En mayo la UIF congeló las cuentas de “Billy” Álvarez, presidente del Cruz Azul

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal en el Estado de México giró orden de aprehensión contra el director general de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente del equipo de futbol Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.

También se solicitaron órdenes de aprehensión contra el cuñado de “Billy” Álvarez, Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cementera; Eduardo Borrel, actual director jurídico; Mario Sánchez, director financiero, y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda –asesor jurídico externo–, a quienes se señala de disponer de recursos de la Cooperativa.

Apro confirmó que la FGR solicitó dichas órdenes a un juez radicado en el Centro Federal de Readaptación Social no. 1 en Almoloya de Juárez –oficio 3/190/2020– desde el domingo en la madrugada, pero negó la petición en dos ocasiones.

En caso de ser hallado culpable, el director de la Cooperativa podría recibir una pena de hasta 40 años de prisión.

Entre los socios cooperativistas hay incertidumbre por el futuro de la cementera, dado que estas acciones –advirtieron– la pondrían en el umbral de la ley de extinción de dominio y, por consiguiente, en la expropiación de parte del Estado. “Ese es el verdadero problema”, apuntaron.

De acuerdo con el juez, Guillermo Álvarez Cuevas incurrió en actos delincuenciales por el desvío de más de mil 200 millones de pesos de la empresa a través de factureras y empresas fantasma.

Congelan cuentas a “Billy” Álvarez, presidente del Cruz Azul

 La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de los hermanos Guillermo “Billy” y Alfredo Álvarez Cuevas, así como de su cuñado Víctor Garcés, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

En el noticiero En punto de Televisa, Dennis Maerker dio a conocer la información y añadió que “Billy Álvarez realizó movimientos irregulares por mil 200 millones de pesos en distintos países”.

Guillermo Álvarez es presidente del club de futbol Cruz Azul y ha mantenido conflictos legales desde hace más de una década con su hermano Alfredo y su cuñado Víctor, quienes son vicepresidentes del equipo.

Recientemente, en entrevista con Proceso, Billy Álvarez reconoció que no renunciará a su cargo en el equipo ni tampoco a la dirección de la Cooperativa Cruz Azul, a pesar de los litigios que mantiene con un grupo disidente que lo ha señalado reiteradamente por los malo manejos en los que ha incurrido con el dinero de los cooperativistas.

“¿Usted cree que (la permanencia) es por mi propia decisión? ¿Puede un hombre mantenerse en el puesto por sí mismo, porque es un dictador? Mi cargo es por tiempo indefinido y con base en resultados”, dijo en entrevista en marzo pasado.

El dirigente celeste también señaló a su hermano como su sucesor.

“Sí tengo una idea de quién podría ser, pero –aclara– no solo hay una persona”, expresó, y enumeró una lista de cualidades para los candidatos, como la de que tiene que ser socio de la Cooperativa, tener conocimiento de la industria, del mercado y “de cómo están las circunstancias de una estructura financiera sana para que la empresa pueda seguir como hasta ahora”.

Proceso
Ciudad de México
Miércoles 29 de julio de 2020.


Antes de concluir el sexenio, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intentó archivar la investigación del caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, dándole valor a la versión de que el dinero de los sobornos en realidad eran depósitos relacionados con negocios de Fabiola Tapia, una empresaria fallecida en 2014.

Fuentes allegadas al caso y documentos consultados confirmaron que en marzo de 2018, cuando la PGR le dio carpetazo al expediente contra César Duarte por lavado de dinero y fraude fiscal, también intentó cerrar el de Lozoya.

Altos funcionarios de la Administración pasada llevaron el caso con José Antonio Meade, quien ya como candidato presidencial del PRI pidió no archivar el expediente e investigar a fondo.

La fuente atribuye a esa decisión la presunta intención de Lozoya de involucrar al ex Secretario de Hacienda con el pago de sobornos.

Los ejecutivos de Odebrecht revelaron que pagaron 10.5 millones de dólares al ex director de Pemex en cuentas bancarias de las empresas off shore Zecapan y Latin America Asia Holdings Ltd.

La idea de los operadores del Gobierno era argumentar que Fabiola Tapia prestó 6 millones de dólares a Zecapan y que compró las acciones de Latin America Asia Holdings en 2012, cuando Odebrecht empezó a hacer los depósitos.

Ahora que negocia su inmunidad penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya ha admitido que sí cobró ese dinero y que fue para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el ejecutivo brasileño con quien pactó los sobornos dice que el dinero fue para que Lozoya le presentara a empresarios en Hidalgo y Veracruz.

En una declaración que recabó la PGR en Brasil, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, dijo que le depositaron 6 millones de dólares a Lozoya en dos partes: una entrega de 4 millones y otra de 2 millones.

Los brasileños aseguran que una parte importante del primer monto se depositó en una cuenta de Zecapan, empresa constituida en 1990 en las Islas Británicas y con cuentas bancarias constituidas en Luxemburgo.

Willi Artur Gerhard Henze, un ciudadano alemán radicado en Suiza que es propietario de Zecapan, así como de Martellus y de una empresa de tecnología de asfaltos denominada Nano Sky, envió un testimonio por escrito a la entonces PGR, fechado el 28 de diciembre de 2017.

En ese documento aseguró que el 18 de octubre de 2012 Fabiola Tapia le prestó 6 millones de dólares como parte de un convenio de transferencia de tecnología y asistencia técnica.

En ese contrato, Tapia se comprometió a depositar los recursos a Martellus antes del 30 de junio de 2014. El préstamo sería empleado por el europeo para el desarrollo de tecnología.

La empresaria mexicana depositó 5 millones 951 mil 351 dólares entre el 7 de noviembre de 2012 y el 20 de marzo de 2014, las fechas en que Odebrecht le hizo los depósitos a Lozoya.
Segunda off shore
En las investigaciones en Brasil, la empresa Innovation Research Engineering and Development Ltd. aparece como una de las personas morales que empleaba Odebrecht para pagar sobornos en varios países de Latinoamérica.

Según la investigación de la FGR, esta empresa depositó dinero a Lozoya en 2010 y 2012 en una cuenta de Latin America Asia Holdings Ltd, constituida el 10 de septiembre de 2008 en las Islas Británicas.

Del 20 de abril a 18 de junio de 2012, Innovation Research Engineering and Development depositó 3 millones 150 mil dólares a la cuenta off shore relacionada con el ex director de Pemex, en la cual su hermana Gilda Susana Lozoya Austin fue registrada como beneficiaria.

En 2017, cuando Fabiola Tapia ya tenía tres años de fallecida, apareció un contrato en el que un tal Favio Valdovinos Cortez presuntamente le vendió a esta empresaria las acciones de Latin America Asia Holdings, por un valor de mil dólares.

Ese contrato tiene fecha del 15 de marzo de 2012, lo que en teoría desvinculaba a Lozoya del delito -no obstante que su hermana era beneficiaria de la cuenta-, pues los sobornos que refieren los brasileños fueron a partir del mes siguiente en que fueron vendidas esas acciones.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Martes 28 de julio de 2020.


Hallazgo de restos de uno de los normalistas desaparecidos rompe versión del gobierno de Peña Nieto.


El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a trabajar para resolver el caso Ayotzinapa al reunirse este viernes con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, luego del reciente hallazgo de los restos de uno de los jóvenes en una barranca del estado de Guerrero.

“El presidente se comprometió a continuar con la investigación, la cual debe estar hasta esclarecer (el paradero) de todos los estudiantes”, dijo a medios Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres, al salir del encuentro con López Obrador, en el Palacio Nacional.

Ortega comentó que el presidente “ratificó su compromiso” con el caso, por lo que se dará seguimiento a las nuevas líneas de investigación. “El Gobierno está en disposición de avanzar en la investigación”, añadió.

(...) Como padres vemos una ruta y confiamos que hay que seguir

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el martes pasado que logró completar la identificación del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre con base en los restos óseos hallados en una barranca de Guerrero. “(El anuncio) nos da la esperanza de que haya un esclarecimiento del caso, este es el inicio de la nueva investigación, nos dijo el presidente, y como padres vemos una ruta y confiamos que hay que seguir”, expuso Ortega.

Fue el 3 de diciembre de 2018, dos días después de jurar como presidente, cuando López Obrador firmó un decreto para instalar una Comisión de la Verdad encargada de investigar la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Para ello, la FGR estableció en junio de 2019 una unidad especial autónoma e independiente. En febrero de 2020, el presidente ordenó reponer la investigación con ayuda de la FGR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un mes después firmó un acuerdo con ambas para intentar esclarecer la desaparición de los jóvenes.

Esta semana, su gobierno reportó la identificación de uno de los estudiantes, suceso que puede romper con la versión oficial del gobierno anterior de que estos habían sido asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.

Durante su reunión de este viernes, López Obrador les reiteró a los padres de Christian Alfonso y al resto de los familiares de los estudiantes que el caso no quedará impune y habrá justicia. El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, dijo a medios que lo que sigue en el caso de Christian es que los culpables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia.

Recientemente, Rosales había dicho que se tienen que establecer responsabilidades contra los culpables de la desaparición, “pero también contra aquellos que, por omisión, cometieron irregularidades para ocultar deliberadamente la verdad y el paradero de los estudiantes”.

Rosales, quien ha acompañado a los familiares y representado prácticamente desde día siguiente a su desaparición, apuntó que “ahora hay una ruta de investigación diferente y el caso se sigue investigando”.

Sobre lo que los padres le solicitaron al presidente, dijo que le pidieron que “sigan las investigaciones y las búsquedas para dar con el paradero del resto de los estudiantes”.

Desaparecidos de Ayotzinapa

Precisamente hace 10 días, la FGR ordenó la detención de 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes en una nueva etapa de la investigación. Además, detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado, alias el Mochomo, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.

Con esos antecedentes, las autoridades mexicanas informaron que, con el apoyo de forenses extranjeros, habían identificado los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, casi seis años después de la tragedia, en septiembre del 2014.

El titular de la Unidad para el caso Ayotzinapa, Ómar Gómez Trejo, refirió que correspondían a Rodríguez Telumbre los restos óseos (extremidad inferior y sin huellas de incineración) hallados en una barranca ubicada a unos 800 metros del basurero de Cocula, donde la versión anterior señaló que habían sido quemados.

Los restos fueron identificados por el Instituto de Genética de la Universidad de Innsbruck (Austria) y fueron analizados también por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y ambos resultados coincidieron.

Con el hallazgo de Christian Alfonso aumentaron a tres los jóvenes identificados ya que durante la investigación del gobierno anterior se hallaron restos de Alexánder Mora y de Jhosivani Guerrero.

EFE
Ciudad de México
Sábado 11 de julio de 2020.


La Fiscalía General de la República (FGR) inició ante el Gobierno de Líbano los trámites para extraditar al empresario Kamel Nacif Borge, "El rey de la mezclilla", prófugo de la justicia mexicana por las presuntas torturas a la periodista Lydia Cacho.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, desde hace más de un año el textilero huyó a tierras libanesas, donde en las últimas fechas la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciaron los trámites para que sea sujeto a un proceso de extradición.

En el debate que sostuvo esta mañana con el consultor Edgardo Buscaglia, en el programa radiofónico de Carmen Aristegui, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, dijo que uno de los prófugos por este asunto huyó a tierras libanesas, aunque no precisó su identidad.

Fuentes de la dependencia confirmaron por separado que se trata de Nacif, precisando que aún no se encuentra privado de la libertad.

El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo ordenó su aprehensión por el delito de tortura en agravio de Cacho y, aunque desde mayo del mismo año la Interpol giró la ficha roja para ser buscado en más de 190 países, hasta el momento no ha sido detenido.

El mandamiento de captura también fue librado contra el ex Gobernador de Puebla, Mario Marín; así como contra Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex jefe de la Policía Judicial del mismo Estado, y Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales.

En 2005 la Policía de Puebla detuvo a Lydia Cacho en Cancún, Quintana Roo, con una orden de aprehensión por los delitos de difamación y calumnia, cuyo origen era una denuncia penal de Kamel Nacif.

Desde el puerto turístico del Caribe, la periodista fue trasladada por tierra hasta Puebla, un trayecto en el que habrían ocurrido las torturas que ahora imputa la FGR al ex Gobernador, al empresario y los mandos policiacos.

La denuncia de Nacif, que en su momento llevó a la detención de Cacho, derivaba de la publicación del libro "Los demonios del Edén", donde la periodista mencionó que el textilero acudió a fiestas donde eran pervertidos menores de edad.

Después de la captura de la periodista, se dieron a conocer conversaciones telefónicas entre el entonces Gobernador poblano y el empresario, en el que celebraban el "escarmiento" que propinaron a la periodista.

El 30 de abril de 2019, la FGR detuvo en el Estado de México a Juan Sánchez Moreno, ex director de Mandamientos Judiciales de Puebla, quien siete meses más tarde se declaró culpable de las torturas a Cacho y fue sentenciado a 5 años con 3 meses de prisión.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Viernes 10 de julio 2020.


También explicó que por estas intervenciones, “junto con otras razones legales”, se obtuvo el arraigo del Mochomo, quien fue detenido el pasado 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México.


La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tener pruebas de un presunto soborno millonario que recibió un juzgado en el Estado de México para liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos y señalado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Esto, luego de que en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales decretaron su liberación al negar el valor de pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014.

Por este motivo la FGR señaló que las pruebas “eran válidas en el sistema vigente en ese momento”, por lo que señaló que en el juzgado federal decidieron no revisar 21 pruebas contra el Mochomo, por lo que apeló la decisión.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho (soborno) por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona”, denunció la Fiscalía en un comunicado.

También explicó que por estas intervenciones, “junto con otras razones legales”, se obtuvo el arraigo del Mochomo, quien fue detenido el pasado 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México, “donde se había ubicado después de vivir por varios años, oculto en distintas zonas serranas del país”.

La FGR dijo que buscará solicitar una nueva orden de aprehensión contra el presunto líder delictivo por hechos distintos a la acusación de delincuencia organizada que se le había hecho.

Este mismo 2 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF) inició una investigación en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por posibles actos de corrupción.

Animal Político
Ciudad de México
Jueves 2 de julio 2020.


•    Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, informó que un Juez federal giró 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado de Guerrero.

•    “Se acabó la verdad histórica”, aseguró el Fiscal y destacó que Zerón está acusado por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Ciudad de México. - La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó casi 50 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Ayotzinapa. Entre ellas una en contra de Tomás Zerón, quien fuera ex director de la Agencia de Inteligencia Criminal (AIC) de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, informó que Zerón huyó del país por lo que al capturarlo se espera la extradición correspondiente, a través de la ficha roja que la Fiscalía pidió a la Interpol para su localización a nivel internacional.

Las ordenes de aprehensión las dictó un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales a 46 servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero.

“A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada” dijo Gertz en conferencia de prensa este martes.

El Fiscal General aseguró que los delitos no habían sido investigados, ni judicializados durante las diligencias que realizó la PGR. Las nuevas órdenes de aprehensión se sumaron a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la PGR.

Recordó la aprehensión de José Ángel “N”, alías “El Mochomo”, quien fue un participante en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ayer, fuentes de la FGR confirmaron a SinEmbargo la captura de Ángel Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo criminal ligado a la desaparición forzada ocurrida en septiembre de 2014.

La detención se realizó desde el pasado miércoles en Metepec, Estado de México, cuando agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión, la cual giró un Juez federal de aquella entidad por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.

El Fiscal explicó que la PGR consignó, en septiembre de 2014, a funcionarios que posteriormente fueron puestos en libertad debido a la inconsistencia y parcialidad de las acusaciones en las que “se omitió señalar la totalidad de las violaciones que cometieron durante su intervención en el caso”.

“Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento; ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas”, destacó Gertz.

Nuevas indagatorias

Los trabajos de investigación por el caso Ayotzinapa iniciaron en 2019 por la nueva FGR, a través de la Fiscal Especial en materia de Derechos Humanos, Maestra Sara Irene Herrerías; así como del Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, Maestro Omar Gómez Trejo.

En las nuevas indagatorias se tomaron en cuenta delitos que no habían sido tramitados y que no tienen obstáculo procesal ser judicializados. Son, fundamentalmente, desaparición forzada y delincuencia organizada, así como determinar el verdadero paradero de los estudiantes normalistas.

“Todas las diligencias realizadas durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales que han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y, con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido”, aseguró Gertz Manero.

Otro de los elementos que participan de las indagatorias, se incluyó a las personas que cometieron esos delitos.

Padres y el abogado de los estudiantes de la normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa Guerrero, se reunieron de forma privada con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

El Fiscal Adelantó que en la labor de gestión de las investigaciones se enviaron a la Universidad de Innsbruck restos humanos localizados para su identificación. De estos se esperan resultados inmediatos, posiblemente a darse a conocer la siguiente semana.

“Nuestra investigación continúa, y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles”, continuó.

Las siguientes informaciones del caso serán dadas a conocer por el Fiscal de Ayotzinapa, el Maestro Omar Gómez Trejo, para que la nueva etapa se maneje con absoluta transparencia y con toda legalidad.

Sin Embargo
Ciudad de México
Martes 30 de junio de 2020.


La nueva delegada del partido en Jalisco habría autorizado el pago de casi 400 MDP a dos empresas de infraestructura por obras que no se realizaron


Morena investiga a Yeidckol Polevnsky por compras millonarias, delitos de daño patrimonial y lavado de dinero.


Por haber autorizado el pago de casi 400 millones de pesos a dos empresas de infraestructura por obras que no se realizaron, la dirigencia de Morena presentó una denuncia contra Yeidckol Polevnsky ante la Fiscalía General de la República.

Según información de Animal Político, los morenistas buscan que se le imputen los delitos de daño patrimonial y lavado de dinero.

La denuncia fue interpuesta por el dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar el pasado 15 de junio y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales estaría a cargo de la investigación.

Dicho medio dio a conocer que durante la dirigencia de Polevnsky, la Secretaría de Finanzas de Morena pagó 395 millones de pesos a dos empresas del Grupo Ebor, del empresario Enrique Borbolla García.

Morena investiga a Yeidckol Polevnsky por compras millonarias

En el reportaje se señaló que los depósitos se realizaron en año nuevo, un mes antes de que Polevnsky dejara la dirigencia, a través de 14 transacciones bancarias para la realización de obras de remodelación, así como la compra de mobiliario, equipo de cómputo y sistemas de seguridad.

El nuevo CEN del partido descubrió durante una auditoría que ninguna de estas obras se realizó, pese a que fueron pagadas en su totalidad y de manera anticipada.

El pasado 10 de junio, Ramírez Cuéllar informó que iniciaron una auditoria a la gestión de Polevnsky, debido a que invirtió 810.5 millones de pesos en la compraventa de inmuebles y en contratos de obra, y comprometió el pago por 433.4 millones de pesos más.

En total estaría en duda, al menos, la legalidad y el fundamento de pagos y ofertas de pago por un total de mil 243 millones de pesos de enero de 2019 a los primeros meses de este 2020.

El Informador
Guadalajara, Jal.
Jueves 18 de junio de 2020.


Busca impedir la devolución de dos departamentos de lujo al presunto prestanombres del exgobernador veracruzano Javier Duarte


Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca impedir la devolución de dos departamentos de lujo a un cuñado de Karime Macías, señalado como presunto prestanombres de Javier Duarte, no obstante que fue ordenada por un tribunal federal en última instancia.

Martha Estela Ramos Castillo, fiscal de la Subprocuraduría de Delitos Federales, alegó ante un tribunal colegiado que no fue emplazada a juicio en el amparo que en primera instancia un juez federal le concedió para efectos a José Armando Rodríguez Ayache.

Por ello, aunque el Primer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad ya emitió el fallo en segunda instancia y ordenó devolver los bienes, la fiscal presentó un recurso de revisión contra el fallo y pidió suspender la entrega de los inmuebles, aduciendo que podría ocasionar un perjuicio irreparable.

El colegiado se reservó la decisión de admitir la revisión y, por otra parte, rechazó frenar la devolución del departamento L-103 de Arquímedes 189, en Polanco, Ciudad de México, y el 9-B, de la Torre Pelícano, en el bulevard Manuel Ávila Camacho 741, fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río.

"La Ley en la materia (de Amparo) no prevé la suspensión del procedimiento como un efecto de la interposición de este medio de impugnación (recurso de revisión)", señaló el colegiado.

Según la lista de acuerdos, el tribunal ya solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal el expediente original o en copia certificada de la causa penal de Javier Duarte, en cuya sentencia se ordenó el decomiso de 40 inmuebles, incluidos los dos cuya propiedad reclamó Rodríguez Ayache.

A la fiscal Ramos Castillo, el colegiado le solicitó entregar las constancias que acreditan su dicho, es decir, que no fue notificada del amparo en primera instancia y que se enteró de la devolución ordenada por el tribunal cuando le llegó el requerimiento del juez de control encargado de la causa penal contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.

La admisión o desechamiento del recurso de la FGR será acordado después de que concluya la contingencia sanitaria.

Rodríguez Ayache y su esposa Mónica Macías Tubilla son prófugos de la justicia por el delito de defraudación fiscal.

En su momento, el cuñado de Karime Macías fue mencionado como parte de la presunta red de prestanombres con los que Duarte adquirió diversas propiedades en México y en el extranjero.

Las autoridades federales estiman que por lo menos 36 personas, entre familiares directos y colaboradores, así como parientes de su ex esposa, adquirieron bienes inmuebles en calidad de testaferros.

En abril de 2017, tras ser detenido Duarte en Guatemala, su esposa Karime Macías voló de Colombia a Inglaterra; con ella iban también sus tres hijos, su madre, Virginia Tubilla, su hermana Mónica Macías, su cuñado Rodríguez Ayache y los dos hijos de este matrimonio.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 22 de mayo de 2020.


En cuarentena están 27 servidores públicos de la Delegación en Puebla de la FGR, debido a que estuvieron en contacto con un detenido que más tarde murió a consecuencia de Covid-19


Puebla.- En cuarentena están 27 servidores públicos de la Delegación en Puebla de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que estuvieron en contacto con un detenido que más tarde murió a consecuencia de Covid-19.

De acuerdo con información oficial, el pasado viernes, la Guardia Nacional trasladó a Luis Alberto “N” a las instalaciones de la FGR, localizadas en la colonia Hacienda Zavaleta, sobre la Recta a Cholula, en esta capital.

Inicialmente, personal de Enfermería pidió a los guardias que el detenido fuera trasladado a un hospital de Cholula, donde descartaron contagio de Covid-19, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público Federal por el delito de robo de hidrocarburo.

Este sujeto, quien sería diagnosticado en obesidad mórbida, fue puesto en libertad, después que las autoridades determinaron que, al considerar que era acusado de un delito no grave, aunque bajo las reservas de ley.

Unos días después, Secretaría de Salud de Puebla informó que el detenido había perdido la vida por las complicaciones originadas por el coronavirus, por lo que se realizó la sanitización de la Policía Federal Ministerial, así como separos, área de Atención Médica y del Ministerio Público Federal.

La institución federal solicitó a  la Guardia Nacional, así como al secretario de Seguridad Pública, Raciel López Flores, girar sus instrucciones al personal bajo su mando y de los 217 municipios de la entidad para aplicar protocolos de salubridad al momento de realizar detenciones de personas para evitar contagios.

Excélsior
Fernando Pérez
Corona / Corresponsal
Ciudad de Puebla, Mex.
Miércoles 15 de abril de 2020.


Santiago Nieto informó que por la triangulación de recursos se abrirá una carpeta de investigación contra García Luna ante la FGR.

México.- García Luna trianguló recursos públicos mediante dependencias federales para abonar dicho dinero a una cuenta personal, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El titular de la UIF –Santiago Nieto- explicó que por las transferencias se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se abra una carpeta de investigación contra quien fuera secretario de Seguridad Pública a nivel federal durante el gobierno de Felipe Calderón.

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Genaro García Luna había transferido dinero público de dependencias federales a una empresa y de esta, trianguló a sus cuentas personales.

Santiago Nieto también explicó que 11 cuentas de García Luna fueron bloqueadas, algunas de las cuales pertenecen a familiares del exfuncionario, en específico: las de una hermana y su esposa, mismas que figuran en las operaciones de transferencia de recursos.

Bloquean 11 cuentas bancarias a García Luna

Sería este viernes 13 de diciembre cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) le entregue a la UIF toda la información relacionada con el ex servidor público detenido en Estados Unidos, debido a que el 12 de diciembre es un día de asueto para el sistema financiero. Nieto espera disponer del monto total de las 11 cuentas bancarias bloqueadas.

El bloqueo de las cuentas se logró por el intercambio de información entre las agencias de seguridad de México y de los Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se refirió al tema durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, aseverando que ordenó a su gabinete que ningún colaborador de García Luna permanezca dentro de la administración pública.

AMLO también aprovechó para afirmar que con la detención del panista, el modelo de seguridad denominado “guerra contra el narcotráfico” se encuentra extinto.

SDP Noticias
Angeles Pillado
Ciudad de México
Viernes 13 diciembre 2019.

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