La iniciativa precisa que el gas pimienta o instrumentos electrónicos podrían ser usados como mecanismo de autodefensa.

El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, presentó una propuesta de reforma al Código Penal para legalizar el uso del gas pimienta y armas o instrumentos electrónicos como mecanismo de autodefensa.
La reforma al artículo 179 del Código Penal fue presentada en el Congreso estatal, tras las polémicas declaraciones del titular de la SSP de la ciudad de Puebla, Manuel Alonso, de que las mujeres serían detenidas en caso de portar gas pimienta como herramientas de autodefensa.

La propuesta fija que será legal el uso de armas o instrumentos electrónicos, siempre que su uso no provoque perder el conocimiento o arriesgue la vida de la persona. Sin embargo, no se especifica cuánto es el voltaje permitido en un arma electrónica, para evitar que la persona muera o pierda el conocimiento y en el caso del gas se permitirán rociadores que no superen los 150 gramos.

Agencias
Puebla, México
Lunes 9 de abril 2018.


Una maestra de bachillerato de Puebla fue encontrada muerta, con huellas de tortura y de haber sido agredida sexualmente.

Patricia Mora Herrera, de 34 años, impartía clases en el municipio indígena de Huehuetla, en la Sierra Norte del estado, y aparentemente fue asesinada cuando se dirigía a Teziutlán, según reportes de medios locales.

La maestra regresaba de un curso organizado por autoridades de la Secretaría de Educación Pública.

El hallazgo del cuerpo se realizó en la comunidad de Totoltepec, muy cerca del domicilio particular de la profesora.

Familiares de la víctima comentaron que Mora Herrera desapareció el viernes pasado; su esposo pidió apoyo policiaco para buscarla, ya que no llegó a su casa. Se les notificó de la aparición del cadáver durante la madrugada del sábado.

La familia de la profesora denunció que tanto la policía municipal de Zacapoaxtla como la Fiscalía General del Estado (FGE) permanecen sin darles algún tipo de orientación o apoyo.

La hermana de la víctima, Gabriela Molina Herrera, exigió que el asesinato de Patricia sea investigado con criterio de género, ya que –dijo– la manera en que la desaparecieron, sumado a que abandonaron su cuerpo cerca de su hogar, tienen las características de feminicidio.

La maestra también era conductora de un taxi y dejó en la orfandad a un niño de 10 años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación 57/2017/Zacapoaxtla para esclarecer el asesinato de Patricia Mora.

La Fiscalía Regional y elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las primeras diligencias, así como levantamiento del cuerpo.

Proceso
Puebla, México
Domingo 12 /11/ 2017.

Un juez oral validó los elementos aportados por la PGJE contra Oscar y Miguel, ambos de 24 años, procesados por el homicidio de la joven de 19 años en una tienda de telas de Tlaxcala

Oscar y Miguel, procesados por el homicidio de su jefa inmediata en una tienda de telas, fueron vinculados a proceso por un juez de Control durante la continuación de la audiencia inicial. Ambos de 24 años de edad son imputados de asesinar a Jazmín Contreras López, subgerente de la tienda, a quien sometieron con cloroformo y después le inyectaron veneno en el cuello y un antebrazo.

De esta forma el juez oral validó los elementos aportados por la Procuraduría General de Justicia del estado, cuya Policía de Investigación detuvo a los presuntos responsables en un lapso de cuatro días después de la comisión del delito en el interior de la tienda, situada en el municipio de San Cosme Mazatecochco, sur del Tlaxcala.

El crimen de Jazmín quedó grabado en las cámaras de video de la tienda y captaron el momento en que Oscar y Miguel, ayudante general y encargado de bodega, respectivamente, sometieron a la joven de 19 años para colocarle un trapo mojado con cloroformo y después llevarla a otro sitio para inyectar veneno en su cuello y antebrazo derecho. El cuerpo fue encontrado la madrugada del viernes en la montaña de La Malinche.

En la continuación de la audiencia el fiscal especializado en la investigación de homicidios dolosos formuló la imputación en contra de los dos hombres, “quienes de acuerdo con datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, privaron de la vida a la hoy occisa por cuestiones económicas”, informó la Procuraduría General de Justicia del estado.

La audiencia inició el sábado, pero los imputados pidieron la ampliación del plazo por lo que hoy se reanudó la audiencia en la que el Juez de Control resolvió vincularlos a proceso por el delito de homicidio calificado.

“Al tratarse de un delito considerado grave, los imputados permanecerán en prisión preventiva durante el procedimiento. Aunado a esto, la autoridad judicial decretó seis meses como plazo de cierre de investigación, los cuales llevarán al pleno esclarecimiento de los hechos”, informó la PGJE.

El Universal
Justino Miranda
Corresponsal
Tlaxcala, México
Miércoles 26 de octubre de 2017.


El cuerpo de una joven de 19 años reportada por su familia como desaparecida desde la tarde del pasado lunes 16 de octubre, fue encontrado sin vida el viernes 20 en una zona boscosa de la comunidad de San Cosme Mazatecochco, Tlaxcala.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) informó que la Policía de Investigación esclareció el homicidio de Jazmín Contreras López, de 19 años, ocurrido en el municipio de Mazatecochco, por lo que los dos involucrados en el hecho fueron aprehendidos y remitidos al Centro de Reinserción Social (Cereso), desde donde enfrentarán su proceso penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 17 de octubre el agente del Ministerio Público inició la indagatoria por la desaparición de Jazmín, en virtud de que no regresó a su domicilio tras terminar su jornada laboral un día anterior.

Desde ese momento, agregó la PGJE, oficiales de la Policía de Investigación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro activaron los protocolos de búsqueda de personas, y se abocaron a indagar la cronología de los hechos que pudieran determinar el paradero de la víctima.

Los investigadores tuvieron acceso a las cámaras de seguridad de la empresa donde laboraba la agraviada y observaron que la víctima forcejeó con dos empleados, quienes posteriormente la sacaron del lugar.

Con esta información, los policías investigaron la identidad de los hombres y descubrieron que responden a los nombres de Óscar N., y Miguel N., por lo que el agente del Ministerio Público giró las órdenes de presentación contra ambos.

El pasado 18 de octubre, los policías de la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de Secuestro ubicaron en primera instancia a Óscar N., quien en cumplimiento a la orden de presentación declaró que en complicidad con su compañero de trabajo de nombre Miguel N. privaron de la vida a la joven.

Un día después fue ubicado Miguel N., quien de la misma manera declaró que privaron de la vida a quien se desempeñaba como su jefa en la empresa por problemas personales y económicos; además, dijo que abandonó el cuerpo en las inmediaciones de la Malinche.

Con esta información, autoridades se trasladaron al lugar proporcionado por el imputado, quien guio a los especialistas al punto donde dejó el cuerpo.

La mañana del 20 de octubre fue localizado el cadáver en una zona boscosa en el municipio de Mazatecochco, cuyas características fisionómicas coinciden con las de la persona reportada como desaparecida.

Además, los expertos en Servicios Periciales realizaron la necropsia de ley, que al concluir arrojó como causa de muerte “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a asfixia por broncoaspiración”.

El representante social integró la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, por lo que solicitó al juez de control las órdenes de aprehensión en contra de los dos imputados, las cuales fueron cumplimentadas por la Policía de Investigación la tarde del mismo 20 de octubre.

Óscar N. y Miguel N., ambos de 24 años, fueron recluidos en el Cereso, desde donde enfrentarán su proceso legal.

Proceso
Puebla / Tlaxcala
Domingo 22 octubre 2017.

Las redes muestran el rostro del feminicidio

Internet se convierte en una caja de resonancia para ejercer presión y exigir a las autoridades se haga justicia en asesinatos contra las mujeres, opinan expertos; el Inegi alerta que 47 de cada 100 ha sido agredida por su pareja

Lesvy, Valeria, Jessica, Anayetzin y Mara son mujeres menores de 30 años y estudiantes que murieron, presumiblemente en su mayoría a manos de sus parejas sentimentales; en otros casos fueron hombres quienes abusaron de la cercanía con ellas y que en su conjunto despertaron la indignación de la sociedad por el incremento de la violencia contra ellas y la impunidad con la que son tratados estos temas, lo que los ha convertido en casos paradigmáticos, expuestos en las redes sociales, como caja de resonancia para ejercer presión y se haga justicia, advirtieron especialistas.

Las cuatro mujeres y la niña que murieron en los últimos meses tenían en común ser alumnas o haber concluido sus estudios recientemente, haber tomado un transporte, haber sido violentadas y ser asesinadas ante la presencia o a manos de sus parejas.

Según el Inegi, 47 de cada 100 mexicanas de 15 años y más que ha tenido al menos una relación de matrimonio o noviazgo ha sido agredida por su actual o última pareja. Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

Para Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), los casos como los de Valeria, Lesvy o Mara han sido muy visibles por la cobertura mediática que se les ha dado, así como por la empatía que despertaron entre la sociedad por la forma en la que fallecieron.

“Han despertado la indignación de la sociedad por las condiciones en las que fueron asesinadas, por lo cercanas que fueron sus muertes, se trataba de estudiantes y eso indignó a grupos universitarios, lo cual se replicó a otros sectores de la sociedad”, dijo.

Destacó que la violencia en contra de ellas se ha incrementado en los últimos años, puesto que de enero de 2015 a diciembre de 2016 se han registrado 2 mil 83 homicidios contra ellas en 15 entidades del país y sólo 25% se investigan como feminicidio; en la Ciudad de México en 2016 se registraron 152 casos, en lo que va de 2017 se han contabilizado 87.

Explicó que la falta de información desagregada impide dimensionar la proporción del problema y establecer si existe un perfil sobre las víctimas, así como una tendencia; señaló que hay estados que no proporcionan datos, puesto que ni siquiera los clasifican como feminicidios. Consideró que la impunidad es un factor que está detonando la ejecución de estos ilícitos, puesto que los casos no han sido esclarecidos; advirtió que el gran reto es trasladar la indignación que ha manifestado la sociedad a las instituciones y exigir a las autoridades garantizar la seguridad de las mujeres.

Fallas la protección

Eruviel Tirado, investigador de la Unidad de Seguridad, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, argumentó que el Estado falla en garantizar la seguridad hacia las mujeres y en implementar políticas de prevención de la violencia. “Mecanismos como la alerta de género parecen quedarse en el papel porque no están funcionando, debido a que las medidas preventivas no se están tomando, puesto que el personal de las instituciones como ministerios públicos o procuradurías estatales no están capacitados para no revictimizar a las que acuden a denunciar un delito.

“Se ha tenido un avance al establecer mecanismos como la alerta de género, pero de poco sirve tener en el papel la prevención y protección de las mujeres, cuando todo este conjunto no está funcionando, los casos de feminicidios que nos hemos enterado en los últimos meses revelan la incapacidad del aparato de justicia”, subrayó.

Felipe Gaytán, investigador de la Universidad La Salle, comentó que las redes sociales han jugado un papel muy importante en la visibilización de los casos registrados en los últimos meses, al ser “cajas de resonancia” mediante las cuales se ha difundido la información y donde la población ha vertido su indignación, así como el “clamor de justicia”, puesto que en hechos como el de Mara prevalece una percepción en la que parece que “se castiga la libertad de ellas y que ejerzan sus derechos”. Destacó: “Como cualquier otra joven Mara salió de noche a una fiesta, subió a un taxi para llegar de forma segura a su casa, lo cual nunca ocurrió. El caso de Mara hizo a los estudiantes a la población en general movilizarse porque esa situación le pudo suceder a cualquiera”. Advirtió que el feminicidio es el punto extremo al que llega la violencia contra las mujeres, puesto que este sector de la población se encuentra cotidianamente expuesto a las agresiones en todos los ámbitos de la sociedad en el que pareciera que “se castiga la libertad”. Refirió que 43% de las mujeres han sufrido violencia emocional; 14 de cada mil 100 ha padecido alguna forma de violencia física y siete de cada 100 sexual.

Alerta de género insuficiente

Hasta julio de este año, la alerta de violencia de género se ha declarado en municipios de 12 entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit. Para Sandy Muñoz Miranda, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco, las políticas públicas de prevención de la violencia contra las mujeres no han tenido impacto en la población.

Indicó que falta sensibilizar a las autoridades en derechos humanos y en perspectiva de género; resaltó que la falta de una investigación adecuada de los asesinatos culmina en impunidad y no se sancionan a los delincuentes. “La alerta de género no tiene un gran impacto en los estados donde se ha declarado, es un mecanismo muy noble, porque busca impulsar políticas públicas en favor de las mujeres, pero la realidad es que los servidores públicos no atienden la alerta de género, no se ve ninguna mejora”, indicó.

Jorge Alberto Lara Rivera, experto en temas de seguridad de la Universidad Panamericana, consideró como un “punto ciego” la falta de información sobre los feminicidios. Dijo que se debe en gran parte a que el Ministerio Público no clasifica los homicidios bajo este concepto debido a que no logran recabar los suficientes elementos. Indicó que las muertes en ese marco ocurridas en los últimos meses se presentan en un contexto de “recrudecimiento de la violencia, lo que dificulta establecer con las cifras oficiales el incremento de la violencia contra las mujeres”.

El Universal
Astrid Rivera
Cd de México
Lunes 16/10/2017.


En México se asesina a una mujer cada 24 horas y vemos la desidia y omisión del gobierno mexicano para activar la Alerta de Género todo el país, dice la conductora y periodista.


Luego de la lamentable tragedia en que se vio inmerso México tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, la periodista Fernanda Tapia, aseguró que el gobierno mexicano aprovechó estratégicamente la oportunidad para ocultar la cruda realidad del país; como el incremento de feminicidios a lo largo del territorio nacional.

Entre 2013 y 2015, se abrieron mil 390 averiguaciones previas por feminicidios en los ministerios públicos de procuradurías y fiscalías de 25 entidades. Es un asesinato de niñas, jóvenes o mujeres adultas en el país cada 24 horas.

Por su parte, la periodista destaca que cada uno de esos crímenes van acompañados de la colusión con los gobernantes, ante lo cual, dijo, la única forma de protegerse “es estar conscientes de que, en cualquier momento o circunstancia, alguien nos puede agredir”.

“Mi mamá que leía la nota roja igual que yo, sabía que no me iba a poner en una burbuja, pero que tenía que saber qué hacer en estas circunstancias, en este mundo que estamos viviendo, pero pues ni modo, si no nos cuida el gobierno, pues a cuidarnos solas”, enfatizó.

Cabe mencionar que el gobierno ha omitido presentar información sobre el número de carpetas de investigación sobre estos crímenes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por muchos años, dificultando dimensionar la escalofriante cifra de los decesos.

“Yo caí en la vulneración total, porque hace mucho tiempo que no tengo miedo de morir, ni miedo al dolor (…), era como tratar de buscar el Bunker más pesado para protegerme, nunca lo voy a encontrar, entonces sólo le pido al sentido común que no me abandone en un momento duro, porque no nos van a cuidar, a los que les toca, no nos van a cuidar”, concluyó.

El miedo con que vive la población de México es más grande de lo que se piensa. Hasta septiembre de este año, se han registrado oficialmente más de mil 297 feminicidios, de los cuales más de la mitad siguen en la impunidad, por lo que el mismo Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha arremetido en contra de las autoridades declarando que esta situación no se detiene debido a “la omisión, dilación y colusión” de las mismas.

Regeneración
Ana Duarte
Ciudad de México
Miércoles 11 de octubre de 2017.


Puebla, el Estado con más universidades en el país, sufre un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto

Puebla ya no es la misma. El feminicidio de Mara Castilla, que fue violada y estrangulada tras pedir un servicio de Cabify el pasado 8 de septiembre, ha estremecido a una comunidad que se consagró por años como una ciudad estudiantil y que en las últimas semanas ha dado el salto a las portadas de la prensa nacional e internacional por la violencia y la inseguridad contra sus estudiantes y académicos. Ante la ola de criminalidad, los jóvenes de Puebla aún buscan las respuestas para entender lo que está pasando, para hacer algo antes de que sea demasiado tarde, para defender su libertad, para vivir. “Antes no lo pensabas demasiado, tomabas, te vestías como querías y hacías lo que querías, hoy piensas que haría tu familia si mañana no amaneces”, confiesa Simone, una universitaria de 19 años.

“El día después de que Mara murió me regalaron un gas pimienta”, cuenta Sofía, de 19 años. “¿Salimos hoy?”, se preguntaban Liliana y Katia, de 22, en la mesa de al lado. “No dejas de pensar que te pudo haber pasado a ti”, confiesa Delcy, de 24, antes de prender el próximo cigarrillo. “Te sientes más vulnerable como mujer, es triste pero es la realidad de esta ciudad y de este país”, asegura Elizabeth, de 21. No es una manifestación, es una noche de fiesta. Las luces bailan entre el humo del tabaco, el reggaeton retumba en todos los rincones y ríos de estudiantes inundan los bares y los antros de moda. Hay perreo, hay ligue, hay desmadre. Son las once de la noche en San Andrés Cholula, un paraíso de la fiesta universitaria en la zona metropolitana de Puebla.

La fiesta no ha parado, pero entre los terremotos del 7 y el 19 de septiembre y el miedo a la inseguridad, la clientela se ha venido abajo. “Las propinas han caído un 50% en las últimas dos semanas”, asevera Conny Santín, una camarera. “El control del Gobierno a los bares ha sido mucho más estricto, pero ellos son los responsables y los que tienen que tomar cartas en el asunto”, reclama Santiago Gabián, un empresario español que abrió un bar en Cholula hace dos años.

En la última década, tras el estallido de la guerra contra el narcotráfico, jóvenes de los Estados más afectados por la violencia llegaban por montones para buscar oportunidades en las aulas y para recuperar las libertades perdidas fuera de ellas. Ahora, Cholula y Puebla viven su propia crisis. El Estado con más universidades en el país ha sufrido un repunte de más del 50% en robos violentos, de más del 35% de los homicidios dolosos y del 7% en violaciones entre enero y agosto de este año, según datos oficiales. Se denuncian 145 delitos al día y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria calcula que la cifra negra de los ilícitos alcanza el 93%.

Los poblanos no solo han percibido un aumento cuantitativo, sino también en el modus operandi de la delincuencia. La comunidad universitaria que, en gran medida y en palabras de sus miembros, se asumía dentro de una burbuja, lejos de los problemas sociales del Estado y del país, ahora sufre el embate de la criminalidad. Minerva Hernández, una estudiante de 26 años de la Universidad Iberoamericana, fue apuñalada el pasado 21 de marzo al negarse a ser novia de su feminicida. El rector de la Universidad Angelópolis, Roberto Corvera, fue acribillado el pasado 5 de agosto en su oficina. Mariana Fuentes, una alumna de 20 años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), murió de un balazo en la cabeza la semana pasada cuando intentaban quitarle su teléfono móvil.

El Gobierno estatal, que inició funciones en febrero, ha priorizado el combate contra la delincuencia, pero descarta que Puebla sea un Estado inseguro, afirma que el aumento de la incidencia delictiva responde a un problema nacional y sostiene que no peligra el estatus de la capital del estado como una ciudad estudiantil. “El fenómeno [de la inseguridad] no es nuevo (…) Lo que no podíamos era hacernos tontos”, acepta el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco.

“Nunca se había vivido algo así en Puebla y mi lectura es que el exgobernador Rafael Moreno Valle, que aspira a ser presidente de la República, no quiso que se ventilaran los resultados de sus políticas de Seguridad Pública porque han sido un fracaso”, sentencia Alejandro Guillén, profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). “Se ha destapado una cloaca”, agrega el académico, que en los últimos meses dejó sus antiguas líneas de investigación sobre el sistema político mexicano para estudiar el fenómeno de la inseguridad.

“Una chica me dijo viólame, pero no me mates”, relata José Andrés García, un conductor de Uber. Anotan sus placas, le toman fotografías. Las conversaciones dentro del auto son mínimas y las precauciones que toman las usuarias son máximas. El escrutinio es la nueva realidad. “Las niñas están asustadas y lo entiendo, pero el que nada debe, nada teme”, cuenta el chófer, que dejó su taxi en enero después de casi 30 años detrás del volante. Lo asaltaron tres veces en 30 días. Reacio a las minucias tecnológicas, se cambió a Uber en abril porque era más seguro.

García dice que en las últimas semanas la clientela ha bajado un 20%, aun con Cabify, el mayor competidor, fuera del mercado después de que el Gobierno suspendió su licencia en el Estado tras el caso de Mara Castilla. “Me parece injusto porque están pagando cientos de familias por lo que hizo un loco, ¿esa era la solución? Cuántas cosas han pasado en los taxis y en los autobuses… ellos siguen funcionando”, revira. “No fue una decisión impulsiva ni caprichosa”, responde Carrasco ante las críticas.

 “El feminicidio de Mara fue la gota que derramó el vaso”, afirma Fernando Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla y uno de los principales críticos del exgobernador Moreno Valle. “Hay una estructura de Gobierno que está cada vez más destruida y la población ya no está dispuesta a seguir tolerando promesas vacías y estériles de los gobernantes”, añade Fernández, que encabezó las marchas junto al rector de la UPAEP para afrontar la crisis de violencia. El padre jesuita reconoce que el Gobierno actual está “genuinamente preocupado”, pero denuncia que hay intereses que están “detrás y por encima de las autoridades” para frenar la corrupción y la impunidad, lo que impide que se haga justicia.

“Esto nos está pasando a todas las universidades, pero no todos han reaccionado igual”, lamenta Guillén. “La respuesta de la rectoría de la BUAP ante el asesinato de Mariana Fuentes ha sido muy débil, no se ha hecho lo suficiente”, acusa Juan Carlos Canales, profesor de esa casa de estudios. Aun así, las barreras entre los alumnos de la UPAEP y la BUAP, protagonistas de una rivalidad que se ha prolongado por décadas, se han difuminado y han marchado juntos.

La inseguridad es ya un problema que preocupa a casi tres de cada cuatro habitantes de la capital del Estado, según datos oficiales. Las antiguas discusiones teóricas, llenas de supuestos y alejadas de la praxis, han perdido terreno y los académicos han organizado foros sin precedentes sobre los problemas de su comunidad. Los estudiantes se han comprometido a que ningún candidato a gobernador gane las elecciones sin presentar una propuesta para combatir el machismo y la violencia.

“No podemos ofrecer una imagen falsa ni promesas que no se van a cumplir ni una protección en una esfera de cristal a nuestros estudiantes, al contrario, tenemos que formarlos para que como ciudadanos asuman el reto”, sentencia Fernández. “Si no hacemos nada hoy, si no reaccionamos, si no cerramos filas como Estado, corremos el riesgo de dejar de ser una ciudad de estudiantes”, afirma Guillén. En medio de la indignación, el miedo y la impotencia, la Universidad ha abierto los ojos.

El País
Elías Camhaji
Cholula, Puebla
Domingo 8 de octubre de 2017.


Marta Lamas

¿Qué tiene en la cabeza el taxista que asesinó a Mara? Un varón que trabaja en una compañía que lo tiene identificado, secuestra, viola y finalmente estrangula a su pasajera. ¿Por qué? Hay quienes hablan de “impulsos sexuales irrefrenables” y hay quienes denuncian odio hacia las mujeres. A mí me surgen preguntas como la de en qué momento decide secuestrarla y aprovecharse de ella, o si decide matarla cuando ella recobra el conocimiento. ¿Por qué la asesina?, ¿por temor a que lo acuse de violación? Una mujer violada puede ir a denunciar, una muerta calla para siempre. Además, el chofer, criado en una cultura de la impunidad, pudo creer que como en México hay tantas personas muertas y desaparecidas, una más no importa. La ausencia de una barrera ética que impide asesinar se produce en un tejido cultural: “La vida no vale nada”.

El chofer la llevó a un motel. ¿Qué responsabilidad tiene el motel? Los encargados de los moteles están acostumbrados a que entren autos con la mujer escondiéndose, para proteger su “reputación”. Tal vez el chofer dijo que era su novia y venía borracha, o quizás ni la vieron tirada en el asiento de atrás. ¿Habría que instalar algún tipo de protocolo en los moteles? Cabify ofrece ahora un botón de pánico. En el caso de Mara ¿hubiera servido ese botón de pánico en el auto? Tal vez en el cuarto del motel sí. Ha habido varios asesinatos de mujeres y de trabajadoras sexuales en moteles y hoteles, y sí es indispensable instalar botones de pánico en esos espacios.

¿Qué se puede hacer para que el horror no se repita? El tratamiento de la violencia contra las mujeres es muy complejo y simplificarlo es contraproducente. Así opina Elena Larrauri, profesora de derecho penal y criminología, autora de varios libros sobre teoría criminológica, sistemas punitivos y violencia contra las mujeres. En Criminología crítica y violencia de género Larrauri señala que es imprescindible definir bien los criterios para abordar un problema tan complejo, y plantea la inutilidad de centrar el tratamiento de esta violencia en la penalización. Ella está en contra de resolver los problemas sociales recurriendo sistemáticamente al derecho penal. Lamentablemente la exigencia ciudadana, y de muchas feministas, se orienta a exigir una elevación de penas, incluso algunas hablan de reinstalar la pena de muerte. El sector del feminismo al que pertenece Larrauri, y con el cual coincido, mira con profunda sospecha el aumento de las penas y reafirma la necesidad de buscar salidas sociales a la barbarie.

En México, además de todos los desgarradores problemas que padecemos, se nos plantean desafíos cotidianos, como el de fortalecer la seguridad en los servicios públicos de transporte (combis, taxis, Uber, Cabify). Recordemos el trágico caso de Valentina, la niña de 11 años a la que su padre subió a una combi para que no se mojara y acabó violada y asesinada por el chofer. ¿Qué se necesita para que un chofer respete la vida de las mujeres y las niñas? ¿Es utópica la expectativa de que el gobierno obligue a las empresas de transporte público a establecer como requisito ineludible exámenes psicométricos y capacitaciones que aporten realmente a un marco de prevención?

Hay que encontrar la manera de descartar a posibles delincuentes o psicópatas, pero no como se hace en la UNAM, donde se estableció una regla absurda: “No entra taxi sin pasaje”. Y la llamo absurda porque, primero, si es Uber o Cabify no lo detienen, y segundo, porque si fuera un taxi decidido a asaltar o violar, bien podría entrar con un cómplice y realizar su felonía aún más fácilmente que si fuera solo. No es impidiendo la entrada a todos los taxis sin pasaje como se evitan los horrores, sino con un riguroso y eficaz proceso de vigilancia.

Y aunque hay que exigirle al gobierno y a las empresas más capacitación y control sobre sus choferes (además de que se les apliquen exámenes), es obvio que esas cuestiones son apenas un paliativo, una “curita” en el cáncer que nos aqueja como sociedad.

Sin duda la proliferación de feminicidios es, en sí misma, un trágico indicador del significativo aumento de crueldades, violencias y asesinatos que hoy padecemos. Este proceso tiene que ver con condiciones sociohistóricas que incrementan dicha barbarie y que responden a la voracidad y crueldad de esta fase del capitalismo. A ese proceso en México se suma el hecho de que las impunidades de los funcionarios públicos alientan las impunidades privadas, que nuestras policías son ineficaces o están corrompidas, y que muchas personas fingen no ver lo que ocurre a su alrededor, como probablemente ocurrió en el motel.

Aunque interpretemos la violencia feminicida como un componente del modelo socioeconómico actual, con su monstruoso panorama de aterradora violencia (con personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas) hay que exigir más responsabilidades e instalar más medidas preventivas. Poco se habla de la responsabilidad del motel. Tal vez si el encargado hubiera detectado la extraña condición en la que llegó Mara o si ella hubiera podido pedir ayuda con un botón de pánico en el cuarto, probablemente todavía estaría entre nosotros.

Por el recuerdo de Mara y para prevenir en lugar de lamentar, entre las cosas que habrá que afinar son los protocolos de seguridad en los moteles y hoteles.

(Cartón: Rocha)

Proceso
Marta Lamas
Ciudad de México
Lunes 2 de octubre de 2017.


Estado de México. - El doble feminicidio en agravio de Karen Esquivel y Adriana Hernández, cometido en septiembre de 2016, se resolverá en un juicio bajo procedimiento oral. Así lo determinó este martes 26 de septiembre, el Juez de Control de Distrito a cargo de este caso, por solicitud del abogado defensor del presunto homicida Fernando González García.

Este martes 26 de Septiembre de 2017,  se llevó a cabo en  los juzgados de Barrientos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la “Audiencia Intermedia” para determinar procedimiento a realizarse en el juicio que resuelva el caso del doble feminicidio cometido el 22 de septiembre de 2016, en agravio de la joven Karen Esquivel Espinosa de los Monteros, quien trabajaba como instructora de ‘fitness’ en el gimnasio “Curves” de la Colonia Jardines de San Mateo en Naucalpan de Juárez, Estado de México y de otra persona más de nombre Adriana Hernández.

En la audiencia suspendida el pasado 11 de septiembre, El Juez de Control de Distrito, Aldo Rivera Mercado, informó que las opciones eran realizar un procedimiento abreviado u oral, a lo cual indicó el inculpado desconocer los términos a los que se refería, por lo que se suspendió la audiencia a petición de su defensor.

En esta ocasión, el juez Rivera Mercado determinó que el juicio será bajo procedimiento oral, “porque así fue solicitado por el abogado del inculpado Fernando González García”, con el argumento de que así lo consideran conveniente para su defensa.

Lo anterior implica citar a testigos y desahogar pruebas que constan en la carpeta administrativa 1570/2016 en la audiencia próxima a notificarse.

Al respecto, Rebeca Espinosa de los Monteros, madre de Karen Esquivel, expresó que, si ya aguantó un año, podrá con lo que sigue, a pesar de ser muy desgastante para ella y sus familiares.

“Habrá que esperar la notificación de la nueva audiencia para el desahogo de pruebas. No sé cuánto se vaya a llevar esto. El tiempo no nos va a vencer, seguiremos en pie de lucha hasta obtener la resolución condenatoria.  Nada me va a devolver a mi hija y solo espero que vivir esta pesadilla sea una experiencia que sirva para evitar que muchas otras jóvenes corran la misma suerte que Karen. El culpable debe quedar en el sitio donde merece estar y pagar por los crímenes cometidos. Hay una urgente necesidad de confiar en nuestras autoridades y así poder creer que sí existe la justicia en este país”.

Cabe recordar que ya ha transcurrido un año desde que el jueves 22 de septiembre de 2016 se le arrebató la vida brutalmente a Karen Esquivel de 19 años y a Adriana Hernández; fueron encontrados los cuerpos en maletas, tres días después del homicidio, tras una indagatoria en el número 6 de la calle Presa Necaxa, Colonia El Tejocote, Naucalpan, Estado de México, domicilio de Fernando González García.

El local era rentado por Fernando González García, quien trabajaba como “Valet Parking” del gimnasio en donde también trabajaba Karen Esquivel. El presunto homicida se dio a la fuga y fue capturado el primero de febrero de 2017 en Irapuato, Guanajuato; González García actualmente   se encuentra en calidad de detenido en los separos del Penal de Barrientos.

Familiares de las víctimas y la sociedad indignada por estos hechos, exigen no demorar más la aplicación de justicia.

Puebl@Media
Estado de México
Miércoles 27 de septiembre de 2017.


La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) señaló que por el momento no emitirá una alerta de género

Puebla es la entidad con el índice más alto de violencia física y sexual contra mujeres casadas o que viven con su pareja en el país; además, tiene el quinto porcentaje más alto de mujeres en pobreza extrema, de acuerdo con el Atlas de Género que elaboró el INEGI.

La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) señaló que por el momento no emitiría una alerta de género en la entidad poblana para combatir la violencia hacia ese sector de la población, al considerar que el gobierno estatal ha tomado las medidas necesarias para erradicar ese problema, y estableció un periodo de evaluación de seis meses más.

En el transcurso de 2017 se contabilizan al menos 62 homicidios violentos de mujeres, mientras hasta abril de este año la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoce 19 feminicidios.

El Atlas de Género es una plataforma digital que el INEGI elaboró con el fin de reunir indicadores que hagan visible la diferencia de género, en aspectos como las condiciones sociales, económicas y demográficas d mujeres y hombres.

En Puebla, con el nivel más alto de violencia hacia mujeres

Los resultados de la evaluación que fueron difundidos este miércoles, ubican a Puebla como la entidad del país con el índice más alto de violencia física y sexual hacia las mujeres, el cual asciende a un 9.2. Los datos fueron retomados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDRH).

Más atrás se sitúan Michoacán (9.91), Nayarit (9.20), México (9.15), San Luis Potosí (9.14), Guerrero (8.98), Zacatecas (8.97), Guanajuato (8.75), Durango (8.71), Chihuahua (8.60), Colima (8.52) e Hidalgo (8.39).

Las entidades con los índices de violencia más bajo son: Baja California (5.40), Sinaloa (5.53), Baja California Sur (5.68), Tabasco (5.76), Chiapas (5.80), Tamaulipas (5.84) y Sonora (5.99).   

Las mujeres también sufren pobreza extrema

La entidad poblana tiene el quinto porcentaje más alto de mujeres en condición de pobreza, al sumar al 16.49 por ciento de su población femenina en esa condición. Al estado lo anteceden Veracruz (17.35), Guerrero (24.81), Oaxaca (28.53) y Chiapas (32.27).

La brecha de la situación de marginación entre los hombres y mujeres de Puebla no es amplia. El porcentaje de varones que padecen esa problemática es del 15.81 por ciento, mientras que el de las féminas del 16.49 por ciento. La diferencia es de 0.68 puntos porcentuales.

A media tabla en homicidios

En cuanto a las defunciones por homicidio, Puebla se colocó en el lugar décimo noveno al nivel nacional, con una tasa bruta anual de 3.9 asesinatos por cada 100 mil mujeres. Los primeros lugares los ocuparon Guerrero (12.79), Chihuahua (10.9), Coahuila (7.06), Zacatecas (7.03) y Morelos (6.29).

La Silla Rota
Ciudad de México
Jueves 20 de julio de 2017.

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