FGR cumple con su deber, nada más. Que no esté yo de acuerdo en cómo estén manejando los asuntos es otra cosa, pero la señora nunca se asoció con nadie para delinquir", aseguró.

EL UNIVERSAL informó que la FGR señaló a Emilio Lozoya como autor material del delito de "lavado" de dinero, proveniente de los sobornos que supuestamente recibió por parte de Odebrecht. Su hermana, su esposa, su madre y Aguilera Concha fueron señaladas como partícipes de "lavado" de dinero y los cinco, en calidad de coautores materiales de asociación delictuosa.

Además, contra Emilio Lozoya pesa la acusación por el delito de cohecho en este caso.

El Universal
Ciudad de México
Jueves 25 de julio 2019.


Se ventiló que está involucrado en la simulación de la venta de un terreno de unos 3 mil 877 metros cuadrados que vendió por 156 millones de pesos más IVA


Tras 11 horas de audiencia, un juez decidió vincular a proceso al abogado Juan Collado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Collado está involucrado en la simulación de la venta de un terreno de unos 3 mil 877 metros cuadrados que vendió por 156 millones de pesos más IVA a la Operadora de Inmuebles de Centro a Libertad y Servicios Financieros, donde el acusado llegó a ser presidente del consejo de administración.

Ahora ese terreno es la Zona Comercial Centro Sur, un edificio de seis pisos y otros seis niveles de estacionamiento con valor actual de 700 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que la venta se realizó con suplantaciones de identidad, fraudes y simulaciones en asambleas de Libertad y Servicios Financieros y que por la transacción Collado fue beneficiado con 24 millones de pesos, depositados directamente a su cuenta de Bancomer.

En la venta están también implicados cuatro personajes: José Antonio Rico Rico, por parte de Libertad Servicios Financieros, y José Antonio Vargas Hernández Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega por parte de Operadora de Inmuebles del Centro, sobre quién también se liberaron órdenes de aprehensión.

En los señalamientos salió a relucir el zar de los casinos, José Rodríguez Borgio, como socio de Collado en Libertad Servicios Financieros; Martín Díaz Alvarez, ex jefe financiero de Oceanografía, estuvo seis meses también en el consejo de administración de esa empresa, se reveló.

Incluso involucran al actual Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien supuestamente recibió dos maletas de dinero en efectivo con unos 10 millones de pesos en cada una para financiar su candidatura, enviadas por el zar de los casinos y autorizado por Collado.

El principal denunciante de la acusación contra Collado es Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien dice que fue defraudado al ser dueño del terreno y arrebatado por Operadora de Inmuebles del Centro, donde lo hicieron socio sin saber.

Por tal motivo, Bustamante denunció a quienes le quitaron su terreno el 4 de junio pasado y ante la UIF el pasado 7 de julio.

Ayer, elementos de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión contra el abogado Juan Collado Mocelo, quien se encontraba en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Reforma
Milenio
Eje Central
Ciudad de México
Miércoles 10 de julio de 2019.


La Fiscalía General de la República informaron sobre la detención del abogado por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.


Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República confirmó que detuvo al abogado Juan Collado en el restaurante Morton's, ubicado en la alcadía de Miguel Hidalgo, por la comisión del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Juan Collado ha sido abogado, entre otros, de Raúl Salinas de Gortari y de Carlos Romero Deschamps.

El Ministerio Público Federal dará a conocer en los próximos minutos mayor información en torno a los delitos que se le imputan.

El Ministerio Público Federal informó que un juez de distrito con sede en el Reclusorio Norte libró el mandamiento judicial que fue cumplimentado este martes en el restaurante Morton's que se localiza en la alcaldía de Miguel Hidalgo, por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial.

La FGR señaló que Collado fue detenido "con pleno respeto a sus derechos humanos, sin uso de violencia ni afectación a terceros para ser puesto a disposición de la autoridad judical que lo requirió".

Juan Collado será puesto a disposición de un juez especializado en el Sistema de Justicia Penal y en las próximas horas deberá tener la audiencia inicial en la que se definirá su situación jurídica.

En cuanto a los delitos que le imputa la Fiscalía, el de delincuencia organizada está tipificado como de prisión preventiva oficiosa, es decir, no tendría derecho a la libertad bajo fianza en caso de que el juez considere que existen elementos suficientes para iniciarle proceso penal. La acusasión por operaciones con recursos de procedencia ilícita sí permiten la libertad bajo fianza de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales.

Collado fue detenido en momentos en que comía con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

La Jornada
Gustavo Castillo
Ciudad de México
Martes 09 de julio de 2019.

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