Seis agentes están investigados y redoblan las críticas contra el fiscal por desdeñar las investigaciones con perspectiva de género
    

El asesinato y descuartizamiento de Ingrid Escamilla en Ciudad de México el pasado fin de semana a manos de su pareja ha sido la chispa para un debate que venía cargado de combustible desde que días atrás el fiscal general de la República sugirió la inutilidad del feminicidio como tipo penal, algo que puso en guardia a la comunidad feminista. Por si fuera poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfadó en la mañanera de este lunes cuando le preguntaron al respecto, porque esa cuestión interfería con el mensaje que él quería mandar sobre otro asunto. Y para colmo de indignación en las redes sociales, el crimen de esta mujer ha sido tratado en algunos medios de comunicación con toda la sangre que cabe en las imágenes. Pero antes las había filtrado la policía: la Fiscalía General de la ciudad ha abierto una investigación sobre seis de los agentes que desempeñaron su labor en la escena del crimen. Pueden incurrir en delito penal o acabar en sanción administrativa. Mientras, siguen en sus puestos.

Erick Francisco, un ingeniero de 46 años, acabó con la vida de su pareja, de 25, y la desolló salvajemente, arrancó sus órganos y se deshizo de ellos. La policía ha filtrado imágenes y un video de un hombre compungido que cuenta su versión y lloriquea justificando lo ocurrido por “miedo y vergüenza”. Asegura, con el torso ensangrentado, que ella le pegó y le amenazó con un cuchillo antes de que él se lo clavara a ella en el cuello. Cientos de mujeres han emitido mensajes en Twitter subrayando que la honorabilidad de las víctimas de violencia de género se vulnera incluso después de muertas, que el odio contra ellas es infinito y se prima la voz del agresor. Por eso, algunas critican la reacción del presidente al ser preguntado por el feminicidio. “Disculpe que molestemos, pero nos están matando”, se leía en la red social.

En el último lustro, los feminicidios se han incrementado en México un 137%, cuatro veces más que el resto de homicidios, según los datos del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien cree que tratarlos con un tipo penal específico es contraproducente para llevar el proceso judicial a buen término, algo de lo que discrepan muchas de las expertas que tratan la violencia de género contra las mujeres.

La subprocuradora y vocera de asuntos sobre Violencia de Género, Nelly Montealegre, ha ofrecido esta tarde una conferencia en la que ha manifestado que se han tomado todos los indicios para enfocar la investigación de este caso con perspectiva de género. Para considerarlo de ese modo, basta con que la víctima mantuviera una relación sentimental, según la ley federal.

Montealegre ha asegurado también que la Fiscalía ha logrado 82 sentencias condenatorias desde el 21 de noviembre, cuando se decretó la alerta en la ciudad por Violencia contra las Mujeres. Pero son cifras pequeñas para un infierno gigante: en 2019 se contabilizaron 976 muertas, y en lo que va de 2020 ya están alrededor de la docena.

“Apenas se judicializan el 3% de estos casos y sale con sentencia un 1%”, ha recordado la directora general para una Vida libre de Violencia, Fabiola Alanís. Considera que la impunidad “genera un efecto muy dañino”. Además, ha pedido límites para los medios de comunicación en el uso de determinadas imágenes y videos. “Esto no se puede tratar como una nota roja [de sucesos]”. Y ha reclamado una “revisión profunda de la impartición de justicia” y la formación urgente “de la formación que recibe la policía. Filtrar estas imágenes recriminaliza a la víctima y eso duele. Esas acciones hay que castigarlas”.

Las periodistas Unidas de México Unidas (PUM) lanzaron un tuit para pedir a sus colegas que "no usen los cuerpos desnudos, sexualizados o mutilados para lucrarse con sus contenidos".

La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, condenó el feminicidio y dio el pésame a la familia. “Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La SSC [Secretaría de Seguridad Ciudadana] detuvo al presunto responsable y la Fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena”, escribió en Twitter. Otros mensajes pedían a la alcaldesa que condenara igualmente a quien filtró las fotos del cadáver.

El caso de Ingrid Escamilla ha revuelto singularmente a una opinión pública acostumbrada a los feminicidios. “Es que se ha dado en un contexto propicio, con las declaraciones del fiscal Gertz luego rectificadas de que quería acabar con el tipo penal de feminicidio y también por la reacción del presidente. La violencia es real, existe, no es una difamación, como han dado a entender, el presidente ha estado muy desafortunado”, ha dicho Patricia Olamendi, que trabaja por los derechos de las mujeres en la ONU y contra la violencia machista en la Organización de Estados Americanos. “El gobierno está a la defensiva, cuando podría asegurar que el 95% de las feministas han votado por él. Solo estamos defendiendo el derecho a la vida. No somos enemigas, buscamos al gobierno, pero no nos recibe. Si hay un aumento de 137% de los feminicidios yo esperaba una batería de medidas públicas para combatirlo, no una conclusión de que nuestras críticas son difamaciones y calumnias”, sigue Olamendi. “Seguimos esperando un programa de prevención de la violencia. Más que indignada estoy triste”.

El País
Carmen Morán Breña
Ciudad de México
Martes 11 de febrero de 2020.


El Instituto de Ciencias Forenses de México (Incifo) señaló que la colombiana Laura Cristina Ovalle Quintero, hallada sin vida en un apartamento en Ciudad de México esta semana, murió a causa de un disparo en su cabeza. Sin embargo, las autoridades habían dicho en un primer momento que la causa de su muerte fue por un golpe en su cabeza.

Un nuevo dictamen en el caso de Laura Cristina Ovalle, colombiana que fue encontrada sin vida en un apartamento en Ciudad de México, cambia sustancialmente la primera versión en torno a su muerte. El Instituto de Ciencias Forenses de México (Incifo), después de realizar una necropsia, declaró que la ibaguereña, de 31 años, murió por un disparo en la cabeza y no a causa de un golpe, como se había informado en un primer momento.

Ovalle Quintero fue encontrada sin vida el pasado martes en un apartamento de la capital mexicana en lo que parece ser un nuevo caso de feminicidio. Desde entonces, sus familiares y el gobierno colombiano les han pedido a las autoridades mexicanas que agilicen la investigación sobre la muerte de esta joven ibaguereña de 31 años. Le puede interesar: Colombiana es víctima de feminicidio en México, ¿qué se sabe hasta ahora?

El primer reporte de las autoridades indicaba que la mujer presentaba varias marcas de golpes en la cabeza, que pudieron ser la posible causa de muerte. El cuerpo de Ovalle Quintero fue hallado en el apartamento 45 del edificio Grand Tower, ubicado en la colonia Granada en la capital mexicana. La mujer estaba semidesnuda, según informó la prensa local, y estaba cubierta por una sábana. A su alrededor se encontraron manchas de sangre y marcas de huellas que son analizadas por las autoridades. Ninguno de los habitantes de la unidad residencial donde fue encontrada Ovalle ha manifestado cuáles serían las posibles causas del asesinato de la colombiana. Vea también: La ONU le pide a México tomar medidas urgentes para prevenir feminicidios

La Fiscalía de México también reveló que tras el examen de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona aledaña al homicidio se pudo identificar a un sujeto que sería responsable del crimen de Ovalle Quintero. La colombiana, nacida en Ibagué, había llegado en 2017 con el objetivo de buscar mejores opciones de vida para ella, su hija de 6 años y sus padres que viven actualmente en Medellín.

Otra de las revelaciones permitió conocer que Ovalle Quintero fue quien autorizó el ingreso del principal sospechoso de su asesinato, según informó la administración del edificio donde ocurrió el crimen. La colombiana, pretendía viajar a Medellín a visitar a su familia el mismo día en el que fue asesinada. Liliana Quintero, madre de la ibaguereña, les había insistido a las autoridades mexicanas en que la clave de la investigación era examinar las cámaras y el registro de llamadas que aparece en el teléfono de su hija. “Por favor, no dejen que este caso quede impune. No solamente la mía, tantas hijas que están por ahí perdidas y no sabemos dónde”, dijo Quintero a Imagen Noticias, medio mexicano.

La madre de Ovalle Quintero también le ha pedido al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que la ayude para que la muerte de su hija no quede en la impunidad.

“A pesar del dolor que nos embarga, pido respeto con los comentarios hacia mi sobrina (...) pido a Dios, que toque los corazones de los mexicanos, que quién sepa del homicida haga las denuncias respectivas. Que no pase a convertirse en una estadística más. No es un número más en la lista, es un ser humano que le arrebataron la vida”, escribió Óscar Fernando Quintero Mesa, tío de Ovalle Quintero, en la página “Los berracos somos más”, una asociación colombiana en México.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través del Consulado de Colombia en Ciudad de México, contactó a las autoridades mexicanas, específicamente a la Fiscalía General de la República del Gobierno Mexicano, para agilizar las labores del caso. A la fecha, comunicó Cancillería de Colombia, en la carpeta de investigación del asesinato de Ovalle Quintero se encuentra abierta la causa criminal y se han solicitado los resultados de la necropsia. El consulado de Colombia en México y la Cancillería de Colombia continuarán con la asistencia requerida por los allegados a la ibaguereña.

Tanto amigos como familiares de Ovalle Quintero esperan que las autoridades mexicanas agilicen la investigación y los mantengan al tanto de los detalles que vayan surgiendo en esta. La Procuraduría de México comunicó que, así como ya se tuvo conocimiento del caso se inició una carpeta de investigación para atender el proceso. Le recomendamos: El Metro de Ciudad de México: donde desaparecen y secuestran mujeres

En México, miles de mujeres han salido a protestar contra los abusos y agresiones que sufren a diario. El detonante fue el caso de una presunta violación por parte de un oficial a una joven de 17 años el pasado 3 de agosto tras salir de una fiesta en el sector de Azcapotzalco, en el norte de la capital.

Bajo el lema “#NoMeCuidanMeViolan”, por lo menos 2.000 manifestantes salieron a las calles el pasado fin de semana a reclamar justicia y cambio en el país.

"Me preocupa que las jóvenes no puedan ir a la escuela o regresar de una fiesta tranquilas porque alguien las viola porque se puede, porque no pasa nada, y mucho más cuando son las autoridades que deberían estar resguardándonos", dijo a AFP Melissa Ortiz, de 40 años, que asistió a la marcha.

Las manifestaciones han acabado en incidentes altamente criticados por una porción de la sociedad, lo que ha llevado a un nuevo debate en redes sobre si es más importante el daño a la propiedad pública que una violación. El presidente López Obrador ha tenido que salir a pronunciarse sobre las protestas, declarando que, si bien no piensa reprimirlas, espera un mejor comportamiento de quienes integran este movimiento. México es uno de los países con mayor tasa de feminicidios, por lo que los familiares de Ovalle Quintero temen que el caso de la colombiana sea otro de los que quedan en la impunidad en ese país.

El Espectador
Bogotá Colombia / México
Domingo 26 de agosto de 2019.


Analizar las distintas formas de violencia, entre ellas la más extrema, el feminicidio, es parte de los retos y compromisos que la Universidad asume


La violencia de género en su forma más extrema registra un incremento del 100 por ciento en los últimos años. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en 2015 documentaron 407 feminicidios en el país, mientras que para 2018 la cifra ascendió a 845 casos. Estos datos se sustentan solo en las denuncias realizadas ante ministerios públicos en las 32 entidades federativas. Observatorios y organizaciones civiles reportan cifras aún mayores.

          El mismo informe revela que en enero pasado Puebla se posicionó en el tercer lugar nacional en este delito, al registrar siete casos. Menciona además que los municipios con mayor incidencia son Puebla, Huejotzingo, Libres, Tecamachalco, Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez y Zacatlán.

          Estudiar y visibilizar las distintas formas de violencia contra las mujeres, especialmente la más extrema, es parte de los desafíos que no puede evadir la BUAP. Con un ejercicio crítico, la academia ofrece una perspectiva multidisciplinaria a un problema que aqueja a la sociedad. Entre los objetivos está no solo estudiar la violencia de género, sino también incidir en políticas públicas que abonen a su erradicación.

La violencia no es natural, es una elección

La violencia es parte del extremo de los conflictos humanos, aunque no necesariamente tienen que derivar en una crisis violenta, la cual forma parte de un conjunto de opciones y deliberaciones. Siempre que se ejerce la violencia es porque se eligió esa vía a costa de otras formas que pueden llevar más tiempo en la negociación. La violencia es, entonces, una elección, declaró en entrevista el doctor Arturo Aguirre Moreno.

          El investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, insistió en que la violencia no es algo natural en el ser humano, sin embargo se puede vincular con la concepción de masculinidad y la forma en cómo se relacionaban los colectivos en la antigüedad.

           “Desde tiempos prehistóricos, la identificación del hombre ha sido en función de la acción y la técnica en el uso de las herramientas, por ejemplo para cazar. En cambio las mujeres eran identificadas por su capacidad para generar vida. Hay una asociación cultural implantada entre los colectivos humanos de que el hombre es viril, en tanto tenga la capacidad de defender, de mostrar su fuerza física, esto los hace más violentos socialmente, porque fue un medio para conseguir sustento y demostrar que podían defender a su familia”.

La violencia de género no es nueva

Aguirre Moreno aseguró que como otros tipos de violencia, la de género no es particular de nuestro tiempo, sino que en la modernidad contemporánea la forma de relacionarse ha cambiado y ahora se promueve la igualdad entre los ciudadanos, lo que rompe con esquemas tradicionales. Es decir, la mujer vista como una ciudadana con igualdad de derechos y con las mismas garantías evidentemente rompe con la inercia histórica, en la que la desigualdad sexual era motivo para promover desigualdades políticas, económicas y sociales.

           “Durante muchos siglos las mujeres fueron vistas como parte del patrimonio, el patrimonio forma parte del pater, y las mujeres se integran a este conjunto de bienes, de objetos valiosos dentro de la hacienda, pero finalmente no dejaban de ser concebidas como objetos”.

          Para todo esto hay un sinfín de justificaciones, es decir, desde la idea griega de que los varones libres son los que tienen el cuerpo más cálido y las mujeres más frío y por eso deben permanecer en espacios más oscuros y cerrados, precisamente para protegerlas. Esto se relaciona también con planteamientos políticos, es decir, las mujeres no podían ocupar espacios públicos y debatir, tampoco podían hacer gimnasia, por ejemplo, esto es un pensamiento que permeó por mucho tiempo, añadió el doctor Aguirre Moreno.

El feminismo sigue vigente y es necesario

En esta dinámica de entender cómo y desde cuándo se ejerce la violencia de género, contemplar al feminismo resulta fundamental. Esta corriente es abordada desde distintas perspectivas desde hace 23 años dentro de la Universidad, gracias a la creación del Centro de Estudios de Género (CEG).

          La actual coordinadora, Josefina Manjarrez Rosas, coincidió en que la violencia de género siempre ha existido, pero cuando salió del ámbito privado, donde es normalizada, el tema se tornó público por las reivindicaciones feministas en los años 70, ahí empezó a verse desde otra mirada y se inició una búsqueda por establecer marcos normativos que sancionen a los victimarios.

           “El feminismo es un movimiento social, así nace, pero también analiza y estudia la desigualdad. Inicialmente se creó para exigir los mismos derechos como la educación, la independencia económica y la participación política, pero una vez que se consiguió esto, llegó un segundo momento en el que se cuestionó cómo a pesar de los avances sigue existiendo desigualdad”, opinó.

          Para la historiadora, el feminismo tiene que seguir vigente porque gracias a este pensamiento se avanzó, pero aún hay mucho por hacer, porque la igualdad de condiciones todavía no es una realidad efectiva. En ese sentido, recordó que hasta hace poco había dos vertientes del feminismo, el de la igualdad y el feminismo de la diferencia; sin embargo, aseguró que el objeto de estudio sigue siendo la mujer y la búsqueda por el reconocimiento y las oportunidades que protejan sus garantías y libertades.

Por qué se exacerba la violencia de género

Para la doctora Manjarrez Rosas la violencia de género se aprecia en aumento debido a varios factores. El primero es la visibilidad y la cultura de la denuncia, lo que permite que se hagan públicos más casos no solo ante autoridades ministeriales, sino también en medios de comunicación.

          A estos factores hay que añadir el contexto neoliberal, y para eso la historiadora retoma el análisis de Rita Segato, quien afirma que este modelo ha mermado el rol de proveedores a los hombres. En este contexto, pueden sentirse desplazados y desde su análisis, esto puede causar un incremento de la violencia.

          Este cambio, aseguró Manjarrez Rosas, choca con la forma en cómo se construye la masculinidad del hombre desde que es un niño, ya que desde pequeño se le infunde la idea de “no te dejes”.

          Otro punto, abundó, es que el problema del feminicidio rebasa a las autoridades, a pesar de que hay marcos normativos específicos, estructurados desde una perspectiva de género, pero que desgraciadamente no se aplican adecuadamente. Esto, señaló, se vincula también con otros delitos como la trata de personas.

Mercados emergentes y extrema violencia

Lo que sucede en el país es un momento sui géneris, incluso a nivel mundial. México actualmente es objeto de análisis por la violencia que vive. La delincuencia organizada ha tejido de una manera muy complicada un entramado donde se cruza la violencia sexual y por su puesto los feminicidios, expresó el doctor Aguirre Moreno.

           “Tenemos violencias que tienen que ver con la dinámica de nuevos mercados emergentes, el asunto de trasiego de estupefacientes y narcóticos; la trata de personas; la pornografía; el robo de hidrocarburo; es decir, un mercado amplio en el que todo se capitaliza, incluyendo mujeres y niños. Esto ha generado violencias que no estábamos listos para comprender ni enfrentar”.

          Por su parte, el doctor en política criminal, Erick Gómez-Tagle López, académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDySC) de esta Universidad, advierte que hablar sobre trata de personas y vincularlo con la violencia de género es un tema prioritario en las agendas no solo de México, sino en todo el mundo, de ahí que el Departamento de Estado de los Estados Unidos realice un seguimiento a 180 países para corroborar cómo avanza en esta materia.

          Tagle López comentó que en términos generales existen leyes en México que sancionan la trata de personas, sin embargo no hay políticas pertinentes en el ámbito de la criminología y sobre todo en la forma en cómo debe intervenir el Estado para resarcir adecuadamente la reparación de los daños a las víctimas.

           Señaló que el problema se agrava por la doble moral, porque aunque existen esfuerzos, se sigue consumiendo pornografía, continúa la prostitución forzada y las redes de turismo sexual, es decir, hay una sociedad hipersexualizada en detrimento de los derechos de la población más vulnerable.

El papel de la Universidad

Tagle López se pronunció porque la academia ocupe un lugar preponderante en la discusión de estos temas, ya que dijo, son los expertos, basados en métodos científicos, los que tienen que determinar los perfiles de víctimas y victimarios, entre otros parámetros que ayuden a reconfigurar las políticas públicas.

          A esta propuesta, el doctor Aguirre Moreno sumó la idea de que las universidades que han enfocado su estudio en la desnormalización de la violencia, ahora cambien su perspectiva para que propongan una filosofía testimonial para que las generaciones futuras sepan que no se le pasó de largo a la academia lo que pasa en México.

           “Hay que dejar registro de lo que estamos viviendo. Creo que la literatura universitaria también deberá ser testimonial del tiempo que vivimos, porque no podemos dejar pasar esto. Necesitaremos una agenda conjunta y trabajo de todos los actores, lo que implica quitarnos la mentalidad de que vivimos en un país normal”.

          Finalmente, los académicos coincidieron en la necesidad de seguir insistiendo en denunciar que la violencia de género no es algo natural ni tampoco es parte de las relaciones humanas, sino que forma parte del discurso histórico que ha marcado diferencias que asumimos como de condición humana, cuando en realidad la aspiración es una convivencia sustentada en el respeto y el derecho a la igualdad como ciudadanos.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Viernes 8 de marzo 2019.


La iniciativa precisa que el gas pimienta o instrumentos electrónicos podrían ser usados como mecanismo de autodefensa.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, presentó una propuesta de reforma al Código Penal para legalizar el uso del gas pimienta y armas o instrumentos electrónicos como mecanismo de autodefensa.
La reforma al artículo 179 del Código Penal fue presentada en el Congreso estatal, tras las polémicas declaraciones del titular de la SSP de la ciudad de Puebla, Manuel Alonso, de que las mujeres serían detenidas en caso de portar gas pimienta como herramientas de autodefensa.

La propuesta fija que será legal el uso de armas o instrumentos electrónicos, siempre que su uso no provoque perder el conocimiento o arriesgue la vida de la persona. Sin embargo, no se especifica cuánto es el voltaje permitido en un arma electrónica, para evitar que la persona muera o pierda el conocimiento y en el caso del gas se permitirán rociadores que no superen los 150 gramos.

Agencias
Puebla, México
Lunes 9 de abril 2018.


Una maestra de bachillerato de Puebla fue encontrada muerta, con huellas de tortura y de haber sido agredida sexualmente.

Patricia Mora Herrera, de 34 años, impartía clases en el municipio indígena de Huehuetla, en la Sierra Norte del estado, y aparentemente fue asesinada cuando se dirigía a Teziutlán, según reportes de medios locales.

La maestra regresaba de un curso organizado por autoridades de la Secretaría de Educación Pública.

El hallazgo del cuerpo se realizó en la comunidad de Totoltepec, muy cerca del domicilio particular de la profesora.

Familiares de la víctima comentaron que Mora Herrera desapareció el viernes pasado; su esposo pidió apoyo policiaco para buscarla, ya que no llegó a su casa. Se les notificó de la aparición del cadáver durante la madrugada del sábado.

La familia de la profesora denunció que tanto la policía municipal de Zacapoaxtla como la Fiscalía General del Estado (FGE) permanecen sin darles algún tipo de orientación o apoyo.

La hermana de la víctima, Gabriela Molina Herrera, exigió que el asesinato de Patricia sea investigado con criterio de género, ya que –dijo– la manera en que la desaparecieron, sumado a que abandonaron su cuerpo cerca de su hogar, tienen las características de feminicidio.

La maestra también era conductora de un taxi y dejó en la orfandad a un niño de 10 años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación 57/2017/Zacapoaxtla para esclarecer el asesinato de Patricia Mora.

La Fiscalía Regional y elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las primeras diligencias, así como levantamiento del cuerpo.

Proceso
Puebla, México
Domingo 12 /11/ 2017.

Un juez oral validó los elementos aportados por la PGJE contra Oscar y Miguel, ambos de 24 años, procesados por el homicidio de la joven de 19 años en una tienda de telas de Tlaxcala

Oscar y Miguel, procesados por el homicidio de su jefa inmediata en una tienda de telas, fueron vinculados a proceso por un juez de Control durante la continuación de la audiencia inicial. Ambos de 24 años de edad son imputados de asesinar a Jazmín Contreras López, subgerente de la tienda, a quien sometieron con cloroformo y después le inyectaron veneno en el cuello y un antebrazo.

De esta forma el juez oral validó los elementos aportados por la Procuraduría General de Justicia del estado, cuya Policía de Investigación detuvo a los presuntos responsables en un lapso de cuatro días después de la comisión del delito en el interior de la tienda, situada en el municipio de San Cosme Mazatecochco, sur del Tlaxcala.

El crimen de Jazmín quedó grabado en las cámaras de video de la tienda y captaron el momento en que Oscar y Miguel, ayudante general y encargado de bodega, respectivamente, sometieron a la joven de 19 años para colocarle un trapo mojado con cloroformo y después llevarla a otro sitio para inyectar veneno en su cuello y antebrazo derecho. El cuerpo fue encontrado la madrugada del viernes en la montaña de La Malinche.

En la continuación de la audiencia el fiscal especializado en la investigación de homicidios dolosos formuló la imputación en contra de los dos hombres, “quienes de acuerdo con datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, privaron de la vida a la hoy occisa por cuestiones económicas”, informó la Procuraduría General de Justicia del estado.

La audiencia inició el sábado, pero los imputados pidieron la ampliación del plazo por lo que hoy se reanudó la audiencia en la que el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso por el delito de homicidio calificado.

“Al tratarse de un delito considerado grave, los imputados permanecerán en prisión preventiva durante el procedimiento. Aunado a esto, la autoridad judicial decretó seis meses como plazo de cierre de investigación, los cuales llevarán al pleno esclarecimiento de los hechos”, informó la PGJE.

El Universal
Justino Miranda
Corresponsal
Tlaxcala, México
Miércoles 26 de octubre de 2017.


El cuerpo de una joven de 19 años reportada por su familia como desaparecida desde la tarde del pasado lunes 16 de octubre, fue encontrado sin vida el viernes 20 en una zona boscosa de la comunidad de San Cosme Mazatecochco, Tlaxcala.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) informó que la Policía de Investigación esclareció el homicidio de Jazmín Contreras López, de 19 años, ocurrido en el municipio de Mazatecochco, por lo que los dos involucrados en el hecho fueron aprehendidos y remitidos al Centro de Reinserción Social (Cereso), desde donde enfrentarán su proceso penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 17 de octubre el agente del Ministerio Público inició la indagatoria por la desaparición de Jazmín, en virtud de que no regresó a su domicilio tras terminar su jornada laboral un día anterior.

Desde ese momento, agregó la PGJE, oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro activaron los protocolos de búsqueda de personas, y se abocaron a indagar la cronología de los hechos que pudieran determinar el paradero de la víctima.

Los investigadores tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de la empresa donde laboraba la agraviada y observaron que la víctima forcejeó con dos empleados, quienes posteriormente la sacaron del lugar.

Con esta información, los policías investigaron la identidad de los hombres y descubrieron que responden a los nombres de Óscar N., y Miguel N., por lo que el agente del Ministerio Público giró las órdenes de presentación contra ambos.

El pasado 18 de octubre, los policías de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro ubicaron en primera instancia a Óscar N., quien en cumplimiento a la orden de presentación declaró que en complicidad con su compañero de trabajo de nombre Miguel N. privaron de la vida a la joven.

Un día después fue ubicado Miguel N., quien de la misma manera declaró que privaron de la vida a quien se desempeñaba como su jefa en la empresa por problemas personales y económicos; además, dijo que abandonó el cuerpo en las inmediaciones de la Malinche.

Con esta información, autoridades se trasladaron al lugar proporcionado por el imputado, quien guio a los especialistas al punto donde dejó el cuerpo.

La mañana del 20 de octubre fue localizado el cadáver en una zona boscosa en el municipio de Mazatecochco, cuyas características fisionómicas coinciden con las de la persona reportada como desaparecida.

Además, los expertos en Servicios Periciales realizaron la necropsia de ley, que al concluir arrojó como causa de muerte “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a asfixia por broncoaspiración”.

El representante social integró la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, por lo que solicitó al juez de control las órdenes de aprehensión en contra de los dos imputados, las cuales fueron cumplimentadas por la Policía de Investigación la tarde del mismo 20 de octubre.

Óscar N. y Miguel N., ambos de 24 años, fueron recluidos en el Cereso, desde donde enfrentarán su proceso legal.

Proceso
Puebla / Tlaxcala
Domingo 22 octubre 2017.

Las redes muestran el rostro del feminicidio

Internet se convierte en una caja de resonancia para ejercer presión y exigir a las autoridades se haga justicia en asesinatos contra las mujeres, opinan expertos; el Inegi alerta que 47 de cada 100 ha sido agredida por su pareja

Lesvy, Valeria, Jessica, Anayetzin y Mara son mujeres menores de 30 años y estudiantes que murieron, presumiblemente en su mayoría a manos de sus parejas sentimentales; en otros casos fueron hombres quienes abusaron de la cercanía con ellas y que en su conjunto despertaron la indignación de la sociedad por el incremento de la violencia contra ellas y la impunidad con la que son tratados estos temas, lo que los ha convertido en casos paradigmáticos, expuestos en las redes sociales, como caja de resonancia para ejercer presión y se haga justicia, advirtieron especialistas.

Las cuatro mujeres y la niña que murieron en los últimos meses tenían en común ser alumnas o haber concluido sus estudios recientemente, haber tomado un transporte, haber sido violentadas y ser asesinadas ante la presencia o a manos de sus parejas.

Según el Inegi, 47 de cada 100 mexicanas de 15 años y más que ha tenido al menos una relación de matrimonio o noviazgo ha sido agredida por su actual o última pareja. Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

Para Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), los casos como los de Valeria, Lesvy o Mara han sido muy visibles por la cobertura mediática que se les ha dado, así como por la empatía que despertaron entre la sociedad por la forma en la que fallecieron.

“Han despertado la indignación de la sociedad por las condiciones en las que fueron asesinadas, por lo cercanas que fueron sus muertes, se trataba de estudiantes y eso indignó a grupos universitarios, lo cual se replicó a otros sectores de la sociedad”, dijo.

Destacó que la violencia en contra de ellas se ha incrementado en los últimos años, puesto que de enero de 2015 a diciembre de 2016 se han registrado 2 mil 83 homicidios contra ellas en 15 entidades del país y sólo 25% se investigan como feminicidio; en la Ciudad de México en 2016 se registraron 152 casos, en lo que va de 2017 se han contabilizado 87.

Explicó que la falta de información desagregada impide dimensionar la proporción del problema y establecer si existe un perfil sobre las víctimas, así como una tendencia; señaló que hay estados que no proporcionan datos, puesto que ni siquiera los clasifican como feminicidios. Consideró que la impunidad es un factor que está detonando la ejecución de estos ilícitos, puesto que los casos no han sido esclarecidos; advirtió que el gran reto es trasladar la indignación que ha manifestado la sociedad a las instituciones y exigir a las autoridades garantizar la seguridad de las mujeres.

Fallas la protección

Eruviel Tirado, investigador de la Unidad de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, argumentó que el Estado falla en garantizar la seguridad hacia las mujeres y en implementar políticas de prevención de la violencia. “Mecanismos como la alerta de género parecen quedarse en el papel porque no están funcionando, debido a que las medidas preventivas no se están tomando, puesto que el personal de las instituciones como ministerios públicos o procuradurías estatales no están capacitados para no revictimizar a las que acuden a denunciar un delito.

“Se ha tenido un avance al establecer mecanismos como la alerta de género, pero de poco sirve tener en el papel la prevención y protección de las mujeres, cuando todo este conjunto no está funcionando, los casos de feminicidios que nos hemos enterado en los últimos meses revelan la incapacidad del aparato de justicia”, subrayó.

Felipe Gaytán, investigador de la Universidad La Salle, comentó que las redes sociales han jugado un papel muy importante en la visibilización de los casos registrados en los últimos meses, al ser “cajas de resonancia” mediante las cuales se ha difundido la información y donde la población ha vertido su indignación, así como el “clamor de justicia”, puesto que en hechos como el de Mara prevalece una percepción en la que parece que “se castiga la libertad de ellas y que ejerzan sus derechos”. Destacó: “Como cualquier otra joven Mara salió de noche a una fiesta, subió a un taxi para llegar de forma segura a su casa, lo cual nunca ocurrió. El caso de Mara hizo a los estudiantes a la población en general movilizarse porque esa situación le pudo suceder a cualquiera”. Advirtió que el feminicidio es el punto extremo al que llega la violencia contra las mujeres, puesto que este sector de la población se encuentra cotidianamente expuesto a las agresiones en todos los ámbitos de la sociedad en el que pareciera que “se castiga la libertad”. Refirió que 43% de las mujeres han sufrido violencia emocional; 14 de cada mil 100 ha padecido alguna forma de violencia física y siete de cada 100 sexual.

Alerta de género insuficiente

Hasta julio de este año, la alerta de violencia de género se ha declarado en municipios de 12 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. Para Sandy Muñoz Miranda, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres no han tenido impacto en la población.

Indicó que falta sensibilizar a las autoridades en derechos humanos y en perspectiva de género; resaltó que la falta de una investigación adecuada de los asesinatos culmina en impunidad y no se sancionan a los delincuentes. “La alerta de género no tiene un gran impacto en los estados donde se ha declarado, es un mecanismo muy noble, porque busca impulsar políticas públicas en favor de las mujeres, pero la realidad es que los servidores públicos no atienden la alerta de género, no se ve ninguna mejora”, indicó.

Jorge Alberto Lara Rivera, experto en temas de seguridad de la Universidad Panamericana, consideró como un “punto ciego” la falta de información sobre los feminicidios. Dijo que se debe en gran parte a que el Ministerio Público no clasifica los homicidios bajo este concepto debido a que no logran recabar los suficientes elementos. Indicó que las muertes en ese marco ocurridas en los últimos meses se presentan en un contexto de “recrudecimiento de la violencia, lo que dificulta establecer con las cifras oficiales el incremento de la violencia contra las mujeres”.

El Universal
Astrid Rivera
Cd de México
Lunes 16/10/2017.


En México se asesina a una mujer cada 24 horas y vemos la desidia y omisión del gobierno mexicano para activar la Alerta de Género todo el país, dice la conductora y periodista.


Luego de la lamentable tragedia en que se vio inmerso México tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, la periodista Fernanda Tapia, aseguró que el gobierno mexicano aprovechó estratégicamente la oportunidad para ocultar la cruda realidad del país; como el incremento de feminicidios a lo largo del territorio nacional.

Entre 2013 y 2015, se abrieron mil 390 averiguaciones previas por feminicidios en los ministerios públicos de procuradurías y fiscalías de 25 entidades. Es un asesinato de niñas, jóvenes o mujeres adultas en el país cada 24 horas.

Por su parte, la periodista destaca que cada uno de esos crímenes van acompañados de la colusión con los gobernantes, ante lo cual, dijo, la única forma de protegerse “es estar conscientes de que, en cualquier momento o circunstancia, alguien nos puede agredir”.

“Mi mamá que leía la nota roja igual que yo, sabía que no me iba a poner en una burbuja, pero que tenía que saber qué hacer en estas circunstancias, en este mundo que estamos viviendo, pero pues ni modo, si no nos cuida el gobierno, pues a cuidarnos solas”, enfatizó.

Cabe mencionar que el gobierno ha omitido presentar información sobre el número de carpetas de investigación sobre estos crímenes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por muchos años, dificultando dimensionar la escalofriante cifra de los decesos.

“Yo caí en la vulneración total, porque hace mucho tiempo que no tengo miedo de morir, ni miedo al dolor (…), era como tratar de buscar el Bunker más pesado para protegerme, nunca lo voy a encontrar, entonces sólo le pido al sentido común que no me abandone en un momento duro, porque no nos van a cuidar, a los que les toca, no nos van a cuidar”, concluyó.

El miedo con que vive la población de México es más grande de lo que se piensa. Hasta septiembre de este año, se han registrado oficialmente más de mil 297 feminicidios, de los cuales más de la mitad siguen en la impunidad, por lo que el mismo Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha arremetido en contra de las autoridades declarando que esta situación no se detiene debido a “la omisión, dilación y colusión” de las mismas.

Regeneración
Ana Duarte
Ciudad de México
Miércoles 11 de octubre de 2017.


Puebla, el Estado con más universidades en el país, sufre un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto

Puebla ya no es la misma. El feminicidio de Mara Castilla, que fue violada y estrangulada tras pedir un servicio de Cabify el pasado 8 de septiembre, ha estremecido a una comunidad que se consagró por años como una ciudad estudiantil y que en las últimas semanas ha dado el salto a las portadas de la prensa nacional e internacional por la violencia y la inseguridad contra sus estudiantes y académicos. Ante la ola de criminalidad, los jóvenes de Puebla aún buscan las respuestas para entender lo que está pasando, para hacer algo antes de que sea demasiado tarde, para defender su libertad, para vivir. “Antes no lo pensabas demasiado, tomabas, te vestías como querías y hacías lo que querías, hoy piensas que haría tu familia si mañana no amaneces”, confiesa Simone, una universitaria de 19 años.

“El día después de que Mara murió me regalaron un gas pimienta”, cuenta Sofía, de 19 años. “¿Salimos hoy?”, se preguntaban Liliana y Katia, de 22, en la mesa de al lado. “No dejas de pensar que te pudo haber pasado a ti”, confiesa Delcy, de 24, antes de prender el próximo cigarrillo. “Te sientes más vulnerable como mujer, es triste pero es la realidad de esta ciudad y de este país”, asegura Elizabeth, de 21. No es una manifestación, es una noche de fiesta. Las luces bailan entre el humo del tabaco, el reggaeton retumba en todos los rincones y ríos de estudiantes inundan los bares y los antros de moda. Hay perreo, hay ligue, hay desmadre. Son las once de la noche en San Andrés Cholula, un paraíso de la fiesta universitaria en la zona metropolitana de Puebla.

La fiesta no ha parado, pero entre los terremotos del 7 y el 19 de septiembre y el miedo a la inseguridad, la clientela se ha venido abajo. “Las propinas han caído un 50% en las últimas dos semanas”, asevera Conny Santín, una camarera. “El control del Gobierno a los bares ha sido mucho más estricto, pero ellos son los responsables y los que tienen que tomar cartas en el asunto”, reclama Santiago Gabián, un empresario español que abrió un bar en Cholula hace dos años.

En la última década, tras el estallido de la guerra contra el narcotráfico, jóvenes de los Estados más afectados por la violencia llegaban por montones para buscar oportunidades en las aulas y para recuperar las libertades perdidas fuera de ellas. Ahora, Cholula y Puebla viven su propia crisis. El Estado con más universidades en el país ha sufrido un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto de este año, según datos oficiales. Se denuncian 145 delitos al día y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria calcula que la cifra negra de los ilícitos alcanza el 93%.

Los poblanos no solo han percibido un aumento cuantitativo, sino también en el modus operandi de la delincuencia. La comunidad universitaria que, en gran medida y en palabras de sus miembros, se asumía dentro de una burbuja, lejos de los problemas sociales del Estado y del país, ahora sufre el embate de la criminalidad. Minerva Hernández, una estudiante de 26 años de la Universidad Iberoamericana, fue apuñalada el pasado 21 de marzo al negarse a ser novia de su feminicida. El rector de la Universidad Angelópolis, Roberto Corvera, fue acribillado el pasado 5 de agosto en su oficina. Mariana Fuentes, una alumna de 20 años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), murió de un balazo en la cabeza la semana pasada cuando intentaban quitarle su teléfono móvil.

El Gobierno estatal, que inició funciones en febrero, ha priorizado el combate contra la delincuencia, pero descarta que Puebla sea un Estado inseguro, afirma que el aumento de la incidencia delictiva responde a un problema nacional y sostiene que no peligra el estatus de la capital del estado como una ciudad estudiantil. “El fenómeno [de la inseguridad] no es nuevo (…) Lo que no podíamos era hacernos tontos”, acepta el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco.

“Nunca se había vivido algo así en Puebla y mi lectura es que el exgobernador Rafael Moreno Valle, que aspira a ser presidente de la República, no quiso que se ventilaran los resultados de sus políticas de Seguridad Pública porque han sido un fracaso”, sentencia Alejandro Guillén, profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). “Se ha destapado una cloaca”, agrega el académico, que en los últimos meses dejó sus antiguas líneas de investigación sobre el sistema político mexicano para estudiar el fenómeno de la inseguridad.

“Una chica me dijo viólame, pero no me mates”, relata José Andrés García, un conductor de Uber. Anotan sus placas, le toman fotografías. Las conversaciones dentro del auto son mínimas y las precauciones que toman las usuarias son máximas. El escrutinio es la nueva realidad. “Las niñas están asustadas y lo entiendo, pero el que nada debe, nada teme”, cuenta el chófer, que dejó su taxi en enero después de casi 30 años detrás del volante. Lo asaltaron tres veces en 30 días. Reacio a las minucias tecnológicas, se cambió a Uber en abril porque era más seguro.

García dice que en las últimas semanas la clientela ha bajado un 20%, aun con Cabify, el mayor competidor, fuera del mercado después de que el Gobierno suspendió su licencia en el Estado tras el caso de Mara Castilla. “Me parece injusto porque están pagando cientos de familias por lo que hizo un loco, ¿esa era la solución? Cuántas cosas han pasado en los taxis y en los autobuses… ellos siguen funcionando”, revira. “No fue una decisión impulsiva ni caprichosa”, responde Carrasco ante las críticas.

 “El feminicidio de Mara fue la gota que derramó el vaso”, afirma Fernando Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y uno de los principales críticos del exgobernador Moreno Valle. “Hay una estructura de Gobierno que está cada vez más destruida y la población ya no está dispuesta a seguir tolerando promesas vacías y estériles de los gobernantes”, añade Fernández, que encabezó las marchas junto al rector de la UPAEP para afrontar la crisis de violencia. El padre jesuita reconoce que el Gobierno actual está “genuinamente preocupado”, pero denuncia que hay intereses que están “detrás y por encima de las autoridades” para frenar la corrupción y la impunidad, lo que impide que se haga justicia.

“Esto nos está pasando a todas las universidades, pero no todos han reaccionado igual”, lamenta Guillén. “La respuesta de la rectoría de la BUAP ante el asesinato de Mariana Fuentes ha sido muy débil, no se ha hecho lo suficiente”, acusa Juan Carlos Canales, profesor de esa casa de estudios. Aun así, las barreras entre los alumnos de la UPAEP y la BUAP, protagonistas de una rivalidad que se ha prolongado por décadas, se han difuminado y han marchado juntos.

La inseguridad es ya un problema que preocupa a casi tres de cada cuatro habitantes de la capital del Estado, según datos oficiales. Las antiguas discusiones teóricas, llenas de supuestos y alejadas de la praxis, han perdido terreno y los académicos han organizado foros sin precedentes sobre los problemas de su comunidad. Los estudiantes se han comprometido a que ningún candidato a gobernador gane las elecciones sin presentar una propuesta para combatir el machismo y la violencia.

“No podemos ofrecer una imagen falsa ni promesas que no se van a cumplir ni una protección en una esfera de cristal a nuestros estudiantes, al contrario, tenemos que formarlos para que como ciudadanos asuman el reto”, sentencia Fernández. “Si no hacemos nada hoy, si no reaccionamos, si no cerramos filas como Estado, corremos el riesgo de dejar de ser una ciudad de estudiantes”, afirma Guillén. En medio de la indignación, el miedo y la impotencia, la Universidad ha abierto los ojos.

El País
Elías Camhaji
Cholula, Puebla
Domingo 8 de octubre de 2017.

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