Puebla fue el estado más violento en las elecciones de 2018: ONC


Compra y coacción del voto, apoderamiento de material electoral, así como violencia el 1 de julio fueron los delitos que más se denunciaron en Puebla, afirmó Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En una entrevista ofrecida en la Ciudad de México tras presentar el informe final de Observación Electoral, Casilla Única, Observaciones y Retos 2018, el titular de la Fepade afirmó que las 543 denuncias colocan a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional.

Celebra determinación del TEPJF

El titular de la Fepade celebró la decisión por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el sentido de realizar el cómputo total de la elección de Puebla.

Manifestó que esta medida permitirá a los ciudadanos tener una mayor certeza sobre el resultado de la elección en la entidad.

Expuso que fueron más de 500 las denuncias por delitos electorales, sin embargo, indicó que una posible anulación de la elección de Puebla depende únicamente del TEPJF y no de la Fepade.

En julio pasado la propia Fiscalía informó que la entidad junto con la Ciudad de México y los estados de Oaxaca, México, Veracruz y Chiapas concentran el mayor número de las 2 mil 418 denuncias en todo el país, según un corte hasta el 6 de julio.

Asimismo, las 543 denuncias por delitos electorales en Puebla representan el 24 por ciento del total nacional.

Entre los delitos denunciados destaca la volcadura de un vehículo de la Fiscalía del Estado en la que se transportó la paquetería electoral, por la que se judicializó una carpeta de investigación en contra de dos personas.

El estado más violento

En agosto pasado el Observatorio Nacional Ciudadano afirmó que Puebla fue el estado que registró el mayor número de casos de violencia política en el proceso electoral 2018, con un total de 104.

En su más reciente estudio el Observatorio destacó también que Puebla encabeza las denuncias por delitos durante la jornada electoral, con 122, por lo que la organización afirmó que hubo “poco respeto a la integridad electoral”.

Puebla fue el estado más violento en las elecciones de 2018: ONC

El Observatorio Nacional Ciudadano registró 104 casos de violencia política y 125 denuncias por delitos electorales

Puebla fue el estado que registró el mayor número de casos de violencia política en el proceso electoral 2018, con un total de 104, según se desprende del estudio sobre “Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Se destacó también que Puebla encabeza las denuncias por delitos durante los comicios, con 122, por lo que la organización afirmó que hubo “poco respeto a la integridad electoral”.

Asimismo, la entidad fue una de las que menos información electoral proporcionaron al observatorio, a través del Instituto Electoral del Estado (IEE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Estado con más violencia electoral

De los 104 casos documentados en Puebla, 89 fueron de violencia política y 15 de violencia de género.

A nivel nacional se registraron 774 denuncias de violencia electoral, por lo que las del estado representan el 13.4 por ciento del total.

Después de Puebla se encuentran los estados de Guerrero con 81 casos, Oaxaca con 67 y Veracruz con 51.

El ONC destacó que la media nacional fue de 24 actos violentos suscitados durante las elecciones, no obstante, estos estados la superan por mucho.

El estudio resaltó que la violencia política va desde amenazas o intimidaciones, hasta asaltos, agresiones físicas, secuestros e incluso asesinatos.

Asimismo, manifiesta que datos del Primer Informe Violencia Política contra Mujeres en México 2018, entre el 8 de septiembre de 2017 y el 12 de junio de 2018 se registraron 16 asesinatos de mujeres en todo el país.

Entre estos casos se suman los asesinatos de Juana Iraís Maldonado Infante, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputada local por el distrito de Huauchinango, y el de la regidora de Salud del ayuntamiento de Juan Galindo, Erika Cázares.

Puebla sumó 122 denuncias el 1 de julio

El ONC destacó en su reporte que tan solo el día de la votación se registraron 394 denuncias por delitos electorales en todo el país ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De este número, Puebla fue el estado que generó más denuncias (122), seguido por la Ciudad de México (39) y el Estado de México (38).

“En entidades como Puebla, el día de la jornada se vivió con poca integridad electoral. El INE confirmó incidencias en 70 casillas del estado en las que se registraron actos de saqueo, robo, retención y quema de urnas”.

Al respecto se destacó la detención de 62 personas por presuntos delitos electorales, entre ellos el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Israel Mancilla Amaro, por los hechos ocurridos en el hotel MM, sin embargo, todos fueron liberados.

Autoridades opacas en materia electoral, destacan

El observatorio destacó la opacidad de las autoridades poblanas en materia electoral al señalar que realizaron una solicitud de información sobre delitos electorales y otros conceptos al Instituto Electoral del Estado el pasado 24 de abril, la cual nunca fue contestada.

“Puebla fue uno de los estados en donde el acceso a la información directa entre el ciudadano y la dependencia tuvo como resultado la menor cantidad de respuestas obtenidas”.

Agregaron que la Fiscalía General del Estado tampoco contestó a una solicitud hecha a través de su portal de transparencia, mientras que el Tribunal Superior de Justicia lo hizo de manera parcial.

“En las tres dependencias no hay una clara distribución del número de funcionarios públicos, del presupuesto, ni del ejercicio del gasto, así como de ningún programa interno o externo que evalúe los logros obtenidos”.

Bajo porcentaje de judicialización

El observatorio subrayó que la entidad cuenta con el segundo porcentaje de judicialización más bajo del país respecto a los delitos electorales denunciados, que es del 4 por ciento.

El porcentaje más bajo de judicialización del 2013 al 2016 lo obtuvo la Ciudad de México con 2 por ciento.

Durante ese periodo se registraron ocho sentenciados en Puebla por delitos electorales, mientras que en Hidalgo hubo seis, en la Ciudad de México 4, y en Morelos tres. (Jueves, agosto 30, 2018)

e-consulta
Efraín Núñez
Sábado 22 de septiembre 2018.


La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reveló que es posible que el Instituto Electoral del Estado (IEE) utilizara un software diferente al que auditó hace unas semanas, lo cual abre la puerta a un posible fraude en la captura de actas de casillas desde el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Puebla.

La información dada a conocer a nivel nacional se desprende del reporte ejecutivo de la auditoría realizada al PREP, en el que no dio garantía de que este sistema fuera el mismo que se usara el día de la elección para registrar los votos.

Informó que tras auditar el software del IEE en Puebla, determinó que no hay garantías de que el sistema que utilizó fuera el mismo que se autorizó previamente, debido a que la casa de estudios no tuvo acceso al proceso y desconoce la encriptación de la información de los votos provenientes de programas fuente.

En el resumen de la UAM se lee: “La validación con respecto a que el software auditado y el software utilizado durante la jornada electoral sean el mismo, no puede asegurarse plenamente, ya que no pudo atestiguarse el proceso de encriptación de programas fuente y de los respectivos programas ejecutables”.

La Universidad Autónoma Metropolitana, una de las más importantes del país, explicó que la inspección al sistema no fue el único rubro en el que los auditores evitaron pronunciarse por falta de información.

Al respecto, refirió que tampoco tienen elementos para garantizar el funcionamiento respecto a vulnerabilidades internas del sistema, cuando la información se hace pública.

“El sistema informático tiene muy pocas vulnerabilidades a partir de su información pública, sin embargo, el Ente auditor no cuenta con elementos para pronunciarse respecto a vulnerabilidades internas”, enfatizó.

La semana pasada, el presidente nacional del INE, Lorenzo Córdova, informó que las universidades como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la UAM auditarían el sistema con el que opera el PREP; mientras la empresa de ciberseguridad, propiedad de Carlos Slim, Scitum, tuvo a su cargo “la revisión general de sus sistemas”.

Antes de que se pusiera en marcha el PREP, José Juan Espinosa Torres, ex dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) y actual candidato al Congreso del estado por la coalición Juntos Haremos Historia, denunció que la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE), Dalhel Lara Gómez –segunda funcionaria en importancia de ese organismo–, es una de las ‘‘operadoras del fraude’’ que el Partido Acción Nacional (PAN) intentaría cometer para retener la gubernatura de Puebla.

Explicó que Lara Gómez es responsable de la distribución de los documentos y los materiales electorales que se utilizarán en los comicios del domingo, y no ha seguido los protocolos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Agregó que la secretaria ejecutiva del IEE dio órdenes para que los representantes de los partidos no inspeccionen las instalaciones de los consejos distritales y municipales, en cuyas bodegas se encuentran las boletas de la elección de gobernador, diputados locales y alcaldes.

Además, señaló que hay ‘‘miles’’ de boletas adicionales para la elección de gobernador. Sólo en el distrito 20 local, con cabecera en la capital, se hallaron 3 mil papeletas de más, y 5 mil en el municipio de San Pedro Cholula, contiguo a la metrópoli.

La Jornada de Oriente
Yadira Llaven Anzures
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 3 de julio de 2018.


La coalición Todos Por México (PRI) encabezó las ofertas a ciudadanos.


Nueve millones de mexicanos aceptaron vender su voto a un partido político en la jornada electoral del 1 de julio, reveló la encuesta Democracia sin pobreza 2018.

Pero la mayoría de los votantes consultados no fue seducida por la corrupción. 15 millones de mexicanos (17.3% de los encuestados) rechazó algún regalo, servicio, favor o trabajo ofrecido por un partido político, de acuerdo con la encuesta elaborada por la firma Data PM, patrocinada por la organización Acción Ciudadana contra la pobreza.

“Los partidos ofrecieron, en promedio, 500 pesos en la calle, y 15 millones los rechazaron”, comentó Alberto Serdán, coordinador de la organización en conferencia de prensa.

El documento detalló que las ofertas se hicieron a 29.9 millones de votantes elegibles, que es el equivalente a 33.5% de los encuestados.

La coalición Todos Por México (PRI, Panal y Partido Verde) ofreció sobornos a 5.3 millones de votantes elegibles; Por México al Frente (PAN, PRD y MC), a 4.9 millones; La alianza Juntos Haremos Historia, 600,000 ofertas por votos. 19 millones habrían recibido ofertas de múltiples partidos o no respondieron en la consulta.

La encuesta representativa de la lista nominal (89.1 millones) consultó a 1,253 ciudadanos mayores de 18 años cara a cara en los 32 estados del país.

El levantamiento ocurrió del 6 al 26 de junio de 2018. Su margen de error teórico es de +-2.9 puntos con un nivel de confianza estadístico del 95%.

Forbes
Arturo Solís
Ciudad de México
Jueves 28 junio de 2018.



El PRI intenta reeditar el modelo de fraude del Edomex


Ante la inminencia de un fraude el 1 de julio próximo –que se estaría instrumentando a partir de un debilitamiento de las instituciones electorales–, Santiago Nieto, el ex titular de la Fepade, propone crear un blindaje que tenga como ejes principales el mapeo por casillas donde operan los programas sociales, el despliegue en campo y la utilización de las estructuras institucionales, así como mayor vinculación con las organizaciones no gubernamentales. El nuevo aliado del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, denuncia que el operativo es similar al que se aplicó en el Estado de México en 2017.

Ciudad de México. “Se está operando el fraude electoral”, sentencia Santiago Nieto Castillo, el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que recientemente se sumó a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador con un propósito definido: crear “un modelo de blindaje”.

El fraude, puntualiza, se está realizando a partir del “debilitamiento institucional” de la propia FEPADE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del propio Instituto Nacional Electoral (INE).

Nieto Castillo cita a Germán Castillo Banuet como uno de los que participan en ese “debilitamiento institucional”. El actual director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fepade, dice, antes operó como vicefiscal en el Estado de México y participó en el polémico proceso electoral de 2017 en esa entidad, pero “es una persona que no generó procuración de justicia ni colaboración con la Fepade” cuando él, Nieto Castillo, estuvo al frente de la fiscalía.

–¿Utilizarán el modelo del Estado de México para la compra, coacción e inhibición del voto? –se le cuestiona.

–Tengo confianza en el actual titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, pero no en Castillo Banuet. Él fue mi contraparte durante el proceso mexiquense y no avanzó en nada. Nosotros habíamos integrado 300 carpetas de investigación y se habían judicializado 26 expedientes en el caso del Estado de México, pero él no avanzó ni generó procuración de justicia. Su presencia ahí no abona en la confianza ni hace prever que busque frenar los delitos electorales.

El martes 8, el propio Castillo Banuet reveló que la Fepade había recibido 200 denuncias en lo que va del proceso electoral, de las cuales sólo cuatro están relacionadas con los comicios presidenciales y ninguna por presunta compra del voto.

Para todo el país, la Fepade desplegará desde el 28 de junio próximo a 263 policías, 97 agentes del Ministerio Público y 40 peritos, cifra insuficiente para atender los 300 distritos electorales del país y el gran número de irregularidades que se prevén en los comicios federales.

Nieto Castillo menciona otros ejemplos de funcionarios que están operando en el modelo del fraude electoral: el titular de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña, militante priista y operador electoral de este partido, sin experiencia previa en política social; el ex titular de Sedesol Luis Enrique Miranda Nava, operador del PRI en Chiapas y candidato a senador; la ex coordinadora del programa Prospera Paula Hernández, quien busca una diputación federal, y Héctor Pablo Ramírez Puga, ex director general de Liconsa y aspirante a senador por el PRI.

El “blindaje electoral” tendrá como ejes principales “el mapeo por casillas donde operan los programas sociales”, el “despliegue en campo” y “la utilización de las estructuras institucionales”, así como una “mayor vinculación con las organizaciones no gubernamentales”.

En operación, los 6 mil programas sociales

Nieto Castillo cita el reciente informe de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), según el cual en el primer trimestre de 2018 hubo un incremento real de 71.2% en el presupuesto de las delegaciones de dependencias como Sagarpa, Sedesol, Sedatu, Semarnat, Sectur, SE, SEP, STPS y la PGR, en relación con el mismo periodo de 2017.

Así, la coordinación nacional del programa Prospera pasó de ejercer 14 mil 307 millones de pesos en el primer trimestre de 2017 a 20 mil 532 millones en los primeros tres meses de 2018, en plena campaña electoral, y con incrementos superiores en las delegaciones donde habrá elecciones para gobernador o donde el PRI busca defender su “voto duro”.

En la delegación del Estado de México, por ejemplo, el monto de recursos se incrementó 219%; en Chiapas, 172%; en Oaxaca, 152%, y en Yucatán, 114.6%.

El reporte de ACFP destaca que entre el 5 de abril y el 22 de mayo de este año recibió 151 reportes de 25 entidades, de los cuales 41% corresponde a entrega de productos, principalmente despensas; 36% al condicionamiento para tener o dejar de recibir los beneficios de los programas sociales, especialmente Prospera; 18% a la entrega de dinero en efectivo, y 5% al reparto de tarjetas electrónicas con promesas de pago diferido.

De 101 reportes recibidos sobre condicionamiento del voto, 58% son a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle fotocopia; 25% a cambio de votar por un candidato, y 10% a cambio de acudir a un mitin. Todos estos casos violan la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La opacidad en la que opera la mayoría de los programas sociales del gobierno federal y de las entidades incrementa el riesgo de fraude, insiste Nieto Castillo. Y cita las cifras del informe de ACFP: hay 6 mil 491 programas sociales en el país operados por el gobierno federal, por los gobiernos estatales y los ayuntamientos, muchos de ellos duplicados e incluso triplicados.

De 152 programas de subsidios, transferencias y prestación de servicios sociales federales, 85 no cuentan con reglas de operación y 66 carecen de padrón de beneficiarios.

“El condicionamiento de los programas sociales fue lo que permitió operar el fraude en el Estado de México, donde 31 municipios que tuvieron el beneficio de Prospera registraron una votación de entre 70 y 80% a favor del PRI en los comicios de 2017”, recuerda Nieto Castillo.

“Se ha incrementado el recurso de Prospera y se está utilizando en tiempos electorales”, puntualiza.

También califica como “lamentables” las recientes sentencias aprobadas por mayoría de votos en el TEPJF, especialmente la que revocó el acuerdo del INE del 5 de septiembre de 2017 que pedía garantizar equidad en el uso de recursos públicos y en la contienda.

El TEPJF también invalidó el acuerdo del INE que pedía la suspensión de los programas sociales que no cuentan con reglas de operación, de aquellos sin padrón de beneficiarios que no notifiquen al INE la convocatoria para su integración, así como de aquellos que modificaron el padrón de beneficiarios con fines distintos a los establecidos en sus normas de funcionamiento.

La mayoría de los magistrados del tribunal también desautorizó el acuerdo del INE que pidió suspender la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que implique el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social “en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral”.

El informe de ACFP también destacó que para este 2018 los fondos para la observación electoral disminuyeron 81%: en 2012 fueron de 93.6 millones de pesos; este año se destinarán sólo 18 millones.

Otros datos importantes del documento, en cuya presentación estuvo Nieto Castillo, revela que la mayor opacidad en el funcionamiento de los programas sociales coincide con las entidades donde habrá elecciones concurrentes para gobernador.

En Puebla son 26 los programas y acciones sociales estatales, de los cuales 84% no reportan cuál fue su presupuesto aprobado, mientras que 65% carecen de padrón de beneficiarios.

En Morelos, de los 53 que están en operación, 98.11% no reportan a cuánto ascendió su presupuesto, en tanto que 87% carecen de reglas de operación.

En Veracruz, ninguno de los 31 programas y acciones sociales estatales tiene padrón de beneficiarios ni reglas de operación.

El peor panorama está en Chiapas, donde ninguno de los 46 programas tiene padrón de beneficiarios estatal ni presupuesto identificado ni reglas de operación.

En Jalisco, de los 50 programas, 88% no se ubicaron en la cuenta pública estatal, a pesar de que 100% reporta el monto de su presupuesto aprobado, en tanto que 40% no tiene padrón de beneficiarios.

En Guanajuato existen 123 programas y acciones estatales, pero 81% no cuenta con padrón de beneficiarios y 36% carece de reglas de operación.

En Tabasco, de los 31 programas ninguno tiene reglas de operación ni padrón de beneficiarios, y 81% no se ubicó en la cuenta pública.

En Yucatán, ninguno de los 14 programas estatales tiene padrón de beneficiarios; 57% no se ubican en la cuenta pública, y 21% carece de reglas de operación.

Proceso
Jenaro Villamil
Reportaje especial
Ciudad de México
Martes 29 de mayo de 2018.


Tlaquepaque, Jalisco.- Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se sumó hoy martes a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, a quien presentará un proyecto para blindar las elecciones y evitar la compra del voto.

En un evento en esta localidad jalisciense, el ex fiscal electoral fue presentado como apoyo de la campaña y fue recibido por el tabasqueño con un fuerte abrazo.

En entrevista a medios, Nieto Castillo declaró que presentará un programa a López Obrador para blindar el proceso electoral y evitar que haya compra de votos.

Nieto Castillo fue destituido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en octubre del 2017.

La razón fue que por órdenes del encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, debido a que violó el código de conducta del órgano.

Esto ocurrió luego de que, en una entrevista con un medio de comunicación, Nieto Castillo denunció que el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, lo presionó para que lo absolviera del caso Odebrecht.

"Vengo como especialista en materia electoral y me encuentro aquí presente para mandar un mensaje de qué casos como el de Odebrecht no se pueden presentar en la historia del país", afirmó.

En su cuenta de Twitter, el ex titular de la Fepade compartió una imagen en donde aparece con el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.

El Universal
Ciudad de México
Martes 22 de mayo 2018.


•    Asiste Jorge Lumbreras Castro, coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE.

•    “El 2017 cerró como uno de los años más violentos”: Presidente de IBN Industrias Militares.

En el marco del inicio de la primera generación del Diplomado en Liderazgo y Gerencia Integral de la Seguridad, se llevó a cabo en el UDLAP Jenkins Graduate School el panel titulado "Los retos y amenazas a la seguridad durante las elecciones 2018", en la cual participaron Jorge Lumbreras Castro, coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE; Roberto Wong Urrea, consultor político; Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt; y Arturo Ávila,  presidente de IBN Industrias Militares.

El primer turno lo tuvo Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt, quien dio a conocer los resultados del estudio que hizo sobre violencia política. “En este informe abarcamos los primeros siete meses del año electoral y algo de lo importante que podemos destacar de él es que se trata de la elección más grande de la historia del país, lo que está representando un serio desafío para el estado mexicano en lo que se refiere a brindar la seguridad de actores políticos involucrados en los procesos electorales. Un ejemplo de ello es que se registraron 203 agresiones de las cuales 173 son directas de actores políticos y 30 agresiones contra familiares de políticos, con un saldo de 37 víctimas, la mayoría familiares en primer grado. Dichas agresiones ocurrieron en 29 entidades y 167 municipios”, mencionó.

En su turno, Arturo Ávila, presidente de IBN Industrias Militares, presentó un estudio en donde se da una perspectiva de los principales cuatro candidatos presidenciables, qué ven, y qué proponen en el tema específico de seguridad. Asimismo, destacó como dato importante que “en este último año se registraron una cantidad de 31 millones de delitos en el país, de esta cantidad, el 90.2% no se denunció. Y que el 2017 cerró como uno de los años más violentos”, informó.

Por su parte, el consultor político Roberto Wong Urrea destacó que “si las campañas electorales son esencialmente por definición proceso de persuasión, y la sociedad tiene como tema principal de interés este tema, entonces los partidos políticos debieran estar preocupados en esa misma dimensión por el tema de la seguridad, y deberían tener trabajos sistemáticos orientados al entendimiento del problema de la seguridad”, indicó.

Finalmente, el coordinador de asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, Jorge Lumbreras Castro expuso que “en esta ocasión les estaré hablando de algunas de las líneas que estamos desarrollando y que se van a desplegar en los próximos meses en el país en un programa conocido como despliegue ministerial, el cual ayudará a coadyuvar la legalidad de la elección y a las tareas de seguridad pública”, informó. Sobre el tema de procuración de justicia y acompañamiento de seguridad en la elección, dio a conocer que estará presente la fiscalía en todo el país, habrá un despliegue ministerial nacional en todos los estados, habrá células de acompañamiento e itinerantes que se movilizarán por diferentes puntos y se tienen identificados aquellos espacios en donde se requiere una mayor presencia de la autoridad en material ministerial. “La elección es de los ciudadanos y la construimos todos”, finalizó el Dr. Jorge Lumbreras Castro.

Cabe comentar que la UDLAP Jenkins Graduate School es una institución que, bajo el respaldo y la experiencia de la Universidad de las Américas Puebla, a lo largo de sus más de 75 años de trayectoria en el campo educativo, promueve a nivel posgrado y en educación continua la creación de planes de estudio que permitan a los interesados adquirir conocimientos pertinentes para innovar y aplicar en sus actividades profesionales.

Puebl@Media
Cholula, Puebla
Domingo 15 de abril de 2018.

   
Ciudad de México.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Chihuahua por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016.

Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, justificó la atracción porque, tras analizar una denuncia del PAN y otra de Morena presentadas ante el organismo a su cargo, consideraron que los hechos tienen conexión con otros que ya investigaban a nivel federal.

"A partir de ahora la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral", dijo.

"Lo anterior debido a la conexidad que muestran el proceso de investigación con posibles delitos electorales del orden federal que fueron denunciados ante la Fepade por diferentes partidos políticos nacionales".

Esta decisión de la Fepade implica que si en un futuro fueran llamados a declarar personajes que han sido mencionados, como Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, no lo harán ante la Fiscalía de Chihuahua sino ante una institución que administrativamente está adscrita a la Procuraduría General de la República.

"Se llamará a comparecer a las personas que probablemente estén implicadas en el asunto", señaló Díaz Santana.

El funcionario precisó en una breve rueda de prensa que son cinco las razones por las cuales la Fepade decidió hacerse cargo de la investigación iniciada por las autoridades de Chihuahua.

Una es que la Fepade tiene la facultad de actuar cuando un partido político nacional recibe apoyos ilegales, aún cuando sean recursos estatales.

Dos, que la facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal.

La tercera es que la Fepade tiene la obligación de investigar las denuncias que en febrero pasado presentaron Morena y el PAN.

La cuarta es que el Poder Judicial de la Federación resolvió en dos procesos penales en curso que los desvíos de recursos públicos del Gobierno de Chihuahua al PRI son competencia federal.

La última razón es que la facultad de atracción está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La atracción no varía los delitos ni las penalidades que se investigan en el fuero común", dijo el fiscal.

"El tema del financiamiento público ilícito a los partidos políticos es una demanda ciudadana, y es un aspecto fundamental para garantizar la equidad de la competencia política", agregó.

El pasado 20 de diciembre la Policía Federal y la Fiscalía de Chihuahua detuvieron en Torreón a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI nacional, por el presunto desvío de 250 millones de pesos a las campañas de su partido en 2016. Gutiérrez está procesado por el delito de peculado.

Reforma
Ciudad de México
Lunes 22 enero 2018.

 
Los acreditados ante el IEE podrán reportar incidentes a través de una línea telefónica


El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, señaló que los ciudadanos son los protagonistas de la próxima jornada electoral y a través de 887 observadores se fortalecerá la certeza de los comicios.
 
Dichos observadores, indicó, lograron acreditarse ante el IEE y podrán reportar incidentes a través de la línea telefónica 01 800 627 3784 que está a su disposición.
 
Comentó también que con el propósito de que los poblanos vivan una jornada electoral tranquila las instancias de seguridad, estatales y federales, han instalado el Grupo de Coordinación de Seguridad para este domingo.
 
Dicho programa está integrado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía General de Puebla, la Secretaría General de Gobierno, y las policías Federal, Estatal y Municipal.
 
El grupo de Coordinación de Seguridad sesionará de manera permanente durante la jornada y por parte del IEE estará una persona en las instalaciones del C5 para dar atención y seguimiento puntual a las incidencias y denuncias que pudieran presentar los partidos políticos.
 
Jacinto Herrera comentó que el domingo la FEPADE desplegará a personal capacitado a través de 14 fiscales especializados, 19 elementos de las policías Federal, Ministerial y un grupo de 10 peritos, ocho vehículos, y si es necesario apoyo aéreo.
 
Además, los traslados de los paquetes electorales están garantizados y custodiados por elementos de la policía y por los representantes de los partidos políticos, a través de las 115 rutas establecidas.
 
Al mismo tiempo, se pusieron a disposición de los partidos políticos vehículos para que acompañen la voluntad de las y los poblanos de los Consejos Municipales a los Consejos Distritales; dispondrán del apoyo de agentes del Ministerio Público en las cabeceras distritales.

Notimex
Ciudad de Puebla
Sábado 4 de junio de 2016.


Aparecieron 34 firmas de Magistrada en la siembra a documentos de Ana Tere

El Abogado de la candidata independiente a la gubernatura, Ana Teresa Aranda Orozco, Víctor León Rueda, dio a conocer que todavía no concluyen las batallas legales, pues en esta semana presentarán una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en contra de Jacinto Herrera Serrallonga y Dalhel Lara Gómez, Consejero Presidente y Secretaria Ejecutiva del  Organismo Público Local Electoral, por la “siembra” de firmas; además promoverá dos juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que el OPLE le quiere “recortar” sus prerrogativas  y  sus tiempos en televisión y radio.

Por utilización de su firma, magistrada denunciará ante FEPADE
 
En entrevista, el experto en leyes dio a conocer que entre el martes o miércoles presentará la denuncia ante la FEPADE en contra de Jacinto y Dalhel por delitos electorales. “Ellos nos sembraron las firmas, ya lo dijo la Magistrada en la sesión que es inverosímil que yo haya metido firmas de la hija de Blanca y de ella misma, porque metieron la firma de la Magistrada, -refiriéndose a María del Carmen Alanís Figueroa, Magistrada del TEPJF- “, señaló.

Detalló que hay 34 firmas de ella –la Magistrada del Tribunal-, ella dice, esto es inverosímil y prácticamente establece que es una cuestión operativa del propio IEE.

¿La propia Magistrada podría denunciar este hecho?

-Ya lo dijo

¿Legalmente?

-Ya lo hizo, en su voto particular, dice, lo pidan o no las partes, yo de oficio tengo la obligación de denunciar, ya lo hizo.

Aranda presentará otras dos denuncias

Asimismo, el Abogado, dio a conocer que el próximo martes presentarán dos juicios para la protección de derechos, ante el TEPJF, uno para litigar las prerrogativas y el otro para el tiempo aire, ya que el OPLE les quiere reducir ambas cosas.

En cuanto al tema de las prerrogativas, dijo que hay una disposición federal que establece que les toca un recurso como un Partido de nueva creación, son casi 2 millones de pesos, pero el OPLE o IEE ahora se los quiere recortar a 200 mil pesos, “con el argumento que les quedan menos días de campaña”, señaló.

Manifestó que hasta el momento no ha recibido la notificación y ya platicó con algunos funcionarios del órgano electoral. “Vamos a ver si hay madurez y me notifican un monto razonable”, enfatizó.

Con respecto al tiempo aire, informó que el IEE les quiere dar los 30 segundos diarios en radio y televisión, pero no les quiere reponer los días que ya les quitaron.

“Pensé que ya había terminado lo jurídico, pero voy a tener que agarrar fuerzas de nuevo”, advirtió.

En esta semana presentan queja ante el INE

Finalmente, León dio a conocer que el próximo miércoles presentará la queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la destitución de los cuatro Consejeros del IEE.

“Ya nos invitaron los Abogados del PRD, Morena y el PRI para sumarnos. Yo creo que cada quien va a presentar por su lado, ya en su momento el INE acumulará los expedientes”, señaló.

El Heraldo de Puebla
Alejandra Corona Flores
Ciudad de Puebla, México
Lunes 18 de abril de 2016.

Se actuó sin filias ni fobias en la integración de la investigación contra Arturo Escobar, exdirigente del PVEM y ex subsecretario de Gobernación

Ciudad de México.- El titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, afirmó que se actuó sin filias ni fobias en la integración de la investigación contra Arturo Escobar, exdirigente del PVEM y ex subsecretario de Gobernación.

Negó que este órgano haya violado derechos de Escobar por la forma en que se dio a conocer la solicitud de aprehensión por posibles delitos electorales en la distribución de tarjetas de descuento durante la campaña electoral de este año.

"En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, en ningún caso, no me refiero a este específico, sino a ningún caso de los que tenga conocimiento la Fiscalía, hemos vulnerado disposiciones de carácter normativo", afirmó en entrevista, tras participar en el XVII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, organizado por la Fepade.

"En todos los casos donde la Fiscalía sigue trabajando en indagatorias respecto a dirigentes de los partidos, del Verde Ecologista o de cualquier otro partido político, seguimos integrando las averiguaciones previas y en el momento en que consideramos que se acredita el cuerpo del delito de la probable responsabilidad, actuando, como tengo la instrucción de la procuradora general de la República, de forma autónoma y en ejercicio de mis competencias y con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, consignaremos ante los órganos jurisdiccionales cuando consideremos que se han acreditado estos dos elementos".

Nieto justificó que hay información que es pública en virtud de que se trata de asuntos que toman su origen en casos resueltos por el INE o el Tribunal Electoral.

Agregó que en todos los casos de los que tiene conocimiento la Fiscalía hay apego al marco normativo y respetando los derechos humanos de los indiciados, de los ofendidos y de las víctimas.

Santiago Nieto mencionó que no se pronunciaría sobre el sentido de la investigación a Escobar y dijo que sería respetuoso del órgano jurisdiccional que ahora se hace cargo del caso.

"Hasta en tanto no venga pronunciamiento por parte de las instancias jurisdiccionales, no puedo hacer pronunciamiento alguno. Estaría vulnerando una esfera de trabajo de deliberación y de ejercicio de independencia jurisdiccional en la que creo", señaló en la entrevista, den la cual no aceptó más preguntas y salió apresurado del hotel en donde se llevó a cabo el curso.

Reforma
Ciudad de México
Viernes 27 de noviembre de 2015.

 

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