Los fiscales consideraron que el riesgo de que el exsecretario de Seguridad se fugue si sale de prisión es mayor al riesgo de contagiarse del COVID-19.


La Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por la pandemia de COVID-19, pues consideraron que no es una razón suficiente para otorgarle este beneficio.

Los fiscales señalaron en una resolución que el riesgo de fuga es mayor que el que tiene el exfuncionario de contagiarse de coronavirus.

De acuerdo con el periodista de The New York Times, Alan Feuer, los fiscales señalaron que, aunque hay un caso de COVID-19 en la cárcel federal de Brooklyn, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y al igual que otros reclusos pueden “autoaislarse” y permanecer en su celda.

El 25 de marzo pasado, los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ofrecieron una fianza de 2.2 millones de dólares (mdd) para que su cliente salga de prisión por el temor a contagiarse de COVID-19.

La defensa de García Luna había argumentado que el exfuncionario estaba “en alto riesgo de muerte” si era expuesto al coronavirus, pero la Fiscalía señaló que tomó medicamentos hace cinco años por una “afección respiratoria causada por la exposición al aire acondicionado” y que no tiene una enfermedad crónica continua.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

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Animal Político
Ciudad de México
Lunes 30 de marzo de 2020.


Previamente había ofrecido una fianza por un millón, pero ésta fue rechazada

El exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, pidió hoy a través de su defensa afrontar su proceso en libertad, a fin de evitar el riesgo de contagiarse del COVID-19 en la cárcel de esta ciudad donde está recluido.

En carta dirigida al juez de distrito, Brian M. Cogan, encargado de su proceso, por el abogado defensor César de Castro, transmitió la propuesta de que la fianza sea por dos millones de dólares en vez de un millón, rechazada el pasado 28 de febrero ante el riesgo de fuga que representa.

Se trata del segundo intento del exfuncionario mexicano por enfrentar su proceso en libertad, pues a fines del mes pasado el juez Robert M. Levy, quien dirigió la audiencia sobre la posible fianza, otorgó tiempo adicional para presentar nuevos términos para la posible libertad condicional.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante el sexenio del presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), fue detenido el pasado 9 de diciembre en Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración para transportar cocaína a Estados Unidos más otro por falso testimonio, de los cuales el inculpado se declaró inocente.

En este segundo intento, previsto desde fines de febrero, la defensa agrega el argumento de que es necesaria ante la expansión del COVID-19 en el mundo y en el Centro Metropolitano de Detención de esta ciudad donde está recluido.

Este centro, que alberga a alrededor de 700 prisioneros, reconoció en un documento interno el pasado lunes su primer caso de contagio por la nueva cepa de coronavirus, de acuerdo al sitio informativo Vice.

El recluso comenzó a quejarse el pasado fin de semana, el domingo por la noche lo evaluó el personal médico del reclusorio y fue enviado en una ambulancia al hospital presbiteriano del bajo Manhattan, de donde fue regresado a prisión y puesto en aislamiento, de acuerdo al memorandum interno.

La publicación, con base en ese documento interno, señaló que pese a la confirmación, ningún otro recluso fue transferido a otras áreas como medida de precaución, aunque sí estén programadas las revisiones médicas.

El pabellón carcelario donde se encuentra el recluso confirmado con el coronavirus es una unidad de alta seguridad empleada para prisioneros notorios.

En su momento albergó al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, y al financiero Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda.

Mientras Estados Unidos se dirige a ser el nuevo epicentro de la pandemia, la ciudad de Nueva York encabeza ese camino con más de 30 mil 800 casos de los cuales han muerto 285 personas, y medidas de emergencia como la instalación de una morgue provisional.

Notimex
 Nueva York, EUA
Miércoles 25 de marzo 2020.


El exsecretario de Seguridad podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa


Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue enviado de vuelta a prisión tras una audiencia en la que no se llegó a una decisión sobre si saldría o no en libertad bajo fianza.

"La audiencia de fianza para Genaro García Luna ha terminado. Ha sido enviado de vuelta a la cárcel debido a la confusión sobre quién firmará o no su fianza", tuiteó Alan Feuer, reportero de The New York Times.

Los abogados de García Luna prepararán un nuevo intento para lograr la fianza, a la vez que la Fiscalía buscará bloquearla, de acuerdo con Feurer.

Los defensores del exsecretario cuestionaron los argumentos de la Fiscalía sobre el riesgo fundado de fuga del acusado.

Horas antes, se reveló una carta en la que la Fiscalía pedía al juez Cogan no dejar en libertad a García Luna.

"La combinación de condiciones propuestas por el acusado para su libertad antes del juicio es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez (Brian) Cogan", alegó el Fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue.

"(García Luna) tiene la capacidad de escapar y un sobresaliente incentivo para hacerlo".

El exsecretario podría enfrentar una pena de entre cinco años y cadena perpetua por los cargos de los que se le acusa.

"La fuerza de las pruebas del Gobierno se ha incrementado", aseguró Donoghue, pues tendrían nuevos testigos que testificarán sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

"(La Fiscalía) ha identificado a testigos adicionales que testificarán en el juicio sobre cómo el acusado acordó ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos".

Por otra parte, Donoghue argumenta que García Luna tiene "recursos poderosos en México", donde vivió hasta 2012, como "funcionarios corruptos del Gobierno mexicano y miembros del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, que pueden garantizar que nunca sea capturado".

Reforma
The New York Times
Ciudad de México / NY, EU.
Jueves 27 de febrero de 2020.


Trece años después del asesinato de la indígena Ernestina Ascencio, uno de los peritos revela que el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera acordaron cambiar el dictamen médico sobre su muerte y ocultar la violación sexual. Antes de morir, Ernestina señaló a militares como sus agresores.


Ernestina Ascencio Rosario, originaria de Soledad Atzompa, Veracruz, presuntamente violada y asesinada por elementos del Ejército mexicano, sigue sin recibir justicia. A 13 años de distancia, el médico legista Juan Pablo Mendizábal sostiene que la indígena fue agredida sexualmente y que los gobiernos de Felipe Calderón y Fidel Herrera acordaron modificar la versión de los peritos.

Mendizábal dice que no cambiaría nunca el dictamen pericial que le hizo a Ernestina Ascencio Rosario.

“Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”.

El perito que hizo la necropsia de Ernestina Ascencio sostiene que la mujer de 73 años, originaria de Tetlatzingo, municipio de Soledad Atzompa, “fue violada por tres personas”. Es el resultado de cromosomas de al menos tres personas. Pero hubo un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal. Y Fidel Herrera les dijo que “al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”.

Pablo Mendizábal narra cómo en un principio Fidel Herrera les obligaba a defender los dictámenes. Después, con Felipe Calderón y los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en reuniones en Xalapa y Ciudad de México, acordaron sostener que Ernestina falleció a causa de anemia.

El perito señala que lo obligaban a cambiar las evidencias y el dictamen. Por negarse, dos años antes de salir jubilado lo cesaron de su trabajo diciendo que “reprobó los exámenes de confiabilidad”.  Ante la violación a sus derechos, acudió al Tribunal de Contencioso Administrativo y ganó el laudo, pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral. Hoy sigue con ese problema.

Fueron “los hombres de verde”

Las últimas palabras de Ernestina Ascencio fueron que “Pinome Xoxome (hombres de verde)” la habían violado. Y los dictámenes periciales confirmaron el delito. Desde el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso y ha realizado algunas recomendaciones al Estado Mexicano. Pero la impunidad continúa.

El 25 de febrero de 2007, Ernestina habría sido agredida sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. La noche del 24 de febrero de ese año, los militares instalaron un campamento en la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa. Aún no iniciaba el programa “México Seguro”, pero los militares ya patrullaban las zonas indígenas de Veracruz. Eran acusados de cometer abusos contra mujeres y niñas en la Huasteca.

Sus familiares encontraron a Ernestina gravemente herida a 300 metros del campamento militar. Antes de perder el conocimiento, pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome”, “los vestidos de verde”, como les dicen en la sierra de Zongolica a los soldados.

Por la distancia que hay en esta parte de la sierra de Zongolica para llegar a las ciudades próximas, ingresaron al Hospital Regional de Río Blanco transcurridas seis horas, sin traductores del náhuatl. Ernestina falleció en la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros”, confirmadas en la necropsia realizada en el hospital, en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV).

Ese 25 de febrero los familiares de Ernestina y funcionarios del hospital denunciaron el ataque sexual, por el que se abrió la investigación ministerial 140/2007/AE por violación y posterior homicidio.

Fidel Herrera Beltrán gobernaba Veracruz. En un principio declaró ante los medios de comunicación que se iba a hacer justicia ante la violación y muerte sufrida por Ernestina. Sin embargo, después, el 13 de marzo, se unió al pronunciamiento de Felipe Calderón. El entonces presidente afirmó que Ernestina murió por “gastritis crónica”.

El 30 de abril, la PGJV concluyó que la muerte de Ernestina Ascencio no se debió a “factores externos”. Dictaminó el no ejercicio de la acción penal el 17 de mayo de 2007.

El 27 de junio de 2007, la procuraduría determinó el archivo de su investigación, por no acreditarse ninguna responsabilidad del personal militar. No se dio a conocer la investigación 26Zm/04/2007 realizada por la Procuraduría Penal Militar.

El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes también asumió la causa de muerte por “gastritis”.

Las autoridades de Veracruz cuestionaron y sancionaron a los peritos que habían dado fe de la violación sexual. El propio ex procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, había afirmado que los militares no estaban a salvo del fuero común, declaraciones que de un día para otro las cambiaron.

Primeros testimonios

La Procuraduría del Estado, a través del IVAI, entregó un expediente que incluye las declaraciones de los primeros testigos con datos protegidos.

“Que fueron a un lugar de Mixtonca, Soledad Atzompa, Veracruz, que aproximadamente a las tres y media de la tarde cuando regresaron, de ese lugar como a las cinco de la tarde, pasaron por un lugar sólido de Tetlatzinga y cuando estaban cerca de una curva encontraron a una señora que se paraba con dos niños o niñas, que no supo por qué uno lo tenía en los brazos y otro en el piso, que cuando se pararon les dijo que una anciana se estaba rodando y José dijo ‘vamos a ver qué le pasa a esa anciana’; que subieron a la loma, que calcula que estaba como a cien metros, que no se veía desde donde estaban parados porque estaba atrás, que cuando llegaron a donde estaba la anciana, esta estaba tirada de su lado derecho, tenía sus manos juntas metidas en sus piernas, su ropa la tenía levantada”.

Continúa: “Sus guaraches de color negro estaban tirados como a metro y medio o dos metros,  que no sabía qué hacer, si avisarles a las autoridades o a familiares, que él ya conocía, porque somos familiares lejanos, que se pusieron de acuerdo la señora y el de la voz en levantarla, que cuando la levantaron le dieron agua porque ella tenía un traste con agua y que de ahí les empezó a decir que la habían asustado los soldados, que les dijo que se le pusieron encima y la amarraron, que llevaban en el pecho unos clavos, que cree que eran cartuchos, que no dijo cuántos eran porque la señora ya estaba grande y que le quebraron su cintura y que ya no podía parar y que fue ahí donde llegó su hija, donde estaba la difunta”.

La voz de los médicos legistas: agresión sexual

La primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y las declaraciones del procurador estatal, Emeterio López Márquez, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana.

La Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.

“En el cuerpo de doña Ernestina había características que indican violación. Son los desgarros a nivel rectal, hora 12 y hora 6; la presencia de líquido seminal, la fractura de los arcos costales, derechos e izquierdos. Tenía hematomas en la cabeza, golpes en los brazos, las piernas. La mujer fue sometida en las piernas y posteriormente los dictámenes que emite la clínica médico forense. Mi intervención obedeció a la solicitud que el Hospital Regional de Río Blanco hizo para la intervención del médico legista, de un médico forense de la agencia del Ministerio Público, después que la señora había muerto”, dijo Pablo Mendizábal en entrevista.

Los doctores, señala, no asumieron su responsabilidad para decidir cuáles fueron las causas de muerte, porque tenían plena certeza que la mujer fue agredida sexualmente. Si hubiesen estado completamente seguros que la mujer había muerto por causas naturales, lo hubieran puesto en el acta de defunción.

En un procedimiento normal, cuando una persona fallece en un hospital, explica Mendizábal, los médicos le otorgan su certificado de defunción.

“La Procuraduría de Justicia del Estado me da instrucciones que yo me constituya en el hospital de Río Blanco para retirar el cuerpo, trasladarlo a la funeraria correspondiente y realizar el estudio solicitado por el Ministerio Público”, sostiene Mendizábal.

El médico señala que del hospital se trasladaron a la funeraria y realizaron la necrocirugía de ley. Después de hacer un reconocimiento del cuerpo hallaron evidencias de lesiones.

“Desde el reconocimiento exterior se pudo ver que existían las evidencias que la persona había sido golpeada. Tenía golpes en los brazos, en los antebrazos, tenía golpes en la cabeza. En el reconocimiento genital se aprecia claramente el escurrimiento de los que en ese momento presumimos fuese líquido seminal. Con la toma de muestras en el laboratorio de la capital del estado, se comprobó y demostró que se trataba de líquido seminal, eso le correspondió al departamento de química forense. Lo recuerdo porque ellos manifestaron que se habían encontrado tres cromosomas del al menos tres tipos, eso implicaba el acceso de por lo menos tres personas”.

El acuerdo de Calderón y Herrera

“Fidel Herrera, gobernador de aquel momento nos presionaba para que defendiésemos nuestros dictámenes. Posteriormente se reunió con nosotros y nos pidió que nos sumáramos a las nuevas conclusiones que se estaban presentando, que se había cambiado todo el expediente. En las cuales ya se manifestaba que doña Ernestina no había sido abusada sexualmente y que había muerto de causas naturales, que al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la república.

Mendizábal continúa: “un laboratorio de la Ciudad de México hizo estudios y el resultado fue igual a lo que nosotros dictaminamos…Pero de momento nos citaron a la Ciudad de México en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde nos reunimos. Percibimos que ya había un arreglo entre el gobierno federal y el gobierno del estado, ahí se inició la conversión de la resolución de la Procuraduría a asumir que la señora no había sido violentada.

“En una reunión en el World Center, Fidel Herrera dijo: ‘al gobierno de Veracruz no le conviene tener en contra al presidente de la República, no vamos a hacer nada que sepamos que hubo delito, les pido su colaboración y discreción, nadie los va tocar, nadie’”.

En esa reunión, señala, estuvieron presentes el secretario de Gobierno Reynaldo Escobar; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nohemí Querusco, el subprocurador de la zona centro Córdoba Miguel Mina, el jefe de la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El caso en la CIDH

Patricia Benítez, integrante del Centro de Estudios y Servicios Municipalistas (CESEM), después de agotar las instancias nacionales para solicitar se dé a conocer la versión pública del expediente de investigación sobre el crimen de Ernestina, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional denunció que Ernestina en su condición de mujer indígena, pobre, adulta mayor, no tuvo acceso a atención médica oportuna. Fue estigmatizada y se determinó el cierre de la investigación deficiente y quedó el caso en la impunidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que en casos donde se alega que se cometió un delito perseguible de oficio, se debe agotar la investigación penal, por impulso del Estado.

Considera que las autoridades tenían conocimiento de la muerte de la señora Ascencio y de los alegatos de la violación sexual a manos del 63 Batallón.

El organismo advierte que las agresiones físicas y sexuales por agentes del Estado representarían violaciones a los derechos a la vida, integridad, garantías judiciales, honra, protección judicial, entre otros.

Pie de Página
Norma Trujillo Báez
Ciudad de México
Martes 25 de febrero de 2020.


Próxima audiencia fue programada para el 2 de abril


El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, compareció este martes en un juzgado de Brooklyn, Nueva York.

Al salir de la audiencia, el abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, aseguró que no están negociando un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos ni están interesados en ello.

Agregó que al exfuncionario del expresidente Felipe Calderón le cortaron el acceso al sistema financiero mexicano y por eso no ha podido contratar abogado.

El abogado de oficio señaló que, en Texas, García Luna estuvo en aislamiento y ha tenido muy poco o ningún contacto con la familia.

El juez Brian Cogan fijó nueva audiencia para el 2 de abril.

En tanto, que los fiscales dijeron que tienen toneladas de evidencia contra Genaro García Luna.

Tanto la defensa como la fiscalía pretenden que el caso sea considerado como "complejo", lo que permitiría que entre la audiencia de este lunes y la siguiente transcurrieran 60 días.

Sin embargo Cogan solo aprobó 30 días para que se presenten registro financieros, de propiedad y de la forma en que el exfuncionario mexicano logró su nacionalidad estadounidense.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en Dallas, Texas. Su primera audiencia fue el pasado 3 de enero para enfrentar los cargos en la corte federal de Brooklyn, donde la jueza Peggy Kuo le denegó dejarlo en libertad bajo fianza.

El gobierno de Estados Unidos acusa al exfuncionario de aceptar millones de dólares en sobornos. Según la acusación, entre 2001 y 2012 aceptó dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico.

Entre 2001 y el 2005, García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) de México (creada en 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox).

De 2006 a 2012 ocupó el cargo de secretario de Seguridad Pública en la administración de Calderón. Según la acusación, entre 2001 y 2012 recibió ese dinero a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa.

Notimex
El Universal
Nueva York, EUA.
Martes 21 de enero 2020.


María Vanesa Pedraza Madrid fue nombrada apoderada de Nunvav, empresa que utilizó el exsecretario para desviar miles de millones de pesos

Una ex colaboradora de Genaro García Luna es la apoderada general de la empresa Nunvav, Inc., la cual -según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)-, fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública para desviar 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones de dólares del Gobierno federal.

María Vanesa Pedraza Madrid, quien colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012, fue nombrada apoderada de Nunvav el 7 de octubre de 2019 en una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual fue protocolizada ante el notario público Fabián E. Ruiz, de Panamá, de acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Posteriormente, el 31 de octubre, en otra asamblea, se ampliaron los poderes a la ex colaboradora de García Luna para que represente a la sociedad en cualquier acto legal, laboral o financiero en México, en Panamá o en cualquier otro país donde realice operaciones comerciales.

La exfuncionaria comparte poder general con Jorge Luis Castilla Aguilar, quien desde años antes era representante de la empresa.

Ante el notario, ambos dijeron tener su domicilio en la colonia Potrero del Llano, en Azcapotzalco.

Pedraza estudió la licenciatura en Psicología y una maestría en Psicoterapia en la Universidad Intercontinental.

Entre 2001 y 2008 trabajó en el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y luego se incorporó a las oficinas centrales de la SSP, en la coordinación de asesores de García Luna.

En esa área se desempeñó durante cuatro años como directora general adjunta y sus funciones principales consistían en supervisar y dar seguimiento a proyectos de la dependencia federal. Le reportaba directamente al secretario, hoy detenido en Estados Unidos, acusado en una corte federal de Nueva York por cargos de tráfico de drogas y corrupción.

Pedraza salió de la SSP junto con García Luna el 30 de noviembre de 2012.

Red de compañías

Nunvav fue constituida el 14 de octubre de 2005 en Panamá, y no en 2011 como afirmó el titular de la UIF el pasado 27 de diciembre.

En el acta constitutiva obtenida por MCCI aparece como presidente de la compañía Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, dueño de la casa que ocupó García Luna en Miami cuando dejó su cargo en el Gobierno federal, según una investigación conjunta publicada el 12 de marzo de 2019 por Peniley Ramírez y Julio Roa en Univisión.

El vicepresidente y tesorero de la compañía era Félix Valencia Maldonado, quien aparece en el Registro Mercantil de Panamá como director de 318 empresas "de papel" (sin empleados ni infraestructura), entre ellas Lurión Trading Inc, que fue utilizada para triangular 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio del contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol.

En el registro mercantil de Panamá MCCI también localizó el acta de ICIT Holding, Inc. otra empresa vinculada con García Luna, la cual fue creada el 24 de julio de 2012, teniendo como presidente a Winberg y como secretario a Wancier.

En su página en internet aparecía hasta hace poco que la oficina de representación de ICIT en Estados Unidos estaba ubicada en 2980 NE 207 St, suite 507, en Aventura, Florida, que corresponde a un despacho que Genaro García Luna adquirió el 30 de agosto de 2018 a un precio de 1 millón 224 mil dólares.

En la denuncia que en diciembre presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF vinculó a García Luna tanto con ICIT como con Nunvav; como prueba mencionó que esta última empresa era la que pagaba el ostentoso estilo de vida del exfuncionario.

Lo que no se sabía es que la apoderada general de Nunvav es María Vanesa Pedraza Madrid, quien estaba a las órdenes de García Luna en la SSP, con lo que se refuerza el vínculo entre el exfuncionario y la empresa.

La UIF detectó millonarias transferencias de fondos públicos a Nunvav; 55.1 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda en 2013 y otros 2 mil 623 millones de pesos y 77.4 millones de dólares de 2017 a 2018 del órgano descentralizado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

Luego, parte de esos recursos fueron enviados por Nunvav a Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados.

Nunvav también trianguló a ICIT 9.1 millones de pesos y 309 mil dólares de 2013 a 2015 y otros 6.5 millones de pesos en 2018 a su filial mexicana.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 16 de enero de 2020.


•    Si el exfuncionario panista es hallado culpable, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.


Nueva York. - El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, acusado de permitir que el cartel de Sinaloa traficara "con impunidad" toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos, se declaró el viernes no culpable de los cargos en una corte de Nueva York.

Encorvado y cabizbajo, García Luna entró esposado a una sala de la corte federal de Brooklyn. Vestía un suéter gris de algodón y un pantalón beige.

La jueza Peggy Kuo le leyó los cargos en su contra. "¿Entiende de qué es acusado?", dijo Kuo. "Sí", respondió el exministro. Cuando ella le preguntó cómo se declaraba, García Luna contestó: "No culpable".

Pero el acusado aún puede evitar un juicio si llega a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable y colaborar con la justicia, como le recordó la jueza.

Kuo fijó una audiencia para el 21 de enero y decretó que García Luna siga detenido.

Su hijo, su hija y su esposa estaban en la sala, y cuando él les miró, le levantaron el puño varias veces, como pidiéndole fuerza. Al final de la audiencia, su hija rompió en lágrimas y abrazó a su madre. Los familiares no quisieron hablar con la prensa.

El exsecretario de Seguridad de México, de 51 años, fue inculpado ante la corte federal de Brooklyn de tres delitos de conspiración para traficar cocaína por ayudar al cartel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones falsas en 2018.

Si es hallado culpable, enfrenta una pena mínima de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.

El gobierno de México pidió a Estados Unidos la extradición inmediatamente tras su arresto en Dallas, Texas (sur) el 9 de diciembre. Tres semanas después acusó a García Luna de desviar más de 200 millones de dólares del erario público hacia empresas de su familia.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal.

Durante el juicio del exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, un antiguo miembro del grupo narcotraficante, Jesús "Rey" Zambada, contó que entregó a García Luna en un restaurante dos maletas con un total de entre seis y ocho millones de dólares en sobornos en 2005 y 2007.

El Chapo Guzmán, uno de los mayores narcotraficantes del mundo, fue sentenciado a cadena perpetua en julio por traficar cientos de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos luego de un histórico juicio de tres meses en Nueva York.

AFP
Alfredo Estrella
Nueva York, Estados Unidos
Viernes 3 de enero de 2020.


Acusó que desde la administración del exmandatario panista se promovió la protección de un grupo criminal

    
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado acusó que el tamaño de la espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente, Felipe Calderón, era porque él era parte de un grupo delictivo y lo hacía a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y en consecuencia el expanista michoacano era parte de esa banda.

En conferencia de prensa, Mario Delgado acusó que desde la administración de Felipe Calderón se promovió la protección de un grupo criminal, y pues el resultado es que estallara la violencia y eso no se ha podido revertir.

"El tamaño de la inercia de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón, que dura hasta nuestros días, y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo, o sea finalmente si él brindaba protección a través de García Luna a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente que si desde la Presidencia se promueve la protección de un grupo criminal, pues el resultado es que el país estalle en violencia, y eso es lo que no se ha podido revertir y la misma estrategia la siguió el presidente Peña", aseguró Mario Delgado.

Explicó que lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es completamente distinto, es cambiar la estrategia, "para eso modificamos la Constitución para crear la Guardia Nacional, para eso hay una estrategia de inversión social muy agresiva destinada a los jóvenes, el campo, para generar oportunidades. Entonces, esa estrategia va a dar resultados positivos, lo que estamos viendo pues son los últimos coletazos de un sistema donde había la complicidad del Gobierno con algunos grupos delictivos", dijo.

Agregó que Calderón inició esta guerra contra el crimen para distraer la atención de un "enorme" fraude electoral. "Utilizó la guerra como distractor para que al país se le olvidará que se había robado la elección del 2006, y eso, bueno, nos salió carísimo y más ahora el conocer que se dedicaban a proteger al cártel de Sinaloa".

Senaló que las noticias que hoy se tienen de la detención en Estados Unidos de García Luna, no debería extrañarles que en este primer año de gobierno haya habido más violencia, ¿por qué? "Porque la revelación de que en el sexenio de Calderón se dedicaron a proteger a un grupo criminal, pues a lo mejor esa protección daba ciertos equilibrios, pero finalmente complicidad con la delincuencia y al país le salió carísimo, hubo miles de muertos y desaparecidos, violencia y sangre en los últimos 12 años, todo para favorecer a un grupo criminal".

"Entonces el que tengas ahora un gobierno que no pacta con la delincuencia, pues seguramente genera más enfrentamientos, pero lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, dejar que la estrategia del gobierno federal, madure empezando por la Guardia Nacional, que está en plena formación, la guardia tiene menos de un año y ya tiene 60 mil elementos y el despliegue para el 2020, será de 120 mil elementos, es decir, se está recuperando la capacidad del Estado mexicano de poder estar en los territorios en donde la delincuencia ha ganado mucho terreno", explicó Mario Delgado.

El Universal
Ciudad de México
Martes 17 de diciembre 2019.


La captura de Genaro García Luna, el estratega del combate contra el tráfico de drogas entre 2006 y 2012, promete un juicio de alto voltaje por sus repercusiones políticas


Hace once años, por estas fechas, México despertó con decenas de mensajes del narcotráfico colgando de puentes y farolas en puntos clave de seis Estados del norte y sur del país. Era una de las formas de comunicación de la delincuencia organizada: “Genaro García Luna es el narcotraficante con más poder, él y su grupo de sicarios que están en la Policía Federal Preventiva… son sicarios al servicio del Cartel de Sinaloa”, decía una pancarta supuestamente firmada por el cartel del Golfo de 15 metros de ancho por cinco de alto que colgaba sobre el mercado principal de la capital de Oaxaca. Agentes de policía ocultaron el texto y nadie le dio demasiada importancia. Era el enésimo intento de los criminales por manchar la reputación del todopoderoso secretario (ministro) de Seguridad del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, el gran estratega del combate a los carteles entre 2006 y 2012.

Esta semana una acusación similar sobresaltó al país que suma más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos por la violencia. Esta vez no fue anónima. Estados Unidos detuvo el domingo 8 de diciembre en Texas a García Luna, un ex espía y supe policía de 51 años que gustaba de las Harley Davidson y los Mustang y reconocido por crear en 2001 la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el FBI mexicano. La Fiscalía que sentó al capo Joaquín El Chapo Guzmán en el banquillo de los acusados para lograr tras cuatro meses de juicio una sentencia de cadena perpetua acusa ahora al exministro de haber recibido “decenas de millones de dólares en sobornos durante varios años” para brindar protección al cartel que lideraba El Chapo, el de Sinaloa, una de las organizaciones que debía combatir. Las autoridades también lo acusan de planear la entrada de varios kilos de cocaína en el país.

La caída de este Ícaro de altos vuelos en el mundo del espionaje y la seguridad es especialmente dura. El poderoso golpe que ha cortado las alas de García Luna fue asestado por las mismas manos que durante años lo avalaron: el Gobierno de Estados Unidos. La guerra mexicana contra el narco tiene su mito fundacional en el Operativo Michoacán, la decisión de Calderón, en diciembre de 2006, de enviar a 6.000 efectivos a un Estado que cerraba aquel año con más de 600 asesinatos. México, sin embargo, se encontraba en ese momento con la cifra más baja de homicidios de su historia moderna.

Otra versión indica que el inicio de la guerra ocurrió un par de meses antes en Cuernavaca, cerca de la capital mexicana. Karen Tandy, la administradora general de la Agencia Antidrogas de Washington, la DEA, y su encargado para América del Norte y Centroamérica, David Gaddis, se reunieron en octubre con García Luna y Eduardo Medina, los pilares de la política de seguridad del Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). El académico Luis Astorga considera en “¿Qué quería que hiciera?” (2015) este momento como uno de los que forjaron el combate al narco. Con Calderón, García Luna se ocuparía de la Secretaría de Seguridad y Medina Mora de la Fiscalía General. Los dos desarrollarían los designios de la DEA, que alertaba de la descomposición de algunas regiones de México. Ambos exfuncionarios viven hoy horas muy bajas. El primero espera su juicio en Estados Unidos. El segundo abandonó, en medio de un escándalo, su cargo de 15 años como miembro del Tribunal Constitucional después de que llegaran a conocimiento público depósitos millonarios en sus cuentas bancarias.

Tras la reunión en Cuernavaca, García Luna amasó más poder y se convirtió en un influyente instrumento. En enero de 2008 pasó varios días en Washington convenciendo a funcionarios y legisladores de que aprobaran un paquete millonario de ayudas. En su viaje, el señor de la guerra al narco se reunió con miembros del Gabinete de George W. Bush, el FBI y el Servicio Secreto. La presión funcionó y el grifo se abrió. 400 millones de dólares fueron transferidos en la polémica Iniciativa Mérida, destinada a mejorar la profesionalización de su cuerpo policíaco, la Policía Federal, que creció bajo su tutela de 5.000 elementos a más de 35.000. A finales de 2008, el veterano general Barry McCaffrey, encargado de escribir un informe sobre la situación mexicana, defendió la inversión, que aumentaría hasta los 1.400 millones en los años siguientes. “El gasto propuesto en apoyo del Gobierno de México es una gota en un cubo en comparación con lo que se ha gastado en las guerras de Irak y Afganistán, que han consumido 700.000 millones de dólares. Lo que está en juego en México es enorme. No podemos permitirnos tener un narcoestado como vecino”, escribió el militar a coroneles de la academia de West Point.

La buena relación de García Luna con sus contrapartes estadounidenses continuó. En 2009 se reunió con Hillary Clinton, secretaria de Estado. Era confidente de los embajadores de Washington. En 2011 viajó al norte para presentar su libro Para entender: el nuevo modelo de seguridad para México a pesar de tener poco que celebrar. El país había pasado de 10.000 homicidios en 2006 a 27.000 en 2011. Al concluir el Gobierno de Calderón, García Luna se mudó junto a su esposa a Miami, a la lujosa zona de Golden Beach. Soñó con un retiro dorado y el año pasado comenzó los trámites para convertirse en estadounidense. Ignoraba que su anfitrión llevaba años investigándolo. “Las autoridades obtuvieron informes financieros relacionados con el acusado que reflejan que, al momento de su llegada a Estados Unidos, en 2012, había amasado una fortuna personal que era incompatible con el salario de un funcionario público en México”, asegura la acusación del distrito Este de Nueva York.

Las señales estuvieron siempre allí para quienes quisieran verlas. “Era un secreto a voces que García Luna estaba involucrado con la delincuencia”, asegura el ex comisario de la Policía Federal Javier Herrera Valles. Este policía de 64 años fue la gran voz crítica a los operativos “sin dirección ni trabajo de inteligencia” que orquestó la cúpula de García Luna desde el Ministerio de Seguridad. La decepción de operaciones pobremente planeadas, que buscaban principalmente tener eco en los medios de comunicación, lo llevó a detallar la situación a Felipe Calderón. “Pensé ingenuamente que no estaba informado”, señala. Herrera describió al presidente la situación de la policía en dos cartas, en febrero y mayo de 2008. “Lo más preocupante para la seguridad pública de nuestro país es que el ingeniero García Luna continúa sin dirección en la policía, mintiéndole a usted y a la sociedad haciéndole creer de una coordinación que no existe”, asegura un largo texto que documenta diversas irregularidades protagonizadas por los seis hombres de confianza del secretario.

La única respuesta que Herrera Valles recibió entonces llegó seis meses después, cuando fue detenido y golpeado por agentes de la Fiscalía. Los supuestos testimonios de un testigo protegido lo mantuvieron en prisión tres años, diez meses y veintiún días. El mensaje fue claro. “García Luna tuvo una protección institucional durante dos sexenios y contaba con el cobijo de la Fiscalía General. El presidente Calderón estaba coludido”, añade Herrera. Ahora, más de una década después, el expresidente Calderón ha dado respuesta pública a las quejas de Herrera Valles. En Twitter, dijo que los textos no hacen ninguna acusación específica respecto al vínculo de García Luna con Sinaloa. “No tenía conocimientos de los hechos de los que es acusado”, reiteró Calderón.

El juicio a García Luna comenzará en 2020. No será tan mediático como el de El Chapo, pero en México será de alto voltaje. Su sentencia será también la de una estrategia de seguridad que ha dejado centenares de miles de víctimas y que tiene dos rostros públicos: el de García Luna y el propio Calderón.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México / Madrid
Domingo 15 de diciembre de 2019.


El ex Comisario de la Policía Federal Preventiva durante el sexenio de Felipe Calderón afirmó que, desde el 2008, le informó a través de dos cartas al exmandatario sobre la corrupción del entonces secretario de seguridad federal, Genaro García Luna, y de otros miembros del círculo cercano presidencial.


El expresidente Felipe Calderón supo de los vínculos de su Secretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, con el crimen organizado, reveló Javier Herrera Valles, quien fungió como Comisario General de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sexenio calderonista.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Herrera Valles, quien fungió como Comisario general de la PFP del 2006 al 2008 durante el gobierno de Calderón, dijo que él denunció a García Luna a través de dos cartas que le envió al entonces presidente en febrero y en mayo del 2008.

García Luna fue detenido este martes por autoridades estadounidenses en la localidad de Grapevine, en Texas, acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido “sobornos multimillonarios” del Cártel de Sinaloa.

Los fiscales imputaron a García Luna tres cargos por conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y uno más por mentir a las agencias de migración de ese país para obtener la ciudadanía.

Por su parte, Herrera Valles dijo que la primera carta, enviada en febrero a Calderón, le fue entregada a García Luna por “una traición” del entonces Secretario de Turismo federal, Rodolfo Elizondo, a quien Herrera Valles le había entregado una copia.

Sin embargo, esa primera misiva también le fue entregada a Calderón, a través de César Nava, entonces secretario particular del Presidente, aseguró el ex mando policíaco.

Luego, Herrera Valles sostuvo que envió en mayo una segunda carta a Calderón, con evidencia de los presuntos vínculos entre García Luna y grupos del crimen organizado.

“En mayo le mando una nueva carta el presidente con anexos en donde pruebo mis dichos, no nada más son señalamientos sin fundamento, y no pone atención, realmente el presidente sí estuvo enterado desde el 2008 de todas las irregularidades en que estaba incurriendo esta gente, y de los hechos posibles constitutivos de delito en que estuvo metida toda su gente”, dijo el ex funcionario federal.

Entre los funcionarios denunciados en sus misivas por el entonces mando policíaco de la PFP por presuntos vínculos con el crimen organizado estaban altos funcionarios de la Secretaria de Seguridad Pública federal como Luis Cárdenas Palomino, Víctor Garay Cadena, Armando Espinosa de Benito y Facundo Rosas.

“Genaro García Luna protegió a todo su equipo, a toda su camarilla y obviamente con el visto bueno del presidente, y con la complicidad de Eduardo Medina Mora (entonces Procurador General de la República) que se prestó para fincarme cargos de delincuencia organizada, de lo que yo estaba acusando a Genaro García Luna y a su gente”, dijo el ex Comisario.

Tras sus denuncias, Herrera Valles fue detenido en noviembre de 2008 acusado de estar vinculado con el Cártel de Sinaloa. Fue sentenciado en diciembre del 2011 a 10 años y tres días de prisión por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Herrera Valles fue absuelto en septiembre del 2012 del delito de delincuencia organizada por un Juez de Nayarit, tras considerar que los elementos con los cuales fue acusado por el Ministerio Público Federal no tenían sustento.

En la entrevista, el ex Comisario añadió que también Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “se prestó” para proteger a García Luna.

Herrera Valles recordó que, otra de las razones por las que escribió la primera carta a Calderón fue que los operativos y retenes federales se realizaban sin estrategia ni capacitación.

Sin embargo, esto ocasionó su despido como jefe de la División de Seguridad Regional, así como una persecución en su contra.

Ante esto, el ex policía envió la segunda carta en mayo del mismo año, pero tampoco obtuvo una respuesta.

“El presidente Calderón estaba debidamente enterado, no nada más de las irregularidades administrativas sino de los delitos en los que estaba inmiscuido este personal, desde que venía de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con Genaro García Luna. Traían problemas de ventas de plazas, secuestros, homicidios, narcotráfico, protección a delincuencia organizada, entre otros”, recalcó.

El ex funcionario dijo que, a pesar de que entregó copia de la segunda carta a la Procuraduría Federal de la República, a la Secretaría de la Función Pública, a las Comisiones de Seguridad del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo la diputada Layda Sansores y algunos legisladores cercanos a ella lo apoyaron.

“Posteriormente fui detenido el 17 de noviembre de 2008 y me presentaron cargos de delincuencia organizada, con testimonios de un delincuente, de un secuestrador”.

Sobre la aprehensión de García Luna en Estados Unidos Herrera Valles lamentó que sean las autoridades de Estados Unidos las que juzguen al ex secretario de Seguridad y no las mexicanas.

Tras destacar que durante su gestión como secretario de Seguridad en Nayarit se logró fortalecer la seguridad, comentó que hay elementos muy comprometidos y muy capacitados para hacer frente a la delincuencia, tanto común como organizada.

“Hay muchos policías comprometidos que es cuestión de estimularlos, darles el sueldo correcto, los estímulos, la preparación, la capacitación y ellos saben hacer las cosas”, afirmó.

Aristegui noticias
Ciudad de México
Viernes 13 de diciembre 2019.

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